Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35158-A
- SALA IV -
3663/2024 —ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 35158-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, agosto de 2024.
VISTOS; Y
1. Que, por resolución del 7/9/23 (fs. 172/181), el Tribunal Fiscal de la Nación:
i) Rechazó los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la recurrente, sin especial imposición de costas.
ii) Confirmó parcialmente la resolución DE PRLA 3359/14, dictada en la actuación SIGEA 12197-647-2005, en cuanto tuvo por configurada la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con respecto a 5.025,34 litros de la mercadería amparada por la destinación suspensiva de importación temporaria (DIT) 02 001 IT14 001141Y, y redujo la multa impuesta a la actora a la suma de $58.057,99. A este respecto, distribuyó las costas en un 85% a cargo de la actora y en un 15% a cargo del Fisco.
iii) Confirmó parcialmente el reclamo tributario contenido en la misma resolución y declaró que, con relación al saldo de mercadería sin regularizar, la actora adeudaba USD 7.961,45 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, computados desde el 30/12/09 hasta la fecha de efectivo pago.
En este punto, también impuso las costas conforme los vencimientos, los que estimó en un 60% a cargo de la actora y un 40% a cargo del Fisco.
iv) Revocó la resolución aduanera apelada en cuanto exigía a la actora el pago del derecho adicional (USD 18.991,32) y las percepciones de tributos interiores ($36.513,42), con costas al Fisco.
Para resolver como lo hizo sobre las excepciones opuestas por la recurrente, señaló que el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería había operado el 2/3/04, por lo que el plazo quinquenal de prescripción de las acciones del Fisco comenzó a correr el 1/1/05 y habría operado el 31/12/09, tanto con relación a los tributos como a la multa. Sin embargo, no alcanzó a cumplirse porque el 19/6/09 se dictó el auto de apertura de sumario (v. fs. 9, act. 12197-647-2005), con el efecto suspensivo e interruptivo que respectivamente prevén los artículos 805, inciso a, y 937, inciso a, del Código Aduanero. Añadió que el plazo de prescripción de la acción infraccional se había vuelto a interrumpir con el dictado de la resolución definitiva, el 12/6/14 (arg. art. 937, inc. d, CA), por lo que esta última debía considerarse temporánea. En particular, el tribunal administrativo rechazó el planteo de nulidad del acto de apertura sumarial al señalar que la carpeta original de la DIT estaba agregada a la actuación SIGEA 12197-8945-2013; la cual se había iniciado con la solicitud de liberación de garantía presentada por el despachante de aduana, y pudo incorporarse a este expediente como resultado de la prueba informativa ordenada en su sede. Por otra parte, hizo hincapié en que, de la lectura de lo actuado en el sumario 12197-647- 2005, se desprendía que se había alcanzado a dar cumplimiento a lo indicado por el artículo 1094 del Código Aduanero antes de que operase la prescripción de las acciones del demandado, ya que la valoración y clasificación de la mercadería, la liquidación aduanera y la corrida de vista a la importadora y su garante habían tenido lugar entre septiembre y octubre de 2009.
Aclaradas esas cuestiones, y después de examinar la documentación reunida en la causa, admitió parcialmente los planteos vinculados con el cumplimiento del régimen de importación temporaria. En concreto, indicó que correspondía tener por probada la la exportación en tiempo y forma de 974,66 litros de insumos; mientras que el saldo de mercadería en infracción ascendía a 5.025,34 litros. Fundó esa conclusión en una serie de observaciones relacionadas con los permisos de embarque involucrados en la descarga de aquellos litros, tales como ser la inexistencia de copias, la falta de hojas de descarga, la ausencia de intervención aduanera o la ilegibilidad del contenido de las copias proporcionadas por la actora.
En otro orden de consideraciones, descartó que fuese posible inferir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la recurrente en función del supuesto estado “liberado” de la póliza de caución relativa a la operación. A ese respecto, el TFN remitió a las constancias de fs. 86/87 de este expediente, de donde surgía que el estado de dicha póliza, en rigor, era “afectada”.
A continuación, reliquidó el importe de la multa y los tributos adeudados con respecto al saldo de mercadería en infracción, contemplando para ello lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ DGA” e “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, ambas del 14/08/13, y “Cladd ITA SA (TF 22343-A) c/ EN-DGA Resol 2590/06 (EXPTE 604155/01) s/ DGA”, del 26/11/19.
Finalmente, rechazó el pedido de morigeración de las tasas de interés previstas por el artículo 794 del código aduanero para las deudas en dólares. En este punto, principalmente, adujo que su invalidez constitucional aún no había sido declarada por la Corte y no tenía facultades para declararla.
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3663/2024 —ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 35158-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 2º) Que, disconforme con la decisión, a fs. 187 la importadora Aceitera General Deheza SA interpuso apelación; que se concedió a fs. 189, se fundó a fs. 195/209vta., y fue replicada a fs. 217/224vta.
En primer término, insistió sobre la nulidad del procedimiento de instrucción sumarial y consiguiente prescripción de las acciones del Fisco; planteo, éste, que venía formulado desde la contestación de la vista en sede aduanera, con sustento en lo previsto por el artículo 1094 del código de la materia. A ese respecto, argumentó que el servicio aduanero no efectuó las diligencias previas tendientes a la constatación de los hechos investigados; lo cual se ponía en evidencia por el hecho de que en ningún momento anexó la carpeta original de la importación temporaria, ni la de los permisos de embarque que acreditaban la descarga.
En otro orden de consideraciones, sostuvo que el cumplimiento del régimen de importación temporaria estaba acreditado. Cuestionó, en tal sentido, que el órgano jurisdiccional se hubiese basado en una simple impresión de pantalla del sistema de la AFIP para afirmar que el estado de la garantía aún era “afectada”, cuando se había negado a asignar el mismo valor probatorio a la información obrante en las impresiones de pantalla correspondientes a los permisos de embarque mediante los cuales se habían exportado los insumos. Agregó que existían innumerables indicios del cumplimiento de las obligaciones a su cargo y que la imposibilidad de aportar documentación más concluyente se debía al tiempo transcurrido desde los hechos y a la demora en que incurrió el propio demandado en instruir el sumario y proveer las pruebas ofrecidas por su representada; por lo que consideraba injusto tener que cargar con las consecuencias de esa inacción.
Citó jurisprudencia en apoyo de su interpretación e invocó también el beneficio previsto por el artículo 898 del Código Aduanero.
Por último, insistió sobre la ilegitimidad e inconstitucionalidad de las tasas de interés determinadas sobre deudas en dólares estadounidenses, con arreglo a lo previsto en el artículo 794 del Código Aduanero (resols. MEyFP 841/10 y MH 50/19).
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 193; que se concedió a fs. 194 y se tuvo por desistida a fs. 213.
4. Que, el 7/5/24, dictaminó la Fiscalía General sobre la competencia, la admisibilidad formal del recurso, y los planteos de prescripción e inconstitucionalidad formulados por la actora, con lo que quedaron las actuaciones en estado de resolver.
5. Que, por razones de orden lógico y jurídico, corresponde tratar en primer término el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario y consiguiente prescripción de las acciones del Fisco.
En el caso no se discute que el plazo de permanencia de la mercadería venció el 2/3/04, por lo que el plazo legal para imponer sanciones y percibir tributos comenzó a correr el 1/1/05 y operaba el 31/12/09, de no mediar causales suspensivas o interruptivas (arts. 803, 804, 934, 935 y ccdtes. del CA).
A su vez, de las constancias de la actuación 12197-647-2005 se desprende que, para ese entonces, el servicio aduanero no había reunido los elementos necesarios para instruir válidamente el sumario, dado que: (i) al labrarse el acta de denuncia el 21/1/05, con respecto a “la totalidad de la mercadería”, únicamente se adjuntaron impresiones de pantalla correspondientes a la DIT, por no encontrarse el original en la dependencia aduanera (fs. 1 y 5); (ii) en ningún momento posterior se adjuntó la carpeta original o la copia de la destinación de importación temporaria, pese a que ello fue considerado “indispensable para la resolución del trámite” (fs. 6); (iii) si bien es cierto que la Aduana practicó una primera liquidación y corrió vista de lo actuado en octubre de 2009 (fs. 11/12), no es menos cierto que en septiembre de 2013 se efectuó una redeterminación de los tributos y se corrió nueva vista del sumario (fs. 106/107), como así también que se practicó una tercera y última liquidación en diciembre del mismo año (fs. 114/116); (iv) la actora contestó la primera vista el 30/12/09 y, en esa oportunidad, no sólo ofreció que se agregasen los originales o copias certificadas de los permisos de embarque que individualizó, sino que también ofreció la actuación iniciada en 2003 con motivo de la cancelación de importación temporaria y devolución de garantía solicitadas por el despachante de aduana (fs. 17vta.), sin embargo esta última prueba nunca se proveyó (fs. 27), limitándose el sumariante a ratificar la denuncia en septiembre de 2013 con respecto a “la totalidad de la mercadería” al no haber constancias de que el interesado hubiese aportado “documentación alguna para efectuar el análisis de cancelación de la DIT en trato, ni CTC que ampare el ingreso temporal del insumo ni hojas de descarga correspondientes a los PE involucrados” (fs. 105); (v) más allá de lo expuesto, a fs. 111, se ordenó como medida para mejor proveer que la sumariada presentase copia de los permisos de embarque y el CTC mediante los cuales habría cancelado la destinación temporaria; (vi) la resolución definitiva DE PRLA 3359/14 hizo mérito de que esa última medida no habría sido cumplida por la interesada, y de que los permisos de embarque originales –ofrecidos en la contestación de la vista– no pudieron remitirse por haber vencido su plazo de conservación.
En consecuencia, ratificó la con- - SALA IV - 3663/2024 —ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 35158-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO dena con relación a “la totalidad de la mercadería importada temporalmente” por no haber la actora acreditado debidamente su reexportación (fs. 119/vta.).
Recién en cumplimiento de las medidas de prueba ordenadas por el Tribunal Fiscal de la Nación, la Aduana remitió la actuación ADGA 423112/03 (SIGEA 12197-8945-2013), iniciada en 2003 por el despachante de aduana, donde efectivamente constaba la carpeta original de la DIT, la copia del CTC aplicable y el listado de los permisos de embarque involucrados en la descarga (v. fs. 19vta., 36 y 55 de este expte.).
En esa sede también se logró recuperar la actuación SIGEA 13289-5924-
2014, registrada bajo el asunto “cumple requerimiento adjunta documentación SI- GEA 12197-647-2005”, de donde surge que la actora sí había proporcionado las copias de los permisos de embarque y el resto de la documentación en su poder; desconciéndose el motivo por el cual no fue agregada a la actuación principal ni considerada en la resolución definitiva DE PRLA 3359/14 (v. fs. 37, 46 y 131/132 de este expediente).
Es claro, entonces, que al vencimiento del plazo de prescripción original el servicio aduanero aún no había determinado con claridad los hechos del sumario ni contaba con una liquidación tributaria definitiva. También lo es que la carpeta original de la DIT no se tuvo a la vista para resolver el procedimiento infraccional. En atención a las señaladas particularidades del trámite del sumario administrativo que concluyó con el dictado de la resolución DE PRLA 3359/14, y las consecuencias que ello tuvo en el ejercicio del derecho de defensa de la parte actora, se concluye que el auto del 19/6/09 (fs. 9, act. 12197-647-2005) constituyó un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario pero que, en concreto, no pudo tener los efectos previstos por los artículos 805, inciso a, y 937, inciso a, del Código Aduanero, porque fue dictado en violación a la ley (arg. art. 1094, del CA) y en detrimento de las garantías de la recurrente (doctr. esta Sala, causa 38427/19 “Mercedes- Benz Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 12/9/19 y sus citas, entre muchas otras).
Además, son aplicables las consideraciones hechas por este Tribunal en la causa 30377/23 “MMA Manufactura de Motores Argentinos SRL (TF 35604-A)
c/ DGA”, sentencia del 24/8/23, donde sostuvo que es indispensable contar con la documentación original de la destinación temporaria–o copias de aquélla– para poder tener por probados los hechos fundantes de la denuncia.
6. Que, por todo lo expuesto, corresponde admitir la apelación de la parte actora, revocar la resolución de fs. 172/181, declarar la nulidad del auto de apertura del sumario del 19/6/09 y, por consiguiente, la prescripción de las acciones del Fisco para imponer sanciones y reclamar tributos con relación al DIT 02 001 IT14 1141Y. Ello torna insustancial tratar los restantes agravios de la recurrente. ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párr. y 279 del CPCCN). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese –a las partes y a la Fiscalía General– y pasen los autos al Representante del Fisco a fin de que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia