Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 32926-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, imponiendo las costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte, CPCCN), y
2Elevar y regular los honorarios de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VI.
Buenos Aires, 01 de julio de 2025.-
VISTOS estos autos n° 19.128/2024 caratulados: “Acindar Ind Argentina de Aceros SA (TF 32926-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”; y,
I.-) Que, con fecha 13/03/2024 (conf. esp. fs. 111/114 del expediente administrativo agregado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 14/11/2024 e individualizado como: antecedentes de la causa), la Sala “E” del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, conforme los términos que surgen de lo dispuesto por el artículo 1143 del Código Aduanero y mediando consentimiento por parte de la actora, tuvo por allanado al FISCO NACIONAL.
Para así resolver, en cuanto aquí interesa, sostuvo que la representación fiscal se había allanado a la pretensión de la recurrente, fundándose en la INSTRUCCIÓN GENERAL DGA N° 14/2017 de fecha 5/12/2017, que lo autorizaba a tal fin.
En cuanto a las costas, consideró que debían imponerse al FISCO NACIONAL (art. 1163 del CA).
II.-) Que, disconforme con lo resuelto, la AFIP - DGA interpuso recurso de apelación (ver fs. 118/120 del expediente administrativo agregado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 14/11/2024 e individualizado como: antecedentes de la causa) y fundó sus agravios a fs. 127/133 (ver expediente administrativo, ya mencionado). A fs. 135/143 del expediente administrativo supra mencionado, la parte actora replicó el recurso interpuesto por el FISCO NACIONAL.
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas.
Alegó que la parte actora solicitó la aplicación de la INSTRUCCIÓN GENERAL AFIP DGA N° 14/17 sin reservas, circunstancia que, a su entender, conducían a distribuir las costas en el orden causado, puesto que era dicha resolución la que así lo disponía.
Destacó que, por aplicación de la doctrina de los actos propios, la parte actora no podía pretender otro resultado más que la distribución de las costas en el orden causado tal como, implícitamente, fuera consentido por ella.
Añadió que el allanamiento fue oportuno, total y efectivo;
correspondiendo que sea valorada su actitud de acogerse a la pretensión de la parte recurrente.
En función de lo expuesto, el FISCO NACIONAL requirió que se modificara en este punto el pronunciamiento apelado, disponiendo que las costas sean distribuidas en el orden causado.
III.-) Que, mediante el pronunciamiento de fecha 28/05/2024 el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN reguló los honorarios del Dr. Carlos A. CARÉNA a favor de “CARENA & ASOCIADOS ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL”, por la actuación profesional desarrollada como letrado apoderado de la actora, en una (1) etapa procesal, en la suma de pesos trescientos cuatro mil trescientos setenta ($ 304.37) con más la suma de pesos sesenta y tres mil novecientos diecisiete con setenta centavos ($ 63.917,70) en concepto de IVA.
Asimismo, reguló los honorarios del Dr. Julio Carlos LASCANO a favor de “CARENA & ASOCIADOS ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL”, por la actuación profesional desarrollada como letrado patrocinante de la actora, en una (1) etapa procesal, en la suma de pesos setecientos sesenta mil novecientos veinte ($ 760.920.-), con más la suma de pesos ciento cincuenta y nueve mil setecientos noventa y tres con veinte centavos ($ 159.793,20) en concepto de IVA (ver fs. 122/125 del expediente administrativo agregado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 14/11/2024 e individualizado como: antecedentes de la causa).
Contra dicha resolución interpusieron recursos de apelación los letrados de la parte actora y el FISCO NACIONAL (ver 144/159 y 160/162, respectivamente del expediente administrativo supra mencionado), los que fueron replicados a fs. 164/170/173 del expediente administrativo.
IV.-) Que, liminarmente, a fin de resolver la cuestión atinente a las costas del proceso, debe recordarse que el artículo 70 del CPCCN, supletoriamente aplicable en la especie en virtud de la remisión contemplada en los artículos 1174 y 1182 del CÓDIGO ADUANERO, posibilita dispensar del pago de las costas a quien se allana a la pretensión de su contraria en la medida que se encuentren reunidos todos los requisitos que dicha norma prevé al efecto.
En tales condiciones, exige que aquél sea real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, y que quien lo realice no se encuentre en mora ni haya dado lugar, por su culpa, a la reclamación judicial (confr., esta Sala, causa nº 9.372/01, in rebus: “García Saraví, Amparo y otros c/ EN - CSJN -Consejo de la Magistratura AC 57/92 s/ Empleo Público”, sentencia de fecha 2/07/2009 y “Acindar Industria Argentina de Aceros SA (TF 36071-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa n° 639/2025, sentencia de fecha 25/04/2025). Por tanto, es posible dispensar del pago de las costas a quien se allana, en la medida que se encuentren reunidos los requisitos que el artículo 70 del CPCCN establece al efecto; debiendo interpretarse tal supuesto en forma restrictiva (conf. Sala IV del Fuero, en autos 38.438/2019 “Salas y Cía. c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia de fecha 22/08/2019).
Ahora bien, en el caso de autos se observa que, al momento de formular su allanamiento, la demandada no demostró que se encontraban configurados todos y cada uno de los requisitos que exige el citado artículo 70 para su dispensa.
En especial, cabe ponderar la demora en que incurrió la administración respecto de la oportunidad en que realizó el allanamiento, lo cual surge con tan sólo cotejar las fechas en que fueron dictadas las sentencias judiciales en las causas citadas en la INSTRUCCIÓN GENERAL AFIP DGA N° 14/2017, y que precisamente determinaron la emisión de la instrucción –a las áreas jurídicas– sobre las vías de acción que deberían adoptarse en todas aquellas actuaciones administrativas y judiciales en las que la cuestión debatida versare sobre la aplicación del inciso c) del artículo 954 del CA, cuando las circunstancias de hecho guardasen identidad con las referidas en el apartado “A” de esa norma, a los fines de evitar un dispendio innecesario.
En efecto, la sentencia adversa al organismo recaudador recaída en los autos “Siderar SAI y C c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, causa nº 40.162/15, dictada por la Sala IV de esta Cámara, y que fuera citada en la referida Instrucción data del día 10/03/2016. En tales condiciones, su ejercicio, en la presente causa, con fecha largamente posterior al hecho que motivó su allanamiento – 23/10/2023 (fs. 91/94 del expediente digital ya mencionado)–, hacen concluir que no se encuentra cumplido el requisito de oportunidad y prudente temporaneidad.
Pues, la Dirección General de Aduanas ordenó el día 5/12/2017 a todos sus funcionarios allanarse a las demandas o recursos presentados ante el TRIBUNAL FISCAL, y los letrados del fisco no cumplieron con la orden sino hasta octubre del año 2023, es decir: cinco años, 10 meses y 18 días después de dictada la instrucción mencionada. Está claro que el accionar del Fisco y su conducta contradictoria –la existencia de una resolución administrativa previa que obligó a la actora a recurrir ante el TRIBUNAL FISCAL invocando un derecho que posteriormente le fue reconocido al allanarse el FISCO– demuestra que la actora se viera obligada a interponer un recurso, producir prueba y tramitar la causa durante más de 10 años.
Por consiguiente, en tanto no se encuentran reunidos los excepcionales requisitos exigidos por el referido artículo 70 del CÓDIGO PROCESAL, corresponde confirmar la imposición de las costas correspondientes a la instancia de origen, a la demandada, en los términos del artículo 70 del CPCCN, y artículos 1163 y 1174 del CÓDIGO ADUANERO. V.-) Que, sentado lo expuesto, corresponde adentrarse en los recursos interpuestos respecto de la regulación de honorarios; así, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa.
Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala in rebus: “Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ E.N. - M° de Salud y Acción Social y otro s/ Juicios de Conocimientos”, sentencia de fecha 30/12/1997, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/ Baiter S.A.”, sentencia de fecha 2/04/1998, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
En dicho entendimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S., Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
En tales condiciones, cabe señalar que en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos: 341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la LEY N° 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por Decreto n° 1077/2017 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la LEY N° 21.839 y su modificatoria LEY N° 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons. 3° y 4° del voto mayoritario).
Dicho criterio ha sido mantenido en fecha reciente por el Máximo Tribunal en los autos “New Model International School SA c/ Centro Comercial Miguel Cané SA s/escrituración”, causa n° CIV 010263/2015/3/RH002, sentencia de fecha 10/06/2025.
VI.-) Que, sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados –conf. fs. 1 (F4), RESOLUCIÓN N° 412/2012 (AD V ICO), convertido a pesos, lo resuelto con fecha 13/03/2024 y precedentemente–; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante la etapa del pleito cumplida, corresponde, elevar a las sumas de pesos un millón treinta y ocho mil ($1.038.000) y pesos cuatrocientos quince mil doscientos ($415.200) los honorarios regulados con fecha 28/05/2024, en favor de los Dres. Julio Carlos Lascano y Carlos Alberto Carena, por la dirección letrada y representación de la actora (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la Ley n° 21.839, modificada por la Ley n° 24.432).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento que la única cuestión sometida a conocimiento del Tribunal fue la distribución de costas y el resultado obtenido y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctrina sentada en el precedente “Las Marías”, corresponde regular en la suma de pesos trescientos sesenta y un mil trescientos veinticinco ($361.325) –equivalente a 5 UMA– y pesos ciento cuarenta y cuatro mil quinientos treinta ($144.530) –equivalente a 2 UMA–; los emolumentos de los Dres. Julio Carlos Lascano y Carlos Alberto Carena, patrocinante y apoderado, respectivamente, actuantes en la defensa de la actora (arts. 14, 20, 21,24, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la Ley n° 27.423). El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Público. de Abog.”, sentencia de fecha 16/07/1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado correrá a partir de la fecha en que lo haga. En consecuencia, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, imponiendo las costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte, CPCCN), y 2º) elevar y regular los honorarios de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VI.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia