Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el segundo agravio formulado por la parte demandada con relación a la aplicación de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323.-
2Desestimar los restantes agravios por las razones expuestas, confirmando las demás partes la sentencia obrante a PE 1449416-2024 inscripta al Libro XV, Registro 15 Folio 35/42.-
3Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado en atención a lo expuesto precedentemente (art. 68 C.P.C.).-
4Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8000/22 Sentencia: Definitiva Actor: Acosta Daniel Alberto y Otros Demandada: Explotación Pesquera de la Pesquera de la Patagonia S.A Objeto: Laboral Fecha: 17-02-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los diecisiete del mes de Febrero de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “ACOSTA, DANIEL ALBERTO Y OTROS C/EXPLOTACIÓN PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (PESPASA)", Expte. Nº 1.268/2022 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Puerto Deseado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8000/22. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Griselda I. Bard y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que mediante PE 556452-2022 se presenta el Dr. Fabricio Carbone Miele en representación de los Actores Arispe Sanchez Sonia, Pintos Claros Getrudes, Aquino Mario Oscar, Arnez Marco Antonio, Contreras Serafina, Daniel Alberto Acosta, Franco Gonzalez Maria Luz, Rojas Wilfredo, Villarroel Noemi, Zapana David Olmedo, Alvarez Hugo Ernesto, Alvarez Mirta Gladys, Alvarez Wilfredo, Anachuri Olarte Rodecinda, Cárdenas Maria Ines, Cespedes Alexander, Huanca Eduviges Maria, Impa Javier Cristian Emanuel, Jimenez Olivera Jonas, Lima Carrizo Loana Ivonne, Medina Miriam Mercedes, Mejia Florina, Monte Porco Placido, Ricaldez Jovana, Rodriguez Rosmery, Santos Castro Ronald Roy, Torrico Arispe Virginia, Torrico Claure Osvaldo, Torrico Ugarte Roberta, Torrico Ugarte Roberto, Ugarte Mercado Willy, Vargas Camacho Marco, Vidal Sermiños Rimbert, Zalazar Graciela Bibiana, Zapana Franco David, Zerna Torrico Ronald, Bilbao Juan, Davila Fernandez Mirian y Rodriguez Juan Angel, y promueve demanda laboral contra EXPLOTACION PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A.
(PESPASA) solicitando se deje sin efecto los despidos cursados en contra de sus mandantes por manifiesta arbitrariedad y se ordene su inmediata reincorporación a sus respectivos puestos de trabajo, y el pago de los salarios caídos con mas intereses hasta el momento de su cancelación. Supletoriamente solicita se ordene el pago de las indemnizaciones legales para cada uno de sus mandantes consistentes en Indemnización Sustitutiva de los meses de Preaviso, SAC sobre los meses de preaviso e integración del mes de despido, Indemnización por antigüedad, Multa del art. 80 de la LCT, multa prevista por el art. 2 de la ley 25.323, aplicación del art. 9 de la ley 25.013, doble indemnización agravada y regulada por el Decreto Nro. 34/2019 y sus respectivas costas, reclamando daño moral equivalente al 30 % de la liquidación final, con más multa, costos y costas del proceso.
Relata en fundamento de la acción que el día 23/06/2020 un grupo de trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), entre los que se encontraban los presentantes, llevaron adelante una medida de acción directa para lograr un aumento salarial. Afirma que como consecuencia de ello, el día 24/06/2020 la empresa demandada libro misivas intimándolos a presentarse a trabajar a partir del día 25/06/2020 y que la mayoría la recibieron entre el 30/06/20 y el 2/06/20. Luego de esa intimación el día 30/06/20, la empresa PESPASA, les libro una segunda misiva en la que da por extinguido el contrato de trabajo, la que es recibida por la mayoría entre el 06/07/2020 y el 08/07/2020.
Agrega que en algunos casos, recibieron únicamente la notificación intimándolos a trabajar y que cuando se apersonaron a su puesto de trabajo se les impidió el acceso bajo el argumento de que ya se encontraban despedidos. Afirma que en otros casos, únicamente recibieron la de despido con justa causa por abandono de trabajo sin haber sido intimado fehacientemente a presentarse a trabajar. Relata que hay casos de trabajadores que no recibieron ni la intimación ni el despido por abandono de trabajo. Señala que el día 08/07/2020 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz, Dirección Puerto Deseado inicio de oficio el expediente administrativo 519.608 con el objeto de tratar los despidos cursados, el que fue remitido al Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
Sostiene que los despidos cursados son improcedentes, arbitrarios y de mala fe, fundamentando su postura en diversas consideraciones que formula. Reclama en subsidio indemnizaciones legales, practica liquidaciones, funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final.-
II. Que por PE 621934-2022 se presenta la demandada a través de su letrado apoderado, Dr. Sergio Viotti, opone excepción de prescripción, contesta demanda y ofrece prueba. Luego de una pormenorizada negativa particular de hechos, argumenta que un grupo de trabajadores pertenecientes al Sindicato STIA, decide no acatar la conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral y procede a cortar los accesos a las plantas pesqueras de la localidad. Remarca que esa autoridad emitió una resolución donde declara la ilegalidad de la medida de fuerza y que a pesar de ello la medida que bloqueaba el ingreso a las instalaciones continuo adelante. Señala que intimó a los trabajadores a presentarse a trabajar y que remitió las comunicaciones desde Mar del Plata ya que no se permitía el ingreso del personal administrativo. Afirma que entre la comunicación donde se intimaba al reintegro y la de despido, hubo un mínimo de seis (6) días, el que fue más que suficiente para que los reclamantes que tenían la voluntad de retomar las tareas habituales lo hicieran. Señala de nuevo que la autoridad laboral declara la ilegalidad de la medida de fuerza e intimó al Sindicato al cese inmediato de las medidas de fuerza, afirmando que este grupo de actores actuó con mala fe y al margen de la ley ya que tuvieron actitudes delictivas que se encuentran en trámite ante diferentes juzgados. Solicita el rechazo del planteo de reincorporación de los actores. Luego fundamenta su postura respecto al abandono voluntario y malicioso que les achaca y cita copiosa jurisprudencia para reforzar su planteo. Se opone a la aplicación de la multa del art. 80 de la LCT y a la procedencia de indemnización alguna afirmando haber acreditado la justa causa de despido invocada por su parte.-
III. Que en PE 1449416-2024 se dicta sentencia definitiva en primera instancia que rechaza la excepción de Prescripción opuesta por la demandada, rechaza el planteo de dejar sin efecto los despidos pretendidos por los actores y por ende la reinstalación en sus puestos de trabajo, el reconocimiento de salarios caídos y el reclamo de daño moral y Admite parcialmente la demanda incoada por Daniel Alberto Acosta, Sonia Arispe Sanchez, Marco Antonio Arnez, Mirta Gladys Alvarez, Wilfredo Alvarez, Juan Bilbao, María Luz Franco Gonzalez, María Inés Cárdenas, Alexander Cespedes, Eduviges Maria Huanca, Javier Cristian Emanuel Impa, Loana Ivone Lima Carrizo, Florina Mejia, Plácido Monte Porco, Jovana Ricaldez, Juan Angel Rodriguez, Rosemary Rodriguez, Wilfredo Rojas, Ronal Roy Santos Castro, Roberta Torrico Ugarte, Roberto Torrico Ugarte, Willy Ugarte Mercado, Rimbert Vidal Sermiños, Noemi Villarroel, Franco David Zapana y Ronald Zerna Torrico en contra de Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. condenando a ésta última a abonar a favor de los nombrados, en el término de diez (10) días, las sumas que surjan de la liquidación aprobada y firme practicada en la etapa previa a la ejecución de la sentencia en concepto de indemnización por despido incausado (art. 245 LCT), preaviso (arts. 231 y 232 LCT), integración mes de despido (art. 233 LCT) y SAC proporcional con más la indemnización del art. 2 Ley 25.323 y la doble indemnización agravada regulada en el Dec. 34/2019 y sus respectivas prórrogas, monto al que se adicionarán intereses desde que cada suma es debida y hasta la fecha del efectivo pago, las que se calcularán aplicando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, imponiendo Costas a la demandada y difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto obre en autos liquidación final.- La sentencia es recurrida por la parte demandada, quien interpone recurso de apelación a PE 1470701 - 2024.-
IV. Luego de formular una serie de consideraciones que se tienen presente, la demandada, como primer agravio arguye que la jueza de grado debió realizar un trabajo de estudio de cada uno de los actores y de la prueba que corresponde a cada uno, lo que debido a un reduccionismo contrario a derecho prefirió evitar, dictando una sentencia absurda que no tiene en cuenta las situaciones particulares. Señala que lo que debió la magistrada analizar es el hecho que no interesa la fecha en la que fueron remitidas las misivas por la demandada, sino la fecha en las que fueron recepcionadas en cada uno de los casos donde existen diferentes situaciones que jamás tuvo en cuenta. Luego interpreta que si se toma como válida la planilla que se encuentra agregada a fs. 4 y 5 del escrito de demanda, son los mismos actores los que reconocen que desde el momento que recibieron la intimación a presentarse a trabajar y la recepción de la notificación del despido por la causal de abandono de trabajo pasaron entre 3 (tres) y 4 (cuatro) días hábiles, plazo suficiente para que retomen las tareas en el caso de haber querido hacerlo.
Detalla los nombres de los operarios que según su entender fueron notificados fehacientemente y pasados 3 y 4 días hábiles como mínimo no se presentaron a trabajar, recibiendo luego las comunicaciones del despido por abandono de trabajo. Aduce que ese listado fue aportado en la demanda y no fue analizado por la jueza para resolver el presente. Lleva a cabo otro detalle de trabajadores que según su entender no fue analizado y que también fueron intimados a trabajar y tuvieron un intervalo de tiempo entre esa intimación y la comunicación de despido. Concluye que el estudio del caso particular y concreto de cada uno de los actores no fue realizado, siendo que ni si siquiera hizo el análisis de las fechas en las que se los intimo a presentarse y el tiempo que transcurrió desde ese momento hasta que recibieron la comunicación de despido, razonando que deberá hacerse lugar al agravio y modificar la sentencia porque efectivamente existió abandono voluntario y malicioso.
Seguidamente aduce que se incurrió en una falta total de análisis de la prueba, ya que varios actores que enumera, no se presentaron a absolver posiciones estando debidamente notificados. Hace referencia a la confesión ficta, reproduce el pliego de posiciones y sostiene que claramente se hubiese tenido por probado que existió abandono de trabajo. Afirma que las comunicaciones laborales tienen carácter recepticio y que éstas fueron remitidas al domicilio registrado por el trabajador y que además era el domicilio que figuraba en las misivas remitidas por el trabajador a su empleador, por lo que no puede pretender la jueza a quo imputar y hacerlo responsable al empleador. Como segundo agravio, arguye que la jueza de grado no constato el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 2 de la ley 25.323 para su procedencia.
Dice que le llama poderosamente la atención la doble vara interpretativa que utiliza la jueza a quo, ya que cuando analiza el pedido de aplicación de la norma en cuestión lo hace con liviandad y cuando analiza la justa causa de despido, puso de manifiesto un excesivo rigorismo formal en relación a la notificación de los actores y el medio utilizado. Afirma que éstos no intimaron a su parte al pago de las indemnizaciones y que conforme al art. 2 de la ley 25.323 debe ser intimado para que surja la posibilidad de aplicar la multa. Argumenta que los reclamantes no solo no intimaron al pago de las indemnizaciones sino que luego iniciaron una acción de amparo planteando que se reincorporen a sus puestos de trabajo y que se le abonen los salarios caídos, por lo que la norma en cuestión resulta inaplicable.
