Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala II · Causa 34.947
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la sentencia en relación a la indemnización por fallecimiento fijándola en las cantidades de $20.000.000 para Ágata Perone y $30.000.000 para Yamila Rosario Ackermann y en relación a la indemnización del daño moral fijándolo en la suma de $16.000.000 para cada una de las nombradas.
2Establecer que para los rubros que se han fijado en esta sentencia, los intereses serán calculados mediante la utilización de la tasa pura del 6% desde la fecha del hecho hasta la del dictado de la presente, en tanto que respecto del restante rubro, tal tasa será de uso hasta la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia. En ambos casos, luego de tales momentos será de aplicación la tasa indicada por el art. 768 inc. c) del Cód. Civ. y Com.
3Dejar establecido que el límite de cobertura sobre el que debe responder la aseguradora citada en garantía es el que surge del Considerando IV.
4Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide.
5Imponer las costas de esta instancia a la citada en garantía (arts. 68 CPCC).
SII - 34947 - ACKERMANN YAMILA ROSARIO C/ PERALTA MARIA SOLEDAD Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
Exp: 34.947 Juicio ACKERMANN YAMILA ROSARIO C/ PERALTA MARIA SOLEDAD Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
Juzgado en lo Civil y Comercial N°7 Departamento Judicial Mercedes En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, doctores LUCAS RICARDO GOMEZ y LUIS MARÍA NOLFI con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. nº 34.947 en los autos: "ACKERMANN, YAMILA ROSARIO C/ PERALTA, MARÍA SOLEDAD Y OT. S/DAÑOS Y PERJUICIOS."
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución provincial y 266 del Código Procesal. PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada en lo relativo a las indemnizaciones fijadas?
SEGUNDA: En su caso ¿Lo es en lo relativo a la tasa de interés?
TERCERA: ¿Lo es en cuanto hizo extensiva la condena a la aseguradora citada en garantía?
CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Lucas Ricardo Gomez y Luis María Nolfi.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
I. El señor Juez a cargo interinamente del Juzgado en lo Civil y Comercial N°7 Dr. Martín Hernando Cherubini, mediante el dictado de la sentencia de fecha 30/8/2023, acogió la demanda indemnizatoria promovida por Yamila Rosario Ackermann por sí y en representación de su hija Ágata Perone, contra María Soledad Peralta, condenándola al pago de la suma de $49.200.000, discriminada en distintos rubros, con más intereses y costas, e hizo extensiva la condena a la citada en garantía Río Uruguay Seguros S.A. La sentencia fue apelada concediéndose libremente los recursos. Convocados a expresar agravios así lo hicieron la actora (escrito de fecha 15/4/2024) con el patrocinio letrado del Dr. Raúl H. Tenaglia y la citada en garantía a través de su apoderado Dr. Felipe Sario (presentación de fecha 6/11/2023).
Tanto la actora como la citada en garantía, replicaron las fundamentaciones contrarias (escritos de fecha 23/4/2024 y 24/4/2024). Llamados autos para sentencia, consentidos los mismos y practicado el pertinente sorteo (12/9/2024), quedó la presente en condiciones de ser votada.
II. La indemnización mencionada reconoce su causa en las consecuencias dañosas del accidente de tránsito acaecido el 28/10/2018 en la ciudad de Chivilcoy, a resultas del cual falleció el 14/12/2018 Federico Perone -cónyuge de la actora y padre de Ágata Perone- quien en la oportunidad conducía la motocicleta que colisionara con el automóvil comandado por la demandada Peralta, sobre el cual se había contratado un seguro de responsabilidad civil con la citada en garantía.
Dado que la atribución de responsabilidad realizada en la sentencia llega sin cuestionamientos a esta instancia no me extenderé en la descripción de la forma de ocurrencia o mecánica del accidente (art. 272 CPCC; mis votos en exptes. SII-33.449, SII-33.630, SII-33.983, SII-34.200, SII-34.284, SII-34.213, SII-34.523, SII-34.659, SII-35.318, SI-121058, entre otros).
Dicho ello, corresponde que me ocupe de los agravios que ambas partes, antitéticamente, desprenden de la sentencia y más puntualmente en esta cuestión, de la cuantificación de los rubros que componen la cuenta indemnizatoria.
Los rubros acogidos, siguiendo la terminología empleada en la sentencia, fueron el valor vida ($21.000.000 para Yamila R. Ackermann y $9.000.000 para su hija); el daño moral ($9.000.000 para cada una de las reclamantes); gastos documentados y no documentados ($1.000.000); y daños a la motocicleta ($200.000).-
Tales indemnizaciones fueron fjadas con "criterio de actualidad", tal como resulta del Consid. III ap. A) 2.- y además puede inferirse de los intereses fijados en el Consid. IV.
La parte actora se agravia de la cuantificación de la indemnización por el fallecimiento y el daño moral, en tanto que lo propio hace la citada en garantía por razones antitéticas pero no sólo respecto de los rubros mencionados sino también respecto de los gastos.
