Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 80577863-A
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
40300/2025 “ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 80577863-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, abril de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 80577863-A (v. DEO del 5/11/25) para tratar “los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 07/07/2025 y 10/07/2025 (v. RE-2025-73438177-APN-DTD#JGM e IF-2025-74782308-APNDTD#JGM)
concedidos el 11/07/2025 (v. PV-2025-75232737-APN-VOCXIV#TFN) contra la sentencia dictada el 23/05/2025, en cuanto confirma la Resolución N° RESOL-2024-29-E-AFIP- DIRAHI#SDGOAI, con costas por su orden (v. INLEG-2025-55387431-APN-VOCXIV#TFN)” (v. nota en la pág. 651 del exp. electrónico, donde también consta que los recurrentes expresaron agravios en plazo, y que contestaron los traslados conferidos); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución RESOL-2024-29-E-AFIP-DIRAHI#SDGOAI, dictada en la actuación SIGEA 17134-2567-
2022, en cuanto había denegado la devolución de la suma abonada en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 131/2022 y con relación al permiso de embarque 22057EC01007481P.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo nacional puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del decreto 131/22, respecto del cual entendió extensibles aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
La mayoría distribuyó las costas por su orden por la complejidad de la cuestión y el hecho de que se la resolviese en virtud de un acuerdo plenario.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que las conclusiones del organismo jurisdiccional debían ser revisadas, ya que se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, conforme fue interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Precisó que, de acuerdo con la doctrina de aquel precedente, correspondía invalidar el derecho de exportación en trato y admitir la repetición de lo abonado, dado que, al momento de dictado del decreto 131/22, ya había vencido el plazo de la delegación otorgada al Poder Ejecutivo por el artículo 52 de la ley 27.541. Además, a la fecha de registro de la destinación de exportación del caso (18/7/22), no existía ninguna ley del Congreso que hubiese convalidado dicho decreto, el cual adolecía de una inconstitucionalidad de origen. En otro orden de ideas, sostuvo que la remisión al plenario del Tribunal Fiscal de la Nación generaba un dispendio jurisdiccional y vaciaba de contenido al artículo 1164 del Código Aduanero, ya que, según una interpretación adecuada, dicha disposición habría permitido revisar la constitucionalidad del decreto en cuestión, por tratarse de una situación similar a la examinada por la Corte federal.
Citó jurisprudencia en apoyo de su interpretación, y pidió que se admitiese la devolución del importe abonado en pesos ($16.281.600), más los intereses solicitados.
3. Que, en sus agravios, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 1/12/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que en cuanto a la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para examinar la constitucionalidad del decreto 131/22, cabe remitir —mutatis mutandi— a lo resuelto por este Tribunal en las causas 41274/23 “Molinos Río de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA”, sentencia del 7/3/24, considerando 4°, y 1893/24 “Molinos Río de la Plata SA (TF 40014-A) c/ DGA”, sentencia del 9/4/24, considerando 4°, y sus citas.
Allí se señaló que la prohibición establecida en el artículo 1164 del Código Aduanero tiene carácter relativo, toda vez que dicha norma autoriza al órgano jurisdiccional a declarar la inconstitucionalidad de las leyes y sus reglamentaciones, siempre que exista jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en igual sentido.
Asimismo, se sostuvo que el Tribunal Fiscal está facultado para ejercer esa atribución respecto de disposiciones sustancialmente similares a aquella ya analizada por la Corte en Fallos: 337:388, donde se discutió la constitucionalidad de la resolución 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura, a la luz de lo establecido en el artículo 755 del Código Aduanero y el principio de legalidad en materia tributaria.
En el presente caso, al igual que en el citado precedente, se debate si, al momento de registrarse la exportación, existía alguna ley del Congreso —complementaria del Código Aduanero— que hubiese determinado previamente, de manera clara e inequívoca, la forma de cuantificar el derecho de exportación; o, en su defecto, si se había conferido rango legal al nivel impositivo establecido por el Poder Ejecutivo. Esto, conforme al criterio expuesto en dicho fallo, de que la alícuota es un elemento esencial del tributo en cuestión, alcanzada en tal CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 40300/2025 “ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 80577863-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
carácter por el principio de reserva de ley en materia tributaria y con respecto a la cual el Código Aduanero no establece mínimos recaudos, ya que, en concreto, guarda silencio sobre la alícuota máxima que puede establecerse.
En suma, lo que proporciona esa sentencia de la Corte es un estándar de validez para las normas del Poder Ejecutivo Nacional que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 755 del Código Aduanero, establezcan, quiten o modifiquen derechos de exportación ya establecidos. Pauta que no puede ser soslayada por los tribunales inferiores dada su autoridad institucional (Fallos: 342:1903; entre otros), y en virtud de la cual el tribunal administrativo pudo examinar la validez del decreto 131/22. Máxime cuando dicha doctrina fue invocada por la parte actora desde el inicio del proceso (v. p. 4, expte. cit.).
Por último, corresponde destacar que Fiscal General ante la Cámara coincidió en que el asunto debía resolverse conforme al citado precedente del Máximo Tribunal (v. dictamen referido).
6. Que se encuentra fuera de discusión que, por el permiso de embarque en trato, oficializado el 18/7/22, la actora exportó aceite en bruto, incluso desgomado aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente correspondiente a la PA 1507.10.00.100Q y abonó una alícuota de derechos del 33%, con arreglo a la norma que impugna (v. p. 90, expte. cit.).
7. Que, para examinar la validez constitucional del decreto 131/22 (BO 19/3/22), es necesario tener en cuenta sus términos y el marco normativo que fundamentó su dictado (doctr. esta Sala, causa 51372/22 “Bunge Argentina SA -TF 36695-A c/ DGA”, sent. del 13/12/22, esp. consid. 11).
En sus considerandos, aquel expresó que fue dictado “en uso de las facultades conferidas por los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones”.
A su vez, mencionó que la ley 27.519 había prorrogado hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional y que el objetivo de la medida era estabilizar los precios internos, además de alentar a los productores locales para que continuasen creciendo en la producción de cereales y oleaginosas en un contexto de mayor demanda mundial. Por último, refirió a la ley 26.939, mediante la cual se había aprobado el Digesto Jurídico Argentino.
Resta señalar que el decreto en cuestión mencionó en el visto, como parte de sus antecedentes, los decretos 230/20 y 790/20; los cuales habían sido dictados con el mismo sustento normativo, pero incluían también la referencia a la facultad delegada por “el artículo 52 de la Ley N° 27.541”.
A continuación, se examinarán las normas en que se sustentó el decreto 131/22. En lo que respecta al artículo 76 de la Constitución Nacional, cabe señalar que “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (el destacado es propio). Asimismo, establece que “[l]a caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Por su parte, el artículo 755 del Código Aduanero dispone que “en las condiciones previstas en este Código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) Gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) Desgravar…; c) Modificar el derecho de exportación establecido…” (el destacado es propio).
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el decreto 131/22 se autodefinió como delegado. No obstante, al invocar los incisos 1° y 2° del artículo 99 de la Constitución Nacional, también pretendió ejercer facultades autónomas y reglamentarias de las disposiciones de rango legal que citó como antecedentes. Esto así, con el objeto de establecer que la alícuota de derechos de exportación aplicable a la mercadería involucrada en el caso sería del 33% durante el período comprendido entre el 19/3/22 y el 31/12/22.
En efecto, el artículo 1° del decreto 131/22 dispuso: “[s]uspéndense, hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, para las mercaderías alcanzadas por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) comprendidas en el Decreto N° 790 del 4 de octubre de 2020 [entre las que se encontraba la PA 2304.00.10 con una alícuota del 31%], las alícuotas del derecho de exportación allí establecidas y actualmente exigibles, resultando de aplicación desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta aquella fecha, inclusive, las fijadas para las referidas mercaderías en el Decreto N° 230 del 4 de marzo de 2020 [que era del 33%]”.
8. Que, a fin de determinar si lo dispuesto por el decreto 131/22 excedió el marco de las bases establecidas por el órgano legislativo, o, en su caso, si pudo sustentarse en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1° y 2°, de la Constitución Nacional, resulta oportuno recordar la doctrina sentada por la Corte en el tantas veces citado fallo “Camaronera Patagónica SA”; la cual puede resumirse en los siguientes postulados: (i) El principio de legalidad o reserva de ley, aplicable a los derechos de exportación dada su naturaleza tributaria, “abarca tanto la creación de impuestos, tasas y contribuciones como las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (consid. 8º del voto de la mayoría; énfasis añadido).
(ii) Ese principio no cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el art. 76 de la Constitución Nacional.
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En este sentido la Corte ratifica, con remisión a anteriores precedentes, que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo (Fallos: 326:4251)” (consid. 9° del voto de la mayoría).
(iii) Aun cuando se soslayase lo sostenido en el punto ii, no resultaría admisible sostener que la ley 22.415 ni mucho menos la ley de emergencia 25.561 ―y sus sucesivas prórrogas― han otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para establecer el tributo cuestionado, toda vez que no establecen “siquiera con mínimos recaudos” sus elementos esenciales (consid. 9° del voto de la mayoría).
