Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 18894090-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
49209/2025/CA1 “ACEITERA GENERAL DEHEZA SA -TF 18894090-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, marzo de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 18894090-A (v. DEOX del 17.12.25) “ a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 08/07/2025 (v. RE-2025- 73999559-APN-DTD#JGM) concedido el 08/08/2025 (v. PV-2025-87187043-
APNVOCXIII#TFN), contra la sentencia dictada el 26/05/2025, en cuanto confirma la RESOL-2023-731-EAFIP-ADSALO#SDGOAI, con costas a la actoral (v. INLEG-2025- 56148308-APN-VOCXIII#TFN)” (v. pág. 653 del expte. electrónico, donde también consta que la parte agravios expresó agravios dentro del plazo legal, los que fueron contestados por su contraparte y que la representación fiscal interpuso recurso de apelación contra la regulación de honorarios dictada el 8.07.2025); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó, por mayoría, la resolución 2023- 731-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-142-2023, en cuanto había denegado la devolución de las sumas abonadas en concepto de derecho de exportación, en los términos del decreto 131/22 y con relación a la destinación de exportación allí indicada (v. resolución obrante a fs. 520/527 de las actuaciones acompañadas digitalmente el 17.12.2025).
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26.4.22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente y b) el Poder Ejecutivo nacional puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero.
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del decreto 131/22, respecto del cual entendió extensibles aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Distribuyó las costas a la parte actora en virtud “de la forma en que se resuelve y atento que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha anterior a la interposición del presente recurso… (art. 1163 del C.A.)”.
2. Que, por otra parte, a fs. 537/538, se fijaron los honorarios de la representación letrada de la parte demandada y los del perito contador Martín Miguel Prieto Trias. Únicamente la representación fiscal apeló los emolumentos regulados a su favor, por considerarlos bajos (v. fs. 546).
El recurso se concedió a fs. 552, y a fs. 604, la parte actora contestó el pertinente traslado.
3. Que, a su vez, Aceitera General Deheza SA apeló la resolución de fs. 520/527 y, en su memorial de fs. 554/599, sostuvo que las conclusiones del organismo jurisdiccional debían ser revisadas, ya que se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, conforme fue interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
En resumen, precisó que, de acuerdo con la doctrina de aquel precedente, correspondía invalidar el derecho de exportación en trato y admitir la repetición de lo abonado, dado que, al momento de dictado del decreto 131/22, ya había vencido el plazo de la delegación otorgada al Poder Ejecutivo por el art. 52 de la ley 27.541. En resumen, tras destacar que el art. 755 del CA no puede considerarse una norma delegante válida a efectos de que el Poder Ejecutivo pueda fijar derechos de exportación, refirió que a la fecha de registro de la destinación de exportación del caso no existía ninguna ley del Congreso que hubiese convalidado dicho decreto, el cual adolecía de una inconstitucionalidad de origen.
Citó jurisprudencia en apoyo de su interpretación, y pidió que se admitiese la devolución del importe abonado en pesos ($1.220.619,60), más los intereses pertinentes.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
49209/2025/CA1 “ACEITERA GENERAL DEHEZA SA -TF 18894090-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
4. Que, el 6.2.26, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que, en esta instancia se debate si, al momento de registrarse la exportación, existía alguna ley del Congreso –complementaria del Código Aduanero– que hubiese determinado previamente, de manera clara e inequívoca, la forma de cuantificar el derecho de exportación o, en su defecto, si se había conferido rango legal al nivel impositivo establecido por el Poder Ejecutivo. Esto, conforme al criterio expuesto por el Alto Tribunal en Fallos: 337:388.
Corresponde destacar, también, que Fiscal General ante la Cámara señaló que el asunto debía resolverse conforme al citado precedente del Máximo Tribunal (v. dictamen referido).
6. Que, teniendo en cuenta ello, se encuentra fuera de discusión que la destinación 22057EC01007042X, oficializada el 7.7.22, la actora exportó, a granel (Ley 21.453), aceite en bruto, incluso desgomado -aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente-, correspondiente a la posición SIM 1507.10.00.100Q, y abonó una alícuota de derechos del 33%, con arreglo a la norma que impugna (v. p. 92 y siguientes, expte. cit.).
7. Que las cuestiones de fondo han sido adecuadamente examinadas por este Tribunal en la causa 37220/2025 “Aceitera General Deheza SA (TF 80585854-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. de 20/11/2025, a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad. En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada y declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación abonado por la actora en los términos del decreto 131/22 y admitir la repetición de la suma en pesos reclamada por tal concepto, más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
8. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); y por ello mismo, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada respecto de la representación fiscal a fs. 537/537 y declarar inoficioso tratar la apelación deducida contra aquélla. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– siga la causa según su estado (v. DEOX enviado el 04.02.25) y, oportunamente, devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia