Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 36071-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, imponiendo las costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte. C.P.C.C.N.) y
2Elevar, confirmar y fijar los honorarios de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VII.
Buenos Aires, 25 de abril de 2025.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 2/07/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación tuvo por allanada a la Dirección General de Aduanas en la presente causa y revocó la Resolución Fallo N° 338/2014 (AD VICO), dictada en la Actuación SIGEA N° 12539-106-2009 (Expte. SC69 N° 74/2009), mediante la cual se condenó a la firma ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. al pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de $ 3.954.560,71, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. c) del C.A., con costas al Fisco Nacional. Hizo saber a la DGA que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 25.964, deberá devolvérsele a la actora la suma abonada -$ 98.864,02, según constancia obrante a fs. 66/67- en concepto de tasa de actuación.
Para así resolver, en cuanto aquí interesa, sostuvo que, con fecha 18/04/2024, la representación fiscal se allanó a la pretensión de la recurrente, fundándose en la Instrucción General DGA N° 14/2017 de fecha 5/12/2017, la cual acompañó a fs. 161/162vta., constando con la autorización pertinente de la División Causas Tributarias.
Precisó que, el art. 1143 del Código Aduanero prescribe que este Tribunal “...impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria, en cuyo caso, si el desistimiento o allanamiento fuera aceptado por la contraparte, deberá dictar sentencia teniendo a la litigante por desistida o allanada, según correspondiere. Cuando se allanare, el Fisco deberá hacerlo por resolución fundada".
En tales condiciones, advirtió que, encontrándose reunidos los requisitos exigidos por dicha norma, correspondía tener por allanada a la Dirección General de Aduanas en la presente causa. En cuanto a las costas, consideró que debían imponerse al Fisco Nacional, en razón de que mediante el dictado del acto recurrido se obligó a la actora a interponer el recurso de autos (art.70 inc. 1 del C.P.C.C.N.). y tramitar el expediente hasta que los autos fueron puestos para alegar.
Por otro lado, agregó que, no resultaba de aplicación lo dispuesto por el art. 73 del CPCCN, toda vez que la jurisprudencia invocada en la Instrucción DGA N° 14/2017, no resultaba ser sobreviniente, ni respondía a un cambio de criterio, y que, aun de querer valerse de la misma, a los efectos de la disposición de costas, la mora en su invocación ante ese Tribunal no se encontraba justificada.
En relación a la tasa de actuación, indicó que debía tenerse en cuenta el pago efectuado por la actora por tal concepto por la suma de $ 98.864,02, conforme se acreditó a fs. 66/67 de autos. Al respecto se hizo saber a la DGA que, en virtud de los artículos 4 y 6 de la ley 25.964, deberá devolver a la actora la totalidad de la suma abonada por la misma en concepto de tasa de actuación.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 23/08/2024 interpuso recurso de apelación el fisco nacional, expresando agravios en el mismo acto, los que fueron replicados por la contraria el 6/09/2024.
III. Que mediante el pronunciamiento de fecha 16/08/2024 el TFN reguló los honorarios del Dr. Carlos Alberto Carena por su actuación ante ese Tribunal en el carácter de letrado apoderado de la actora a favor de la Sociedad “Carena & Asociados Abogados Sociedad Civil” (conf. con el art. 3 de las Resolución AFIP N° 689/99), respecto de la primera y segunda etapa del proceso, en la suma de pesos $ 116.000.-, correspondiendo añadirse la suma de $ 24.360 en concepto de IVA y con relación a la tercera etapa, en 1,17 UMA, equivalentes a $ 66.709.-, con más $ 14.008,89, en concepto de IVA.
Reguló los honorarios del Dr. Julio Carlos Lascano por su actuación ante ese Tribunal en el carácter de letrado patrocinante de la actora a favor de la Sociedad ‘‘Carena & Asociados Abogados Sociedad Civil”, respecto de la primera y segunda etapa del proceso en la suma de $ 290.001, correspondiendo añadirse la suma $ 60.900,21 en concepto de IVA; y con relación a la tercera etapa, en 3 UMA, equivalentes $ 171.048, con más $ 35.920,08, en concepto de IVA.
Contra dicha resolución interpusieron recursos de apelación los letrados de la parte actora y el fisco nacional con fechas 20/08/2024 y el 23/08/2024, respectivamente, los que fueron replicados a fs. 213/214 y 215/221.
IV. Apelación del Fisco Nacional:
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas.
Sostiene que los argumentos del sentenciante son difusos, errados e insuficientes, incurriendo en una arbitrariedad manifiesta al no valorar los hechos de la causa. Añade que, el TFN no dio tratamiento al planteo en subsidio de su parte respecto a la imposición de costas al solo pago de la tasa de actuación.
En primer lugar, indica que, el único fundamento del TFN para rechazar la imposición se circunscribió a que, mediante el dictado del acto recurrido, se obligó a la actora a interponer el recurso de autos (art.70 inc. I del C.P.C.C.N.), y tramitar el expediente hasta que los autos fueron puestos para alegar.
Al respecto, pondera que, se está frente a una denuncia efectuada en 2009 por el servicio aduanero. Una resolución aduanera dictada el 1/12/2014. Un recurso de apelación interpuesto ante el TFN por la actora el 3/06/2015. Antecedentes jurisprudenciales del 2016 que dieron origen al dictado de la Instrucción General N° 14/17 (DGA). Es decir que, en los términos del artículo 70 del CPCCN, invocado por el TFN no es oponible el fundamento de que por culpa del servicio aduanero la actora tuvo que recurrir ante dicha instancia.
Destaca que el accionar de su parte no dio lugar por su conducta a la promoción de la acción. Como bien se manifestó en el allanamiento presentado y teniendo en consideración la cronología de los hechos, hasta los antecedentes jurisprudenciales que datan del 2016, su parte se consideraba con derecho a litigar, en razón de que la controversia no estaba dilucidada. Ello sin considerar que, hasta el dictado de la aludida Instrucción General esa representación fiscal tenía la obligación de contender con justas razones. Y más aún, en la causa que sirvió de fundamento al dictado de dicha Instrucción, las costas se impusieron en el orden causado por las dificultades interpretativas y complejidad de la cuestión planteada.
Puntualiza que, el mencionado artículo 70 del CPCCN indica que “Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo”.
Manifiesta que, respecto a la “oportunidad”, el TFN parece acudir a una supuesta mora en la invocación de la instrucción general involucrada en autos por su parte. Lo cierto es que, desde el dictado de la misma hasta la presentación del allanamiento en la causa, en examen, no ocurrió ningún acto procesal idóneo para producir costas y descalificar la “oportunidad” de su presentación. En todo caso, el Tribunal Fiscal debería justificar por qué entiende que existió mora en la invocación de la Instrucción General, lo que no hace ni desarrolla. Por último, aduce que, el TFN no se refirió a la solicitud, en subsidio, realizada por su parte al momento de presentar el allanamiento, relativa a que se reduzca la imposición de costas al solo pago de la tasa de actuación. Resalta que, además de no darle tratamiento, tampoco se refirió al mismo en sus considerandos cuando realizó una sinopsis de lo invocado por las partes.
Por lo expuesto, solicita que se revoque la sentencia del TFN, con costas por su orden.
V. Que, con relación al único agravio esgrimido por la parte demandada, y a fin de resolver la cuestión planteada, resulta pertinente recordar que el artículo 70 del CPCCN cuya aplicación procede en la forma prescripta por el artículo 1174 del Código Aduanero, determina los extremos que necesariamente debe reunir el allanamiento para que proceda la exención de costas a favor de quien lo formula. En tales condiciones, exige que aquél sea real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, y que quien lo realice no se encuentre en mora ni haya dado lugar, por su culpa, a la reclamación judicial (confr., esta Sala, causa Nº 9.372/01, in re “García Saraví, Amparo y otros c/ EN-CSJN-Consejo de la Magistratura AC 57/92 s/ Empleo Público”, sentencia del 2/7/2009).
Ahora bien, en el caso de autos se observa que, al momento de formular su allanamiento, la demandada no demostró que se encontraban configurados todos y cada uno de los requisitos que exige el citado artículo 70 para su dispensa.
En especial, cabe ponderar la demora en que incurrió la administración respecto de la oportunidad en que realizó el allanamiento, lo cual surge con tan sólo cotejar las fechas en que fueron dictadas las sentencias judiciales en las causas citadas en la Instrucción General (AFIP-DGA) Nº 14/17, y que precisamente determinaron la emisión de la instrucción -a las áreas jurídicas- sobre las vías de acción que deberían adoptarse en todas aquellas actuaciones administrativas y judiciales en las que la cuestión debatida versare sobre la aplicación del inciso c) del artículo 954 del CA, cuando las circunstancias de hecho guardasen identidad con las referidas en el apartado A de esa norma, a los fines de evitar un dispendio innecesario.
En efecto, la sentencia adversa al organismo recaudador recaída en los autos “Siderar SAI y C c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, causa Nº 40.162/15, dictada por la Sala IV de esta Cámara, y que fuera citada en la referida Instrucción data del 10 de marzo de 2016.
En tales condiciones, su ejercicio, en la presente causa, con fecha largamente posterior al hecho que motivó su allanamiento -18/04/2024 (fs. 164/166 expte. papel)-, hacen concluir que no se encuentra cumplido el requisito de oportunidad y prudente temporaneidad..
Pues, la Dirección General de Aduanas ordenó el 5/12/2017 a todos sus funcionarios allanarse a las demandas o recursos presentados ante el Tribunal Fiscal, y los letrados del fisco no cumplieron con la orden sino hasta abril de 2024, es decir siete años después de la Instrucción dada. Está claro que el accionar del Fisco y su conducta contradictoria (la existencia de una resolución administrativa previa que obligo a la actora a recurrir al Tribunal Fiscal invocando un derecho que posteriormente le fue reconocido al allanarse el Fisco, demuestra que su conducta contradictoria motivó que la actora se viera obligada a interponer un recurso, producir prueba y tramitar la causa, teniendo una contingencia durante más de 10 años Por consiguiente, en tanto no se encuentran reunidos los excepcionales requisitos exigidos por el referido artículo 70 del Código Procesal, corresponde confirmar la imposición de las costas correspondientes a la instancia de origen, a la demandada, en los términos del artículo 70 del CPCCN, y artículos 1163 y 1174 del Código Aduanero.
VI. Que, por último, corresponde desestimar la pretensión de la demandada de que las costas se limiten al pago de la tasa de actuación, toda vez que, conforme lo dispone el art. 1163 del C.A. aquéllas comprenden “todos los gastos causídicos y costas de la contraria” y, tal como se desprende del considerando anterior, ha quedado demostrado que fue la DGA, quien con su conducta contradictoria obligó a la actora litigar, en una causa que a la fecha, lleva 10 años.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte. C.P.C.C.N.).
VII. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos:341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons.
3. y 4° del voto mayoritario).
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados- conf F4, Resolución Fallo N° 338/2014 y lo resuelto con fechas 02/07/2024 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante las dos etapas del pleito cumplidas, corresponde, elevar a la suma TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($395.500), los honorarios del DR. JULIO CARLOS LASCANO, por la dirección letrada de la actora durante las tareas cumplidas bajo la vigencia de la ley 21.839; y asimismo confirmar los emolumentos fijados en favor del citado profesional, por su actuación como patrocinante actuante en la defensa de la actora, durante las tareas cumplidas bajo la vigencia de la norma 27.423 (arts. 6, 7, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y arts. 16, 21,24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 –Dto. 1077/17).
Que, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados- conf. F4, Resolución Fallo N° 338/2014 y lo resuelto con fechas 02/07/2024 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante las dos etapas del pleito cumplidas, corresponde, elevar a la suma CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($158.200), los honorarios del DR. CARLOS ALBERTO CARENA, por la representación de la actora durante las tareas cumplidas bajo la vigencia de la ley 21.839; y asimismo confirmar los emolumentos fijados en favor del citado profesional, por su actuación como apoderado actuante en la defensa de la actora, durante las tareas cumplidas bajo la vigencia de la norma 27.423 (arts. 6, 7, 9, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y arts. 16, 20, 21,24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 –Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento que la única cuestión sometida a conocimiento del Tribunal fue la distribución de costas y el resultado obtenido, corresponde regular en la suma PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($135.264) – equivalente a 2 UMA, para cada uno- los honorarios de los DRES. CARLOS ALBERTO CARENA y JULIO CARLOS LASCANO, letrados apoderados, actuantes en la defensa de la actora (arts.14, 16, 20, 21, 29, 30 y ccdtes. y citados de la ley 27.423 El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996). ASÍ SE DECLARA.
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. En virtud de lo expuesto, SE RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, imponiendo las costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte. C.P.C.C.N.) y 2º) elevar, confirmar y fijar los honorarios de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VII.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia