Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 117.896
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el defensor Oficial, Dr. Martín Lucas Di Cuollo.
II. Hacer lugar, sin costas, al recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial de Carlos Marcial Acevedo, revocar la resolución dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza, y reenviar las presentes actuaciones a conocimiento del mentado organismo, a los efectos que, por medio de jueces hábiles, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a las directivas impartidas por esta Sala en la resolución de fecha 17/03/2022.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 117896 caratulada “ACEVEDO, CARLOS MARCIAL S/ RECURSO DE QUEJA”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA- CARRAL.
El 1 de noviembre del año 2021, el Dr. Alfedro Pedro Drocchi, juez del Tribunal en lo Criminal N° 3 de La Matanza, en integración personal, previo acordar en forma conjunta el Fiscal, el imputado su defensor el trámite de juicio abreviado en los términos del art. 395 y s.s del CPP, condenó a Carlos Marcial Acevedo a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, con más declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, hecho ocurrido al menos desde el día 7 de octubre de 2019 hasta el 20 de julio de 2020 y el 28 de julio de 2020 en la localidad de Gregorio de Laferrere de La Matanza, en perjuicio de la Salud Pública (arts. 5,12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 50 del CP; 5to. inc. c de la ley 23.737; 18, 210, 395 ss y cc, 530 y ss del CPP). En la misma decisión se condenó a sus coimputados, Tamara Nahir Gonzalez, a la pena de cuatro (4) años de prisión domiciliaria, accesorias legales y costas, y a Alejandro José Vega, a cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El Defensor Oficial de Vega, Dr. Raúl Román Marcial, interpuso recurso de casación.
El 17 de marzo de 2022, esta Sala I del Tribunal de Casación Penal resolvió casar dicha resolución, decisión que hizo extensiva a Carlos Acevedo y Tamara Nahir Gonzalez, y reenviar a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
El 13 de abril de 2022 el Tribunal en lo Criminal N° 3 de La Matanza, desestimó el acuerdo de juicio abreviado celebrado por las partes y se excusó de seguir interviniendo.
El Defensor Oficial, Dr. Martín Lucas Di Cuollo, interpuso recurso de casación, que tras ser rechazado, motivo la presentación del recurso de queja, los cuales se encuentran incorporados en formato digital.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 06/06/2022 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Sostiene el Defensor Oficial que la resolución impugnada no cumple con lo ordenado por la Sala I del Tribunal de Casación, lo que le ocasiona a su defendido un gravamen irreparable al colocarlo nuevamente ante el proceso y con una calificación legal mas gravosa que la pactada anteriormente junto al Fiscal y admitida por el A Quo en los términos del articulo 398 inc. 2 del CPP. Explica que la nueva decisión desestimó el acuerdo de juicio abreviado que el mismo juez, el 01/11/2021, había admitido, circunstancia que evidencia una autocontradicción manifiesta en el propio sentenciante. Que avanzó sobre un acto procesal que se encontraba firme y no había sido cuestionado. Explica que si bien el abogado defensor de Vega apelo la resolución, no cuestionó la admisibilidad del pacto del juicio abreviado, sino el análisis realizado por el juez respecto de la participación de su asistido en el hecho. Que de la resolución del Tribunal de Casación surge que el tratamiento dado por el tribunal local en la primera cuestión del veredicto (existencia de los hechos y participación del imputado) no se ajustaba a las pautas legales y constitucionales por insuficiencia probatoria y falta de fundamentación, haciendo hincapié en la ilegal consideración de lo manifestado por los imputados en la audiencia de visu prevista en el art. 41 del CP, la mera mención de "elementos de convicción", sin desarrollo ni explicación de manera circunstanciada, precisa y detallada de los motivos en que se fundó y la errónea valoración de las actas de allanamiento. Solicita que se anule el pronunciamiento impugnado y se reenvíe las actuaciones a la instancia de origen a fin de que dicten una nueva resolución según las directivas impartidas el 17/03/2022 por esta Sala. El recurso fue interpuesto contra una decisión del Juez del Tribunal en lo Criminal N° 3 de La Matanza, en la que desestimó el acuerdo de juicio abreviado celebrado por las partes y se excusó de seguir interviniendo.
Sin perjuicio de que el art. 398 inc. 1 establece que la resolución que desestima un acuerdo de juicio abreviado resulta inimpugnable, el presente recurso excede el prieto marco de la norma, al cuestionarse que el Tribunal en su pronunciamiento no cumplió con lo ordenado por la presente Sala en la resolución de fecha 17/03/2022 en causa N° 114.873 y constituyó lo decidido, en la práctica, en una reformatio in peius .
Aún cuando lo decidido carezca de definitividad, debe ser equiparado pues por sus efectos provoca agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiere tutela judicial inmediata (conf. causas P 119.663, resol de 15-X-2014; P 118.572, resol. de 4-XI-2015; P124.803, resol. de 29-XII-2015; P 127.121, resol. de 14-XII-2016, e.o.). La materia involucra una cuestión federal cuyo planteo es útil para demostrar la infracción alegada, pues se advierte un apartamiento de la solución legal prevista para el caso, lo que constituye una causal definida de arbitrariedad (art. 14 ley 48).
Con ello, concurren cuestiones excepcionales que autorizan la intervención de esta instancia (TCPBA, Sala I, c. 80.819, rta. 14 de febrero 2017, reg. 144/17, entre otros).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto del doctor MAIDANA en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
El recurso habrá de prosperar.
En primer lugar, corresponde hacer un breve repaso de la tramitación del proceso.
El 1 de noviembre de 2021 el juez del Tribunal en lo Criminal N° 3 de La Matanza, Dr. Drocchi, en integración personal, previo acordar en forma conjunta el Fiscal, el imputado, su defensor el trámite de juicio abreviado en los términos del art. 395 y s.s del CPP, condenó a Carlos Marcial Acevedo a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, con más declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y a los coimputados, Tamara Nahir Gonzalez, a la pena de cuatro (4) años de prisión domiciliaria, accesorias legales y costas, y a Alejandro José Vega, a cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El Defensor Oficial de Vega, Dr. Raúl Román Marcial, interpuso contra dicha decisión recurso de casación. En la misma no cuestionó la admisibilidad del pacto del juicio abreviado, sino el análisis realizado por el magistrado respecto de la participación de su asistido en los hechos.
El 17 de marzo de 2022 la Sala, en la causa N° 114.873, resolvió casar dicha resolución, decisión que hizo extensiva a Carlos Acevedo y Tamara Nahir Gonzalez, Ello así, pues el pronunciamiento recurrido, no se ajustaba a las pautas constitucionales y legales indicadas.
En efecto, al tratar la primera cuestión del veredicto –relativa a la existencia de los hechos y la participación-, el sentenciante valoró como primer elemento de prueba los dichos del imputado en el marco de la audiencia a tenor del art. 41 del CP y 398 del CPP.
La constitución Nacional como los tratados internacionales consagran expresamente la prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo (art. 18 CN).
La audiencia a tenor del art. 398 es al solo efecto de que el juez interviniente tome contacto con el imputado y lo ponga en conocimiento de las consecuencias de la vía adoptada –juicio abreviado-. En ese marco, ninguna de las conformidades prestadas o admisiones efectuadas por el imputado podrán ser tomadas en su contra como reconocimiento de culpabilidad. En consecuencia, se impuso la exclusión de dicho medio probatorio.
De este modo, el sentenciante se limitó a mencionar someramente los elementos de convicción a partir de cuya ponderación tuvo por comprobados tales extremos de la imputación, omitiendo desarrollar y explicar de manera circunstanciada, precisa y detallada los motivos en que se fundó a tales fines.
Con ello, la ausencia de explicación o desarrollo fundamentado del contenido de los elementos probatorios referenciados, impidió realizar un control integral de la logicidad y racionalidad de las conclusiones y juicios de valor volcados en la resolución, a la par de privar ello a la defensa de conocer en detalle el modo en que fue ponderado el conjunto de la prueba.
Como consecuencia, se dispuso el reenvío de las actuaciones a conocimiento del Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 de La Matanza a fin que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. El 13 de abril de 2022 el Juez integrante del Tribunal en lo Criminal N° 3, actuando como órgano unipersonal, al dictar el nuevo pronunciamiento excluyó como medio probatorio las conformidades prestadas o admisiones efectuadas por el imputado en la audiencia de visu, analizó las pruebas de la IPP y tuvo por probado que los tres, Alejandro José Vega, Tamara Nahir Gonzáles y Carlos Marcial Acevedo vendían de manera organizada cocaína.
Así concluyó que la conducta configuraba el delito de comercio de estupefaciente agravado por la intervención de tres personas, previsto y reprimido por el art. 5 inc. c y 11 de la ley 27.737, por lo que desestimó el trámite de juicio abreviado propuesto por las partes (art. 398 inc.1 CPP), pues existía una discrepancia insalvable con la calificación legal aplicada en el acuerdo. Resolvió desestimar el acuerdo de juicio abreviado celebrado por las partes, y excusarse para seguir interviniendo por haber emitido opinión sobre puntos a decidir (arts. 47 inc. 1 del CPP). De este modo, el tribunal encargado de dictar una nueva sentencia, resolvió la causa empeorando los términos en que fue dictada la primera sentencia para el recurrente, como consecuencia exclusiva del recurso de casación interpuesto.
Nuestra Corte Suprema ha afirmado, reiteradamente, que la prohibición de la reformatio in peius es también una garantía constitucional, cuya inobservancia "afecta al debido proceso y lesiona el derecho de defensa del acusado". La reformatio in peius vive en el ámbito de los recursos contra las resoluciones jurisdiccionales y, básicamente, significa prohibir al tribunal que revisa la decisión, por la interposición de un recurso, la modificación de la resolución en perjuicio del imputado, cuando ella solo fue recurrida por él o por otra persona, autorizada por la ley, en su favor.
El vínculo entre la llamada prohibición y la inviolabilidad de la defensa ha sido concebido por la Corte Suprema a partir de la sorpresa que provoca un fallo más adverso que el recurrido, cuando el acusador no recurrió, y la jurisdicción del tribunal del recurso sólo fue excitada por el imputado o por otra persona a su favor, pues, de esa manera, el fallo perjudicial "habría sido dictado sin jurisdicción, y además, afectaría de manera ilegítima la situación obtenida por el procesado merced a la sentencia - consentida por el ministerio público de la instancia anterior y lesionaría, de este modo, la garantía del art. 18 de la Constitución nacional." ("Derecho Procesal Penal I. Fundamentos. Julio B. Maier" pag. 590). Así se advierte que la resolución de fecha 17 de marzo de 2022 el Tribunal de Casación ordenó al Sr. Juez a cargo del Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza, que dicte un nuevo veredicto, en la que debía analizar las pruebas conforme a los lineamientos arriba citados, sin embargo el A Quo no sólo incumplió con lo ordenado, sino que se retrotrajo y modificó un acto procesal, como la admisibilidad del juicio abreviado que se encontraba firme conforme lo previsto en el artículo 111 del ritual, pues no había sido cuestionado por las partes, y que el mismo juez, en fecha 01/11/2021 había admitido, circunstancia que evidencia una autocontradicción manifiesta en el propio sentenciante.
De esta forma, el Juez convirtió al resultado favorable de un recurso interpuesto por un imputado en un resultado desfavorable tanto para aquel como para sus consortes de causa, lo cual conculca el principio "reformatio in peius" previsto en el artículo 435 del C.P.P. Conforme a lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, casar la resolución dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 3 de La Matanza, y reenviar las presentes actuaciones a conocimiento del mismo tribunal, para que debidamente integrado por jueces hábiles, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a las directivas impartidas por esta Sala en la resolución de fecha 17/03/2022.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el defensor Oficial, Dr. Martín Lucas Di Cuollo.
II. Hacer lugar, sin costas, al recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial de Carlos Marcial Acevedo, revocar la resolución dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Matanza, y reenviar las presentes actuaciones a conocimiento del mentado organismo, a los efectos que, por medio de jueces hábiles, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a las directivas impartidas por esta Sala en la resolución de fecha 17/03/2022.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia