Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 53131267-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación del Fisco y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios;
2Imponer las costas de esta instancia a la demandada (art. 68, 1º parte, CPCCN);
3Regular los honorarios de la representación letrada de la actora del modo indicado en el considerando V.
El Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge Federico Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° CAF 10.585/2025 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 53131267-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante la resolución del 30 de mayo de 2025, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación revocó Resolución n° 152/2020 (AD SALO), dictada por el Señor Jefe del Departamento Aduana de San Lorenzo el 17 de marzo de 2020, mediante la cual -sobre la base de la estipulación tributaria llevada a cabo por la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación dependiente de la entonces Dirección Regional Aduana Rosario- se confirmaron los cargos n° 96 y 97 del año 2013 en concepto de derechos de exportación (v. p. 2365/74). Impuso las costas al Fisco vencido.
El tribunal comenzó por señalar que la controversia había tenido origen en el Informe Técnico n° 70/2012 (SE FVEX) del 24 de octubre de 2012, elaborado por la ex Sección Fiscalización y Valoración de Exportación, dependiente de la entonces Dirección Regional Aduanera Rosario. Allí se indicó que al fiscalizar las destinaciones oficializadas por la actora, correspondientes al subrégimen EC03 (Exportación a Consumo con DIT para Transformación)
documentadas a partir del DIT de poroto de soja, se constató también la existencia de operaciones de exportación de subproductos provenientes de la industrialización de la semilla de girasol y concretadas al amparo del mismo subrégimen, cuyas bases imponibles arrojaban valores negativos y, por ende, no susceptibles de una determinación tributaria. La Administración explicó allí que se trataba de productos, subproductos o co-productos obtenidos a partir del procesamiento de semillas de girasol (NCM 1206.00.90) ingresados temporalmente al amparo del régimen previsto por el Decreto n° 1330/2004.
En el curso del expediente administrativo la empresa puso de resalto que el derecho de exportación se habría abonado correctamente, siguiendo los lineamientos que sobre el particular estipulan expresamente el Decreto 1330/04 y el Anexo IV de la Resolución 2147/06; y que la diferencia de derecho de exportación que el servicio aduanero reclama estaría basada -a su juicio- en una Alta en sistema: 13/08/2025 incorrecta aplicación de la fórmula de la Resolución 2147/06, que omitiría considerar los insumos efectivamente utilizados en el proceso productivo y descargados en cada permiso según su valor CIF correspondiente.
Asimismo, la Dirección Regional Hidrovía Aduanera, al dictar la Nota n° 141/2017 (AJ DI RAHI) del 29 de junio de 2017, señaló que - contrariamente a lo indicado por el Departamento Aduana San Lorenzo- los cargos involucrados tendrían su origen en fiscalizaciones y no en procedimientos de valoración.
Al fundar el acto apelado -indicó finalmente el a quo- el jefe de departamento de la aduana de San Lorenzo sostuvo, entre otras cosas, que “[…] de acuerdo [con] los informes [mencionados con anterioridad] quedaría claro que el criterio utilizado para la formulación de los cargos es el mismo, sea o no la base de cálculo negativa, ya que lo que se propone es una deducción diferente del valor CIF de los insumos importados temporalmente en las destinaciones de importación (EC03), y que la metodología de cálculo puede ser aplicada a casos de idéntico tenor. Cabe aclarar que en la totalidad de los permisos de embarque se verifica que se descuenta el total de toneladas de los insumos utilizados en el proceso productivo, aun cuando se indican despachos de importación temporales que totalizan una minoría de las toneladas requeridas; razón por la cual la resultante es una base imponible negativa cuando la mayoría de los insumos se infiere debería de ser de origen nacional y, en relación al coeficiente de los derechos incluidos, atento a lo previsto en la Instrucción General n° 18/2002 (SDG LTA), no corresponde la deducción del derecho de exportación cuando se trata de mercaderías que tengan fijados precios oficiales (ley 21.453 y normas complementarias) ya que los mismos son la base para la liquidación, entre otros conceptos, de los derechos de exportación […]. Así las cosas, se realiza el cálculo otorgándose un valor equivalente a 1 a dicho Coeficiente de Derechos incluidos”
El a quo puso de resalto que -según la firma en la apelación- sin la incorporación de los permisos de embarque y los despachos de importación temporaria -que serían causa directa de los reclamos- y más allá de la falta general de fundamentación de dichos reclamos y de explicación de los cálculos realizados por el Fisco Nacional, los cargos resultan nulos por carecer de causa. Además, subrayó que, según la firma “[a]nte la falta de incorporación a las actuaciones de los permisos de embarque, y los despachos de importación temporaria que se cancelan, no sólo el servicio aduanero carece del instrumento básico [que fundamente] su reclamo tributario, Alta en sistema: 13/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V sino que V.E. no puede determinar la procedencia del reclamo. Además, se afecta seriamente el derecho de defensa de mi parte y la validez del reclamo si se tiene en cuenta que, justamente, el servicio aduanero menciona como razón del recálculo de tributos una supuesta incorrecta determinación de [estos]. Si no se cuenta con los datos concretos de los permisos de que se trata, evidentemente no puede prosperar un recálculo de los derechos a pagar, pues reitero, V.E. no podrá controlar dicho cálculo, la procedencia del reclamo o, por el contrario, la razonabilidad del planteo de mi mandante”.
El a quo advirtió que ni mediante el Informe Técnico n° 70/2012 (SE FVEX) del 24 de octubre de 2012 que daría inicio al sub examine, ni en los actos subsiguientes que figuran en el presente expediente, el servicio aduanero había especificado el procedimiento seguido o la información tenida en cuenta para el cálculo de los cargos n° 96 y 97 del año 2013 en concepto de derechos de exportación, sobre la base de lo estipulado por la Resolución General (AFIP) 2147/06. Destacó además que tampoco habían sido incorporados al expediente los originales de aquellos documentos empleados por el servicio aduanero a los fines de obtener la información necesaria para la aplicación de la fórmula emergente del Anexo IV de la Resolución General citada (Permisos de Embarque (PE), Despachos de Importación Temporaria (DIT) y Certificados de Tipificación Importación Temporaria (CTIT)).
Luego de señalar que la Resolución n° 152/2020 (AD SALO) atacada se había basado en aquel informe y en las actuaciones posteriores, concluyó el acto atacado carecía tanto de causa como de motivación suficientes para ser considerado válido.
II. Que, disconforme, la demandada apeló la decisión reseñada en el considerando anterior, y el 22/08/2024 el Fisco nacional expresó sus agravios, que fueron replicados por la actora el 23/09/2024.
En el escrito recursivo se agravió esencialmente de que:
(i) a pesar de indicar la falta de agregación de los expedientes de las temporarias, el a quo reconoció que sí se habían consignado en las actuaciones algunos de los datos de esas destinaciones, que debían ser complementados con otros. Recordó el principio de impulsión e instrucción de oficio y el objetivo de búsqueda Alta en sistema: 13/08/2025 de la verdad material y señaló que el tribunal debió arbitrar los medios necesarios para hacerse de la prueba que le permitiera averiguar la realidad de los hechos;
(ii) alternativamente, el a quo debió haber ordenado que se acompañaran íntegramente los expedientes administrativos que dieron lugar a la formación de los cargos impugnados;
(iii) en base al principio de la carga dinámica de la prueba, la actora debió haber acompañado los elementos de las destinaciones con los que contara;
(iv) respecto a la alegada falta de motivación y causa, señala que la motivación puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran la forma del acto: el proceso de formación o en el de expresión de la voluntad de la Administración Pública; y que obran en las actuaciones administrativas sendos informes (Notas y Dictámenes) que abordan las cuestiones tenidas en cuenta por la Aduana de San Lorenzo tanto para la formulación de los Cargos como para el dictado de la Resolución Aduanera;
(v) en punto a los cálculos, explica que para considerar que el acto administrativo tiene causa y motivación, no hace falta que se explique cuáles fueron los algoritmos matemáticos utilizados en cada caso concreto, sino que alcanza con -identificar- el criterio legal aplicado en el caso concreto.
(vi) si se juzgara que falta documentación para controlar los cálculos, ello debería aplicarse a ambas partes -no solamente a la Administración- e impediría considerar la impugnación que la actora hace de los cálculos.
III. Que el 20 de agosto de 2024 el a quo reguló los honorarios de la representación letrada de la actora. Tanto los letrados de la actora (el 23/08/2024)
como el Fisco nacional (el 27/08/2024) apelaron la regulación, por baja y por alta, respectivamente.
IV. Que en este estado de las actuaciones, corresponde examinar en primer lugar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional contra la resolución de fondo.
IV.1. En primer lugar, es preciso poner de relieve que las conclusiones de la decisión cuestionada sobre las cuales se centra la apelación refieren a extremos de hecho y prueba, aspectos que –de conformidad con el art. 1080, inc. b) del Código Aduanero– se Alta en sistema: 13/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V encuentran reservados al Tribunal Fiscal de la Nación, siempre que, del ejercicio por parte del a quo de su facultad para apreciar las cuestiones fácticas, no surja que hubiera mediado arbitrariedad o error de magnitud suficiente para apartarse la aplicación del mentado principio (Fallos: 300:985; Sala I, in re "Scioli S.A.", del 14/12/93; Sala III, in re "Schmid, Walter Edmundo", del 26/10/84; esta Sala, in rebus "Ducilo S.A", del 14/8/95, e "Incobe SRL c/ ANA", del 23/8/95; entre muchos otros). En sentido concordante, se ha dicho que el recurso ante la alzada no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión a que aquel tribunal hubiese arribado al valorarla, salvo que se verifique la existencia de error manifiesto o arbitrariedad en la valoración de la prueba (esta Sala, in re “Agencia Marítima Alpemar S.R.L (TF 26.550-A) c/ DGA”, del 12/6/2012, y sus citas).
IV.2. No se advierte en el caso que la apreciación efectuada por Tribunal Fiscal –en particular, a la luz de las normas reseñadas en el considerando precedente- haya sido arbitraria o irrazonable, de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas sobre el punto en el pronunciamiento apelado. Es que en el escrito recursivo la apelante no ha controvertido el hecho de que todo el sumario se tramitó sin que el servicio aduanero contara con los expedientes de las destinaciones de importación temporarias y la documentación complementaria, que debieron servir inexorablemente de antecedente al acto cuestionado.
IV.3. Sin perjuicio de lo anterior, las críticas del Fisco al pronunciamiento apelado -referidas en esencia a la invalidez de los cargos formulados, por la falta de agregación de los expedientes originales de las destinaciones temporarias- no demuestran el desacierto de la decisión apelada y deben ser desestimadas.
En efecto, esta Sala ha señalado que para la comprobación de la infracción del artículo 970 resulta indispensable contar con las destinaciones y su documentación complementaria, en la medida en que la falta de la carpeta original de la DIT impide, entre otras cosas, verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, determinar si por el mismo se ha concedido o no prórroga a los fines de la regularización del régimen y, si la recurrente cumplió en definitiva con la obligación de reexportar la mercadería involucrada (causa n° 10.156/2024 “Fianzas y Créditos SA Compañía de Seguros (TF 15481439-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 18/03/2025; conf. en el mismo sentido, Sala III, causas nº 3063/2020 “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada TF 40026-A c/ DGA s/recurso Alta en sistema: 13/08/2025 directo de organismo externo”, del 17/03/2021;y nº 1304/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA TF 31725-A c/ Administración Nacional De Aduanas S/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 07/02/2019; Sala II, causa nº 74812/17 “Ferrero Argentina S.A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 28/12/17; Sala I, causa nº 74.954/2018, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 29846-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19/09/2019 ; entre otros). En esa misma lógica, la redeterminación realizada por el Fisco de los derechos de exportación a abonar por la actora, basada en la supuesta diferencia de relación insumo temporalmente importadoproducto exportado, hacía necesario contar con las destinaciones de la mercadería importada temporalmente para perfeccionamiento (Decreto n° 1330/2004).
En aquellos precedentes, esta Sala reconoció también –en consonancia con lo indicado en la resolución apelada- que la obligación de producir esa documentación recaía sobre el servicio aduanero, lo cual se ve reforzado en este caso por el tiempo transcurrido entre la oficialización de las importaciones originales y el dictado del acto cuestionado.
Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar la apelación en trato, y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, 1º párrafo, CPCCN).
V. Que en función de la naturaleza del proceso y su monto, el resultado obtenido, la extensión, calidad y eficacia del trabajo cumplido ante la anterior instancia, corresponde confirmar la regulación practicada en la instancia previa (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA 2375/2024).
Asimismo, por el trabajo cumplido ante esta Alzada, se regulan los honorarios del Dr. Enrique Benitez Cruz, en su calidad de apoderado y patrocinante de la actora, en la cantidad de 92 UMAs –equivalente al momento del dictado de este pronunciamiento a la suma de $6.648.380- (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA 1236/2025).
Cabe dejar aclarado que en los importes establecidos precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por lo que -frente a la acreditación de la condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente realice el beneficiario-, la obligada respecto de dichos emolumentos deberá depositar el importe correspondiente a ese tributo, juntamente con el monto del honorario.
Alta en sistema: 13/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V VI.- Que por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar la apelación del Fisco y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravios; 2) Imponer las costas de esta instancia a la demandada (art. 68, 1º parte, CPCCN); 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora del modo indicado en el considerando V.
El Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge Federico Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art.
109, RJN).
Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvanse.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 13/08/2025
Fin de la sentencia