Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 172.136
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo I) Se rechazan los agravios traídos a esta instancia por la citada en garantía, con costas (art. 68 del C.P.C.); II) Se admiten parcialmente los agravios traídos a esta instancia por la parte actora, fijando el rubro “lucro cesante” en la suma de pesos doscientos treinta y un mil seiscientos noventa y cuatro con treinta y ocho centavos ($231.694,38), elevando a la suma de pesos siete millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y seis ($7.460.656) el monto reconocido en concepto de “incapacidad sobreviniente” y estableciendo en la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000) la reparación por el rubro “daño moral” (daño a las afecciones legítimas espirituales), estableciéndose el cómputo de los intereses del modo previsto en el considerando "IV.e" de la presente, modificándose de tal forma la sentencia recurrida, con costas a cargo de la contraria (art. 68 del CPC); III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 16, 31, 51 y ccdts., ley 14.967).
REGISTRADA BAJO EL Nº (S) Fº
Expte. Nº 172.136. Juzgado Civil y Comercial Nº 16 Se reúne la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario, a efectos de dictar sentencia en autos:
"ACOSTA, GUSTAVO FABIAN C/ VILLAFAÑE, MARTIN Y OTROS S/
DAÑOS Y PERJUICIOS", en los cuales, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal, resultó que la votación debía ser en el orden siguiente: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes;
1. ¿Es justa la sentencia dictada en fecha 17-11-2020?;
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZA DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. El Sr. Juez de primera instancia resolvió hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por el Sr. Gustavo Fabián Acosta contra los Sres. Martín Oscar Villafañe, Miguel Ángel Segovia y Fernando Darío Quiroga y, en consecuencia, condenó a éstos últimos a abonar a la parte actora conjuntamente con la citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada” –en la medida del aseguramiento-, dentro del plazo de diez (10) días, la suma de pesos dos millones treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho ($2.034.488), con más los intereses fijados en los considerandos.
Por su parte, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Sr. Andrés Esteban Ponce de León y, por consiguiente, rechazó la demanda incoada por el actor en su contra, con costas a los demandados y la citada en garantía.
Finalmente, impuso las costas por el progreso de la acción a los accionados vencidos y a la citada en garantía y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir, luego de entender aplicable al caso las prescripciones del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, consideró que al accionante le correspondía probar el hecho, sus partícipes, el daño y el nexo causal entre el evento perjudicial y el daño, el que entiende debe presumirse en el caso en función de haberse generado por el riesgo de la cosa Ford Ranger conducida por el Sr. Villafañe y del asegurado, dueño y/o usufructuario Sres. Quiroga y Segovia, mientras que la parte demandada cargaba ineludiblemente con las pruebas que destruyan tales elementos básicos de la acción.
Señaló, que la demanda debía prosperar, teniendo para ello en consideración, por un lado, el silencio guardado al traslado de la demanda por los demandados y, en segundo término, las posiciones puestas en rebeldía a los tres demandados en su conjunto reconociendo los hechos formulados por el actor en su demanda; mientras que, según el parecer del a quo, nada ha aportado la defensa para neutralizar esa responsabilidad de tipo objetiva.
Agregó que el hilo argumental para el progreso de la demanda concuerda claramente con el resto del plexo probatorio que se evidencia en sede penal y sede civil.
Concluyó al respecto, que de la totalidad de las constancias aportadas en sede penal se puede corroborar el relato del actor, esto es, la aparición repentina e imprudente de parte de la camioneta Ford Ranger al girar hacia su izquierda e interponerse en la trayectoria de quienes accedían por calle Lebenshon en sentido contrario.
En lo que al marco legal específico respecta, el sentenciante entendió que el conductor de la camioneta Ford Ranger violó lo dispuesto en la ordenanza 20950 en tanto dispone que “…Queda prohibido girar a la izquierda para salir de una avenida de doble sentido de circulación, a excepción de las intersecciones que estén dotadas de semáforo con habilitación lumínica de giro u otro dispositivo de seguridad aprobado por el Departamento de Ingeniería de Tránsito…”.
Reiteró, que nada hizo la defensa para conseguir apartarse de la responsabilidad objetiva que se le endilga, pues no obstante haber manifestado que el único responsable del hecho había sido el actor desde su rol de embistente y de acceder a excesiva velocidad en contramano, nada de ello logró acreditar, no contribuyendo a su postura la ausencia de licencia de conducir del actor pues en base al restante contexto probatorio aparece, según el sentenciante, como insuficiente para achacarle algún grado de responsabilidad al accionante.
En cuanto a los rubros indemnizatorios, consideró que el “lucro cesante” debía prosperar por la suma de $96.720, los “gastos por atención médica y traslados” por la suma de $35.000, el “daño moral” por la suma de $350.000 –considerado a valores actuales-, el “daño emergente” por la suma de $12.000 –considerado a valores actuales- y el “daño psicológico” en la suma de $40.768 –considerado a valores actuales-.
Por último, respecto del rubro “incapacidad sobreviniente”, utilizando como referencia el resultado de la utilización de las fórmulas “Vuotto” y “Méndez”, consideró que éste debía cuantificarse en la suma de $1.500.000.
II. Contra tal pronunciamiento, interpuso recurso de apelación en el escrito electrónico del 18-11-2020 la Dra. María Laura Ceccato, en su carácter de apoderada de la citada en garantía, fundando tal recurso mediante idéntica vía el día 30-06-2021 con argumentos que merecieron respuesta de la contraria en la presentación electrónica del 30-08-2021. La sentencia también ha sido recurrida en el escrito electrónico de fecha 25-11-2020 por el Dr. Pablo Lorenzo, en su carácter de apoderado del actor, fundando la apelación mediante idéntica vía el día 20-08-2021 con argumentos que merecieron réplica de la contraria en la presentación de fecha 30-08-2021.
III. a) Agravios expuestos por el apoderado del actor.
Agravia al recurrente que el a quo utilice el salario mínimo vital y móvil de la época del accidente para cuantificar el lucro cesante y la incapacidad física sobreviniente.
Luego de detallar los ingresos del actor desde el mes de febrero del año 2016 al mes de enero del año 2017, expresó que es injusto tomar un promedio de lo ganado en los últimos doce meses anteriores al siniestro por el accionante debiendo, según su entender, tomarse en cuenta el último salario real y adicionarle el S.A.C. proporcional para tener una base de ingresos que saque a la inflación de la ecuación.
Renglón seguido, transcribe los considerandos de los fallos “Vuotto” y “Méndez” para concluir que el salario que debe utilizarse es el actual al momento del hecho y no el promedio de los salarios devengados por el actor los doce meses previos al accidente.
En razón de lo anterior, entiende pertinente aplicar al caso de autos el salario de enero de 2017 por $39.595,55, último percibido por el trabajador, que con S.A.C. alcanza los $42.895,18 formándose desde allí el componente “a” de las fórmulas polinómicas bajo análisis.
En segundo lugar, manifiesta el recurrente que es erróneo que el a quo considere que los ingresos sin registración o por fuera del recibo de sueldo no han sido debidamente comprobados cuando de la declaración testimonial de la Sra. Carpio surge que a la fecha de la audiencia de vista de causa –diciembre de 2019- los marineros ganaban entre $40.000 y $50.000. Expresa que de la combinación de los dichos del testigo más la prudente estimación del juez se podrá conformar un salario que se aproxime más al acontecer empírico, sosteniéndolo esta parte en un 25% sobre los haberes registrados.