Por razones de brevedad doy por reproducidos sendos escritos de expresión de agravios y sus contestaciones y seguidamente me ocupo de los mismos.
a) Considero necesario comenzar por el final de los agravios de la citada en garantía, pues allí denuncia la violación del principio de congruencia decisoria -a través del vicio de la ultra petita- fundando ello en que las sumas concedidas en la sentencia superan con creces (siete veces, el doble, cuatro veces, y hasta ocho veces según los rubros que indica) los montos reclamados en la demanda.
Es la propia citada en garantía quien admite la utilidad del uso de la "fórmula más o en menos" (de modo que no es necesario que me extienda sobre ello) estribando su discrepancia con lo decidido en lo que a su juicio sería una notable desproporción.
Ahora bien, no siendo el monto nominal demandado un tope cuantitativo, el capital debe fijarse considerando el poder adquisitivo de la moneda al momento de la cuantificación, debiendo existir proporcionalidad o simetría entre el valor histórico demandado y el valor actual que se fije (González Zavala, Rodolfo; Las indemnizaciones judiciales y la inflación, Rubinzal Culzoni D 485/2024; Marino, Tomás, Principio de congruencia y depreciación monetaria, Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, 2020-1, p. 371).
Ha sido la propia SCBA quien ha señalado la utilidad de realizar cálculos comparativos a los fines de verificar el alcance y la intensidad con que la situación fáctica o jurídica impacta sobre los derechos en disputa (Cfr. causa C 124.096 "Barrios", voto del Dr. Soria, Consid. V.9.d) y en tren de realizar tal análisis utilizo como primera pauta el Jus Arancelario establecido por la ley 14.967.
A la fecha del accidente, tenía un valor de $1.300, a la fecha de promoción de la demanda (18/6/2019), $1.471; y a septiembre de 2024 cuando estoy redactando este voto, tal valor es de $30.488, es decir más de 20 veces mayor.
Según estadísticas oficiales (Indec) relevadas en www.calculadoradeinflacion.com el monto de la demanda se habría incrementado un 3.034% lo que llevaría la suma pretendida nominalmente en la demanda ($16.085.000) a una cantidad superior a los $504.000.000. La llamada "tasa pasiva Bip" del Banco de la Provincia de Buenos Aires lleva el monto de la demanda a una cantidad cercana a los $65.500.000; y su tasa activa más alta (descubierto en cuenta corriente) a $95.400.000), en tanto que realizando los cálculos con la "Tasa de interés para uso de la Justicia - Comunicado P 14290" informada por el Banco Central de la República Argentina se llega a la suma de $135.500.000 aprox. Por lo que resulta de los guarismos confrontados propongo la desestimación del agravio relativo a la violación del principio de congruencia. b) El segundo agravio de la citada en garantía que también considero liminar, es el relativo a la alegada separación de hecho entre la víctima y la actora, que se acreditaría a través de la documentación que indica una diferencia de domicilios.
A mi juicio, ello eventualmente acreditaría una violación al deber de convivencia entre cónyuges que no apareja sanciones ante su incumplimiento, y que -más aún- ni siquiera es causal de divorcio en el sistema que rige en la actualidad. E incluso, como el deber alimentario entre cónyuges permanece inalterado a partir de la separación de hecho, pues aquél no deriva de la cohabitación sino del vínculo matrimonial (arts. 431 y 432 Cód. Civ. y Com.; Zavala de González, Matilde, Tratado de daños a las personas, Perjuicios económicos por muerte, Astrea, 2008, T°1 p. 367), lo que determina la legitimación activa de la actora para reclamar como lo hace es su situación conyugal acreditada con el correspondiente certificado de matrimonio y aun admitiéndose por vía de hipótesis la falta de cohabitación (la documentación aludida resulta débilmente indiciaria de la separación) ello no enerva la presunción legal de daño pues, en su caso, la prueba en contra de que la víctima no recibía en concreto la ayuda y asistencia material no se ha producido (Galdós, Jorge M., La responsabilidad civil, Rubinzal Culzoni, 2021, T°II p. 552) siendo insuficiente para ello -lo reitero- considerar que porque en la licencia de conducir y en el certificado de defunción existe una diferencia de domicilios pues la prueba en contrario debe ser rigurosamente valorada y con mucha prudencia, debiendo estarse, ante la duda, por el mantenimiento de la presunción (Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G.; Tratado de responsabilidad civil, Rubinzal Culzoni, 2024, T°II p. 462). c) Ingreso ahora en el tratamiento de los agravios vertidos específicamente en relación a la indemnización determinada, anticipando que habitualmente fijo las indemnizaciones con "un criterio de actualidad" (Exptes.
SII-33.983 “Andrade, Alberto G. c/Russo, Rubén y Ot.”; SII-33.589 “Benítez, Laura D. c/Langono, Mario José y Ot.”; SII-33.515 “Sosa, Gabriel D. c/Tamola, Ignacio y Ot.”; SII-33.255 “Quiroga, Fernando E. c/Redondo, Hugo J.”; SII-33.574 “Reyes, Santiago N. c/Zucca, Zulma E.”; SII-33.630 “López, Verónica G. c/Cisneros, Anselmo y Ot.”; SII-33.879 “Valjetic, José A. c/Caballero, Carlos Rafael y Ot.”; SII-33.674 “Vario Fiorini, María N. c/Herederos de Primavera, Carlos R. y Ot.”; SII-33.586 “Kunstler, Cristian D. c/Barroca, Sergio y Ot.”; SII-33.972 ”Cabrera, Marcos D. c/Remolgao, Jorge A. y Ots.”; SII-33.408 “Gutiérrez Lagomarsino, Maximiliano G. c/Maino, Héctor A. y Ot. s/Daños y perjuicios”;SII- 33.449 “Solillo, Aldo N. c/Botello, Angel L. y Ot.”; SII-33.200 “Alice, Verónica Y. y Ot.
C/Logística Diesel S.A. y Ot.; SII-32.808 “Maraio, Santiago D. C/Paraná Seguros S.A.”; SII-32.794 “Peláez, César O. c/Terreri, Mario V.”; SII-32.242 “Ciafardini, Marisa V. c/Eransus, Pablo A. y Ot.” y su acumulado SII-32.241 "Mainelli, Fernando V. c/Eransus, Pablo A. y Ot."; SII-32.581 “Espejo, Marta B. c/Telefónica de Argenitna S.A.”; SII-32.764 “Del Río, Brian J. c/Almirón, Francisco N. y Ot.”; entre otros), y tal será el procedimiento que se hará para verificar si las indemnizaciones son excesivas o exiguas.
Esto no es más que una derivación del principio iura novit curia, en cuya virtud corresponde la determinación actual de las deudas de valor, en la forma más cercana posible a la fecha de pago (art. 772 Cód. Civil y Com.; SCBA, Causas C 120.536 "Vera" y C 121.138 "Nidera").
i) Valor vida: Bajo este título, el a quo comenzó por exponer las condiciones de procedencia del rubro, que se comparten y que son las establecidas por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Aquino", Fallos: 327:3753, citado por el a quo; y más recientemente "Lacave", Fallos: 347:128) que establecen que, ante la supresión de la vida se ocasionan indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria, y lo que se mide con signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea su brusca interrupción, siendo la valoración de la vida humana la medición del perjuicio económico que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o partes de los bienes que el extinto producía.
Sobre tales consideraciones, teniendo en cuenta las edades de las reclamantes (29 y 4 años de edad), la del occiso (30 años) y su ocupación (monotributista categoría C) y el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento del dictado de la sentencia ($112.500), la expectativa de vida (75/76 años) la composición del grupo familiar y que parte de los ingresos del fallecido eran reservados para uso personal y que respecto de Ágata la obligación alimentaria se extendería hasta su edad de 25 años fijó -como se dijo- $21.000.000 para la viuda y $9.000.000 para su hija, a valores de la fecha del pronunciamiento.
Ya dije que la cantidad fue protestada antitéticamente por las partes.
La parte actora, muy genéricamente, señala que la indemnización lejos está de mantener el "status a que la víctima tenía acostumbrado a las accionantes", sin referir o indicar cuál era éste y mucho menos como ha sido acreditado; que la indemnización no guarda correlación con los valores actuales, pero tampoco indica cuales serían éstos o al menos los que entiende apropiados, señala que el art. 1745 del Cód. Civ. y Com. no estaba vigente a la fecha del hecho de autos -y si lo estaba- y cita un precedente de la Sala I de ésta Cámara en el que fuera resuelto un caso de indemnización de daños y perjuicios derivados de lesiones a la integridad física, cuya estricta atingencia al caso de autos no se advierte, a menos que a través de su cita elípticamente se pretenda la utilización de las fórmulas indemnizatorias que allí fueron usadas, como parece desprenderse de los parámetros que solicita sean tenidos en cuenta para graduar la indemnización los cuales -vale la pena decirlo- son exactamente los mismos que usó el a quo, aunque pretende que sean tomados mayores ingresos que los que resultan del importe del Salario Mínimo Vital y Móvil, aunque no señala cuál es la prueba en cuya virtud quedaría demostrada la mayor ganancia de la víctima, si es que ésta se hubiera producido.
Destina el final de su agravio a discurrir en torno a las obligaciones de valor y a quejarse de una supuesta "pérdida de la chance" de ascenso en la actividad de la víctima, tampoco acreditada.
La citada en garantía, por su parte, afirma que no se ha acreditado que la víctima desarrollara actividad productiva, habiendo desconocido el carácter de contribuyente al régimen del Monotributo. Resalta que la actora posee título de Trabajadora Social, y que ante la falta de acreditación de ingresos permiten concluir que el aporte de la víctima sería menor al daño presunto, que la obligación alimentaria no se extiende hasta los 25 años de la hoy menor Ágata, a la vez que le imputa "discrecionalidad" al fallo por no conocerse como ha llegado a la indemnización otorgada.
Es facultad de los jueces del recurso decidir cuáles serán los temas conducentes para fundar la decisión. Esta prescindencia de alguno o algunos de los argumentos jurídicos de los apelantes será ejercida, claro está, en tanto no se modifique el objeto de la apelación (Cfr. Morello, Augusto M. Morello; Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Ricardo O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Abeledo Perrot, 2da. ed. reelaborada y ampliada, T°III pág. 420 y ss.)
A tono con ello, considero bastante la reseña recién realizada de los agravios de las partes, sin que sea necesario transcribirlos (Esta Sala, Expte. SII-33.489 “Benítez, Laura D. C/Langono, Mario J. y Ot. S/Daños y perjuicios", entre otros).
También, destaco que el recurso de la parte citada en garantía abastece en debida forma el cumplimiento del requisito de suficiencia técnica que establece el art. 260 del CPCC, sin que sea necesario para así considerarlo acudir a parámetros de laxitud en su apreciación. Lo digo porque en la contestación de agravios fue insinuada la inidoneidad de la pieza.
Comienzo por decir que la crítica de la sentencia en lo relativo a la utilización del SMVyM como pauta de ingresos de la víctima, cae en saco roto. No se denuncia en el recurso la omisión de la valoración de pruebas que hayan acreditado que los ingresos de la víctima hayan sido mayores, y el aporte de los elementos de juicio que demuestren el perjuicio económico como consecuencia de un hecho ilícito es carga de quien lo invoca (art. 1744 del Cód. Civil y Comercial; art. 375 del CPCC), y para el caso de que los ingresos económicos no hayan sido probados se tiene en cuenta el salario mínimo vital (Exptes. SII-31.872, Blanco, Lucas c/Luzzi, Martha J. y Ot. s/Daños y perjuicios, sent. del 23/12/20; SII-34.200; García, Dante y Ot. c/Risso, Sergio F. y ot. s/Daños y perjuicios, sent. del 21/5/23, entre muchos otros).
Ha dicho la S.C.B.A. -a través de palabras del Dr. de Lázzari que "Es sabido que, al tiempo de determinar prudencialmente el monto indemnizatorio, todo tribunal debe suministrar los elementos necesarios que permitan deducir las razones que mediaron para que arribara a dicha suma dineraria y no a otra. Es decir, que ha de explicitarse de qué manera las pautas que se mencionan en las consideraciones del pronunciamiento han incidido en la ulterior determinación." (Suprema Corte de la Provincia de Buenos, causa L. 119.914, "Aguiar, Diego Alberto contra Municipalidad de La Plata y otro. Daños y perjuicios").
En este mismo sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacando que "la fijación de la indemnización debe ser razonablemente fundada (conf. art. 3° del Código Civil y Comercial de la Nación), aun en aquellos supuestos en los que, probada la existencia del daño, el juez debe justipreciarlo en función de lo previsto en el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque así se permite a los damnificados y a los responsables civiles conocer fehacientemente los mecanismos que llevaron a aquel a determinar una reparación y no otra, su reducción o su incremento." Corte Suprema de Justicia de la Nación, ("Grippo, Guillermo O. y Ot. c/Campos, Enrique O. y ots. s/Daños y perjuicios", sent. del 2/9/21; Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, diciembre de 2021, con notas de Sebastián Picasso -La Corte Suprema y las cuentas matemáticas para cuantificar la incapacidad sobreviniente- y de Pascual E. Alferillo -La cuantificación del daño a la persona en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La trascendencia del caso Grippo, Guillermo Oscar).
Pues bien, de acuerdo al inc. b) del art. 1745 del Cód. Civil y Comercial la indemnización por fallecimiento debe ser suficiente para los “alimentos” del cónyuge y de los hijos menores de 21 años, es decir las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad y los que sean necesarios para adquirir una profesión u oficio para éstos últimos (art. 649 Cód. Civ. y Comercial).
Y para fijar tal reparación debe tenerse en cuenta el tiempo probable de la vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes (art. 1745 último párr.)
Con base en lo expuesto hasta aquí, a la hora de cuantificar este daño no aplicaré una fórmula polinómica sino que habré de considerar y relacionar las variables antedichas (Cfr. CSJN, "Lacave" cit.) con el resultado que arroje el cálculo aritmético, teniendo en cuenta además que si bien la víctima fatal atendería las necesidades de su hija y su esposa no destinaría a ello la totalidad de sus ingresos sino que lo haría sólo con una parte de los mismos pues otra parte iría a la atención de las propias. Consideraré además que, a diferencia de lo dicho en la sentencia y como bien lo señala la citada en garantía, esta presunción de daño se extiende hasta los 21 años y no hasta los 25.
La aludida fórmula, con el valor actual del SMVyM ($262.432,93) arroja un resultado de $141.378.140.
Sobre esa cantidad, y también ponderando que existen otras actividades no directamente remuneradas pero que también contienen valor económico (Cfr. causa Ac. C. 100.285, “Ruboni"), propongo que a la menor le sea fijada una indemnización de $20.000.000 y a su madre de $30.000.000, a valores de la fecha de este pronunciamiento.
ii) Daño moral:
Con referencias al carácter resarcitorio y no punitorio del rubro, que en casos como el presente procede in re ipsa, y la función satisfactoria del mismo, el juez de grado fijó una indemnización de $9.000.000 en favor de cada una de las reclamantes.
La actora protesta bajo el título "Agravio por indemnización insuficiente del daño psicológico y moral", sin dedicarle párrafo alguno al rechazo del rubro daño psicológico fundado en la ausencia de prueba, por lo cual -pese al título- sólo queda en pie el agravio relativo a la cuantificación del daño moral.
La protesta de la citada en garantía parte de considerar irrazonable la suma otorgada, e incluso le imputa al juzgado haber incurrido en absurdo por arbitrariedad, fundando tales asertos -sintéticamente- en la alegada falta de convivencia de la actora con la víctima y a las diferencias existentes entre la suma reclamada en la demanda y las otorgadas en la sentencia. A ambas argumentaciones se les ha dado respuesta en el albor de mi voto por lo que, sin más, propongo desestimar este aspecto de la apelación.
Es de suma complejidad la tarea de mensurar la cuantía del daño moral. Invariablemente así lo considero pues en reiteradas oportunidades he sostenido que tengo pleno conocimiento de la dificultad que representa para los apelantes, en la generalidad de los casos, abastecer la fundamentación de la apelación en relación exclusivamente a la cuantía del daño moral. Dificultad que también encuentra la Magistratura para justificar su reparación en forma plena e integral.
Lo dicho es en relación a sendas apelaciones y por ello la apreciación de la suficiencia recursiva es, sobre el rubro, laxa. Bien ha fundado su decisión el a quo al sostener que, en casos como el de autos, el rubro “daño moral” resulta procedente “in re ipsa”, porque la ley presume en estos supuestos, que el propio fallecimiento apareja los padecimientos espirituales que no requieren prueba del mismo para ser reparado (doct. arts. 1741 y 1744 del Cód. Civ. y Com.; esta Sala, exptes. SII-32.581 “Espejo, Marta B. c/Telefónica de Argentina S.A.”; SII-33.176 “Cepeda, Yael C. c/Santana, Carlos”; SII-34.200; García, Dante y Ot. c/Risso, Sergio F.", entre otros).
Considero que la suma fijada no pondera adecuadadamente las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que deben procurar las sumas reconocidas. Para Ágata, de tan sólo 4 años de edad al momento de fallecimiento de su padre, y para la actora -viuda desde joven edadpropongo al Acuerdo que se les indemnicen las consecuencias no patrimoniales en la suma de $16.000.000 para cada una de ellas (arts. 1741 Cód. Civ. y Com. y 165 CPCC).
iii) Daños a la motocicleta:
El a quo tuvo por acreditada su existencia con las constancias de la causa penal (fs. 32/34), pese a no existir prueba pericial al respecto, y al amparo de los arts. 1746 y ccs. del Cód. Civ. y Com. y 165, 375 y 384 del CPCC fijó la suma de $200.000.
La citada en garantía cuestiona la legitimación de la actora por no ser la propietaria y subsidiariamente la procedencia del rubro por falta de acreditación.
Comienzo por decir que el art. 1772 del Cód. legitima no sólo al titular de un derecho real a ejercer las acciones de responsabilidad (inc. a), sino también al tenedor y al poseedor de buena fe (inc. b) y concluyo en que la recepción legislativa que ha tenido la corriente doctrinaria y jurisprudencial que sostenía que el usuario no propietario se encontraba habilitado para reclamar este tipo de daños (Galdós, Jorge M., La Responsabilidad Civil. cit., T°III p. 564 y nota n°336) permite descartar el agravio relativo a la legitimación.
En cuanto a la procedencia, como dijo el a quo, con el acta de fs. 32 y las fotografías se ha acreditado la existencia del daño y ello es suficientemente para confirmar lo decidido aunque propongo admitir el agravio relativo a la cuantificación en razón de la muy baja entidad de los daños. Propongo reducir el presente a la suma de $50.000, a valores actuales.
iv) Gastos documentados y no documentados:
En función de lo que resulta de las historias clínicas y con fundamento en lo dispuesto por el art. 1746 del Cód. Civ. y Com., la queja de la citada en garantía orbita en derredor de la violación del principio de congruencia, lo que ya ha sido analizado y en tales términos corresponde desestimarlo.
Sólo agrego que teniendo en cuenta el largo período de internación de la víctima (entre el 28/10/2018 hasta su fallecimiento el 14/12/2018) transcurrido durante gran parte en el Hospital El Cruce de la localidad de Florencio Varela (v. historias clínicas obrantes en la causa penal) la suma fijada resulta razonable y propongo su confirmación. Con el alcance que surge de lo precedentemente expuesto, voto por la NEGATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Juez doctor Luis María Nolfi aduciendo análogas razones, dio su voto también por la NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
III. En relación a la tasa de interés protestada por la actora, cabe decir que el juez de grado ha ajustado su decisión a la doctrina legal de la Suprema Corte emergente de los precedentes "Vera" (Causa C. 120.536, sent. del 18/4/2018), "Nidera" (Causa C. 121138, sent. del 3/5/2018) y "Barrios (Causa C. 124.096, sent. del 17/4/2024), en cuanto establece que sobre la condena fijada a valores actuales se devengarán intereses entre la fecha del hecho y la justipreciación del daño, a una tasa del 6% anual. "Por cuanto se refiere a las obligaciones de valor, cabe precisar que, al margen de lo que pudiere surgir de algún régimen especial, para aquel tipo de deudas es aplicable la doctrina legal establecida en los precedentes "Vera" y "Nidera" (C. 120.536 y C. 121.134) ya mencionados. A los fines de hacer viable la conservación del valor del capital, corresponde en principio mantener el criterio o parámetro de referencia para la determinación del valor actual de lo debido" (Consid. V.16.a; causa "Barrios", voto del Dr. Soria)" (...) "Con respecto a las deudas de valor en principio será de aplicación la doctrina sentada en los precedentes de las causas C. 121.134 y C. 120.536, ya citadas, y lo dispuesto en el art. 772 del Código Civil y Comercial..." (Consid. V.17.f; causa "Barrios", voto del Dr. Soria). Está fuera de toda discusión que la actualización de una deuda y los intereses sobre la misma responden a causas distintas y que, por ello, no constituye una duplicación acordar ambos conceptos, pues la actualización tiende a mantener inalterado el capital si se trata de una deuda de dinero, o el valor si es una deuda no dineraria (de valor) con relación a las fluctuaciones de la moneda y a los efectos perniciosos de la inflación, mientras que los intereses compensan por la privación de ese capital (CSJN, "Prov. de Buenos Aires c/Maggio y Braida S. y ots.", ED 66-408; "Escofet, Francisco c/Dirección Nacional de Vialidad", ED 64-497; cit. en Moisset de Espanés, Luis; Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G., Inflación y Actualización Monetaria, Ed. Universidad, 1981, p. 226).
Esa tasa mientras la obligación sea de valor y no haya ingresado en su tramo dinerario que comienza a partir de la cuantificación realizada de acuerdo al art. 772 del Cód. Civ. y Com. debe ser del orden del 6% anual conforme a la doctrina de "Vera", "Nidera" y "Barrios"- debiendo desestimarse la procedencia de una tasa de interés bruto pues en tal caso se compensaría al acreedor doblemente por un mismo concepto, por vía de la valorización de la prestación adeudada y de la escoria incluida dentro de la tasa de interés (Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G., Tratado de Obligaciones, Rubinzal Culzoni, 2017, T°I p. 526.
"Mientras la obligación sea de valor y no haya sido cristalizada en una deuda dineraria, por vía de la cuantificación en dinero que prevé el artículo 772, debe aplicarse una tasa de interés puro." (Viale Lescano, Domingo J., La deuda de intereses en el Código Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal Culzoni, 2018, T°I p. 191).
Ahora bien, ingresada la obligación resarcitoria en su tramo dinerario corresponderá que para su cálculo sea utilizada la tasa de interés moratorio establecida en el art. 768 inc. c) del Cód. Civ. y Com. Con esta propuesta me estoy apartando de lo que propusiera en anteriores oportunidades (Exptes. SI-121.386, SI-120.504, SII-24.955, SII-35.318, entre otros) pero ello obedece a que por fin (el 17/9/2024, Viale Lescano, Domingo J.; Calculadora de intereses: La reglamentación del BCRA que confirma la operatividad futura de la postura de la Corte sobre el art. 768 del CCC; Rubinzal Culzoni Online 548:2024) el Banco Central de la República Argentina fijó por vía reglamentaria la tasa a la que alude el art. 768 (proporcionando además en su página web una calculadora -https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/calculadora-intereses-tasa-justicia.asp), y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado recientemente propiciando su uso ("Lacuadra", Fallos: 347:947, sent. del 13/8/2024; Viale Lescano, Domingo J., La Corte, los tribunales inferiores y las tasas de interés: Un análisis crítico de la actualidad jurisprudencial y del futuro según el éxito del plan antiinflacionario, Rubinzal Culzoni Online 516/2024: La Comunicación 'A' 7847, del 22/09/2023 del Banco Central de la República Argentina, Rubinzal Culzoni Online 494/2023).
Por lo expuesto entonces, como la cuantificación de daños ha sido hecha “a valores actuales”, corresponde dejar establecido que para los rubros que se han fijado en esta sentencia, los intereses serán calculados mediante la utilización de la tasa pura del 6% desde la fecha del hecho hasta la del dictado de la presente, en tanto que respecto del restante rubro, tal tasa será de uso hasta la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia. En ambos casos, luego de tales momentos será de aplicación la tasa indicada por el art. 768 inc. c) del Cód. Civ. y Com.
Voto por la NEGATIVA.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Juez doctor Luis María Nolfi aduciendo análogas razones, dio su voto también por la NEGATIVA.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
IV. La sentencia, de conformidad con la doctrina legal emergente del precedente Causa C. 119.088 “Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto” y con una multiplicidad de citas legales (Constitución nacional, Código Civil, Ley de tránsito nacional, Ley de entidades de seguro, Ley de seguros, Ley de defensa del consumidor, Cód. de Comercio, ley de tránsito provincial derogada) decidió la extensión de la garantía contratada "incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, sustituyendo dicho componente en su valor histórico, y sin peruicio del mayor valor pactado por encima de dicho mínimo obligatorio, y las demás prestaciones o riesgos convencionalmente comprometidos por la aseguradora..."
La actora protesta la decisión desde distintos ángulos, propiciando en definitiva, que el monto de la cobertura asegurativa sea el que se encuentre vigente al momento del efectivo pago conforme a la resolución de la autoridad de control.
La citada en garantía, por el contrario, pretende que el límite de la cobertura contratada sea el contratado en su extensión nominal ($6.000.000) conforme lo informado pericialmente, citando en apoyo de su pretensión los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Flores" (Fallos: 340:765) y "Buffoni" (Fallos: 337:329), entre otros. a) Comienzo por decir que, en relación al posible escenario de contraposición de intereses que se presenta “cuando la aseguradora pretende ceñir su responsabilidad a los contornos numéricos de la cierta cobertura frente a la presumible vocación de total indemnidad de los asegurados” (SCBA, causas C. 122.594, "Albarracín”; C. 120.534, "Puga”), en hipótesis similares, esta Sala y a fin de garantizar el derecho de defensa de las partes ha suspendido el trámite hasta la comparecencia con nuevo patrocinio del asegurado y/o del conductor según el caso, pero en otros y especialmente cuando la jurisdicción decisoria de Alzada se encuentra abierta en plenitud en razón de los agravios que sobre el punto porta el recurso del actor se ha considerado innecesario hacerlo porque ello haría retrotraer el procedimiento a etapas pasadas alongando aún más el efectivo cobro de la indemnización por parte de la víctima actora (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Segunda, Expte.167.638, sent. del 8/10/19; ésta Sala Expte. SII_33.255, sent. del 2/12/2022, entre otros).
b) Como dije, en relación a la extensión de la condena a la citada en garantía, la actora pretende que la misma sea llevada hasta el límite de cobertura fijado por la Superintendencia de Seguros para el seguro automotor voluntario (ésto último no lo dice expresamente y el recurso carece de la precisión técnica esperable de una actuación en esta instancia pero se infiere de la mención al tope de $80.000.000 contenido en la Res. 505/2023 de la SSN).
La réplica de la aseguradora a ello, coherentemente se mantiene en la línea de su propio recurso.
Si bien podría pensarse que de los términos de la sentencia no surge un agravio puntual para la actor, pues lo que pide es lo que ha sido decidido conforme las citas legales y especialmente resulta de la cita del ya aludido precedente de la SCBA "Martínez c/Boito" (Causa C. 119.088); considero que conviene dejar expresamente establecido que el seguro contratado por el demandado y en virtud del cual se extiende la condena es el llamado voluntario, tal como resulta del Cap. II de la contestación de fecha 19/8/2021 y que en tal momento de acuerdo a la resolución entonces vigente de la Superintendencia de Seguros de la Nación tenía un límite de cobertura de $6.000.000.
La doctrina legal de la SCBA (Causas C. 119.088 “Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto” ya citada y C. 122.588 “González, Maximiliano Ramiro c/ Acosta, Emir Dorval”) despeja toda duda acerca del alcance de la condena que se efectúa en los términos del art. 118 de la Ley 17.418, dado que fluye de tales precedentes que el monto de la cobertura no permanece estático sino que cuando la condena a afrontar ha sido hecha con precisiones indemnizatorias actuales, la compañía aseguradora deberá responder en base a la cobertura que se encuentre vigente según el tipo de seguro que se trate.
He hecho reiteradamente aplicación de tal doctrina (Exptes.
SII-33.972 “Cabrera, Marcos D. c/Remolgao, Jorge A.”, sent. del 20/4/2023 y SII-32.000 “Maidana, María L. c/Sucesores de López”, sent. del 24/5/2023; SI-121386 “García, Andrea M. c/Bellagamba, María C.", sent. del 14/8/2024: SII-35.406 "Fontán, Sebastián E. c/Quintana, Esteban", sent. 10/9/2024, entre muchos otros) y es la forma en que propongo se decida esta cuestión, dejándose establecido que la “medida del seguro” en virtud de la cual será ejecutable la presente sentencia en los términos del art. 118 de la ley 17.418 será aquel que corresponda al de la cobertura contratada que esté vigente en el momento en que la sentencia deba ser cumplida, pues el límite de cobertura establecido en un contrato de seguro debe ajustarse a la normativa vigente al momento del pago de la condena.
Ello de ningún modo implica la inoponibilidad de las cláusulas que establecen una delimitación cuantitativa del seguro, sino que lo que se considera es que el valor de ese límite no es el histórico sino su real valor actualizado (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, Expte.175.368, sent. del 23/11/22).
Para mayor claridad, tal límite se encuentra hoy en $80.000.000 (art. 8 inc. 1.1.1 de la Res. 505/2023 ya mencionada), suma a la que deberán en caso de corresponder adicionársele intereses, dado que el daño debió pagarse en el momento en que se produjo (Esta Cámara, exptes. SI-115.450 “Lousa c. Maiucci, sent. del 15/09/15;
SI-116.807 "Cassati c/Luján", sent. del 14/8/18).
Sobre la procedencia de intereses sobre el monto actualizado de la cobertura, cabe decir que me he pronunciado sobre ello en el marco de los Exptes. SII-32.000, SII-34.762 y 34.842 siguiendo las aguas del caso "Fernández, Karina E. c/Clínica Cruz Celeste S.A.", fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 13/4/2023 (Fallos: 346:259), como así también que la garantía del asegurador comprende el pago de las costas y gastos judiciales (arts. 110 y 111 de la ley 17.418) interpretando que en la noción de gastos y costas se encuentran los intereses conforme la pacífica jurisprudencia que existe sobre el punto (Zunino, Jorge O., Régimen de seguros ley 17.418, 4ta ed., p. 203) y la opinión de la doctrina (Borrelli, Julián C. y Vázquez, Nicolás A., El seguro de responsabilidad civil y los límites de cobertura: la cuestión de los intereses a la ley de un nuevo precedente de la CSJN, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, 2023, p. 334; López Saavedra, Domingo M., Seguros de responsabilidad civil: el pago de las costas judiciales e intereses en los caso de infraseguro, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, 2010, p. 39; Compiani, María Fabiana, La adecuación de las sumas aseguradas frente a la inflación, La Ley 23/8/2023 p. 1, El seguro ante el actual contexto inflacionario argentino, en Derecho Monetario, Lorenzetti, Ricardo L. (Dir.), Rubinzal Culzoni, 2023 p. 607 y ss.; Vázquez Ferreyra, Roberto A., El derecho de seguros en un importante fallo, límites de cobertura, moneda de condena y daño punitivo, La Ley 11/4/2024, p. 6; Schiavo, Carlos A., Suma asegurada e inflación, La Ley 25/4/2023 p. 6; Melo, Verónica E., La inflación y sus efectos sobre la obligación del asegurador, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, 2024 (junio), p. 27).
V. Dado que la citada en garantía resulta sustancialmente derrotada en esta instancia, considero que las costas deben serle impuestas en su totalidad (art. 68 CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA TERCERA CUESTIÓN, el señor Juez doctor Luis María Nolfi aduciendo análogas razones, dio su voto también por la AFIRMATIVA.
A LA CUARTA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
En atención al resultado alcanzado en la votación a la primera cuestión planteada la resolución que corresponde adoptar es: 1º.- Modificar la sentencia en relación a la indemnización por fallecimiento fijándola en las cantidades de $20.000.000 para Ágata Perone y $30.000.000 para Yamila Rosario Ackermann, en relación a la indemnización del daño moral fijándolo en la suma de $16.000.000 para cada una de las nombradas, y en concepto de gastos de reparación de la motocicleta en la suma de $50.000. 2°.- Establecer que para tales rubros que en esta sentencia se cuantifican los intereses deben ser calculados a la denominada “tasa pura” del 6% anual entre la fecha del hecho y la de este fallo, y que a partir de allí será aplicable la tasa de interés establecida en el art. 768 inc. c) del Cód. Civ. y Com. 3°.- Dejar establecido que el límite de cobertura sobre el que debe responder la aseguradora citada en garantía es el que surge del Considerando IV. 4°.- Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide. 5º.- Imponer las costas de esta instancia a la citada en garantía (arts. 68 CPCC).
TAL ES MI VOTO.
A LA MISMA CUARTA CUESTION, el señor Juez doctor Luis María Nolfi aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido. Con lo que se dio por terminado el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A
Lo que surge del acuerdo que antecede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser modificada.-
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE
1. Modificar la sentencia en relación a la indemnización por fallecimiento fijándola en las cantidades de $20.000.000 para Ágata Perone y $30.000.000 para Yamila Rosario Ackermann y en relación a la indemnización del daño moral fijándolo en la suma de $16.000.000 para cada una de las nombradas.
2. Establecer que para los rubros que se han fijado en esta sentencia, los intereses serán calculados mediante la utilización de la tasa pura del 6% desde la fecha del hecho hasta la del dictado de la presente, en tanto que respecto del restante rubro, tal tasa será de uso hasta la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia. En ambos casos, luego de tales momentos será de aplicación la tasa indicada por el art. 768 inc. c) del Cód. Civ. y Com.
3. Dejar establecido que el límite de cobertura sobre el que debe responder la aseguradora citada en garantía es el que surge del Considerando IV.
4. Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide.
5. Imponer las costas de esta instancia a la citada en garantía (arts. 68 CPCC).
NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20, Res. S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prórrogas, AC 4013/2021 y AC 4023/2021).:
REGÍSTRESE. Fecho, DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia