Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.921-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución (AD VICO) N° 409/2012, dictada por el Administrador de la Aduana de Villa Constitución, en la Actuación Nº 12531-298-2007 (SA 69-50-2007), en cuanto ha sido materia de agravio.
2Imponer las costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-58903593-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 10 de Junio de 2022 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación) y Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados: “ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, expediente N° 32.921-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 57/64 vta., se presenta la firma ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A., por medio de apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo Nº 409/2012 (AD VICO) dictada en el expediente Nº 12531-298-2007, mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A. al pago de una multa de $ 266.741,68. Relata que por medio de la destinación Nº 07 069 IC04 00032 N, la empresa declaró la importación de pellets de mineral de hierro de origen brasileño, con un precio provisorio, sujeto a una posterior determinación definitiva, de acuerdo a lo previsto en la Resolución ANA Nº 29/81. Da cuenta de que el precio provisorio facturado por el vendedor fue de USD 3.512.550,52.
Expresa que posteriormente, informó a la Aduana que el precio definitivo de la venta había experimentado un aumento con relación al precio provisionalmente declarado al momento de la importación. A tal efecto, adjuntó la Nota de Débito DC-009/07 emitida por la firma CVRD y la Enmienda Nº 3 de fecha 15/05/2007, individualizada como “Amendment Nº 3”, correspondiente al “Contrato de Compra-Venta a Largo Plazo de Mineral de Hierro Brasilero” de fecha 1/01/2006 celebrado entre CVRD International S.A. y ACINDAR S.A. Argumenta que en la citada enmienda se convino que durante el año 2007 el precio para las entregas de pellets de reducción directa comprendidos en el contrato sería de USD 1.1613 por tonelada métrica de unidad de hierro FOB Puerto Itaguaí o Terminal de la Isla de Guaiba o FOB Tubarao Port-Brasil y de las fracciones en forma proporcional.
Así, conforme lo acordado, el valor definitivo de la mercadería importada resultó superior al importe originalmente facturado. Como consecuencia de ello, la empresa exportadora formalizó la Nota de Debito DC-009/07 de fecha 27/07/2007 por la suma USD 180.865,74 y presentó dicha documentación ante el servicio aduanero a fin de que contara con los elementos que justificaran el valor imponible definitivo de la mercadería. A su vez, requirió que se liquidaran los tributos respectivos para proceder a su pago. En suma, el precio total definitivo de la mercadería era de USD 3.608.924,12, y como se había pagado un precio provisorio de USD 3.512.550.52, la suma que correspondía debitar por CVRD era de USD 180.865,74.
Enuncia que a pesar de lo expuesto, el servicio aduanero a través de la Nota Nº 180/07 “V” consideró que el análisis de la documentación obrante en el sobre contenedor de la destinación en trato, arrojaba que el importe de la diferencia entre el valor FOB definitivo y el facturado en forma provisoria era de USD 96.373,60, y que difería ostensiblemente con el que se detallaba en la nota de débito emitida por el exportador (fs. 8 act. adm.). Invoca que el precio realmente pagado por las mercaderías importadas es el precio que surge de la factura de venta (con precio provisorio), con más el importe indicado en la nota de debido emitida por el exportador. Introduce que el error del servicio aduanero emerge de considerar que el precio definitivo es el precio que resulta de aplicar directamente la Enmienda, sin tener en cuenta las clausulas relativas al precio que las partes establecieron en el Contrato Marco, especialmente en su Anexo Nº 3.
El precio previsto en la Enmienda es aplicable a las ventas de contado, mientras que el Contrato Marco especifica que el precio de las ventas a plazo se ajustará con intereses. Toda vez que en el presente caso el pago de la mercadería se convino a 180 días, el precio facturado por el vendedor incluye intereses financieros. Y si se toma en cuenta este factor, el precio definitivo de las mercaderías importadas no es USD 3.608.924,40, como calcula la Aduana, sino de USD 3.693.416,26, como se extrae de la factura provisoria y la nota de débito. Postula que en el punto 3.5 del Anexo III del Contrato se establece que cualquier pago formalizado con posterioridad a los 5 días de la fecha fijada en el punto 3.2.1 devengará para el comprador deudor un interés equivalente a la tasa libor más el 2% y que de la factura se desprende que el término de pago se acordó “A los 180 días de la fecha del Bill of Lading”, lo que conlleva a la adición del interés pactado en el contrato marco.
Se refiere a la infracción prevista en el art. 954 inc. c) del C.A. Así las cosas, el error aparente del servicio aduanero resulta de no considerar los intereses por pago diferido. Entiende que la cuestión de la inclusión o no de los intereses en el valor en aduana de las mercaderías importadas fue tratada por el Comité de Valoración del GATT en la 9na Reunión, el 26/04/1984 a través de la Decisión 3.1, que fue incorporada a nuestro derecho mediante el Decreto 1026/87. Añade que el exportador no discriminó los intereses del precio en las facturas por lo que esos intereses no podían ser excluidos del valor en aduana. Y dado que el interés estaba incluido en el precio, la declaración de importación era exacta.
Se refiere a la prueba producida en sede aduanera, a la certificación contable de los libros y registros de la empresa y a los movimientos bancarios de divisas. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 74/78 vta., la representación fiscal contesta el traslado del recurso oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Recalca que la operación de importación bajo análisis se efectuó en los términos de la Resolución 2780/92 (B.O. 12/01/1993 – BANA Nº 86/92), es decir, se trataba de una operación concertada sobre la base de un precio FOB sujeto a una determinación posterior al momento del registro de dicha operación. Sostiene que la declaración se efectúa al momento del registro de la operación aduanera. Lo que se debe efectuar dentro del plazo estipulado es solo un simple cálculo porque hay elementos variables que -en el caso precio internacional de la mercadería-, y que tampoco puede modificarse en cuanto a publicación a considerar de lo que se estipula en el contrato que debió acompañarse al registrar el permiso y menos aún puede alterarse un valor fijo como es el descuento que se afectara al ya mencionado valor internacional y que también fue contratado y manifestado en forma expresa. Esgrime que la Resolución 2780/92 permite a los exportadores declarar al momento del registro del embarque un precio revisable o sujeto a ulterior determinación en atención a la existencia de un contrato que establecía la fijación de un precio FOB en un momento determinado posterior al embarque, sobre la base de elementos objetivos contenidos en el contrato, fórmula a aplicar y descuento para fijar el precio definitivo. Lo que debe hacer el exportador al fijar el precio definitivo es poner en números los parámetros ya declarados pero de ninguna mantera puede modificarlos. En el caso la actora incurrió en declaración inexacta al haber modificado el descuento oportunamente declarado. Transcribe jurisprudencia que considera aplicable al caso de autos y concluye que existió una declaración de importación presentada con un dato equívoco que en caso de pasar inadvertida, pudo producir el egreso hacia el exterior de un importe por pagar distinto del que efectivamente correspondiere. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 81 se abre la causa a prueba que se produce a fs. 180/181. A fs. 183/186 la actora solicita que, en los términos de la Ley 27.260, se declare condonada la multa impuesta oportunamente por la Aduana de Villa Constitución mediante la Resolución Fallo N° 409/2012 (AD VICO). A fs. 187 se corre traslado de dicha presentación a la representación fiscal, quien a fs. 189/190, solicita que se rechace el planteo de la actora, toda vez que la misma no ha cumplido con el procedimiento previsto en los arts. 4 y 11 de la Resolución General 3920/2016 al no haber desistido de la acción ni asumido el pago de las costas expresamente. A fs. 200 se cierra el período probatorio, a fs. 202 se elevan los autos a la Sala G y se ponen para alegar agregándose a fs. 211/212 los alegatos presentados por la actora, el fisco no hizo uso del derecho conferido. A fs. 214 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12531-298-2007 (SA 69-50-2007), se inicia con la denuncia formulada contra la firma ACINDAR S.A. por presunta infracción al art. 954 inc. c) del C.A., en virtud de que el control documental realizado sobre la DDT N° 07 069 IC04 00032 N constató que se habría incurrido en una declaración inexacta dado que el FOB definitivo calculado según condiciones de contrato difiere respecto a la documentación aportada por el importador, operación documentada por el régimen de importación con precios revisables, diferencia detectada de U$S 84.492,14. A fs. 2/7 la empresa aporta copia de la nota de débito y de la enmienda N° 3 del contrato, con su correspondiente traducción. A fs. 8 se emite la Nota Nº 180/2007 “V”.
A fs. 11 y 14, respectivamente, se glosan las liquidaciones manuales 07069LMAN003054H y 07069LMAN003292L. A fs. 15 el 27/11/2007 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. Se agrega acumulada la Actuación N° 12531-113-2007 mediante la cual en fecha 30/04/2007 la firma importadora solicita prórroga del plazo establecido por la Resolución ANA 29/81. A fs. 17 el jefe de la Sección “V” de la Aduana de Constitución considera que no existen elementos para justificar la diferencia detectada y estima que resultaría procedente la confección de una liquidación manual suplementaria por el importe de U$S 32.767.03 a efectos de cancelar las obligaciones emergentes. A fs. 20/52 se glosa consulta al registro general de infractores.
A fs. 53, el 11/04/2008 se corre vista de todo lo actuado a la importadora y al despachante de aduanas en los términos del art. 1101 del C.A., quienes se notifican el 25/04/2008 conforme constancias de correo argentino de fs. 60 y 61. A fs. 62/64 el despachante de aduanas contesta la vista. Se agrega acumulada la Actuación N° 13289-11934-2008 a través de la cual la importadora contesta vista (fs. 65/74). A fs. 75 se tiene por presentados a los imputados y se dispone la apertura de la causa a prueba. A continuación se agregan el Alcance N° 1-255825-2008/3, el expediente N° 1-255825-2008, la Actuación N° 12238-74- 2008 y la Actuación N° 13289-29942-2010 mediante la cual la recurrente solicita sustitución de prueba (fs. 83/117).
A continuación se glosan el Alcance N° 12458-63-2010/1, la Actuación N° 12539-73-2010, la Actuación N° 13289-2109- 2011 referente a la contestación de oficio del Banco Santander Río S.A. y la Actuación N° 13289-7771-2011 que contiene certificación profesional de Contador Público. A fs. 145 se clausura la etapa probatoria y se pasan los autos para alegar. A fs. 151/152 luce el alegato presentado por la importadora (Actuación N° 13289-27373-2012). A fs. 154/155 se emite el Dictamen N° 57/12. A fs. 156/159 se dicta la Resolución Fallo N° 409/2012 (AD VICO). A fs. 161 se emite el Dictamen N° 1743/12 (DV DSAD). A fs. 162/164 se dicta la Resolución N° 16/13 (SDG TLA). A través de la Actuación N° 13289- 5135-2013, la recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia (fs. 167/168).
V. Que en primer lugar, corresponde expedirse respecto de la condonación de la multa involucrada en autos solicitada por la actora, por aplicación de la ley 27.260, de Régimen de Regularización Excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras.
Que la ley N° 27.260 (B.O. 22/7/2016), en su art. 56 dispone -en lo que aquí interesa- que: "... Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley...". Que, a su turno, la Resolución N° 4007-E/2017 (B.O. 6/3/2017) -complementaria de las Resoluciones Generales AFIP N° 3.919 y 3.920 del año 2016, reglamentarias de la ley 27.260-, en su art. 4° reza que "Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones -formales o sustanciales/materiales- cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas". Asimismo, el art. 6° de dicha Resolución establece que: "Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada dicha fecha. En este caso, los intereses también quedan condonados.(..). Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 965, inciso b), 966 –cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones. ".
Que de ese modo, el último párrafo del art. 6º de dicha Resolución establece claramente qué infracciones serán consideradas como una infracción sustancial/material, entre las cuales no fue especificada aquélla prevista en el art. 954 inc. c) del Código Aduanero, y que se discute en autos.
Que conforme el principio hermenéutico, el olvido o la imprevisión no se presumen en el legislador (Fallos, 329:3564, 301:46; 304:794, entre otros).
Que ello se corresponde con el de que es menester dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos 234:482; 295:1001, y otros).
Que en consecuencia, el art. 6° de la Resolución N° 4007-E/2017 debe ser interpretado de manera restrictiva, y por ello, corresponde rechazar la condonación de la multa solicitada por la actora.
VI. Que sentado lo que antecede, corresponde determinar si la Resolución Fallo Nº 409/2012 (AD VICO), mediante la cual se condenó a la aquí recurrente al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inciso c), del C.A. resulta ajustada a derecho.
Que por medio de la destinación N° 07 069 IC04 00032 N, la firma ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SA documentó -bajo el régimen de precios revisables regulado por la Resolución N° 29/81-, el día 20/03/2007, la importación para consumo de mercadería consistente en mineral de hierro, originaria y procedente de Brasil, clasificada en la PA SIM N° 2601.11.00.110K, cuya descripción es "Hematites Minerales - Sin aglomerar - Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas): MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, INCLUIDAS LAS PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PI RITAS).", con un valor FOB total en dólar de 3.512.550,52, un valor en aduana de U$S 3.858.103,12 y un precio unitario de U$S 76,8257 por tonelada.
Que en fecha 16/10/2007, el despachante de aduana interviniente, informó al servicio aduanero que el precio definitivo de la venta había experimentado un aumento respecto del previo declarado provisionalmente al momento de la importación, con motivo de una Enmienda al Contrato Marco de suministro de mineral de hierro. Y adjuntó la nota de débito DC- 009/07, emitida por CVRDI, por un importe de U$S 180.865,74, a efectos de probar dicho aumento.
Que, no obstante ello, el servicio aduanero consideró que el importe declarado como precio definitivo por la actora - resultante de la suma del precio provisorio declarado en el cuerpo del DI y de la nota de débito acompañada por la recurrente luego de la oficialización del Dl- difería del precio real de transacción de la mercadería por ella obtenido - calculado sobre la base del conocimiento de embarque y la Enmienda N° 3 al Contrato Marco que motivó la nota de débito-. En ese sentido, se detectó que la recurrente habría declarado como precio definitivo un importe que superó al obtenido por ella en U$S 96.373,60 -ver fs. 8 (refoliado) de las actuaciones administrativas.
Que, como consecuencia de ello, el servicio aduanero resolvió condenar a la apelante al pago de una multa, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A.
VII. Que, corresponde recordar que a través del despacho N° 07 069 IC04 00032 N, oficializado el 20/3/2007, la recurrente documentó la importación para consumo de 47.252,000 (peso bruto), 45.721,04 toneladas de mineral de hierro, precio unitario de U$S 76,8257 por tonelada (seca), lo que arrojó un FOB total de U$S 3.512.550,52 -ver carpeta del despacho en sobre unido por cuerda al expte. adm.-. Tal como se especificara, la aquí actora pretendió acogerse al régimen de importación con precios revisables, previsto en la Resolución ex ANA 29/81, por lo que el importe declarado en el cuerpo del despacho, tenía carácter de provisorio.
Que en la carpeta de la destinación de autos luce la factura comercial 10-CVRDI-1355/07, de fecha 08/03/2007 en la que se indica un total de 47.252,000 (peso del conocimiento) y 45.721,035 toneladas métricas, y un precio unitario de U$S 76.8257. En la misma factura también se incluye un descuento por compensación correspondiente al excedente del valor de humedad garantizada, dando como resultado un total a pagar de U$S 3.512.550,52, importe que se declaró como precio provisorio en el DI del caso.
Que, con fecha 16/10/2007, el despachante de aduana Matías Miguel Lemos informó que el precio provisorio declarado previamente en el despacho involucrado en el caso de autos habría experimentado un aumento durante el año 2007, por lo que el precio definitivo resultaba superior. Para probar lo señalado, acompañó la nota de débito N° DC-009/07, emitida por CVRD INTERNACIONAL SA el día 27/07/2007, por el importe de U$S 180.865,74 -ver fs. 2/3 de las act. adm.-. De dicha nota se desprende "Price adjustment- 2007, Invoice I0-CVRDI-1355/07, FEBRAURY 23, 2007, Amount U$S 180.865,74, Amount due by ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS to CVRDI INTERNATIONAL S.A".
Que, a su vez, el despachante interviniente presentó copia de la traducción de la Enmienda N° 03 al contrato suscripto por la aquí recurrente y la firma exportadora antes mencionada, la cual se celebró el 15 de mayo de 2007 entre las mismas partes, a los efectos de señalar que durante el año 2007 las partes acordaron el precio de U$S 1,1613 por tonelada métrica seca de unidad de hierro, aplicándose dicho importe en forma retroactiva sobre todas las entregas realizadas con precio provisorio por las partes -ver fs. 4/5 y 6/7 de los ant. adm.
VIII. Que la presente causa es sustancialmente análoga a la resuelta por la Sala F de este Tribunal -con una composición diferente a la actual- en el expediente. N° 32.922-A, de igual carátula que la presente, sentencia de fecha 13/08/2019. El citado pronunciamiento no fue recurrido por la demandada, por lo que quedó firme.
Que el artículo 954 del CA. establece: "El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir ( ... )", completando la base fáctica en tres incisos. En cuanto aquí interesa, el inc. c), del ap. 1, continúa: "c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere ( ... ) ".
Que, conforme se dispone en la norma citada, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario, en primer lugar, la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
Que la declaración comprometida se realizó en los términos de la Resolución ex ANA Nº 29/81, régimen de precios provisorios. En el campo correspondiente a "FOB total en dólar" la importadora indicó el importe plasmado en la factura comercial vinculada a la operación declarada. Luego, con motivo de haberse firmado con posterioridad a la propia oficialización del Dl del autos, una enmienda al contrato de suministro en la que el precio de la mercadería fue modificado para el año 2007, la firma presentó una nota de débito emitida también en una fecha posterior a la oficialización del Dl y una copia de la enmienda firmada por las partes, con el objetivo de demostrar que el precio definitivo resultó ser superior al declarado inicialmente.
Que, la Resolución ex ANA N° 29/81 -vigente a la fecha de oficialización del Dl en cuestión-, regula el régimen de las mercaderías importadas con precios revisables, en lo que hace al aspecto de la declaración de la base imponible y, entre otras cosas, determina que en un plazo no mayor a 25 días hábiles desde la fecha de pago de los derechos y tasas, los importadores "(...) deberán presentar una cuenta de líquido producto que, partiendo del precio definitivo obtenido como resultado de la venta de las mercaderías importadas, llegue a los valores que aún debe percibir el comitente y/o exportador".
Que de ese modo, la actora no cumplió con las disposiciones de dicha norma, puesto que el plazo para convertir en definitivo el valor FOB de la declaración venció el 25/04/2007, y la solicitud de cancelación recién fue presentada por el despachante de aduana el día 16/10/2007 y, por otra parte, recién en fecha 15/05/2007 fue celebrada la Enmienda sobre la cual, según la recurrente, se basó la variación del precio declarado (ver fs. 2 del expte. adm., lo señalado por el servicio aduanero a fs. 8 y copia de la Enmienda N° 3 a fs. 4 y 5 del expte, adm.). En definitiva, no se cumplió con las disposiciones que regulan el modo de declarar con precios revisables, por lo que la declaración comprometida quedó consolidada en la declaración de importación para consumo original -inicialmente, provisoria-.
Que así las cosas, corresponde remitirse a lo que sostuviera el Dr. Segura en su voto, en el precedente citado: “Que, ello así, el tipo previsto en el art. 954 del CA, debe ser analizado sobre la base de lo manifestado en el art. 234 del C.A., posterior a la modificación efectuada por la ley 25.986 (B.O., 5/1/2005) en cuanto se refiere a la declaración comprometida, toda vez que el Dl del caso fue oficializado con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma (…)”. “Que dicho artículo, en su apartado 2, señala "2.- La declaración (...) debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate".
“Que, sin lugar a dudas, las inexactitudes contenidas en las declaraciones solo pueden ser consideradas como "declaraciones inexactas" en los términos de la figura infraccional que nos ocupa, cuando se trata de aquellas relacionadas con los elementos que deben considerarse como "exigibles" -ello, en virtud del mencionado sistema de "despacho en confianza" y de la "declaración previa" sobre la cual descansa el mismo-.”
“Que el servicio aduanero plantea la imputación sobre la base de la existencia de una diferencia entre el precio por ella obtenido como real y el precio declarado por la recurrente como definitivo, esto es, el precio calculado a partir de la suma de la factura comercial (precio provisorio) y la nota de débito (…), presentada ante el servicio aduanero en fecha 16/10/2007 y emitida con fecha 27/7/07, siendo estos últimos elementos posteriores a la fecha de la oficialización del despacho involucrado en autos”.
“Que, en definitiva, al haber quedado consolidada la declaración en aduana al tiempo en que la recurrente efectuó la declaración original ("provisoria"), los elementos sobre los cuales el servicio aduanero basó su imputación -precio definitivo obtenido de la suma del precio provisorio y la nota de débito de julio de 2007- fueron presentados por la recurrente luego de la declaración comprometida y, en virtud de ello y de lo señalado previamente, no forman parte de dicha declaración, lo que nos permite concluir que nos encontramos en ausencia de uno de los elementos del tipo infraccional, esto es, la diferencia entre lo declarado y lo comprobado.”
“Que el principio de legalidad, rector en materia penal, exige atenerse a la descripción legal de la conducta penada, sin que resulte posible al juzgador ampliar el ámbito de punibilidad delimitado por el legislador. Ello así, en ausencia de uno de los elementos del tipo, no resulta factible considerar configurada la infracción, lo que determina que en autos no pueda confirmarse la condena impuesta”.
“Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde entrar a analizar los restantes agravios formulados por la recurrente”.
Que, en virtud de los fundamentos expuestos, corresponde revocar la resolución aduanera apelada, con costas a la demandada.
Por ello, voto por:
1. Revocar la Resolución (AD VICO) N° 409/2012, dictada por el Administrador de la Aduana de Villa Constitución, en la Actuación Nº 12531-298-2007 (SA 69-50-2007), en cuanto ha sido materia de agravio.
2. Imponer las costas a la demandada.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución (AD VICO) N° 409/2012, dictada por el Administrador de la Aduana de Villa Constitución, en la Actuación Nº 12531-298-2007 (SA 69-50-2007), en cuanto ha sido materia de agravio.
2. Imponer las costas a la demandada.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht (conf. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2022.06.10 13:08:59 ART Date: 2022.06.10 13:11:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.10 13:12:02 -03:00
Fin de la sentencia