Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2020-76466369-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos peticionado por el Sr. Osvaldo Antenor Acosta. Con costas.
2Intimar a la actora para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de pesos quinientos sesenta y nueve mil setecientos noventa con 0,3/100 ($569.790,03 ) en concepto de la tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar el respectivo certificado de deuda (conf. Artículo 7 de la Ley N° 25.964).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-110519984-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Octubre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, se reunen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzman (Vocal Titular de la Segunda Nominacion) y el Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominacion), a fin de resolver el EX-2020-76466369-APN-TFN#MEC, caratulado “ACOSTA ANTENOR OSVALDO s/ Incidente de Beneficio de Litigar sin Gastos”:
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que mediante IF-2020-772850010-APN-DTD#JGM la recurrente solicitó beneficio de litigar sin gastos. Manifiesta que en atención a la parálisis de obra pública, la actividad de la sociedad de la que provienen sus ingresos se encuentra atravesando una profunda crisis financiera. Sostiene que toda la situación que detalla, más la prueba que ofrece y acompaña, acreditan a su criterio, que se encuentra imposibilitado de hacer frente al pago de la tasa reclamada, por lo que solicita se haga lugar al beneficio exentivo. Expone los hechos y el derecho en el que sustenta su petición y ofrece y acompaña la pertinente prueba.
II. Que corrido el pertinente traslado, el Fisco Nacional expone las razones de hecho y derecho en las que reposa su petición de rechazo del beneficio solicitado, con costas. Manifiesta la inadmisibilidad de la prueba documental en virtud de lo establecido por el artículo 333 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
III. Que mediante PV-2022-38382254-APN-VOCII#TFN se abre a prueba la presente causa por el término de cuarenta y cinco (45) días.
Mediante PV-2022-102701723-APN-VOCII#TFN se clausura el período de instrucción, se confiere la vista que prevé el artículo 81 del C.P.C.C.N y finalmente, en fecha 30 de septiembre de 2022 se eleva el incidente a conocimiento de la Sala "A".
IV. Que es menester señalar que la petición del incidentista se encuentra dirigida a obtener un beneficio que lo exima de abonar la tasa de actuación establecida por la Ley N° 25.964. Dicha normativa establece en su artículo 9° la exención del pago de la tasa de actuación a las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos. El mentado beneficio –contemplado en el artículo 78 del C.P.C.C.N.- constituye una franquicia concedida a ciertos justiciables a fin de acudir a la justicia sin la obligación de hacer frente, total o parcialmente, a las erogaciones incluidas en las costas, sea en forma definitiva o provisional. Más aun, esta institución está dirigida a quienes –por insuficiencia de medios económicos- no están en condiciones de afrontar el pago de los gastos que ocasiona la sustanciación de un proceso y reposa en la existencia de dos preceptos de raigambre constitucional, a saber: la igualdad ante la ley y la garantía de defensa en juicio y (artículos 16 y 18 de la C.N.) y pretende asegurar la prestación del servicio de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes. (Cfr. C.S.J.N., “Siderman, José y otros c/Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios”, 9/8/1988, entre otros). Como sostiene Couture, resulta evidente que la posibilidad de acceder a la justicia se vería frustrada si la ley privase de amparo a quienes no se encuentran en condiciones económicas de requerir a los jueces una decisión acerca del derecho que entienden los protege, asegurando la prestación de justicia a los pobres y a los ricos sin distinción (“Estudios de Derecho Procesal Civil”, Tº I, pág. 114).
V. Que es criterio de nuestro más Alto Tribunal que la “Concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la convicción sobre la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas” (Conf. “Coihue S.R.L. c/Provincia de Santa Cruz”, 11/6/2006). Ello así, toda vez que el legislador omitió hacer referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, en virtud de que este, por tratarse de un concepto contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver. En definitiva, frente a cada situación concreta, el juzgador deberá efectuar un examen exhaustivo y pormenorizado de las probanzas acompañadas a fin de determinar si quien pide la exención carece de recursos o se encuentra en la imposibilidad de obtenerlos para hacer frente a los gastos que demanda la sustanciación del proceso. Por ello, no es necesario demostrar un estado de indigencia o insolvencia patrimonial absoluta, sino una situación económica que no permita afrontar los gastos del proceso (conf. Fallos 317:1020), más aún, si para pagarlos resulta necesario que el litigante se desprenda de ellos.
A mayor abundamiento, la Alzada tiene dicho “que el beneficio de litigar sin gastos comprende un privilegio restrictivo y excepcional, por lo que se debe demostrar fehacientemente la ausencia de recursos para costear total o parcialmente la demanda que se ha de iniciar (causa 17.178/2012, “Paramio Claudio Pascual (TFN 30256-I) - BLSG pronunciamiento del 13 de noviembre de 2012)
VI. Que en consecuencia, corresponde analizar la prueba acompañada y producida en autos, adelantando desde ya que la misma no conduce a la concesión del beneficio solicitado.
Cabe recordar que el incidentista sostiene – entre otras cosas - la imposibilidad de afrontar los gastos casuísticos en virtud de no encontrarse en condiciones económicas para hacerlo por cuanto la obra pública, que sería su fuente de ingresos, se encuentra paralizada, circunstancia que acarrea la imposibilidad de allegarse recursos. Para acreditar tal situación se libró oficio al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que no ha sido contestado y que tampoco instó su reiteración.
Por otra parte acompaña como documental sendas notas presentadas por ElectroIngeniería que documentan pedidos de planes de facilidades de pago efectuados a la AFIP.
Finalmente, obra informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba del que se desprende que sería titular de dos inmuebles. Al respecto, informa que, uno de ellos, lo cedió en el año 2009 –acompaña copia del contrato- y que el otro pertenece a un Fideicomiso.
VII. Que en ese contexto, el material probatorio arrimado a autos y las afirmaciones efectuadas para obtener la franquicia se encuentran enderezadas a describir y demostrar la situación patrimonial del incidentista, lo que no ha acontecido. En efecto. El recurrente se ha limitado a intentar acreditar una situación patrimonial librando oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba y frente a ese resultado, acompaña copia de un contrato de cesión de una de esas propiedades, que no se encuentra inscripta, habiendo transcurrido más de diez año de ese acto.
No acreditó situación financiera y bancaria y tampoco la alegada “parálisis de la obra pública”. Ello así, si bien, no escapa a quien suscribe que, para obtener el beneficio de litigar sin gastos no es imprescindible producir una prueba acabada que otorgue un grado absoluto de certeza sobre las condiciones de pobreza alegada, es necesario que se alleguen al expediente suficientes elementos de convicción que permita verificar razonablemente que el caso encuadra en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio (cf. CSJN en Fallos 311:1372, entre muchos otros), lo que no ha ocurrido.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzman.
En mérito a lo expuesto, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos peticionado por el Sr. Osvaldo Antenor Acosta. Con costas.
2. Intimar a la actora para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de pesos quinientos sesenta y nueve mil setecientos noventa con 0,3/100 ($569.790,03 ) en concepto de la tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar el respectivo certificado de deuda (conf. Artículo 7 de la Ley N° 25.964). Se deja constancia que la presente resolucion se dicta de conformidad con el articulo 59 del RPTFN, por encontrarse vacante la Vocalia de la 3era Nominacion.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2022.10.17 15:24:22 -03:00 Date: 2022.10.17 15:52:48 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.17 15:52:49 -03:00
Fin de la sentencia