Advierte que, a contrario de lo expuesto por el a quo, el actor no resultaba ser un marinero temporario, pues la irregularidad aludida en la demanda se vincula exclusivamente con los ingresos irregulares. Como segundo agravio, relata que la sumatoria lineal de incapacidad laboral física (16,5%) y laboral psicológica (20%) arroja un 36,5% de sobreviniente, mientras que el a quo la sitúa en el 25% justificándose para ello en la posibilidad de atemperar mediante tratamiento el 20% de incapacidad determinada por la experta en psicología. Sostiene que de la simple lectura del dictamen pericial la perito utiliza el concepto de “posibilidad” de mejoría y el verbo en condicional para expresarse sobre el particular.
Denominándolo como tercer agravio, controvierte la combinación de los montos de las fórmulas “Vuotto” y “Méndez” para arribar a la suma reconocida por “incapacidad sobreviniente”.
Expresa, que la fórmula “Méndez” es una superación de la fórmula “Vuotto” por lo que resulta desajustado utilizar una combinación de ambas cuando una es una corrección de la otra.
En cuarto lugar, se agravia del monto otorgado en concepto de reparación del “daño moral”, al considerarlo exiguo.
Indica que el dictamen pericial psicológico ha sido contundente en cuanto a la afectación sufrida por el actor en todas las esferas de su vida como consecuencia del accidente y, ante ello, considera que debe estimarse el rubro, a valores actuales, en la suma de $1.500.000.
Finalmente, solicita que se revoque la sentencia recurrida en el sentido propuesto, con costas a la contraria.
III. b) Agravios de la citada en garantía.
Agravia a la apelante que el a quo entienda que su parte no ha logrado acreditar la ruptura del nexo causal en el hecho que se ventila en autos.
Sobre la cuestión, afirma que ha quedado debidamente probado que el actor circulaba sin casco protector y no poseía licencia habilitante, mientras que el motovehículo carecía de documentación, espejos retrovisores y presentaba falencias en el sistema de frenos.
Refiere que se logró acreditar la eximente de responsabilidad invocada toda vez que el accionante salió al tránsito de forma temeraria sin cumplir ni él ni su vehículo con las condiciones exigidas que, según su parecer, contribuyeron absolutamente al resultado dañoso. Transcribe jurisprudencia que entiende en apoyo a su argumentación.
Habiendo afirmado que no corresponde, en razón del modo en que propone sea resuelta la cuestión atinente a la responsabilidad, el progreso de ningún rubro, alega que la procedencia del rubro “lucro cesante” no ha quedado debidamente acreditada respecto del ingreso salarial del actor como así tampoco en lo atinente a los meses en que el accionante se encontró imposibilitado, pues el perito médico dictaminó que existió una convalecencia de tres meses, por lo que solicita sea este el periodo que se tenga en cuenta a efectos del cálculo del rubro.
A su vez, agravia a la recurrente que el sentenciante entienda que a los efectos de fijar la indemnización por “incapacidad sobreviniente” deba tomarse como referencia el doble del salario mínimo vital y móvil al momento del hecho.
Subraya que ante la falta de acreditación de ingresos debe de estarse al salario mínimo vital y móvil al momento del hecho sin mayores interpretaciones.
Objeta la aplicación de la fórmula “Méndez” al considerar que la misma careció de fundamentos.
Expuso, que la indemnización por incapacidad debe tener su correlato en la existencia acreditada de un daño efectivo siendo indispensable acreditar en qué medida dicha minusvalía se tradujo o traducirá en un desmedro de la capacidad productiva del actor y en qué medida generará a futuro una pérdida en sus ingresos.
Alega que en el relato efectuado en la demanda por el actor se presenta como insuficiente a los efectos de determinar una incapacidad laborativa, toda vez que no se alegó ni posteriormente se acreditó de forma concreta en que manera la incapacidad impacta en su trabajo.
Por último, solicita que se haga lugar al recurso planteado, con costas a la contraria.
IV. Pasaré a analizar los agravios planteados.
IV.a. AGRAVIO DE LA CITADA EN GARANTIA: Atribución de responsabilidad.
Antes de analizar los agravios traídos a esta instancia corresponde señalar que en atención a la fecha en la que ocurrió el siniestro -13/04/2017- resulta aplicable al caso, tal como acertadamente lo ha entendido el a quo, el nuevo Código Civil y Comercial (art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación).
En consecuencia es de aplicación el art. 1769 del citado ordenamiento que dispone: “…Accidentes de tránsito. Los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos…”. Es decir, que debe juzgarse la cuestión teniendo en consideración el factor objetivo de atribución previsto en los artículos 1722 y 1757 del CCCN, importando ello que será el dueño o guardián de la cosa quien tendrá la carga de la prueba de acreditar la concurrencia de eximentes, esto es, el hecho del damnificado, el de un tercero por quién no debe responder, o el caso fortuito, demostrando que se interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre su actuación y el resultado dañoso (arts. 1722, 1723, 1726, 1729, 1731, 1757, 1758, 1769 y ccdtes. del CCCN). Debe señalarse que en lo concerniente a la responsabilidad por accidentes de tránsito el Nuevo Código Civil y Comercial no aporta mayores innovaciones, receptando la doctrina y jurisprudencia vigentes, consagrando la responsabilidad objetiva de modo que subsisten los criterios elaborados sobre la vigencia del riesgo creado en la materia (argto. doct. Ricardo Luis Lorenzetti –Director- “Código Civil y Comercial de la Nación –Comentado-”, tomo VIII, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 635).
En virtud del factor objetivo de atribución, el dueño y/o guardián de la cosa riesgosa responde de los daños causados por ésta, a menos que opere alguna de las causas de exoneración total o parcial que prevé la ley (argto. arts. 1726, 1730, 1731 y ccdtes. del CCCN).
La relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño que pretende repararse configura un presupuesto indispensable de la responsabilidad civil, que puede ser excluida total o parcialmente por ciertas circunstancias que se agrupan bajo la denominación de “causa ajena” siendo éstos el hecho de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor y el hecho de un tercero por quien no se debe responder (argto. doct. Ricardo Luis Lorenzetti –Director-, ob. cit., pág. 429)
Efectivamente, para eximirse de responsabilidad frente a un factor objetivo de atribución, es el demandado quien debe acreditar la concurrencia de un elemento ajeno a su actuación -el hecho de la víctima o de un tercero por el cual no debe responder- y probar que esa participación ha tenido la entidad suficiente para erigirse en causa o concausa del hecho ilícito, con aptitud para interrumpir total o parcialmente el nexo de causalidad entre el hecho y el daño (arts. 375 y 384 del C.P.C.).
Encontrándonos en la órbita de las responsabilidades objetivas la eximente del hecho de la víctima debe ser acreditada claramente pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien la alega, ante la duda procede fallar contra el responsable por riesgo u otro factor objetivo de atribución, es decir, que en caso de incertidumbre el juez debe decidir en contra de quién debía probar y no lo hizo (argto. doct. Matilde Zavala de González “La responsabilidad civil en el Nuevo Código”, tomo II, Ed. Alveroni, 1era. edición, Córdoba, 2016, págs. 296/297).
Ahora bien, sentadas estas bases, cabe señalar que el eje central de la crítica de la apoderada de la citada en garantía se dirige a cuestionar la atribución de responsabilidad dispuesta por el a quo, señalando al respecto que su parte acreditó debidamente la ruptura del nexo causal al probar que el actor carecía de licencia de conducir, casco protector y el motovehículo no contaba con espejos retrovisores a la par de padecer falencias en su sistema de frenos.
Adelanto que no asiste razón a la recurrente.
En primer término, es necesario señalar que el a quo no desconoció la inexistencia de licencia de conducir del actor, sino que, a mi entender acertadamente, consideró que: “…en conteste de contienda se manifestó que quien resultaba ser el único responsable había sido el actor desde su rol de embistente y de acceder a excesiva velocidad violando las normas de tránsito –contramano- (todo lo contrario se demostró en autos), ofreciendo al efecto un escaso marco probatorio enderezado a tal fin (v. gr. Confesional, pericial de ingeniería mecánica, informática y testimonial), el que a la postre –etapa probatoria-, no contribuyó a despejar cualquier marco de dudas sembradas al efecto más allá de la carencia de un carnet de conducir que en base al contexto de todo plexo probatorio encuentro insatisfactorio como para lograr achacar la responsabilidad –aunque lo sea de un modo concausal- por sobre la víctima Acosta…” (el destacado no es de origen).
Es oportuno recordar a esta instancia del análisis, que no obstante la inobservancia de las reglas de tránsito –en el caso ausencia de registro habilitante- pueden generar indicios que sustenten presunciones causales que, o bien apoyen la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa o, en su caso, la incidencia causal del hecho de la víctima, ello será así según el contexto circunstancial (argto. doct. Matilde Zavala de González “La responsabilidad civil en el Nuevo Código”, tomo IV, Ed. Alveroni, 1era. edición, Córdoba, 2016, págs. 362/363).
En otras palabras, así como el sólo respeto de normas de tránsito no libera de responsabilidad, las infracciones no la fundamentan cuando carecen de un adecuado nexo causal con el suceso (conf. Matilde Zavala de González, ob. cit., pág. 365).
Es precisamente este último supuesto el que se aprecia en el caso en estudio, dado que no se evidencia como la supuesta falta de idoneidad en el manejo, que podría presumirse ante la ausencia de licencia de conducir habilitante, pudo haber incidido en el hecho dañoso cuando se ha acreditado que el actuar del codemandado Sr. Martín Oscar Villafañe –conductor de la camioneta- al momento del hecho fue absolutamente desaprensivo interponiéndose abruptamente en la línea de marcha del actor (arts. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.).
Particularmente esclarecedor resulta al respecto el testimonio brindado por el Sr. Martín Nicolás Ortiz en sede penal en tanto allí declaró como testigo presencial del hecho –presencia que se puede corroborar en la “Actuación de Prevención en Vía Publica” obrante a fs. 1 de la I.P.P.- que: “…Ese día, vio el momento del impacto, pero recuerda que anterior a ese impacto, Fabián Acosta venía bajando por la calle 41, Lebenshon, iba a bordo de una moto, y venía una camioneta, también por calle Lebenshon y cuando llego a Lanzilota, doblo de lleno, no puso guiño y Fabián Acosta iba derecho, así que lo choco (…) Preguntado por si antes del accidente pudo observar algo que le llamara la atención refiere que antes del choque pudo observar que el hombre que manejaba la camioneta estaba fumando y hablando por teléfono, es más, recuerda que el hombre dijo cuando estaban en el lugar, que no lo había visto a Fabián. El hombre venía desconcentrado…” (conf. fs. 72 de la I.P.P. N°08-00-008372-17/00, que en este acto tengo a la vista; el destacado no es de origen).
Esta declaración, prueba que el accionar del codemandado Sr. Villafañe, al doblar por calle Lanzilota bloqueando el carril contrario por el que transitaba el actor, fue claramente intempestivo tal como se advierte de la frase “doblo de lleno, no puso guiño” (arts. 375, 384, 456 y ccdtes. del C.P.C.).
El valor convictivo de dicho testimonio es indiscutiblemente relevante dado que el testigo ha expuesto acerca de una situación que transcurrió en su presencia, y ante ello, es quien mejor conoce lo acaecido y pudo aportar información precisa respecto de las circunstancia de tiempo, modo y lugar que rodearon al hecho (arts. 384, 456 y ccdtes. del C.P.C.). Además, esta declaración fue incorporada legal y regularmente al proceso resultando a su vez las circunstancias allí relatadas concordantes con lo que se aprecia en las conclusiones de las pericias realizadas tanto en sede penal como en este expediente. Obsérvese, que según surge del informe elaborado por la policía científica en la I.P.P. agregada a estas actuaciones: “…en momentos que ambos rodados se desplazaban sobre la calle Lebensohn en sentidos opuestos, al llegar a la intersección con la calle Lanzilotta la camioneta realiza un giro hacia la izquierda mientras que la motocicleta intenta el cruce, el rodado de mayor porte se interpone sobre la línea de marcha de la motocicleta (…) El rodado de mayor porte contaba con vidrios polarizados y la ventanilla delantera derecha se encontraba alta (cerrada) al momento del impacto. Al observar a través de los vidrios polarizados la visión es disminuida por la tonalidad de los mismos…” (conf. fs. 110 de la I.P.P. N°08-00-008372-17/00, que en este acto tengo a la vista; el destacado no es de origen).
Por su parte, al contestar el punto 7 del cuestionario de la actora, el perito ingeniero mecánico dictaminó que: “…La causa del accidente fue la concurrencia simultanea de ambos vehículos a la intersección. Conjuntamente con la maniobra de giro hacia la izquierda por calle Lanzilota de la camioneta…” (conf. pericia de ingeniería mecánica adjuntada al escrito del 26-11-2019: el destacado no de origen). Debe recordarse que maniobras como la realizada por el demandado Sr. Villafañe han sido caracterizadas por la doctrina como de extrema peligrosidad señalándose que: "…la maniobra de giro a la izquierda, en arteria de doble mano, entraña considerables riesgos, a tal punto de habérsela prohibido desde antigua data en avenidas de cierta importancia, pues se interfiere con ella la circulación de vehículos que lo hacen por la mano contraria(…)Es por ello que toda maniobra de giro debe ser efectuada con suma cautela, tanto más si se tiene en cuenta que el conductor que dobla a la izquierda, puede encontrarse con vehículos que gozan de preferencia de paso por aparecer a la derecha del que gira…" (conf. Conde, Héctor N. y Suárez, Roberto: "Tratado sobre responsabilidad por accidentes de tránsito- Vol. 2, Responsabilidad por violación a las normas de tránsito", Ed. Hammurabi, Bs. As., 1997, pág 308).
Es entonces, que lo acertado y razonable es que cuando se intenta girar a la izquierda en una vía que es de doble sentido de circulación se ceda el paso al vehículo de la misma o contraria mano cuya circulación se va a interrumpir y no transitar en cálculos o estimaciones, pues el resultado disvalioso de una desacertada apreciación es el acaecimiento de la colisión (argto. jurisp. esta Cámara y Sala, en las causas N°145.705 y N°145.706 “Guantay, Sergio E. c/ Hermoso, Oscar s/ cobro de sumas dinero” y “Hermoso, Oscar c/ Guantay, Sergio s/ daños y perjuicios”, sent. única del 14-09-2010).
Lo antes expuesto, demuestra sin lugar a dudas, como lo señale anteriormente, que el actuar del codemandado Sr. Villafañe, contrario al deber de cuidado y prevención que prevé el art. 39 de la ley 24.449, al interponerse en la línea de marcha del accionante en forma intempestiva, sin una adecuada visión una vez iniciada la maniobra de giro respecto de quienes podían circular en la mano contraria, atento encontrarse los vidrios de la camioneta polarizados, configura una conducta más que idónea para causar un resultado dañoso, tal como efectivamente aconteció.
Téngase presente que para determinar la "causa" del hecho dañoso debe realizarse un juicio de probabilidad, a los fines de advertir si la maniobra del accionado ha tenido la aptitud suficiente, según el curso ordinario y natural de las cosas, para provocar el daño, o si, por el contrario, la participación del hecho de la víctima ha contribuido a su producción (argto. arts. 1726, 1727 y ccdtes. del Cod. Civil y Comercial).
Como contrapartida al acreditado aporte causal del codemandado Sr. Villafañe, coincido con el a quo, en que ningún aporte probatorio realizó la demandada para acreditar la ruptura del hecho causal, que con diferentes argumentos ha invocado en el transcurrir de la causa (arts. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.).
Desde el argumento referido a una supuesta circulación en contramano y a excesiva velocidad que en un primer momento –contestación de demanda- fue invocado por la apoderada de la citada en garantía y que el a quo rechazó por ausencia de prueba sin que fueran objeto de agravio, hasta aquellos que ahora esboza referidos a la ausencia de carnet de conducir, casco reglamentario y deficiencias en el motovehículo del actor aparecen huérfanos de la debida acreditación de su vínculo causal con el hecho dañoso.
La ausencia de prueba del vínculo entre la infracción de tránsito que se atribuye al accionante y el acaecimiento del siniestro obsta al progreso de la eximente invocada por la codemandada –hecho de la víctima- (art. 1729 del CCCN; art. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.).
En este sentido se ha expedido recientemente el Máximo Tribunal de la Nación, resolviendo que: “…a los fines de ponderar una eventual concurrencia causal del hecho del damnificado –como lo refleja la norma del artículo 1729 del Código Civil y Comercial de la Nación- no se trata de valorar la culpa o el reproche del comportamiento de este, sino de sopesar a la luz de las reglas de la causalidad adecuada la incidencia que un determinado comportamiento del damnificado haya podido tener sobre el o los comportamientos dañosos(…)En definitiva, para que se pueda apreciar dicha relevancia, el hecho del damnificado debe haber sido la causa del daño pues, como se manifiesta en una clásica obra sobre la materia, “¿qué importa la acción, incluso culposa, de la víctima si nada tiene que ver con la realización del perjuicio?...” (conf. C.S.J.N. en la causa “Grippo, Guillermo Oscar y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 2-09-2021; del voto del Dr. Lorenzetti; el destacado no es de origen).
Es por los argumentos dados, que considero debe rechazarse el agravio bajo estudio.
IV. b) AGRAVIO DEL ACTOR Y DE LA CODEMANDADA:
Lucro cesante. Cuantificación.
Cabe recordar que el lucro cesante constituye la ganancia o utilidad económica de la que se vio privado el damnificado a raíz del hecho ilícito o del incumplimiento de la obligación.
Su reclamo debe hacerse sobre una base real, cierta y no sobre una pérdida probable o hipotética; por lo que la verificación de este daño no se presume, corriendo a cargo de quien pretende su resarcimiento la efectiva prueba de su existencia (arts. 1738, 1744 y ccdtes. del Cod. Civil y Comercial); conf. Jorge Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños" - T. I., Ed. Rubinzal-Culzoni, Cdad. de Santa Fe, pág. 265; Carlos A. Ghersi, "Teoría General de la Reparación de daños", Ed. Astrea, Cdad. de Bs. As., pág. 63 y sgtes.).
Esta Sala se ha pronunciado, al respecto, señalando que:
"…Para que sea viable la indemnización por el parcial lucro cesante tiene que acreditarse la ganancia dejada de percibir, es decir, debe encontrarse debidamente justificada la actividad frustrada y el tiempo durante el cuál se dejó de percibir las sumas reclamadas…" (esta Cámara y Sala, en la causa N° 144.974, “Palomeque, Gastón c/ González, Ramón Lindor s/ daños y perjuicios”, sent. del 22-02-2010).
En el caso, no es la procedencia del rubro la que se encuentra objetada por los recurrentes sino su cuantificación.
Mientras que el actor controvierte el salario que fue tomado en cuenta por el a quo para el cálculo del parcial –equivalente a dos (2) S.M.V.M vigentes al momento del hecho- al entenderlo exiguo, la apoderada de la citada en garantía considera que no existe justificación para aplicar en tal concepto más de un (1) salario mínimo vital y móvil y, a su vez, entiende que el reconocimiento del lucro cesante no puede extenderse por más de tres meses en atención a las conclusiones de la pericia médica realizada en autos.
Ante este panorama, comenzaré con el tratamiento de la cuestión atinente a la cuantía del salario que deberá considerarse a los fines de cuantificar el presente rubro, el que también tendrá incidencia en el cálculo de la indemnización por “incapacidad sobreviniente” al ser éste uno de los elementos a incorporar en la fórmula polinómica que se utilizará para su estimación, no sin previamente realizar unas necesarias aclaraciones preliminares.
En tal tarea es menester mencionar que los Jueces se hallan facultados para cuantificar el daño a la fecha de la sentencia, en tanto resulta ser el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación, siendo ésta una modalidad que parte de la premisa de que los reclamos resarcitorios versan sobre deudas de valor, y de allí que la estimación realizada en un momento posterior al hecho dañoso no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias, sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia (conf. SCBA, en causas 44.415, 101.107, 117.926, entre otras; art. 165 del CPC). Sobre el particular, deviene imprescindible subrayar que el Supremo Tribunal provincial, con fundamento en el principio de reparación integral, el carácter de deuda de valor que cabe asignarle a las indemnizaciones y, finalmente, el criterio de "realismo económico", sostuvo que la base salarial que corresponde meritar para cuantificar el resarcimiento del daño material debe ser aquella que se encuentra vigente a la fecha del pronunciamiento judicial (conf. jurisp. S.C.B.A., causa L.119.914 "A.,D.A. contra Municipalidad de La Plata y otro. Daños y perjuicios", sent. del 22-06-2020; argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causa N°171.214 “Pérez, Emilce c/ Pandolfi, Jorge Ariel y otro s/ daños y perjuicios” sent. del 14-04-2021; esta Cámara y Sala, en la causa N°170.094 “Meneces, Aida Antonia c/ Pereyra, Alejandro y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 23-12-2020; art. 278 del CPC).
A tenor de la doctrina legal de la S.C.B.A. referenciada en el párrafo precedente, resulta claro que el parámetro utilizado por el a quo para determinar los ingresos a considerar para establecer el alcance económico del rubro -dos salarios mínimos vitales y móviles del momento del hecho- , teniendo en cuenta la realidad inflacionaria que vive nuestro país desde hace varios años, se encuentra lejos de poder encuadrarse dentro del “realismo económico” que propone el Máximo Tribunal Provincial como premisa a tener en consideración para alcanzar el objetivo de la “reparación integral” de los daños (argto. jurisp. C.S.J.N. en la causa “Grippo, Guillermo Oscar y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 2-09-2021; arts. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 5 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica).
Desde ya, que menos aún logra alcanzar tal objetivo lo propuesto por la citada en garantía recurrente en el sentido de aplicar para el cálculo del daño material el equivalente a un (1) Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento del hecho.
Por su parte, si bien comparto con el actor recurrente que corresponde elevar el monto reconocido por el sentenciante como pauta salarial entiendo que el cálculo que propone el accionante, sustentado en los recibos correspondientes al mes de enero de 2017, no resulta ajustado a derecho.
Ello es así, dado que a poco de analizar los recibos obrantes a fs. 52 y 53 -sobre los que el actor sostiene su argumentación- se advierte que la sumatoria del total expresado en ambos que realiza el recurrente resulta improcedente a los fines de ilustrar la realidad salarial del Sr. Acosta, dado que el recibo obrante a fs. 52 contiene conceptos tales como “Vacaciones no gozadas”, “S.A.C. proporcional”, “S.A.C. Vacaciones no gozadas”, entre otros, éstos conceptos si bien se advierten en algunos de los meses ilustrados en los recibos de fs. 27, 30, 33, 35, 37, 40, 43 y 47, en otros meses no se aprecia la presencia de los mismos como se observa en los recibos de fs. 31, 39, 42, 45, 50 y 51.
La circunstancia descripta que pone en evidencia la irregularidad de los conceptos que el actor pretende hacer valer para determinar el salario impide hacer lugar en tales términos a su pretensión, así como tampoco luce procedente incorporar un “plus” por supuestos “pagos en negro” cuando la simple mención que hace a éstos, en términos generales y no directamente sobre la relación contractual que unía al actor con su empleador, la testigo Sra. Carpio deviene insuficiente para tener por acreditado tal extremo (art. 384, 456 del C.P.C.; conf. minuto 43:40 de la audiencia de vista de causa).
No obstante lo anterior, y en vista a las directrices dadas por la S.C.B.A. consideró que el salario que deberá tenerse en cuenta para el cálculo del daño material que fue objeto de controversia recursiva –en el caso el “lucro cesante” y la “incapacidad sobreviniente”- es aquel que se encuentra vigente en la actualidad para los marineros adheridos al SIMAPE –tal como lo estaba el actor como surge de los recibos obrantes de fs. 26/53- de buques pesqueros de altura fresqueros, el que asciende en concepto de sueldo básico a la suma de $38.615,73 (conf. https://simape.com.ar/contenido.asp?id=431).
Ingresando ahora en el agravio de la citada en garantía atinente a la cantidad de meses que deben considerarse para el cálculo del resarcimiento en concepto de “lucro cesante”, advierto que éste carece de una critica concreta y razonada que habilite su progreso (art. 260 del C.P.C.).
Obsérvese, que el a quo al fundar el reconocimiento del parcial por el término de seis meses expuso que: “…se tiene en cuenta en especial que el perito médico se expidió sosteniendo que el actor se vio impedido -en cuanto a términos de sus secuelas- por un lapso temporal de al menos tres meses (v. infra); que de la historia clínica acompañada por el HIGA se verifica tales extremos; que de las testimoniales producidas en la vista de causa todos fueron contestes en sostener que Fabian no volvió a embarcarse -barcos de altura- quedando imposibilitado luego del accidente a raíz de su lesión en la rodilla y que ésta última le motivó varios meses entre silla de ruedas y muletas; que el empleador del nombrado "Solimeno e Hijos S.A." ratificó los recibos de haberes acompañados por el actor en su demanda; que la pericial de psicología dictamino sus secuelas y más precisamente su baja en la autoestima y eventual posibilidad de reincorporarse laboralmente -al menos mientras no realice los tratamientos aconsejados-…”.
Ante tales fundamentos la recurrente sólo se limitó_a exponer que el perito médico informó que la convalecencia del actor duró tres meses y que el sentenciante no le otorgó un mayor análisis a la cuestión. Claramente se aprecia que, a diferencia de lo expuesto por la recurrente, el a quo dio una precisa y acabada explicación del por qué se consideró el término de los seis meses para el cálculo del parcial, argumentos éstos que no merecieron siquiera una mínima mención de la apelante y ante ello, como adelante, su agravio debe considerarse como carente de una critica concreta y razonada (art. 260 del C.P.C.). En conclusión, habiéndose determinado que el salario a utilizar para el cálculo del rubro en análisis es de $38.615,73 y que se debe extender por el término de seis meses resulta que el parcial debe elevarse a la suma de pesos doscientos treinta y un mil seiscientos noventa y cuatro con treinta y ocho centavos ($231.694,38) a valores actuales a los que deberán adicionarse los intereses dispuestos en el acápite IV. e). Por los motivos dados, entiendo que corresponde rechazar el agravio de la citada en garantía y hacer lugar al del actor con los alcances antes expuestos (arts. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.; arts. 1738, 1744 y ccdtes. del Cod. Civil y Comercial).
IV. c) AGRAVIO DEL ACTOR Y DE LA CODEMANDADA:
Incapacidad Sobreviniente. Procedencia y cuantificación.
Para dar respuesta a este parcial, considero acertado señalar que mediante el rubro en tratamiento se procura reparar la secuela o merma física y/o psíquica padecida por la víctima de manera permanente, que obstaculiza las genéricas posibilidades productivas futuras, independientemente del perjuicio económico que cause, pues el resarcimiento comprende no sólo el aspecto laboral sino la totalidad de los menoscabos que afligen a la personalidad íntegramente considerada (argto. jurisp. esta Cámara y Sala, en los autos N°157.262 "Campos Juan Carlos c/ Pineda Alfredo y otro s/ Daños y Perjuicios” sent. del 15-10-2015; esta Cámara y Sala, en los autos N°161.850 "Mascheroni Gustavo Sebastián c/ Orbis Cía. Argentina de Seguros S.A. y otro/a s/ daños y perjuicios" , sent. del 11-10-2016).
De tal manera, cabe valorar la forma en que la lesión gravita en otros aspectos de la personalidad de la víctima: domésticos, deportivos, culturales, estéticos, sociales, etc., que en la medida que afecten el desarrollo pleno de la vida de ésta conforme el principio de reparación integral (argto. jurisp. S.C.B.A. en la causa C.109.574 en la causa “Mugni, María Cristina c/ Maderera Zavalla Moreno S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 12-03-2014).
Es que esta incapacidad afecta el patrimonio actual y futuro del individuo, al comprometer definitivamente sus potencialidades, pudiendo reconocer diversas manifestaciones, ya sea porque el desmedro se produce en sus aptitudes psíquicas o en la estructura corporal de la persona y, dentro de este último aspecto, presentarse como un desorden orgánico, funcional, o aún estético (argto. jurisp. Cám. 2da. de Apel. Civ. y Com., La Plata, Sala II, en la causa N° 119.779 “Picabea, María Cristina c/ Cirone, Heber David s/ daños y perjuicios” sent. del 7-06-2016; esta Cámara y Sala, en la causa N°163.747 “Donatti, Anabella c/ Aiduc, Fernando y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 17-11-2017).
En este contexto, corresponde ponderar además, que el derecho a la reparación integral se encuentra reconocido por diversos tratados internacionales que ostentan jerarquía constitucional en los términos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, cuyas normas han sido aplicadas en forma sistemática por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, consecuentemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 5 inc. 1, 17 inc. 1, 21 pto. 22, y 63 inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 10 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; argto. doct. Miguel E. Rubín, "El principio de la reparación integral y la actualización de los valores de condena en la Argentina de hoy", MJ-DOC-6935-AR - MJD6935).
Es por ello que la incapacidad es resarcible precisamente a título de daño patrimonial, aun cuando no acarree una directa "merma de ingresos", pues, cuando no se pueden realizar actividades útiles de la vida cotidiana, ello provoca una clara "insuficiencia material" para desenvolverse por sí, lo que tiene una indudable proyección económica que merece ser reparada; y ello así más allá de la repercusión espiritual (daño moral) que pueda aparejar el menoscabo a la integridad psicofísica de la persona. En el caso, la citada en garantía recurrente objeta la procedencia del rubro argumentando que no se ha acreditado un daño efectivo que tenga correlato en una efectiva reducción de su capacidad laboral.
A diferencia de lo expuesto por la apelante, entiendo que, independiente que el rubro no atienda exclusivamente a la pérdida de ingresos laborales como antes fuera explicado, en el supuesto de autos se acreditó debidamente la incidencia de la incapacidad sufrida en la potencialidad laboral del actor (art. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.). Repárese que el perito médico interviniente en la causa dictaminó que: “…Durante la convalecencia de las lesiones de aproximadamente 3 meses ocasionadas en el actor las secuelas le ocasionaron una pérdida de sus capacidades físicas de forma total y temporaria, a posterior y a más de 2 años del accidente, las secuelas toman un carácter de parcial y permanente, estimada por este perito en un 16,5 %...” (conf. pericia médica presentada mediante el escrito electrónico de fecha 06/02/2020).
Por su parte, la perito psicóloga expuso en su dictamen que:
“…En las reacciones vivenciales anormales neuróticas, como consecuencia de accidentes de trabajo, corresponde lo siguiente: Grado III-INCAPACIDAD: 20 %“Definición: No hay una clara remisión de los síntomas más agudos antes de tres meses. Se verifican trastornos de memoria y concentración durante las pruebas psicodiagnostica. Las formas de presentación son desde la depresión, las crisis conversivas, las crisis de pánico, fobias y ansiedades…”, fundando tal conclusión en que “…Llego a ese resultado dado que los indicadores hallados en las pruebas citadas en el informe pericial, coinciden con la estandarización dada en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, Bs As24/6/96. Riesgos de trabajo- Decreto 659/96. Del Cuerpo Médico Forense. Corte Suprema de Justicia de la Nación…” (conf. pericia psicológica obrante en el escrito electrónico del 21-11-2019). La gravedad de las lesiones sufridas, sumada al tipo de labor que desarrollaba el actor –marinería- la que requiere dada su exigencia corporal y riesgo una capacidad física intacta, y ante las declaraciones testimoniales prestadas en autos por los testigos Sra. María Cristina Carpio y Sr. Hugo Ariel Maldonado que dan cuenta del hecho de que con posterioridad al evento dañoso ventilado en autos el actor no pudo continuar desarrollando tal actividad, es a mi entender indudable que la incapacidad sufrida por el actor ha tenido una incidencia directa en su esfera laboral (conf. minutos 38:40, 48:12, 49:20 del CD de vista de causa; art. 456 del C.P.C.).
Descartada ya la objeción a la procedencia del rubro, ingresaré en el análisis atinente a su cuantificación, sobre este tópico ambos apelantes han planteado agravios, por un lado, la citada en garantía señaló que no se han dado suficientes argumentos para utilizar la fórmula “Méndez” en el cálculo del parcial y, por otro, el accionante se agravia de que el a quo promedie el resultado de la utilización de las fórmulas “Vuotto” y “Méndez”, cuando a entender del apelante es ésta última fórmula la que debió utilizarse por ser la evolución de la primera.
A su vez, el actor también manifiesta agraviarse del hecho que el sentenciante no haya sumado la incapacidad del 20% dispuesta en la pericia psicológica al 16,5% previsto en la pericia médica.
Para dar respuesta a tales agravios, comienzo por señalar que el artículo 1746 del CCyCN establece, en lo que a este rubro concierne, lo siguiente: "…Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades…".
A tales efectos, la utilización de fórmulas matemáticas para la cuantificación del parcial en estudio, como un elemento más, no contraría norma o doctrina legal alguna en tanto, la SCBA se ha pronunciado en tal sentido resolviendo que: "…nada impide que se utilicen cálculos matemáticos o tablas actuariales como una orientación, pero los jueces no estamos constreñidos a la aplicación de fórmula alguna para la determinación de una indemnización. Mucho menos cuando con aquel uso se pretende -como si fuera un ideal- una exhibición de pureza racional y de asepsia valorativa, o -lo que sería peor- cuando con ello se intenta escamotear la tarea de juzgar realmente las conductas de los hombres o de escapar a las responsabilidades que ello implica…” (SCBA en la causa C. 118.085 "Faúndez, Daiana Tamara contra Morinigo, Adrián Alexis y otros. Daños y perjuicios", sent. del 8-04-2015).
Ahora bien, expuesto lo anterior debo destacar que, a diferencia de lo afirmado por la apoderada de la citada en garantía, el a quo brindó fundamentos suficientes respecto de los elementos que consideró para la aplicación de las fórmulas polinómicas utilizadas en la sentencia recurrida, haciendo expresa referencia –independientemente de su acierto jurídico- al porcentaje de incapacidad que se tomó en consideración, al salario tenido en cuenta y a la edad de la víctima, por lo cual el agravio de la citada en garantía atinente a la supuesta ausencia de fundamentos en la aplicación de las fórmulas referenciadas carece de asidero.
Respecto del agravio del actor concerniente al yerro del a quo al combinar los resultados de las fórmulas “Vuotto” y “Méndez”, advierto que le asiste razón.
Debe recordarse que la fórmula “Méndez” es el resultado del perfeccionamiento de lo dispuesto en la fórmula “Vuotto” que fue motivado por la descalificación que de ésta última realizó la C.S.J.N. en la sentencia dictada en fecha 8 de abril de 2008 en la causa "Aróstegui Pablo Martín c/ Omega ART S.A. y Pametaal Peluso y Cía." y que llevó a que en la fórmula “Méndez” se establezca que: a) La edad tope con que se aplica la fórmula se eleva a 75 años;
b) La tasa de interés (i) se reduce al 4% anual y c) El salario base de cálculo (a) se calcule multiplicando el valor anual de ingresos por el coeficiente "60/edad".
Es así, que teniendo en vista en principio de reparación integral como norte la fórmula “Méndez” es la que aparece como la más apta en su comparación con la fórmula “Vuotto” para alcanzar tal objetivo. Abordando ahora la cuestión atinente al porcentaje de incapacidad que deberá considerarse al afecto de cuantificar el rubro en estudio, es preciso ponderar de qué manera, en función de las circunstancias de persona, tiempo y lugar, dicha minoración (en el caso: física) repercute concretamente en el damnificado directo, atendiendo a sus futuras aptitudes laborales o profesionales (capacidad laborativa) y a la actividad que ordinariamente desplegaba (capacidad vital o amplia). La atención a esos aspectos es lo que diferencia a la incapacidad específica de la incapacidad en abstracto (argto. doct. Pizarro - Vallespinos, Obligaciones - T. 4, Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs. As., 2006, pág. 300).
Y ello implica ponderar también aquí el porcentaje de incapacidad psíquica que la perito psicóloga determinó en un 20% (conf. pericia psicológica obrante en el escrito electrónico del 21-11-2019).
Ahora bien, ello no importa como pretende el actor recurrente sumar, sin más, el porcentaje de incapacidad reconocida en la pericia médica (16,5%) y el que estimó la perito psicóloga en un 20$ -que cabe aclarar no la definió como permanente y estimó que mediante el tratamiento adecuado podría ser aminorada- sino ponderarlo en la reparación del daño a la integridad psicofísica donde quedan comprendidos los menoscabos en el cuerpo y en la salud (Negri, Nicolás J., “Reparación por daños a la integridad psicofísica en el Código Civil y Comercial”, AR/DOC/578/2016).
En este orden de ideas, es que entiendo ajustado a derecho el porcentaje del 25% de incapacidad parcial y permanente reconocido por el a quo en la sentencia recurrida (arts. 384, 474 y ccdtes. del C.P.C.). En definitiva, ingresando tal variable junto con las restantes pautas que definen la composición de la fórmula "Méndez" (salario: $38.615; edad a la fecha del accidente 24 años) se obtiene como resultado una suma de pesos seis millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos quince ($ 6.782.415) (conf. fórmula "Méndez" en www.enlacesjuridicos.com.ar).
No obstante ello, tal como se explicó en párrafos iniciales, cabe recordar que dicha regla de cálculo no tiene por qué indefectiblemente "atar" al juzgador, pues la valoración de la incapacidad sobreviviente no sólo se limita a la pérdida de potencialidad laboral, total o parcial, sino también tiene íntima relación con otros aspectos materialmente valiosos que pueden haberse perdido, disminuido o limitado a partir del accidente, y que hacen a la “persona” en sí misma, independientemente de que trabaje o no, y que se proyectan incluso más allá de su edad jubilatoria (argto. doct. Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños-Daños a las personas", Vol. II, Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs. As., 2008, pág. 287; CSJN, “Arostegui” del 08/04/2008, A. 436. XL.; Fallos 331:570, 334:376).
Siendo ello así, deben computarse también las consecuencias que repercuten sobre la situación económica, social, cultural, artística, deportiva, religiosa, sexual, recreativa, etc, de la víctima.
Asimismo, las secuelas y la incidencia del transcurso del tiempo como factor que reduzca o agrave el perjuicio; la implicancia en la vida de relación y en el proyecto de vida del perjudicado y la idoneidad del menoscabo para afectar la aptitud de gozar de los bienes de la vida que tenía el damnificado antes del hecho dañoso (conf. Negri, ob.cit.). En razón de tales premisas, teniendo en cuenta: 1) la edad del actor al momento del hecho -24 años-; 2) su actividad laboral al momento del daño (marinero); 3) que sufrió con motivo del accidente fractura expuesta de la rodilla derecha y pérdida de una pieza dental; 4) que se le realizó cirugía donde se le colocaron elementos metálicos (placa y tornillo); 5) que no pudo seguir practicando las prácticas deportivas informales –fútbol- que practicaba antes del suceso dañoso (conf. declaración testigo Maldonado minuto 55:50 de la audiencia de vista de causa); 6) el grado de incapacidad sobreviniente (25%), y el importe que arroja la aplicación de la aplicación directa de la fórmula matemática indicada ("Méndez"), propongo que se adicione un 10% al resultado de ésta última y se eleve el monto reconocido por éste parcial a la suma de pesos siete millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y seis ($7.460.656) a valores actuales con más los intereses dispuestos en el punto IV e) del presente pronunciamiento (arts. 1740, 1746 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; 165, 362, 375, 384, 394 y ss., 474 y ccdtes. del CPC).
Por los motivos dados, entiendo debe hacerse lugar parcialmente al agravio planteado por el actor y rechazarse el propuesto por la citada en garantía.
IV.d. AGRAVIO DEL ACTOR: Monto fijado en concepto de daño moral (daño a las afecciones legítimas espirituales):
Considera el apelante que debe elevarse la suma reconocida en concepto de daño moral (daño a las afecciones legítimas espirituales), y hace alusión a tal efecto a las lesiones, internaciones, consecuencias laborales y sostiene que todo ello repercutió gravemente en su salud emotiva y psicológica, según las probanzas producidas en la causa. Ahora bien, en aras de desentrañar la verdadera incidencia que en la esfera extrapatrimonial produjo el hecho, corresponde partir del entendimiento de que el derecho procura una reparación de compensación satisfactoria del daño moral (Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G., “Compendio de Derecho de Daños”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2014, pág. 220).
En efecto, la indemnización por este rubro no procura hacer desaparecer el menoscabo espiritual, ni pretende lograr que el damnificado pueda ser emplazado a una situación previa al evento dañoso, sino que simplemente persigue otorgar una satisfacción o goce o placer en la faz anímica del damnificado que guarde razonabilidad y proporcionalidad con el padecimiento experimentado (arts. 1711, 1726 y ccdtes. del CCyC). La doctrina especializada ha explicado en tal sentido que "…En la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba "el precio del dolor" para aceptarse que lo resarcible es el "precio del consuelo" que procura "la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias"; se trata "de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado", de permitirle "acceder a gratificaciones viables", confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte nacional, "obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales…" (Lorenzetti, Ricardo Luis, Director, "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado". T. VIII, arts. 1614 a 1881, 1era ed. Santa Fe. Rubinzal - Culzoni, 2015, pág. 503; ver CSJN, 4-12-2011, "Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros", R. C. y S. 2011-VIII-176, con apostilla de Jorge M. Galdós).
Es decir, se trata de satisfacer a la víctima más que de compensarla en términos de equivalencia (conf. Pizarro, Ramón D., "Daño moral. Prevención. Reparación. Punición", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 385), habiéndose señalado al respecto que "…dicha satisfacción es brindada generalmente mediante una indemnización económica que le permita al damnificado adquirir bienes o servicios que son en definitiva los que producen el placer resarcitorio, ya que el dinero en sí mismo es papel y sólo tiene valor como instrumento de cambio…" (Marcellino, Leonardo, "Valoración y cuantificación de la indemnización del daño extrapatrimonial", en "Revista de Derecho de Daños. Responsabilidad por daño no patrimonial", ed. Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 428).
A partir de lo anterior y luego de haber examinado desde esta óptica el reclamo articulado, de manera integral con las circunstancias particulares del caso y la función de sustitución satisfactoria del rubro, adelanto que el presente rubro debe elevarse (arts. 163, 164, 375, 384, 474 y ccdtes. del CPC; arts. 505, 520, 522 y ccdtes. del Código Civil y arts. 7, 1711, 1726, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación). “…A consecuencia de las lesiones debió ser trasladado al HIGA, donde se constató herida cortante en arco superciliar derecho, fractura expuesta de rodilla derecha, pérdida de una pieza dental, por lo que se le realizo cirugía con la colocación de elementos metálicos (placa y tornillo), permaneciendo internado por el término aproximado de 15 días, posteriormente permaneció convaleciente realizando rehabilitación por un tiempo estimado de 3 meses…”.
Particularmente relevante, acerca del alcance y extensión de la afección espiritual sufrida por el accionante como consecuencia del hecho, resulta lo dictaminado por la perito psicóloga interviniente en esta causa, en tanto dictaminó, ante la pregunta concerniente a la sintomatología evidenciada por el actor como consecuencia del accidente, que “…Las características invasivas e intensas del accidente impactaron a nivel consciente e inconsciente condicionando negativamente su adecuado comportamiento. Esto, ha quedado en el actor a modo de un estado depresivo, reactivo. Su estado emocional suele presentar momentos de intensa angustia que le generan desanimo, falta de proyectos y estado de cansancio. Teme siempre por el condicionamiento físico en lo laboral y por lo tanto vive en la inseguridad. Esto, lo deja en un estado de baja autoestima. A experimentado, amenaza para su integridad física y a respondido con temor, y un horror intenso…”.
A su vez, ante el requerimiento para que “…Determine existencia de depresión, estados alterados, concentración, cefaleas, etc. que padezca la misma o cualquier síntoma evidenciado por el perito...”, la experta expuso que el actor: “…Presenta un estado depresivo por el cual tiene presente y de manera permanente una sensación de fracaso y limitación, con un déficit de recursos que le impiden encarar situaciones nuevas, lo deja en un estado de baja autoestima, de no poder ver una salida…” (conf. pericia psicológica obrante en el escrito electrónico del 21-11-2019).
Lo dictaminado por la experta es concordante con lo declarado por los testigos en cuanto a que como consecuencia del accidente el accionante ha sufrido una grave afectación en su esfera extrapatrimonial (arts. 384, 456 y ccdtes. del C.P.C.).
En este sentido, la testigo Sra. Nidia González expuso que al actor lo vio mal (conf. min. 32 Cd de vista de causa), mientras que la testigo Sra. María Cristina Carpio declaró que, como resultado del hecho dañoso que aquí se ventila y las consecuencias que generó, vio al accionante “decaído” y “dolorido” (conf. min. 44:12 Cd de vista de causa). En conclusión, sopesando la importancia y gravitación de las lesiones físicas sufridas producto del siniestro, el modo en que sucedieron los hechos desencadenantes, los tratamientos y asistencias médicas habidas y las secuelas incapacitantes de orden físico y psíquico, la edad de la víctima al momento del accidente (24 años), la profesión de marinero que éste desarrollaba y demás circunstancias personales, considero suficientemente demostrado que el suceso ha tenido directa incidencia en la esfera extrapatrimonial en estudio, con la entidad suficiente como para dar curso a la elevación de este parcial hasta la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000) a valores actuales con más los intereses dispuestos en el punto IV e) del presente pronunciamiento (arts. 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; 165, 362, 375, 384, 394 y ss., 474 y ccdtes. del CPC).
IV.e. INTERESES:
Es menester aclarar que el modo de cuantificar los rubros indemnizatorios a valores actuales se erige para las partes como un hecho posterior a la sentencia de primera instancia, que permite actuar con amplitud la facultad de Alzada de "resolver sobre los intereses", aun cuando no haya mediado -ni podía mediar- argumento concreto de parte (art. 272 CPC).
Dígase que con ello no se vulnera en modo alguno el principio de congruencia, pues ningún agravio podían introducir las partes con respecto a una tasa que resultaba acorde al criterio de cuantificación seguido en la anterior instancia (cálculo a valores históricos), y que recién se torna inadecuada de modo sobreviniente, como consecuencia del sistema de cálculo (a valores actuales), efectuado en consonancia con el principio de la reparación integral que surge del art. 1740 CCCN (v. CC0002 AZ, causa 63667, sent. 23/04/2019, in re "Montes Cesar Andrés y otros c/ Martin Julieta Macarena y otros s/ Daños").
Conforme lo anterior, siendo que la fecha del presente pronunciamiento es el momento tenido en cuenta para la evaluación de los rubros indemnizatorios que fueron objeto de análisis por este tribunal, por aplicación de la doctrina sentada por la SCBA en los precedentes "Vera, Juan Carlos" (C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018), "Nidera S.A." (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018) y "Paredes" (C. 123.090, sentencia del 9 de setiembre de 2020), corresponde calcular los intereses sobre éstos parciales según la tasa pura del 6% anual desde la mora fijada en la instancia de origen y hasta el presente decisorio, aplicando de allí en más la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (arg. art. 279 y ccdtes. del CPC).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar los agravios traídos a esta instancia por la citada en garantía, con costas (art. 68 del C.P.C.); II) Admitir parcialmente los agravios traídos a esta instancia por la parte actora, fijando el rubro “lucro cesante” en la suma de pesos doscientos treinta y un mil seiscientos noventa y cuatro con treinta y ocho centavos ($231.694,38), elevando a la suma de pesos siete millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y seis ($7.460.656) el monto reconocido en concepto de “incapacidad sobreviniente” y estableciendo en la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000) la reparación por el rubro “daño moral” (daño a las afecciones legítimas espirituales), estableciéndose el cómputo de los intereses del modo previsto en el considerando "IV.e" de la presente, modificándose de tal forma la sentencia recurrida, con costas a cargo de la contraria (art. 68 del CPC); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 16, 31, 51 y ccdts. ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo I) Se rechazan los agravios traídos a esta instancia por la citada en garantía, con costas (art. 68 del C.P.C.); II) Se admiten parcialmente los agravios traídos a esta instancia por la parte actora, fijando el rubro “lucro cesante” en la suma de pesos doscientos treinta y un mil seiscientos noventa y cuatro con treinta y ocho centavos ($231.694,38), elevando a la suma de pesos siete millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos cincuenta y seis ($7.460.656) el monto reconocido en concepto de “incapacidad sobreviniente” y estableciendo en la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000) la reparación por el rubro “daño moral” (daño a las afecciones legítimas espirituales), estableciéndose el cómputo de los intereses del modo previsto en el considerando "IV.e" de la presente, modificándose de tal forma la sentencia recurrida, con costas a cargo de la contraria (art. 68 del CPC); III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 16, 31, 51 y ccdts., ley 14.967). REGISTRESE. Notifíquese por cédula electrónica o a través de remisión de copia digital (arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC conforme art. 3, apartado c) c.2) de la Resolución del Presidente de la SCBA N° 10/20; 2 Resolución 480/20 de la SCBA; 7 y 11 del Ac. 3845 de la SCBA -conf. Ac 3991 de la SCBA-). En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme acuerdo 3975/20, SCBA. Devuélvase.
Fin de la sentencia