Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Eduardo Rafael Alegre; por mayoría, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y cdtes. del CPPN).
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Nelson Enrique Villalba; por mayoría, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y cdtes. del CPPN).
III. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Juan Pablo Córdoba y Ricardo Rodolfo Cardozo; por mayoría, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y cdtes. del CPPN).
IV. Hacer lugar al recurso de casación deducido por los representantes del Ministerio Público Fiscal, revocar el decisorio recurrido en lo concerniente a la nulidad de la declaración de Walter Eduardo Rago -punto dispositivo 2°), únicamente en lo que atañe a la decisión nulificatoria mencionada- y, consecuentemente, a las absoluciones de los imputados Cristian Fernando Leyría, Augusto Javier Petros y Juan José Sánchez –puntos dispositivos 12°), 13°) y 16°), respectivamente-, así como también en lo atinente al rechazo del pedido de reparación económica -punto dispositivo 17°)-, y devolver las actuaciones al tribunal a quo para que, por vía de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento, conforme a derecho y bajo los lineamientos señalados; sin costas en la instancia.
V. Tener PRESENTES las reservas del caso federal (art. 14 de la Ley 48).
///nos Aires, a los 6 días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, se reúne la Sala I de la Cámara Federal Casación Penal, integrada por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques -Vocales-, asistidos por el secretario actuante, para resolver los recursos de casación interpuestos en el presente legajo FTU 2424/2016/TO1/CFC1, del registro de esta Sala, caratulado: “ACOSTA, Teresa y otros s/ recurso de casación”.
Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Carlos A. Mahiques.
El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:
I. Que mediante veredicto dictado el 4 de agosto de 2023 -cuyos fundamentos se dieron a conocer el día 11 de ese mismo mes y año-, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero -integrado de manera unipersonal-, en lo que aquí interesa, resolvió:
“1°) NO HACER LUGAR a la INCIDENCIA DE NULIDAD (…) de la DECLARACIÓN DEL TESTIGO MARIO LEONARDO SANTILLÁN; y de la REQUISA Y DETENCIÓN DE LA ENCAUSADA TERESA ACOSTA (…) [;] 2°) DECLARAR LA NULIDAD del TESTIMONIO DE LA TESTIGO DE IDENTIDAD RESERVADA Marilin Alegre y de la 1 Registro nro.: 351/25 DECLARACIÓN DEL IMPUTADO COLABORADOR Walter Eduardo Rago (…)[;] 4°) CONDENAR a EDGARDO RAFAEL ALEGRE, D.N.I. N° 12.391.067, de las condiciones personales que constan en la causa, por resultar autor (art. 45 del C.P.) de los delitos de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en concurso ideal (art. 54 del C.P.) con FALSIFICACIÓN DE RECETAS MÉDICAS (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del C.P. y art. 29 de la ley 23.737) a la PENA de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN EN SUSPENSO, accesorias legales y costas (arts. 29 inciso 3°, 40, 41 del C.P. y 531 del Código Procesal Penal de la Nación)[;] 5°) CONDENAR a RICARDO RODOLFO CARDOZO, D.N.I.
N°27.457.448, de las condiciones personales que constan en la causa, por resultar autor (art. 45 del C.P.) de los delitos de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en concurso ideal (art. 54 del C.P.) con ACEPTACIÓN DE RECETAS MÉDICAS DE PROCEDENCIA ILEGÍTIMA O IRREGULAR (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del C.P. y art. 29 de la ley 23.737) a la PENA de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN EN SUSPENSO, accesorias legales y costas (arts. 29 inciso 3°, 40 y 41 del C.P. y 531 del Código Procesal Penal de la Nación)[;] 6°) CONDENAR a JUAN PABLO CÓRDOBA, D.N.I. N° 34.183.331, de las condiciones personales que constan en la causa, por resultar autor (art. 45 del C.P.) de los delitos de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en concurso ideal (art. 54 del C.P.) con ACEPTACIÓN DE RECETAS MÉDICAS DE PROCEDENCIA ILEGÍTIMA O IRREGULAR (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del C.P. y art. 29 de la ley 23.737) a la PENA de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN EN SUSPENSO, accesorias legales y costas (art. 29 inciso 3°, 40 y 41 del C.P. y 531 del Código Procesal Penal de la Nación)[;] 7°) CONDENAR a (…) NELSON ENRIQUE [VILLALBA], D.N.I.
N° 16.007.375, de las condiciones personales que constan en la causa, por resultar autor EN GRADO DE TENTATIVA (art. 45, 42 y 44 del C.P.) del delito de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del C.P.) a la PENA de TRES (3) AÑOS de PRISIÓN DE EJECUCIÓN EN SUSPENSO, accesorias legales y costas (arts. 29 inciso 3°, 40 y 41 del C.P. y 531 del Código Procesal Penal de la Nación) por el que fuera acusado en la causa Expte. N° 34663/2018 acumulado a los presentes; y ABSOLVER por ausencia de acusación del Ministerio Público Fiscal al nombrado respecto del delito de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del C.P.) por el que fuera acusado en la causa Expte.
N° 2424/2016 (…)[;] 12°) ABSOLVER por beneficio de la duda a CRISTIAN FERNANDO LEYR[Í]A, D.N.I. N° 31.646.889, de las condiciones personales que constan en la causa, de los delitos de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en concurso ideal (art. 54 del C.P.) con FALSIFICACIÓN DE RECETAS MÉDICAS (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del C.P. y art. 29 de la ley 23.737) por los que fuera acusado en la presente causa[;] 13°) ABSOLVER por beneficio de la duda a AUGUSTO JAVIER PETROS, D.N.I. N° 29.376.423, de las condiciones personales que constan en la causa, de los delitos de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en concurso ideal (art. 54 del C.P.) con ACEPTACIÓN DE RECETAS MÉDICAS DE PROCEDENCIA ILEGÍTIMA O IRREGULAR (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del C.P. y art. 29 de la ley 23.737) por los que fuera acusado en la presente causa (…)[;] 16°) ABSOLVER por beneficio de la duda a JUAN JOSÉ SÁNCHEZ, D.N.I.
N°30.441.657, de las condiciones personales que constan en la causa, del delito de DEFRAUDACIÓN EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del C.P.) por los que fuera acusado en la presente causa[; y] 17°) NO HACER LUGAR AL PEDIDO DE REPARACIÓN (…)”
(el destacado y las mayúsculas corresponden al original).
II. Que contra esa decisión, los representantes del Ministerio Público Fiscal (con respecto a los puntos dispositivos 2°, 12°, 13°, 16° y 17°); así como también las defensas públicas oficiales de Eduardo Rafael Alegre (contra los puntos dispositivos 1° y 4°), Nelson Enrique Villalba (respecto del punto dispositivo 7°), Juan Pablo Córdoba y Ricardo Rodolfo Cardozo (en relación a los puntos dispositivos 5° y 6°) interpusieron sendos recursos de casación, los que fueron declarados admisibles por el Tribunal de previa intervención y mantenidos ante esta instancia.
a. Recurso de casación de los representantes del Ministerio Público Fiscal La doctora Indiana Garzón, Fiscal General de Santiago del Estero, y el doctor Javier Arzubi Calvo, Fiscal Federal a cargo de la UFI PAMI, dirigieron su impugnación contra los puntos dispositivos 2º, 12°, 13°, 16° y 17°; y la encarrilaron en los motivos previstos en ambos incisos del artículo 456 del CPPN, en función de los arts. 123 y 404, inciso 2º, del mismo cuerpo legal. Tras hacer referencia a cuestiones relativas a la admisibilidad de su impugnación, refirieron que el tribunal ha incurrido en errónea valoración de los hechos y de la prueba; y, consecuentemente, ha interpretado erróneamente la ley sustantiva. Afirmaron que en la sentencia se han valorado arbitrariamente pruebas regularmente incorporadas al proceso y se ha incurrido en una defectuosa deducción de la comprobación de extremos fácticos conducentes a resolver en forma favorable a la petición de ese Ministerio con respecto a la pretensión de condena por los delitos que consideraron cometidos por los imputados Cristian Fernando Leyría, Augusto Javier Petros y Juan José Sánchez. Además, sostuvieron que la resolución recurrida es arbitraria en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que su fundamentación resulta aparente. Estimaron que dicho pronunciamiento carece de motivación suficiente, toda vez que se conforma con la defectuosa consideración de extremos conducentes para la solución del caso, a la par que omite el análisis de muchos de los argumentos oportunamente esgrimidos por esa parte. De esa manera, indicaron que tal fundamentación aparece en franca inobservancia de normas cuya desatención acarrea sanción de nulidad (arts. 123; 404, inc. 2 y 456, inc. 2, del CPPN) y, con cita en fallos del Alto Tribunal, refirieron que menoscaba las garantías de defensa en juicio y debido proceso, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad.
Los impugnantes estimaron menester recordar que en este proceso se llevó a juicio oral a catorce imputados con diferentes grados de responsabilidad, acusados de haber integrado una organización delictiva que, entre los años 2012 y 2016 aproximadamente, tuvo como objetivo defraudar las arcas públicas correspondientes a la obra social PAMI y del Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) de la provincia de Santiago del Estero. Con ese objetivo, se ejecutaron maniobras tendientes a obtener gratuitamente medicamentos para personas con diabetes, específicamente tiras reactivas e insulinas que eran subsidiadas por el PAMI con cobertura del 100% a su costo, con la finalidad de insertarlos en un mercado paralelo y obtener con su venta un importante lucro a expensas de un perjuicio a la obra social.
Describieron las maniobras que entendieron acreditadas en estas actuaciones. En esa línea, explicaron que el excesivo consumo de insulina y tiras reactivas en la provincia de Santiago del Estero dentro del sistema de PAMI condujo a determinar que muchos de los afiliados que se consignaban en las recetas como consumidores de tales medicamentos se encontraban fallecidos o no eran insulinodependientes. A raíz de ello, sostuvieron que esta maniobra habría contado con la intervención de personal de PAMI que habría adulterado los padrones, ya sea para dar de alta a las personas fallecidas o para consignar como afiliado diabético a quien no padecía dicha afección, o como insulino-dependiente a quien no lo era.
A tales maniobras agregaron la dispensa de recetarios originales que eran obtenidos mediante el incumplimiento de las medidas de seguridad para su entrega. Explicaron que, una vez obtenidos tales recetarios, ellos fueron completados con datos de afiliados no diabéticos o no insulino-dependientes y, en otras oportunidades, con información de afiliados fallecidos; y que en aquellos fueron consignadas firmas falsificadas de médicos. Precisaron que los recetarios eran luego presentados en farmacias locales y que en algunas ocasiones participaban en la maniobra los farmacéuticos y empleados, quienes completaban las recetas; a la par, hicieron referencia a la intervención de terceros que presentaban las recetas y retiraban los medicamentos.
Refirieron que la maniobra se compuso también con otra modalidad: la de completar las recetas utilizando troqueles apócrifos, de manera tal que la operatoria se realizaba sin adquirir el medicamento, lo que implicaba una mayor ganancia -porque se facturaba a PAMI un medicamento que no existía- y beneficiaba a las farmacias involucradas, en tanto les permitía obtener mayores “notas de crédito” contra la industria farmacéutica para la compra de otros productos y medicamentos.
Frente al contexto descripto, los impugnantes agruparon a los imputados que llegaron a juicio, conforme su intervención, en cuatro grupos:
En el primer grupo ubicaron a Walter Eduardo Rago, Edgardo Rafael Alegre, Teresa Acosta y Miguel Ariel Rago.
En el segundo grupo ubicaron a María Florencia Montes, María de los Ángeles Luna, Juan Pablo Córdoba, Ricardo Rodolfo Cardozo y Dalma Daiana Díaz Gattoni. En el tercer grupo colocaron a Juan José Sánchez, Cristian Fernando Leyría y Augusto Javier Petros. Con relación a ellos, enfatizaron que se trata de los eslabones más altos de la organización, debido a su conocimiento del mercado ilegal de medicamentos y de los mecanismos destinados a consumar la defraudación.
En el cuarto grupo incluyeron a Nelson Enrique Villalba y Hugo Daniel García.
Con relación a cada persona imputada, los acusadores públicos desarrollaron los aspectos relevantes de su intervención.
Seguidamente, hicieron referencia a los tres planos de análisis que entendieron que el juzgador debió distinguir para luego pasar el baremo de las garantías sobre la prueba valorada como dirimente y válida para fundar la acusación delineada por esa parte al momento de la discusión final del debate.
Aquellos planos que distinguieron y sobre los que desarrollaron consideraciones fueron: “A. Las referencias efectuadas por las defensas sobre la actividad procesal del final de instrucción”; “B. La prueba válidamente reunida en audiencia”; y “C. La justicia del caso”. En lo medular, los impugnantes cuestionaron que el tribunal a quo haya condenado únicamente a los que, a su criterio, resultan ser los eslabones más bajos de la organización involucrada en la defraudación a PAMI, mientras que los dueños de farmacias y droguerías y los farmacéuticos fueron absueltos. Entendieron que tales absoluciones fueron fundadas sobre la base de la exclusión probatoria de la declaración del imputado colaborador, Walter Eduardo Rago, y que, en última instancia, fueron la consecuencia del desconocimiento por parte del tribunal del curso probatorio independiente invocado por la fiscalía. En ese sentido, explicaron que la declaración de Walter Rago como imputado colaborador en los términos del art. 29 ter de la Ley 23.737 resultó válida, en tanto dicho instituto no exige la presencia de un abogado defensor durante la declaración, como así también debido a que su antecedente directo no fue la declaración de Marilin Alegre, sino la investigación independiente iniciada contra Ariel Rago y que, en última instancia, fueron la consecuencia del desconocimiento por parte del tribunal del curso probatorio independiente invocado por la fiscalía. Enfatizaron que en la discusión final la fiscalía no valoró el testimonio de Marilin Alegre como prueba de cargo para ninguno de los acusados; habida cuenta que las circunstancias, características y formas en las que se tomó el testimonio de la nombrada impidieron que sea utilizado en esa instancia a aquellos fines. Al respecto, destacaron que “no les fue indiferente que se trataba de la hija de un imputado, en condiciones de vulnerabilidad, [que fue] empleada para el ingreso de información en forma oblicua al proceso, lesiva al derecho de defensa y con el ropaje de actos procesales que nunca fueron rendidos”.
Los impugnantes criticaron que el tribunal haya desatendido el cauce independiente antes referido y que, por aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado, haya excluido la declaración de Rago de la prueba a valorar en el juicio. Además, cuestionaron que se haya declarado tal nulidad “por la nulidad misma”, toda vez que la Fiscalía requirió la absolución de Ariel Rago por el beneficio de la duda y de Walter Rago por la relevancia de la información aportada sobre los coimputados Leyría, Petros y Sánchez. Destacaron que las nulidades de los actos procesales en torno a los imputados Ariel y Walter Rago no se declararon en virtud de una lesión concreta y demostrada a su derecho de defensa en juicio sino que sólo sirvió a la postre para fundamentar las absoluciones de los imputados Leyría, Petros y Sánchez. Entendieron que el único punto válido desde el cual debió partir el razonamiento del magistrado era la comprobación o no de una real afectación al derecho de defensa de éstos últimos imputados a partir de los dichos del arrepentido Walter Rago.
Asimismo, consideraron errónea la aplicación al caso de la doctrina del fallo “Rayford” del Máximo Tribunal y estimaron que debió identificarse una afectación concreta a los derechos de Rago para declarar la nulidad del testimonio.
Hicieron hincapié en que los dichos de Walter Rago fueron puestos en conocimiento del acusador, de modo voluntario, lícito y buscando un beneficio individual; y que la información brindada motivó investigaciones por parte de UNIPROJUD válidas y regulares que sirvieron de base para el requerimiento de instrucción de Sánchez, Petros y Leyría, así como para los posteriores allanamientos y detenciones. Los impugnantes recordaron su postura en cuanto a la valoración de la prueba en lo concerniente a la responsabilidad de estos tres imputados y explicaron que ésta se encontraba acreditada a partir de la prueba producida como consecuencia de la declaración de Rago.
Hicieron especial énfasis en la necesidad de diferenciar clara y analíticamente los distintos planos que conforman, por un lado, las “irregularidades de la instrucción” y, por el otro, la “prueba válidamente rendida en el juicio oral”. Cuestionaron que el tribunal no logró distinguirlos, a la par que “sucumbió a las ostensibles irregularidades funcionales del Fiscal y omitió reflexionar las nulidades, a tenor de la efectiva afectación de derechos de la defensa y el debido proceso”. En último lugar, criticaron que no se hiciera lugar a la reparación económica solicitada, en tanto a su criterio el art. 29 del Código Penal debe ser interpretado junto con la obligación internacional de generar acciones para eliminar las consecuencias de la corrupción y con la adopción de medidas para reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito. Indicaron que los hechos aquí investigados responden a un contexto de corrupción dentro de la institución PAMI en un período de tiempo comprendido entre los años 2012 al 2016, y que ello no fue sólo en esa jurisdicción sino también en distintas provincias del país. Asimismo, destacaron que el ánimo de lucro como el móvil en este tipo de sucesos.
Explicaron que el monto a reparar era de pesos veinticinco millones seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos uno con veintisiete centavos ($25.686.401,27) y que, conforme lo establecido por los artículos 31 y 33 del Código Penal, debía establecerse la responsabilidad solidaria de los autores del delito, específicamente respecto de Cristian Fernando Leyría, Augusto Javier Petros y Walter Eduardo Rago, que son los imputados que más se habrían beneficiado económicamente con el delito. Sobre esa base, los acusadores públicos solicitaron se anulen las absoluciones y se dicte una nueva sentencia sin necesidad de realizar un nuevo juicio (art. 470 del CPPN). Hicieron reserva del caso federal. b. Recurso de casación de la defensa pública oficial de Eduardo Rafael Alegre El doctor Hurtado enderezó la impugnación contra los puntos dispositivos 1° y 4° y la fundó en los motivos previstos en el artículo 456 del CPPN.
En lo medular, afirmó que el tribunal a quo incurrió en arbitrariedad tanto en lo relativo a la valoración de la prueba como a la falta de fundamentación establecida en el art. 123 del CPPN, lo cual derivó en la violación de garantías constitucionales previstas en la Constitución Nacional. Agregó que de la sola lectura de la sentencia se advierte una violación al debido proceso en la medida que la detención, requisa y traslado de su asistido se produjo de manera ilegal.
Luego de efectuar consideraciones liminares vinculadas a la admisibilidad de la impugnación y a los antecedentes del caso, desarrolló las razones que sustentan la “(f)alta de fundamentación de[l] [rechazo de] la nulidad[; la] (f)undamentación meramente aparente y contradictoria[; y la] (v)aloración arbitraria de las pruebas recibidas en los actos del debate” que invoca. En primer lugar, impugnó la validez de la fundamentación por la cual el tribunal de mérito no hizo lugar a la nulidad planteada, por entender que “en el presente proceso se ha conculcado la garantía constitucional del debido proceso y derechos a la intimidad, libertad y libre circulación consagrados en los arts. 14, 18, 19 y 75 inc. 22 [de la] CN[;] arts. 8 y 12 [de la] CADH[;] arts. 12.2 y 14.3 [del] PIDCyP, de conformidad a lo previsto en los arts. 230 bis, 138, 139, 140, 166, 169, 170 inc. 1 [y] 172 del CPPN”.
Expuso que el procedimiento llevado a cabo por personal de Gendarmería que concluyó con la detención y posterior requisa de la señora Acosta se realizó con una orden judicial que establecía un límite físico, dentro del predio de la farmacia del Chango Más, y respecto de la persona a detener –“el Sr. Edgardo Rafael Alegre y/o la persona que recurra a dicha farmacia a retirar medicamentos recetados por el Dr. Miguel E. Salomón”-. Agregó que la detención de Teresa Acosta resulta nula, en tanto el personal actuante se extralimitó respecto de la delegación de facultades conferidas a la fuerza, realizando un accionar más allá de lo requerido por el juez instructor.
Refirió que Acosta “no había ido a la farmacia a comprar medicamentos sino que se encontraba comprando comida en el salón del Supermercado tal como surge de las constancias de autos” y que “(a)l momento de la requisa a la [nombrada] se le secuestró documentación, que luego fue utilizada como prueba de cargo en contra del Sr. Alegre tanto al momento de la indagatoria, procesamiento, requisitoria de elevación a juicio y sentencia de condena”, todo lo cual consideró que causa agravio a esa parte, por cuanto el personal de Gendarmería se excedió en su accionar.
A partir de ello, estimó que corresponde examinar las distintas falencias en las que, a su modo de ver, incurrió el tribunal a quo al fundar la condena atacada. Al respecto, adujo que su planteo fue resuelto con simples argumentaciones que no revelan un análisis jurídico sino lisa y llanamente un esfuerzo velado en pos de sostener la validez de un acto de injerencia estatal de gravedad, en contravención con las prescripciones de los arts. 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional.
Con cita en jurisprudencia del Alto Tribunal, afirmó que “la orden de allanamiento no constituye un acto por el cual el juez delegue su imperium en un funcionario de policía y que pueda ser utilizado discrecionalmente por ésta, sino que se trata de un mandato singular que se agota en el cumplimiento de la orden”.
Explicó que el tribunal mencionó como fundamento del accionar del personal de Gendarmería que Acosta habría acudido al lugar llevando recetas apócrifas; situación que indicó que no se verificó en el expediente, toda vez que no se le habrían secuestrado recetas sino carnets. Agregó que “se esboza como justificativo el hecho de que lo acompañaba a Alegre, situación que per se no autoriza su detención y posterior requisa toda vez que la orden de detención no contemplaba dicha situación solo autorizaba la detención de quien se presente en la farmacia (la Sra. Acosta como bien dijo el a quo se encontraba en el supermercado) a retirar medicamentos recetados por el Dr. Miguel E. Salomón (no portaba recetas ni se presentó en el mostrador, estaba comprando aceite)”. A su modo de ver, el tribunal a quo abonó la tesis de que la orden de allanamiento resulta ser una autorización abierta para que la agencia policial la complete sin discreción.
Insistió que debía aplicarse la doctrina del árbol venenoso, toda vez que la detención de Acosta y su posterior requisa fueron nulas, así como también los actos procesales que fueron consecuencia de ellos. Enfatizó que la prueba obtenida en tales condiciones no podía ser utilizada con carácter incriminante contra ninguno de los coimputados.