En particular, el Código Aduanero “prevé la existencia de derechos de exportación y regula aspectos atinentes a tal tipo de gravámenes, los arts. 733 y ss. establecen que el derecho de exportación puede ser ad valorem (es decir, de base imponible variable en función del valor de la mercadería) o bien específico (una cantidad determinada, fija o variable en función de la cantidad de mercadería que se exporte), pero para el caso en concreto aquí discutido, como puede observarse, no es el legislador quien ha determinado, de manera cierta e indudable, cuál es la forma de cuantificar la prestación…En efecto, el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (consid. 9° del voto de la mayoría; énfasis añadido). (iv) En el ámbito de los derechos aduaneros cobra relevancia la doctrina según la cual "tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida (Fallos: 246:345 y 328:940). En el contexto detallado, resulta admisible que el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa….Sin embargo, tal como se expuso en el considerando anterior, la resolución cuestionada no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda aquí completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo” (consid.10 del voto de la mayoría; énfasis añadido). (v) El Congreso Nacional puede sanear, hacia el futuro, cualquier nulidad de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de tales atribuciones.
En este sentido, la Corte afirma que, aunque no sea posible “convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable”, no existe razón alguna para privarla de efectos desde la entrada en vigencia de aquella ley que “otorga a su contenido rango legal”; siendo para ello necesario que se identifique la norma aprobada, o bien, que el universo de normas aprobadas resulte, por lo menos, determinable (v. consid. 11 del voto de la mayoría).
9. Que, conforme a las pautas previamente expuestas, se adelanta que el derecho de exportación establecido por el decreto 131/22 no satisface plenamente el principio de reserva de ley en materia tributaria.
En efecto, la medida no se ajusta a los postulados de la Corte, dado que el artículo 755 del Código Aduanero, aunque constitucionalmente válido, resultaba insuficiente por sí solo para conferir al Poder Ejecutivo una delegación normativa adecuada. Esto se debe a que no establece un límite cuantitativo específico respecto de la alícuota aplicable (véanse, en especial, los considerandos 9° y 10 del voto mayoritario).
Las leyes 26.939 y 27.519 tampoco contemplaron límites precisos en lo relativo al aspecto cuantitativo del tributo —tal como lo exige la jurisprudencia de la Corte—. En cuanto a la otra norma legal invocada —no por el decreto 131/22 en sí, sino por aquellos que citó como antecedentes—, es decir, el artículo 52 de la ley 27.541, debe tomarse en cuenta que la delegación allí conferida —“para fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el treinta y tres por ciento (33%) del valor imponible o del precio oficial FOB”— se extendía temporalmente “hasta el 31 de diciembre de 2021”, mientras que el decreto 131/22 entró en vigor el 19/3/22; es decir, cuando ya había vencido el plazo de la delegación.
Debe insistirse, en este punto, en que la delegación es constitucionalmente válida, únicamente, si se la establece “con plazo fijado para su ejercicio” (art. 76, CN); limitación, ésta, que tiene por finalidad hacer ver el carácter excepcional y transitorio de la delegación y facilitar que el Congreso controle y decida si renueva periódicamente las delegaciones que ha realizado en el Poder Ejecutivo. En consecuencia, vencido el plazo de delegación, el Poder Ejecutivo no puede seguir legislando; salvo que se haya delegado en este último la decisión de prorrogar el plazo de la delegación, y siempre que esa prórroga estuviese limitada de antemano (cfr. SANTIAGO (h), Alfonso y THURY CORNEJO, Valentín, Tratado sobre la delegación legislativa, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2003, pp. 418-419 y 423).
Nótese que, ni del texto expreso del artículo 52 de la ley 27.541, ni del de ninguna otra ley posterior, surge que se haya delegado la facultad de prorrogar el plazo para el ejercicio de las facultades delegadas, por lo que tampoco podría servir esto como sustento para la competencia normativa que ejerció el Ejecutivo en el período posterior al 31 de diciembre de 2021.
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Con respecto a las disposiciones del artículo 99, incisos 1° y 2°, de la Constitución Nacional —que facultan al presidente para dictar normas reglamentarias y ejercer funciones propias del Poder Ejecutivo— tampoco bastan, según la doctrina de la Corte, para establecer alícuotas tributarias en ausencia de una ley vigente que complemente al Código Aduanero y fije al menos un parámetro máximo. Sin esa base legal, se vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria.
Para más, el artículo 11 de la ley 26.122, que establece el régimen legal de los decretos de delegación legislativa, disipa cualquier duda al aclarar que “[l]as bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo”. Finalmente, cabe destacar que, con posterioridad al dictado del decreto 131/22 y antes de la fecha de registro de la destinación involucrada en el caso, no se dictó ninguna ley formal que estableciera un nivel máximo de imposición para la exportación de la mercadería en cuestión ni que otorgara rango legal a la alícuota del 33%. Incluso, el proyecto de ley de presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 —que preveía en su artículo 81 la prórroga de las facultades previstas en el artículo 52 de la ley 27.541 hasta el 31 de diciembre de 2024 (texto disponible en https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2022/ley/pdf/ proy2022.pdf) —, no fue aprobado por el Congreso, lo cual evidencia la falta de convalidación legislativa de dicho esquema tributario.
Todo lo expuesto coloca al decreto 131/22 fuera del marco constitucional, por incumplir con el principio de reserva de ley en materia tributaria (art. 19 CN y doctrina de Fallos: 337:388).
10. Que, en el caso, existe controversia sobre la incidencia que pudo haber tenido la ley 26.122 con relación a la validez del derecho de exportación cuestionado, ya que el Fisco argumentó que, en virtud de lo que establecen sus artículos 17 y 24, el Congreso habría convalidado todos los elementos del tributo desde el momento mismo en que se publicó el decreto 131/22 (v. esp. p. 134, expte. cit.).
Sobre este punto, es dable aclarar que la ley 26.122 tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos “de necesidad y urgencia”, “por delegación legislativa”, y “de promulgación parcial de leyes” que dicta el Poder Ejecutivo (art. 1°). Establece, asimismo, que la Comisión Bicameral Permanente prevista en los arts. 99, inciso 3° y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional, debe expedirse acerca de la “validez o invalidez” de los decretos mencionados y, ulteriormente, elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento (arts. 10 a 14). A su vez, con respecto a los decretos por delegación legislativa, prescribe que el dictamen debe pronunciarse expresamente “sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio” (art. 13).
También prevé que los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99, inciso 3° y 80 de la CN, tienen plena “vigencia” de conformidad a lo establecido en el artículo 2° del Código Civil —actual artículo 5° del CCyC— (art. 17). Por último, expresa que el rechazo por ambas Cámaras del Congreso de los decretos de que se trate implica su “derogación”; es decir, que el referido rechazo sólo es operativo si lo efectúan por ambas Cámaras (art. 24).
En ese contexto, el planteo de la accionada debe ser rechazado porque, en los términos de la ley 26.122, la eventual validación del Congreso solo podría tener lugar mediante resoluciones de ambas cámaras; sin que ello resulte equiparable a la aprobación expresa y específica por parte del Congreso mediante la sanción de una ley formal, como la que contempló la Corte en “Camaronera Patagónica SA” en orden a salvaguardar el principio de legalidad en materia tributaria. Con mayor razón, entonces, cabe descartar que haya adquirido rango legal un decreto que, como el que es materia de examen, no cuenta con aprobación alguna del órgano legislativo (doctrina de esta Sala, causa 51372/22 “Bunge Argentina S.A. (TF 36695-A) c/ DGA”, sentencia del 13/12/22, considerando 13).
En efecto, conforme a la literalidad de los artículos 17 y 24 de la ley, la falta de rechazo expreso por parte de ambas cámaras del Congreso solo puede interpretarse como una continuidad en la “vigencia” de dicho decreto desde su publicación (19/4/22) y hasta la fecha en que se registró la operación del caso (18/7/22).
Sin embargo, la situación de una norma delegada que no ha sido expresamente validada no puede asimilarse —según el texto expreso de la ley— a aquella que sí cuenta con un pronunciamiento explícito sobre su validez o invalidez. Esto implica que no se ha determinado su procedencia formal, ni su adecuación a la materia y a las bases de la delegación, ni el cumplimiento del plazo fijado para el ejercicio de dicha facultad.
Por lo demás, la eventual intervención aprobatoria de ambas cámaras –que, cabe reiterar, no ha mediado con relación al decreto 131/22–, tampoco podría neutralizar el control judicial de la compatibilidad de la norma con el programa constitucional; control al que está sujeta cualquier ley y, más aun, una norma comprendida en el régimen de la ley 26.122. Concretamente, en el marco de esta controversia judicial se ha examinado la validez del decreto 131/22 y puesto de manifiesto que no cumplió las condiciones previstas por el artículo 76 de la Constitución Nacional, en la medida en que a la fecha de su dictado ya había caducado la delegación otorgada por el artículo 52 de la ley 27.541 y, en definitiva, el elemento cuantitativo del derecho de exportación estaba al solo arbitrio de la Administración.
11. Que, por todo lo expuesto, no caben dudas de la invalidez constitucional del decreto 131/22, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 40300/2025 “ACEITERA GENERAL DEHEZA SA (TF 80577863-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
Además, porque –de conformidad con la señalada doctrina del Máximo Tribunal– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que se registró la exportación del caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por el citado decreto.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación abonado por la actora y admitir la repetición de la suma en pesos reclamada por tal concepto, más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
12. Que, teniendo en cuenta los planteos que formularon las partes con respecto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición y hasta la fecha del efectivo pago (v. pp. 54 y 149, exp. cit.), se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las tasas prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22 y en el artículo 4º de la resolución ME 3/24. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
13. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial examinar su apelación. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa según su estado (v. DEOX enviado el 20/11/25).
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia