Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 23556043-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto nº 131/22 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque Nro. 22 057 EC01 007484 S, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos V, VI y VII;
2Declarar inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco;
3Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación);
4Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
17097/2025 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 23556043-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 29 de agosto de 2024 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó la Resolución Nro. RESOL-2024-60-E-AFIP -ADSALO#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en el marco de las Actuaciones SIGEA N° 17134-258-2023, (v. páginas 285/288 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [ DEO nº 18425817, agregado a la causa el 21/05/2025]). En ese acto se había rechazado el reclamo de repetición de la suma total de $ 4.909.802 ,24 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes al permiso de embarque n° 22 057 EC01 007484 S. Impuso las costas por su orden con fundamento en el carácter complejo de la cuestión debatida.
En cuanto al fondo de la controversia, recordó que mediante el Decreto nº 131/22 se había dispuesto la suspensión -hasta el 31/12/22 inclusive- de las alícuotas establecidas por el Decreto nº 790/2020 para las mercaderías incluidas en las posiciones arancelarias de la NCM que especificó, y la aplicación de las alícuotas del Decreto nº 230/2020. Ello había implicado, en cuanto interesa al caso, un incremento de la alícuota del derecho de exportación del 31% al 33%. Entendió que las cuestiones planteadas en la causa resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo plenario del 26/04/2022 dictado por ese tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), a cuyos fundamentos y conclusiones remitió.
II. Que, disconforme, la actora apeló el pronunciamiento reseñado y expresó agravios el 04/11/24, los que no fueron replicados por la contraria (v. páginas 309/367 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 18425817, agregado a la causa el 21/05/2025]).
Alta en sistema: 06/03/2026 La accionante afirma en su crítica que la decisión plenaria empleada como basamento de la sentencia recurrida no es aplicable en este caso. Además, afirma que la decisión adoptada en tal sentido se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388). Pone de manifiesto que el Decreto nº 790/20 fue dictado como consecuencia de la delegación legislativa contenida en el artículo 52 de la Ley n° 27.541 que fijó un tope máximo para la alícuota de los derechos de exportación en un 33% y especificó que el Poder Ejecutivo nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2021. En tales condiciones, sostiene que cumplía con las condiciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 337:388 y con lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución nacional, ya que el Congreso de la Nación había establecido límites máximos al ejercicio de facultades delegadas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y además había establecido un plazo para el ejercicio de aquellas. Refiere que, con posterioridad, fue presentado el proyecto de ley de presupuesto 2022 que proponía en su artículo 81 la modificación de lo establecido en el citado artículo 52 de la Ley n° 27.541, fijando la posibilidad para que el Poder Ejecutivo nacional ejerciera sus facultades hasta el 31 de diciembre de 2024. Destaca que “el proyecto de ley fue rechazado por la Cámara de Diputados de la Nación, por lo que resulta incontrovertible que el 31.12.21 fenecieron las facultades delegadas del PEN para incrementar las alícuotas de derechos de exportación. Ergo, el Poder Ejecutivo Nacional se encontraba impedido, por imperio del principio de reserva de ley en materia tributaria de modificar las aludidas alícuotas (arts. 4°, 17, 19, 75, inc. 1°, de la Constitución nacional)”.
Expone que, a pesar de la clara inexistencia de facultades delegadas, fue dictado el Decreto n° 131/2022 (B.O. 19/03/22) mediante el cual fueron suspendidas hasta el 31 de diciembre de 2022, las alícuotas de derechos de exportación establecidas en el Decreto nº 790/20 para los productos agroindustriales, y declaró exigibles las fijadas en el anterior Decreto n° 230/2020, que resultan superiores. En tales condiciones, refiere que su reclamo de repetición fue iniciado a fin de que le fuera restituida la medida de los derechos de exportación que se vio obligada a pagar por encima de la alícuota prevista en el mencionado Decreto nº 790/20, por aplicación del Decreto nº 131/2022, al que considera inconstitucional.
Señala que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales Alta en sistema: 06/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V exigidos para ser considerada una norma delegante válida (arg. art. 76, CN). Explica, además, que en cualquier caso la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo –aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Por eso, asegura que la decisión recurrida se contrapone a la doctrina sentada por la Corte federal en el caso “Camaronera Patagónica”. Y solicita que se ordene la devolución de los importes equivalentes a la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana y los que correspondía pagar, según la alícuota establecida por el Decreto nº 790/20.
Cita en apoyo de su postura jurisprudencia de tribunales federales del interior del país así como de las diferentes Salas de esta Cámara que resolvieron por la afirmativa reclamos similares al que se debate en autos.
III. Que también el Fisco apeló la decisión reseñada en el primer considerando. Expresó sus agravios el 20/09/24, los cuales fueron replicados por la accionante el 26/12/24 (v. páginas 292/299 y 382/397, respectivamente, del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 18425817, agregado a la causa el 21/05/2025]). Se queja de la distribución de costas de la instancia previa.
IV. Que a fs. 8/14 tomó intervención el Sr. Fiscal General.
En lo relativo a los agravios de la actora indicó que –a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
Asimismo, opinó que debían ser rechazados los planteos de inconstitucionalidad de la prohibición de indexación de deudas y de las tasas de interés establecidas en la Resolución n° 559/22 y nº 03/24.
V. Que, mediante Decreto n° 131/22 (B.O. 19/03/22), vigente al tiempo del registro del permiso de embarque nº 22 057 EC01 007484 S (18/07/22), se dispuso la suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2022, de las alícuotas establecidas mediante el Decreto n° 790/20 -que había sido dictado como consecuencia de la delegación de Alta en sistema: 06/03/2026 facultades establecida en el artículo 52 de la Ley nº 27.541- y declaró exigibles las previstas en el anterior Decreto n° 230/20.
En lo que respecta al caso, ello implicó que la parte actora pagara, en concepto de derechos de exportación correspondientes a la mercadería declarada en la posición arancelaria 1507.10.00.100 Q, un 33% del valor en aduana de la mercadería exportada.
Cabe señalar que no es posible identificar una ley formal que, a la fecha de registro del aludido permiso de embarque, haya otorgado rango legal a las alícuotas que se pretendieron reestablecer mediante el mencionado Decreto n° 131/22 ni tampoco es dable concluir que su dictado haya sido consecuencia de la delegación de facultades contenida en el artículo 52 de la Ley nº 27.541 ya que aquellas facultades facultades -aun si se admitiera su validez en materia tributariale fueron otorgadas al Poder Ejecutivo nacional hasta el 31/12/2021, mientras que el mencionado decreto fue dictado con posterioridad, cuando se hallaban fenecidas.
Finalmente, corresponde destacar que la actora realizó el pago de los derechos en sede administrativa tomando en consideración la alícuota del 33% que el sistema liquidó al tiempo de documentar el permiso de embarque (por aplicación de lo establecido en el cuestionad decreto), y que su pretensión se limita al reintegro de la suma representativa de la diferencia entre la mencionada alícuota y la del 31% fijada en Decreto nº 790/20.
VI. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa n° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. Asimismo, dicha sentencia se encuentra firme en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó con fecha 10/10/2023 la queja y el recurso extraordinario allí interpuestos.
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN (Fallos 337:388) decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la Ley Nº 27.467 que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc. Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la Alta en sistema: 06/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582). En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto nº 131/22 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nº 22 057 EC01 007484 S (conf. páginas 80/82 del archivo que contiene las actuaciones del TFN), cuyo pago –por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada.
En sentido concordante, se pronunció esta Sala V en la causa nº 22.867/2024, caratulada “Aceitera General Deheza SA (TF39310655-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30 de septiembre de 2025 y en la causa n° 30.921/2025, caratulada “Aceitera General Deheza SA (TF 23554220-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 04 de diciembre de 2025, entre otras.
VII. Que el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados de conformidad con la tasa de interés prevista en la Resolución N° 559/2022 del Ministerio de Economía, vigente desde el 01/09/2022; a partir del 01/02/2024 a la tasa de interés prevista en la Resolución N° 3/2024 del Ministerio de Economía (art. 4); desde el 1° de marzo de 2025 de conformidad con la tasa prevista en la Resolución del Ministerio de Economía n° 199/25 y; a partir del 1° de julio de 2025, según la tasa prevista en la Resolución del Ministerio de Economía n° 823/25. Corresponde señalar que, tal como fue expresado por el Fiscal General en su dictamen, la apelante formuló consideraciones genéricas que no evidencian la lesión que su aplicación le provocaría de manera concreta, ni tampoco demostró que la misma se adviertan irrazonables en comparación con la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de modo que aquellas deben ser aplicadas a partir del momento de sus respectivas entradas en vigencia.
Alta en sistema: 06/03/2026 VIII.- Que en virtud de la conclusión alcanzada resulta inoficioso el tratamiento del recurso del Fisco Nacional.
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto nº 131/22 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque Nro. 22 057 EC01 007484 S, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos V, VI y VII; 2) Declarar inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 06/03/2026
Fin de la sentencia