Por otro lado, planteó la arbitrariedad de la sentencia atacada. En sustento de ello, expuso que “[esa] parte solicitó la aplicación del instituto del arrepentido, habida cuenta que (…) Alegre colaboró con la instrucción y su declaración (velada, disfrazada de una testimonial de carácter reservada que llevó al Tribunal a declararla nula) permitió abrir canales investigativos, profundizar la pesquisa, traer imputados y por sobre todas las cosas utilizarla como prueba de cargo para fundar el procesamiento de los coimputados y de la requisitoria de elevación de la causa a juicio”. Indicó que el tribunal omitió pronunciarse sobre tal pedido sin fundamento alguno. Seguidamente, con respecto a la declaración de la testigo Marilin Alegre, indicó que “(e)l agravio ocasionado (…) [a] Alegre resulta evidente, ya que se le impidió el efectivo ejercicio de sus derechos, limitando las posibilidades de [esa] parte de celebrar un acuerdo en los términos del art. 41 ter del CP; ello en razón de que toda la información primigenia que podía aportar ya había sido introducida en forma subrepticia bajo la forma de un testigo de identidad reservada cuando en puridad el elemento de prueba (dato para la pesquisa) lo hizo el propio Alegre en una hoja papel dada a su hija”. Agregó que “(e)sos datos se consignaron luego como dichos de la testigo [pero] ella desconocía los mismos”.
Aunado a lo expuesto, refirió que los dichos de Alegre bien pueden ser enmarcados en tal acuerdo puesto que cumplen los requisitos establecidos por la normativa de referencia.
En virtud de lo expuesto, solicitó que se case la sentencia recurrida, se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la detención de Acosta y se declare la nulidad de la sentencia por resultar arbitraria. Hizo reserva del caso federa.
c. Recurso de casación de la defensa pública oficial de Nelson Enrique Villalba La doctora Analía Raquel Paulon encarriló la impugnación contra el punto dispositivo 7° y la fundó en los motivos previstos en ambos incisos del artículo 456 del CPPN. En su presentación, circunscribió el objeto del recurso, hizo mención a cuestiones vinculadas a su admisibilidad y reseñó los antecedentes del caso. Tras ello, en lo medular, adujo que en autos concurre el supuesto del inciso primero del citado articulado, dado que su defendido fue condenado “como autor del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa, cuando su conducta califica como partícipe del mismo”; así como también el del inciso segundo “en función del art. 404 del mismo cuerpo normativo por carecer la sentencia de fundamentación respecto del monto de pena que impone a [su asistido]”.
En cuanto al primer cuestionamiento, expuso que el fallo resulta arbitrario, en tanto “no se detiene a explicar los motivos por los que se considera a Villalba autor de un hecho acontecido fuera de su presencia, en el que no cometió conducta alguna. No se especifica qué doctrina se sigue para tener a Villalba como autor de un hecho cometido de propia mano por García, ya que fue éste último quien comenzó la ejecución de la conducta típica descripta por el art. 172 del [CP], la que consiste en defraudar”.
Con cita en doctrina, expuso que “no es controvertido que quien realizó un acto que pretendía el desapoderamiento, mediante ardid o engaño fue indiscutiblemente García y no Villalba, así se establece en el acta de procedimiento de la detención de García, y también en el testimonio de quien, de acuerdo a sus dichos, se limitó a proveer al autor de los elementos para su ardid, sin recibir a cambio beneficio alguno y solo con motivo de la relación de amistad que los unía”.
Agregó que el aporte realizado por Villalba consiste en algún grado de participación en los términos del art. 45 del CP. Expuso que, de guiarse por los dichos de García, “el aporte de Villalba calificaría dentro de la segunda parte del art. 45 [del] CP como autor de determinación”; mientras que, según la declaración de su defendido, “calificaría como participación necesaria”. Afirmó que “(d)e ambas formas, el contenido de injusto resulta muy inferior al de quien comete el hecho de propia mano”.
Con respecto al segundo planteo, refirió que “el hecho de considerar autor de defraudación a [su] defendido, resultó determinante para imponerle una pena de 3 (tres) años de prisión de ejecución en suspenso” y que, sin embargo, “la pena impuesta a García fue de 1 (un) año y 6 (seis) meses de prisión de ejecución condicional, aun considerándolo autor, sin que exista mayor desarrollo en cuanto a los fundamentos de [esa] diferencia”.
Argumentó que debía revisarse tanto la fundamentación para considerar autor a una persona ajena a la comisión del hecho y la circunstancia de que sólo tuvo participación previa a la comisión de éste, así como también la razón de la imposición de una pena del doble del quantum de un coautor respecto del otro; ello a los efectos de posibilitar un efectivo ejercicio del derecho de defensa. Expuso que el fallo “no solo omite explicar los motivos para entender los actos de [su asistido] (…) [en punto a la] autoría [atribuida] sino que [además] mantiene silencio respecto del fundamento de la marcada diferencia entre los montos de la pena [impuesta a] ambos coautores”. Consideró que el decisorio aporta mayor confusión al respecto al ponderar la situación particular de cada uno de los nombrados, en la medida en que se realizan idénticas valoraciones sobre este punto.
En ese orden de ideas, señaló que la conducta de su defendido -“que consistió en darle a García 4 (cuatro) recetas apócrifas de la Obra Social PAMI”- “evidencia un disvalor de acción much[o] más reducido que el de su consorte de causa García, quien fue [el que] dio inicio a la ejecución de la conducta típica de defraudar”. Agregó que “(…) respecto del disvalor de resultado, la responsabilidad de ambos ya se encuentra aminorada por la reducción en la escala de la pena en abstracto por haber quedado el hecho en grado de tentativa”.
En esa línea, expuso que “el hecho de no haberse consumado el ilícito, [los] libera de analizar la magnitud del daño sufrido” pero que, sin embargo, correspondía analizar la magnitud del “peligro (…) que corrió el bien jurídico protegido”. En este punto, refirió que había que tener presente que éste último “es la propiedad es decir el patrimonio, en este caso, de la Obra Social PAMI”. Cuestionó que la acusación en ningún momento de la instrucción ni del debate especificó el monto de las insulinas y tiras reactivas prescriptas en las cuatro recetas objeto de imputación a su asistido; y, sobre la base de diversos cálculos presuntivos que efectuó, calificó como insignificante el riesgo corrido por PAMI frente a los hechos materia de juzgamiento. A raíz de ello, sostuvo que “el disvalor de resultado de la conducta de [su] defendido es inexistente en realización al daño realizado”, en la medida en que la maniobra quedó en grado de tentativa y la amenaza al bien jurídico protegido fue ínfima.
Por tal razón, sostuvo que, tratándose de una escala reducida en función del art. 44 del CP, la pena de tres años impuesta a su defendido resulta exorbitante y arbitraria.
En razón de lo expuesto, solicitó se haga lugar al recurso deducido y se reduzca la pena a su asistido. Hizo reserva del caso federal.
d. Recurso de casación de la defensa pública oficial de Juan Pablo Córdoba y Ricardo Rodolfo Cardozo El doctor Hugo G. Burgos enderezó expresamente su recurso contra los puntos dispositivos 5° y 6° de la sentencia, a través de los cuales se condenó a sus asistidos. En su presentación realizó además una crítica a los planteos de nulidad rechazados en el punto dispositivo 1° del fallo.
Tras hacer referencia a los requisitos para la procedencia formal de su impugnación, el citado letrado afirmó que “(…) [sus] representados trabajaron en la farmacia denominada ´Catedral I´ de la ciudad de Santiago del Estero, (…) [donde] hacían trabajos varios entre ellos atención al público y dispensaban medicamentos”. Agregó que “(…)(e)ran empleados ra[s]os y siempre lo actuado fue siguiendo las instrucciones de la jefa técnica de la farmacia (Sra. Montes, coimputada absuelta), como demás órdenes recibidas por sus superiores en cuanto a la metodología de trabajo”. Explicó que “(e)ste extremo fue debidamente corroborado en juicio en las deposiciones de otros empleados no imputados en la causa, en cuanto se los instruía en c[ó]mo manejarse con la recepción de recetas como en la entrega de medicamentos”. Cuestionó que sus defendidos “(…) fueron inculpados de los delitos mencionados pero sus superiores ni los dueños o accionistas de la farmacia recibieron condena alguna”. Expuso que el tribunal al imponer pena a sus asistidos “(…) obvió de considerar (…) un planteo de exclusión probatoria por ilegalidad de la prueba, cuestión que sellaba la suerte del debate y era esencial su tratamiento”. Asimismo, sostuvo que tales sanciones se basan en “(…) una denuncia que resulta nula, porque consistió en una acusación de un cónyuge contra el otro, que luego fuera ampliada contra de su propia hija, que de todas formas menciona a [sus] asistidos y se valoró en contra de [ellos]” y “(…) un llamado telefónico anónimo, el cual sin corroboración alguna previa, determinó que se pidiera y ordenara [el] allanamiento de la farmacia Catedral I, cuya acta de procedimiento ha sido valorada en contra de [sus] asistidos”.
Seguidamente, circunscribió los motivos que fundamentan su impugnación: “I.- Planteo de exclusión probatoria por prueba ilegal y su falta de valoración en el fallo. Planteo esencial que define el curso del proceso”; “II.- Nulidad de testimonio por afectación irreparable al vínculo familiar”; y “III.- Del allanamiento en virtud de una llamada anónima sin corroboración mínima”.
En cuanto a la primera cuestión, indicó que en la resolución impugnada no se analizó el planteo de la defensa en cuanto a “la irregularidad desarrollada para obtener datos autoincriminantes del primer detenido en la causa Sr. Rafael Alegre, quien a través de su hija (Marilin Alegre) fue afectado gravosamente en sus garantías judiciales mínimas entre ellas la principal de no autoincriminación y todo ello se verificó por pedido y actuación del Ministerio Público Fiscal interviniente”. Además, en cuanto a tal declaración, refirió que “[era] (…) evidente [el] marco de un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la mujer –hija del hasta entonces único detenido en la causa”. Por ello, entendió que “corresponde aplicar toda la normativa vigente en la República Argentina y en el sistema interamericano de Derechos Humanos que protege a las mujeres contra todo tipo de violencias, discriminaciones y abusos (…)”. Hizo alusión a las condiciones en las que Marilin Alegre dijo haber prestado su declaración y destacó que “no sabemos si hay agregados o si hay supresiones en lo que dictó el Sr. Alegre en cautiverio”. Aclaró que esos testimonios “han sido valorados a los fines de requerir la causa a juicio como testimonios válidos cumplidos ante fiscal y secretario, con ello es palmario que estamos ante un instrumento público donde se han hecho constar cuestiones falsas por un lado y, paralelamente, se erigió como prueba en definitiva irregular para acusar a [sus] asistidos, que fue resultado de la concreta violación al derecho a no autoincriminarse del Señor Alegre, lo cual alcanzó a terceros”.
El impugnante consideró que el fallo “trata o confunde a la exclusión planteada por [esa] defensa pública oficial dentro de las nulidades que señalaron el resto de las defensas intervinientes” y que este caso “es absolutamente distinto, [pues dejaron] planteado que por la irregularidad en la manera de obtener estas pruebas ambos instrumentos señalados deben ser excluidos de los actuados (…)”. Así, expuso que la decisión pretendida con respecto a este punto es que se excluyan “(…) las pruebas referidas por la irregular obtención de las mismas en perjuicio de las garantías judiciales del Sr. Rafael Alegre, y con especial aprovechamiento a la situación de vulnerabilidad de la Sra. Marilin Alegre”.
En segundo término, cuestionó el rechazo de la nulidad de la declaración del testigo Mario Leonardo Santillán; en la medida en que “es un testimonio que (…) importa una acusación directa de un cónyuge contra el otro, y una de sus hijas”. Expuso que la deposición de Santillán fue en contra de la imputada Dalma Daiana Díaz Gattoni, por entonces esposa del nombrado.
Sostuvo que en la sede de la fiscalía de instrucción el 22 de junio de 2016, en el marco del expediente nro. 67295/2016, “Investigación preliminar s/ infracciones en perjuicio del PAI”, se recibió testimonio a una persona que compareció espontáneamente y que en tal declaración Mario Santillán fue impuesto del art. 275 del CP, pero no así del art. 242 del CPPN. Sostuvo que “(l)lamativamente la primera incoherencia del testigo es que pide se reserve su identidad por razones de seguridad personal y de su familia”. Indicó que justamente contra quien estaba por presentar su “testimonio/denuncia” incluso aportando lo que él cree es prueba contra su esposa, material que con el fallo ha quedado desvirtuado de aquella.
Expuso que en esa presentación la fiscalía debió consolidar la posición y despejar toda duda respecto de las generales de la ley por parte de Santillán, así de haber adoptado por la prolija recolección de prueba habría determinado que los hechos sobre los que iba a explayarse consistían en una denuncia contra la coimputada Díaz Gattoni realizada en el año 2013, época en la cual estaba casado con la persona a quien acusaría y con quien, aun posteriormente, tendrían un hijo en septiembre de 2014, tal como se acreditó con la partida de nacimiento durante el debate. Refirió que ante esa situación y de haberse conocido que lo abarcaba la prohibición de declarar se debió hacer cesar tal testimonio.
Expuso que, en el juicio, al momento de la oposición de la defensa a la deposición de Santillán, el tribunal permitió la producción de dicho testimonio y decidió acerca de su procedencia al momento de los alegatos finales, lo cual hizo profundizar el daño a la cohesión familiar que ya estaba endeble. Adujo que esto lo señalaba porque dicho testimonio generó luego que la hija de la pareja solicitara a la defensa declarar en el juicio sobre la realidad de las cosas, así como también de la violencia de su padre contra su madre y resto de la familia, lo que notablemente afectó la unidad familiar que busca proteger el dispositivo legal ritual, en base al art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Explicó que tanto al tiempo de los hechos denunciados en sede de la justicia provincial (2013) y al momento de la denuncia ante la fiscalía federal (2016), Santillán estaba casado con la imputada Díaz Gattoni, respecto de quien dijo que aparece en el proceso por la sola declaración prohibida del que era su cónyuge. Refirió que más allá de las dificultades íntimas que presentaba la pareja y la circunstancia de que su divorcio se produjera tiempo después (2017), lo cierto es que mantuvieron lazos perpetuos con los hijos.
Recordó que Santillán había dicho que por las cuestiones señaladas su hija había falsificado su firma en boletines o comunicaciones de la escuela y que, en un primer momento, ambos progenitores habían sido citados al colegio para aclarar la situación; sin embargo, indicó que, durante la audiencia de debate, cambió su testimonio y dijo que solamente él fue al colegio por ese tema. Agregó que en el juicio la hija Iarella lo desdijo a Santillán con toda seguridad y serenidad; que era falso lo señalado en cuanto a que su padre dijo que ayudaba a su madre a falsificar recetas; y que la joven refirió que fue abanderada en su escuela, una alumna destacada y que su padre nunca conoció a ninguna de sus maestras. A partir de ello, dijo que quedaba en evidencia el accionar de Santillán.
Hizo referencia al distinto tratamiento que en el fallo se le dio al pedido de nulidad del testimonio de Marilin Alegre, con respecto al cual indicó que también involucra la cohesión familiar y que tuvo acogida favorable. Así, criticó que hayan existido dos posiciones contradictorias respecto de planteos de idéntica naturaleza, a partir de lo cual advirtió un quiebre en la lógica-argumental del tribunal que afecta lo resuelto en el punto dispositivo “1.-”, de modo tal que no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido.
Consideró que la consecuencia lógica y prevista legalmente es declarar la nulidad del testimonio de Mario Santillán –de fecha 22/06/2016-, como así también de todos los actos posteriores y consecuentes –tal como la ampliación de aquella declaración el 4/07/2016- que involucra a sus asistidos Córdoba y Cardozo (y que consta a fs. 12 del expediente n° 67295/2016), todo ello en virtud de la mencionada teoría del fruto del árbol envenenado, incluso cuando es invocada por terceros.
Seguidamente, hizo hincapié en que al alegar en el debate, esa defensa señaló que el presente caso debía examinarse bajo la perspectiva de género, tanto por el tenor de lo obrado como por los dichos de Santillán. Cuestionó que no fueron tenidos en cuenta los instrumentos nacionales e internacionales señalados por esa parte. Advirtió que las actuaciones remitidas desde la sede de la jurisdicción provincial eran de una “acción de protección contra la violencia familiar” iniciada por Díaz Gattoni; y que se obvió toda consideración a aquella perspectiva que entendió era aplicable al caso.
Asimismo, invocó arbitrariedad con afectación al principio de razón suficiente, a partir de lo cual entendió que el fallo no puede ser convalidado.
Criticó la realización “(d)el allanamiento en virtud de una llamada anónima sin corroboración mínima”, con relación a la cual dijo que fue recibida por personal de la Fiscalía y que obra en el expediente nro. 2424/2016. Al respecto, indicó que se trata de una constancia sin fecha en la que se indica que se recibió una llamada en esa sede, por medio de la cual un individuo contó que Cardozo y Córdoba era cómplices de una estafa a PAMI, en una farmacia en la que trabajan, sita en la calle Avellaneda 94 de la ciudad de Santiago del Estero.
En función de lo expuesto, solicitó que se haga lugar al remedio articulado, se case el pronunciamiento impugnado y, sin reenvío, se absuelva a sus asistidos. Hizo reserva del caso federal.
III. Que puestos los autos en el término de oficina previsto por los artículos 465 -cuarto párrafo- y 466 del CPPN, se presentaron el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, el doctor Raúl Omar Pleé; la defensora pública coadyuvante, doctora Paula Gabriela López, a cargo de la asistencia técnica de Edgardo Rafael Alegre; la defensora pública oficial, doctora María Florencia Hegglin, a cargo de la defensa de Ricardo Rodolfo Cardozo y Juan Pablo Córdoba; el defensor público coadyuvante, doctor Leonardo C. Fillia, a cargo de la defensa de Walter E. Rago; y el defensor público oficial, doctor Enrique María Comellas, a cargo de la defensa de Nelson Enrique Villalba.
a. Presentación del señor Fiscal General El doctor Raúl Omar Pleé consideró que se deben rechazar los recursos interpuestos por las defensas y hacer lugar a la impugnación deducida por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la validez del testimonio del imputado colaborador en la presente causa; a partir de lo cual entendió que corresponde revocar parcialmente el punto dispositivo 2) de la resolución recurrida, como así también los puntos 12), 13) y 16) que disponen las absoluciones de los acusados Juan José Sánchez, Cristian Fernando Leyría y Augusto Javier Petros, y devolver la causa a la instancia anterior a los efectos de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
En su presentación, tras reseñar los antecedentes del caso y las impugnaciones deducidas, el acusador público hizo mención a las nulidades planteadas por las defensas, relativas a la detención y requisa de Teresa Acosta, a las declaraciones de Marilin Alegre y Mario Leonardo Santillán, y al allanamiento realizado en la farmacia sita en la calle Independencia 94 de la ciudad de Santiago del Estero. Al respecto, sostuvo que dichos planteos constituyen, en su mayoría, reediciones de puntos ya resueltos por el tribunal a quo, sin perjuicio de lo cual brindó las razones que refutan, a su modo de ver, los argumentos ensayados por las defensas para sustentar sus posiciones.
Seguidamente, el Fiscal General hizo referencia al planteo realizado por la defensa de Edgardo Rafael Alegre, vinculado a que al nombrado debió habérsele dado tratamiento de “arrepentido”, aplicándose el instituto previsto en el art. 29 ter de la Ley 23.737; así como también a los agravios presentados por la defensa de Nelson Enrique Villalba, en lo relativo a la determinación del grado de intervención del nombrado en la maniobra delictiva y a la pena que le fue impuesta, la cual fue objeto de agravio en virtud de la diferencia con la sanción establecida respecto del condenado García.
En último lugar, el doctor Pleé argumentó acerca de los agravios formulados por los fiscales recurrentes y, en particular, expuso las razones por las que entendió que el testimonio del colaborador Walter Rago fue arbitrariamente anulado, lo cual derivó en una errónea absolución de Juan José Sánchez, Cristian Fernando Leyría y Augusto Javier Petros.
Sobre esa base, requirió que se declare la validez de la declaración prestada en estas actuaciones en los términos del art. 29 ter de la Ley 23.737 y se devuelvan los actuados a la instancia anterior, a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento acorde a derecho en lo atinente a la responsabilidad de Sánchez, Leyría y Petros.
b. Presentación de la defensa de Edgardo Rafael Alegre En su escrito, la doctora Paula Gabriela López recordó los fundamentos expuestos por su colega de la instancia anterior, limitándose a desarrollar algunas cuestiones que entendió pertinentes a fin de robustecer su postura.
En lo medular, consideró que la decisión atacada en lo relativo al rechazo del pedido de nulidad de la detención y requisa personal de la señora Acosta exhibe una fundamentación aparente e incompleta que constituye un supuesto de arbitrariedad, conforme la doctrina del Máximo Tribunal, y causal de nulidad (arts. 123 y 404, inc. 2°, del CPPN).
Por ello, solicitó se haga lugar al recurso y se resuelva conforme lo peticionado. Hizo reserva del caso federal.
c. Presentación de la defensa pública oficial de Juan Pablo Córdoba y Ricardo Rodolfo Cardozo La doctora María Florencia Hegglin reseñó los antecedentes del caso, las circunstancias fácticas que el tribunal a quo tuvo por verificadas, la subsunción jurídica sobre ellas efectuada con relación a sus defendidos y las críticas efectuadas por esa parte contra la sentencia atacada a partir de los cuales se solicitó la nulidad de todo lo actuado y la absolución de Córdoba y Cardozo. Seguidamente, la nombrada hizo referencia a la arbitrariedad del fallo con respecto a la valoración probatoria realizada por el tribunal de la instancia anterior con relación a sus asistidos. En este punto, memoró las pruebas en función de las cuales el a quo tuvo por cierta la participación de sus defendidos en la maniobra defraudatoria en perjuicio del PAMI y explicó la manera en que, a su modo de ver, debieron valorarse los dichos de Córdoba y Cardozo en oportunidad de declarar en juicio.
Concretamente, cuestionó que “(…) el reconocimiento efectuado por [sus] defendidos, aportando – incluso- datos desconocidos hasta ese momento, de ninguna manera debió clausurar la búsqueda de prueba, limitando los alcances del pronunciamiento a los límites contenidos en la versión brindada por ellos. Es que, si bien en todo proceso penal predomina el criterio de amplitud en la admisión de medios de prueba, en aras de arribar a la verdad real, es el tribunal, en definitiva, en el camino de la reconstrucción de los sucesos históricos, el que evalúa caso por caso de manera integrada y no segmentada el caudal probatorio (…)”. Hizo hincapié en el modo en que debe ponderarse cualquier confesión que formule el imputado en el trámite de un proceso.
Desde esa perspectiva, argumentó acerca de los límites de una confesión para decidir la suerte de un proceso y su confronte con los sagrados principios que inspiran el procedimiento criminal; tras lo cual afirmó que “(…) pese a que el propio tribunal en la sentencia recurrida reconoció la imposibilidad de basar la condena de Córdoba y Cardozo únicamente en el reconocimiento de los hechos efectuado por los propios imputados[,] lo cierto es que tampoco, ninguna de las otras pruebas valoradas (…) acreditan la materialidad de los sucesos que le[s] fueran enrostrados, así como tampoco, su grado de participación”.
En esa inteligencia, insistió en que “la prueba valorada por el tribunal se limitó a una denuncia anónima en la que se denunció a Montes y a dos de sus cómplices (Córdoba y Cardozo) por vender medicamentos del PAMI de manera irregular (…) y al resultado del allanamiento efectuado en la farmacia Catedral I en la que trabajaban [sus] defendidos, en el que se secuestraron tres credenciales del PAMI, recetarios de dicha entidad y dos DNI de afiliados; además [de] los tickets de facturación de recetas el PAMI, emitidos en el turno noche”.
Refirió que de la prueba enumerada por el tribunal al valorar la materialidad de los hechos que involucran a sus defendidos y su grado de participación, de modo alguno permite concluir que Córdoba y Cardozo tenían “conocimiento de la procedencia ilegítima de las recetas médicas” que las “(…) recibieron, a sabiendas, y se valieron de su función de empleados, para expedir los medicamentos prescriptos y que por ello percibían a cambio una suma de dinero”.
Expuso que dicha información surge únicamente de la declaración de los nombrados y no se colige con el resto de la prueba producida; sobre todo si se considera que dicha circunstancia podría haber obedecido a una errónea estrategia de defensa por parte de los abogados particulares intervinientes. Agregó que tampoco puede perderse de vista el sistema de control que existía sobre el expendio de medicamentos del PAMI en la época de los hechos investigados.
Asimismo, hizo referencia a que de la propia lectura de la sentencia emerge que era habitual la compra de medicamentos a través de la obra social PAMI por terceros intervinientes, razón por la cual sostuvo que existía cierta flexibilidad en el expendio, bastando la exhibición del carnet del afiliado. Adunó que el PAMI no formuló instructivo a los proveedores exigiendo la acreditación de la identidad del tercero que retiraba el medicamento e hizo alusión a la práctica comercial que, a fin de evitar demoras en el mostrador, presuntamente se empleaba en la dispensa de medicamento y el rellenado de receta.
Seguidamente, mencionó el modo en que el tribunal explicó la existencia del ardid en la maniobra achacada a sus asistidos; y cuestionó la manera en que se acreditó “el conocimiento” de la procedencia ilícita de las recetas y la suma de dinero que se habría recibido a cambio. Sostuvo que tanto Villalba como Martuffi, quienes habrían sido los que habrían entregado las recetas apócrifas a cambio de una contraprestación, fueron desvinculados por ausencia probatoria del proceso, lo que demuestra una vez más la falta de logicidad de la sentencia en ese punto. Agregó que aun suponiendo la existencia de un pago a sus defendidos, debía considerarse la insignificancia de la contraprestación frente al millonario perjuicio económico a las arcas del Estado que, según se acreditó, ocasionaron las maniobras defraudatorias investigadas.
En esas condiciones, afirmó que resulta arbitrario y carente de toda lógica suponer que dos simples empleados farmacéuticos hubieran podido facturar, en perjuicio de la administración pública, una suma superior a los siete millones de pesos cuando existía un exhaustivo control con relación a ello. También, hizo alusión a la declaración de Clelia Beatriz Jiménez, quien trabajaba en la farmacia Catedral IV -no cumplía funciones en el turno noche- y fue sobreseída.
Agregó que sus defendidos fueron “meros instrumentos mediatos de una organización tendiente a defraudar al PAMI” y que una prueba más de dicha circunstancia se evidencia en la falta de correspondencia que presenta la propia sentencia en lo que respecta al grado de participación de sus defendidos. En ese sentido, expuso que de los considerandos de la sentencia se verifica la condena a sus asistidos en calidad de partícipes, conforme lo solicitado por el acusador público, y que, no obstante ello, fueron condenados en calidad de autores. Cuestionó la condena de sus asistidos frente a las absoluciones de, entre otras, Díaz Gattoni y Montes. Advirtió que la “indeterminación en la circunstancia descripta y la afectación al derecho de defensa de Córdoba y Cardozo que esa situación genera, además de la vulneración al principio acusatorio y al principio de congruencia, (…) también muestra la falta de sentido lógico y en efecto de arbitrariedad de la valoración probatoria efectuada por el tribunal”. En ese contexto, consideró que la diferencia que evidencia la sentencia no obedece a un mero error material, sino que se efectuó adrede y que, de ese modo, se afectaron severamente los preceptos constitucionales mencionados y quedó en evidencia la arbitrariedad en la valoración probatoria. Entendió que se halla comprobada la arbitraria construcción de los hechos efectuada por el tribunal bajo una valoración parcial de las constancias obrantes en el legajo que no alanza la certeza requerida para una condena y que, por ello, se desconocieron los principios de inocencia e in dubio pro reo.
Sobre esa base, solicitó se case la sentencia recurrida y se absuelva a sus asistidos. Hizo reserva del caso federal.
d. Presentación de la defensa pública oficial Walter E. Rago En lo medular, hizo referencia a que, frente al recurso del Ministerio Público Fiscal, era necesario recordar que su asistido fue absuelto y no le cabe, en consecuencia, asumir ninguna reparación patrimonial, razón por la cual no procede la pretensión de sanción reparatoria solicitada respecto del nombrado en los términos de los arts. 29, 30, 31 y 32 del CP. En ese sentido, hizo hincapié en que la decisión adoptada con relación a la situación procesal de Rago no fue recurrida, a diferencia de lo ocurrido con los demás imputados, cuyas absoluciones fueron impugnadas por el acusador público.
Expuso que la fiscalía no ofrece argumentos para condenar a una reparación al nombrado aunque lo menciona a la par de los que considera responsables. Cuestionó que en la presentación recursiva de aquella parte se invocan normas que descartan esa posibilidad “pues todo el capítulo (arts. 29 a 33 del CP) supone la imposición de una reparación al responsable de un delito y condenado”. Sostuvo que ello excluye a su asistido, quien ha sido absuelto. Entendió que “(s)ólo cabría ensayar la condena civil a un absuelto penal, si la acción penal hubiese venido acompañada de formal acción civil, por la diferente atribución de responsabilidad civil y penal, pero en autos no se ha dado esa formal acción civil por vía de acumulación de acciones y la figura del actor civil (arts. 14, 16, 17, 87 y ss [del] CPPN y art. 1777 [del] CCCN)”. Argumentó que “(n)o cabe retomar a miradas positivas que concebían la regla del art. 29 [del] CP como un deber del estado de aseguramiento de reparar todo daño reparable derivado de un delito, desde una mirada oficiosa y pública, a espaldas de las pretensiones de las partes, y menos aún hacerlo extensivo a quien no ha sido hallado responsable por ausencia de prueba de cargo suficiente (…)”; y agregó que “(n)o cabe alegar en pos de elementales sentimientos de justicia o a la lucha contra la corrupción (como se lee en el recurso fiscal), para imponer una obligación solidaria de reparar el daño derivado de un delito del que se es ajeno, a partir de la absolución consentida por el acusador”.
Sobre esa base, expuso que lo planteado robustece la decisión absolutoria consentida en autos, sin imposición reparatoria alguna, toda vez que consideró que ha cesado toda persecución penal respecto de su asistido.
e. Presentación de la defensa pública oficial de Nelson Enrique Villalba En su escrito, la parte se remitió a los agravios desarrollados en el recurso de casación y sostuvo que allí se encontraban desarrolladas de manera acabada las críticas que esa defensa tiene respecto del fallo cuestionado. Hizo especial mención a la mensuración de la pena impuesta a su defendido, con relación a la cual refirió que en el fallo impugnado dicha sanción no se encuentra fundamentada conforme los parámetros de los arts. 123 y 404, inc. 2, del CPPN. Tras hacer diversas consideraciones acerca de los parámetros que deben considerarse al momento de establecer la sanción a establecer y de la motivación de la sentencia, expuso que, en el caso de su asistido, “al tratarse de un delito tentado, la escala penal partía de un (1) año y llegaba hasta los cuatro (4) años de prisión[;] (e)s decir, el magistrado se apartó en dos (2) años el mínimo e impuso una pena apenas un (1) año menos que el máximo de la escala”. Frente a ello, entendió que resultaba imprescindible que el tribunal explicara claramente las razones de su decisión que justificarían dicho monto de pena; “máxime (…) cuando al coautor García se le impuso la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión”.
Luego de reseñar los fundamentos brindados al mensurar las sanciones impuestas, la defensa de Villalba afirmó que en el fallo cuestionado no se realizó un análisis específico respecto de cómo cada una de las circunstancias allí mencionadas impactaba punitivamente en el caso en concreto; puntualmente, refirió que no existió una explicación adecuada acerca de cuál es la relación concreta de tales extremos con relación al imputado, ni cómo repercutieron en el monto punitivo escogido. Agregó que tampoco se explicó por qué había existido diferencia entre el castigo impuesto a su asistido y a su cómplice; a la par que señaló que la manera que utilizó el juzgador para mensurar el castigo no permite dilucidar si se ha tenido en miras el ideal resocializador o si la sanción se ajusta al principio de culpabilidad.
Expuso que no debía perderse de vista que, además de las consideraciones sobre las circunstancias personales valoradas por el tribunal de juicio a tenor de los arts. 40 y 41 del CP, en el presente caso, desde el punto de vista objetivo, tampoco se advierte una lesión significativa al bien jurídico protegido.
Finalmente, hizo referencia a la determinación judicial de la pena y consideró que todas las cuestiones mencionadas, a su vez, inciden en la revisión amplia que se debe realizar al no haberse volcado dichos fundamentos, lo que a su modo de ver dificulta controlar el razonamiento efectuado por el tribunal sentenciador.
IV. Que, en ese escenario, se fijó audiencia en los términos del art. 465, último párrafo, y 468 del CPPN, oportunidad en la cual las defensas particulares de Juan José Sánchez (Dr. Rolando Martín Castellanos), Augusto Javier Petros (Dres. María Cecilia Suárez Vila y Dalmiro Rodrigo Cruz) y Cristian Fernando Leyría (Dr. Juan Santiago Avendaño) realizaron presentaciones.
a. El doctor Castellanos solicitó que se rechace en todos sus términos el recurso de casación deducido contra la sentencia que dispuso la absolución de su defendido Sánchez.
En lo medular, refirió que no existe prueba alguna que haya sido incorporada regularmente al proceso sino que todo ha sido fruto del árbol envenenado y en violación a las reglas que gobiernan el proceso penal. Agregó que el acusador público señala error en el plano de análisis, pretendiendo que el tribunal sentenciador valore pruebas por encima del baremo de garantías constitucionales, lo cual no resulta atendible. Expuso que no hubo prueba válidamente rendida en el proceso ni en el debate que sindique la autoría de los delitos endilgados a su asistido y que, en consecuencia, no existe el vicio de arbitrariedad que se alega en la impugnación mencionada. Tras ello, mencionó que la imputación de su defendido deviene de diversos actos irregulares, entre los que mencionó el testimonio de identidad reservada de Marilin Alegre y la declaración del imputado colaborador, sobre los cuales formuló distintas consideraciones. Hizo referencia a las supuestas contradicciones del juzgador señaladas en la impugnación fiscal y a la vinculación que en ella presuntamente se establece entre Sánchez, Petros y su asistido Leyría; así como también argumentó acerca de la pretensión de reparación económica.
b. La doctora Suárez Vila y el doctor Cruz afirmaron que la parte acusadora no ha logrado demostrar de manera fehaciente que la sentencia absolutoria respecto de su asistido Petros se encuentre viciada de nulidad ni que se haya producido en el caso una inobservancia y/o una errónea aplicación de le ley sustantiva que justifique su revisión.
Hicieron referencia al art. 404 del CPPN y sostuvieron que la absolución por beneficio de la duda debe ser respetada cuando no se cuenta con pruebas suficientes para afirmar la culpabilidad del acusado. Argumentaron que la decisión del tribunal se encuentra fundamentada, habida cuenta la insuficiencia de pruebas y los reiterados vicios evidenciados en el marco de la investigación, con relación a los cargos formulados en contra de su defendido. Expresaron que, en tal contexto, la interposición de la impugnación fiscal no debe ser entendida como un medio para cuestionar decisiones que respetan el principio consagrado en el art. 3 del código ritual. Iteraron que no existen fundamentos suficientes para alterar la absolución de Petros, preservando la integridad del sistema judicial y sus derechos fundamentales como ciudadano en el marco de un estado de derecho, y solicitaron el rechazo del referido recurso de casación.
c. El doctor Avendaño, a través de un escrito efectuado en similares términos al presentado por la defensa de Sánchez, solicitó que se rechace la impugnación casatoria fiscal interpuesta contra la sentencia que dispuso la absolución de su asistido Leyría.
Que, superada la instancia prevista en las normas citadas, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.
V. Que de manera liminar, corresponde señalar que las impugnaciones casatorias interpuestas tanto por los representantes del Ministerio Público Fiscal como por las defensas de Eduardo Rafael Alegre, Nelson Enrique Villalba, Juan Pablo Córdoba y Ricardo Rodolfo Cardozo resultan formalmente admisibles, toda vez que la sentencia atacada es de aquellas consideradas definitivas (artículo 457 del CPPN), las partes recurrentes se encuentran legitimadas para impugnarla (artículos 458, inciso primero, y 459, inciso segundo, ibídem, respectivamente), los planteos realizados encuadran dentro de los motivos previstos por el artículo 456 del CPPN y se han cumplido los requisitos de tiempo y fundamentación exigidos por el artículo 463 del código ritual.
VI. Que establecido ello, para alcanzar una mayor claridad en la exposición y previo a ingresar al tratamiento de los agravios invocados por las partes recurrentes, estimo conveniente formular una breve reseña acerca del origen de estas actuaciones –punto a)-; y de aspectos generales de la maniobra pesquisada –punto b)-. a) El origen de estas actuaciones Oportunamente fue requerida la elevación a juicio de esta causa n° FTU 2424/2016 y su acumulada n° FTU 2517/2016.
Causa n° 2424/2016 Conforme la requisitoria fiscal, esta causa se inicia con motivo de una denuncia recibida en la Fiscalía, el 4 de marzo de 2016, la cual fue presentada por el Dr. Pablo Ezequiel Piqué, Secretario General de la Procuración General de la Nación, a cargo de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –UFI PAMI-. En dicha presentación, el nombrado dio cuenta de presuntas maniobras cometidas en perjuicio de dicho instituto mediante la utilización ilegítima de recetarios y datos de afiliados con el objeto de obtener, a costa del mismo, insulina y tiras reactivas para diabéticos. A fin de lograr dicho cometido, los autores que hasta ese momento se desconocían, actuando posiblemente en connivencia con agentes de PAMI y/o farmacias involucradas, se habrían apoderado de recetas de la referida obra social, las que habrían sido confeccionadas con datos de beneficiarios registrados como diabéticos y/o con firmas y sellos de los galenos que se consignaban en esos formularios prescriptores.
Los hechos denunciados resultaron ser fruto de dos investigaciones realizadas por la UFI PAMI, registradas bajo los trámites n° 2655/14 y 3107/16, las cuales sucintamente se reseñan a continuación.
- Trámite n° 2655/16 Se investigaron los hechos puestos en conocimiento por el titular de la Subgerencia de Medicamentos del INSSJyP, Dr. Miguel Liu, quien hizo saber que al momento de asumir el cargo a mediados del año 2013, advirtió que habría consumos llamativos de insulina y tiras reactivas por parte de algunos afiliados de la obra social, en todo el territorio del país.
Para cerciorarse de la veracidad de esos consumos, el funcionario ordenó realizar un reempadronamiento en todas las Unidades de Gestión Local (UGL) del INSSJyP. El resultado de dicha tarea arrojó una significativa cantidad de afiliados que no se habían empadronado nuevamente, lo que llamó la atención puesto que quienes padecen diabetes, en la generalidad de los casos, requieren del suministro de insulina y de la utilización de tiras reactivas para control.
Teniendo en cuenta el padrón de afiliados de la provincia de Santiago del Estero, personal de la UFI PAMI se comunicó telefónicamente con veinte (20) afiliados de esa provincia, escogidos al azar, a los fines de determinar si consumían insulina o tiras reactivas. Dicha encuesta arrojó como resultado que el 85% de los encuestados negó consumir insulina y/o utilizar tiras reactivas. En efecto, de los veinte (20) afiliados consultados, diecisiete (17) de ellos dijeron no consumir y/o utilizar aquellos productos. Si bien algunos de los encuestados afirmaron ser diabéticos, informaron no les era necesario el suministro de aquellos productos.
A raíz de ello, se solicitó a la Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento del INSSJyP un listado del historial de consumo de medicamentos de esas personas, con la especificación de fecha y lugar de dispensa (farmacia) e identificación del médico que prescribió esos productos, entre los meses de enero de 2012 a diciembre de 2013, inclusive. Obtenidos tales registros, se advirtió una gran cantidad de prescripciones tanto de insulina como de tiras reactivas.
En consecuencia, conforme emerge de la denuncia, se solicitó a la firma Farmalink que representa a la Industria Farmacéutica y está ligada al INSSJyP por un convenio específico, la remisión de recetarios pertenecientes a esos beneficiarios y, una vez incorporados, se realizó un cuadro con las ochenta y cuatro (84) recetas obtenidas, diferenciando la información emergente de ellas del siguiente modo: receta, afiliado, médico, farmacia, tercero interviniente (persona que retira el medicamento en la farmacia –ya sea afiliado o una persona por él autorizada-) y localidad.
A partir de ello, se advirtió que los profesionales médicos que en principio habrían efectuado las prescripciones eran Alejandro Gómez, Clemente Daniel González, Enrique Ávila, Franco F. Giannoni, Hugo A. Egea, Luis Degano o Decano, Marcela C. Abud, Marta G. Argañaraz, Marín J. Pérez, Miguel E. Salomón y Ramón s. Barraza. Además, se determinó que las farmacias en las cuales se dispensaron los productos en cuestión, en su gran mayoría, fueron “Farmacia Catedral”, “Farmacia Catedral II”, “Farmacia Catedral III” y “Farmacia Catedral IV”; y, en menor medida, “Farmacia Centro Sur”, “Farmacia La Esquina”, “Farmacia Universitaria”, “Farmacia Vital I” y “Farmasan SRL”.
Por otra parte, las prescripciones se habrían formalizado en recetarios que cada UGL o agencia del interior provincial distribuía a sus distintos prestadores a través del proceso de distribución de talonarios, debiendo cada profesional o representante completar y firmar una planilla con la numeración de los documentos retirados, así como también restituir a la Oficina del PAMI respectiva los talonarios luego de su utilización. Finalmente, la Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Local XIX de Santiago del Estero puso en conocimiento de la UFI PAMI la existencia de una actuación administrativa –expediente Nº0760-2015-0007150-3 en el ámbito de esa dependencia, relativa a denuncias efectuadas por distintos afiliados quienes, al concurrir a las farmacias “Catedral III”, “Catedral IV”, “Farmacia Banda” y “Centro Sur” les impidieron la dispensa de otros medicamentos y productos, argumentando que habían completado el cupo para adquirirlos. Al consultar los beneficiarios el motivo de dicha negativa, empleados de aquellas farmacias les informaron que habían excedido el cupo para compra de tiras reactivas; sin embargo, dichos afiliados negaron su adquisición y utilización en razón de no padecer diabetes.
De ese modo, se advirtió que esta última maniobra resultaba similar a la relatada precedentemente.
- Trámite n° 3107/16 Este trámite se inició a consecuencia de la recepción de un relevamiento realizado por las –por entonces- nuevas autoridades del PAMI, con respecto al consumo de tiras reactivas por parte de sus afiliados fallecidos, en todo el país, en el período comprendido entre los años 2010 y 2015.
Conforme los resultados arrojados por aquel estudio, en la provincia de Santiago del Estero se detectaron sesenta (60) casos de afiliados que, a pesar de haber sido dados de baja por parte del ANSES a causa de su fallecimiento, registraban consumo de unidades de insumo. Dicho consumo se habría perpetrado a través de las farmacias “Álvarez”, “Centro”, “Catedral IV”, “Santa Rosa”, “Catedral de Facor SRL”, “Catedral III”, “Centro Sur”, “La Esquina”, “Centro Banda”, “Catedral II de Facor SRL”, “Essencia”, “Universitaria”, “Centro I”, “Vittal” y “Vittal I”.
Concretamente, se encontraron mil seiscientas doce (1612) recetas que involucraban a por lo menos sesenta (60) afiliados –los cuales fueron identificados-, como consumidores de tales insumos, a pesar de registrar la ANSES su baja por fallecimiento. Dichas prescripciones habrían sido emitidas por setenta y seis (76) matrículas profesionales distintas y se instrumentaron en recetas cuya numeración fue explicitada en las planillas “Detalle Recetas Total” que fueron confeccionadas y reservadas en las actuaciones labradas.
A consecuencia de tales maniobras, se habrían obtenido ilegítimamente tres mil doscientas trece (3213) cajas del producto “tiras reactivas”, cada una de las cuales cuenta con cincuenta (50) unidades y, en algunos casos minoritarios, veinticinco (25), provocando un presunto perjuicio económico a la obra social que ascendería a la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000); ello en razón de haberse afrontado el pago de tales insumos, cuyo destino no resultó ser la utilización por parte de los afiliados involucrados, puesto que sus decesos habían sido registrados en ANSES con anterioridad a los consumos mencionados. Cabe señalar que, conforme emerge de las investigaciones del registro de UFI PAMI, para arribar al resultado del perjuicio estimado, se tomaron en consideración los valores que en ese entonces poseían las cajas de insumos mencionadas.
Para llevar a cabo estas conductas, en las farmacias involucradas se habrían utilizado los troqueles que posee cada una de las cajas de tales insumos, para luego insertarlos en los recetarios cuestionados, a los efectos de su posterior facturación. Con relación al personal de los establecimientos mencionados, se consideró su participación en la maniobra descripta al haberse omitido los controles necesarios de los denominados terceros intervinientes para instrumentar la entrega de los insumos, facilitando de ese modo que se consumara la maniobra defraudatoria.
A la luz del relevamiento efectuado y al igual que lo expuesto anteriormente, tratándose de beneficiarios registrados en la ANSES como fallecidos, las prescripciones se habrían formalizado en recetarios que cada UGL o agencia distribuye entre sus distintos prestadores a través del proceso de distribución de talonarios, debiendo cada profesional o representante completar y firmar una planilla con la numeración de los documentos retirados y restituir a la oficina del PAMI respectiva los talonarios luego de su utilización.
Con la información recabada, se procedió a la extracción de las constancias de afiliación de las personas involucradas para su posterior incorporación al legajo labrado. Asimismo, se recopilaron informes del Registro Nacional de las Personas con respecto al fallecimiento de los afiliados involucrados.
Elevadas las actuaciones a conocimiento del juzgado federal interviniente, se dispusieron diversas diligencias, entre las que se destacan allanamientos a las farmacias denunciadas a efectos de secuestrar recetas del PAMI que hubieran sido utilizadas o estuvieran dispuestas para ello, sellos médicos, registros de afiliados, troqueles de medicamentos y cualquier otro elemento relacionado con las maniobras descriptas en la denuncia, así como también la individualización de las personas encargadas de dichos tramites que pudiesen encontrarse involucradas.
