Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Morón
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara desierto el recurso de apelación interpuesto, con costas al apelante (art. 68 del CPCC); asimismo se ponen en conocimiento del letrado de la parte actora las circunstancias aquí señaladas, en relación a las citas incluidas en su presentación. PROCEDASE A COMUNICAR ESTA DECISIÓN, vía oficio a librarse por Secretaría, al Colegio de Abogados de este Departamento Judicial solicitando que -si lo estima pertinente y por los carriles que se consideren- se proceda a difundir entre los matriculados la importancia de verificar cuidadosamente las citas empleadas, en caso de utilizarse herramientas de inteligencia artificial generativa para preparar sus presentaciones.
Expediente Organismo: CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA I - MORON Causa:ACEVEDO GERARDO GABRIEL C/ CACERES MARECO WILLIAN ARSENIO Y AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM.
C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) - Número: MO-19435-2020 Documento ///En la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, celebran Acuerdo de Sala los señores Jueces doctores Liliana Graciela Ludueña y Gabriel Hernán Quadri (Presidenta y Vocal respectivamente de esta Sala I) conforme lo establecido en el Acuerdo Extraordinario de esta Cámara de Apelación n° 898 del año 2025 para pronunciar sentencia en los autos caratulados "ACEVEDO GERARDO GABRIEL C/ CACERES MARECO WILLIAN ARSENIO Y AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", de conformidad con el artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por lo que habiéndose practicado el sorteo pertinente (arg. art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial) con la integración correspondiente, resulta que debe observarse el siguiente orden de votación: doctores QUADRI-LUDUEÑA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR QUADRI, dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 Departamental con fecha 3 de Febrero de 2025 dictó sentencia, haciendo lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen.
Apela la actora.
Su recurso se concede libremente.
Fue fundado con la expresión de agravios de fecha 26 de Mayo de 2025, que no fue replicada y a cuyos términos cabe remitirse.
Cumplidos los pasos procesales pertinentes se llamaron "AUTOS PARA SENTENCIA", providencia que fue consentida, procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, quedando entonces las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. Para comenzar mi abordaje de los temas traídos, lo primero que he de analizar es la suficiencia técnica de los fundamentos recursivos.
En este sentido, creo que la argumentación que se trae es notoriamente insuficiente. Para explicar esto que digo, partimos de una base: cuando alguien legitimado para recurrir interpone una apelación y sostiene que una resolución judicial es incorrecta o equivocada asume, inmediatamente, la carga de demostrar el por qué de su afirmación. Lo cual se lleva a cabo en un plano argumental, atravesado predominantemente por la técnica jurídica.
En este sentido, es bueno recordar que el art. 260 del CPCC establece que "el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas", agregando que "no bastará remitirse a presentaciones anteriores".
Las mismas pautas rigen para el memorial con el que se funda un recurso concedido en relación (art. 246 CPCC).
Como se ve, la expresión de agravios no es una argumentación que pueda llevarse a cabo de cualquier forma, sino que se encuentra reglada doblemente:
- por las normas procesales, por un lado, y - por las reglas de la lógica judicial, en su otra vertiente.
Las primeras prescriben los recaudos formales que el litigante debe cumplir en sus presentaciones; las segundas no se encuentran escritas en la ley, pero predeterminan el destino del recurso.
Veamos esto con un poco mas de detenimiento.
La ley, como leemos en el artículo, solo alude a dos requisitos:
- La crítica debe ser concreta, es decir, debe ser precisa y rigurosa, perceptible de manera clara y nítida.
- Y, a la vez, debe ser razonada: lo que implica que los fundamentos y las bases del recurso deben demostrar el error en el razonamiento contenido en la sentencia que se impugna.
Para lo cual, no sería suficiente:
- el simple relato de lo sucedido en el expediente;
- las postulaciones dogmáticas;
- la copia, con alguna variante, de lo ya sostenido en la instancia anterior (cuestión que últimamente se ve cada vez de manera más frecuente, como derivación de las funciones de copiado y pegado de los procesadores de texto);
- la mera discrepancia de criterio;
- la sola cita de fallos, que no traten de relacionarse con el caso concreto para demostrar su similitud - la exposición de un criterio distinto al del juzgador - las objeciones genéricas (v. gr., que el fallo es "arbitrario" o falto de fundamentos, o afirmaciones similares).
Desde esta perspectiva, a quien apela una decisión judicial le corresponde una doble labor.
Primero, analizar el fallo e interpretar qué se decidió y por qué se decidió como se decidió.
Es decir generarse un esquema argumental del fallo donde detecte todos sus pilares argumentales.
Luego, y una vez hecho esto, tratar de demostrar que lo decidido es erróneo. Lo cual implica ir sobre su motivación, en el plano fáctico o jurídico y demostrar que se ha incurrido en un error.
Para lo cual deberá aportar dar fundamentos suficientes que apunten a refutar todos los argumentos esenciales de la resolución (es decir sus pilares fundamentales), plasmando esos fundamentos -de manera concreta y razonada- en el escrito con el que funde su recurso (memorial o expresión de agravios).
Recalco algo fundamental: para cumplir con esta exigencia deben refutarse todos y cada uno de los argumentos que construyen el esqueleto argumental de la decisión. Si algún postulado esencial queda desatendido por el apelante, lo mas probable es que el recurso, por esa sola razón, resulte insuficiente (con todo, esto debe observarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso).
Y todo esto que vengo marcando es una carga del apelante que, por supuesto, no puede ser suplida por la Cámara.
Es decir, el apelante tiene la carga (imperativo del propio interés) de fundar adecuadamente su recurso, demostrándole a la Cámara en dónde se ha equivocado el juez, o jueza, de primera instancia.
Y hablo de una carga porque, si no funda el recurso como la ley indica, la sanción será la deserción del recurso (art. 261 del CPCC).
Es decir, el apelante no está obligado a fundar correctamente su recurso, pero si no lo hace, es él quien se perjudica.
Porque, como decía, la Cámara no va a suplir lo que le corresponde hacer al apelante, incluso porque juegan aquí razones de igualdad de trato procesal (art. 34 inc. 5 ap. c y ccdtes. CPCC).
El criterio que debe emplearse al analizar estos requisitos debe ser amplio y elástico, resguardando siempre la defensa en juicio (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), conjugándolo con las características propias de la resolución que se apele (pues no se puede exigir demasiada solvencia argumental si los fundamentos que tienen para rebatirse son escasos) y de la controversia de la que se trate, sin olvidarnos que nos hallamos ante recursos ordinarios, donde las pautas son menos estrictas -por ejemplo- que en sede extraordinaria.
Pero esta elasticidad y flexibilidad no implica relevar al apelante de traer crítica suficiente que, cuanto menos, compute la totalidad de los fundamentos en que se apoya la resolución y procure refutarlos, de manera eficaz.
Este contralor de suficiencia técnica, debemos efectuarlo antes de entrar a analizar siquiera los motivos de la impugnación, tal como lo marca el art. 261 del CPCC ("Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o no lo hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior, se declarará desierto el recurso").
Mientras tanto, si el recurso es suficiente (es decir, si la crítica traída es concreta y razonada), se ingresará al tratamiento de sus planteos, en los términos del art. 266, parte final, del CPCC y, allí, se determinará si le asiste, o no, razón a quien apela en los errores y objeciones que formula.
Este recaudo de suficiencia técnica es de análisis preliminar, puede efectuarse a pedido de parte pero también de manera oficiosa y si a resultas del mismo se concluye que no se lograron cumplir las exigencias del art. 260 del CPCC, así se lo hará saber, declarando desierto el recurso, por supuesto explicando por qué no se llegaron a cumplir las exigencias del art. 260 del CPCC.
Lo que vengo indicando ha sido también señalado por la Suprema Corte de Justicia al decir que "el desarrollo de los agravios a la luz del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, supone, como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho" (Sup. Corte Bs. As., 31/08/2021, "Aguas de la Costa S.A. c/ Municipalidad de La Costa s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", entre varios otros en el mismo sentido).
Y que "las exigencias que impone el art. 260 del Código adjetivo local, respecto de la crítica "concreta" se debe a que la misma tiene que referirse específicamente al error de la resolución por el cual se reclama ante la alzada -obviamente que haga al eje de la decisión-, debiendo contener una indicación de los supuestos errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento. Y que sea "razonada" significa que debe presentar fundamentos y explicación lógica de por qué el juez ha errado en su decisión" (SCBA, 08/05/2019, "Schachtl, José MArtín c/ Schachtl, Antonio Guillermo s/ materia a categorizar", entre otros).
Dicho todo esto, vamos a analizar -ahora- este caso que tenemos para decidir hoy. Y así veremos que la expresión de agravios está construida prácticamente en base a citas de fallos.
Lo cual, en principio, no sería suficiente para cumplir con las exigencias del art. 260 del CPCC.
Pero en este caso, tenemos algo mas.
Porque dentro de los fallos que se citan, se menciona una causa de este mismo tribunal en base a la cual se argumenta: "Barrios, Rubén Darío c/ Acuña, Gustavo Gabriel s/ Daños y perjuicios", indicando como número de causa el "61.169".
Casi la totalidad del agravio se construye apoyándose en ese caso.
Pero sucede que, intentando localizarlo, no pude ubicar ni el fallo que se menciona (y en base al cual se argumenta) ni siquiera la causa (lo intenté con la carátula y también el número de causa).
Además, el fallo es citado sin fecha, lo que impide también buscarlo en los libros de registro.
Incluso me llamó la atención porque en sus argumentos el apelante evoca una tasa que no es a la que acudimos, por regla, en esta jurisdicción: "la Tasa Activa del Banco Nación".
Tampoco la alusión responde al fallo, mas conocido, "Barrios" que sí es de esta jurisdicción y fue la causa en la cual la SCBA se pronunció acerca de la inconstitucionalidad sobrevenida de los arts. 7 y 10 de la ley 23.92 (causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios"). Es decir, se cita un fallo "Barrios" que no es el clásico fallo "Barrios" y que, en realidad, parece no existir (ni siquiera se menciona la fecha del eventual pronunciamiento). Porque, además, se evocan cuestiones de dicho fallo que no se ajustan a los criterios que se vienen sosteniendo, reiteradamente, desde las Salas de esta Cámara, en base a la postura de la SCBA (casos "Vera", "Nidera", "Paredes", entre otros). Desde otro ángulo, si el apelante pretendía sostener que la solución del fallo (en materia de fecha a la cual se computaban los valores resarcitorios e interés aplicable) le resultaba perjudicial debió argumentar, de manera concreta, para demostrarlo. Cosa que no hizo.
Lo que tenemos, entonces, es una argumentación insuficiente y apoyada en fallos que no corresponden a los antecedentes del tribunal.
Este aspecto de su argumentación, entonces, es insuficiente.
Lo mismo sucede en la otra parte de su recurso (la referente a la privación de uso) donde vuelve a evocarse este fallo "Barrios" y se mencionan dos causas mas. Uno ("Ortiz") supuestamente de esta Sala (y que tampoco podemos localizar) y otro ("Rodriguez") que según el apelante provendría de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, imposible también de ser localizado (por mas que lo he intentado tanto a través de Juba -que es el servicio oficial de la SCBA para buscar jurisprudencia- como del servicio MEV -para buscar la causa-).
Incluso sería importante porque este último fallo implicaría un cambio en lo que, normalmente, se evoca en materia de fallos de la SCBA respecto de este tema puntual. Pero, como decía, por mas que lo he buscado, el fallo no puede localizarse, ni siquiera es ubicable el sumario dentro de la base de datos Juba.
En definitiva: se construyó toda la expresión de agravios tratando de revertir la solución de la sentencia apelada en base a menciones de fallos, citados de manera parcial (sin fecha) y que no pueden ser localizados.
Esto, a mi modo de ver, no configura una crítica "razonada" de la sentencia, en los términos del art. 260 del CPCC.
Por lo cual, considero que el recurso debe declararse desierto.
Con todo, creo que nuestra decisión no puede terminar allí.
Porque, en los tiempos que corren y como es sabido, a partir del conocido fallo de la justicia norteamericana dictado en "Mata v. Avianca" (sobre el tema, la red está plagada de información, pero para una primera aproximación, puede leerse el trabajo de Milagros TALLARICO accesible desde el siguiente enlace:
https://aldiaargentina.microjuris.com/2024/08/19/doctrina-consecuencias-juridicas-de-lasalucinaciones-en-herramientas-de-inteligencia-artificial-generativa-analisis-del-caso-robertomata-vs-avianca-airlines/) se ha instalado en los tribunales la cuestión de la evocación de precedentes inexistentes, a partir del (inadecuado) uso de sistemas de inteligencia artificial generativa por parte de los profesionales.
A este fenómeno se alude con el nombre alucinaciones y configura, en esencia, una situación donde los sistemas de inteligencia artificial generativa brinda al usuario respuestas integradas por información que, luego, no se corresponde con la realidad.
La cuestión se presenta cuando esta información se usa en el ejercicio profesional, y comienzan los errores (sobre el tema puede verse el profundo análisis efectuado en SALIERNO, Karina V. - BIELLI, Gastón E., IA generativa en la praxis legal: responsabilidad profesional y doble control en el uso de LLMs, LL 29/08/2025, 10, accesible desde este enlace: https://escribaniasalierno.com.ar/2025/08/29/inteligencia-artificial-responsabilidadprofesional/).
Vamos a lo que nos toca: ¿qué hacer cuando desde la jurisdicción se advierten estas circunstancias?
En lo personal, no comparto la idea (y tendencia) de imponer sanciones al profesional involucrado, sino que considero que este tipo de situaciones deben abordarse desde un enfoque empático y colaborativo para fomentar un mejor uso de las herramientas tecnológicas en la profesión.
Es la postura tomó el Dr. Puccinelli en el fallo "Giacomino" (se lo puede leer en este enlace: https://www.diariojudicial.com/uploads/0000059392-original.pdf) y que comparto plenamente.
No creo que frente a este tipo de situaciones corresponda, directamente, sancionar. Primero, porque este tipo de conductas no encuadran en ninguna de las sancionables por el art. 45 del CPCC (temeridad o malicia) ni dentro del ámbito del art. 35 inciso 3° del CPCC.
Segundo, porque el criterio para sancionar debe, siempre, ser restrictivo. Tercero, porque, a lo sumo se trataría de un error, en el uso de tecnologías disruptivas y novedosas.
Cuarto, porque no corresponde importar mecánicamente soluciones extranjeras, forjadas en un contexto donde el valor del precedente judicial es enfocado de manera diversa de lo que sucede en nuestro ámbito.
Con todo, pienso que algo debemos hacer frente a lo sucedido.
Esas herramientas existen, y se utilizan, con lo cual -desde mi punto de vista- todos los involucrados -de alguna manera u otra- con la prestación del servicio, debemos contribuir, en lo que podamos y cuando detectemos estas situaciones, a que su aprovechamiento (porque pueden potenciar mucho nuestro trabajo) se haga de manera ética y responsable.
Aquí no puedo afirmar, con certeza, que la cita de fallos que no existen (o al menos no están localizables) provenga de un inadecuado uso de herramientas de inteligencia artificial.
Puede deberse a múltiples causas.
Pero, dado el contexto y la reiteración (en otras jurisdicciones) de este tipo de situaciones, existe una fuerte probabilidad de que esto es lo que haya sucedido. Con lo cual (y dentro de los deberes que menciona el art. 34, inciso 5 del CPCC especialmente en sus apartados b, d y e) considero que corresponde poner en conocimiento del letrado de la parte actora las circunstancias aquí señaladas e indicar, asimismo, que en el caso de utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa en sus presentaciones (porque nada impide que lo haga) es necesario, en todos los casos, revisar, chequear y corroborar que la información incluida en sus planteos responda a fuentes (no solo fallos, sino también normas e incluso citas de doctrina) que existan en la realidad. De este modo, se balancea el aprovechamiento de la tecnología (para potenciar el ejercicio profesional) con su uso ético y responsable.
Asimismo, creo que también correspondería solicitar la colaboración del Colegio de Abogados Departamental, poniendo en conocimiento estas circunstancias y solicitando que -si lo estima pertinente y por los carriles que se consideren- se proceda a difundir entre los matriculados la importancia de verificar cuidadosamente las citas empleadas (tanto de normas, como de fallos e incluso de doctrina), en caso de utilizarse herramientas de inteligencia artificial generativa para preparar sus presentaciones.
De esta forma, buscamos fortalecer una práctica responsable y evitar inconvenientes futuros, promoviendo siempre un uso adecuado y ético de la tecnología en el ámbito jurídico.
3. En suma, y por todo lo que llevo dicho, deberá declararse desierto el recursos de apelación interpuesto, con costas al apelante.
Asimismo, deberán ponerse en conocimiento del letrado de la parte actora las circunstancias aquí señaladas y comunicar esta decisión, vía oficio a librarse por Secretaría, al Colegio de Abogados de este Departamento Judicial solicitando que -si lo estima pertinente y por los carriles que se consideren- se proceda a difundir entre los matriculados la importancia de verificar cuidadosamente las citas empleadas, en caso de utilizarse herramientas de inteligencia artificial generativa para preparar sus presentaciones. Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por LA AFIRMATIVA A la misma cuestión, la Señora Jueza Doctora LUDUEÑA por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto, con costas al apelante (art. 68 del CPCC); asimismo se ponen en conocimiento del letrado de la parte actora las circunstancias aquí señaladas, en relación a las citas incluidas en su presentación. PROCEDASE A COMUNICAR ESTA DECISIÓN, vía oficio a librarse por Secretaría, al Colegio de Abogados de este Departamento Judicial solicitando que -si lo estima pertinente y por los carriles que se consideren- se proceda a difundir entre los matriculados la importancia de verificar cuidadosamente las citas empleadas, en caso de utilizarse herramientas de inteligencia artificial generativa para preparar sus presentaciones.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmantes Funcionario: LUDUEÑA Liliana Graciela JUEZ --- Certificado Correcto Funcionario: QUADRI Gabriel Hernan JUEZ --- Certificado Correcto Fecha: 15/9/2025 12:57:33 Funcionario: OSORIO Ricardo Amilcar SECRETARIO DE CÁMARA --- Certificado Correcto Registración Registro: REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 315-2025 - Código acceso:
C9D21031 - PUBLICO
Registrado por:OSORIO Ricardo Amilcar - Fecha registración: 15/09/2025 13:24
Fin de la sentencia