Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 36.670-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 165/12, 166/12, 167/12 y 231/12, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, en la siguiente forma:
A. Por el Expediente N°36.535-I, en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado, a cargo de Aconcagua Seguridad Privada SA.
B. Por el Expediente N° 35.536-I en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado, a cargo de Aconcagua Seguridad Privada S.A.
C. Por el Expediente N° 36.670-I en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado, a cargo de Ignacio Edgardo Medina.
D. Por el Expediente N°36.537-I, en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado, a cargo de Aconcagua Seguridad Privada SA.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-15314873-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 11 de Febrero de 2026 Seguridad Privada S.A; y Expediente N° 36.670-I; Medina, Ignacio Edgardo.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 36.535-I caratulado “Aconcagua Seguridad Privada S.A. s/ recurso de apelación” (y sus acumulados Nros. 36.536-I y 36.537-I, de igual carátula y N° 36.670-I, caratulado “Medina, Ignacio Edgardo).
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Aconcagua Seguridad Privada S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la Dirección Regional Mendoza de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
a.- la Resolución N°165/12, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado en los períodos fiscales enero 2008 a diciembre 2009 y se lo intimó a ingresar $641.091,37, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). En dicho acto, además, se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional de los periodos mencionados por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
b.- la Resolución N°166/12, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2008 y 2009, y se lo intimó a ingresar $234.787,96, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Aquí también se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
c.- la Resolución N°167/2012, en la que se intimó a ingresar el impuesto a las salidas no documentadas de los periodos fiscales enero y abril a diciembre de 2008, enero a abril, julio y agosto 2009, por $194.507,62, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Asimismo se le impuso una multa de defraudación de $212.790,96 (art. 46 ley 11.683) por los periodos fiscales enero a abril, julio y agosto 2009, y se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional en relación a los periodos fiscales enero y abril a diciembre de 2008.
d.- la Resolución N°231/12, donde se estableció la responsabilidad solidaria del Sr. Ignacio Edgardo Medina por las obligaciones determinadas a Aconcagua Seguridad Privada S.A. en las Resoluciones indicadas en a), b) y c). En sus presentaciones ante este Tribunal, Aconcagua Seguridad Privada S.A. solicita la nulidad de las Resoluciones por considerar que en su dictado se omitieron formas esenciales del procedimiento, en violación a las normas al debido proceso y la garantía de defensa en juicio, transgrediendo así lo dispuesto por el art. 17 la ley 11.683 y lo establecido en la ley 19.549.
Sostiene además que en el proceso de fiscalización, como en el de determinación de oficio, no se impugnó su contabilidad.
A renglón seguido realiza un análisis jurisprudencial sobre las presunciones en materia fiscal y concluye que éstas se caracterizan porque la norma escrita describe un proceso de deducción lógica de forma que constatada la existencia de un hecho base, es posible determinar la existencia de otro que normalmente le acompaña del que derivan efectos jurídicos determinados, y que en atención al grado de probabilidad en la conclusión alcanzada las posibilidades de probar en contrario deben ser mayores.
Agrega que una cosa es determinar el quantum en perjuicio fiscal sobre la base de presunciones cuando previamente se ha acreditado en base cierta la existencia del hecho imponible en el impuesto que se trate, y otra cosa muy distinta, es inducirlo sobre la base de simples presunciones y pretender con ello que ésta sirva para la determinación del débito fiscal y para la aplicación de una sanción pecuniaria.
Sobre las impugnaciones de los proveedores afirma que las operaciones fueron reales, escapando a ella cuál es o era la situación fiscal de los mismos.
Expresa que si se pretende que los propios contribuyentes se transformen en fiscalizadores de sus proveedores se deberían realizar reformas en relación a este tema, en donde el contribuyente se trasforme en un verdadero agente de retención. Destaca que es función del ente recaudador llegar a establecer la verdad real y esto es lo que la obliga a ser objetiva, certera y justa, que cuenta con los medios para ello y que debe adoptar todos los recaudos que sean necesarios para establecer la verdad de los hechos que se plantean, y si bien el administrado tiene la obligación de probar el sustento de su defensa o descargo, ello no anula la obligación de la Administración de demostrar fehacientemente los cargos que formula.
