Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 17937786-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada, declarar la invalidez del Dto. 793/2018 en el caso y revocar la Resolución N.º RESOL-2023- 705-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por la Aduana de San Lorenzo, recaída en las actuaciones SIGEA N.º 17134-1188-2023, que denegó la repetición requerida. En consecuencia, corresponde acceder a la devolución solicitada en los términos expresados en los Considerandos VI; VII y VIII de la presente. Costas de ambas instancias a la demandada (arts. 279 y 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
22868/2024 “ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 17937786-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de febrero de 2026.- TAR Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución N.º RESOL-2023-705-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por la Aduana de San Lorenzo, recaídas en las actuaciones SIGEA N.º 17134-1188-2023 (cfr. fs. 275/278 del DEO: 17135169, a cuya foliatura se hará referencia en lo sucesivo). Para así decidir, aplicó al caso la doctrina emanada del fallo plenario dictado el 26/4/2022 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX2020-24600163-APN-SGASAD#TFN) donde se fijó como doctrina legal: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18).
Sobre estas bases, rechazó la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados por la empresa actora y, en razón de la complejidad de la cuestión, distribuyó las costas en el orden causado.
II. Que contra dicha decisión se alzan ambas partes. La actora interpone recurso de apelación a fs. 310/311 y expone sus agravios a fs. 344/400 - los que fueron replicados por la contraria a fs. 407/435-; mientras que la demandada hace lo propio a fs. 281/288, siendo sus agravios contestados a fs. 317/330.
La demandada limita sus agravios al régimen de costas dispuestos por el Tribunal Fiscal.
Argumenta que en el caso sub-examine, no existen fundamentos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota, criterio sentado como regla general en materia de costas conforme lo normado en el artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial.
Sostiene que su parte ha resultado vencedora en virtud de haberse confirmado en su totalidad las resoluciones apeladas por la actora por lo que en virtud del artículo 184, cuarto párrafo, de la ley 11.683, es esta última quien deberá soportar los gastos causídicos y costas de su parte.
Cita jurisprudencia en sustento de su tesitura y solicita se impongan las costas a la actora vencida.
III. Que, por su parte, la actora se queja de lo decidido en cuanto al fondo del asunto. En esencia, plantea que:
(i) El decreto 793/2018, en cuanto establece derechos de exportación, resulta violatorio de la prohibición dispuesta por la Constitución Nacional e irritante al principio de legalidad en materia tributaria;
(ii) el artículo 755 del Código Aduanero no ha sufrido modificaciones en su texto y, en consecuencia, que es la misma norma sobre la que se pronunció la Corte Suprema al resolver la causa “Camaronera Patagónica SA”;
(iii) el artículo 755 del Código Aduanero no constituye una ley delegante en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, atento no reunir los requisitos que impone esta última norma, ni respetar las disposiciones del artículo 99 inc. 3) del mismo cuerpo legal;
(iv) el artículo 82 de la ley 27.467 se encuentra condicionado a la vigencia del artículo 81 de la misma norma legal, los Derechos de Exportación, recién pudieron ser legalmente exigidos a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.467 y nunca en forma retroactiva;
(v) la doctrina sentada por la Corte en la causa “Camaronera Patagónica SA” resulta plenamente aplicable al caso;
(vi) solicita la inconstitucionalidad de la tasa de interés fijada por las Resoluciones N° 559/22 y 3/24 del Ministerio de Economía, en atención a que su aplicación –según alega– representa un avasallamiento al derecho de propiedad y violan los principios constitucionales de no confiscatoriedad y razonabilidad; y (vii) finalmente, cita profusa jurisprudencia sobre la cuestión y mantiene el planteo de caso federal.
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IV. Que las cuestiones planteadas en los agravios resultan sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas por esta Sala en las sentencias recaídas el 18 de octubre de 2022 en la causa “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, expte. nro. 377/21, y el 29 de diciembre de 2022 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA” (expte. nro. 26963/2022).
En las causas mencionadas se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen, al tiempo que se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ Amparo”, causa 74.554/2018, del 14/11/2019.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el decreto 793/18 en las facultades del art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica” (Fallos 337:338), ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
Estos criterios han sido reiterados por esta Sala, en su actual integración, en los casos “Over Organización Veterinaria Regional SRL c/ EN- DGA – SIGEA 13289/3919/2019 s/ Dirección General de Aduanas”, causa 42.682/22, del 14/5/2024 y “Newsan SA (TF 9768500-A) c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, causa 17.252/23, del 21/5/2024; y en los precedentes: causa 26.963/22, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 29/12/2022; causa 62.761/19, “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ DGA”, del 3/2/2023; causa 14.520/20, “El Galgo SA c/ EN – AFIP DGA s/ DGA”, del 28/3/2023; causa 23.225/23, “Arcor SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 7/11/2023; causa 26.774/23, “Arcor SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 21/11/2023); causa 29.337/23, “Enap Sipetrol Argentina SA (TF 25115520-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 23/11/2023); causa 30.542/23, “Refinería del Norte SA (TF 47880908-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 23/11/2023; ); causa 30.542/23, “Refinería del Norte SA (TF 47866058-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 14/12/2023).
A su vez, con base en lo dispuesto en el art. 82 de la ley 27.467, se dispuso que el decreto 793/18 careció de vigencia entre el 4/9/2018 -fecha de entrada en vigor del aludido decreto- y el 13/12/2018 -fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467- (cfr. esta Sala, en su actual integración, “Over Organización Veterinaria Regional…”, cit.), por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho período.
V. Que según surge de los antecedentes de esta causa, la parte actora solicitó en sede aduanera, con fecha 18/07/2023, la repetición de las sumas pagadas en concepto de derechos de exportación, con relación al permiso de embarque PE Nº 18057EC01008481V (oficializado el 31/10/2018, cfr. fs. 71).
VI. Que los fundamentos y conclusiones de los precedentes mencionados resultan aplicables al presente caso. Por ello, se debe revocar la sentencia apelada, declarar la invalidez del Dto. 793/2018 y revocar la Resolución N.º RESOL-2023-705-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por la Aduana de San Lorenzo, recaída en las actuaciones SIGEA N.º 17134-1188-2023, que denegó la repetición requerida.
En consecuencia, corresponde acceder a la devolución de los derechos de exportación abonados por aplicación del Dto 793/18, más intereses.
VII. Que, con relación al planteo de la demandante, referido a la tasa de interés –en el cual requiere que se aplique la tasa activa publicada por el BCRA, en lugar de las previstas en las resoluciones dictadas con posterioridad a la resolución MH 598/19–, corresponde su rechazo.
Ello así, toda vez que, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General –dictamen 732/2025–, la firma apelante se limitó a señalar 22868/2024 “ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 17937786-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
genéricamente que su aplicación afecta su derecho de propiedad, sin efectuar un análisis riguroso que compruebe que esa norma resulte lesiva de sus derechos constitucionales (en igual sentido, esta Sala, causa 24.319/23, in re: “Antonelli, Daniela c/ EN-AFIP-LEY 20628 s/Amparo Ley 16.986”, del 31/10/2023; y en el mismo sentido, Sala IV causa 38.983/23, in re: Suárez, María Cristina c/ EN - AFIP - LEY 20628 s/ Amparo Ley 16.986”, del 21/12/2023).
Recuérdese que, una declaración como la requerida, constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera (cfr. CSJN, Fallos: 327:1899 y 342:685) y/o cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, requiriendo de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio determinado y específico (cfr. CSJN, Fallos: 249:51; 299:291; 335:2333; 338:1444; 338:1504; 339:323; 339:1277; 340:669 y 341:1768).
Al respecto, resulta oportuno añadir que la Sala IV del fuero ha destacado que los agravios basados en que la aplicación de la tasa antedicha no resultaría equiparable a los índices inflacionarios, no cumple con las exigencias establecidas por el Máximo Tribunal. Y concluyó que “dar favorable acogida a la argumentación de la actora, en los términos en que ha sido planteada, conllevaría a un desconocimiento de las normas dispuestas por el legislador, a través de las cuales se instauró la prohibición de indexación, mediante las leyes 23.928 y 25.561” (cfr. Sala IV, causa 63.190/19, in re, “Industrial And Commercial Bank Of China c/ AFIP – DGI s/Dirección General Impositiva”, del 07/11/2023), doctrina que también ha extendido a las repeticiones aduaneras (cfr. Sala IV, Considerando 6° de la sentencia dictada en la causa 16279/24, in re, “PBB Polisur SRL (TF 22571331-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19/11/2024).
Dicha doctrina concuerda con lo resuelto por esta Alzada (cfr. causa 11.207/20, “Telefónica de Argentina SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva s/ Dirección General Impositiva”, del 26/11/2024; causa 5.623/24, “Argensun SA (TF 36606041–A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 27/03/2025).
En orden a lo expuesto, al capital que aquí se ordena restituir habrá de adicionarse los intereses correspondientes, para lo cual deberá tenerse en cuenta las pautas de aplicación que surgen del artículo 179 de la ley 11.683 y de las diversas resoluciones dictadas por la cartera económica nacional en el segmento de tiempo correspondiente, o la que la sustituya en el futuro (cfr. CSJN, “Astillero Naval Federico Contessi SACIFAN c/ AFIP-DGI s/ cobro de pesos/sumas de dinero”, del 17/09/2024).
VIII. Que, sentado ello, en la medida en que la solicitud de repetición fuera presentada el día 18/07/2023, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde el momento de presentación del reclamo y hasta el 31/01/2024, de acuerdo con la establecida en la resolución 559/2022 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9º); (ii) desde el 01/02/2024 y hasta el 28/02/2025, de conformidad con la contemplada en la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); (iii) a partir del 01/03/2025 y hasta el 30/06/2025, según la tasa contemplada en la resolución 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3º); (iv) a partir del 1/07/2025, según la tasa fijada en la resolución del Ministerio de Economía 823/2025 (artículo 3°) o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del efectivo pago, en las condiciones establecidas por la CSJN el dictar sentencia el 15 de mayo de 2014 en la causa “Cencosud (TF 29.535-A) c/DGA” y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (esta Sala, causa 43.705/23, in re: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 2/02/2024; causa 34.659/23, “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 12/03/2024; causa 43.700/23, in re “Genoma Laboratories SA c/EN–AFIP–DGA– SIGEA 19144–10022–2019 s/Dirección General de Aduanas”, del 5/11/2024; causa 5.623/24, “Argensun SA (TF 36606041–A)…”, cit.).
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IX. Que las costas deben ser soportadas en ambas instancias por la parte demandada, ya que no se advierte la existencia de razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (arts. 279 y 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, SE RESUELVE: revocar la sentencia apelada, declarar la invalidez del Dto. 793/2018 en el caso y revocar la Resolución N.º RESOL-2023- 705-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por la Aduana de San Lorenzo, recaída en las actuaciones SIGEA N.º 17134-1188-2023, que denegó la repetición requerida. En consecuencia, corresponde acceder a la devolución solicitada en los términos expresados en los Considerandos VI; VII y VIII de la presente. Costas de ambas instancias a la demandada (arts. 279 y 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese (al señor Fiscal en la forma solicitada en su dictamen) y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia