Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 53136507-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de la parte accionada, con costas en esta instancia a la vencida, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN). Alta en sistema: 01/10/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
25934/2025 ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 53136507-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, septiembre de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que por decisorio del 29/11/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de los Cargo tributarios Nros 3175 al 3186 del año 2012 formulados contra la firma Aceitera General Deheza SA, en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12539-72-2012, en consecuencia de la Resolución Nº 158/2020 (AD SALO) dictada por la Aduana de San Lorenzo, en el expediente SIGEA Nº 13289-30402-2012, por diferencias de tributos que se habrían generado en 12 destinaciones de exportación a consumo respecto de los subproductos aceite y harina de soja, obtenidos del proceso de industrialización del insumo porotos de soja importado temporariamente por dicha firma, mediante el régimen establecido por el decreto 1330/04 y en particular la Resolución General (RG) ex AFIP nº 2147/06. Asimismo, declaró la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos e impuso las costas a la demandada.-
II.-Que contra aquel decisorio, con fecha 14/2/25 el Fisco Nacional apeló y fundó el recurso de apelación, los que fueron contestados por su contraria el 18/3/25. El día 11/3/25 se regularon los honorarios correspondientes a los letrados de la parte actora, los que fueron apelados por bajos el día 13/3/25 y por altos el día 19/3/25, los que fueron contestados por los letrados de la actora con fecha 26/3/25. El 12/8/25 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que como surge del voto del Dr. González Palazzo del decisorio recurrido: “La actora alega que la falta de agregación, en las actuaciones administrativas, de la documentación relativa a los PE y la DIT en cuestión, como así también la omisión de acompañar las constancias de los cálculos efectuados en virtud de los cuales se formularon los cargos, conlleva a [sic] la nulidad del procedimiento administrativo. Ello por cuanto no es posible conocer con certeza los fundamentos y las explicaciones relativas a los cálculos realizados, en los Alta en sistema: 01/10/2025 que se habría basado el servicio aduanero, para su determinación. Afirma que estas omisiones no le permiten ejercer debidamente su derecho de defensa”.
A lo que continuó agregando: “En este contexto…se ordenó, como medida para mejor proveer, conforme lo establecido en los arts. 1143 y 1156 del CA, intimar a la demandada a acompañar el expediente administrativo SIGEA Nº 12539-72-2012 mediante el cual tramitó el procedimiento por el que se formularon los cargos tributarios aquí cuestionados…Sin embargo la medida no fue cumplimentada por la demandada. Ello, sumado a la falta de detalle de los cálculos realizados por el servicio aduanero, imposibilita, en esta instancia, verificar si los cargos formulados resultan correctos.”
Con lo que el vocal preopinante finalizó: “Así las cosas, corresponde concluir que asiste razón a la recurrente, toda vez que la omisión de la documentación y detalle de los cálculos referidos precedentemente, no permite corroborar la validez de la reliquidación tributaria efectuada por la Aduana, ni considerada debidamente fundada…En consecuencia, los cargos tributarios dispuestos y la resolución aquí apelada, carecen de causa y motivación conforme lo establece el art. 7, incs. b) y e) de la Ley 19.549 y se encuadra en las causales del art. 14 de dicho cuerpo legal.”
IV.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).-
V.-Que corresponde poner de resalto que el artículo 1143 del Código Aduanero, otorga al Tribunal Fiscal amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria. Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo Alta en sistema: 01/10/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V y no del citado anteriormente mencionado, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).-
VI.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).- VII.-Que la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida en estas actuaciones constituye una cuestión fáctica, que no cabe en principio rever en esta instancia (artículo 1180 del Código Aduanero), atento la limitación con Alta en sistema: 01/10/2025 que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta. En tal sentido, del ejercicio por el Tribunal Fiscal de la Nación de sus facultades propias de apreciar los hechos (doctrina de Fallos 300:985) no surge que hubiera un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (conf. doctrina de Fallos 305:2261; C. Fed. en lo Cont. Adm. Sala III; in re: “Schmid, Walter Edmundo”, sentencia del 26-10-84; Sala I, in re: “Scioli S:A:”, sentencia del 14-12-93; esta sala in re: “Ducilo S.A.”; sentencia del 14-8-95; “Incobe S.R.L.”, sentencia del 23-8-95; “Siglo XXI Compañía Arg. de Seguros S.A.”, sentencia del 26-6-98; “El Tehuelche SAIC (TF 12054-A) c/ DGA”, sentencia del 18-4-2001) ni arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de la prueba.-
VIII.-Que por lo demás, corresponde poner de relieve que los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7 -95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: “Romera, Marcos”, sentencia del 21-9-93; esta Sala in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).-
IX.-Que atento a la forma en que se resuelve deviene inoficioso el estudio de los restantes agravios de la parte demandada.- Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de la parte accionada, con costas en esta instancia a la vencida, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN). Alta en sistema: 01/10/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Se deja constancia de que la Vocalía Nº 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 01/10/2025
Fin de la sentencia