Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 34.227-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 405/2013 (AD VICO), con costas a cargo de la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-98127856-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 23 de Agosto de 2023 ACEROS S.A.
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrase vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “ACINDAR INDUSTRIAS ARGENTINA DE ACEROS S.A. c/ DGA s/ rec. de apelación"; Expte. Nº 34.227-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 40/51 vta. se presenta mediante apoderado, la firma ACINDAR INDUSTRIAS ARGENTINA DE ACEROS S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 405/2013 (Aduana de Villa Constitución), dictada en las actuaciones SIGEA N° 12539-181-2008/1, dictada el 11 de diciembre de 2013, en tanto la condena por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. c), del Código Aduanero al pago de dos multas que ascienden a las sumas de: PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100 ($966.845,60) en relación a las destinaciones de importación correspondientes a los despachos 03 069 IC06 000008 y 03 069 IC06 000009. Manifiesta que ACINDAR es una empresa productora de aceros no planos, líder en el mercado argentino, de presencia internacional y con una participación en el mercado superior al 50%.
Explica que, a esos fines, la empresa importa considerables cantidades de mineral de hierro originario de Brasil, ya que dicho insumo no se produce en nuestro país. Agrega que existen distintas clases de mineral de hierro con distintas características, pureza y prestaciones, y aclaró que el hierro no se encuentra naturalmente en estado puro, sino que se encuentra formando parte de otros minerales, por lo que es sometido a distintos procesos para su obtención, como por ejemplo los procesos denominados "alto homo" y "reducción directa". Continua explicando que los productores del mineral de hierro lo extraen de las minas para comercializarlo en tres presentaciones o formatos: Calibrados (o Lump), Finos (o Sinter Feed) y Pellets.
Alega que la empresa pago a ITABIRA por las mercaderías importadas y por el flete, el precio realmente facturado por el vendedor, no habiendo existido ningún tipo de manipulación, siendo la declaración absolutamente cierta y exacta. Afirmo que las declaraciones de exportación presentadas por CVRD en Brasil, tanto en lo atinente a los precios de venta como a los fletes, son ajenos a ACINDAR, y en modo alguno, su mandante tiene responsabilidad por tales declaraciones, especialmente considerando que ACINDAR no compró el mineral a CVRD sino a ITABIRA. Se refirió al valor de transacción previsto en el artículo V del Acuerdo de Valoración del GATT, y sostuvo que el cuestionamiento de autos resulta contrario a dicho Acuerdo.
En relación con el valor FOB, señala que la Aduana Ie adjudica haber declarado un precio 29% superior al declarado por el exportador brasilero ante las autoridades de ese País, sospechando que el precio declarado por ACINDAR es sobrefacturado al ser mayor. Manifiesta expresamente: “Bien podría ocurrir que el precio declarado por el exportador a su vinculada estuviera subfacturado y que el precio de la vinculada a ACINDAR fue el precio realmente pagado.” Asimismo ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas. Que a fs. 53 se tiene por presentada a la actora, por constituido el domicilio en el lugar indicado y del recurso juntamente con la documental, se le corre traslado a la Dirección General de Aduanas.
II. Que a fs. 62/67 vta. la representación fiscal se presenta y contesta el traslado que le fuera conferido, efectúa una negativa genérica de todos los hechos afirmados por la contraria que no sean expresamente reconocidos por ella. Hace una reseña de los hechos, contesta el recurso de apelación, ofrece prueba, acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 12539-181-2008 y hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el fallo aduanero apelado, con expresa imposición de costas a la contraria. A fs. 68 se abre la causa a prueba. A fs. 76/76 vta. y a fs. 82, se encuentran glosados contestaciones de oficios diligenciados en autos; a fs. 78, se procedió desinsacular a perito contador, quien acepta el cargo a fs. 91.
III. Que a fs. 112/114 vta., la parte actora solicita se declare condonada la multa impuesta oportunamente por la Aduana de Villa Constitución, mediante Resolución N° 405/2013 (AD VICO) y se aplique la Ley 27.260 que estableció un régimen especial de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. Cita las previsiones del art. 52 y 53 de la norma citada, como así también el art. 2° de la Resolución General AFIP 3920/2016, que en particular estableció la inclusión de las deudas aduaneras por infracciones al régimen de referencia al régimen de la ley citada. Concluye remarcando que la multa perseguida en autos quedó condonada de pleno derecho, lo que solita así se declare, previa vista al Fisco.
IV. Que a fs. 117 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido, sosteniendo que la presentación de la actora no cumple con los recaudos exigibles por la Ley 27.260, en razón de no haberse acompañado el formulario F408, con la intervención pertinente de la agencia AFIP-DGI correspondiente. Argumenta además, que conforme los arts. 53 y ccdts. de la ley citada, la contraria debería allanarse incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. En definitiva, aduce que no estarían acreditados por parte de la recurrente, los requisitos establecidos en la normativa en análisis para considerarla acreedora de los beneficios que el régimen de la Ley 27.260, al que pretende adherirse prevé, peticionando se rechace con costas lo solicitado por la firma importadora. Dadas estas razones, peticiona el rechazo a la pretensión de la actora por entender que no existe en autos condonación de multa por aplicación de la Ley 27.260. A fs. 119 se tiene por presentada a la representación fiscal, se tiene por contestado el traslado del recurso y se difiere el tratamiento de condonación incoado de la actora para el momento procesal, en que se analice el fondo de la causa. A fs. 136 el perito contador designado en autos, presenta el dictamen pericial. A fs. 146 se declara cerrado el período probatorio.
A fs. 149/156, la parte actora, solicita el allanamiento del Fisco en los términos de la Instrucción General 14/2017, acompañando su copia. En esta Instrucción General, el Servicio Aduanero instruyó a todas sus dependencias a allanarse a la demanda o recursos apelados ante el Tribunal Fiscal de la Nación en los cuales, según lo estipulado en el apartado A, tuvieron su origen a raíz de investigaciones por parte de la aduana, contra distintas firmas importadoras de mineral de hierro, concluyendo que ACINDAR, es una de las firmas importadoras de hierro brasileño que, junto con SIDERAR S.A., se encuentran dentro de esta situación que contempla la Instrucción General de referencia, sumariada por infracción al art. 954 del Código Aduanero. A fs. 158 el Fisco contesta el traslado del planteo incoado por la actora, y solicita su allanamiento en los términos de la IG 14/2017-DGA. A fs. 168 la parte actora, peticiona autos para alegar lo que reitera a fs. 177, indicándosele que se tendrá presente lo solicitado para la oportunidad procesal correspondiente.
V. Que las actuaciones administrativas Nro. 12539-181-2008/1 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia de fecha 9/12/2008, por una infracción prima facie tipificada en el art. 954 inc. c) del C.A., en relación a las Destinaciones de Importación a consumo Nros. 03-069-IC06-00008-Y y 03-069-IC06-000009-P, en relación a los valores FOB y flete declarados por la firma importadora. A fs. 2 a 6 obra Informe Técnico N° 60/08, de la Sección Fiscalización y Valoración de Importación. A fs. 8 y 9 se agregan los formularios OM 2133 correspondientes a las destinaciones aduaneras indicadas más arriba. A fs. 10, el día 11 de diciembre de 2008, se apertura el sumario contencioso, contra la firma ACINDAR I.A.A.
S.A. y contra el despachante de Aduana Osvaldo Virginio Bazzano por considerar que se encuentran reunidos lo extremos para instruir la causa por infracciones contra los nombrados por infracción al artículo 954 inc. c) del Código Aduanero, en los términos del art. 1090 inc) c del Código Aduanero. A fs. 14 luce glosada la Nota N° 150/2008 del día 12 de diciembre de 2008, de la Sección “V” de la División Aduana Villa Constitución, donde se procedió a determinar el perjuicio fiscal y las correspondientes liquidaciones, una por cada destinación en trato. A fs. 22 se corre vista de todo lo actuado a la firma exportadora ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACERO S.A. y al Despachante de Aduana Osvaldo Virginio Bazzano, notificada a ambos con fecha 17/12/2008 conforme fs. 21 y 23, respectivamente.
A fs. 26/28 vta. y a fs. 29/35 lucen las contestaciones de vista del Sr. Osvaldo Virginio Bazzano y de ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACERO S.A., respectivamente. A fs. 127/132, obra glosado el Dictamen 47/2013 que entiende que corresponde condenar a la firma ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACERO S.A y absolver al despachante de aduana Osvaldo Virginio Bazzano por la infracción imputada. Finalmente a fs. 134/137, se dicta el día 11 de diciembre de 2013, la Resolución N° 405/2013 (AD VICO), que condenó a la firma ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACERO S.A. por infracción al art. 954 inc c) del Código Aduanero, al pago de una multa de $ 966.845,50 (pesos novecientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco con 50/100).
En el mismo fallo absuelve al Despachante de Aduana Osvaldo Virginio Bazzano por la supuesta infracción al art. 954 inc c) del Código Aduanero. A fs. 139, se glosa el dictamen N° 1947/2013 de la División Dictámenes en Sumarios Aduaneros del Departamento de Asesoramiento Aduanero, que estima que corresponde aprobar la absolución dispuesta en el Fallo N° 405/2013 respecto del despachante de aduana interviniente en las operaciones en trato. A fs. 141/143 vta. obra la Resolución N° 72/2014 del Subdirector General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera, aprobando el Fallo N° 405/2013 (AD VICO) del 11 de diciembre de 2013. A fs. 144/149 lucen cédulas de notificación. A fs. 154, se presenta por apoderado la firma ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A., adjuntando formulario F4, e informa que presentó recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
A fs. 156, luce nota de remisión de las actuaciones administrativas en análisis, a este Tribunal.
VI. Que a fs. 188 se elevan los autos a conocimiento de esta Sala "E". A fs. 189 se ponen para alegar, derecho del que hace uso la actora a fs. 196/202 y la demandada a fs. 204/206. A fs. 208 se dicta autos a sentencia.
VII. Que en primer lugar corresponde dilucidar si la multa impuesta a la actora en los términos del art. 954, ap. 1, inc. c), del Código Aduanero quedó alcanzada por los beneficios de la condonación dispuesta en la Ley 27.260 conforme lo manifiesta y solicita la actora.
Que la Ley 27.260 referida al “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, en el Título II “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras”, en el art. 56 en lo que importa establece: “...las multas y demás sanciones previstas, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiere sido cancelada a dicha fecha..”.
Que la Resolución 3920/2016 en su art. 2, en lo que aquí interesa, dispone que : “Podrán incluirse en el presente régimen, las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, así como las infracciones cometidas relacionadas con esas obligaciones.”
“Se considerarán comprendidas en lo dispuesto en el párrafo precedente las obligaciones que se indican a continuación: (...)”
“a) Los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación cuyo hecho imponible hubiera sido perfeccionado hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, las liquidaciones de los aludidos tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como las multas por infracciones cometidas hasta la citada fecha, todo ello conforme a lo previsto por la Ley N° 22.415 y sus modificaciones” (cfme. Res 4007/2017). Que la Resolución 4007/2017, en el art. 4 dispone: “Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones – formales o sustanciales/materiales – cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abinada a dicha fecha...”.
“...Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 964, inciso b), 966 -cuando el beneficio sea excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones”.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo para determinar su sentido debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 311:1042; 320:61 y 323:1625, entre otros), ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivalga a prescindir de ella (Fallos: 303:1007).
Que es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Asimismo, que la inconsecuencia o falta de imprevisión no se suponen en aquél y por esto se reconoce como principio que las normas deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie o deje a todas con valor y efecto (Fallos 297:142; 314:458 y otros)
Que la multa impuesta en la resolución apelada en autos, no es susceptible de condonación, ello así en razón de que se trata de la comisión de una infracción de fondo de declaración inexacta prevista en el inc. c) del art. 954 del C.A., cuyo bien jurídico tutelado es el principio de veracidad y exactitud de la declaración, en los términos de la jurisprudencia de la CSJN, recaída en las causas “Subgra SACIE c/Nación Argentina (ANA)”, del 12/5/92 (Fallos 315:942) y “Bunge y Born Comercial S.A. (T.F. Nro. 7584-A) c/ANA”, de fecha 11/6/98 (fallos 321:1614).
Que a su vez la CSJN ha señalado que la multa aplicada en los términos del art. 954, inc. c, del CA no encuadra en el art. 56, primer párrafo, de la ley 27.260, en cuanto allí se dispone el beneficio de liberación de multas y demás, sanciones correspondientes a infracciones formales que no se encuentren firmes ni abonadas (conf. causas "Chehadi, Mallid" -Fallos: 345:849- y CAE 42372/2018/CAI-CSI "Rossi, Osvaldo Enrique c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo ", fallada el 30 de agosto de 2022). Asimismo, en tales actuaciones se ha afirmado que el régimen establecido por la ley 27.260, en lo concerniente a la condonación de las multas, tiene en cuenta la circunstancia de que la conducta sancionada resulte apta para generar una obligación tributaria que resulte susceptible de ser regularizada o cancelada por el interesado en los términos de la mencionada ley. En igual sentido pero respecto a otro tipo de infracción -art. 969 del CA- la Excma Corte se ha expedido recientemente en la causa "Buyatti SAICA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo ", fallada el 16 de mayo de 2023.
Que, de lo descrito resulta que la infracción prevista en el inc. c) del art. 954 del C.A. no se encuentra incluida en la Ley 27.260 y sus normas reglamentarias, motivo por el cual la multa que en la causa se cuestiona no se encuentra alcanzada por el beneficio de condonación solicitado por la actora.
VIII. Aclarado ello, corresponde ahora evaluar si de los elementos de prueba incorporados en las actuaciones administrativas y en los presentes actuados se acredita debidamente la comisión de la infracción imputada. Como quedó expresado, la presente causa tiene su origen en la Resolución N° 405/2013 (AD VICO), en la cual se imputa a la actora haber llevado a cabo el supuesto de hecho previsto en el art. 954, inc. c), del Código Aduanero, dado que según la Resolución aduanera apelada se determinó que en las Destinaciones 03-069-IC06-00008-Y y 03-069-IC06-000009-P se solicitó la importación a consumo de la mercadería que clasifica en la Posición Arancelaria 2601.12.00.110 X Mineral de Hierro y sus concentrados, declarándose en la totalidad de ellas un valor FOB de U$S 1.657.571,20.- y un valor flete total de U$S 198.435,90.- y según el informe N° 60/08 (SE FVIM) se estableció la existencia de una diferencia de valor de U$S 382,159.-, entre el valor documentado al momento de efectuar la exportación hacia nuestro país desde la República de Brasil y el monto FOB documentado y una diferencia de U$S 213,190.-, entre el flete documentado al momento de efectuar la exportación hacia nuestro país desde la República de Brasil y el monto Flete documentado.
Que en el control ex-post, el servicio aduanero observó la mencionada diferencia entre los valores FOB declarados por el exportador en Brasil para esas mercaderías y los valores declarados por el importador ante la aduana de nuestro país.
Que ello llevó al servicio aduanero a desestimar el valor declarado como valor de transacción y valorar las mercaderías de conformidad con el método previsto en el art. 7 del Acuerdo relativo a la aplicación del art. VII del GATT, considerando a esa diferencia de valor como configurativa del presupuesto de hecho del tipo infraccional imputado.
Que como quedara de resalto, la actora, entre otras cuestiones, defiende el valor declarado, entendiendo que se trata del valor de transacción de las mercaderías, Io que conllevaría a que en autos Io declarado no difiera de Io comprobado. Ello así, corresponde analizar la cuestión del valor en primer término.
IX. Que es precise señalar que en el sistema del valor de la OMC, plasmado en el Art. VII del Acuerdo General y en el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del GATT, se procure que las mercaderías sean valoradas en aduana por su “valor de transacción”, en el entendimiento de que aquel resulta ser el “valor real" de las mercaderías.
Que en ese sentido el Acuerdo define al “valor de transacción" como el precio realmente pagado o por pagar por una venta de mercaderías para exportación al país de importación con más/menos los ajustes del art. 8, siempre que no concurran determinadas circunstancias que pueden influir tanto sobre precio de transacción como sobre los ajustes que deban practicarse sobre el precio.
Que en Io atinente a este punto, la resolución condenatoria del servicio aduanero desestimo el valor declarado como valor de transacción al no existir identidad entre el precio declarado en la exportación desde Brasil y el valor FOB declarado en la destinación nacional de importación.
Que al respecto es menester anticipar que la sola declaración de un valor distinto al declarado en el país de exportación no resulta, por sí mismo, un elemento suficiente para desestimar el valor declarado en el país de importación como valor de transacción toda vez que la inexactitud pudo haberse efectuado en la primera declaración. Sin embargo, cabe reconocer que esa contradicción si constituye un indicio que habilita a investigar y recabar mayor información sobre el valor declarado, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo.
X. Llegados a este punto, corresponde realizar algunas precisiones respecto al valor probatorio de la información extraída del Sistema INDIRA toda vez que la parte actora ha manifestado a su respecto los siguientes cuestionamientos:
* Que no constituye una prueba válida, * Que la aduana debió requerir a las autoridades aduaneras brasileras un informe más amplio y detallado de la operación, * Que el informe debe estar suscripto por un funcionario con rango y competencia suficiente y, certificada y legalizada su firma.
* Que se trata de datos que no están disponibles en el país y que no son de acceso público.
Que al respecto corresponde tener presente que el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros en el MERCOSUR (Sistema INDIRA) es un mecanismo informático implementado entre los Estados Parte del MERCOSUR en agosto de 2004 (Resolución GMC N° 54/04) para que sus Administraciones Aduaneras compartan información de manera automática, accediendo a sus bases de datos en línea y en tiempo real. Su funcionamiento es muy sencillo: cada Estado Parte pone a disposición de los otros miembros un menú de datos, cuidadosamente seleccionados, de las importaciones y exportaciones intra y extrazona. Las administraciones aduaneras son las responsables del control de sus propios usuarios. La aplicación Web se conecta con el web service del país requerido a través de internet utilizando HTTPS con WSSA (Servicio Web de Autenticación y autorización); la respuesta es recibida en la pantalla del mismo agente aduanero, en tiempo real y los datos son encriptados en formato XML. La información se toma del propio sistema de registro de la Aduana que suministra la información, en el caso de autos, el Sistema SISCOMEX de Brasil, por lo que la información de él extraída es absolutamente oficial y a su respecto no ha mediado filtración o posibilidad de modificación alguna, es la información oficial obrante en el sistema de registro de la Aduana de Brasil a la cual accede un funcionario argentino en virtud de las facultades otorgadas en el marco normativo.
Al respecto, debemos recordar que mediante la Decisión CMC 54/04, titulada “Eliminación del doble cobro del AEC y distribución de la renta aduanera”, en su artículo 4to. se establecía aprobar y poner en vigencia la interconexión en línea de los sistemas informáticos de gestión aduanera existentes en los Estados Parte del MERCOSUR. Su norma complementaria (reglamentación), la Decisión CMC 37/05 estableció en su articulado: Art. 22 - Las informaciones serán intercambiadas en línea y en tiempo real y estarán disponibles para los funcionarios autorizados por las Administraciones de Aduanas de los Estados Parte a través del sistema INDIRA. El intercambio de informaciones a través de los sistemas informáticos no requerirá solicitud, respuesta o confirmación.
Art. 23 - Las informaciones obtenidas a través de los sistemas informáticos gozarán en el país que las recibiera, de las mismas medidas de protección que las informaciones confidenciales y el secreto profesional vigentes en el país de origen.
Todo este intercambio de información, desde el año 2006 se realiza al amparo de la Decisión (CMC) Nº 26/06 se puso en vigencia en el ámbito del MERCOSUR el “Convenio de Cooperación, Intercambio de Información, Consulta de Datos y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del Mercosur” que derogó las anteriores Decisiones CMC Nº 01/97, 13/04 y 19/05.
Que en nuestro sistema jurídico, debemos tener presente la Resolución General AFIP Nro. 2389/2008 que internaliza el Convenio de Cooperación referido precedentemente y la Resolución General Nro. 2495/08 que incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Decisión Nº 1 del Consejo del Mercado Común (CMC) del 30 de junio de 2008, norma relativa a la "Especificación de Características Técnicas de la Infraestructura Informática para el Intercambio Electrónico de Información de Operaciones Aduaneras mediante el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros - INDIRA".
Que de todo lo expuesto, surge sin duda alguna que la prueba obtenida a través del Sistema INDIRA es absolutamente válida, que no requiere de ninguna solicitud ampliatoria de información por cuanto en la misma se ha consignado la casi totalidad de la información obrante en el SISCOMEX (sistema de registro en Brasil) respecto de la operación de exportación, que tampoco requiere de ninguna certificación ni legalización de firma de los funcionarios actuantes toda vez que los oficiales de contacto ya se encuentran debidamente individualizados y habilitados para la realización de las consultas y que si bien es un sistema que no es de acceso público pues así lo han determinado en forma unánime las autoridades del MERCOSUR, ello en modo alguno afecta su valor probatorio, ni menos aún el derecho de defensa de los involucrados quienes pueden solicitar por otra vía la ratificación de la información suministrada en el supuesto de querer argüirla de falsa.
XI. Aclarado ello, y constatado que a criterio del suscripto se encuentra fehaciente y suficientemente acreditadas las discrepancias de valores declaradas ante ambos servicios aduaneros, corresponde evaluar que elementos adicionales tuvo en consideración el servicio aduanero argentino a efectos de constatar que la inexactitud se produjo en Argentina y no Brasil y por otra parte, como la actora justifica esa discrepancia de valores. Que del análisis de los elementos de prueba incorporados en las actuaciones administrativas como posteriormente en las actuaciones tramitadas ante esta instancia, no se han introducido elementos probatorios distintos al Informe INDIRA y a los documentos obrantes en los despachos de importación a consumo 03-069-IC06-00008-Y y 03- 069-IC06-000009-P por parte del fisco nacional.
Más aún, de las constancias agregadas a fjs. 98 de las actuaciones administrativas consta MINUTA INFORMATIVA REUNIÓN MINERAL DE HIERRO labrada en el ámbito de la Subdirección de Operaciones Aduaneras del Interior de la DGA surge en su punto 2 que: “con referencia a las diferencias detectadas en los valores de los fletes, las Direcciones Regionales involucradas designarán personal para que constituyéndose ante la Receita Federal Brasilera, corroboren los respectivos valores según sus registros …”, elemento probatorio de carácter fundamental que no se encuentra incorporado en autos.
Por su parte, la actora ha incorporado los siguientes elementos de prueba:
• Copias de las facturas comerciales y de flete correspondientes a las importaciones como asimismo, las instrucciones de pago dirigidas al banco interviniente y boletos de ventas de divisas del BCRA, • Informe pericial que acredita la debida registración y contabilización de las facturas comerciales y facturas de fletes, como los importes pagados y su adecuación con los valores declarados.
• Certificación del Banco interviniente respecto de los pagos efectuados al exterior y su coincidencia con los valores declarados.
• Certificados de Origen (incorporados como documentación complementaria en los sobres contenedores de las destinaciones) en donde consta que CVRD declaró la intervención del tercer operador ITABIRA y el número de la factura y el precio de venta de ITABIRA a ACINDAR que coincide con los valores declarados en los despachos de importación.
En virtud de lo expuesto, corresponde concluir que no se evidencia en autos que en las destinaciones involucradas en autos haya existido una diferencia entre lo declarado y lo comprobado en la República Argentina, por lo que, en ausencia de uno de los elementos objetivos exigido por el tipo infraccional imputado, corresponde revocar la sanción impuesta, con costas.
XII. Lo determinado en el punto precedente es conteste con lo resuelto por esta Sala en causas similares a la presente ("ACINDAR INDUSTRIAS ARGENTINA DE ACEROS S.A."; Expte. N° 34.229-A, s "Acindar Industria Argentina de Aceros SA c/ DGA si recurso de apelación" Expte. 35.967-A, entre muchas otras) en donde el Fisco Nacional, en aplicación a la Instrucción General DGA Nro. 14/2017 se allanó a la demanda.
Al respecto, debemos tener presente que la IG 14/2017 fue dictada en relación a los precedentes judiciales adversos recaídos en las condenas por infracción al inc. c) del Artículo 954 del Código Aduanero. Deviene pertinente extractar algunos fragmentos relevantes de la referida disposición por la cual se instruye a diversas áreas del organismo y en particular, a sus letrados apoderados, a allanarse a las demandas o recursos en los casos apelados ante el Tribunal Fiscal de la Nación o en curso de discusión en sede judicial ante los tribunales federales de cualquier instancia en aquellos casos en donde se presenten las circunstancias similares a la que acaece en los presentes actuados y que se relata en la parte introductoria de la referida Instrucción, a saber: “Con respecto a una de las firmas sumariadas, la imputación se formuló al considerar que existió una triangulación entre la compañía brasilera VALE DO R!O DOCE (ex CVRD S.A.) que efectuó las ventas del mineral de hierro a una firma subsidiaria suya denominada ITABIRA RIO DOCE COMPANY LTD., con sede social en la Mancomunidad de Bahamas, la que a su vez Ie facturé la mercadería en cuestión a SIDERAR SAI Y C., advirtiéndose la falta de identidad entre el precio unitario declarado en las exportaciones desde Brasil, el valor FOB unitario documentado en las destinaciones de importación y el precio de referencia del mineral que publicaba en su sitio web la firma brasilera.
Posteriormente. el Tribunal Fiscal de la Nación revoco la resolución AD SANI N° 261/11 de la Dirección General de Aduanas que impuso a la mencionada firma SIDERAR SAI Y C la multa pre vista en el inc. c) del Artículo 954 del Código Aduanero, considerando que no podía efectuarse una comparación lineal entre Ios valores declarados y Ios precios de referencia de la empresa productora de mineral de hierro, como Io había realizado el servicio aduanero. Asimismo advirtió que, aunque existía vinculación entre las partes del caso, en los términos del punto 4. a) del Artículo 15 del Acuerdo de Valoración, era claro que no había influido en el precio de transacción (Fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal — Sala IV. "SIDERAR SAI Y C c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo".
Del mismo modo, en la causa "SIDERCA SAIC c/ DGA s/ apelación" (Expte. N° 29.827-A), el citado Tribunal Fiscal resolvió revocar la sanción impuesta por el servicio aduanero por la ausencia de uno de los elementos del tipo infraccional de declaración inexacta, toda vez que no se evidencia que en las solicitudes de destinación involucradas haya existido diferencia entre Io declarado y comprobado.
En causas similares, el referido Tribunal sostuvo que resulta arbitrario que la Aduana valore la mercadería importada aplicando el método del “último recurso" contemplado en el Artículo 7° del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994 -GATT-, sin seguir acabadamente el procedimiento allí previsto a dichos efectos: es decir, sin justificar previamente en los términos de dicho acuerdo los motivos que la llevaron a descartar los otros métodos de valoración previstos.
A su vez, las distintas salas de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en Io Contencioso Administrativo Federal han ratificado el criterio antedicho, al confirmar las resoluciones del Tribunal Fiscal de la Nación. Al respecto, argumentan que la impugnación del valor declarado por el importador recae siempre sobre la aduana y Ie corresponde probar la inexactitud de la declaración (con forme Sala IV, "DGA - en Donati- TF 19.4S1- A", sentencia del 17 de marzo de 2009).
Que en el caso de autos, la actora presentó escrito manifestando la similitud de las circunstancias de autos con las previsiones de la Instrucción Gral. Nro. 14/2017, acompañando incluso copia de una Resolución de la Aduana de Villa Constitución en donde se sobreseía a la firma ACINDAR en causa similar, por aplicación de la referida instrucción (ver fjs. 149/155).
Que al momento de correrle vista de la referida presentación al apoderado por el Fisco Nacional, éste no se expidió sobre la aplicación de la IG (como si lo hicieron otros colegas en causas similares), sino que solicitó que previamente el tribunal se expida respecto de la solicitud de condonación en los términos de la ley 27.260 (ver fjs. 158/159), todo lo cual, en consecuencia, fue diferido para el tratamiento con el fondo de la causa.
XIII. Finalmente, respecto a las costas, éstas se imponen a la demandada vencida por cuanto con su accionar, el fisco nacional obligó a la actora a interponer el recurso de apelación que diera origen a la presente causa (artículo 1163 del Código Aduanero.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución N° 405/2013 (AD VICO), con costas a cargo de la demandada.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Revocar la Resolución N° 405/2013 (AD VICO), con costas a cargo de la demandada.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la DGA, y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN).
Date: 2023.08.23 09:40:51 -03:00 Date: 2023.08.23 11:21:04 -03:00 Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.23 11:21:04 -03:00
Fin de la sentencia