Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 34537-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto declaró prescriptas las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas para intimar tributos, según el punto V;
2Admitir los agravios y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado en cuanto redujo el monto de la sanción, con arreglo al punto VI; y 3) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
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4949/2025 ACROPOLIS SA (TF 34537-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En Buenos Aires, a los 26 días del mes de agosto de 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en estos autos “ACROPOLIS S.A. (TF 34537-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, La jueza Clara María do Pico dijo:
I. La firma actora interpuso recurso de apelación, en los términos del art. 1132 del CA, contra la resolución n° 6236/11, en virtud de la cual se aplicó sanción de multa por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA y se le intimó cargos tributarios por la mercadería ingresada temporalmente mediante DIT n° 4557-4/97, cuyo vencimiento operó el 1/6/1999.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, resolvió:
1. declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, de conformidad con el art. 803 y cc. del CA, 2) rechazar la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y, en consecuencia, confirmar la sanción impuesta, con la reducción a un tanto del importe de los tributos que gravan la importación y, 3) distribuir las costas según los respectivos vencimientos, las que se imponen en un 16% a cargo de la actora y en un 84% a cargo de la demandada.
III. Para así decidir sostuvo que:
(i) La excepción de prescripción de las facultades del Fisco para intimar tributos.
Reseñó los arts. 803 y 805, inc. a), del CA.
Siendo que el vencimiento de la DIT involucrada operó el 1/6/1999, el plazo de prescripción de 5 años para perseguir el cobro de tributos comenzó a operar el 1/1/2000 y se suspendió el 27/12/2002, fecha en que se emitió el acto de apertura del sumario. Hasta ese momento habían transcurrido 2 años, 11 meses y 26 días, restando, una vez cumplida la causal de suspensión, computarse el plazo de 2 años y 5 días. Dicha casual aconteció el 19/9/2011 con la emisión de la resolución condenatoria n° 6236/11, notificada el 7/5/2014, cuando el curso de la prescripción había operado, “puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del art. 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.”
Según lo previsto en el art. 805, inc. a), del CA, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesario su notificación. (ii) La excepción de prescripción de las facultades del Fisco para imponer sanciones.
Reseñó los arts. 934 y 937 del CA.
El plazo de prescripción de 5 años para imponer penas comenzó a correr el 1/1/2000 y se interrumpió el 27/12/2002, iniciando el nuevo plazo “el 28/12/2003, finalizando el 27/12/2008.”
Sin embargo, de las actuaciones administrativas surge la existencia de una resolución condenatoria firme en fecha 22/2/2007 (resolución n° 5995/06), razón por la cual se produjo la interrupción del plazo de prescripción, comenzando a correr nuevamente el día 23/2/2007 y venciendo el 22/2/2012.
Por lo tanto, al momento de la emisión de la resolución condenatoria impugnada, el 19/9/2011, no había operado la prescripción de las acciones del Fisco para aplicar sanciones.
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4949/2025 ACROPOLIS SA (TF 34537-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (iii) El cumplimiento del régimen de importación temporaria.
Reseñó los arts. 250 y 970 del CA, el decreto 1439/96 y la resolución (SIC) n° 18/92.
Tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término recae, indudablemente, sobre los beneficiarios del régimen; extremo que no fue acreditado.
Sin embargo, advirtió que procedía la reliquidación de la multa impuesta en orden a la mercadería en infracción sin incluir los kilogramos correspondientes a las “mermas sin destinar”, conforme surge del propio informe técnico del servicio aduanero obrante a fs. 55 de las actuaciones administrativas, que no fueron consideradas en la liquidación. (iv) La graduación de la multa.
Reseñó los arts. 915 y 927 del CA, y señaló que el servicio aduanero, a fin de graduar la multa en 5 veces el importe de los tributos que gravan la importación, consideró la existencia de antecedentes infraccionales en cabeza de la importadora.
Sin embargo, el Tribunal Fiscal destacó que las resoluciones condenatorias invocadas quedaron firmes en los años 2007, 2008 y 2010, esto es, con posterioridad a la comisión de la infracción examinada en autos.
No puede afirmarse, en consecuencia, que la firma actora sea reincidente, en los términos del art. 927 del CA, dado que surge claro de la redacción dada a dicho precepto, que se considera reincidencia cunado con posterioridad a una condena firme, se comenta una nueva infracción o delito aduanero.
La graduación de la sanción debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del interprete, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes que puedan atribuirse al infractor. En consecuencia, procede fijar su quantum en una vez el importe de los tributos.
IV. Disconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el que fundado fue contestado por la contraria.
Se quejó, exclusivamente, de la declaración de prescripción de las facultades del Fisco para intimar tributos y de la reducción del monto de la multa.
Sus agravios pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
(i) El art. 805 del CA no alude a la notificación de la resolución sancionatoria, sino que claramente hace referencia a una decisión que habilite al ejercicio de la acción para percibir el tributo, pues sólo la resolución aduanera notificada y que no ha sido apelada tiene fuerza ejecutoria.
(ii) La facultad de graduar penas resulta del resorte primario de la Administración. Se vulneró el ejercicio de una facultad discrecional del servicio aduanero, toda vez que no se demostró que la misma resulta arbitraria y/o contraria a derecho.
Se desconocieron la existencia de antecedentes sumariales y de reincidencia obrantes en los registros del servicio aduanero, que fueron merituados para graduar la sanción.
El Tribunal Fiscal se arrogó las facultades otorgadas al servicio aduanero en los arts. 915, 916 y 970 del CA y en el decreto 618/97, sustituyéndola sin antes descartar fundadamente la razonabilidad del accionar desplegado en ejercicio de dichas potestades.
V. Los agravios dirigidos a cuestionar la declaración de prescripción de las acciones del Fisco tendientes a perseguir el cobro de los tributos no puede prosperar.
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4949/2025 ACROPOLIS SA (TF 34537-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Sobre el punto, cabe señalar que en el art. 805 del CA se establece que “[l]a prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
Sobre el texto dado a la norma señalada, esta Sala tiene dicho que la resolución del sumario pone fin a la suspensión del cómputo de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (ver, mutatis mutandi, doctrina de Fallos: 332:1109, causa “Wonderland SRL” y plenario de esta Cámara “Hughes Tools SA”, del 23 de septiembre de 2003; según lo dicho por esta Sala en la causa nº 38.890/2015, “La Equitativa del Plata SA de Seguros c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30 de agosto de 2016).
En tal inteligencia, y teniendo en cuenta que: 1) el vencimiento de la DIT involucrada operó el 1/6/1999, 2) el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/2000, 3) dicho plazo se suspendió el 27/12/2002 con el acto de apertura del sumario, 4) hasta dicha fecha habían transcurrido 2 años, 11 meses y 26 días, 5) dicha causal de suspensión cesó el 19/9/2011 con la emisión de la resolución n° 6236/11, 6) se reanudó el plazo pendiente de 2 años y 5 días se reanudó y 7) la resolución fue notificada el 7/5/2014, esto es, ya transcurrido íntegramente el plazo quinquenal previsto en el art. 803 del CA, cabe concluir que la facultades del Fisco para intimar los tributos se encontraban prescriptas.
VI. Por el contrario, los agravios referentes a la reducción del monto de la multa deben admitirse.
Ciertamente, la facultad acordada en el art. 915 del CA, remite a la discreción del juzgador, y sólo puede revisarse en la medida en que no resulte una conclusión razonada de las circunstancias de la causa. Allí se dispone que la penas serán graduadas en cada caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor.
En la resolución recurrida el juez administrativo ponderó las circunstancias de la causa, tales como: (i) se trata de un régimen especial que otorga beneficios a los importadores, con la consiguiente obligación de reexportar o, en su defecto, nacionalizar la mercadería y (ii) las constancias obrantes en los registros sumariales de la firma actora que dan cuenta de las sucesivas actuaciones administrativas iniciadas por incumplimiento al régimen involucrado (v. fs. 103/110 de las actuaciones administrativas). Sobre esa base, el servicio aduanero consideró razonable fijar el monto de la multa en 5 veces los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería involucrada.
Por su parte, el Tribunal Fiscal recordó que el servicio aduanero ponderó los antecedentes infraccionales para graduar el quantum de la multa, reseñó las normas atinentes a reincidencia (art. 927) pero sin realizar un examen concreto de los antecedentes obrantes en los registros del servicio aduanero, y, sobre la base de las facultades previstas en los arts. 915, fijó el monto de la multa en su mínimo legal.
Si bien consideró atinente diferenciar los conceptos “reincidencia” y “antecedentes” y, en consecuencia, que no pueden equipararse a los fines de su evaluación para tener por configurada la infracción, no puede dejar de señalarse que de los registros acompañados surgen que los sumarios se encontraban firmes con anterioridad a la emisión de la resolución, lo que permite, cuanto menos inferir, la procedencia de dichas sanciones y, en su consecuencia, la existencia de antecedentes infraccionales.
En la especie, se encuentra acreditado que la firma actora cometió la infracción prevista en art. 970 del CA; norma que sanciona a los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 4949/2025 ACROPOLIS SA (TF 34537-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO incumplidores al régimen de importación temporaria con una multa “de uno a cinco veces el importe de los tributos que graven la importación para consumo…de la mercadería en infracción…".
La existencia de este tipo de penas, fijadas en escala con topes mínimos y máximos, pone a cargo del juzgador la valoración de las circunstancias de la causa que permitan graduar la sanción y, en este orden, el art. 915 del CA dispone que “las penas serán graduadas en cada caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor” (esta Sala, causas “Spicer Ejes Pesados SA” y “Matricería Austral SA”, pronunciamientos del 1º y del 15 de noviembre de 2016).
De las constancias de la causa reseñadas, y en atención a los fundamentos señalados en la resolución impugnada, no se aprecia que el monto de la multa fijado por el servicio aduanero resulte desproporcionado o ajeno en sus fundamentos a las circunstancias objetivas y subjetivas acreditadas en la causa y, por lo tanto, irrazonable (causa n° 44048/2023 “Novartis Argentina SA (TF 98924991-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 8 de agosto de 2024).
El monto de la multa deberá fijarse de acuerdo a la liquidación practicada por el Tribunal Fiscal en su pronunciamiento, que no fue cuestionada por la parte demandada ante esta instancia.
VII. En atención al modo en que se resuelve y a la existencia de vencimientos parciales y mutuos, las costas de ambas instancias, deben distribuirse en el orden causado (conf. arts. 68, párrafo segundo y 279, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En virtud de lo expuesto, VOTO por: 1) desestimar los agravios de la demandada y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto declaró prescriptas las facultades del Fisco Nacional para intimar tributos, conforme da cuenta el punto V; 2) admitir los agravios, revocar el pronunciamiento en cuanto redujo el monto de la sanción, conforme da cuenta el punto VI; y 3) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
La jueza Liliana María Heiland y el juez Rodolfo Eduardo Facio adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1) desestimar los agravios de la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto declaró prescriptas las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas para intimar tributos, según el punto V; 2) admitir los agravios y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento apelado en cuanto redujo el monto de la sanción, con arreglo al punto VI; y 3) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia