Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 53094058-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto revocó la resolución AD CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 27088/2025 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 53094058-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO SALO 153/20 y dejó sin efecto los cargos 98, 99 y 100 del año 2013; con costas al vencido.
2Reducir la regulación de honorarios y regular los correspondientes a la actuación ante la Cámara de conformidad con lo dispuesto en el considerando 7°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 27088/2025 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 53094058-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 10 de febrero de 2026.
VISTA: La elevación del expediente TF 53094058-A (v. DEOX del 17/7/25), a fin de tratar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 25/03/2025 (v. IF-2025-30910723-APN-DTD#JGM) concedido el 14/04/2025 (v. IF-2025-38825349- APN-VOCXIV#TFN Punto 5), contra la sentencia dictada el 06/02/2025, en cuanto revoca la Resolución N° 153/2020 (AD SALO), con costas al fisco nacional (v. IF-2025-13137798-APN-TFN#MEC)”, como así también “los recursos de apelación interpuestos por los letrados de la actora y el fisco nacional el 15/04/2025 y 24/04/2025 (v. IF-2025-39590771-APN- DTD#JGM, IF-2025-39592791-APNDTD#JGM e IF-2025-42807113-APN- DTD#JGM), concedidos el 25/04/2025 (v. PV-2025-43399073- APN- VOCXIV#TFN) contra los honorarios regulados en el Punto 1 y 2 de la sentencia dictada el 14/04/2025 (v. IF-2025-38825349-APN-VOCXIV#TFN)” (v. nota en la pág. 955 del expte. citado); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución AD SALO 153/20 y, en consecuencia, dejó sin efecto los cargos 98, 99 y 100 de 2013. Dichos cargos habían sido formulados en concepto de derechos de exportación con relación a los permisos de embarque 08 057 EC03 002771S, 09 057 EC03 000878C y 09 057 EC03 000879D por las sumas de USD 2.309,48, USD 3.187,28 y USD 10.124,50, respectivamente.
Impuso las costas al Fisco vencido.
Para resolver como lo hizo, recordó que el reclamo tributario tenía origen en el informe técnico SE FVEX 70/12. Allí se analizó la exportación de subproductos derivados del procesamiento de semillas de girasol, clasificadas en la posición arancelaria 1206.00.90, realizadas bajo el subrégimen EC03 (exportación para consumo con DIT para transformación), al amparo del régimen del decreto 1330/04. El relevamiento de las operaciones alcanzadas por esa modalidad detectó la existencia de bases imponibles con valores negativos, fenómeno que ocurre cuando el valor de los insumos importados temporalmente supera el valor del producto final exportado, resultando, según el Fisco, en una falta de gravabilidad del valor agregado nacional.
La Aduana sostenía que existía una deficiencia en la declaración de los insumos y que correspondía redefinir el valor imponible. Se amparaba en lo estipulado por el decreto 1330/04 y en los criterios que surgen de la resolución general AFIP 2147/06 para la determinación del valor en aduana, a fin de proponer una deducción diferente del valor CIF de los insumos importados temporalmente en las destinaciones de exportación (EC03). En concreto, objetaba que en los permisos de embarque se hubiera descontado el total de toneladas de los insumos utilizados en el proceso productivo, aun cuando se indicaron despachos de importación temporaria que representaban una minoría de las toneladas requeridas; por esa razón, a criterio de la Aduana, la base imponible resultante era negativa, cuando se infería que la mayoría de los insumos debía ser de origen nacional. Además, en relación con el coeficiente de los derechos incluidos, atento a lo previsto en la instrucción general SDG LTA 18/02, señalaba que no correspondía la deducción del derecho de exportación cuando se trataba de mercaderías con precios oficiales (ley 21.453 y normas complementarias), ya que estos últimos eran la base para la liquidación, entre otros conceptos, de los derechos de exportación. Por tal motivo, efectuaba el cálculo de lo adeudado otorgándole un valor equivalente a 1 a dicho coeficiente de derechos incluidos. Por su parte, la actora argumentaba que los derechos de exportación habían sido cancelados en conformidad con lo prescripto por la resolución general AFIP 2147/06. Sostenía que el pago tuvo efecto liberatorio y que la Aduana pretendía aplicar un cambio de criterio interpretativo retroactivo, vulnerando la seguridad jurídica y la doctrina de los actos propios, y sin explicitar tampoco la metodología de cálculo.
En ese marco, el Tribunal comenzó por evaluar la legitimidad del acto de determinación tributaria, y concluyó que padecía de un vicio de nulidad absoluta e insanable. En su análisis, precisó que la resolución aduanera carecía de los elementos esenciales de causa y motivación exigidos por el artículo 7°, incisos b y e, de la ley 19.549.
Al respecto, afirmó: “se observa que en ninguna oportunidad, ni mediante el Informe Técnico n.º 70/2012 (SE FVEX) del 24 de octubre de 2012 que daría inicio al sub examine, ni en los actos subsiguientes que figuran en el presente expediente, el servicio aduanero especificaría el procedimiento seguido o la información tenida en cuenta para el cálculo de los cargos n° 98, 99 y 100 del año 2013 en concepto de derechos de exportación, sobre la base de lo estipulado por la Resolución General (AFIP) 2147/06. Por otra parte, tampoco serían incorporados al expediente los originales de aquellos documentos (Permisos de Embarque (PE), Despachos de Importación Temporaria (DIT) y Certificados de Tipificación Importación Temporaria (CTIT)) que fueron oportunamente CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 27088/2025 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 53094058-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO empleados por el servicio aduanero a los fines de obtener la información necesaria para la aplicación de la fórmula emergente del Anexo IV de la Resolución General citada. En este mismo sentido, (…) la Resolución que finalmente sería dictada por el Sr. Jefe de Departamento Aduana de San Lorenzo el 17 de marzo de 2020 con el objetivo de confirmar la imputación de los cargos involucrados incurriría también en las omisiones mencionadas”.
En definitiva, objetó que el servicio aduanero (i) no incorporó al expediente administrativo los instrumentos básicos que sustentaban la pretensión fiscal, tales como los originales de los permisos de embarque, los despachos de importación temporaria y los certificados de tipificación; y (ii) efectuó un nuevo cálculo del valor en aduana sin explicar la metodología técnica ni los parámetros seguidos.
Concluyó que este déficit probatorio y la falta de transparencia en el cálculo configuraron una afectación directa a la garantía de defensa en juicio prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, toda vez que la empresa exportadora se vio imposibilitada de controlar la legitimidad y razonabilidad del ajuste tributario.
Finalmente, remarcó que, si bien el acto administrativo gozaba de presunción de legitimidad, aquella cedia ante la ausencia de sustento fáctico y jurídico suficiente, transformando la actuación estatal en una vía de hecho incapaz de sustentar la deuda reclamada.
2. Que el Fisco Nacional sostuvo que lo resuelto fue fruto de una interpretación arbitraria tanto de los hechos como del derecho. Alegó que, en el procedimiento aduanero y ante el Tribunal Fiscal, rigen los principios de impulsión e instrucción de oficio, así como el deber de búsqueda de la verdad material. En ese sentido, cuestionó que el tribunal de origen hubiera declarado la nulidad de los cargos por una supuesta falta de documentación básica, en lugar de ejercer sus amplias facultades para disponer medidas para mejor proveer o intimar a las partes a acompañar los elementos que considerara necesarios para resolver la contienda.
En cuanto a la transparencia de lo actuado, señaló que durante el trámite se dio intervención al área competente, a fin de ampliar las argumentaciones y establecer la metodología de cálculo conforme a un criterio técnico y jurídico adecuado. Esa intervención derivó en un análisis de las normas que regulan el régimen especial de importación temporaria para perfeccionamiento industrial, en particular el decreto 1330/04 —que constituye un régimen promocional en los términos de la ley 23.101— y la resolución general AFIP 2174/06, que fija las condiciones y procedimientos para su aplicación. En su anexo IV, esta última prevé el “factor de ponderación”, consistente en la aplicación de un coeficiente asociado a cada producto final resultante de un proceso productivo específico, siempre que tengan existencia real y valor, lo que permite la adecuada detracción del monto correspondiente al insumo importado temporariamente al calcular el valor imponible en las destinaciones de exportación de tales productos finales. Consideró que ello evidencia la abundante actividad desplegada a lo largo del sumario y demuestra la arbitrariedad de lo decidido por el Tribunal Fiscal. En línea con lo expuesto, también se agravió por la supuesta falta de causa y motivación de la determinación tributaria. Afirmó que la motivación puede acreditarse en cualquier momento del proceso de formación del acto y que no se requiere una exposición analítica o circunstanciada, siendo suficiente la identificación del criterio legal aplicado, sin necesidad de explicitar los algoritmos matemáticos utilizados en cada liquidación concreta.
Asimismo, sostuvo que la nulidad debe interpretarse con carácter restrictivo y que no puede declararse por la mera existencia de un vicio si no se verifica un perjuicio serio e irreparable. Enfatizó que la propia actora contaba con la documentación cuya falta objetó el tribunal, por lo que difícilmente pudo verse afectado su derecho de defensa. Concluyó que la decisión apelada configuró una nulidad por la nulidad misma, apartándose de la verdad jurídica objetiva. Finalmente, consideró manifiestamente incongruente que el tribunal cuestionara la ausencia de elementos para controlar los cálculos aduaneros y, al mismo tiempo, validara la metodología de cálculo de la empresa exportadora. Defendió la legitimidad de la pretensión fiscal, argumentando que el espíritu del decreto 1330/04 y del Código Aduanero no es convalidar metodologías que conduzcan a una base imponible negativa, cuya consecuencia práctica sería la no gravabilidad del valor agregado nacional de los subproductos exportados.
Por todo ello, solicitó que se revoque la sentencia recurrida y se confirmen íntegramente los cargos y la resolución aduanera, con costas.
3. Que, ante todo, corresponde recordar que las conclusiones sobre los hechos probados se encuentran, en principio, excluidas del examen que compete a esta Cámara, conforme a la limitación prevista en el artículo 1180, apartado b, del Código Aduanero. Ello es así, salvo que del ejercicio por parte del Tribunal Fiscal de la Nación de su facultad para apreciar las cuestiones fácticas surja arbitrariedad o un error de magnitud suficiente que justifique apartarse de dicho principio (cfr. Fallos 300:985; Sala I, causa “Scioli”, sent. del 14/12/93; Sala III, causa “Schmid, Walter Edmundo”, sent. del 26/10/84; Sala V, causas “Aspitarte y Cía S.A.”, sent.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 27088/2025 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 53094058-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO del 14/8/95; “Seysu S.R.L.”, sent. del 25/3/96; “Zeneca S.A.”, sent. del 26/8/98; y “DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A)”, sent. del 21/9/06, entre otras). Tales extremos, se adelanta, no han sido acreditados en el presente caso.
Por el contrario, de los antecedentes surge que la actora hizo esfuerzos reiterados por demostrar la exactitud de sus cálculos y el error en que incurría el Fisco. Proporcionó copias del informe de un consultor técnico, elaborado a partir del análisis concreto de un permiso de embarque involucrado en actuaciones análogas (PE 09057EC03000799E), del cual se desprende que el cálculo de la base imponible y de los derechos de exportación efectuado por la compañía resulta correcto. Dicho informe explica, además, la metodología utilizada, conforme a lo establecido en la resolución general AFIP 2147/2006 y a los cálculos realizados en las operaciones objeto de autos (pp. 605-606, expte. cit). La demandada, por su parte, no aportó cálculos alternativos y se limitó a sostener que correspondía atenerse a lo que concluyera el perito oficial (pp. 638- 642). Sin embargo, el tribunal le hizo saber posteriormente que tal prueba pericial no había sido ofrecida (p. 644).
Asimismo, la actora presentó una nueva y detallada explicitación de sus cálculos para las destinaciones del caso(pp. 664-671). Esta nueva documentación tampoco fue considerada ni impugnada, pese a que el Fisco contaba con un consultor técnico designado (p. 598).
De manera que no se ha puesto de manifiesto, ni se advierte, que el Tribunal Fiscal de la Nación haya resuelto la cuestión con arbitrariedad o prescindiendo de los elementos obrantes en la causa.
4. Que, a mayor abundamiento, el bloque de legalidad que rige la actuación administrativa exige que todo acto cuente con los elementos esenciales de causa y motivación previstos en el artículo 7, incisos b y e, de la ley 19.549. En este sentido, la mención expresa de los antecedentes fácticos y jurídicos no constituye un mero formalismo, sino una condición indispensable para la vigencia del principio de legalidad y la garantía de defensa en juicio.
Tal como lo señaló el tribunal de origen, del examen de las actuaciones se desprende que el servicio aduanero omitió incorporar al expediente los instrumentos básicos de la pretensión fiscal —permisos de embarque, despachos de importación temporaria y certificados de tipificación—, lo que impidió al Tribunal Fiscal ejercer un control efectivo de legalidad. A ello se suma que el empleo de fórmulas no explicitadas para el cálculo del “factor de ponderación” convierte la pretensión tributaria en un resultado incierto.
5. Que tampoco pueden prosperar los agravios vinculados con el principio de verdad material. Si bien el procedimiento administrativo se orienta a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, dicho principio no autoriza a suplir la ausencia de elementos esenciales del acto ni a trasladar la carga de la prueba en perjuicio del administrado. Con mayor razón, en el marco de una determinación tributaria, corresponde recordar que quien afirma el hecho es el Fisco y, por ende, sobre éste recae la carga probatoria (art. 377, CPCCN).
6. Que, por lo expuesto, corresponde desestimar la apelación del Fisco y confirmar la decisión recurrida en cuanto fue materia de agravios, con costas al vencido (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
7. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Juan Patricio Cotter en carácter de patrocinante de la actora, durante las tres etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR sus honorarios a suma de $10.875.392 ⸻equivalentes a 128 UMA⸻ (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 3160/25). Siguiendo idénticas pautas, corresponde REDUCIR los honorarios de Enrique Benítez Cruz, por su actuación en carácter de apoderado de la actora, durante tres etapas del proceso, a la suma de $4.333.164 ⸻equivalentes a 51 UMA⸻.
A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios de los citados profesionales por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios) en las sumas de $4.333.164 y $1.299.949,2 ⸻equivalentes a las cantidades de 38,4 y 15,3 UMA ⸻.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto revocó la resolución AD CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 27088/2025 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 53094058-
A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO SALO 153/20 y dejó sin efecto los cargos 98, 99 y 100 del año 2013; con costas al vencido.
2. Reducir la regulación de honorarios y regular los correspondientes a la actuación ante la Cámara de conformidad con lo dispuesto en el considerando 7°. Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 3/9/25.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia