Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2019-100374710-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-48041927-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Mayo de 2026 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el Ex-2019-100374710-APN-SGAI#TFN y su acumulado EX-2020-09790107-APN-SGAI#TFN caratulados “ACOSTA OSVALDO ANTENOR”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que mediante RE-2019-100372982-APN-SGAI#TFN y RE-2020-09787592-APN-SGAI#TFN se interponen sendos recursos de apelación contra las Resoluciones Nros. 159/2019 y 282/2019 dictadas por la AFIP-DGI mediante las cuales se determinó de oficio la responsabilidad solidaria del recurrente, Osvaldo Antenor Acosta, respecto de la deuda del Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 09/2017 de la empresa INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR S.A. y del período fiscal 12/2008 de la empresa GRUPO ELING S.A., con más los intereses resarcitorios correspondientes.
En primer lugar, cuestiona la extensión de responsabilidad pretendida por la AFIP-DGI, pues entiende que ha sido fundada en una norma derogada, pues interpreta que el art. 8 de la ley 11.683 a la fecha del dictado de la Resolución en crisis había sido modificado por el art. 180 de la ley 27.430. Dicha norma, dice, introduce de manera expresa, el carácter subjetivo de la responsabilidad solidaria de los Directores de sociedades anónimas por el incumplimiento en la observancia de sus deberes tributarios.
A su criterio, esta cuestión no resulta intrascendente en razón de la expresa mención del carácter subjetivo de la responsabilidad solidaria, que se traduce en una inversión de la carga de la prueba que beneficia a los responsables, por lo que –destaca- deberá resolverse el caso aplicando la normativa vigente en la actualidad. Sostiene que, al momento de analizar la naturaleza jurídica de la responsabilidad solidaria prevista en el art. 8 de la ley 11.683, aún en su anterior redacción, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido contestes en sostener que se trata de un tipo de responsabilidad que responde a un factor subjetivo de atribución, siendo necesario que quien pretenda extender la responsabilidad solidaria, acredite la culpa o el dolo de parte del responsable solidario, en el incumplimiento de las obligaciones fiscales de su representada.
En razón de lo expuesto, sostiene que, a efectos de hacer efectiva la responsabilidad solidaria deben configurarse: a) el incumplimiento de sus deberes fiscales, b) que dicho incumplimiento le sea atribuible a título de culpa o dolo.
Explica que el organismo fiscal inició el procedimiento de determinación de oficio, a efectos de hacer efectiva la responsabilidad solidaria prevista en el art. 8 de la ley 11.683, con fundamento en la calidad de Presidente del Directorio del Sr. Acosta en relación a las firmas INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA S.A. y GRUPO ELING S.A..
Afirma que, conforme surge de las resoluciones recurridas, los elementos tenidos en cuenta por el organismo fiscal a efectos de pretender la extensión de responsabilidad solidaria, son todos de carácter objetivo. En este sentido, afirma que el Juez Administrativo sustentó las determinaciones en la mera circunstancia que ejerció el cargo de Presidente de las firmas, atribuyéndole la disposición de los bienes y el manejo de los fondos sociales y que ostentaba los poderes necesarios para cumplimentar las obligaciones impositivas. Manifiesta que se trata de empresas que cuentan con más de mil empleados y que por la envergadura comercial que poseen, se encuentran divididas en diferentes áreas, siendo la tarea del Presidente, la representación de las empresas y la toma de decisiones que tengan incidencia en los negocios societarios, lo cual se realiza junto con los restantes miembros del Directorio.
Aduce que no se dedica al pago o ingreso de los impuestos de manera personal. Señala que no existe un solo elemento de prueba en los antecedentes administrativos que permita concluir que el actor tenía a su cargo la obligación de llevar a cabo de manera personal el pago de los impuestos de tales sociedades, menos aún –diceque el incumplimiento de pago por parte de las empresas haya tenido como causa la culpa o el dolo del actor, tal como lo requiere la norma a efectos de tornar operativa la extensión de responsabilidad solidaria. En cuanto a los deudores principales, explica que se trata de sociedades pertenecientes a un holding de empresas, que se ha visto seriamente perjudicado con la paralización de la obra pública sucedida a partir del año 2016. Detalla las obras paralizadas que habrían provocado un corte en la cadena de pagos de las sociedades y un desfasaje financiero que afectaron a la totalidad del Grupo Económico e impidió, dice, que pudieran dar cumplimiento de manera oportuna a las obligaciones fiscales devengadas en los períodos objeto de las determinaciones.
Declara que los detalles de pagos y flujos de fondos de aquellas obras se encuentran descriptos en las multinotas presentadas ante la AFIP-DGI durante el año 2018, que se acompañaron en los descargos efectuados en los procedimientos ante el organismo fiscal y que también se acompañan en la presente instancia.
Sostiene que no obstante ello, el incumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones tributarias, no habilita per se la extensión de responsabilidad.
Señala que el ahogo financiero sufrido por la sociedad, se tradujo en la inexistencia de fondos suficientes a los fines de afrontar sus obligaciones fiscales, toda vez que los ingresos obtenidos se destinaban al pago de salarios, proveedores y demás obligaciones necesarias para continuar con el giro comercial y con el objeto de poder mantener las fuentes de trabajo que representaban los ingresos de más de ochocientas familias en todo el país. Asevera que esta carencia de fondos para hacer frente a las obligaciones tributarias de la sociedad, lo colocaron en la imposibilidad material de cumplir con las mismas, configurándose de esta manera la causal de exclusión de responsabilidad prevista por el art. 8 de la ley 11.683, en cuanto expresamente establece que no resulta responsable por deuda ajena, quien demuestre que dicha responsabilidad no le es imputable subjetivamente. Agrega que se arriba a la misma conclusión si se aplica el artículo citado en su anterior redacción, en cuanto establecía la inexistencia de responsabilidad solidaria y personal en relación al director cuando se encontrare acreditado que su representada lo ha colocado en la imposibilidad de dar cumplimiento a sus deberes fiscales. Explica que en varias oportunidades la sociedad intento acercar una solución a la AFIP-DGI a los fines de proceder a la regulación de su situación tributaria, ofreciéndose a pagar la deuda dentro de sus posibilidades y de acuerdo al flujo de fondos que dependía exclusivamente de la voluntad del Estado Nacional.
Con sustento en esos argumentos solicita se revoquen los actos impugnados.
Por último, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2020-56397511-APN-DTD#JGM y IF-2020-56058186-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta sendos traslados de los recursos, y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas. Acompaña los antecedentes administrativos de la causa.
III. Que mediante PV-2020-68265738-APN-VOCII#TFN se declaró como de previo y especial pronunciamiento la excepción de improcedencia formal articulada por el Fisco Nacional y se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”.
Mediante INLEG-2020-72868776-APN-VOCIII#TFN este Tribunal rechazó la excepción de improcedencia formal opuesta por el Fisco Nacional, con costas.
Por medio de INLEG-2021-14043520-APN-VOCIII#TFN se resolvió acumular el EX -2019-100374710-APN- SGAI#TFN al EX -2020-09790107-APN-SGAI#TFN.
Mediante PV-2022-28078544-APN-VOCII#TFN se abrió la causa a prueba y a través de la PV-2025-
125904500-APN-VOCII#TFN se la tuvo por desistida de la prueba informativa ofrecida y se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala “A”.
Por último, mediante IF-2026-42815070-APN-VOCII#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que, ante todo, cabe adelantar que no le asiste razón al Fisco Nacional en su planteo introducido con el objeto que se declaren desiertos los recursos articulados. En efecto, de los escritos de apelación presentados ante esta instancia se desprende claramente cuáles son los agravios introducidos por el actor, respecto de las determinaciones apeladas, resultando evidente que el organismo fiscal pudo ejercer debidamente su defensa, tal como surge de las contestaciones presentadas.
Por su parte, y si bien el organismo fiscal sostiene que el recurrente reitera los mismos argumentos que expuso al contestar las vistas en sede administrativa, no resulta, en el caso, una causal suficiente para declarar desiertos los recursos presentados, toda vez que se evidencia, como se expuso, una suficiente y debida exposición de los planteos introducidos por el actor, respecto de los actos cuestionados.
En razón de ello, corresponde rechazar el planteo formulado.
V. Que conforme surge de las vistas previas acompañadas en los antecedentes administrativos, la presente causa se originó en las deudas autodeclaradas correspondientes a las empresas: “Integración Electrónica Sur Argentina S.A.”, por el período fiscal 09/2017 y “Grupo Eling S.A.”, por el período fiscal 12/2008. Se deja constancia que tales sumas no fueron canceladas en las fechas de sus respectivos vencimientos, ni tampoco luego de que fueran oportunamente intimadas.
En razón de lo expuesto, el organismo fiscal verificó que el Sr. Osvaldo Antenor Acosta era el “Administrador de relaciones de Clave Fiscal” de las empresas referidas, actuando en operaciones que implicaron la interacción con servicios informáticos tales como la presentación de declaraciones juradas de impuestos y toda otra presentación ante la AFIP.
A su vez, respecto de la primera de las empresas mencionada, de la impresión del sistema “R.G. 3293 – Detalle de presentaciones F 657 (Titulares Participaciones Societarias) – Autoridades”, referido al Período 2017, se desprende que el aquí recurrente ejercía el cargo de “Presidente” con “Inicio del Mandato: 17/05/2017”. Asimismo, de la información referida a cuentas bancarias de titularidad de la empresa señalada, surge que en la Cuenta Corriente sin interés N° 00000512170 del Banco de Servicios y Transacciones S.A., el Sr. Acosta aparece en carácter de “Representante Legal”.
En cuanto a la firma “Grupo Eling S.A.”, en la impresión del sistema “R.G.3293 – Detalle de presentaciones F 657 (Titulares Participaciones Societarias) – Autoridades” referido al Período 2016, el Sr. Osvaldo Antenor ACOSTA aparece con el cargo de “Presidente” con “Inicio del Mandato: 26/06/2013”. En cuanto a la información verificada en los bancos, el recurrente aparece en carácter de “Representante Legal” en las siguientes cuentas: - Cuenta corriente Especial para Personas Jurídicas con Interés N° 9459202443, - Cuenta corriente sin interés N° 9406185139 del Banco Macro Sociedad Anónima y – Cuenta a la Vista Especial en Moneda Extranjera N° 975017223 del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Con sustento en los elementos recabados, el Juez Administrativo concluyó que el Sr. Acosta ejerció la administración y representación de las firmas INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA S.A. y GRUPO ELING S.A., al momento en que se generaron las obligaciones arriba expuestas y por ello, inició el procedimiento de determinación de oficio a fin de establecer su responsabilidad solidaria, por la deuda de tales empresas, en razón de haber ejercido el cargo de Presidente, disponiendo el manejo y disposición de los bienes y fondos sociales y de los poderes necesarios para cumplimentar las obligaciones tributarias.
Ello así, se procedió a correr las correspondientes vistas que culminaron con las resoluciones que ante esta instancia se apelan.
VI. Que, ante todo, a fin de resolver la procedencia de la atribución de responsabilidad solidaria corresponde esclarecer su naturaleza jurídica, para extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de aquella responsabilidad.
Nos enseña D’Amati que “la doctrina tradicional había en diversas ocasiones precisado que “además de al sujeto pasivo del impuesto, la ley tributaria muchas veces declara obligado al pago del tributo o, también, al cumplimiento de otros deberes fiscales, a una persona diversa que puede denominarse responsable del impuesto” (D’Amati, Nicola, “Derecho Tributario, Teoría y Crítica”, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de derecho reunidas, Madrid, 1985, pág. 363 y sgtes. y sus citas).
El ordenamiento jurídico tiene particular interés en regular –dentro de los sujetos pasivos- una figura con clara función de tutela del crédito fiscal, justificación de la existencia de la solidaridad en materia tributaria. En efecto, como señalan los Dres. Buitrago y Gamberg “la norma tributaria para tutelar el interés fiscal en la recaudación segura y rápida de los tributos, involucra con vínculos solidarios en la obligación, a sujetos a los cuales, con seguridad, no es referible la capacidad contributiva evidenciada por el presupuesto de hecho. En estos casos, la ampliación de los sujetos implicados la realiza la norma tributaria, aplicándola a sujetos pasivos de los efectos ulteriores de un presupuesto de hecho diverso en el cual, a aquellos efectos propios del hecho imponible, se agregan otros elementos” (Vid. Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Comentada, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2019, pág. 49 y sgtes.).
Es así que el legislador traza un mecanismo por el cual el impuesto es, por ley, puesto a cargo de una determinada persona, que coincide con el partícipe directo de la situación base del impuesto y por otra norma, distinta, se establece la obligación de otro sujeto, a la vez y junto al primer obligado. En esa dirección, explica Jarach, sólo el sujeto pasivo principal (el deudor por título propio o contribuyente) puede ser determinado sin necesidad de alguna norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos, agrega, se distinguen de aquél porque, aunque tengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, esta relación no es tan estrecha como para significar que para ellos existe la causa jurídica del tributo. De ello, extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico, para los otros obligados el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza (El hecho imponible, pág. 177/9).
Sentado ello, y en cuanto al planteo de la recurrente respecto de la ley que resultaba aplicable, corresponde aclarar que, respecto de la determinación correspondiente al impuesto al valor agregado por el período fiscal 09/2017, resultó aplicable la ley vigente al tiempo de su ocurrencia, configurada por el art. 8°, según Ley 26.044/2005, como expone el organismo fiscal en el acto cuestionado.
En este sentido, corresponde señalar que el artículo 6 de la ley 11.683 (texto vigente a la sazón) disponía que “están obligados a pagar el tributo, con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley...entre otros “los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonio a que se refiere el artículo 5º, en sus incisos b) y c)”.
Por su parte, el artículo 8 disponía –en lo que aquí interesa- que “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc. , los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”.
Sentado ello, y como concurriera a sostener tiempo atrás, en el régimen de solidaridad previsto en nuestra legislación se destacan dos figuras, no de diversa estructura, sino que son colocadas en grado diverso: una, obligación principal y la otra, garantía de aquélla y dependiente por tanto de ella. “En consecuencia no se trata de la existencia de una obligación única a cargo de diversos deudores cuyo cumplimiento pueda el acreedor exigir indistintamente a cualquiera de ellos, sino la de una obligación principal o primaria y otra u otras, accesorias o subsidiarias, de tal modo que el acreedor, es decir el Fisco Nacional, puede hacer valer sus derechos siguiendo un orden preestablecido. Así, la obligación de garantía resulta solidaria toda vez que éstos no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto sino como responsables de la deuda ajena, no quitando la solidaridad a esta obligación de garantía su carácter subsidiario” (Vid. Buitrago y otras, “Procedimiento Fiscal”, Errepar, Buenos Aires, 2001, pág, 76 y sgtes y sus citas).
Cabe aclarar que, si bien la ley 27.430 modificó la redacción del art. 8 de la ley de procedimiento fiscal, mantiene la estructura del anterior precepto en el sentido de erigir al responsable solidario como un garante que no responde como deudor directo de la obligación de pago sino como responsable subsidiario, de modo que el acreedor podrá hacer valer sus derechos siguiendo un orden prestablecido.
VII. Que aclarado ello, deben precisarse cuáles son los requisitos necesarios para que dicha responsabilidad pueda determinarse en cabeza del recurrente. Cabe adelantar que, a mi criterio, la reforma introducida por la ley 27.430 no modificó el criterio de atribución subjetivo que tenía el anterior artículo 8.
En efecto. A mi modo de ver, la responsabilidad descripta no es del tipo objetivo ni deriva de la simple vinculación entre los responsables y el deudor del tributo, circunstancia que se desprendía del último párrafo del inciso a) del artículo 8 de la LPT, en tanto disponía que aquélla no existiría si se demostraba debidamente “que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales…”, lo cual también se vislumbra del nuevo texto legal introducido por la ley señalada al disponer que “No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente”.
En ese sentido, debe destacarse que no se trata de una responsabilidad formal sino a título represivo, en tanto responde a los fundamentos de dolo o culpa a cuyos efectos deberá valorarse la conducta del responsable. Como con justeza explicara el Dr. Martínez “la responsabilidad solidaria en cuanto al impuesto…importa responsabilidad a título represivo desde que se funda en la violación del deber que la ley fiscal pone a su cargo de pagar el impuesto al Fisco con los recursos que administran o de que disponen. (“Quatrocchi, Antonio Serafín” (27/9/1966).
VIII. Que bajo esa óptica corresponde analizar las defensas articuladas.
El recurrente alega, en primer término, que de las resoluciones apeladas se desprende que los elementos tenidos en cuenta por el organismo fiscal para sustentar la extensión de responsabilidad en el presente caso, son todos de carácter objetivo.
En ese camino de defensa, destaca que en el ejercicio de su cargo dentro de las sociedades que presidió, no se dedicó al pago o ingreso de los impuestos de manera personal.
En cuanto a los deudores principales, sostiene que se trata de sociedades que se han visto perjudicadas con la paralización de la obra pública a partir del año 2016, circunstancia que habría provocado un corte en la cadena de pagos generándose un desfasaje financiero que impidió, según dice, que se pudiera dar cumplimiento de manera oportuna a las obligaciones fiscales devengadas en los períodos objetos de las determinaciones apeladas. Sentado lo expuesto, en forma preliminar corresponde aclarar que, en el caso, se trata de deudas impositivas autodeclaradas por los deudores principales, pero que resultaron impagas, tal como surge de las actuaciones administrativas, cuestión que por lo demás, no es cuestionada por el Sr. Acosta.
Ahora bien, tal como fuera precedentemente expuesto, el Juez Administrativo verificó que el actor se encontraba registrado en la base de datos del organismo fiscal –Sistemas Tributarios- como “Administrador de relaciones de Clave Fiscal” de las sociedades señaladas y comprobó su actuación en operaciones que implicaron la presentación de declaraciones juradas de impuestos y de otras presentaciones ante el ente recaudador. Además de constatar que ejerció el cargo de “Presidente” de tales firmas, conforme se desprende de la impresión del sistema “R.G. 3293 – Detalle de presentaciones F 657 (Titulares Participaciones Societarias) – Autoridades”.
Por su parte, de la información obtenida de los bancos en donde las sociedades en cuestión poseían sus cuentas bancarias, aparece el recurrente en carácter de “Representante Legal” y con manejo de las mismas. En razón de lo que antecede, se desprende que el organismo fiscal otorgó un debido sustento a la extensión de responsabilidad atribuida al actor, en tanto que surge evidente que ejerció la administración y representación de las empresas, deudoras del tributo, en oportunidad que se generaron las obligaciones tributarias indicadas. En ese contexto, correspondía al recurrente aportar los elementos probatorios a efectos de desvirtuar las pretensiones fiscales que surgen de los actos apelados, lo cual no hizo, al no haber aportado elementos conducentes a tal fin.
En este sentido, cabe acotar que, si bien el actor expuso que las empresas no cumplieron con el ingreso de los tributos liquidados, en atención a los problemas financieros provocados por la paralización de las obras públicas que se encontraban en ejecución, dicha circunstancia no fue probada en autos, en atención a que el oficio dirigido al Ministerio de Obras Públicas (RE-2022-39858677-APN-DTD#JGM), no fue contestado.
En cuanto a las multinotas presentadas en sede administrativa, cuyas copias acompaña ante esta instancia (RE- 2022-39858677-APN-DTD#JGM), a través de las cuales se presentó ante el organismo fiscal una propuesta para abonar los tributos adeudados, corresponde señalar que no resultan hábiles para eximir a la recurrente de la responsabilidad por los incumplimientos verificados y por ende no permiten modificar el criterio fiscal. En razón de lo que antecede, habiendo quedado acreditada la responsabilidad asumida en su carácter de Presidente, resulta claro que no puede eximirse por las circunstancias alegadas, y frente a la carencia de elementos probatorios que acrediten que los deudores principales lo colocaron en la imposibilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo, conf. art. 8°, según Ley 26.044/2005, no habiéndose comprobado, por lo demás, que dicha responsabilidad no le es imputable subjetivamente, conf. art. 8°, según Ley 27.430/2017, corresponde confirmar las determinaciones apeladas, con costas.
IX. Que finalmente, en cuanto a lo informado por el recurrente, respecto a que las deudas fueron incluidas en planes de facilidades de pago por parte de los deudores principales (RE-2020-73931084-APN-DTD#JGM y RE- 2020-69106684-APN-DTD#JGM), corresponde aclarar, tal como expuso esta Sala en su anterior integración, que “…aun cuando la obligación principal se encuentre en curso de regularización, esta circunstancia no puede ser obstáculo alguno para que este tribunal resuelva acerca de la procedencia del carácter de responsable solidario…” (vid. TFN, Sala A, “Costa, Roberto”, 02/05/2002).
No obstante ello, la efectiva intimación de pago dependerá del cumplimiento de los planes de pagos a los que se acogieron los deudores principales.
X. Que toda vez que la recurrente no ha expresado agravios sobre los intereses resarcitorios liquidados, corresponde su confirmación, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas. Con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52, segundo párrafo, del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2026.05.13 13:12:44 ART Date: 2026.05.13 17:11:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.13 17:12:44 -03:00
Fin de la sentencia