Se agravia a demás por la tasa de interés aplicada a las obligaciones determinadas. Resalta que si bien debería plantear una acción declarativa de inconstitucionalidad sobre las tasas de interés abusivas, también lo es que el Tribunal Fiscal de la Nación tiene argumentos de sobra para morigerar las mismas ya que el organismo recaudador en los recupero de IVA exportación u otras operaciones aplica tasas de interés más bajas; por ello, solicita que se reduzcan los intereses liquidados en las Resoluciones.
Respecto a la multa impuesta en la Resolución N°167/2012, correspondiente al impuesto a las salidas no documentadas de los periodos fiscales enero a abril, julio y agosto 2009, no expresa agravios.
Aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa y testimonial, solicitando que se revoquen las Resoluciones, con costas.
Por su parte, en su presentación ante este Tribunal el Sr. Ignacio Edgardo Medina plantea los mismos argumentos esgrimidos por Aconcagua Seguridad Privada S.A. en sus recursos de apelación, no ofrece pruebas y solicita allí también que se revoque la Resolución N° 231/2012, con costas.
II. A fs.64/75, 134/146, 178/198 y fs. 259/269 el Fisco Nacional contesta los traslados de cada uno de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 192 obra la acumulación por Tribunal en Pleno de los Exptes. Nros. 36.536-I, y 36.670-I al N° 36.535-I, caratulado “Aconcagua Seguridad Privada S.A. s/ recurso apelación”. Finalmente, también por Tribunal en Pleno se decidió a fs. 276 acumular el Expte. N° 36.537-al N°36.535-I.
A fs.278 obra el auto de apertura de prueba en el que rechaza la prueba informativa ofrecida atento que la información solicitada por su naturaleza tenía que surgir de los registros contables de la sociedad y se rechaza también la prueba testimonial porque el testigo propuesto era el presidente de la sociedad, por lo que no cumplía con el requisito de ser una persona ajena a las partes.
A fs. 302, el 5 de septiembre de 2025, se elevaron las actuaciones a la Sala y a fs. 306 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde analizar en primer término el planteo de nulidad de las Resoluciones, el que, cabe ya adelantarlo, no puede prosperar, por cuanto se encuentran debida y suficientemente motivadas en los antecedentes de hecho y de derecho descriptos en sus Considerandos y que surgen de las actuaciones administrativas, por lo que no se advierte violación alguna a ninguna de las disposiciones de la ley 11.683, ni tampoco al procedimiento administrativo reglado en la ley 19.549.
En particular, no constituye supuesto de nulidad que no se haya impugnado formalmente la contabilidad, como sostiene el recurrente, ya que no hay norma que imponga dicho recaudo; por otro lado, respecto de las pruebas ofrecidas en la instancia previamente sustanciada, debe recordarse que es facultad del juez administrativo rechazarlas o admitirlas decisión que puede el contribuyente no compartir pero que en la medida que se encuentre debidamente fundada, no es per se inválida.
En el caso, las pruebas ofrecidas por Aconcagua Seguridad Privada S.A. fueron rechazadas porque el juez administrativo consideró que no eran conducentes para demostrar la improcedencia de los ajustes practicados ya que no se dirigían a probar la materialidad de las operaciones calificadas de apócrifas, fundamentación que se estima suficiente para cumplir con el recaudo de validez.
Por último, las determinaciones no se originan en la aplicación de las presunciones previstas en el art. 18 de la ley 11.683, ni en otras, por lo que los agravios efectuados a cuestionar el procedimiento seguido en su dictadocarecen de asidero. Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, ya que Aconcagua Seguridad Privada S.A. ha tenido oportunidad de hacer valer sus defensas tanto en el procedimiento sumarial sustanciado en sede administrativa, como ante este Tribunal. Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI”y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70).
V. Corresponde entonces resolver sobre la legitimidad de las Resoluciones Nros. 165/12, 166/12 y 167/12. Surge de los Considerandos de dichos actos que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización iniciado a Aconcagua Seguridad Privada S.A., cuya actividad es la prestación de servicios de vigilancia, se efectuaron los siguientes ajustes:
1. Omisión de declarar en el impuesto al valor agregado el débito fiscal de la factura -la N° 447- al igual que el ingreso en la declaración jurada del impuesto a las ganancias En ocasión de contestar el traslado del recurso de apelación, la representación fiscal solicita que se tenga este ajuste como consentido al no haberse expresado ningún agravio.
2. Cómputo en exceso de créditos fiscales en el impuesto al valor agregado por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 814/01 en los periodos fiscales enero a diciembre de 2008, enero a junio y agosto de 2009. Además, se verificó que Aconcagua Seguridad Privada S.A. computó en defecto los créditos fiscales por dicho concepto en los periodos julio y septiembre a diciembre de 2009. En este caso también, la representación fiscal solicita que se tenga como consentido el ajuste.
3. Por último, se impugnaron las operaciones con proveedores que luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos fueron calificados de apócrifos: Jesús Ariel Farías, Isabel del Carmen García, Domingo Antonio Gómez, Juan Pablo Ramírez, Paola Belén Pelleretti y Ricardo Héctor Licata S.H., Ángeles Producciones S.R.L., Sergio Fabián Funes, Hipotecaria Sociedad Anónima y Sergio Alberto Torazzi.
Respecto de los ajustes indicados con 1) y 2) asiste razón a la representación fiscal cuando invoca que no se presentaron agravios, por lo que deben tenerse por firmes y consentidos.
En cuanto al ajuste indicado en 3), es menester tener en cuenta que para la impugnación de las operaciones se tuvieron en cuenta aspectos tales como que no contaban con personal en nómina (Vgr. Juan Pablo Ramírez, Paola Belén Pelleretti y Ricardo Héctor Licata S.H., Sergio Fabián Funes e Hipotecaria Sociedad Anónima ) y que carecían de bienes registrables (Vgr Domingo Antonio Gómez, Paola Belén Pelleretti y Ricardo Héctor Licata S.H., Ángeles Producciones S.R.L. y Sergio Alberto Torazzi.): no tenían acreditaciones bancarias o las acreditaciones bancarias no eran suficientes para inferir que se realizaron las operaciones (vgr. Isabel del Carmen García, Domingo Antonio Gómez, Juan Pablo Ramírez, Paola Belén Pelleretti y Ricardo Héctor Licata S.H., Ángeles Producciones S.R.L., Sergio Fabián Funes y Sergio Alberto Torazzi). La fiscalización no pudo localizar a los proveedores en sus domicilios (Vgr. Isabel del Carmen García, Domingo Antonio Gómez, Paola Belén Pelleretti y Ricardo Héctor Licata S.H y Sergio Fabián Funes); en algunos casos, las actividades generadoras de ingresos eran incompatibles con las facturadas (vgr. Isabel del Carmen García, Hipotecaria Sociedad Anónima y Sergio Alberto Torazzi.)
El juez administrativo consideró relevante también que las facturas de los proveedores Jesús Ariel Farías y Antonio Domingo Gómez fueron solicitadas y retiradas de la imprenta por el mismo contador -el Sr. Rodolfo Petrisani-; también que la recurrente no aportó las facturas de compra de los proveedores Juan Pablo Ramírez, Ángeles Producciones S.R.L, Hipotecaria Sociedad Anomia y Sergio Alberto Torazzi. a pesar de habérsele requerido en varias oportunidades. Asimismo tuvo en consideración lo manifestado por el proveedor Sr. Jesús Ariel Farías ante la fiscalización, quien expresó no haber realizado operaciones con Aconcagua Seguridad Privada S.A., como así también lo manifestado por la esposa del Sr. Domingo Antonio Gómez quien dijo que su marido era obrero de la construcción -actividad que difiere con las de inscripción ante el ente recaudador-; lo mismo ocurrió con lo manifestado por el padre del Sr. Ricardo Licata quien manifestó telefónicamente que la sociedad de hecho que integraba con Paola Belen Pelleretti, nunca funcionó y que nunca se solicitó la autorización para imprimir los factureros de ventas. Del mismo modo, lo informado por la hermana de otro de los proveedores, el Sr. Sergio Fabián Fumes, quien expresó ante la inspección que su hermano se dedicaba a manejar un taxi -actividad que difiere con la inscripta- y que no tenía domicilio fijo ni teléfono para contactarlo. Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de las operaciones con los proveedores, como también la impugnación de los gastos deducidos en el impuesto a las ganancias en relación a los ya mencionados proveedores: además, se intimó el pago del impuesto a las salidas no documentadas por las erogaciones con los Sres. Domingo Antonio Gómez y Paola Belén Pelleretti y Ricardo Héctor Licata S.H.
a. Ajustes en el impuesto al valor agregado - Res. N°165/12.
Respecto a la impugnación de los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas por las operaciones efectuadas con los proveedores, correspondía a Aconcagua Seguridad Privada S.A. demostrar la efectiva realización de las operaciones con los proveedores por así disponerse en la ley 11.683, por lo que debe analizarse la prueba rendida con dicho propósito, tanto en la instancia administrativa previa como en la presente instancia.
Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: “en todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...”.
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/0639/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que el art. 12 de la ley del gravamen subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente vendieron los productos y prestaron los servicios, por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos.
En el caso, la Sra. García facturó la venta de rollos, cables y chapas cuya entrega no está demostrada; el Sr. Farias, el alquiler de autos y Pellereti, Paola Belén y Licata Ricardo Hector SH, el traslado de personal, servicios que tampoco fueron acreditados; las facturas del Sr. Funes, fueron por servicios de construcción de alambrados, pero no hay constancias de la prestación de tales servicios: por su parte, las facturas del Sr. Gomez no tienen descripción lo que impide saber cuál fue la prestación y las de los Sres. Ramirez y Torazzi y las de Angeles Producciones S.R.L. directamente no fueron aportadas por Aconcagua Seguridad Privada S.A.; las de Hipotecaria Sociedad Anónima, dicen como concepto “certificado de vivienda”, sin relación alguna con la actividad de Aconcagua Seguridad Privada S.A. Se advierte así que, en el caso, el recurrente no ha logrado probar la compra de los productos ni haber recibido los servicios de los proveedores impugnados, solo obra la documental que integra las actuaciones administrativas de lo que nada se desprende de allí en cuanto a la efectiva prestación y/o realidad de las operaciones.
No puede soslayarse además que respecto de los proveedores investigados el Fisco puso en evidencia una serie de irregularidades que se presentaron de forma reiterada resaltando esencialmente la falta de capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera de los mismos para, situaciones que no puede calificarse como de meros incumplimientos formales de terceros -conf. Cámara, en “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9.12.2015-. Ello así, la incapacidad atribuida a los proveedores impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal, extremos que no fueron cuestionados -ni desvirtuados- por la recurrente -conf. criterio de la CSJN en “Molinos Río de la Plata S.A.”, sentencia del 25.9.2015-.
Lo expuesto es suficiente para confirmar la pretensión fiscal notificada en la Res. N°165/12.
b. Ajustes en el impuesto a las ganancias – Res. N°166/12.
El juez administrativo también impugnó los gastos deducidos por las operaciones con los proveedores. Lo que la recurrente tenía que demostrar era que los gastos efectivamente existieron y que fueron necesarios para el ejercicio de su actividad, que en el caso era la prestación de servicios de vigilancia para lo que adquiría diferentes insumos y los servicios de traslado de personal que dice haber recibido, pagado e incorporado a su proceso económico o productivo, en los términos previstos en los arts. 17 y 80 de la ley del gravamen, pero tampoco lo hizo.
Las pruebas ofrecidas –informativa y testimoniales-, como ya se dijo, no fueron aceptadas. La primera de ellas atento que la información era que el Banco, sin decir cuál, dijera quien era la persona autorizada para realizar operaciones en nombre de la empresa. La entonces Vocal Instructora estimó que la información solicitada por su naturaleza debía surgir de los registros contables de la sociedad; la segunda, porque el testigo propuesto, el Sr. Ignacio Edgardo Medina, era el presidente de la sociedad, por lo que no cumplía con el requisito de ser una persona ajena a las partes cuya opinión pudiera ser prueba de los dichos de la empresa dirigida.
Tales consideraciones, sumadas a las ya dichas respecto de las irregularidades detectadas por la fiscalización a cada uno de los proveedores que la aquí recurrente no hizo esfuerzo por refutar, son suficientes para confirmar la Resolución N° 166/12.
c. Intimación por impuesto a las salidas no documentadas - Res.167/12.
De la propia Resolución surge que de las tareas llevadas a cabo por la fiscalización se constató que Aconcagua Seguridad Privada S.A. hizo erogaciones sin respaldo documental fehaciente, correspondientes a pagos efectuados a favor del Sr. Domingo Antonio Gómez y Paola Belén Pelleretti y Ricardo Héctor Licata S.H., los que realizó en efectivo según los Recibos X aportados por el propio recurrente a la fiscalización.
En el caso del Sr. Domingo Antonio Gómez debe recordarse, además, que personal del ente recaudador concurrió al domicilio fiscal y comercial observando que se trataba de una vivienda humilde, y la esposa de este manifestó por acta que su marido era obrero de la construcción y que sus facturas eran solicitadas y retiradas de la imprenta por el Sr. Rodolfo Petrisani.
En el caso de Paola Belén Pelleretti y Ricardo Héctor Licata S.H., se dejó constancia que en el domicilio fiscal estaba la vivienda familiar de los padres del Sr. Ricardo Héctor Licata, quien telefónicamente manifestó que la sociedad de hecho nunca funcionó y que nunca solicitó autorización para imprimir facturas. Asimismo, tales consideraciones resultan también suficientes para concluir que no fueron dichos sujetos los reales beneficiarios de los pagos de Aconcagua Seguridad Privada S.A.
Por ello, es aplicable el impuesto que prevé el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme a la jurisprudencia que en la materia ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 323:3376 y 326:2987, entre otros, al decir que “…aquella previsión ha sido adoptada por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio...”, que es precisamente el supuesto en este caso, por lo que corresponde confirmar la Res. N° 167/12. Por lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas tanto en cuanto al capital, como los intereses resarcitorios que se devengan en forma automática desde el vencimiento de la obligación por aplicación del art. 37 de la ley 11.683.
Respecto del pedido de reducción de la tasa de interés prevista en dicha norma, cabe decir que sin perjuicio de señalar que este Tribunal no tiene facultades para ello, ni tampoco para eximirlos si no se alegan agravios concretos y debidamente probados, ausentes en el caso.
VI. En relación a la sanción de defraudación aplicada en la Resolución N°167/12 por los periodos fiscales enero a abril, julio y agosto 2009, con sustento en el art. 46 de la ley 11.683, si bien Aconcagua Seguridad Privada S.A. no expuso agravios, no existen dudas que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de su conducta en dicha figura infraccional, ya que omitió el ingreso del gravamen previsto en el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, hecho que debe considerarse intencional al no haberse rendido prueba alguna de la real existencia de los pagos a los supuestos beneficiarios. Como antes se dijo, además la inexistencia de las operaciones quedó en el caso acredita a partir de los propios dichos de los supuestos proveedores, o sus familiares, y de quienes intervinieron en las maniobras, como las imprentas.
En cuanto al aspecto subjetivo, no aportó tampoco elementos de prueba que permitan desvirtuar fehacientemente la intención de defraudar o, en su caso, recalificar su conducta en otra figura más leve.
Para terminar, cabe recordar el criterio en esta materia, tal lo que la Cámara pusiera de manifiesto al fallar en “Desartex S.A.”, del 18 de julio de 2019, es que “…la figura de la defraudación –tipificada en el artículo 46 de la Ley Nº 11.683– requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación (in rebus “Carlos Romero Hijos y Cía. S.A.”, del 02/05/05; y “Sacks, Santiago (TF 20.669-I) c/ DGI”, del 15/09/10).
Lo expuesto es suficiente para confirmar la sanción aplicada en dicho acto.
VII. Corresponde también confirmar la Resolución N° 231/12, donde se estableció la responsabilidad solidaria del Sr. Ignacio Edgardo Medina en su carácter de Presidente de Aconcagua Seguridad Privada S.A., aspecto que no se encuentra controvertido, ni tampoco que haya ejercido el cargo en los períodos fiscales determinados en las Resoluciones dictadas a Aconcagua Seguridad Privada S.A.
A tal fin, como ya se dijo, las tareas de investigación dieron cuenta de la inexactitud de las declaraciones juradas de Aconcagua Seguridad Privada S.A., sin que el Sr. Medina haya probado tampoco en contrario, ni ha alegado ningún agravio diferente a los ya tratados, por lo que por las razones ya expresadas al tratar los agravios de dicha empresa como deudora principal, corresponde su confirmación.
El Dr. Martin y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 165/12, 166/12, 167/12 y 231/12, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, en la siguiente forma:
a. Por el Expediente N°36.535-I, en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado, a cargo de Aconcagua Seguridad Privada SA.
b. Por el Expediente N° 35.536-I en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado, a cargo de Aconcagua Seguridad Privada S.A.
c. Por el Expediente N° 36.670-I en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado, a cargo de Ignacio Edgardo Medina.
d. Por el Expediente N°36.537-I, en las sumas de $50.198 por la representación procesal y $77.229 por el patrocinio letrado, a cargo de Aconcagua Seguridad Privada SA.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2026.02.11 14:32:00 -03:00 Date: 2026.02.11 14:34:08 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.11 15:36:59 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.11 15:37:00 -03:00
Fin de la sentencia