Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2363/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 323/328 vta. y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 330/332.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2363/19-TSJ Interlocutorio N°: 3537 Actor: ACUÑA MARCELO JOSÉ Demandada: SOLAR TURBINES SERVICES OF ARGENTINA SRL Objeto: LABORAL Fecha: 06-12-2019 Texto: TOMO XXXI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3537 FOLIO Nº 6078/6080 PROT. ELECT. TSS1 079 I.191
Río Gallegos, 6 de diciembre de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “ACUÑA MARCELO JOSÉ c/ SOLAR TURBINES SERVICES OF ARGENTINA SRL s/ LABORAL”, Expte. Nº A-15.679/13 (A-2363/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Julio Avelino Flores (cfr. fs. 323/328 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que rechazó la apelación interpuesta por el actor y confirmó la sentencia apelada en todas sus partes, con costas al vencido (cfr. fs. 310/319 vta.).- El fallo de Primera Instancia declaró en forma parcial la nulidad e inoponibilidad del acuerdo de desvinculación laboral suscripto entre las partes el 1 de febrero de 2010; hizo lugar en forma parcial (respecto de los períodos anteriores al 27 de octubre de 2008) a la excepción de prescripción opuesta por Solar Turbines Services of Argentina S.R.L., y a la demanda respecto de diferencias salariales generadas por la incorrecta aplicación de la Resolución 1013/09 y diferencia de liquidación artículo 245 de la LCT, con más intereses desde el 1° de febrero de 2010; rechazándola respecto de las demás diferencias salariales e indemnizaciones (es decir, sumas no remunerativas establecidas en Resolución 725/09 y deuda por diferencias salariales referidas al rubro “desarraigo”); imponiendo las costas del juicio en un 70% para el actor y en un 30% para el demandado (cfr. fs. 288/294).-
II. La parte recurrente afirma que le causa agravio el rechazo del rubro “adicional por desarraigo”, y por añadidura, el rechazo del rubro de indemnización por despido. Agrega que atento a la naturaleza escalonada del reclamo y los agravios, bastará con demostrar la procedencia del rubro “desarraigo” para que se generen diferencias salariales que a la postre terminarán repercutiendo en la base de cálculo de la indemnización del artículo 245 de la LCT (cfr. foja 325).- Denuncia la infracción de las siguientes normativas: artículos 1, 3, 7, 8, 9 y concordante de la LCT; 33, 58, 59, 87 y cctes, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 396/2004; y 14, 14 bis, 18, 28 y 75, inciso 22 de la CN (cfr. foja cit.).-
Plantea que: “...no cabe referir que el haber invocado la norma prevista en CCT 396/2004: 87, correspondiente a exploración geofísica, limite la pretensión del actor, toda vez que ello constituye un argumento de derecho, el cual de ningún modo restringe y/o condiciona al juez de la causa al momento de decidir. En otras palabras, el principio de congruencia no alcanza a los argumentos de derecho. En efecto, como es sabido, el principio dispositivo vincula al juez en lo que respecta a las pretensiones y la plataforma fáctica o presupuestos del reclamo, pero no así en lo que respecta al derecho en que se funde el reclamo en cuestión, toda vez que la interpretación y aplicación de las normas, entre ellas las inherentes a un convenio colectivo de trabajo, es competencia inherente al juez de la causa...” (cfr. foja 325 y vta.).- . Observa que: “...la parte actora la constituye un trabajador que, en la terminología de CSJN, constituye un 'sujeto de preferente tutela constitucional'.” (cfr. foja 325 vta.).-
Manifiesta que no le asiste razón a la alzada cuando señala que los rubros “desarraigo” y “adicionales-traslado” serían el mismo concepto; y ello es así pues supondría considerar que la normativa aplicable duplica conceptos inmotivadamente, interpretación que postula cierta irracionalidad que no se concilia con pautas hermenéuticas razonables. Argumenta que son dos ítems con un fundamento distinto y que por tanto aún se debe el rubro “desarraigo” (cfr. foja 326).- Señala que el lugar de trabajo del actor no era Río Gallegos, sino la plataforma en Mar Argentino. Relata que el Sr. Acuña, para llegar a la plataforma, debía emprender un viaje en camioneta desde Río Gallegos hacia la planta en tierra de Sipetrol llamada BRM (a 120 km aproximadamente), desde donde debía dirigirse en helicóptero a la plataforma petrolera; luego debía emprender de regreso el mismo tramo y además volver a su hogar (cfr. foja 326 vta.).- Destaca que el traslado desde su domicilio en Comodoro Rivadavia hasta Río Gallegos, con más su logística, eran solventados por el actor. Ello, sigue en su razonamiento, impone que se conceda el ítem desarraigo (cfr. foja 327).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 328).-
A fs. 330/332 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el actor.-
A foja 338 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inadmisibilidad del planteo casatorio. (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- La lectura del escrito casatorio desnuda la ausencia de una crítica concreta y razonada de la sentencia que se ataca, requisito insoslayable de la vía que se intenta. La recurrente brinda su propia interpretación del caso y como considera que debió fallarse, sin embargo omite un desarrollo argumental que ponga en evidencia errores en los fundamentos del Tribunal de grado; no bastando, al efecto, las citas de normas y principios supuestamente violados, si no se demuestra como es que, en el caso concreto, se ha producido esa violación.- Si bien la carencia expuesta precedentemente conlleva, por sí sola, la inadmisibilidad; la suerte del recurso queda negativamente sellada porque la revisión que se pretende en esta instancia extraordinaria se sustenta en cuestiones de hecho y prueba, como -sin lugar a dudas- constituyen las vinculadas con la aplicación de normas de un convenio colectivo de trabajo (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497, XXIV, Reg. 2954, Folio 4747/4750 y XXIX, Reg. 3428, Folio 5788/5791). Desde esta óptica resulta palmaria la improcedencia del mismo, toda vez que no sólo remite a la consideración de las circunstancias ya apuntadas (hecho y prueba), sino que, además, las mismas han encontrado adecuada respuesta jurisdiccional en la instancia de grado, habiéndose efectuado una interpretación razonable de las circunstancias acreditadas en función de la normativa invocada y aplicada, todo ello adunado a que este Alto Cuerpo, en forma reiterada, ha sostenido que todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo no es materia que pueda y merezca ser revisada mediante los recursos extraordinarios provinciales, por ser una típica cuestión de hecho ajena al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, salvo absurdo o violación de las leyes que la rigen.
(cfr. Interlocutorio, Tomo X, Reg. 1383, Folio 1924/1926, entre otros), circunstancias, estas últimas, que no se vislumbran en el sub lite.- En igual sentido es dable citar que: “Sabido es que los convenios colectivos no constituyen ley en sentido formal, por lo que su aplicación e interpretación son cuestiones circunstanciales propias de la instancia ordinaria (conf. causa L. 33.669, sent. del 11-IX-84).” (cfr. SCBA, “Villaverde Raúl Abel c/ Jockey Club de Mar del Plata s/ Bonificación sobre venta de boletos” del 6/03/1990, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online AR/JUR/1595/1990). “También corresponde señalar que la aplicación de normas de un convenio colectivo y la interpretación que cabe acordarle a sus términos son cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propia de los jueces de la causa y ajenos a la instancia extraordinaria…” (cfr.
ST Chubut, “Varas José H. c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A.”, del 27/04/2005, LL Patagonia 2006, 132. www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/5260/2005).- Respecto a la denuncia de violación de la Constitución Nacional deviene aplicable, dado la manera en que ha sido expuesto el agravio, la doctrina de este Tribunal que dice: “…la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio…”. (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156 y XXVII, Reg. 3200, Folio 5271/5274).- En síntesis, al examinar los términos del recurso interpuesto, se advierte que las conclusiones de la Cámara no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error en la sentencia en crisis.
Así, la recurrente tan sólo indica su discrepancia con la sentencia atacada propiciando una interpretación distinta de los hechos y de la normativa en la que se funda, invocación que por sí sola no basta en el ámbito del recurso que nos ocupa dada la limitación extraordinaria de la instancia y, en especial por la exclusión del análisis de los hechos y la prueba, materia que compete a los jueces de grado con las salvedades propias de la materia en orden al absurdo o a la arbitrariedad.-
IV. Conforme al análisis efectuado precedentemente, se concluye que el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 323/328 vta., no logra habilitar la presente instancia, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 330/332, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 y concordantes del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 328.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 323/328 vta. y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 330/332.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1079I.191 Tomo: XXXI Interlocutorio: 3537 Folio N°: 6078/6080 Secretaría: 1
Fin de la sentencia