En su tercer agravio, aduce que la sentencia en crisis establece que a las sumas que se debieran abonar a la actores se les debe adicionar la Tasa Activa del Banco de la Nacion Argentina, en clara violación a la doctrina legal establecida por el más Alto Tribunal Provincial. Señala en ese sentido, que la tasa que debe aplicarse es la Tasa Pasiva Promedio Mensual que publica el Banco Central de la República Argentina. Como cuarto agravio, cuestiona la doble indemnización agravada y regulada en el Decreto 34/2019 a cuyo pago se la condena en la sentencia en crisis. Sostiene que luego de la lectura de los agravios previamente desarrollados se llegara a la convicción de que todos y cada uno de los casos de los actores la empleadora despidió de manera justificada a cada uno de ellos, por lo que en modo alguno corresponde condenar a abonar indemnización alguna sino que tampoco corresponde aplicar la duplicación que se pretende.-
V. La parte actora contesta los agravios por PE 1489664-2024 sosteniendo que la empresa demandada tuvo mala fe y una clara intención de despedir a los actores a como dé lugar. Señala que en el caso, la empresa no comprobó fehacientemente la recepción del despacho y procedió a despedir a sus dependientes, lo que torna nulo y sin valor las intimaciones y por consecuencia ilegales y arbitrarias. Agrega que la demandada no puede justificar éste error alegando que los actores han tenido tiempo prudencial entre que recibieron la intimación y el despido para presentarse a trabajar. Sostiene que la empresa sin que estén aún los trabajadores notificados a presentarse a trabajar, ya había despachado las misivas para despedirlos con justa causa y esta grave falta debe pagarla indemnizándolos, tal como se dictaminó en grado.
Destaca que en la primera misiva librada el 24/06/2020 el demandado incurrió en mala fe ya que consignó un plazo mínimo de imposible cumplimiento, a sabiendas que iba a despachar las mismas desde Mar del Plata a Puerto Deseado por Correo Oficial, agregando que sabía o debía saber que tales piezas no iban a ser entregadas a los trabajadores al otro día. Dice que mientras estaban de viaje estas notificaciones, el 29/06/2020 ya había despachado las cartas documento con el despido. Agrega que las intimaciones laborales están gobernadas por diversas normas y principios de la LCT, y menciona el principio de conservación del contrato, principio de irrenunciabilidad de los derechos, presunciones y principio de buena fe.
Dice también que no comparte el planteo de la apelante en cuanto a que la jueza de grado no hizo mención a la prueba de absolución de posiciones, ya que entiende que la jueza no está obligada a expedirse sobre toda la prueba rendida en autos, agregando que ni se detuvo a analizar la prueba confesional toda vez que deviene en abstracto por la decisión que tomó con lo planteado por su parte. Agrega que la confesión ficta no puede preponderarse de sobremanera ya que la misma debe acotarse con el resto de la prueba. En cuanto al segundo agravio señala que tampoco puede prosperar ya que su parte tuvo que recurrir a la justicia para que los trabajadores que fueron mal despedidos puedan cobrar las indemnizaciones y que una interpretación contraria sería incurrir en un exceso de rigorismo formal.
Respecto del tercer agravio señala que históricamente se ha utilizado la tasa activa del BNA para actualizar los intereses en materia de Derecho Laboral en el fuero local, criterio que es compartido por ésta Cámara de Apelaciones como también por nuestro Tribunal Superior de Justicia, solicitando el rechazo de dicho agravio. Por último y en relación al cuarto agravio, sostiene que tampoco puede prosperar toda vez que al momento de los despidos de los trabajadores el DNU 34/2019 estaba vigente y establecía que ante un despido sin causa, como el que quedó configurado en el caso, las indemnización se agravaría y les dá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente.-
VI. Establecidas así las quejas de la demandada en contra de lo decidido en grado como así también la réplica que le dedico la actora, abordaré el tratamiento del primer agravio formulado a través del cual, la parte recurrente sostiene la postura de haber logrado acreditar suficientemente la causal de abandono de trabajo en la que fundo la decisión resolutoria de cada una de las relaciones de trabajo que otrora mantuvo con los trabajadores en litigo, centralizando su crítica en la ausencia de un análisis particular de la situación de cada uno de los actores en lo que respecta a la notificaciones que le fueron cursadas intimándolos a retomar sus tareas laborales y su posterior despido. En esa faena, señalo de antemano que los sucesos que precedieron a los despidos en cuestión no se pueden soslayar en el análisis, pues, los hechos que enmarcaron el achacado incumplimiento de los operarios tuvieron como escenario un profundo conflicto por un reclamo salarial llevado a cabo a partir del mes de mayo de 2020 por la entidad gremial STIA en contra de distintas empresas de la zona, entre ellas, PESPASA.
El conflicto en cuestión dio lugar a la intervención de la autoridad administrativa del trabajo, la que dicto primero la Conciliación Obligatoria y luego declaro la ilegalidad de una medida de acción directa decida por el gremio. Ese estado de cosas que dio contexto al distracto laboral al que quedaron expuestos los demandantes, impone evaluar con la mayor estrictez si la empleadora logro acreditar los presupuestos del abandono de trabajo que fue invocado para fundar los despidos, ello en orden a la plena vigencia del principio protectorio que atraviesa la materia laboral frente a las severas y graves consecuencias que acá se encuentran involucradas. Parto de la base recordando que la causal de que se trata requiere para configurarse la convergencia de dos elementos: uno de carácter objetivo, cual es la no concurrencia al trabajo, y otro de tipo subjetivo, que es la voluntad del trabajador de no reintegrarse al empleo.
“El abandono de trabajo supone una suerte de renuncia tácita evidenciada por un comportamiento concluyente e inequívoco como la que se rige por los art. 58 y 241 de la LCT” (ACKERMAN MARIO EDUARDO. Sforsini Maria Isabel. Ley de Contrato de Trabajo Comentada. 2ª ed. actualizada. Tomo III. Santa Fe. Rubinzal Culzoni. Año 2019. Pág. 186.) Es de ahí que para que la omisión del operario de prestar el trabajo sea invocable como injuria, el art. 244 de la LCT, impone al empleador una carga consistente en “la previa constitución en mora, mediante la intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso.” Dicho ello y siendo que en el caso estamos en presencia de un despido colectivo pues alcanzó a un número importante de trabajadores, al punto que el reclamo que dio lugar al presente fue iniciado por treinta y nueva (39) y a la postre producto de desestimientos quedaron veintiséis (26), debo señalar que ésta pluralidad de personas que compartieron idénticas pretensiones procesales (litisconsorcio facultativo) no les hizo perder a cada una de ellas su individualidad dentro de éste proceso.
Producto de esto es que su resultado puede ser favorable para uno y no para otros, o puede concluir para unos y no para otros, como ocurrió en el caso, en el que algunos de los actores ejercieron el derecho de desistir de la acción. No obstante esa autonomía, no debe perderse de vista que las pretensiones procesales en cuestión derivan de un mismo hecho constitutivo, lo que habilita su tratamiento conjunto y la resolución integral de la controversia, la que a la actualidad es mantenida por los siguientes actores: 1) Daniel Acosta, 2) Sonia Arispe Sanchez, 3) Marco Arnez, 4) Mirta Alvarez, 5) Wilfredo Alvarez, 6) Juan Bilbao, 7) Maria Franco Gonzalez, 8) Maria Cardenas, 9) Alexander Cespedes, 10) Eduviges Huanca, 11) Javier Impa, 12) Loana Lima Carrizo, 13) Florina Mejia, 14) Placido Monte Porco, 15) Jovana Recaldez, 16) Juan Rodriguez, 17) Rosmary Rodriguez, 18) Wilfredo Rojas, 19) Ronald Santos Castro, 20) Roberta Torrico Ugarte, 21) Roberto Torrico Ugarte, 22) Willy Ugarte Mercado, 23) Rimbert Vidal Sermiños, 24) Noemi Villarroel, 25) Franco Zapana, 26) Ronald Zerna Torrico.
Formuladas estas consideraciones preliminares e ingresando al análisis de la prueba producida, tal como se adelantó el conflicto laboral referido tuvo una importante magnitud cuyas características fueron descriptas por los testigos escuchados en autos, Oscar Zarza, Maria Meyorin, Maria Cristina Urzua, Marcelo Perez y Gaston Kuklinsky todos empleados de la empresa demandada. El conflicto en cuestión fue objeto de las actuaciones administrativas Nro. 519.586/20 que fueron ofrecidas como prueba. Valoradas tales actuaciones, cuyas copias certificadas obran agregadas por cuerda a los autos “ARISPE SANCHEZ SONIA Y OTROS C/EXPLOTACIÓN PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. (PESPASA) S/AMPARO” Expte Nro. 1202/2020, surge que la autoridad administrativa laboral en fecha 29 de Mayo de 2020, mediante disposición 072/20 dictó la conciliación obligatoria por el plazo previsto en el art. 29 de la ley 2450 en base al conflicto suscitado entre el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (S.T.I.A) y las empresas asociadas a la C.A.PE.C.A.
Arbumasa S.A., Pesquera Deseado S.A., Pesquera Santa Cruz S.A. Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. citando a las partes a la audiencia pertinente prevista en la ley de procedimiento administrativo laboral de la Provincia. La decisión fue acatada por las partes, tal como surge de las actas obrantes en las actuaciones. Que celebradas las audiencias de rigor sin alcanzar un resultado conciliatorio, la entidad gremial comunica la iniciación de una medida de acción directa desde las 00:00 del día 23 de Junio de 2020. En esa fecha, se labra un acta de inspección en la que consta que el funcionario Pedro Ramirez, Policía de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y S.S., Dirección Puerto Deseado, se constituye en el lugar en donde se lleva a cabo una medida de fuerza a partir de las 00:00 HS. del día 23 de Junio de 2020 por trabajadores de plantas de procesamiento, Sindicato STIA, donde se ha impedido el acceso total a todas las empresas pesqueras y se les solicita retrotraigan la medida ya que se encuentra una medida de conciliación obligatoria dictada en el expte. 519.586/20, bajo apercibimiento de ley, la cual es suscripta por el Sr.
Víctor Aguilar en representación del gremio. Que mediante Disposición 085/20 de fecha 22 de Junio de 2020, la autoridad laboral prorrogó la Conciliación Obligatoria y esa resolución administrativa se notificó en fecha 23/6/20 mediante cédula 165/2020 dirigida al representante de la entidad gremial, el que se negó a recibir la misma. Por Disposición 375/20 de fecha 25/06/2020, la autoridad de trabajo, declara la ilegalidad de las medidas de fuerza llevadas a cabo por el sindicato SITIA que tuvieron inicio el día 23 de Junio de 2020, intimando a la entidad gremial al cese inmediato de las medidas de fuerza impuestas. Ésta Disposición se notifica en fecha 25/6/20 mediante cédula 167/2020. Así las cosas, tengo presente que la Conciliación Obligatoria es una instancia para dirimir conflictos sectoriales en la cual la autoridad de trabajo actúa de mediador entre el gremio y las empresas.
Una vez dictada impone a las partes el deber de volver a la situación anterior al inicio del conflicto. Las consecuencias del no acatamiento de dicha instancia, habilita la aplicación de sanciones y multas, incluyendo la suspensión o cancelación de la personería gremial y la intervención del sindicato, conforme lo contempla la norma legal que reglamenta la materia (ley 23.551). En el supuesto en análisis, las consecuencias recayeron directamente sobre el conjunto de trabajadores que participaron de la medida decidida por la entidad gremial STIA, pues vimos que la patronal, conforme al texto de la comunicación cursada, apontoco la causal para sostener la intimación en la huelga del día 23 de Junio de 2020 que motivo el dictado de las disposiciones administrativas anteriormente identificadas.
Pero sin esperar al dictado de la decisión administrativa a la que alude en sus argumentos, pues vimos que la cartera laboral declara la ilegalidad de la medida recién el día 25 de Junio de 2020, remitió las intimaciones para que se reincorporen justamente en esa misma fecha. El texto de la misiva, todas de igual tenor, reza lo siguiente: “Ante su ausencia sin aviso ni justificación fruto de las medidas de fuerza implementadas desde el día 23/06/2020 por usted y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación que lo representa y toda vez que ello constituye una medida ilegal que causa una injuria grave a nuestros intereses y viola la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz en el expediente 519.586/2020.
Intimamos presentarse a cumplir labores a partir del día 25/06/2020 en su horario habitual de trabajo bajo apercibimiento caso contrario de considerarlo incurso en abandono y proceder a su despido con justa causa.” De la valoración de la documental aportada se advierte que las comunicaciones tuvieron distinto derrotero según el caso, pues, no todas llegaron a su destino en el mismo tiempo, tampoco todas fueron entregadas personalmente a sus destinatarios, alguna de ellas fueron devueltas al remitente y en algún supuesto no consta que fueron enviadas al domicilio correcto. De la documental obrante en las actuaciones caratuladas “ARISPE SANCHEZ Y OTROS C/EXPLOTACIÓN PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A.
(PESPASA) S/AMPARO” Expte Nro. 1202/2020 que tengo a la vista, surge lo siguiente: Veamos pues caso por caso. 1) Daniel Acosta: a fs. 310 obra copia de la comunicación de despido, 2) Sonia ARISPE SANCHEZ: fue intimada a presentarse a cumplir tareas laborales a partir del día 25/6/20 mediante CD 069477069. Fue recibida personalmente por la nombrada el día 1/7/2020 a las 12:00 hs. según consta a fs. 382 de las actuaciones nombradas arriba. El despido le fue notificado a través de actuación notarial de fecha 20/7/2020 obrante a fs. 383/384 en la que consta que la notaria actuante conjuntamente con el Sr. Oscar Zarza se constituyeron en el domicilio sito en calle Ramiro Ramos 1783 de la ciudad de Puerto Deseado y fueron atendidos por el Sr.
Pepe Torrico Arispe, a quien le notificaron el texto que ratifica el despido con justa causa 3) Marco ARNEZ: fue intimado a presentarse a partir del día 25/6/20 mediante CD 069477055, la que fue recibida personalmente por el trabajador el día 30/6/20 según obra a fs. 387. Fue despedido a través de CD 034471278 recibida el día 6/7/20 cuya constancia obra a fs. 389. 4) Mirta ALVAREZ: fue intimada mediante CD 032994966, la que fue recibida el día 30/6/20 conforme constancia de fs. 371. El despido le fue notificado mediante CD 034471410 recibida el día 6/7/20. 5) Wilfredo ALVAREZ: Fue intimado mediante CD 069476973 recibida el día 30/6/20 de acuerdo a constancia de fs. 361. El despido le fue notificado a través de CD 034471321 reciba por el nombrado el día 6/6/20 cuya constancia está agregada a fs. 359. 6) Juan BILBAO: fue intimado a presentarse a trabajar a través de CD 069477041.
La misiva según obra a fs. 393 contiene sello REMITENTE y misma foja vuelta contiene constancia de visita DOMICILIO INEXISTENTE con fecha 30/6/20. El despido fue comunicado mediante CD 034471264. No obra constancia de recepción por el destinatario 7) Maria FRANCO GONZALEZ: fue intimada mediante CD 069476908. La misiva según obra a fs. 415/vta. contiene constancia de visita el 1/7/20 Dirección Inexistente. Corroborado el domicilio real del trabajador, se advierte que la misiva intimatoria fue dirigida a un domicilio equivocado, pues el real es el sito en calle 15 de Julio Nro. 1731 de Puerto Deseado y fue enviado a calle 15 de Julio Nro, 653. La notificación del despido fue cursada por misiva nro. 034471220 la que fue dirigida al domicilio correcto y fue recibida en fecha 6/7/20. 8)Maria CARDENAS: fue intimada por CD 069477038 y recibida según constancia de fs. 407 el día 30/6/20.
A fs. 405 obra comunicación a PESPASA de Correo Oficial que da cuenta que el telegrama de fecha 29/6/2020 impuesto en la sucursal 2 de la ciudad de Mar del Plata dirigida a la Sra. Maria Cardenas, ha sido entregado el dia 30/6/20 a Aguil, Maria.
9. Alexander CESPEDES: a fs. 61 y 62 obran copias de las misivas de intimación y de despido respectivamente. De acuerdo a la prueba informativa de Correo Argentino de fs 760/764 la CD 069477024 a través de la cual se intima al trabajador fue recepcionada el 24/06/2020 y entregada al destinatario el 30/06/2020, mientras que la de despido CD 034471255 fue entregada el día 6/07/2020. 10) Eduviges HUANCA: fue intimada mediante CD 032994802. A fs. 426 obra constancia de recibido el día 30/6/20. El despido fue comunicado mediante CD 034471508 recibido por el nombrado el día 6/7/2020. 11) Javier IMPA: fue intimado por CD 032994793 recibida el día 30/6/2020 según constancia de fs. 419. El despido se notificó por misiva 034465502 recibida el día 7/7/2020 de acuerdo a la constancia obrante a fs. 421. 12) Loana LIMA CARRIZO a fs. 69 y 70 obran copias de las misivas de intimación y despido respectivamente.
Conforme a la informativa de fs. 760/764 la CD 032994762 mediante la cual se cursa la intimación fue entregada al destinatario el día 30/06/2020. 13) Florina MEJIA a fs. 73 y 74 obran copias de las comunicaciones de intimación y despido respectivamente. De acuerdo a la informativa de fs. 760/764, la CD 069476871 a través de la que se cursa la intimación fue entregada el día 30/06/2020. 14) Placido MONTE PORCO: fue intimado por misiva CD 069476806 recibida personalmente por el nombrado el día 30/6/2020 según constancia de fs. 450. A fs. 448 obra comunicación de correo argentino mediante la cual informa a PESPASA que el telegrama de fecha 29/6/2020 impuesta en la suc. 2 de Mar del Plata dirigido Placido MONTE PORCO domicilio calle 129 Nro. 1576 ha sido entregado el 30/6/2020 recibido por Monte Porco. 15) Jovana RECALDEZ: fue intimada a través de CD 032994949, la que fue recibida el día 30/6/20 conforme constancia de fs. 469.
El despido fue comunicado por misiva nro. 034471445 que fue recibida el día 7/7/20 tal como se aprecia de fs. 468. 16) Juan RODRIGUEZ: fue intimado por CD 032994918. A fs. 474, obra una copia de la misiva referida con un sello impostado que contiene la leyenda AL REMITENTE NO RECLAMADA PLAZO VENCIDA FECHA 29/6/20. A fs. 474/vta. Contiene dos constancias de visitas de fecha 30/6/20 y 1/7/20 motivo Cerrado/Ausente. El despido fue cursado por CD 034471370. A fs. 471 obra copia de la misiva que contiene sello AL REMITENTE NO RECLAMADA PLAZO VENCIDO de fecha 29/7/2020. A fs. 471/vta. obran dos Constancias de visitas de fecha 8/7 y 6/7 motivo: Cerrado/Ausente. A fs. 475/476 obra actuación notarial, Escritura Nro. 148 en la cual consta que se constituyen en el domicilio sito en Barrio Vieyra Casa 8 que es atendido por Juan Rodriguez y se le notifica el texto de la notificación que dice: Queda desvinculada de la empresa y se da por extinguido contrato de trabajo.
La fecha de la actuación notarial es de 21/7/2020. A fs. 477 y 478 obran constancias de CD 34471370 y 32994918 sin firma del destinatario. Obra aclaración de PLANAS empleado 16.344.120. 17)Rosmery RODRIGUEZ: fue intimada mediante CD 032994921 recibida el día 30/6/20 por la nombrada conforme constancia de fs. 464. El despido fue comunicado por CD 034471423 notificado el día 6/7/20 como consta a fs. 463. 18) Wilfredo ROJAS: fue intimado por CD 032994895 obrante a fs. 481 la que fue devuelta AL REMITENTE. 481/vta. obran constancias de dos avisos de visitas infructuosos por domicilio cerrado/ausente. A fs. 483 obra actuación notarial de fecha 20/7/20, Escritura Nro. 149 - mediante la cual se notifica al nombrado el despido con justa causa.
A fs. 480 obra comunicación epistolar de despido CD 034471193, la que fue notificada en fecha 21/7/20 conforme constancia de fs. 485. 19)Ronald SANTOS CASTRO: fue intimado mediante CD 032994881, la que fue recibida el día 30/6/20 conforme constancia de fs. 491. El despido fue comunicado por CD 034471180 recibida el día 6/7/20 de acuerdo a la constancia de fs. 490. 20) Roberto TORRICO UGARTE: fue intimado mediante CD 032995119 la que fue recibida por el nombrado el día 30/6/20 según consta a fs. 501. El despido se comunicó por CD 034465330 notificado el día 7/7/20 conforme constancia de fs. 500. 21) Roberta TORRICO UGARTE: fue intimada por CD 034474932 la que fue recibida en fecha 30/6/20 conforme constancia de fs. 513.
A fs. 511 obra actuación notarial de fecha 20/7/20 – Escritura Nro. 64 – mediante la cual se hace constar que habiéndose hecho presente la notaria actuante en el domicilio sito en calle Las Heras Nro. 973 de la ciudad de Puerto Deseado en sendas oportunidades, procede a requerimiento de la señora Urzua, jefa de recursos humanos de la demandada, a dejar copia por debajo de la puerta de la notificación de despido, el que es ratificado en dicha actuación notarial. 22) Willy UGARTE MERCADO: fue intimado por CD 032995082 recibida el día 30/6/20 conforme constancia de fs. 518. El despido fue cursado por CD 034465312 recibida el día 6/7/20 de acuerdo a la constancia de fs. 517. 23) Rimbert VIDAL SERMIÑOS: fue intimado mediante CD 032995096 recibida el día 30/6/20 conforme constancia de fs. 531.
El despidió se notificó por CD 034471131 recibida el día 6/7/20 de acuerdo a la constancia de fs. 530. 24) Noemi VILLAROEL: fue intimada por CD 032995034 recibida el día 30/6/20 conforme constancia de fs. 535. El despido fue comunicado por CD 034471128 recibido el día 6/7/20 de acuerdo a constancia de fs. 534. 25) Franco ZAPANA: fue intimado por CD 032995017 la que fue recibida el día 30/6/20 de acuerdo a constancia obrante a fs. 549. EL despido le fue cursado por CD 034471471 notificado el día 6/7/20 conforme constancia de fs. 548. 26) Ronald ZERNA TORRICO: fue intimado por CD 032995003 recibida en fecha 30/6/20 conforme consta a fs. 554. El despido fue comunicado por CD 034471383 recibida el día 6/7/20 de acuerdo a constancia de fs. 553.
Detallado así el camino que tuvo cada una de las comunicaciones epistolares aludidas, la cuestión a dilucidar consiste entonces en determinar si los trabajadores en cuestión fueron correctamente constituidos en mora. En tal sentido y del tenor de dichas comunicaciones, aprecio primero que en las intimaciones efectuadas a los operarios demandantes, no se le otorgó un plazo expreso y determinado para que retomen con las tareas laborales interrumpidas por la medida gremial, sino que se los conmino para que se presenten a partir del día 25 de Junio de 2020. Y esa fecha precisa invocada en la misiva fue utilizada luego por la dadora de trabajo para sostener los incumplimientos en los que apoyó la justificación de los despidos.
Ello surge nítido del tenor de las cartas documentos del día 29 de Junio de ese año, las que expresan textualmente: “Mar del Plata, 29 de Junio de 2020. Habiendo sido intimado a trabajar y a deponer retención de tareas en cumplimiento de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz, en el expediente 519.586/2020, según se le interpelara por CD remitida el 24/06/2020, ante su negativa a retomar tareas habituales, manteniendo su injuria grave de no ingresar al establecimiento en base a la ilegítima medida de fuerza implementada por Ud. y el Sindicato de Trabajadores de Industria de Alimentación que lo representa, damos por extinguido el contrato de trabajo con justa causa (art. 242 LCT)…” Así las cosas, puedo afirmar que el proceder de la demandada fue a todas luces apresurado, ya que la prueba valorada da cuenta que la decisión extintiva del vínculo de trabajo la adoptó sin antes cersiorarse si los trabajadores habían sido debidamente notificados de la intimación previa y por ende si habían contado con el tiempo material para su cumplimiento.
Pues, está acreditado que ninguna de las misivas intimatorias enviadas arribaron a su destino con anterioridad al 25 de Junio de 2020, sino que lo hicieron varios días después y es de ahí que la actitud de remitir la comunicación del despido el 30 de Junio de 2020, como se aprecia de la prueba informativa de Correo Argentino agregada a fs. 760/764 de la causa judicial referida, pone de manifiesto un comportamiento cuestionable que impacta de lleno en la validez de la intimación epistolar previa que tuvo por objeto constituir en mora al trabajador. En efecto, la evidente omisión en el texto de la intimación cursada de un término perentorio para que aquel reanude sus tareas, se traduce en una falencia relevante que no puede conllevar a una decisión que pase por alto principios rectores de la materia que se trata, como el de conservación del contrato de trabajo y el de buena fe.
No debe perderse de vista que la responsabilidad del empleador para la constitución en mora del trabajador no se limita al medio empleado para ello sino que también incluye la forma en que se la redacta para que alcance los efectos jurídicos pretendidos y en el caso, la falencia detallada transformó al requerimiento cursado en una exigencia de imposible cumplimiento, como bien lo señala la parte actora, toda vez que como se dijo llego a la esfera de conocimiento de los destinatarios con posterioridad a la fecha desde la que fueron intimados y sin contar con tiempo material para poder cumplir el mandato, se decidió su despido. En éste entendimiento, deviene necesario recordar que el acto de intimación al trabajador a retomar sus tareas, reviste fundamental trascendencia puesto que es el que nos dará la certeza de que no existe por parte del operario la voluntad de reintegrarse a sus tareas (el animus como elemento subjetivo).
Ha señalado la doctrina que: “Podría decirse, recurriendo a una metáfora tradicional en el derecho, que la ausencia de un trabajador presenta el mismo “habeas negativo” ya se deba al padecimiento de una enfermedad inculpable, a un mero incumplimiento del deber de prestación o a la intención de resolver el vínculo y su diferencia, trascedente sin duda, reside en el ánimus. Lo que distingue, entonces, en éste “dejar ir” es su intención o su justificación objetiva extrínsica” (Eduardo Alvarez – Algunas precisiones en torno al abandono de trabajo como forma de extinción de la relación laboral, p. 75). El abandono de trabajo no se configura por el mero hecho del trabajador de ausentarse a prestar tareas, sino que debe necesariamente ser requerido para presentarse a través de un medio y de una forma fehaciente y para que la omisión pueda ser invocada como injuria, la ley impone al empleador la carga de la previa constitución en mora consistente en la intimación a retomar tareas fijándole un plazo determinado.
La ley no ha establecido un plazo especial y es de ahí que la intimación debe hacerse por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso y es por eso que se deberá analizar el plazo de intimación para determinar si resulta adecuado a las circunstancias de cada caso. Y es aquí en donde entiendo se debilita la postura de la recurrente, ya que la forma en la que procedió se tradujo en un emplazamiento que no se adecuó a las exigencias del art. 244 de la LCT, lo que impide tener la certeza de que los trabajadores requeridos, no tenían el ánimo de volver a trabajar. Cabe recordar que el mero silencio del trabajador no puede tener el efecto de acreditar que éste ha incurrido en incumplimiento a su deber de prestación.
La norma aludida debe ser analizada de manera conjunta con el art. 58 de ese cuerpo normativo, el cual en forma expresa establece que no se admitirán presunciones en contra del trabajador que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o cualquier otro derecho derivado del silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en tal sentido. En ese sentido no se pasa por alto en el análisis que los trabajadores demandantes, recibidos los despidos, lo tildaron de improcedente y peticionaron su reincorporación, demostrando el ánimo de mantener la relación de trabajo. Asimismo y en esa dirección se tienen presente las constancias obrantes en el expte administrativo Nro. 519.608 c-2020 incorporado a través de PE 1247035-24.
Por otra parte, la demandada, no ha logrado probar que fueron los actores de éstos autos quienes habrían protagonizado los sucesos que relata y que califica de delictivos y que, según expone, habrían sido denunciados ante el fuero penal, pues, no ha producido ni incorporado elemento alguno que dé cuenta de que aquellos recibieron sanción penal alguna en orden a esos sucesos. Conforme con los fundamentos expuestos, es dable afirmar que la decisión rupturista debe estar suficientemente justificada, siendo exigible al empleador acreditar, que antes de dar por terminada la relación laboral por abandono de trabajo, transito la vereda de la buena fe contemplada en el art. 63 de la LCT, pues el abandono de trabajo es una situación de graves consecuencias para el trabajador y es por ello que corresponde ser estrictos y ajustarse a la expresa tipificación que el legislador le ha otorgado.
Por éstas razones jurídicas y las circunstancias fácticas apuntadas, entiendo que la dadora de trabajo no pudo justificar la causa que invoco para el despido, lo que torna ilegítima esa decisión rupturista y por ende procedente la pretensión indemnizatoria formulado por el conjunto de trabajadores reclamantes. Por último, y respecto del planteo relativo a la confesión ficta en la que habrían quedado incurso los actores, destaco primero que de los 26 reclamantes, 12 de ellos comparecieron y desconocieron cada una de las posiciones contenidas en el pliego. Ellos son Sonia Arispe, Maria Franco Gonzalez, Noemi Villarreal, Wilfredo Alvarez, Alexander Cespedes, Javier Impa, Placido Monte Porco, Jovana Ricaldez, Rosmery Rodriguez, Roberta Torrico Ugarte, Willy Ugarte Mercado y Rimbert Vidal Serviños.
La actora Mirta Alvarez justifico inasistencia. Los restantes, estando notificados no comparecieron a la audiencia señalada. No obstante, debo señalar que el tenor de las posiciones no pueden prevalecer sobre los hechos debidamente acreditados y que se interpretan determinantes para la resolución del presente. Sabido es que la prueba confesional es un elemento de convicción más que debe ser analizado en conjunto con los restantes elementos, pues no tiene un valor absoluto. Por otro lado, estamos en el ámbito del derecho del trabajo donde campeo el principio protectorio, en virtud del cual, no está permitido que la realidad de los sucesos acreditados, se desdibuje invocando la confesión del trabajador, el que ciertamente es un sujeto de especial tutela conforme doctrina de nuestro más alto tribunal.
La incomparecencia a la audiencia confesional no puede conllevar ni a la renuncia de derechos ni a la afectación del orden público laboral. Asi las cosas, y siendo que comparto el razonamiento llevado a cabo sobre el punto en la instancia de grado conforme a los argumentos desarrollados en el presente, es que no advierto un apartamiento de valoración de prueba relevante para la resolución de la causa. Es del caso recordar que la selección del material probatorio constituye una facultad privativa de los jueces de las instancias de mérito y tal prerrogativa conlleva la posibilidad de inclinarse hacia unos elementos probatorios, descartando otros, sin que sea necesario expresar en la sentencia la valoración de todos ellos, sino únicamente de los que resulten necesarios para el fallo de la litis (SUMARIO DE FALLO 21 DE DICIEMBRE DE 2009 Id SAIJ: SUQ0023538).
Es por todo lo expuesto que entiendo que el agravio en tratamiento no puede prosperar.-
VII. En cuanto al segundo agravio, destaco primero que el análisis de la procedencia de la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323, obliga a revisar la forma en que se ha configurado el despido, las circunstancias que lo rodearon y la actitud asumida por las partes. Sin perjuicio de que a esta altura del análisis se admitió el reclamo por despido incausado, cabe remarcar que la interpretación de la sanción que contempla un agravamiento en la indemnización prevista por la normativa en juego debe ser restrictiva. Tengo presente lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en el punto en los autos “MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL–COBRO DE PESOS”, Expte.M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ), donde haciendo referencia a que esta norma es de interpretación restrictiva, señala que: "...Conteste con lo señalado, se ha manifestado que dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr.
Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema?” (confr.
CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, 'Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones', ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)." (T. XVII – SENTENCIA – T.S.J., REG. Nº 576; FOLIO 3.279/3.288; PROT. ELECT. TSS1 015 S.141, 11 de julio de 2014). Es decir que frente al despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, sin perjuicio de que fuera posteriormente revertida dicha situación en sede judicial, entiendo que la demandada pudo creerse con derecho a actuar como lo hizo, teniendo en cuenta la situación que se encontraba con respecto a los actores.
Por estas razones, la interpretación que debe darse a la norma por tratarse de una sanción, en consonancia con lo decidido en forma reiterada por el Máximo Tribunal Provincial, entiendo que el agravio debe prosperar y eximir del pago de la indemnización del art. 2º de la ley 25.323.-
VIII. En relación al tercer agravio, debo señalar que la tasa de interés que se utiliza para actualizar los montos determinados, debe valorarse en cuanto a su conveniencia siempre en beneficio del trabajador, ya que se trata de la tutela de derechos laborales que impone prestar una especial atención (arts. 14 bis C. N., 9 y ccs. LCT, arts. 766 y ccs. CCC, 164 y 166 CPCC). En ese sentido destaco que esta Excma. Cámara ha decidido en diferentes pronunciamientos la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina como mecanismo de intereses válido. Si bien cierto es que la doctrina casatoria del Tribunal Superior de Justicia al respecto ha sido la utilización de la tasa pasiva promedio del BCRA, cierto también lo es que se debe analizar el caso al día que se emite la resolución pertinente y es de ahí que entiendo que debe mantenerse la la tasa fijada en el fallo en crisis y por ende desestimarse el agravio en tratamiento.-
IX. Respecto del cuarto agravio, tampoco puede tener favorable acogida, puesto que se coincide con la jueza de grado en cuanto a que al tiempo del distracto se encontraba vigente el decreto en cuestión, no debiendo perderse de vista que la herramienta jurídica concebida por el decreto de mención tiene por finalidad proteger al trabajador frente al despido en una situación de crisis y emergencia. Dado entonces que de acuerdo a la forma en que se resolvió el primer agravio, habiéndose desestimado la pretensión del recurrente de tener por justificados los distractos operados, el argumento utilizado para fundar este agravio no se puede receptar.-
Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia solo admite modificarse en la cuestión tratada en el punto VII) de la presente debiendo confirmarse en todo lo demás, con costas por el orden causado. Así lo propongo al acuerdo.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
X. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante y con sus conclusiones. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XI. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el segundo agravio formulado por la parte demandada con relación a la aplicación de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323 2°) Desestimar los restantes agravios por las razones expuestas, confirmando las demás partes la sentencia obrante a PE 1449416-2024 inscripta al Libro XV, Registro 15 Folio 35/42. 3º) Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado en atención a lo expuesto precedentemente (art. 68 C.P.C.). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 17 de febrero de dos mil veinticinco. -
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial,
1. Admitir el segundo agravio formulado por la parte demandada con relación a la aplicación de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323.-
2. Desestimar los restantes agravios por las razones expuestas, confirmando las demás partes la sentencia obrante a PE 1449416-2024 inscripta al Libro XV, Registro 15 Folio 35/42.-
3. Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado en atención a lo expuesto precedentemente (art. 68 C.P.C.).-
4. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado.-
5. Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. El Dr. Humberto Eduardo Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara Presidenta; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante MÍ: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.-
Protocolización: A201002S.251 Tomo: CI Sentencia: 3098 Folio Nº: 194/205 Secretaria: 1
Fin de la sentencia