Asimismo, se llevó a cabo el registro de la UGL XIX (Unidad de Gestión Local-PAMI), a fin de proceder al secuestro del padrón de afiliados diabéticos, de documentación del alta de los afiliados involucrados y cualquier otro material que resulte de interés para la pesquisa, a la par de la individualización de los agentes encargados de intervenir en todo el circuito administrativo para el acceso de los afiliados a los insumos para diabéticos.
Finalmente, cabe señalar que los resultados de tales registros motivaron la realización de otras medidas probatorias -pedidos de informes, declaraciones testimoniales, etc.-, las que, a su vez, motivaron la realización de nuevos allanamientos en las distintas farmacias involucradas. Además, surge del requerimiento fiscal el raconto de la manera en que a lo largo de dicha investigación fueron advirtiéndose las intervenciones de algunos de los imputados, así como también los procedimientos realizados que culminaron con sus detenciones.
A esta altura, cabe aclarar que, en la requisitoria de elevación a juicio se explicó que “(d)urante el curso de la investigación penal preparatoria y ante el sorpresivo pedido de exención de prisión formulado por el ciudadano Miguel Ariel Rago cuando se produjeron las detenciones de los imputados Edgardo Rafael Alegre y Teresa Acosta, sin que el mismo estuviera imputado o mencionado hasta ese momento, [la] Fiscalía Federal inició investigación penal en los términos del art. 26 de la ley 24.946 [-la cual luego fue glosada a la causa principal-], con el objeto de determinar la posible vinculación del [nombrado] con las actividades ilícitas objeto de la causa penal en trámite”. Como resultado de aquella se pudo comprobar la actividad habitual de Miguel Ariel Rago, así como también su domicilio y su titularidad respecto de una línea telefónica.
A su vez, se indicó que, en el marco de aquella pesquisa, “compareció ante [esa] Fiscalía (…) una persona con la intención de declarar como testigo de identidad reservada acerca del conocimiento que tenía de los hechos investigados (…)”. Dicha persona resultó ser Marilin Alegre, cuyo testimonio fue declarado nulo por el tribunal a quo en la sentencia objeto de revisión.
A lo hasta aquí expuesto, cabe adunar que en el marco de la investigación preliminar sobre infracción en perjuicio del PAMI (Expte. Fiscalnet N° 67.295/2016) y, conforme la requisitoria de elevación a juicio, a raíz del estado público que tomó dicha pesquisa, el 22 de junio de 2016, se presentó espontáneamente ante la Fiscalía interviniente Mario Leonardo Santillán, quien expuso su intención de brindar declaración testimonial sobre su conocimiento acerca de hechos que podrían tener vinculación con las maniobras investigadas.
A su vez, en dicha investigación preliminar se recepcionó declaración a un imputado arrepentido [Walter Eduardo Rago], quien manifestó que en el negocio de la insulina y tiras reactivas del PAMI había distintas variantes, las que detalló y cuyos involucrados mencionó, entre los que se encuentran Juan José Sánchez, Cristian Fernando Leyría y Augusto Javier Petros. Dicho testimonio fue declarado nulo por el tribunal a quo en la sentencia objeto de revisión.
Causa n° FTU 2517/2016 Del mencionado requerimiento fiscal emerge que este expediente tuvo su inicio el 9 de marzo de 2016, a raíz de una denuncia recibida en el Ministerio Público Fiscal vía correo electrónico, la cual fue “efectuada por el Director de la Unidad de Gestión Local del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) y su Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), Santiago del Estero, por presuntas maniobras cometidas en perjuicio de dicha obra social mediante la utilización ilegítima de recetarios y datos de afiliados fallecidos o dados de baja, con el objeto de obtener, a costa del Instituto, tiras reactivas y medicamentos para diabéticos”.
Concretamente allí se denunciaba que por el sistema “PAMI Escucha” se había tomado conocimiento de que en la farmacia Changomas Sur de la ciudad capital de Santiago del Estero concurría frecuentemente una señora a retirar medicamentos para diabéticos y que “el día 08/03/2016 dejó recetas para retirarlas al día siguiente o sea el día 09/03/2016 en horario vespertino, y el retiro se haría recién el día 10/03/2016 durante el horario de funcionamiento de la farmacia, esto es entre las 08:00 de la mañana y las 22:00 horas”.
Las recetas de mención fueron confeccionadas a nombre de tres afiliados al Instituto: “1) Correa, Víctor Manuel, Beneficiario n° 020081426000/00, el que se constató que figura dado de baja del Padrón del INSSJ[y]P desde el 03/03/2015; Olguín, Luis, Beneficiario n° 750336972707/00, el que también consta que fue dado de baja del padrón de diabéticos (…); y 3) Gangitano, Ángela Celestina”. En las tres recetas figuraba como médico prescribiente el Dr. Miguel E. Salomón (h).
A su vez, se denunciaba un segundo hecho de similares características, referido a seis (6) recetas de medicamentos que fueron retirados el día 02/03/2016 por una persona que figuraba firmando en el reverso del recetario con el nombre de “Alegre Rafael, DNI n° 12.391.067, quien consignaba como domicilio Manzana 29, Lote 26, Barrio Siglo XXI de [la] ciudad de Santiago del Estero”. Expuso la denunciante que en varias oportunidades esa persona retiró medicamentos de la farmacia Changomas Sur y también de la sucursal ubicada en Av. Belgrano y Suárez de esa ciudad. Los recetarios presentados pertenecerían a distintos afiliados, uno de ellos fallecido, domiciliados en el departamento Banda.
Recibida la denuncia, el representante del Ministerio Público Fiscal la elevó a conocimiento del Juzgado interviniente y solicitó la realización de distintas medidas, entre las cuales figuraba el allanamiento y registro del comercio denominado Farmacia Changomas Sur por parte del personal de la UESPROJUD de Gendarmería Nacional, a fin de individualizar y detener a la persona que concurra a retirar los medicamentos según lo descripto en los párrafos precedentes y al secuestro de la documentación relacionada con las maniobras descriptas; así como también el allanamiento, registro y secuestro del inmueble en el que se domiciliaría el sindicado Rafael Alegre; la realización de un informe de la UGL XIX acerca de las personas que figurarían como beneficiarios de las recetas; y la recepción del testimonio de la titular de la farmacia.
En cumplimiento de las medidas ordenadas, personal de la UESPROJUD de Gendarmería Nacional se constituyó en la farmacia denominada Changomas Sur y tomó contacto con María Alejandra Vital, titular de la farmacia, quien describió las características físicas de las personas involucradas en las maniobras denunciadas y manifestó que se transportaban en una moto marca Honda, modelo Biz 125 de color negro.
Siendo las 11 horas aproximadamente, arribaron al estacionamiento del supermercado dos personas de características similares a las descriptas por Vital y en un moto vehículo compatible con la descripción efectuada por la nombrada. En dicha ocasión se verificó que la persona de sexo masculino se dirigía a la farmacia y la de sexo femenino al sector del supermercado. Una vez ingresado el sujeto a la farmacia y confirmado por el personal que se trataba de la persona involucrada, miembros de la fuerza de seguridad procedieron a identificarse con las credenciales respectivas y a dar cumplimiento a la orden judicial. Acto seguido, se procedió a la identificación y aprehensión de la mujer antes indicada.
Las personas en cuestión fueron identificadas como Edgardo Rafael Alegre y Teresa Acosta, a quienes se los requisó en presencia de testigos y con los recaudos de rigor. En dicha ocasión, a Alegre se le secuestraron “a) 12 (doce) recetas en formularios INSSJ[y]P, filial Santiago del Estero, (…), firmadas todas por el Dr. Miguel E. Salomón (h), Matricula Profesional N° 1572, expedidas a nombre de 1) Luis Olguín, (…), 2) Gangitano, Ángela, (…), 3) Fernández, Marín, (…), 4) Ávila América E., (…), 5) Figueroa, Julia, (…), 6) Carrizo Ramón, (…), 7) Carranza Lindor, (…), 8) Ibáñez Raquel, (…), 9) Acosta Pedro, (…), 10) Carabajal Albina, (…), 11) Barraza Marcial, (…), 12) Correa Víctor, (…); b) 16 (dieciséis) credenciales de afiliación al PAMI correspondientes a las siguientes personas: 1) Acosta Pedro Raúl, (…), 2) Figueroa Julia Rita,(…), 3) Celauro Ángela Jesús Rafa, (…), 4) Carabajal Albina Aydee, (…), 5) Barrionuevo Luis Roberto, (…), 6) Barraza Marcial, (…), 7) Noriega Carlos Hugo, (…), 8) Álvarez José Antonio, (…), 9) Carranza Lindor Jorge, (…), 10) Fernández Marín osé, (…), 11) Carrizo Ramón Elías, (…), 12) Ponce María Ester, (…), 13) Coman José Jesús, (…), 14) Salvatierrra Noemí T. (…), 15) Lugones Elena Teresa, (…) y 16) Ávila América Ester, (…)”; mientras que a Acosta se le incautaron “(…) tres (3) credenciales de afiliación a nombre de 1) Olguín Luis, (…), 2) Correa Víctor Manuel, (…) y 3) Gangitano Ángela Celestina, (…)”. En aquella oportunidad, María Alejandra Vital procedió asimismo a la entrega de la mercadería que Alegre iba a retirar y las facturas correspondientes.
Posteriormente, funcionarios de la fuerza de seguridad dieron cumplimiento a la orden del magistrado interviniente y procedieron al allanamiento del domicilio de Alegre y Acosta, sito en Manzana 26, Lote 26 del Barrio Siglo XXI de la ciudad de Santiago del Estero.
En el marco de dicho procedimiento, en presencia de testigos convocados al efecto –César Omar Eduardo Robledo y Juan Ignacio Álvarez-, entre otras cosas, se secuestraron: “(…) en una de las habitaciones (N°2), dentro de un armario, (…) 10 ampollas de vidrio de Hidrocortisona Northia 500 mg en polvo, seis (6) cajas de tiras reactivas Acuu Chek por cincuenta (50) unidades cada una, dos credenciales de Obra Social OSDE a nombre de Sánchez Gabriela Luciana (…)[,] facturas de Farmacia Centro Sur figurando como médico autorizante el Dr. Miguel Edgar Salomón en seis de ellas y en una el Dr. Yocca Federico (…)[;] en otra de las habitaciones (N°3), (…) un cuaderno que contiene en su interior un recetario médico, la suma de $185, diecisiete recetarios de la obra social PAMI prescribiendo insulina y tiras reactivas, suscriptos por el Dr. Federico J. Yocca, (…), ocho (8) recetarios del PAMI prescribiendo insulina y tiras reactivas sin indicar beneficiario y sin firma y sello de profesional médico autorizante (…)”. Asimismo, se incautó “(…) una hoja con sellos de profesionales médicos con maniobras de pruebas del funcionamiento de los sellos a nombre de los doctores Juan José Sirena y Gustavo F. Bari; una factura de farmacia Centro Sud cuyo médico autorizante es Federico José Yocca, siendo el beneficiario prescripto Roque Alberto Loto[;] varias hojas de cuaderno sueltas con listas de personas mayores y números que por sus características serían afiliados al PAMI[;] un cuaderno marca Avon, color verde, en cuyo interior contiene nombres y marcas de insulina humana y de tiras reactivas y nombres de personas con número de afiliado y edad así como también nombres de farmacias”.
Además, se produjo el secuestro de “un documento de identidad a nombre de Andrada, Dominga Eloisa, N° 14.272.167 (…) [; y] (…) en otra de las habitaciones de la casa, la [cual fue] individualizada con el número 4, se secuestró dos (2) sellos a nombre de los médicos, Dr. Gustavo P. Barbieri y Dr. Juan José Sirena, dos almohadillas, trozos de papel con nombres de insulinas, dos hojas de recetario de Hospital Independencia y una hoja con prueba de firma y sellos (…)[; así como también] un documento nacional de identidad perteneciente al ciudadano Daniel Osvaldo Ibáñez, N° 16.725.503 (…)”. A lo expuesto, cabe agregar que, conforme lo dispuesto por el magistrado instructor, oportunamente se procedió a la requisa y secuestro de documentación del consultorio del Dr. Miguel Edgar Salomón (h), en la que se encuentra un bibliorato con historias clínicas de pacientes del Dr. Miguel Edgar Salomón y documentación relativa a otros profesionales.
b) Aspectos generales de la maniobra pesquisada Para una mayor comprensión de los sucesos materia de juzgamiento, cabe memorar que, conforme la requisitoria de elevación a juicio, “(e)n la provincia de Santiago del Estero entre el año 2012 y marzo 2016 aproximadamente operó una organización delictiva que tuvo como objetivo defraudar las arcas públicas de la obra social PAMI correspondiente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP). Para dicho fin se ejecutaron maniobras tendientes a obtener gratuitamente medicamentos para diabéticos, específicamente tiras reactivas e insulinas que eran subsidiados por el PAMI con cobertura del 100% de su costo. El destino de los mismos era su inserción en un mercado paralelo para de ese modo obtener con su venta un importante lucro a expensas de un millonario perjuicio a la mencionada obra social.
Para poder consumar la maniobra defraudatoria necesariamente se contó con la participación de personal de PAMI que adulteró los padrones ya sea dando de alta a fallecidos o consignando como afiliado diabético a quien no padecía dicha enfermedad o bien como insulinodependiente a quien no lo era. De este modo se habilitaba el sistema informático que daría curso al fraude pergeñado, a ello debe sumarse la dispensa de los recetarios originales que también eran obtenidos o facilitados desde la institución, mediante el incumplimiento de las medidas de seguridad operativas para su entrega.
Una vez obtenidos los recetarios auténticos de pacientes del PAMI los mismos eran completados con datos de afiliados no diabéticos o no insulinodependientes y en otras oportunidades con datos de afiliados fallecidos, y con firmas falsificadas de los médicos prescribientes. Posteriormente, eran presentados en farmacias locales, en algunas de las cuales la maniobra se integraba con la participación de técnicos farmacéuticos y empleados de dichos comercios, quienes en algunas oportunidades terminaban de completar las recetas en relación a terceros intervinientes que serían las personas que presentan las recetas y retiran los medicamentos, con datos falsos ya sea por ser inexistentes o bien se completaba esta parte del recetario con los datos de los mismos empleados de farmacias o de su personal de seguridad (…)”.
En la referida pieza fiscal, se explicó que otra modalidad utilizada “(…) fue la de completar las recetas utilizando troqueles apócrifos con lo cual la operatoria se realizaba sin adquirir el medicamente, obteniendo de este modo una mayor ganancia al facturar a PAMI la venta ficta. A las farmacias involucradas a través de las cuales se cargaban y presentaban para su cobro las recetas apócrifas, esta modalidad les permitía obtener mayores “notas de crédito” emitidas por Farmlink S.A. ante la industria farmacéutica para la compra de otros productos y medicamentos, modus operandi que magnificaba el beneficio económico directo para los dueños de las farmacias involucrados”.
Esbozado de modo general el mecanismo de las maniobras defraudatorias que configuran el objeto procesal de estas actuaciones, cabe señalar que en la requisitoria fiscal fueron indicadas las personas que habrían intervenido en ella, en virtud de los elementos probatorios colectados a lo largo de la investigación. En lo medular, se pueden distinguir cuatro grupos:
En el primer grupo, se encuentran Walter Eduardo Rago, Edgardo Rafael Alegre, Teresa Acosta y Miguel Ariel Rago. A Walter Rago se le atribuyó proveer de los elementos necesarios a Alegre y Acosta para confeccionar recetas adulteradas, y ser a su vez destinatario de los medicamentos ilegítimamente obtenidos con el fin de introducirlos luego en un mercado paralelo para obtener beneficio económico. Alegre y Acosta serían los encargados del llenado de recetas con prescripciones de insulina y tiras reactivas para afiliados de PAMI fallecidos o que no requerían tal medicación; mientras que Ariel Rago reemplazaba en ocasiones a Walter Rago retirando los remedios de la casa de Alegre y de Acosta, o presentando las recetas apócrifas en farmacias locales.
En el segundo grupo, se ubican María Florencia Montes, María de los Ángeles Luna, Juan Pablo Córdoba, Ricardo Rodolfo Cardozo y Dalma Daiana Díaz Gattoni. Todos ellos, valiéndose de la función que desempeñaban en las respectivas farmacias y de su conocimiento de la industria farmacéutica, habrían expedido medicamentos de diabéticos, insulina y tiras reactivas, y aceptaban para ello la presentación de recetas apócrifas por parte de otros miembros de la organización, y luego de producidas las ventas, las farmacéuticas Montes y Luna procedían a realizar las rendiciones a PAMI, en fraude a las arcas públicas.
En el tercer grupo, están Juan José Sánchez, Cristian Fernando Leyría y Augusto Javier Petros. Con relación a ellos, se indicó que se trataría de los eslabones más altos de la organización.
Puntualmente, a Juan José Sánchez se le atribuyó actuar en connivencia con el farmacéutico Augusto Javier Petros, accionista de la farmacia Centro Sur y con Cristian Leyría, copropietario de la Droguería Continental, de la ciudad de Córdoba, para expedir medicamentos para diabéticos beneficiarios de PAMI fallecidos, o bien, afiliados que no padecían esa enfermedad o que no eran insulino-dependientes, en base a prescripciones médicas falsas en recetarios de PAMI, o con troqueles falsificados. A Cristian Fernando Leyría se le atribuyó proveer troqueles apócrifos que habrían permitido el expendio de medicamentos para diabéticos a beneficiarios del PAMI, fallecidos o que no padecían esa enfermedad o, en caso de que no lo fueran, no eran insulino-dependientes, en base a prescripciones médicas falsas, en connivencia de terceros que presentaban las recetas falsificadas para retirar insulina y tiras reactivas que luego se comercializaban en un mercado paralelo, del que Leyría tendría conocimiento y participación por su carácter de propietario de la droguería. Asimismo, se sostuvo que Leyría se encargaba de la comercialización posterior de los medicamentos. A Augusto Javier Petros se le atribuyó haber participado en su calidad de técnico farmacéutico y accionista de la Farmacia Centro Sur, expendiendo medicamentos para diabéticos a beneficiarios de PAMI fallecidos o no insulinos-dependientes, utilizando para ello prescripciones médicas falsas realizadas en recetarios originales de PAMI y/o haber aceptado las recetas con conocimiento de su procedencia ilegítima o de su irregularidad por tener adosados troqueles falsos en connivencia con terceros intervinientes, en colaboración con los imputados Sánchez y Leyría.
En el cuarto grupo, se hallan Nelson Enrique Villalba y Hugo Daniel García. A Villalba se le atribuyó conseguir los formularios de recetas para que, luego de su adulteración, sean presentados en las farmacias locales y así lograr la obtención de insulinas y tiras reactivas para su colocación en el mercado paralelo. A su vez, tanto a García como Villalba se les reprochó usar recetas electrónicas de PAMI ante la Farmacia Santa Rita del Barrio Jorge Newbery, con datos falsos de afiliados que no eran insulino-dependientes, con firma y sello del médico que prescribió apócrifos.
A lo reseñado hasta aquí, cabe adunar que en el fallo atacado el tribunal sentenciador describió de manera liminar el mecanismo instaurado por la obra social PAMI del Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) para el expendio de medicamentos a sus afiliados.
En este punto, se explicó que “(n)o constituye extremo controvertido que para [aquel expendio] el afiliado, desde el año 2012 hasta el 2016, debía concurrir a su médico de cabecera (habilitado por el propio PAMI) quien tenía en su poder formularios físicos de recetas (recetario verde), en la que se debía consignar: fecha, nombre del beneficiario y número de afiliado, además de los medicamentos que se prescribían; para luego estampar su firma y sello.- Con dicha receta el beneficiario o una tercera persona acudía a una farmacia para la adquisición del medicamento.
En el comercio, el empleado farmacéutico que recibía la receta debía seguir los siguientes pasos: 1- Verificar que la receta se encuentre completa con los datos antes enunciados e identidad del beneficiario con la exhibición del carnet de afiliado; 2- Corroborar en el sistema interno de la farmacia la existencia de stock de la medicación requerida; y 3- Mediante el sistema informático de validación que posee la farmacia (al momento de los hechos el servicio IMED provisto por PAMI) se cercioraba, mediante la carga del número de afiliado y matrícula del médico prescribiente, que se trate de un beneficiario, que el profesional sea prestador de la obra social y si los medicamentos son autorizados. Si esa receta era validada por el sistema de referencia, la farmacia dispensaba el medicamento y procedía a la facturación del mismo. A los fines de la intermediación en la dispensa de medicamentos, PAMI suscribió un convenio con Farmalink, que es una empresa que se dedica a la administración y controles de auditorías para distintas entidades de salud, prepagas y de PAMI.
Para el supuesto de que la persona que retiraba el medicamento no fuera el propio afiliado, quien concurría debía completar en el dorso de la receta sus datos personales, en el casillero de ´tercero interviniente´”.
Seguidamente, se indicó que “(l)os testigos de autos refirieron que era habitual la compra de medicamentos a través de la obra social PAMI por terceros intervinientes, ello debido a la avanzada edad de la mayoría de los beneficiarios y su imposibilidad de traslado, como también que eran pocas las farmacias habilitadas en la provincia e inexistentes en el extenso interior”. En ese sentido, se afirmó que “es de público conocimiento que las farmacias del interior no son prestadoras de PAMI o bien no cuentan con el stock necesario, menos aún de medicamentos costosos como la insulina, por lo que dichos afiliados, por medio de comisionistas, suelen concurrir a las principales ciudades de la provincia para la adquisición de los mismos”. Tales extremos “hacían habitual la intervención de terceros con numerosas recetas (sobre todos de afiliados domiciliados en el interior provincial), razón por la cual existía cierta flexibilidad en el expendio, bastando la exhibición del carnet del afiliado”. Asimismo, se señaló que el PAMI no formuló instructivo a los proveedores exigiendo la acreditación de la identidad del tercero que retiraba el medicamento.
Se explicó que “(e)n la práctica comercial, numerosos testigos empleados de farmacia expresaron que, en ciertas ocasiones, a fin de evitar demoras en el mostrador (sea porque había muchos clientes en espera, o porque acudía gente del interior que no sabía escribir o bien concurrían a comprar medicamentos los comisionistas rurales con gran cantidad de recetas) dispensaban el medicamento al tercero interviniente, y posteriormente los empleados rellenaban el dorso de la receta con sus propios datos para su posterior rendición.- Luego de la venta, el responsable técnico de la farmacia firmaba y sellaba en el anverso de la receta, donde se pegaba el ticket de expendio”.
Se hizo especial hincapié en que el sistema informático provisto a las farmacias por la firma Farmalink verificaba si la persona a quién se prescribía un medicamento era efectivamente afiliado al PAMI y, además en caso de prescribirse insulina y cintas reactivas de glucosa- si ese afiliado se encontraba incorporado como paciente insulino-dependiente. Se hizo mención que tanto el alta del afiliado +con esa patología como su existencia física eran tareas a cargo de la obra social.
Seguidamente, se afirmó que en la presente causa se acreditaron numerosas ventas de esos productos farmacéuticos -que se proveían en forma gratuita- a afiliados fallecidos y a otros que no revestía la condición de insulino-dependientes, a través de las distintas modalidades que fueron reseñadas precedentemente.
VII. Que sentado cuanto precede, se dará tratamiento a continuación a los cuestionamientos traídos a consideración de esta Sala por las partes recurrentes. A los fines de alcanzar una mayor claridad expositiva, cabe adelantar que, por cuestiones de orden lógico, el tratamiento de aquellos será el siguiente: a) Planteos de las defensas y el Ministerio Público Fiscal relativos a nulidades; b) Planteo de la defensa de Ricardo Rodolfo Cardozo y Juan Pablo Córdoba por arbitrariedad del fallo; c) Planteos de la defensa de Nelson Enrique Villalba relativos a la determinación del grado de intervención del nombrado en el hecho atribuido –punto i- y al monto de pena impuesto –punto ii-; d) Planteo de la defensa de Edgardo Rafael Alegre relativo al instituto del arrepentido; y e) Planteo vinculado al rechazo del pedido de reparación económica.
a) Planteos relativos a nulidades De modo liminar, corresponde señalar que los planteos nulificatorios efectuados ante esta instancia, en su mayoría y como en cada caso se indicará, constituyen reediciones de puntos ya resueltos por el tribunal a quo, con diferentes resultados.
Dicho ello, para los exámenes a realizar en este acápite, es menester formular previamente unas breves consideraciones que hacen a las cuestiones a resolver. En primer lugar, cabe señalar que el principio general que rige en materia de nulidades es el de legalidad o taxatividad, el cual impone que los actos procesales serán nulos únicamente cuando no se hubieren observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo dicha pena. Así lo establece el art. 166 del Código Procesal Penal de la Nación.
Tal como ha sido tradicionalmente sostenido, existen dos categorías fundamentales: “(…) la primera, dependiente de la forma de determinación legal de los supuestos de nulidad, de su específica tipificación en hipótesis circunscriptas a concretos actos o de una tipificación genérica abarcativa de una pluralidad de ellos; la segunda, subordinada al distinto régimen de oposición y declaración o, en otras palabras, a los límites de la posibilidad de manifestar la nulidad para que ella produzca sus efectos típicos (…)” (CREUS, Carlos “Invalidez de los actos procesales penales”, Editorial Astrea, 2da edición, 1995, pág. 26/27).
Conforme este criterio, la legislación procesal nacional diferencia las nulidades expresas de las genéricas; las primeras se encuentran específicamente enunciadas en una serie de normas, en las que al regularse un acto en particular se imponen las condiciones de forma, cuyo incumplimiento se sanciona con el remedio procesal bajo análisis; mientras que las segundas se suscitan cuando se advierte una falencia que afecta la regularidad de un acto, pese a no hallarse expresamente contemplada. El ordenamiento procesal distingue asimismo las nulidades absolutas de las relativas; mientras que las primeras importan la violación de una norma constitucional o se hallan expresamente establecidas (art. 168 del CPPN) y no son subsanables dentro del proceso, las segundas operan en función del interés de alguna de las partes y son pasibles de saneamiento.
Por otra parte, cabe recordar que el postulado rector en lo que atañe al sistema de nulidades es el de la conservación de los actos, razón por la cual la interpretación de la existencia de aquellas debe ser restrictiva. Dicha exégesis ha sido impuesta por el artículo 2 del código de rito, el cual prescribe que “Toda disposición legal que (…) establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente”.
En esas condiciones, sólo procede su declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, mas no en los casos en que éstas se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial.
Al respecto, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que, en materia de nulidades, “(…) prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal”.
En esa directriz, el Superior Tribunal sostuvo que la procedencia de aquellas “(…) exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío -que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas- en lo que también está interesado el orden público” (B. 66 XXXIV, “Bianchi, Guillermo Oscar s/ defraudación”, 27/06/2002; en idéntico sentido y con anterioridad, se pronunció en “Acosta, Leonardo y otros s/ robo calificado en grado de tentativa”, A. 63 XXXIV, 04/05/2000).
De lo expuesto, se desprende que toda declaración de aquella índole exige, como condición indispensable, la demostración de un agravio concreto y la específico indicación de las defensas que ella ha impedido.
En efecto, “la demostración del perjuicio por la parte que solicita la nulidad es requisito insalvable, aun cuando se aduzcan supuestas nulidades de carácter absoluto. Quien invoca la violación de garantías constitucionales debe demostrar el concreto detrimento que podría generar a su parte el presunto vicio, toda vez que una declaración de tal gravedad no puede permitirse sea hecha en puro interés de la ley, cuando no ha causado efectos perniciosos para los interesados” (CNCP, Sala IV, Causa N° 544, “Corrao, Raquel Margarita s/ recurso de casación”, Reg. N° 1158.4, 05/03/1998).
Bajo ese prisma, cabe realizar el tratamiento de los cuestionamientos nulificatorios efectuados ante esta instancia en autos.
i. Planteo de nulidad relativas a la detención y requisa de Teresa Acosta y Edgardo Rafael Alegre Concretamente, a criterio de la defensa de los nombrados, la orden de allanamiento librada por el juez de instrucción se circunscribía a la Farmacia Changomás y la detención tenía un límite físico que era la persona de Edgardo Rafael Alegre y/o quien presentare recetas firmadas por el médico Salomón. El recurrente afirmó que Teresa Acosta fue privada de libertad sin que pesara sobre ella una orden de detención; que hubo una delegación de facultades judiciales no autorizada por el juez; y que, en definitiva, el personal policial se excedió en su accionar. Cuestionó que, a raíz de esa detención y requisa, se secuestró documentación que fue utilizada como prueba de cargo en contra de Alegre y adujo que allí radica el perjuicio, en tanto se trata, a su modo de ver, de prueba ilegal.
A partir de lo reseñado, corresponde entonces determinar si el mencionado acto atacado fue efectuado con la debida observancia a la normativa ritual que rige la materia o si, por el contrario, resulta procedente el remedio procesal pretendido por la parte recurrente. Con relación al planteo bajo estudio, se advierte que las críticas formuladas por la defensa ante esta instancia no solamente se tratan de una reedición de los cuestionamientos anteriormente analizados y debidamente respondidos por el tribunal; a lo que se aduna que resulta ajustado a derecho el razonamiento que condujo al sentenciante a descartar oportunamente el planteo incoado, el que contara con oposición del representante del Ministerio Público Fiscal.
Es que, para resolver del modo en que lo hizo, el tribunal a quo ponderó que la orden de allanamiento y detención tiene como antecedente la denuncia de la farmacéutica María Alejandra Vital, quien cumplía funciones en la farmacia Changomás. Se explicó que la nombrada “se comunicó al número telefónico de “PAMI ESCUCHA”, informando que a la farmacia en la que trabaja concurre frecuentemente una señora a retirar medicamentos de diabéticos y que el día 08/03/2013 dejó tres recetas a nombre de tres afiliados, dos de los cuales se encontraban dados de baja del padrón de la obra social PAMI, y que los retiraría al día siguiente. Indicó que las tres recetas se encontraban suscriptas por el Dr. Miguel E. Salomón (h). En la llamada, también refirió que los medicamentos prescriptos en otras seis recetas fueron retirados por una persona que firmó con el nombre de Rafael Alegre. Informó que las recetas se [encontraban] a nombre de distintos afiliados y uno de ellos falleció. Agregó que en varias oportunidades Alegre retiró medicamentos de esa farmacia”. En este punto, cabe memorar lo reseñado en el punto VI.a. de la presente, con relación a los antecedentes del expediente n°2517, los cuales en el fallo atacado el tribunal ponderó al momento de tratar el planteo aquí reeditado.
En efecto, en el marco de dicha causa, puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal aquella notitia criminis, se formuló requerimiento de instrucción, por apreciarse maniobras graves que ocasionaban un perjuicio económico importante a la obra social nacional, y requirió se autorice el allanamiento y registro de la Farmacia Changomás Sur, “a efectos de que personal de Gendarmería se constituya en forma discreta en el comercio el día 10/03/2016 en el horario comprendido entre las 8.00 a 22.00 hs, y se proceda a individualizar y detener a la persona que concurra a dicho establecimiento comercial a retirar los medicamentos indicados por el Dr. Miguel Salomón”; así como también se solicitó que se secuestre la documentación presentada por Rafael Alegre para adquirir medicamentos el 02/03/2016.
Se valoró también el contenido del oficio dirigido a la fuerza de seguridad interviniente -el que se citó-, a partir de lo cual se afirmó que “la manda judicial no identifica a la persona a detener, sino que, por el contrario, requiere que se individualice a la persona que acude a retirar los medicamentos de las recetas presentadas con anterioridad, su posterior detención y secuestro de toda la documentación que exhibiere, así como también la que llevara a tales fines Rafael Alegre”.
A esta altura, cabe destacar que en el fallo se explicó que, en cumplimiento de aquella medida, “el día 10/03/2016, miembros de Gendarmería Nacional se constituyeron en el hipermercado Changomás y solicitaron a la farmacéutica Vital las características físicas de los presuntos involucrados. Al arribar los sospechosos al lugar, el acusado Alegre ingresó a la farmacia y luego de que el cajero del comercio corroborara que se trataba de la persona sospechada, la prevención se identificó y procedió a su detención.- Así, también se privó de la libertad a la señora Acosta, acompañante del primero, que se encontraba en el salón del supermercado.
Posteriormente, se efectuó la requisa de ambos y secuestro de la documentación que portaban (conf. acta de fs. 30/32 y la declaración de la testigo Vital durante el debate)”. Sumado a ello, se ponderó que “(l)a prevención detuvo a la señora Acosta una vez que fuera señalada por el personal de la farmacia que había efectuado la denuncia. [De ese modo,] (s)e cumplimentó con la manda judicial, se individualizó a la señora Acosta como la persona que acudió a la farmacia con las recetas sospechadas de apócrifas. Si bien la misma no ingresó a ese local comercial, concurrió acompañando al encausado Alegre, quien se dirigió al mostrador a retirar los medicamentos y fue reconocido por los trabajadores de la farmacia por acudir en oportunidades anteriores”. A partir de lo expuesto, el tribunal de la instancia anterior concluyó que “no hubo una extralimitación de las facultades [por parte de la fuerza actuante], se procedió conforme la ley y ante una situación de flagrancia”; y que, en consecuencia, “(l)os vicios invocados por la impugnante no se comprobaron, así como tampoco el perjuicio ocasionado, ya que su defendido también fue detenido en el lugar intentado retirar los medicamentos con las recetas apócrifas”.
De lo precedentemente señalado se advierte que la parte recurrente no introdujo ante esta instancia argumentos nuevos ni una crítica razonada que logre conmover la decisión adoptada por el tribunal sentenciador. En esa inteligencia, se observa que el planteo aquí reiterado se sustenta en la sola discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para no hacer lugar a la nulidad pretendida; en la medida en que no se vislumbra en el caso la existencia de los vicios que alega ni la afectación a los derechos que invoca.
A partir de la conclusión a la que se arriba, la prueba obtenida a través de las medidas realizadas tampoco reviste el carácter de “ilegal” que indica la impugnante y no se vislumbra en este aspecto valladar alguno para su ponderación por parte del tribunal a quo.
Por lo demás, cabe mencionar que el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia adunó que, en las circunstancias apuntadas, los funcionarios actuantes “se encontraban autorizados a realizar la requisa incluso sin orden judicial, por imperio del art. 230 bis del [código] de rito[;] (e)llo así, en tanto [la] identificación [de Teresa Acosta] como la autora del hecho investigado constituye una circunstancia que razonable y objetivamente permite justificar la requisa a su respecto (cf. Art. 230 bis, inc. A), la que fue realizada en un lugar de acceso público (cf. Art. 230, inc. b)”.
En suma, dado que la parte recurrente no ha logrado desvirtuar las conclusiones a las que arribó el tribunal de la instancia anterior con respecto a la legitimidad de las medidas cuestionadas, corresponde desechar el planteo bajo estudio.
ii. Nulidad de la declaración de Marilin Alegre La defensa de Ricardo Rodolfo Cardozo y Juan Pablo Córdoba sostuvo que en el pronunciamiento atacado no se analizó el cuestionamiento de esa parte en cuanto a la irregularidad desarrollada para obtener datos autoincriminantes de Rafael Alegre, a través del testimonio de su hija Marilin; y, tras explayarse acerca de las condiciones en las que dicha declaración se habría prestado, afirmó que el tribunal cometió un error de derecho al confundir un pedido de exclusión probatoria con un planteo nulificatorio y, por lo tanto, no debió disponerse la nulidad de aquella deposición sino su exclusión, lo que solicitó en su impugnación.
Con relación a lo planteado, es menester memorar que el tribunal de juicio hizo lugar a la nulidad de la declaración de Marilin Alegre -punto dispositivo 2° del decisorio atacado-; y, conforme emerge de los fundamentos del fallo, “como efecto sobreviniente [dispuso] su exclusión probatoria y la de los actos procesales posteriores derivados del testimonio brindado en instrucción por la [nombrada] (…)”.
Ante el escenario descripto, se advierte que la pretensión defensista reposa sobre una confusión, toda vez que no reconoce que la declaración de nulidad constituye en nuestro sistema de enjuiciamiento penal la forma procesal para hacer efectiva la regla de exclusión probatoria que reclama.
En efecto, tal como se acabadamente se señaló al inicio del presente acápite, la nulidad tiene por finalidad privar de eficacia a un acto procesal como consecuencia de hallarse impedido de producir los efectos previstos por la ley, por adolecer en algunos de sus elementos un vicio que lo desnaturaliza. De ese modo, la declaración de nulidad produce la exclusión del acto atacado; es decir, en el presente caso, la nulificación del testimonio de Marilin Alegre provoca la exclusión del plexo probatorio derivado de él.
Frente a ello, se observa que en su impugnación la parte recurrente no logra individualizar, ni del examen de las actuaciones se advierte, cuál es el agravio concreto cuya reparación pretende a través del cuestionamiento efectuado.
A lo expuesto y en consonancia con lo sostenido por el Fiscal General ante esta Cámara, cabe adunar que, más allá del nomen iuris del instituto aplicado, en la medida en que lo reclamado no representa diferencia alguna respecto del resultado de lo decidido, no se vislumbra en el caso un agravio concreto que pueda ser reparado en esta instancia En tales condiciones, el planteo bajo análisis debe ser rechazado.
iii. Nulidad de la declaración de Mario Leonardo Santillán La defensa de Ricardo Rodolfo Cardozo y Juan Pablo Córdoba reeditó en su impugnación el planteo de nulidad de la declaración del testigo Mario Leonardo Santillán que, bajo similares fundamentos, había efectuado en la instancia anterior y fue rechazado por el tribunal a quo en el fallo atacado. En lo medular, iteró que el nombrado compareció espontáneamente el 22/06/2022 y que se le recibió testimonio sin darle a conocer las previsiones del art. 242 del CPPN, cuando ello correspondía habida cuenta el vínculo marital existente entre el nombrado y la imputada Díaz Gattoni; y reclamó la nulidad del testimonio, así como también de la ampliación de tal deposición ocurrida el 4/07/2016, en la que, según sostiene, el nombrado involucró a sus asistidos.
Con respecto al planteo incoado, cabe en primer término señalar que en la decisión atacada el tribunal memoró las previsiones y finalidad de la normativa en cita. En ese sentido, expuso que el art. 242 del código ritual dispone que “(n)o podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge (…), a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el imputado”.
Al respecto, sostuvo que el fin de tal disposición es el resguardo de la cohesión familiar y la protección integral de esa primera y fundamental comunidad. Con cita en doctrina explicó que “(…) la restricción tiene por fundamento la protección de la cohesión familiar, que podrían verse afectada si alguno de los parientes del imputado, en los grados mencionados, se viera en el imperativo de declarar en contra de éste[; por lo que,] (a)nte aquel interés, cede el del descubrimiento de la verdad”.
Bajo esa perspectiva, el a quo explicó que el testimonio de Santillán que fue incorporado a la investigación preliminar n67.295/2016 “(…) tuvo lugar en el marco de una denuncia en su contra en un juzgado de familia[;] es decir en una contienda civil, en el que cada uno revestía la calidad de actor y demandado por intereses contrapuestos de carácter familiar”. A partir de ello, se consideró que no resultaba posible hacer extensiva la referida norma de la ley procesal penal a un conflicto en trámite ante un juzgado de familia.
Seguidamente, con relación a la declaración prestada en estos actuados, el magistrado ponderó que en el mes de febrero del año 2014 Santillán había sido excluido del hogar conyugal, razón por la cual no se evidenciaba en el caso una declaración contraria a los intereses de las hijas del imputado, por lo que la admisión de dicho testimonio no atentaba, contrariamente a lo sostenido por la defensa, las relaciones familiares del deponente. En este punto, tras hacer referencia a los antecedentes del vínculo del nombrado con la imputada Díaz Gattoni, sostuvo que “(s)i bien el divorcio entre ambos tuvo lugar en 2017, como se [expuso] durante el debate, al momento de la declaración de Santillán en fecha 22/6/2016, ya no existía una unión de pareja, sino que [esta] se encontraba quebrada y pendiente de una acción civil”.
A partir de ello, se consideró que del análisis de las concretas y reales circunstancias expuestas por la imputada y Santillán, se advierte que el vínculo marital entre ambos ya no podía considerarse vigente o en proceso de culminación, razón por la cual “(…) la situación descripta no se encuentra contemplada en la prohibición del artículo aludido, pues no resulta eficiente para aquello que aspira proteger, puesto que la familia pretendidamente salvaguardada ya [había perdido] los lazos afectivos que la unía”. En esa inteligencia, afirmó que “(…) la sanción de nulidad con la que se conmina la declaración de un cónyuge contra el imputado en un proceso penal no puede ser aplicable al caso, puesto que la cohesión familiar ya había desaparecido”.
A lo expuesto, se adunó que “(s)i de la declaración cuestionada la defensa pudo extraer un sentido perjudicial para su asistida, capaz de vincular tal episodio con el previsto por la ley cuya aplicación reclama, la contrariedad [residiría] en otro lugar cuyo análisis se valorará oportunamente. [Es que] (a)un tomando ampliamente el alcance de la prohibición que reclama el defensor, la ponderación del contenido de la declaración debe desplazarse a la capacidad probatoria, o a su eficacia, y no a su validez”.
En este punto, es menester memorar lo expuesto por el Fiscal General ante esta instancia con respecto a que, aun si se admitieran los argumentos traídos por la parte recurrente, no se ha invocado, mucho menos demostrado, agravio concreto que amerite una declaración de nulidad. Ello por cuanto el tribunal sentenciador, como se verá más adelante al tratar el agravio planteado por la parte con relación a la arbitrariedad en la valoración probatoria realizada por el a quo, no se valió de ninguna prueba vinculada con la declaración de Santillán para condenar a Juan Pablo Córdoba y Ricardo Rodolfo Cardozo. Frente a ello, tomando en consideración los lineamientos expuestos al inicio del presente acápite con respecto a las nulidades y en la medida en que la deposición del nombrado tampoco constituyó prueba en contra de los imputados, la defensa no alcanza a demostrar la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes; circunstancia que evidencia que su pretensión aparece como un reclamo a adoptar en el solo cumplimiento de la ley, lo que importaría un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos 295:961; 298:312; 306:149; 310:1880; 311:1413; y 330:4549, entre muchos otros).
En conclusión, el planteo de la recurrente no resulta novedoso sino que ha sido motivo de sus alegatos en el marco del contradictorio del debate y fue objeto de adecuado tratamiento por parte de la sentencia; a lo que se aduna que en su impugnación la parte no logra rebatir los argumentos brindados por el tribunal de juicio sino que se limita a expresar sus divergencias y juicios discrepantes sobre el valor a asignar al testimonio de Santillán, el cual, como se indicó, no fue ponderado por aquel a los efectos de fundar la condena de los nombrados.
Por las razones brindadas, corresponde el rechazo del cuestionamiento bajo análisis.
iv. Nulidad de allanamiento realizado en la farmacia sita en la calle Independencia 94 de la ciudad de Santiago del Estero La asistencia técnica de Córdoba y Cardozo criticó que se haya condenado a los nombrados con base en el allanamiento realizado en la farmacia en la que trabajaban, respecto del cual solicitó su nulidad ante la afectación de garantías constitucionales. Al respecto, adujo que tal registro fue ordenado a partir de un llamado anónimo recibido por personal de la fiscalía interviniente, conforme las constancias adunadas en la causa n 2424/2016. Para el abordaje del presente cuestionamiento, es menester señalar que, a la luz de las constancias obrantes en autos, el juez de instrucción dispuso la medida cuestionada tomando en consideración lo expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente en el dictamen en que solicitó la realización de aquella. Al respecto, cabe memorar que el Fiscal General recordó que en dicha pieza su colega de la instancia anterior explicó que la denuncia anónima puso en conocimiento hechos acontecidos durante un allanamiento que había sido realizado en el mismo establecimiento quince días antes, el 14 de marzo de 2016.
En ese sentido, la denuncia detallaba que tres personas -llamadas Daniel, Teresa y “Pacha”- llevaban recetas del PAMI en blanco o impresas y se las entregaban a la jefa técnica de la farmacia, de apellido Montes. Además, se indicó que la nombrada tendría en su poder un sello que se lo habría dado una auditoria de apellido Fernández, y un cuaderno con números de afiliado. Por otro lado, el denunciante anónimo habría afirmado que el día en que se llevó a cabo el allanamiento antes aludido, tales elementos habrían sido escondidos por orden de la jefa técnica Montes.
En adición a lo expuesto, se hizo saber que en una habitación ubicada arriba del local en cuestión, presuntamente situado al lado de un baño, se hallaría la documentación antes referida y que las recetas se confeccionaban en horarios nocturnos. Además, se afirmó que los empleados de la farmacia, Córdoba y Cardozo, serian cómplices de las maniobras antes referidas.
Frente a lo expuesto, no habrá de prosperar lo argumentado por la recurrente acerca de que el allanamiento ordenado el 30 de marzo de 2016 se remitió únicamente a una denuncia anónima recibida en la Fiscalía. Ello toda vez que, de conformidad con las constancias adunadas en el expediente y tal como expone por el acusador público ante esta instancia, el registro atacado fue dispuesto por la autoridad competente y precedido de otros elementos - concretamente, el resultado del allanamiento efectuado en el mismo establecimiento poco tiempo antes- que, de manera conteste con la denuncia anónima antes mencionada, sustentaron razonablemente su realización.
Así, en el entendimiento de que el acto cuya nulidad se procura fue válidamente ordenado y cumplido, no corresponde hacer lugar al agravio objeto de examen.
v. Planteo vinculado a la nulidad de la declaración de Walter Eduardo Rago y las absoluciones dictadas respecto de Sánchez, Leyría y Petros Concretamente, los fiscales recurrentes se agraviaron al entender que el testimonio del colaborador Walter Eduardo Rago fue arbitrariamente anulado por el tribunal a quo y que tal decisión derivó en una errónea absolución de Juan José Sánchez, Cristian Fernando Leyría y Augusto Javier Petros.
De manera liminar, cabe señalar que, conforme surge del requerimiento de elevación a juicio formulado en estas actuaciones, en el marco de la investigación preliminar identificada como Fiscalnet n 67.295/2016, se recibió la declaración de Walter Rago, en carácter de “imputado arrepentido”, en los términos del art. 29 ter de la ley 23.737.
En lo medular, en tal declaración, el nombrado manifestó que en el negocio de la insulina y tiras reactivas de PAMI había “distintas variantes”; una de ellas es la que corresponde a Nelson Enrique Villalba, alias “Pacha”, quien fue empleado de una farmacia, por lo que conocía el negocio, y desde hacía aproximadamente diez años había comenzado “a sacar tiras e insulina con recetarios del PAMI”, que luego vendía a terceros. Su modalidad era presentar la orden de medicamento en el recetario de PAMI a la farmacia y recibir a cambio el medicamento sin el troquel, que luego era vendido a un precio de $150 la insulina y $100 la tira reactiva aproximadamente. En este contexto, se refirió también al rol de Daniel García como quien presentaba las distintas recetas en las farmacias. Por otra parte, explicó que el negocio de las farmacias tenía otra modalidad, pues los responsables retiraban los medicamentos con troquel, por lo cual o bien llevaban los troqueles ya colocados en las recetas, o bien los empleados de las farmacias los obtenían de otra fuente. Explicó que alrededor de la operatoria en la farmacia Centro Sur se ubicaba a Juan José Sánchez, amigo y socio de Petros, dueño de la farmacia Centro Sur, y a Fernando Leyría, de Córdoba. Describió que los tres habían viajado juntos de vacaciones a Playa del Carmen, y que Leyría manejaba el negocio de los medicamentos en Córdoba, en las farmacias General Paz y Líder. Expresó que la farmacia Centro Sur de Petros obtenía a partir de la conexión con Sánchez y Leyría los troqueles para insertar en los talonarios.
Sentado lo expuesto, para el tratamiento del cuestionamiento formulado, es menester recordar que los argumentos brindados en el fallo atacado que sustentaron la declaración de nulidad antes mencionada.
En esa directriz, cabe señalar que en su decisión el a quo comenzó por recordar que algunas defensas habían articulado el planteo nulificatorio en cuestión sobre la base de considerar que “el arrepentido brindó su declaración (…) ante el representante del Ministerio Público Fiscal en ausencia de su abogado y se autoincriminó, en clara violación a las garantías de defensa, ya que es el acusador el principal obligado a velar por [ellas]”; así como también que “Walter Rago declaró luego de que llevara dos meses detenido y se había dictado el auto de procesamiento, por lo que le generaba temor de no retomar su libertad”; y que “(…) la declaración de este imputado tiene su origen en la declaración de la testigo de identidad reservada, la cual también se encuentra viciada de nulidad, por lo que (…) hay una concatenación de actos nulos”. Asimismo, indicó que “el acusado Rago dijo [en el debate] que brindó su declaración bajo presión”.
Seguidamente, el tribunal expuso que en ocasión de suscitarse la discusión final (art. 393 del CPPN) el Ministerio Público Fiscal “formuló su réplica invocando la ausencia de una íntima conexión entre la testigo de identidad reservada y la declaración del imputado colaborador, por existir otras pruebas de cargo que tienen un cause independiente”, a la par que argumentó que “(…) la declaración tuvo lugar sin [el] defensor [del imputado puesto que ésta] (…) se dio en el marco del art. 29 ter de la ley 23.737, legislación que no preveía forma alguna”. Además, citó jurisprudencia de esta Cámara en apoyo de su postura y, en cuanto a que no pudo preverse el contenido de las declaraciones del arrepentido afirmó que éste estuvo en todo momento a disposición de las partes para su compulsa. A la descripción acerca del escenario en que se propició el referido planteo, cabe adunar que en el fallo se indicó que “(e)l acto procesal tachado de nulo fue introducido durante el debate por la parte acusadora, al momento de incorporación de la prueba documental e informativa, a lo que las partes no se opusieron, [mas] solicitaron que previamente se develara la identidad del imputado, ya que, si bien pudieron compulsar las constancias de sus dichos, sus datos filiatorios se mantuvieron en reserva”; petición ésta a la que el tribunal no hizo lugar.
Sin embargo, posteriormente, Walter Eduardo Rago voluntariamente informó que él era el imputado colaborador y manifestó que había declarado sin la presencia de su abogado defensor y bajo presión.
En su oportunidad, el tribunal afirmó que de la compulsa del acta de la declaración “se advierte que el encausado Walter Rago brindó declaración el 01/07/2016, en presencia sólo del Sr. Fiscal ante el juez Federal (…) y la Secretaria, (…) conforme las firmas que obran al pie del documento”. Además, indicó que “el encartado solicitó acogerse a los términos del art. 29 ter de la ley 23.737, tal cual consta en el acta”, no obstante, “no surge de la misma que se hubiera informado al imputado que previamente podía mantener una entrevista con su abogado defensor, ni que el mismo se encontrara presente al momento de su deposición, lo que se corresponde con los dichos de Walter Rago en audiencia”.
Con relación al art. 29 ter de la ley 23.737, el a quo observó que “si bien esta norma no establece la forma en que se implementa el instituto ni los requisitos formales que rodean al acto, tratándose de una declaración de[l] imputado, que puede tener efectos autoincriminatorios o modificar una estrategia defensista, la misma debe tener lugar en presencia de su abogado defensor, a fin de garantizar el debido derecho de defensa en juicio”. En esa inteligencia, adunó que la ausencia de una previsión legal expresa “no implica que se puedan desatender las garantías de jerarquía constitucional, menos aún si se trata de resguardar los derechos del acusado derivados del art. 18 de la C.N.”.
Asimismo, entendió que “la declaración del imputado no fue una manifestación súbita, imprevista e inesperada ante el fiscal, en flagrancia o cuasi flagrancia, por ello correspondía que estuviera rodeada de aquellas formalidades prescriptas por la ley para hacer efectivo el derecho de defensa”. De ese modo, concluyó que “el fiscal debió citar a su abogado defensor (en este caso particular) con quien mantener una entrevista previa” y, a consecuencia de lo expuesto, entendió que “el acto estuvo viciado y [debe] ser tachado de nulo de nulidad absoluta”. Descriptos los antecedentes de relevancia respecto de la cuestión sometida a inspección casatoria, corresponde en primer término señalar que al celebrarse el acto impugnado (01/07/2016) se encontraba vigente el art. 29 ter de la ley 23.737, incorporado a través de la ley 24.424 (B.O.; 09/01/1995), el que posteriormente fue derogado por la ley 27.304 (B.O.: 02/11/2016) que sustituyó el art. 41 ter del Código Penal.
Precisado lo expuesto y con relación al hecho de que no consta en el acto atacado la intervención del abogado defensor del arrepentido, se advierte que asiste razón a los impugnantes en punto a que la interpretación del art. 29 ter de la ley 23.737 efectuada por el tribunal sentenciador resulta arbitraria. Ello por cuanto la figura del imputado colaborador, tal como estaba consagrada en la norma en cita, no exigía como requisito para su procedencia la presencia del abogado defensor del imputado.
En esa línea, corresponde memorar la jurisprudencia de esta Cámara en punto a que “no existían formalidades ni un trámite especial para la aplicación de la figura contenida en el artículo 29 ter de la ley 23.737 al momento de receptar las manifestaciones volcadas por el ´arrepentido´. Dicha norma se encuentra actualmente derogada por la promulgación de la ley 27.304 que, entre otras cosas, reguló la figura del partícipe informante colaborador y el proceso de obtención de datos que permitan revelar la identidad de aquellas personas vinculadas a los delitos referidos específicamente en la norma, o ayuden a esclarecer el hecho sujeto a investigación u otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un avance significativo de la investigación” (cfr. CFCP, Sala IV, causa FCB 12000091/2013/TO1/CFC5, reg. n 1848/18.4, rta.
28/11/2018).
En este aspecto, asiste razón a los representantes del Ministerio Público Fiscal, en cuanto a que la resolución exhibe una evidente orfandad de sustento. Ello por cuanto se observa que la solución a la que arriba se basa en afirmaciones dogmáticas vinculadas al derecho de defensa, relativas a un instituto -cuya inconstitucionalidad no fue planteada- y respecto de un recaudo que la ley aplicable al momento del acto atacado no exigía, por voluntad del legislador, como requisito para su procedencia.
Por otro lado, la sola alegación del imputado formulada durante el debate con relación a que tal declaración habría sido brindada “bajo presión” tampoco aparece como fundamento válido de la decisión atacada en la medida en que el propio tribunal afirma en el fallo que aquella “(…) no fue una manifestación súbita, imprevista e inesperada ante el fiscal, en flagrancia o cuasi flagrancia”; a lo que cabe adunar que su deposición fue realizada cuando el imputado ya se encontraba sometido a proceso y contaba con asistencia letrada, así como también que no fue invocado, mucho menos demostrado, que la manifestación que ahora realiza encuentre respaldo por algún otro elemento incorporado a estas actuaciones. A lo expuesto hasta aquí y con relación a que la declaración del imputado tendría su génesis en la deposición de la testigo de identidad reserva que fue posteriormente declarada nula, se advierte que el tribunal a quo, más allá de las genéricas afirmaciones dogmáticas que sobre fuentes alternativas efectúa, omite analizar en concreto la existencia o no en el caso de aquella que ha sido invocada por los acusadores públicos.
En efecto, los recurrentes alegan fundadamente que la declaración de Walter Eduardo Rago como imputado colaborador, en los términos del art. 29 ter de la ley 23.737, no reconoce como antecedente directo la declaración de la testigo Marilin Alegre sino la investigación independiente iniciada contra el primo del nombrado, Miguel Ariel Rago; extremo que no fue objeto de un adecuado y exhaustivo examen en el fallo atacado.
En esa directriz, debe recordarse que, conforme la jurisprudencia del Alto Tribunal, resulta causal de arbitrariedad la falta de tratamiento por parte del órgano jurisdiccional de aquellos planteos introducidos que resulten conducentes para la correcta solución del caso (cfr. Fallos 317:1583; 327:2273 y sus citas, entre otros). Establecido lo expuesto, es menester señalar que al tratar la situación tanto de los imputados Juan José Sánchez y Cristian Fernando Leyría como de Augusto Javier Petros, el tribunal a quo, recordó la acusación fiscal en su contra y los elementos de prueba que fueron invocados en sustento de ella, tras lo cual hizo referencia al obstáculo que advirtió para la valoración de la declaración de Walter Eduardo Rago como imputado colaborador cuya nulidad había declarado y las pruebas que a partir de tal deposición fueron recolectadas. Tal circunstancia redundó en el escenario de orfandad probatoria a raíz del cual dispuso la absolución, por beneficio de la duda, de los nombrados. A modo de ejemplo, adviértase lo sostenido en el caso de Sánchez y Leyría, en punto a que “(…) la declaración del imputado colaborador constituye el núcleo de las posteriores decisiones del fiscal que llevó a cabo la instrucción y, por tanto, al reputarse nula, así lo son los actos que de ella se han derivado (…)”.
En esa línea, el a quo afirmó que “(s)entada la invalidez de la prueba de origen no es posible aprovechar las siguientes obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales y, por ende, la prueba material derivada, esto es los elementos secuestrados durante los allanamientos en los domicilios de los acusados, pierden su valor automáticamente y apreciarlas comporta un exceso en la interpretación que se le asigna a las normas constitucionales que regulan la incorporación de la prueba al proceso”. Tras ello, concluyó que “(…) todo el plexo probatorio que sostiene la acusación se retrotrae a un único punto de partida, la declaración del coimputado Rago como colaborador, la que fue tachada de nula por manifiesta violación de normas constitucionales que garantizan el derecho de defensa en juicio, sin que -luego de su exclusión- permita observar un cauce independiente de la investigación (…)".
A partir de lo señalado precedentemente se advierte que asiste razón a los representantes del Ministerio Público Fiscal con respecto a que la nulidad de la declaración de Walter Rago como arrepentido -la que, como se indicó anteriormente, aparece como consecuencia de un examen arbitrario por parte del tribunal a quo- resultó determinante en el análisis que condujo al magistrado a absolver a los imputados Sánchez, Leyría y Petros. Las argumentaciones brindadas por las asistencias técnicas de los nombrados en sus presentaciones ante esta instancia no alcanzan para desvirtuar el razonamiento expuesto ni la conclusión a la que se arriba precedentemente, advirtiéndose por tanto que, en el escenario descripto, aquellas aparecen como meros juicios discrepantes con la postura evidenciada por el Ministerio Público Fiscal que aquí, como se indicó, se comparte.
Frente a ello, entiendo que la impugnación deducida por los acusadores públicos debe tener favorable acogida, en virtud de lo cual corresponde revocar el decisorio atacado en lo concerniente a la nulidad de la declaración de Walter Eduardo Rago y, consecuentemente, a la absolución de los mencionados imputados, y devolver las actuaciones al tribunal a quo para que, por vía de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y bajo los lineamientos precedentemente señalados. b) Planteo de la defensa de Ricardo Rodolfo Cardozo y Juan Pablo Córdoba por arbitrariedad del fallo La parte recurrente tildó de arbitraria la valoración probatoria efectuada por el tribunal a quo, en el entendimiento de que las condenas impuestas a los nombrados se basaron únicamente en el reconocimiento que éstos realizaron acerca de los hechos materia de juzgamiento y que ningún elemento de prueba ponderado acredita la materialidad de los sucesos que les fueran atribuidos, como así tampoco su intervención en ellos.
Para el abordaje del agravio planteado, cabe primeramente recordar que la legislación procesal impone a los magistrados del poder judicial la obligación ineludible de motivar sus decisiones. Ello ha sido receptado en el art. 123 del CPPN, el cual establece que las sentencias deberán ser motivadas bajo pena de nulidad; a lo que se aduna lo estipulado en el art. 404, inc. 2, de aquel cuerpo legal, en cuanto a que la sentencia será nula si faltare o fuere contradictoria la fundamentación. Al respecto, se destaca que motivar o fundamentar los decisorios judiciales implica establecer por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellos contienen.
En segundo lugar, deviene útil memorar que la hermenéutica de aquel código de rito se rige por la libertad de apreciación de la prueba según la sana crítica (arts. 206 y 398, segundo párrafo), lo cual implica que no existe regla alguna que imponga un modo específico de comprobar los hechos que constituyen el núcleo de la acusación, así como tampoco un número mínimo de elementos probatorios que deba recolectarse ni un valor en abstracto de cada uno de ellos.
Los magistrados integrantes del tribunal cuentan con la libertad de admitir la prueba que tengan por útil y conducente a los fines del proceso, atribuyéndole, dentro de los límites fijados por la razonabilidad, el valor que asumen para la determinación de los sucesos materia de investigación. De esa manera, los sentenciantes se encuentran obligados a descartar la hipótesis acusadora si no poseen certeza acerca de los hechos materia de imputación, en la medida que derive racional y objetivamente de la valoración de las constancias del proceso (Fallos: 307:1456; 312:2507; 321:2990 y 3423). En tercer término, cabe señalar que una correcta exégesis del recurso casatorio permite que este Tribunal examine el modo en que los jueces de la instancia anterior han valorado los elementos de prueba, advirtiendo como único límite aquellas cuestiones relacionadas directa y únicamente con la inmediación propia del juicio oral, materia que se halla vedada por su naturaleza irrepetible o irreproducible en esta instancia.
Con arreglo a tales criterios, se procederá al estudio del planteo formulado.
En ese camino, es menester recordar que el tribunal sentenciador expuso que “(e)l Ministerio Público Fiscal imputó a Juan Pablo Córdoba y Ricardo Rodolfo Cardozo, ambos empleados de la farmacia Catedral I, los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con aceptación de recetas médicas de procedencia ilegítima (…)”; y que ”(…) los encausados se valían de su función y del conocimiento de la industria farmacéutica para expedir medicamentos para diabéticos (insulinas y tiras reactivas) aceptando la presentación de recetas correspondientes a la obra social PAMI apócrifas (…)”.
Seguidamente, hizo referencia a la declaración de los imputados. En este punto, señaló que “(e)n el debate, en el marco de la ampliación indagatoria, los imputados manifestaron su intención de declarar y de las manifestaciones de ambos surgió que la modalidad de la maniobra se inicia a instancias de una propuesta (…) [de] Villalba (…) que consistía en entregar a los encausados recetas de la obra social PAMI, con indicaciones de medicamentos para diabéticos (insulina y tiras reactivas) para ser facturadas en la farmacia. A cambio de ello, les ofrecía a (…) Córdoba y Cardozo un ´sándwich y la gaseosa´ (…).
Con posterioridad, aproximadamente a principios del año 2015, se concretó una segunda propuesta[;] en esta oportunidad, provenía de un ex compañero, (…) Bravo Martuffi. La misma tenía, en un primer momento similitud con la antes descripta. Luego la modalidad cambió, ya que (…) Bravo Martuffi les entregaba las recetas de PAMI con troqueles ya pegados y les solicitaba la caja completa de los medicamentos prescritos en las mismas (es decir sin separar el troquel de la caja). Estos troqueles ya incorporados, eran leídos por el lector digital y validados por el sistema de aprobación de la farmacia. En esta [ocasión], se les ofreció dinero por cada receta facturada. La mecánica defraudatoria era llevada a cabo en el turno nocturno de la farmacia, horario en el que no se encontraba la farmacéutica”.
Tras ello y contrariamente a lo alegado por la parte impugnante, el tribunal a quo explicó que “(…) el reconocimiento de las circunstancias fácticas del caso por los imputados no exime al juzgador del deber de valorar las pruebas producidas, para poder determinar la existencia y autoría del hecho incriminado”.
En esa directriz, en el fallo atacado se afirmó en primer término que “las conductas analizadas no se encuentran alcanzadas por las nulidades planteadas, por lo que el material probatorio de cargo no se encuentra contaminado por sus efectos”.
Seguidamente, tuvo por corroborados los sucesos reprochados a los imputados “(…) a partir de las tareas de investigación en virtud de [la] denuncia anónima recibida en fecha 22 de marzo de 2016 (Expte. n 2424/16, fs. 212) donde la denunciante nombra a (…) Córdoba y Cardozo como los empleados ´cómplices´ encargados del turno noche y señaló que en la habitación que se halla arriba de la farmacia, se encontraba la documentación que facturaban durante la noche”.
Ponderó también que “(c)omo consecuencia de esa denuncia, con fecha 29 de marzo de 2016 se llevó a cabo un allanamiento en la farmacia Catedral I (acta de allanamiento de fs. 88/89 y acta de secuestro de fs. 90) que arrojó como resultado el secuestro de tres credenciales de afiliados PAMI, dos de ellas acompañadas con sus DNI y tres copias de recetarios de PAMI. Del mencionado procedimiento también pudo constatarse la división física de la farmacia, en cuanto a la descripción de la planta alta mencionada en la que se llevaba a cabo las maniobras descriptas”.
En este punto, se corroboró que lo señalado “(…)
condice con los tickets de las recetas n 1519177668603; 1519178353140; 1519177266496; 1519177715598;
1419172857784; 1319171350241; [y] 131916974478[,] todos los cuales [fueron] secuestrados en autos -entre otros elementos- donde se pudo cotejar que las ventas se llevaban a cabo en horas de la noche y que la medicación prescripta era insulina y tiras reactivas”.
El tribunal de juicio valoró asimismo que la circunstancia de que tales ventas se realizaban de noche, aprovechando la ausencia de la farmacéutica, se verificó a través de las declaraciones de los testigos Adolfo Tito Ruíz -empleado de la farmacia Catedral IV- y María Inés Farías -empleada de la farmacia Catedral III-, quienes fueron coincidentes en sostener que en el turno noche no se encontraba la encargada farmacéutica. Además, se ponderó que la farmacéutica Montes manifestó durante el debate que cumplía horario diurno, de 7 a 15:30 horas.
La valoración conjunta de los elementos antes indicados condujo al citado colegio a sostener que aquellos se coincidían con los dichos de los imputados en la audiencia de debate oral a los que antes se hiciera referencia.
Frente al cuadro probatorio reseñado, entiendo que el cuestionamiento de la defensa de los imputados no debe tener acogida favorable, en la medida en que, contrariamente a lo sostenido por dicha parte, las manifestaciones de aquellos no resultaron ser el basamento de las condenas a ellos impuestas. En efecto, fueron los elementos de prueba antes indicados los que fueron tomados en consideración y, tras ser ponderados en conjunto, condujeron al a quo a concluir razonablemente que se hallaba acreditada no sólo la materialidad de los sucesos sino también la responsabilidad en ellos de los imputados. En ese sentido, adviértase que en el pronunciamiento atacado, a partir de los elementos probatorios incorporados y contrariamente a lo sostenido por la impugnante, se verificó que al facturar las recetas el sistema las validaba y que los imputados tenían conocimiento de quien les encomendaba el trámite no era el beneficiario de la obra social, así como también que las entregas de los productos farmacológicos no iban a ser recibidas por los beneficiarios sino que eran entregadas a Villalba y/o Bravo Martuffi.
Sobre esa base, toda vez que las alegaciones de la asistencia técnica de Cardozo y Córdoba no logran conmover el plexo cargoso reunido en autos, entiendo que el agravio relativo al supuesto de arbitrariedad que fue traído a estudio de este Tribunal debe ser rechazado. Del mismo modo entiendo que deben descartarse los cuestionamientos que fueron formulados ante esta instancia -durante el término de oficina- por la defensa de los nombrados, con relación al grado de participación asignado a los nombrados en el fallo atacado. Ello por cuanto, contrariamente a lo argumentado por la defensa y como se explicó precedentemente, el a quo ponderó las pruebas incorporadas, a través de un análisis integral de ellas, y estableció que el cuadro fáctico reveló sin hesitación la intervención y responsabilidad de los imputados en la mecánica de la maniobra objeto de juzgamiento.
Al respecto, tampoco habrá de prosperar la crítica dirigida por la defensa por la presunta violación a los principios de congruencia y acusatorio, ni al derecho de defensa. En ese sentido, se observa que la sentencia se ha expedido sobre el hecho, la intervención de los acusados y las circunstancias contenidas en la acusación que les han sido intimadas y, por consiguiente, sobre aquellos elementos del reproche acerca de los cuales los imputados han tenido oportunidad de ser oídos.
El sustrato fáctico sobre el que ha versado la acusación ha sido sobre el cual la impugnante ha desplegado su actividad defensiva. En esa inteligencia, se observa que la defensa no se ha visto impedida en autos de discutir adecuadamente las referidas imputaciones y, en particular, el grado de intervención reprochado a los imputados, en el marco del debido proceso. Dicha parte no alcanza a evidenciar fundadamente en su presentación ante esta instancia la lesión a los principios invocados ni a los derechos fundamentales de los imputados, por lo que este tramo de su impugnación será también rechazado.
c) Planteos de la defensa de Nelson Enrique Villalba i. Planteo relativo a la determinación del grado de intervención del nombrado en el hecho atribuido En su impugnación, la defensa calificó de arbitrario el fallo atacado, en el entendimiento de que en él no se explican los motivos por los que se condenó a Villalba como autor de un hecho cometido “de propia mano” por Hugo Daniel García y que, en tal caso, la conducta por aquel realizada consistiría en algún tipo de participación. A los efectos de examinar el agravio deducido, es menester memorar que el tribunal sentenciador consideró acreditado que Villalba intervenía en las maniobras defraudarías contra el PAMI con un rol principal, toda vez que se ocupaba de conseguir recetas médicas suscriptas en nombre de una profesional prestadora del PAMI y selladas con una estampa similar a las que aquella solía utilizar, con el objeto de inducir a error a quien las recibiera. Posteriormente, el nombrado se cercioraba de que tales recetas fueran presentadas en farmacias con el carnet del afiliado, con el objeto de obtener medicamentos con cobertura total en nombre de afiliados sin dar a los medicamentos obtenidos el destino declarado.
Frente al contexto descripto, se advierte que en el presente caso el rol del coimputado García fue considerado como de menor peso, en la medida en que se trataba de la persona de confianza de Villalba, quien debía adquirir los medicamentos en la farmacia y entregárselos a él.
En esa inteligencia y pese a los intentos de la parte recurrente de presentar a Villalba como un mero partícipe en las maniobras de García, lo cierto es que el grado de intervención que tuvo por acreditado el tribunal aparece como correcta y fundadamente subsumido en la figura de la coautoría.
Al respecto, cabe destacar que, contrariamente a lo argumentado por la asistencia técnica de Villalba, no obsta a aquella conclusión la circunstancia de que el nombrado no fuera por sí mismo a retirar los medicamentos, toda vez que en la causa se acreditó la existencia de un plan común y de una ejecución del hecho común, ambos elementos esenciales de la coautoría.
En el presente caso, la maniobra defraudatoria tal como fue corroborada requería de la obtención de recetas apócrifas -en lo que intervenía Villalba-, su presentación en la farmacia y el retiro de los medicamentos -en lo que intervenía García-, y finalmente en la colocación de los medicamentos en el mercado, que es el estadio en el que se obtenían los beneficios económicos de la maniobra -en el que nuevamente intervenía Villalba-. A partir de ello y tal como lo concluyó el tribunal, se evidencia una ejecución en común de la maniobra defraudatoria entre García y Villalba, y la calificación del grado de intervención como coautoría se presenta, a la luz de los elementos probatorios recolectados en autos, como suficientemente justificada.
Por tal razón, los denodados esfuerzos de la defensa por mejorar la situación procesal de su asistido no han de tener favorable aceptación en esta instancia, en tanto no se verifica la arbitrariedad que fue alegada.
ii. Planteo vinculado al monto de pena impuesto al nombrado Establecido lo expuesto en el acápite que antecede, corresponde a continuación abordar los agravios introducidos con respecto al monto y la fundamentación de la sanción establecida al mencionado imputado en el fallo objeto de revisión.
Para ello, resulta menester recordar que la determinación y motivación del quantum punitivo de una sanción debe ser entonces el resultado de la aplicación de una interpretación armónica de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Al respecto, se destaca que esta última norma prevé dos incisos: el primero, vinculado a las circunstancias del hecho (aspecto objetivo); y el segundo, relacionado a la persona de autos (aspecto subjetivo). Así, al momento de graduar la sanción, el juzgador debe ineludiblemente tomar en consideración dichas pautas. Bajo tales lineamientos, se realizará el examen pertinente, para el cual deviene necesario recordar que en el fallo impugnado, en lo que aquí interesa, se condenó a Nelson Enrique Villalba “(…) por resultar autor en grado de tentativa (arts. 45, 42 y 44 del C.P.) del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del C.P.) a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución en suspenso, accesorias legales y costas (arts. 29 inciso 3°, 40 y 41 del C.P. y 531 del Código Procesal Penal de la Nación) por el que fuera acusado en la causa Expte. N°34663/2018 acumulado a los presentes (…)”; y se lo absolvió “(…) por ausencia de acusación del Ministerio Público Fiscal (…) respecto del delito de defraudación en perjuicio a la administración pública (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del C.P.) por el que fuera acusado en la causa Expte. N°2424/2016” (Cfr. punto dispositivo 7°).
A los efectos de fundar el monto impuesto, el tribunal comenzó por explicar de modo liminar que para establecer el quantum de las sanciones a aplicar a los imputados en torno a los delitos que se les reprochan debía atenderse a “(…) a las pautas mensurativas, tanto objetivas como subjetivas, conforme las prescripciones de los artículos 40 y 41 del digesto punitivo, (…) a las circunstancias atenuantes y agravantes particulares, a la naturaleza de la acción y medios empleados, edad, educación y costumbres de los imputados, sus conductas precedentes y demás parámetros que menciona [el último de los artículos citados] (…)”.
Bajo ese prisma, expuso que, en el presente caso, teniendo en cuenta la actuación desplegada por cada uno de los encartados, se ha arribado a la conclusión de que no existió inimputabilidad ni causal alguna de justificación. Puntualmente, refirió que los acusados no actuaron bajo un estado de justificación ni de necesidad disculpante, ni existió coacción alguna en su contra. Seguidamente, refirió que la determinación de la pena en el caso concreto “abarca la difícil tarea judicial de mensurar la cuantía de la sanción, dentro de los límites legales, o sea, que la pena debe guardar proporción en primer lugar con el grado de culpabilidad por el hecho cometido y, al mismo tiempo, dicha pena debe ser ajustada a la gravedad del ilícito penal”. Afirmó que lo analizado supone la imposición de un límite al poder punitivo, el cual deriva del principio de culpabilidad por el hecho; y que, para ello, se debe partir de la premisa que la pena es la consecuencia del delito y necesariamente el delito debe reflejarse en su determinación.
En esa inteligencia, sostuvo que “(…) la determinación judicial de la pena se estructura y desarrolla en dos etapas secuenciales. En la primera de ellas se deben definir los límites de la pena aplicable, lo cual se cumple con la identificación del espacio punitivo que comprende un mínimo y un máximo. En la segunda etapa, el órgano jurisdiccional, tras la acreditación de la[s] circunstancias atenuantes y agravantes presentes en autos y reguladas legalmente, individualiza la pena concreta aplicable al autor o partícipe culpable del delito, siempre sin exceder los límites prefijados por aquel marco legal”.
En cuanto a aquella segunda fase, con cita en jurisprudencia del Máximo Tribunal, señaló que los artículos 40 y 41 del Código Penal no contienen bases taxativas de fijación sino que dejan librada ésta, dentro del marco normativo, a la apreciación discrecional del magistrado en el caso concreto.
Bajo tales pautas, expuso que la pena a imponer iba a ser establecida según la medida del injusto y la culpabilidad individual, orientándose principalmente a objetivos de prevención especial positiva, dispuesta por el mandato constitucional y convencional; y realizó diversas consideraciones, con cita en doctrina, acerca del principio de culpabilidad. Además, sostuvo que la gravedad del injusto del hecho realizado abarca tanto el disvalor de acción –forma de ejecución del delito, etc.- cuanto el disvalor del resultado –magnitud del daño, valor del bien jurídico afectado, etc.-, como así también la gravedad de la culpabilidad por el hecho –móviles o motivos-. Tras hacer referencia a la escala penal prevista conforme la calificación legal en la que fue subsumida la conducta de Villalba (arts. 42, 44, 45 y 174, inc. 5°, en función del art. 172, del CP), el tribunal hizo hincapié en la naturaleza de los hechos materia de juzgamiento y los medios empleados para su comisión. Concretamente, ponderó que se trataba de “una maniobra criminal cuya ejecución involucró a diversos sujetos con distintos grados de participación, los cuales llevaron a cabo la maniobra con el objeto de defraudar a la obra social PAMI y obtener, dispensando a través de distintas farmacias, medicamentos para diabéticos (insulinas y tiras reactivas), los cuales contaban con una cobertura total por parte de la obra social”.
Luego de ello, hizo referencia a las condiciones personales de cada uno de los imputados, para lo cual tuvo en cuenta los informes socio ambientales incorporados, así como también las declaraciones de aquellos, a partir de lo cual, respecto de Nelson Enrique Villalba, ponderó su lugar de residencia y la composición de su núcleo familiar; circunstancias a la par de las cuales valoró, como factores atenuantes, la situación económica y laboral del imputado, respecto de quien mencionó que no se encontraba en una holgada situación económica y que poseía un empleo informal. Además, meritó la falta de antecedentes condenatorios del nombrado y su “disposición al proceso concurriendo a las sucesivas audiencias bajo la simple citación”.
Sobre esa base, tras individualizar los límites fijados por el marco penal, tomar en consideración la específica intervención del imputado que tuvo por probada en los hechos materia de juzgamiento y explicitar las circunstancias agravantes y atenuantes advertidas, estableció para Nelson Enrique Villalba la pena de tres (3) años de prisión de ejecución en suspenso.
La defensa cuestionó la pena impuesta al nombrado, por concebirla exorbitante, carente de fundamentación y, por tanto, arbitraria. En lo medular, cuestionó que al coautor Hugo Daniel García se le impuso un monto de pena menor a la de su asistido, a su criterio, sobre la base de idénticas valoraciones acerca de sus situaciones particulares, a lo cual agregó que el disvalor de acción en el caso de su defendido resultó más reducido que el de su consorte de causa. Además, formuló críticas respecto de la magnitud del peligro corrido del bien jurídico protegido, el que consideró insignificante. Por ello, solicitó que se haga lugar a la impugnación deducida y se reduzca la pena impuesta al nombrado.
Para este examen, resulta menester tener presente la escala penal que emerge de las calificaciones legales en las que fue subsumido el accionar desplegado por Nelson Enrique Villalba. En ese sentido, recuérdese que el tribunal de la instancia anterior calificó la conducta del nombrado como constitutiva del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 en función del art. 172 del CP), en grado de tentativa (arts. 42 y 44 del CP) y se le reprochó en calidad de autor (art. 45 del CP).
Sumado a ello, corresponde señalar que el representante del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la discusión final (art. 393 del CPPN), al expresar la pretensión punitiva de la acusación formulada respecto del encausado y tras hacer mención a las pautas contenidas en la normativa que rige la materia, solicitó que se le aplique la pena de tres (3) años de prisión en suspenso. Establecido ello y a la luz de los lineamientos indicados al inicio de este acápite, entiendo que las circunstancias tomadas en consideración por el tribunal sentenciador dan fundamento suficiente al monto de pena impuesta al nombrado sin que la defensa logre demostrar la desproporcionalidad y arbitrariedad que alega. En efecto, se advierte que las consideraciones y transcripciones precedentemente señaladas demuestran que el a quo brindó motivos suficientes que lo alejan de los cuestionamientos formulados por la parte recurrente.
Nótese que, frente a la escala penal antes señalada y al pedido de pena efectuado por el Fiscal, la sanción impuesta al encausado resultó consecuencia de la valoración razonada de las pautas objetivas y subjetivas previstas por la normativa en cita; lo cual evidencia que el reclamo de la recurrente resulta una mera discrepancia con el modo y alcance con que el juzgador meritó tales extremos, resultando ello insuficiente para fundar la desproporcionalidad alegada.
De la lectura del decisorio recurrido se evidencia la existencia de diversas circunstancias valoradas por el tribunal sentenciador que justifican la diferencia en el monto establecido para Nelson Enrique Villalba y Hugo Daniel García.
Al respecto, cabe destacar lo expuesto por el Fiscal General ante esta Cámara en punto a que, contrariamente a lo señalado por la defensa en su impugnación, “independientemente de que las escalas penales fueran las mismas para García y para Villalba, ello no impone que el monto final de la pena debiera ser el mismo para ambos intervinientes en el hecho. En efecto, debe tenerse en cuenta que en la sentencia recurrida se ponderó que García posee estudios secundarios incompletos, que se encuentra desocupado y que trabaja realizando changas de cadetería. Asimismo, (…) su intervención en el hecho era la que conllevaba mayores riesgos de ser detectado por las fuerzas de seguridad, como efectivamente ocurrió en la causa, mientras que el aporte de Villalba estaba previsto en el momento de obtención del rédito económico de la defraudación”.
Frente a ello, comparto las conclusiones a las que arribara en su intervención aquel representante del Ministerio Público Fiscal, con respecto a que “(…) el tribunal ha evaluado en forma pormenorizada las pautas de mensuración contenidas en los artículos 40 y 41 del Código de fondo y ha inspeccionado las agravantes y atenuantes aplicables al caso y al imputado específicamente”; así como también que “(…) la defensa no ha demostrado que en el caso se haya verificado una aplicación irracional de las normas en juego, ni que la pena impuesta conduzca a desconocer razones de humanidad o equidad”.
Cabe recordar que la determinación de la pena implica el ejercicio de un poder discrecional del tribunal de juicio y escapa al control casatorio, excepto cuando adolece de falta de fundamentación; supuesto éste que en el caso no se vislumbra.
En esa línea, esta Sala tiene dicho que “(e)s doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la cuantificación penal es una materia reservada a los tribunales de sentencia, con los límites que se derivan de la propia Constitución en dos sentidos: a) que la individualización penal no resulte groseramente desproporcionada con la gravedad de los hechos y de la culpabilidad, en forma tan palmaria que lesione la racionalidad exigida por el principio republicano (art. 1° Constitución Nacional) y la prohibición de penas crueles e inhumanas (art. 5, 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos); y b) que la prueba de las bases fácticas consideradas para la cuantificación no resulte arbitraria con la gravedad señalada por la Corte en materia de revisión de hecho y prueba (Fallos 328:3399)” (cfr. causa n° FCB 1308/2019/TO1/CFC1, reg. n°479/22, rta. 03/05/2022, del registro de esta Sala I –con integración parcialmente distinta-); extremos que no se verifican en caso.
En definitiva, se advierte que los defectos señalados por la defensa de Villalba son insuficientes para descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido en lo que a este punto respecta, dada la concurrencia de diversas circunstancias previstas en la normativa que rige la materia y válidamente computadas por el tribunal, que justifican el quantum de la sanción infligida, la que no luce desproporcionada ni irrazonable y se ajusta a la escala penal aplicable al caso, en la que se estableció como pena tres (3) años de prisión en suspenso.
Por ello, el motivo de agravio alegado por la parte impugnante debe ser desechado.
d) Planteo de Edgardo Rafael Alegre relativo al instituto del arrepentido La asistencia técnica del imputado reclama que a su asistido debió habérsele dado el tratamiento de “arrepentido”, aplicándose el instituto previsto en el art. 29 ter de la Ley 23.737. Ello, en el entendimiento de que, al haberse introducido al proceso información dada por Alegre a través de la testigo de identidad reservada –cuya declaración fue luego declarada nula- se le impidió al nombrado el efectivo ejercicio de sus derechos, en razón de que toda la información primigenia que podía aportar ya había sido introducida de manera subrepticia.
En cuanto al planteo formulado, se advierte que en la crítica que de modo general realiza en este punto la impugnante no se hace cargo de explicar razonablemente el motivo por el que el imputado Alegre no manifestó en forma oportuna su voluntad de colaborar con la investigación a los fines de procurar un beneficio en los términos del art. 29 ter de la citada ley, habida cuenta que, al momento en que la referida testigo prestó declaración, el nombrado ya era parte en la causa y contaba con asistencia letrada. Frente a ello, se observa que el cuestionamiento que ahora realiza la defensa del imputado no es otra que el resultado de la propia decisión de esa parte, la cual oportunamente no expresó su voluntad de colaborar con la pesquisa con la finalidad indicada.
Por otro lado, en su presentación la defensa tampoco alcanza a identificar una colaboración puntual de Alegre que haya producido resultados concretos en la investigación y el juzgamiento de los hechos que constituyen el objeto procesal de estas actuaciones. Al respecto, cabe asimismo señalar lo expuesto por el Fiscal General ante esta instancia en cuanto a que, aun cuando se pudiera evaluar el aporte que Alegre reclama haber realizado a través de la declaración de la testigo de identidad reservada, no debe soslayarse que dicho testimonio fue considerado nulo en el fallo atacado y, a consecuencia de ello, se excluyó la prueba obtenida a raíz de tales dichos. Así, en el sub examine, las declaraciones efectuadas no redundaron en beneficio alguno para la causa; extremo que, a criterio del acusador público constituye un obstáculo a los fines de tener por cumplidos los presupuestos de aplicación de la disminución de la pena solicitada por la parte recurrente.
Por lo expuesto, el planteo formulado habrá de ser desechado.
e) Planteo vinculado al rechazo del pedido de reparación económica Para el abordaje de este punto, es menester recordar que, en ocasión de suscitarse la discusión final (art. 393 del CPPN) y tras anunciar que los pedidos de pena formulados en dicha oportunidad se complementaban con otro procedimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal efectuó el pedido de reparación económica, cuyo rechazo motivó el agravio que aquí será objeto de tratamiento.
Concretamente, conforme se dejó constancia en el acta de debate, aquel expuso “(i)ntegra la petición, el pedido de reparación como principio de justicia para evitar que el delito rinda beneficios, y la resolución de la procuración. Por lo tanto, insto a la petición de las reparaciones y solicitamos, en función de lo normado en el art. 29, la reparación económica por ser un delito lucrativo y en función de haberse irrogado un perjuicio al Estado. El art. 29 en concordancia con las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción –en el art. 34- que tiene por objeto hacer cesar los actos y las consecuencias salicales y económicas de estos casos. En función de ello, existe una determinación del perjuicio realizada por una dependencia de PAMI, [y se debe] establecer un mecanismo de actualización y revalorización del perjuicio irrogado en ese momento (…)”.
En punto a la legitimación de la pretensión, señaló que “(…) se cita como precedente el caso Alzogara[y] María Julia, los montos determinados deben ser actualizados, y [con] esa pauta es que la cifra asciende a 1.500.000 pesos en el año 2016. Y tal cantidad merece una actualización, tomado el valor referencia dólar de 15 pesos al momento del hecho. En (…) virtud [de ello], el monto de la reparación asciende a la suma de pesos 25.688.401”.
Seguidamente, en el acta se consignó que el fiscal interviniente refirió que los obligados al pago, responden solidariamente, toda vez que quienes tuvieron mayores réditos, a su entender, serían los acusados Leyría, Petros y Walter Rago; tras lo cual pidió que el destino de la suma requerida en concepto de reparación sea el PAMI y el programa de atención médica de ese organismo.
En su oportunidad, las defensas de los nombrados formularon consideraciones en torno a la petición efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
Como se adelantó al inicio del presente acápite, el tribunal a quo no hizo lugar al pedido de reparación. Para decidir así, en primer término, sostuvo que “(e)l PAMI es una ´… persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa…´ (art. 1°, Ley 19032, conf. Testo ley 25615), es decir un organismo no estatal dotado de individualidad financiera y administrativa. Por su parte su estructura interna es compleja y cuenta con una numerosa composición en el área de asesoría jurídica, integrada por abogados de distintas especialidades de derecho”.
Seguidamente, indicó que “(e)sta organización rechaza la calificación de vulnerabilidad del sujeto pasivo, sien[do] ésta condición necesaria para la procedencia de reparación económica propia de los precedentes aplicados por el Tribunal respecto a personas físicas víctimas del delito de trata o de lesa humanidad”. Sentado ello, expuso que “debe acudirse a las normas de rito que regulan el derecho de reparación patrimonial en un proceso penal. En esa labor debe consignarse que el PAMI no se constituyó en parte civil damnificada en el proceso, como lo establece el art. 14 del C.P.[P.]N. Ello se erige en un valladar que impide la pretensión articulada por quien carece, además, de potestad para hacerlo, pues el Ministerio Fiscal no ejerce la representación legal del PAMI, quien –como se dijo- se encuentra descentralizada del Estado Nacional (ver. Art. 1° Ley 19032 y Art. 15 del C.P.[P.]N.). Ello no es sino la cabal exteriorización de voluntad de renuncia a cualquier pretensión resarcitoria a la persona jurídica”.
En último lugar, señaló que “conforme [las] constancias de autos[,] quien se constituyó en calidad de querellante particular, en la génesis del proceso, fue la Unidad de Información Financiera (UIF), calidad a la que renunció posteriormente”.
Contra aquella decisión, los representantes del Ministerio Público Fiscal interpusieron la impugnación bajo examen, en la que criticaron que no se haya hecho lugar a la reparación económica solicitada, por los motivos que fueron reseñados en el acápite II.a. de la presente. Descripto el escenario en el que se inscribe el agravio introducido por los acusadores públicos, para su adecuado tratamiento, es menester recordar que en el Título IV del Libro Primero del Código Penal -denominado “(r)eparación de perjuicios”- se establece que “(l)a sentencia condenatoria podrá ordenar: 1. La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.- 2. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba.- 3. El pago de las costas” (art. 29). Con relación al contenido de la reparación, en doctrina se ha sostenido que cada inciso de la norma en cita hace alusión a distintas especies de delitos: mientras que el inciso primero alude a los delitos en los que la restitución al estado anterior es posible (como ser delitos contra la propiedad), el inciso segundo hace referencia a los delitos en los que esa restitución no resulta posible (por ejemplo un delito contra la vida), por lo que en éste último caso la sentencia condenatoria puede ordenar la indemnización, comprensiva del daño material y moral causado (Cfr. D´ALESSIO, Andrés y DIVITO, Mauro A., “Código Penal de la Nación. Comentado y anotado”, Tomo I, Ed. La Ley, 2ª Edición, Buenos Aires, 2011, págs. 300/306; y sus citas).
Bajo ese prisma, analizada la decisión atacada a la luz de los argumentos brindados por la impugnante, se observa que en el presente caso el tribunal a quo incurrió en una arbitraria y errónea interpretación de la normativa que a su criterio rige la materia, a la par que omitió el examen de las normas invocadas por aquella parte en sustento de su petición.
En esa inteligencia, adviértase que, en su decisión, el magistrado condicionó la viabilidad de la reparación económica solicitada a la “calificación de vulnerabilidad del sujeto pasivo”, la cual, sin sustento legal alguno, consideró posible únicamente respecto “[de] personas físicas víctimas del delito de trata o de lesa humanidad”, a la par que la sujetó a la previa constitución del PAMI como “parte civil damnificada en el proceso”; extremo éste último con relación al cual, sin mayor fundamento, afirmó que, dado que dicho organismo no se constituyó en estas actuaciones en tal carácter, existía una “cabal exteriorización de voluntad de renuncia a cualquier pretensión resarcitoria a la persona jurídica”, así como también que el Ministerio Público Fiscal carecía de facultades para representarlo legalmente.
Por otra parte, soslayó el examen del art. 29 del Código Penal, expresamente invocado por los acusadores públicos en sustento de su petición, el que, conforme sus previsiones, habilita a los jueces a disponer la reposición al estado anterior a la comisión del delito, sin necesidad de que se hubiera instaurado oportunamente la acción civil (confrontar, en lo pertinente y aplicable: CFCP, Sala IV: CFP 12099/1998/TO1/5/CFC2, reg. n° 216/15, rta. 27/02/2015; entre otros). A ello, cabe agregar que en el fallo no se dio respuesta a lo argumentado por la parte en cuanto a que aquel articulado debe ser interpretado “junto con la obligación internacional de generar acciones para eliminar las consecuencias de la corrupción y con la adopción de medidas para reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito”.
Frente a ello y sin abrir juicio acerca del fondo de la cuestión planteada, se observa que el decisorio adoptado en el punto bajo estudio aparece como arbitrario y, por tanto, corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido.
A partir de lo expuesto, se advierte que las argumentaciones que sobre este punto fueron brindadas por algunas de las defensas de los imputados en sus distintas presentaciones no alcanzan a conmover la solución a la que se arriba precedentemente.
Por las razones brindadas, entiendo que el agravio deducido por los acusadores públicos habrá de tener favorable acogida, a consecuencia de lo cual, sin que ello implique adelantar opinión acerca del fondo de la cuestión debatida, corresponde hacer lugar a la impugnación por ellos incoada en lo atinente al rechazo del pedido de reparación en cuestión.
VIII. Que en virtud de lo expuesto, propongo al Acuerdo: I) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Eduardo Rafael Alegre, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y cdtes. del CPPN); II) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Nelson Enrique Villalba, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y cdtes. del CPPN); III) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Juan Pablo Córdoba y Ricardo Rodolfo Cardozo, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y cdtes. del CPPN); IV) HACER LUGAR al recurso de casación deducido por los representantes del Ministerio Público Fiscal, REVOCAR el decisorio recurrido en lo concerniente a la nulidad de la declaración de Walter Eduardo Rago -punto dispositivo 2°), únicamente en lo que atañe a la decisión nulificatoria mencionada- y, consecuentemente, a las absoluciones de los imputados Cristian Fernando Leyría, Augusto Javier Petros y Juan José Sánchez –puntos dispositivos 12°), 13°) y 16°), respectivamente-, así como también en lo atinente al rechazo del pedido de reparación económica -punto dispositivo 17°)-, y DEVOLVER las actuaciones al tribunal a quo para que, por vía de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento, conforme a derecho y bajo los lineamientos señalados, sin costas en la instancia; y V) TENER PRESENTES las reservas del caso federal (art. 14 de la Ley 48).
Tal es mi voto.-
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
I. Que superado el análisis de la admisibilidad de las vías impugnativas interpuestas y por coincidir, en lo sustancial, con las consideraciones efectuadas por el magistrado que lidera el acuerdo, Daniel Antonio Petrone, en su voto, en el que se brindó una completa y fundada respuesta a los agravios formulados por las partes recurrentes, hemos de adherir a la solución propuesta por el colega preopinante y emitimos nuestro voto en igual sentido.
II. Concretamente, respecto a las nulidades articuladas por las defensas recurrentes, referidas a la detención y requisa de los imputados Acosta y Alegre; las declaraciones brindadas por Marilín Alegre y Mario Leonardo Santillán y el allanamiento de la farmacia sita en calle Independencia 94 de la ciudad de Santiago del Estero corresponde recordar, una vez más, que es criterio inalterado de la Corte Federal que para que prospere la declaración de nulidades procesales es necesaria la concreción de un perjuicio para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos: 334:1081; 330:4549; 329:5964 y 327:2315, entre muchos otros).
No debe soslayarse que, de acuerdo a las previsiones del art. 2 del CPPN, toda disposición legal que establezca sanciones procesales, como es el caso de las nulidades, debe ser interpretada restrictivamente. En esa inteligencia, se torna prioritario evocar que el más alto Tribunal señaló que “(e)s doctrina reiterada […] que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo y cauce un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal […]” (Fallos: 325:1404).
Además, vale recordar, una vez más, que el instituto de las nulidades procesales tiene por objeto resguardar el debido proceso y la defensa en juicio. Por ello, sólo cuando la actividad procesal perjudique la función de tutela de los intereses comprometidos en el proceso, por haberse configurado una irregularidad que afecte el ejercicio de la defensa, un presupuesto procesal o el equilibrio entre las partes resultante del principio de igualdad y del contradictorio, debe ser invalidada, privándosela de eficacia.
Paralelamente, es importante memorar, tal como hemos tenido oportunidad de señalarlo en las causas FGR 11666/2016/TO1, “ANTIPICHÚN LAGOS, Juan Andrés s/recurso de casación”, Reg. 1949/18, rta. el 21/12/18; CFP 4591/2017/TO1/CFC2, “D ́ AMATO, Emiliano Leonel s/recurso de casación”, Reg. 1134/20, rta. el 1/9/20; FMZ 21198/2016/TO1/CFC3, “SEGOVIA, Walter Raúl y otros s/ recurso de casación”, Reg. 555/22, rta. el 17/5/22; CPF 6836/2016/TO1/CFC5, “BENÍTEZ PETROFF, Carlos Raúl y otros s/ recurso de casación”, Reg. 640/23, rta. el 22/06/23, a las que hemos sido convocados a votar, entre muchas otras, que para declarar la nulidad de un acto procesal es necesario cumplir con ciertas exigencias, entre las que hay que subrayar la demostración -por parte de quien la alegadel perjuicio real y concreto que le produce el acto viciado (limitación de un derecho vinculado al buen orden del proceso), y del interés o provecho que le acarrearía tal declaración. Generalmente se analizan indistintamente estos dos aspectos bajo el rótulo del “principio de interés”.
Ahora bien, estas exigencias o requisitos adquieren especial importancia en dos casos: con relación a las nulidades absolutas y respecto de las nulidades enunciadas taxativamente por la ley y, en este sentido, debemos memorar que son numerosos los precedentes de esta Cámara de los cuales se desprende que las nulidades, aún aquellas declarables de oficio, no pueden invocarse en el sólo beneficio de la ley, sin consideración a sus efectos en el proceso. No basta con verificar la existencia de una nulidad aunque esté especialmente prevista por la ley, pues si no existe perjuicio concreto se decretaría la nulidad de un acto por una cuestión absolutamente formal.
Al respecto el cimero Tribunal puntualizó que “(l)a nulidad procesal requiere un perjuicio para alguna de las partes, pues no procede su declaración por el sólo interés formal del cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de una nulidad por la nulidad misma […]” (Fallos: 324:1564).
Aclarado cuanto antecede y circunscriptos a los argumentos brindados por las defensas impugnadoras en la fundamentación de los pedidos de nulidad, observamos que se tratan de una reedición de las cuestiones esbozadas y resueltas en la instancia anterior, que obtuvieron una acabada respuesta, la que los recurrentes no logran rebatir a través de sus recursos.
Del mismo modo que compartimos el análisis que sobre estos puntos desarrolló el colega que lidera el acuerdo en los acápites i, ii, iii y iv del punto VII literal a) de su voto, hemos de coincidir con el tratamiento efectuado en el apartado v del sufragio precedente en lo concerniente a la impugnación de los representantes del Ministerio Público Fiscal contra la nulidad de la declaración del imputado Walter Eduardo Rago, al que nos remitimos, también, para no fatigar la atención. Es que, asiste razón al Ministerio Público Fiscal en cuanto a que la resolución exhibe arbitrariedad en su fundamentación y no puede ser convalidada como decisión jurisdiccional válida, por lo que habremos de compartir su revocatoria.
En consecuencia, habida cuenta de que la exclusión decidida acarreó la ausencia de valoración de aquellas manifestaciones a los efectos de la determinación de su valor jurídico a la luz de la acusación fiscal recaída sobre los imputados Juan José Sánchez, Cristian Fernando Leyría y Augusto Javier Petros, coincidimos con la anulación de las absoluciones por el beneficio de la duda dictadas respecto de los nombrados.
III. De otra parte, con respecto a la materialidad de los hechos imputados a Ricardo Rodolfo Cardozo y Juan Pablo Córdoba, la participación y responsabilidad penal de aquéllos, la revisión del pronunciamiento atacado evidencia que la decisión condenatoria del tribunal a quo constituye la derivación necesaria y razonada de los elementos probatorios incorporados al debate y la aplicación del derecho vigente al caso concreto, contando con el grado de certeza necesario exigido a todo veredicto de condena, sin que los recurrentes hayan logrado demostrar la existencia de vicios que impidan considerarlo un acto jurisdiccional válido (Fallos: 327:3913; 303:888 y 303:509, entre otros). Al respecto, se destaca que las críticas vinculadas a la valoración de las pruebas que sustentaron en la especie la responsabilidad penal de los nombrados y el grado de participación que tuvieron en los sucesos imputados, aparecen como meras reediciones de cuestiones que han recibido acabada contestación en la instancia anterior y únicamente expresan la disconformidad de las partes con lo resuelto, sin que sus manifestaciones logren conmover los argumentos brindados por el tribunal sentenciador.
En efecto, el razonamiento seguido por el tribunal de juicio sobre el punto está exento de fisuras lógicas o de violación alguna a las reglas de la sana crítica, pues el plexo probatorio producido en la encuesta configura un cuadro cargoso contundente y suficiente para alcanzar la certeza apodíctica que exige un pronunciamiento de condena y, correlativamente, desvirtuar la presunción de inocencia de que goza todo imputado durante la sustanciación del proceso (art. 3 CPPN).
En tales condiciones, las arbitrariedades denunciadas se encuentran desprovistas de todo sustento fáctico. Ello es así, ni bien se observa que el tribunal de la instancia previa realizó un tratamiento concreto y pormenorizado sobre las particularidades de los hechos juzgados y descartó las diferentes defensas articuladas en favor de los imputados a través de un razonamiento lógico y crítico de los distintos elementos de prueba incorporados al legajo.
En ese sentido, tal como se analizó en el punto VII, b) del sufragio que inaugura el acuerdo, la prueba producida en el juicio, valorada en conjunto -y no con basamento exclusivo en el reconocimiento de los hechos que efectuaron los imputados como alega la recurrente-, no deja margen de duda acerca del pleno conocimiento que tuvieron los imputados en la ilicitud de su participación en los hechos endilgados y confirman el estado de certeza necesario para mantener su condena. En ese orden y a fin de evitar reiteraciones innecesarias, nos remitimos a las consideraciones efectuadas sobre el punto por el magistrado Petrone.
IV. En orden a los planteos expuestos en su presentación por la defensa de Nelson Enrique Villalba, cabe precisar, en primer lugar, que en cuanto al grado de participación achacado al condenado el decisorio atacado, en este punto, evidencia una exégesis correcta del cuadro probatorio reunido contra aquél, ponderado a partir de un juego armónico acorde con la sana crítica racional, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, todo lo cual obsta un cuestionamiento por arbitrariedad.
El temperamento recurrido no contiene transgresiones o defectos lógicos, sino que, por el contrario, se encuentra sustentado en las circunstancias comprobadas durante el juicio, las cuales permitieron probar, con el grado de certeza que exige una sentencia condenatoria, la intervención del nombrado en un plan y ejecución del hecho común que permitieron subsumir su participación en la figura de la coautoría.
Vemos así que, de manera contraria a lo pretendido por la defensa recurrente, la resolución del tribunal a quo, en este punto, se halla suficientemente fundada y no resulta en absoluto arbitraria al contar con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449 y 303:888). En segundo término, corresponde abocarnos al tratamiento de los agravios deducidos en lo concerniente a la sanción penal impuesta a Villalba.
Al respecto, coincidimos con el magistrado Petrone en cuanto a que el tribunal sentenciador, a los efectos de determinar la sanción que, en definitiva, impuso, efectuó el tratamiento pertinente, valorando las circunstancias particulares del imputado y tomando como marco el principio de proporcionalidad, por lo que, de adverso a lo pretendido por la parte recurrente, la resolución puesta en crisis se ajusta a las prescripciones contenidas en los artículos 123 y 404 inc. 2° del CPPN. En efecto, examinados los argumentos brindados respecto al monto punitivo establecido, se observa que la sanción discernida atiende a las circunstancias de los hechos y a los antecedentes penales, culturales y sociales del imputado (arts. 40 y 41, CP), razón por la cual no resulta desproporcionada ni arbitraria.
Por el contrario, la lectura de la impugnación revela la pretensión de una solución diversa que se trasluce en meras discrepancias con el alcance otorgado a las reglas previstas en los artículos 40 y 41 del digesto penal, sin lograr demostrar cuáles serían los vicios o defectos de motivación.
De ese modo, las circunstancias de mensuración enunciadas por el tribunal al momento de la determinación de la sanción abonan la pena de prisión que, en concreto, el tribunal de la anterior instancia impuso y que resultó coincidente con el pedido de pena efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
Por lo tanto, el tribunal con funciones de juicio ha ajustado su decisión a la doctrina que rige en la materia, atento a lo cual corresponde concluir que la crítica formulada por la defensa de Villalba respecto a una aparente fundamentación de la pena de prisión impuesta y su exorbitancia sólo exterioriza la disconformidad de aquella parte con las valoraciones efectuadas por el referido tribunal para establecer el monto de la sanción aplicada, sin alcanzar con ello a evidenciar una respuesta punitiva irracional ni arbitraria.
En definitiva, tal como adelantamos al comienzo de este voto, compartimos el rechazo del recurso propugnado por el magistrado que lidera el acuerdo en el apartado c) de su voto.
V. De seguido, en cuanto concierne al planteo efectuado por la defensa de Edgardo Rafael Alegre en lo relativo a que debió darse a su defendido el tratamiento previsto en el art. 29 ter de la Ley 23737, habremos de compartir el análisis efectuado por el magistrado Petrone en el punto d) de su voto, el que resulta coincidente con las conclusiones expresadas por el Fiscal General Raúl Omar Pleé en su dictamen N° 23705 en cuanto a que no fueron cumplidos los presupuestos de aplicación de la disminución de la pena prevista por el instituto en cuestión.
VI. Por último, resta abordar las críticas dirigidas por la fiscalía contra el rechazo del pedido de reparación económica.
Al respecto, hemos de coincidir con el doctor Petrone en punto a que el decisorio adoptado exhibe un déficit de fundamentación que acarrea su tacha de arbitrario y, por tanto, corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Por las razones brindadas, compartimos la postura del colega preopinante en cuanto a que corresponde acoger el agravio deducido por los acusadores públicos y, en consecuencia, hacer lugar a la impugnación por ellos incoada en lo atinente al rechazo del pedido de reparación en cuestión, anular el punto dispositivo correspondiente y reenviar para una nueva decisión, sin que ello implique adelantar criterio alguno sobre el fondo del asunto.
VII. Con estas breves consideraciones, votamos por: I) rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas públicas oficiales de Eduardo Rafael Alegre, Nelson Enrique Villalba y de Juan Pablo Córdoba y Ricardo Rodolfo Cardozo, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y ccds. del CPPN); II) hacer lugar al recurso de casación deducido por los representantes del Ministerio Público Fiscal, revocar el punto dispositivo 2°) del decisorio recurrido únicamente en lo concerniente a la nulidad de la declaración del imputado colaborador Walter Eduardo Rago y, consecuentemente, anular la absolución de los imputados Cristian Fernando Leyría, Augusto Javier Petros y Juan José Sánchez –puntos dispositivos 12°), 13°) y 16°), respectivamente-, así como también el punto dispositivo 17°) en lo atinente al rechazo del pedido de reparación económica y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, por vía de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento, conforme a derecho y bajo los lineamientos señalados, sin costas en la instancia; y III) tener presentes las reservas del caso federal formuladas por las defensas (art. 14 de la Ley 48).
Es nuestro voto.
El señor juez Carlos A. Mahiques dijo:
I. Inicialmente he de adelantar que en las particulares circunstancias del caso, concuerdo en lo sustancial con los fundamentos y conclusiones desarrollados en su voto por el doctor Daniel A. Petrone, que a su vez cuentan con la adhesión del colega doctor Diego G. Barroetaveña.
II. Conforme se desprende de la sentencia recurrida y el exhaustivo análisis de la misma practicado por el voto que lidera el acuerdo, resulta acertado rechazar los insistentes planteos de nulidad propuestos por las partes sobre la detención de Teresa Acosta y Edgardo Rafael Alegre, su requisa y el allanamiento de la farmacia sita en la calle Independencia 94 de la ciudad de Santiago del Estero.
También he de compartir la improcedencia de las críticas formuladas sobre la nulidad de la declaración de Marilin Alegre y el rechazo de la pretendida invalidez del testimonio de Mario Leonardo Santillán, por cuanto la falta de un agravio concreto para la parte recurrente sella su inviabilidad.
La misma suerte ha de correr la pretensión de la defensa de Edgardo Rafael Alegre de ser considerado como un colaborador en los términos del art. 29 ter de la ley 23.737, cuando no manifestó oportunamente su voluntad de cooperar ni logró identificar una contribución puntual que haya producido resultados concretos en la investigación. De tal forma, se advierte que los agravios intentados respecto de los mencionados puntos sólo evidencian una opinión diversa sobre lo debatido y resuelto (C.S.J.N. Fallos 302:284; 304:415; entre otros), mientras que el resolutorio cuenta, a su respecto, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchísimos otros).
III. Adhiero igualmente al rechazo de las objeciones sobre la determinación de los hechos investigados, su calificación legal y la responsabilidad de Edgardo Rafael Alegre, Juan Pablo Córdoba, Ricardo Rodolfo Cardozo y Nelson Enrique Villalba, respecto de los mismos. Los fundamentos y motivaciones de lo decidido por el a quo, como el examen crítico de las presunciones y las restantes pruebas examinadas, demuestran que el tribunal de juicio no se apartó de las reglas de la lógica y de la sana crítica racional al tiempo de valorar el material probatorio.
La sentencia impugnada contempló válidamente los elementos de cargo, que no son contradictorios entre sí, sino concordantes y coherentes en cuanto a la responsabilidad de los encausados y, por lo tanto, discursivamente sustentables para fundar la postura incriminatoria.
Al respecto, solo he de agregar que el agravio introducido en el término de oficina por la defensa de Cardozo y Córdoba en punto al grado de participación por el que fueron condenados sus asistidos, quienes durante el transcurso de la investigación y en los considerandos de la sentencia estuvieron señalados como partícipes necesarios, pero en la parte dispositiva como autores; más allá de que podría obedecer a un error material, tampoco demuestra un agravio concreto, por cuanto, en definitiva, ambos grados de intervención son sancionadas con la misma escala penal y la pena impuesta se ajustó a la solicitada por la fiscalía (dos años de prisión de ejecución en suspenso).
IV. En cuanto al monto de las penas establecidas, los cuestionamientos formulados por la defensa de Nelson Enrique Villalba, tampoco han de prosperar.
En torno a este tópico, viene al caso recordar que la individualización de la pena, dentro de los límites otorgados por las leyes respectivas, es una facultad propia de los jueces de la causa (cfr. CSJN, Fallos 237:190 y 423; 255:253; 305:494; 306:1669; 315:807 y 1699; S.330.XXXV, San Martín, Rafael Santiago, entre otros). Sólo puede resultar deslegitimado el monto de la sanción impuesta cuando se revele manifiestamente desproporcionada con el grado de injusto y con la culpabilidad del sujeto; lo que no se ha comprobado en el sub judice.
Por el contrario, en el presente caso la respuesta punitiva aparece acorde con la intensidad antijurídica del hecho reprochado, para su determinación el tribunal de juicio se basó en la naturaleza y disvalor del delito imputado, la modalidad de su comisión y demás características del sujeto juzgado.
De esta manera, los elementos valorados para graduar la escala penal impuesta, son ajenos a la tacha de arbitrariedad y ajustados a las pautas de mensuración de los arts. 40 y 41 del CP, mientras que las críticas apoyadas principalmente en la pena impuesta a otro de los involucrados, cuya forma de participación y circunstancias personales difieren de las de Villalba, resultan a todas luces inatendibles.
V. Finalmente, he de coincidir con el voto que lidera el acuerdo sobre la procedencia del recurso interpuesto por la fiscalía, en punto a la validez de la declaración de Walter Eduardo Rago y la consecuente revocatoria de las absoluciones dispuestas respecto de Cristian Fernando Leyría, Augusto Javier Petros y Juan José Sánchez.
Como así también, en cuanto al deficiente tratamiento que realizó el a quo frente al pedido de reparación económica efectuado por la vindicta pública en los términos del art. 29 del CP.
Cuestiones que han sido cabalmente analizadas por mis colegas preopinantes, a cuyas consideraciones me remito a fin de evitar repeticiones innecesarias.
VI. Por lo expuesto, adhiero a la propuesta del doctor Daniel A. Petrone, con la salvedad de que deberá ser sin costas respecto de las defensas oficiales.
Tal es mi voto.
Por ello, en mérito a la votación que antecede, el Tribunal
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Eduardo Rafael Alegre; por mayoría, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y cdtes. del CPPN).
II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Nelson Enrique Villalba; por mayoría, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y cdtes. del CPPN).
III. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Juan Pablo Córdoba y Ricardo Rodolfo Cardozo; por mayoría, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530, 531 y cdtes. del CPPN).
IV. HACER LUGAR al recurso de casación deducido por los representantes del Ministerio Público Fiscal, REVOCAR el decisorio recurrido en lo concerniente a la nulidad de la declaración de Walter Eduardo Rago -punto dispositivo 2°), únicamente en lo que atañe a la decisión nulificatoria mencionada- y, consecuentemente, a las absoluciones de los imputados Cristian Fernando Leyría, Augusto Javier Petros y Juan José Sánchez –puntos dispositivos 12°), 13°) y 16°), respectivamente-, así como también en lo atinente al rechazo del pedido de reparación económica -punto dispositivo 17°)-, y DEVOLVER las actuaciones al tribunal a quo para que, por vía de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento, conforme a derecho y bajo los lineamientos señalados; sin costas en la instancia.
V. TENER PRESENTES las reservas del caso federal (art. 14 de la Ley 48).
Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN) y remítase al tribunal de procedencia mediante pase digital. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Diego G. Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Carlos A. Mahiques. Ante mí: Walter Daniel Magnone.
Fin de la sentencia