Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 6265
ACUÑA RUBEN ALEJANDRO C/ GUILLEN RAFAEL ALCIDES Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
CAUSA NRO.6265/1 JUZ CIV. NRO. 8 RSD: 141 /1
A los 9 días del mes de septiembre de dos mil veinte, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal), atento a lo que surge de las Resoluciones de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, (Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1) y Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18) - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales), celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “ACUÑA RUBEN ALEJANDRO C/ GUILLEN RAFAEL ALCIDES Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (6265/1), habiéndose practicado el sorteo pertinente - art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: Dr. Taraborrelli - Dr. Pérez Catella- Dr. Posca- resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
2. cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso A fs. 528/532 vta. la sentenciante de grado resolvió rechazar la demanda incoada por Acuña Rubén Alejandro contra Guillen Rafael Alcides y citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA”, impuso las costas al actor vencido y difirió la regulación de los honorarios para su oportunidad.
Contra tal forma de decidir, interpuso recurso de apelación, la parte actora a fs. 536, el cual fuera concedido libremente a fs. 537. Elevadas las presentes actuaciones ante esta Alzada, fueron radicadas ante esta Sala Primera.
A fs. 669/669 vta. se llamó a expresar agravios, habiendo fundado la parte actora mediante presentación electrónica de fecha 29/04/2020. Con fecha 14/05/2020 se tuvo por presentada la misma en legal tiempo y forma, corriéndose el respectivo traslado de ley, el cual no recibió réplica alguna por la contraria –véase despacho de fecha 16/06/2020.-. Finalmente, pasaron los autos para sentencia, practicándose el sorteo de vocalía con fecha 5/08/2020 II.- Fundamentación de los agravios de Acuña Rubén Alejandro De la atenta lectura de la fundamentación del recurso, se infiere que el actor se agravia –en lo medular- por: a) Falta de legitimación pasiva: respecto a este punto, el actor refiere que la Sra.
Juez determinó que la perito contadora designada en autos, Ana María Torres, ha establecido que el actor no gozaba de cobertura a la fecha 23/08/2004 dado que la cuota abonada el 11/08/2004 es la cuota nº4, siendo que la que debería estar abonada es la cuota nº 5 con vencimiento el día 16/08/2004, que fue pagada fuera de término el día 15/09/2004. Expone el apelante que lo manifestado por la sentenciante no se ajusta a lo expresado por la mencionada perito en sus contestaciones. Que en forma alguna –entiende- la experta ha aclarado los puntos solicitados por su parte y únicamente se ha limitado a reiterar en todos sus escritos, lo ya manifestado con anterioridad. Que según el dictamen de la experta, el asegurado en autos contrató un seguro pagadero en 12 cuotas mensuales y consecutivas, graficando en la expresión de agravios el cuadro confeccionado por la perito interviniente.
Que de dichos cuadros es dable extraer las siguientes conclusiones: que la primera cuota abonada fue el día 10/05/2004 y por la cifra de $ 84,00. Que según el informe de la perito contadora ese pago correspondería a la cuota nº1, cuyo vencimiento operó el 16/04/2004. Ahora bien, advierte que si ese pago corresponde a la 1era. cuota y la misma vencía el día 16 de abril, ¿por qué motivo figura como período abonado MAYO “04”?. Que dicha observación se aplica también al resto de las cuotas abonadas, es decir para la 2° cuota figura el periodo de junio “04”, cuando vencía en mayo, para la tercera el periodo de Julio “04”, cuando vencía en junio y así sucesivamente. Que el accidente se produce en agosto, es decir el 23/08/04, por lo que la cuota que debería estar abonada es la correspondiente al mes de agosto.
Según obra en el registro de cobranzas, el periodo agosto del 2004, se encontraba abonado el día 11 del mismo mes y año. Que si la primera cuota vencía en abril, ¿Cuál es la razón que figure mayo como primer periodo de pago?, también se pregunta ¿Por qué el asegurador continuó recibiendo todos los pagos fuera de término sin rescindir el contrato de seguro? Asimismo, refiere que ¿cómo se entiende que la aseguradora que aceptó en su conteste haber emitido la póliza de seguros mencionada, lo haya hecho sin contar con el pago, ni siquiera de la primera cuota del seguro respectivo? Que siendo el vencimiento de las cuotas el día 16 de cada mes, él abonaba las misma unos días antes de esa fecha, aunque para la experta, entiende siempre estaban vencidas.
Por todo lo expuesto, insiste en que el seguro estaba pago y en vigencia al momento del accidente de autos y es por ello, que manifiesta se debe revocar el acogimiento a la falta de legitimación pasiva. Que del mismo modo, destaca que el contrato de seguros, resulta un contrato de adhesión al cual se le aplican las normas de la ley de seguros, obviamente y la ley de defensa del consumidor, por lo cual las clausulas deben ser interpretadas a favor del asegurado. Que analizado el supuesto de autos en uno u otro sistema, el elemento aplicable en ambos y en toda contratación es la buena fe. Que en el supuesto de autos, tenemos una compañía de seguros que durante 7 meses ha cobrado las cuotas de una prima de seguros y que ahora pretende aducir que han sido abonados fuera de término.
Es decir que nunca hubo cobertura de seguros. Que existe por parte de Liderar Compañía General de Seguros, un comportamiento rayano en la mala fe y un aprovechamiento de la posición de debilidad del asegurado, que abonaba todas sus cuotas, en la certeza que tenía una cobertura de seguros en vigencia. Que a mayor abundamiento, no existe constancia alguna que la aseguradora haya emplazado al asegurado a ponerse al día con sus pagos, ni tampoco que haya dado por rescindido el contrato, lo cual denota la mala fe de su actuar. B) Responsabilidad: respecto al rechazo de demanda, expone el apelante que existe una causa penal que da cuenta de la existencia del hecho. Asimismo, se encuentra acreditado el ingreso del Sr.
Acuña al Hospital de Haedo por una fractura en brazo izquierdo y que consta en autos la declaración testimonial del Sr. Correa Pelayes, testigo presencial, quien considera da una clara referencia de los sucesos acaecidos. Que en primer lugar, la existencia de una denuncia efectuada el 24/08/2004 por el actor en la comisaría y la historia clínica del Hospital Haedo, de la cual surge que el actor fue ingresado al nosocomio el mismo día del accidente (23/08/2004) con politraumatismos y diagnóstico de fractura de su brazo, indican de manera presuntiva el acaecimiento del hecho siniestral. En cuanto a la declaración testimonial del Sr. Francisco Ramón Correa Pelayes, destacó que éste vive sobre la Av.
Don Bosco, así que desde la puerta de su domicilio presenció el hecho. Que esta cuestión se halla acreditada mediante el documento de identidad del testigo, del cual surge que su domicilio es en Av. Don Bosco 4635 de Morón, entre arterias Burgos/Ambato e Ibañez/Estocolmo (asimismo, allí fue notificado de la audiencia testimonial). En cuanto a la credibilidad del testigo, expuso que: en su denuncia el actor responde a la pregunta del oficial de policía manifestando que no posee testigos presenciales al momento de dicha manifestación. De esta manera, entiende que puede interpretarse que el actor se está refiriendo a no tener datos de testigos presenciales para poder individualizarlos en ese preciso momento.
¿Esto quiere decir que el actor asegura que no hubo testigos presenciales del hecho? De ninguna manera, expone. Considera que el accidente de autos acaeció en el horario del mediodía de un lunes en una avenida muy transitada de la localidad de Morón; lo que denota la gran posibilidad de que circularan personas y otros vehículos en dicha arteria. Que la sentenciante se basa en una escueta respuesta otorgada por el actor (y transcripta por el oficial de policía) para asegurar que el mismo no poseía ni iba a poder conseguir datos de personas que presenciaron el hecho. Que queda claro que el testigo asegura que el Sr. Acuña fue a recabar sus datos días después, lo cual confirma la idea de que al momento de la denuncia no poseía los datos del Sr.
Correa Pelayes. Por otra parte, advierte que la sentenciante hace hincapié en el error del testigo cuando confunde el vehículo del actor, en vez de decir bicicleta dice moto. Por lo cual, el apelante considera que debe tomarse en cuenta que la declaración del testigo data del año 2010, seis años después del accidente. Que el paso del tiempo puede producir errores en la memoria de un individuo. Que la confusión de bicicleta-motocicleta es factible, ambos son pequeños vehículos con similar forma; que si el testigo hubiera confundido una bicicleta con un automóvil o un camión es entendible la arremetida –considera- contra su declaración, pero denostar la declaración testimonial por una confusión entre rodados similares resulta a todas luces excesivo.
Que asimismo, el testigo refirió ciertos datos precisos que no fueron atendidos por la sentenciante de grado. Por lo cual, considera que se encuentra acreditado la existencia del hecho y responsabilidad del demandado. Finalmente, refiere que el actor fue participe de un accidente de tránsito y que como consecuencia de ello sufrió las lesiones que le fueron determinadas por el perito médico actuante. Que dichas lesiones guardan una directa relación causal con el evento de autos. Por lo que entiende que deberá fijarse una indemnización por la incapacidad física y psíquica, acorde a los sufrimientos padecidos y asimismo una indemnización por el daño moral y por los gastos médicos ocasionados. Cita jurisprudencia que entiende respaldatoria.
LA SOLUCIÓN
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de ésta instancia jurisdiccional, me abocaré al tratamiento de los mismos, debiendo destacar que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Asimismo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para resolver el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225). Del mismo modo, que solo serán tratados aquellos agravios que constituyan una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considerado equivocado.
III. La responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de automotores, sobre la base legal de un micro sistema jurídico integrado con el Código Civil El hecho ilícito dañoso de autos seria el resultado de un supuesto accidente vial ocurrido el día 23/08/2004 con la intervención de una camioneta marca Ford F100 patente UMG 050, conducido por el demandado Rafael Alcides Guillen y una bicicleta Mountain Bike guiada por el actor Rubén Alejandro Acuña en la intersección de las calles Don Bosco y Ambato. En la especie, la Sra. Juez de la instancia anterior resolvió rechazar la demanda por considerar que no se ha logrado acreditar el hecho ilícito y en su consecuencia, tampoco el nexo causal.
En consecuencia, el accionante Acuña Rubén solicita que se revoque la sentencia, por entender que obran elementos suficientes en la causa que acreditan la existencia del hecho ilícito, como así también la responsabilidad del accionado.
Ahora bien, sobre la base de esta plataforma fáctica de los hechos, en el cual serían protagonistas una camioneta y un ciclista, se aplica la doctrina legal que emana del art. 1113 del Código Civil, es decir la teoría de los riesgos recíprocos.
De este modo, la responsabilidad civil derivada de accidentes producidos en estas circunstancias se presenta como un microsistema jurídico regulado por la ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires Nro. 11430 (vigente a la fecha del hecho) integrado y armonizado legalmente con la aplicación de los arts. 512, 5173, 902, 921, 1.109, 1.111 y 1.113 siguientes y concordantes del Código Civil.
La Ley de Tránsito 11430 vigente la fecha denunciada como producción del siniestro, en su artículo 51 dispone que: “Condiciones para conducir. Los conductores deben: (…) 3) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito”. En consecuencia, siempre se exige el absoluto control del rodado, circunstancia que no puede pasar por desapercibido por cualquier conductor, máxime cuando la atención del manejo debe ser acrecentada en las zonas de mayor circulación de vehículos y peatones. Las pautas vertebrales a aplicar en la integración y la armonización del microsistema jurídico establecido en la ley 11430 –vigente a la fecha del hecho- con el régimen jurídico de la responsabilidad civil derivadas de los accidentes de la circulación de automotores, en las cuales son protagonistas un conductor y un ciclista, serían las siguientes, a saber: a) pesan sobre cada protagonista conductor de la camioneta y el ciclista, presunciones legales de responsabilidad sobre la base de la teoría de los riesgos recíprocos prevista en el precepto jurídico del art. 1.113 del Cód.
Civ., es decir que el que pretenda eximirse total o parcialmente de responsabilidad –interrumpiendo el nexo causal- deberá acreditar el hecho o la culpa de la víctima, el hecho o la culpa de un tercero por el cual no debe responder, el caso fortuito o la fuerza mayor o que la cosa fue usada o utilizada en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián de la cosa (arts. 513 y 1.111 del Cód. Civ.). b) en la via pública se debe circular con cuidado y previsión, conservando en todo momento el dominio del vehículo ya sea un automotor o un biciclo; c) tener en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito; d) no violar, ni poner en riesgo la seguridad pública; e) respetar las normas de tránsito para evitar el consumo de seguridad. f) La carga o el “onus probandi“ de la prueba liberatoria le incumbe al accionado (sujeto pasivodeudor), y resulta de interpretación restrictiva y la ausencia de su acreditación hace presumir que la pretensión resarcitoria del damnificado-acreedor debería prosperar; g) Se sienta el principio –en esta materia en especial- que en caso de duda: “In dubio pro-victima“ y que constituye una regla jurídica de hermenéutica o de interpretación fáctica y jurídica –aplicable para cada caso “in-concreto“- y que en los supuestos de casos de dudas, el juez se incline por la solución judicial más favorable para la víctima del daño, frente a la máquina de gran potencialidad dañosa, sea ciclista, conductor, dueño o guardián de cualesquiera de los vehículos co-protagonistas del accidente de tránsito.
Asimismo, conviene recordar que no constituye óbice para evaluar la responsabilidad, el archivo de la IPP en tanto con los mismos elementos de prueba, se puede absolver al demandado por no haberse probado su responsabilidad penal en un accidente de tránsito y adoptarse una decisión inversa en orden a la responsabilidad civil del mismo, ya que la responsabilidad penal y la civil no se confunden, porque se aprecian con criterio distinto y por consiguiente puede afirmarse la segunda aunque se haya establecido la inexistencia de la primera. (artículos 31 y 18 C.N. y 15 Constitución Provincial, Suprema Corte Bs. As., 21/9/1984, - Aspron, José Hernán v. Magaña de Coppola, Hebe Rosario y otro s/ Daños y perjuicios), es decir, carece de relevancia en sede civil; máxime si rigen los principios de la responsabilidad objetiva o sin culpa, de suerte que el guardián del vehículo debe demostrar, en todo caso, "la culpa de la víctima" para eximirse parcial o totalmente de responsabilidad (art. 113 párrafo 2do. 'in fine', C.Civil).(Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen, 0001, 21-3-91,”Martín, Ángel c/ Cuningham, Luciano s/ Daños y perjuicios”).
Finalmente, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires dispone en el artículo 163 inc. 5 que: “Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica”.
El Código se refiere a las presunciones judiciales, por lo que quedan excluidas las legales (iure et de iure; iuris tantum). Las presunciones judiciales no constituyen un medio de prueba, sino una operación mental que realiza el juez sobre la base de indicios, es decir, se trata de un procedimiento lógico (deductivo o inductivo) al que apela el sentenciador, y que se resume en la inferencia de un hecho desconocido de otro hecho conocido. Los indicios conformaran, se tiene precisado, un conjunto a fin de ser ponderados y relacionados unos con otros y todos entre sí. El indicio, entendido como vestigio o hecho conocido comprobado, es susceptible de llevarnos por aplicación de los principios de la lógica al conocimiento de otro hecho desconocido. Para ello los indicios deben ser graves, trascendentes y precisos, vale decir, probados y concordantes con otras conjeturas o medios probatorios (CARLOS EDUARDO FENOCHIETTO Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires COMENTADO, ANOTADO Y CONCORDADO LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA 7a edición actualizada y ampliada).
Ha explicado el Dr. de Lazzari que la prueba indiciaria es prueba indirecta por la que se llega a la convicción de la ocurrencia de cierto hecho a partir de la comprobación de otros hechos diferentes. A tal convencimiento se arriba mediante una operación lógico-crítica (el llamado proceso inferencial), que encuentra su principal apoyo en la experiencia de cómo acostumbran a suceder los hechos, según el curso natural y ordinario de las cosas, en los términos del art. 901 CC. (SCBA LP C 104934 S 10/08/2011, Juez DE LAZZARI (OP)). (CC0001 ME SI 117839 RSD-46-2020 S 29/04/2020 B. E. C. C /. R. S. Y O. S/ DAÑOS Y PERJ.DERIV.RESP.POR EJERC.PROF.(SIN RESP.ESTADO B5066566).
Por lo cual, habiendo sentado la normativa y doctrina que entiendo aplicable al presente caso bajo juzgamiento, corresponde preguntarse ¿Se encuentra acreditado la existencia del hecho ilícito en perjuicio del actor? ¿Qué ha sucedido realmente en el teatro de los hechos?
Para dar resolución al presente caso, comenzaré por dar lectura a los medios probatorios producidos ante la Sra. Juez Colega de Trámite, bajo las siguientes consideraciones que paso a desarrollar:
A fs. 6/11 se encuentra glosado el escrito de inicio de Rubén Alejandro Acuña quien presentó su demanda contra Rafael Alcides Guillen por un supuesto accidente de tránsito. Respecto al relato de los hechos, refirió que “El día 23 de agosto de 2004 siendo aproximadamente las 14.00hs., el Sr. Acuña circulaba a bordo de su bicicleta por la calle Don Bosco (…) en dirección de Oeste-Este. Es en tal circunstancia y a la altura de la mencionada arteria con el cruce de la calle Ambato, que es embestido en su parte trasera por una camioneta que circulaba en su misma dirección. Como consecuencia de la violencia del impacto, mi mandante fue despedido de su bicicleta quedando tendido sobre la calzada y debiendo ser auxiliado por varias personas. (…) como consecuencia del fuerte impacto recibido el Sr. Acuña sufrió diversas lesiones (…) atento a la importancia de las lesiones fue trasladado al Hospital de Morón y Posteriormente al Hospital de Haedo”.
Corrido el pertinente traslado de demanda, a fs. 40/51 contestó la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA”. En primer lugar, opuso como defensa la falta de legitimación pasiva por suspensión de la cobertura ante la supuesta falta de pago de la prima en tiempo oportuno, por lo cual la cobertura –relata- se encontraba suspendida a la fecha del siniestro. Dicha cuestión, será tratada más adelante, si correspondiere, en función de cómo prospere el presente capítulo destinado a tratar y resolver la responsabilidad del demandado. Con respecto a los hechos, la aseguradora manifestó que: “mi parte se encuentra en la obligación procesal de desconocer la ocurrencia misma del accidente invocado en el escrito de inicio atento a no tener constancia alguna en poder de mi representada de la ocurrencia del mismo, y en especial que asegurado alguno de mi mandante hubiera participado el día, a la hora y en el lugar mencionados en el libelo de inicio del hecho allí relatado”.
Por otra parte, a fs. 90 se declara la rebeldía del demandado Rafael Alcides Guillen atento a encontrarse debidamente notificado –véase cédula de fs. 27- y no cumplir con la carga procesal de contestar la demanda, debiendo por ello soportar las consecuencias legales de dicha inacción. Sobre tal cuestión también me expediré más adelante.
Las actuaciones labradas en la causa penal han sido ofrecidas como medio probatorio por la parte actora y citada en garantía, sin haber recibido objeción alguna de las partes, quedando incorpora como medio probatorio instrumental público y con “validez y eficacia jurídica” en este juicio por el principio de adquisición procesal y todas sus actuaciones, trámites, constancias, declaraciones, pericias, etc., prueban en contra o a favor de cualquiera de las partes involucradas en el proceso y que seguidamente es objeto de valoración.
Dichas constancias penales se encuentran digitalizadas en el sistema Augusta con fecha 01/02/2019 de las cuales observo: a) que el día 24 de agosto de 2004, se presentó el actor Acuña Rubén denunciando: “que el día de ayer siendo las 14 hs., aprox. Circulaba en su bicicleta tipo Mountain bike de color roja por la avenida Don Bosco en dirección a Camino de cintura, que al llegar a la intersección con Ambato de este medio es colisionado en su parte trasera por un vehículo marca Ford modelo F100 patente UMG 050 de color roja. Que a raíz del choque el dicente cae sobre la cinta asfáltica ocasionándole un dolor en su brazo izquierdo, que en ese momento el conductor del vehículo Ford desciende del mismo refiriéndole al deponente si era necesario que lo trasladara hasta algún centro asistencial, que el mismo le dijo que no. Que asimismo el conductor le dejo sus datos y del rodado; a los fines deja constancia de lo acontecido en esta seccional policial, el mismo resulta ser y llamarse Rafael Alcides Guillermo titular del DNI 24.197.599, que posee el seguro Liderar. Que el denunciante regresó a su domicilio y en horas de la tarde se presenta en el instituto Haedo y en la guardia fue asistido, que el médico le informó que tenía una fractura en el brazo”.
b) Del parte preventivo nro. 662/04 se observa la síntesis del hecho, del cual surge: “fecho Dcio. Rubén Alejandro Acuña que ayer siendo las 14 hs. circulaba por Don Bosco hacia camino de cintura, que al llegar a la altura con la calle Ambato es embestido por un vehículo marca Ford modelo F100 de color rojo dominio UMG 050 conducido por Rafael Alcides Guillen “.
c) Con fecha 25 agosto de 2004 se notificó al demandado Rafael Alcides Guillen que se encontraba imputado en actuaciones de investigación penal preparatoria siendo el denunciante Acuña Rubén Alejandro por lesiones culposas (art. 60 del CPP). En esa misma fecha, se llevó adelante informe en los términos del art. 26 y 41 del CPP, del cual se desprende: “En el día de la fecha personal de esta dependencia se constituyó en el domicilio del imputado de autos Rafael Alcides Guillen, domiciliado en la calle Zabaleta 697 de la localidad de Merlo Gómez a los fines de realizar allí el correspondiente informe socioambiental obteniendo los siguientes resultados: del causante: Rafael Alcides Guillen nacionalidad argentina, instruido, de 29 años de edad, estado civil soltero, changarin, domiciliado en la calle Zabaleta 697 de la localidad de Merlo Gómez (…) fecha nacimiento 23/11/1974 Capital Federal Prov. De Bs. As” asimismo, se brindaron datos de la vivienda en la cual habitara, “de la convivencia: el causante convive junto a su concubina Analía Gabriela Rojas, hijos María Belén, Rocío Belén y Joel Rafael. El nivel económico: changador mercado de frutas, hortalizas. Del concepto vecinal: se logra establecer que el causante posee buen concepto de parte de los mismos”.
d) A mayor abundamiento, obra constancia del reconocimiento médico - 25/08/2004- del actor Rubén Acuña del cual se desprende: “examen físico: al examen físico actual se observa yeso en miembro superior izquierdo, dicha persona refiere accidente en la vía publica con fecha 23 de agosto del corriente año. Siendo asistido en el hospital Prof. Dr. Luis Güemes de la localidad de Haedo. Hago lectura de precario medico el cual expresa que el antes mencionado sufrió fractura de cúpula radial. Consideraciones médico legales: dicha lesión tiene un mecanismo de producción compatible con golpe o choque con o contra elemento contundente con una evolución aprox. a las 48 hs., conclusiones medico legales: dicha lesión inutiliza laboralmente por un lapso de tiempo superior al mes, revistiendo el carácter de grave salvo complicaciones”. Volviendo a las actuaciones principales a fs. 174/176 se glosó la copia del libro de guardia del Hospital de Morón del día 23 de agosto “Rubén Alejandro Acuña 26 años, diagnostico: Traumatismo con 8 horas de evolución”. Asimismo, a fs. 284/285 y fs. 287/288 se adjunta copia del libro de guardia del Hospital Prof. Güemes del día 23/08/2004, del cual surge “Acuña Ruben FX cúpula Radial”.
Por su parte, el perito médico Dr. Hermida designado en autos determinó a fs. 348/351 que: “Rx de codo derecho: secuela de fractura de cúpula radial (…) consideraciones médico legales: de todos los elementos obrantes en autos, del examen anátomo, clínico funcional y de los exámenes complementarios llevados a cabo en la persona del actor, se demostró que actualmente presenta como secuelas de fractura de cúpula radial de codo derecho. (…) el mecanismo de producción casi siempre es el mismo: caída al suelo apoyando la mano extendida con el codo rígido”.
Finalmente, a fs. 258/261 declaró el testigo Francisco Ramón Correa Pelayes, quien fue citado como testigo presencial del accidente. Respecto a los hechos denunciados manifestó que: “solo conoce al actor hace años por vivir a dos cuadras y media de su casa, él vive sobre Burgos yo sobre Don Bosco. ¿Si tiene algún conocimiento de un accidente ocurrido el agosto del año 2004, en la intersección de las calles Don Bosco y Ambato de la Localidad de la Matanza: contestó: si, lo que pasa es que Ambato pertenece a La Matanza y de este lado es Burgos, el accidente ocurrió entre Don Bosco y Burgos y en frente es Ambato. Yo estaba en la puerta de mi casa hablando con un compañero de trabajo, justo mi compañero se iba, yo estoy más o menos a 20 25 metros de donde fue el accidente, estaba mirando justo para el lado de Burgos y veo que sale una moto y cuando pasa la moto, la camioneta arranca y el semáforo estaba en rojo, estaba en rojo para la camioneta, y veo que vuela cuando la choca a la moto, entonces fui corriendo, el muchacho se levanta y ahí me doy cuenta que era el muchacho que conozco. ¿Quienes participaron del mismo? La camioneta y la moto. ¿Cómo fue la mecánica de producción del mismo? La camioneta venia supuestamente por Don Bosco, esta frenada y cuando arranca el chico de la moto arranca la camioneta, a lo mejor estaba distraído porque venía charlando con una chica que estaba en la camioneta. El chico sale de Burgos, el arranca para doblar a la izquierda, el chico dobla por delante de la camioneta pero dobla bien porque tiene semáforo en verde con giro a la izquierda, ahí discutieron. (…)¿Porque arteria circulaban los vehículos?: el chico viene del lado izquierdo porque tiene que doblar para la izquierda, y la camioneta estaba en el costado del cordón para seguir derecho, podemos decir del lado derecho. ¿Si del hecho resultaron personas lesionadas? No, el chico se cayó, se levantó y se pusieron a discutir, el chico estaba golpeado, se levantó y se tiró para el cordón para el costado, no vino la ambulancia, no sé si fue al Hospital, estaban discutiendo y ahí me fui, después me fue a buscar, días después y fue cuando me puso de testigo”.
Así las cosas, referenciada la prueba aportada a la causa y que considero esencial a los fines de dar resolución al presente caso, comenzaré ahora por efectuar el estudio y valoración de los medios probatorios destacados bajo las reglas de la sana crítica. Adelanto que hay indicios suficientes que me llevan a tener por acreditado la existencia del hecho y responsabilizar al demandado. (art. 163 inc. 5 CPCC). El actor ha brindado elementos y datos concretos que, valorados como indicios serios, graves, precisos y concordantes, determinan la responsabilidad del accionado Guillen, a saber: Observo en primer lugar y tal como adelante “ut supra” el accionado Guillen Rafael Alcides, no ha cumplido con la carga procesal de contestar la demanda, por lo cual deberá soportar las consecuencias por dicha inactividad. La declaración de rebeldía le confiere al Juez la facultad de aplicar el método jurídico procesal, de la libre apreciación judicial, para así establecer la presunción favorable a la parte que obtuvo la declaración de rebeldía y más aún cuando –como en el caso de autos- se encuentra corroborada, esa presunción legal, por otros elementos probatorios producidos debidamente – entre ellos- la causa penal, las pruebas documentales acompañadas y declaración testimonial.
Por lo cual, no habiendo el demandado rebelde, contestado la demanda y habiendo guardado silencio respecto de la documental agradada al escrito de inicio – certificado médico de ortopedia y traumatología con el diagnóstico de fractura de cúpula radial, cuyo traslado le fue conferido conjuntamente con la demanda- se la doy por reconocida, y más aún por encontrarse la misma ratificada por las actuaciones labradas en sede penal, las historias clínicas acompañadas que dan sustento a la lesión padecida por la víctima y declaración testimonial.
En efecto, dispone el art. 60 del Cód. Proc., que la sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el art. 354 inc. 1. En caso de duda la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de la verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración. En su consecuencia, corresponderá –adelanto- hacer lugar a la demanda instaurada por el actor en contra del demandado rebelde, en concepto de daños y perjuicios, con más sus intereses y costas en ambas instancias, revocando la sentencia apelada.
En segundo lugar, respecto a la declaración del Sr. Francisco Correa Pelayes –único testigo presencial del hecho-, considero que éste ha logrado dar suficiente razón de sus dichos y los mismos resultan contestes con lo expuesto por el actor en su escrito de inicio. En efecto, entiendo que la circunstancia de haber confundido el vehículo en el cual se transportaba el actor (moto en vez de bicicleta), no resulta relevante a los fines de acreditar la existencia del hecho, toda vez que ambos rodados resultan tener características similares, como así también no puede perderse de vista el tiempo transcurrido entre el hecho denunciado y la declaración efectuada por él en sede civil (23/08/2004 y 18/11/2010), es decir han pasado más de seis años. Del mismo modo, el hecho de que el actor haya declarado en sede penal la inexistencia de testigos: “preguntado acerca de la existencia de testigos presenciales del hecho, refiere que no” tampoco implica la violación de los actos propios, ello así pues de la atenta lectura de lo expuesto por el Sr. Correa Pelayes, no surge que éste hubiera tenido dialogo con el actor en el momento del accidente. Dicha interpretación razono, dado que el testigo solo refirió: “….entonces fui corriendo, y ahí me doy cuenta que era el muchacho que conozco” (…) “no, el chico sé que cayó se levantó y después se pusieron a discutir (…) “no sé si fue al hospital, estaban discutiendo y ahí me fui, después me fue a buscar, días después y fue cuando me puso de testigo”. Por lo cual, entiendo que si bien al momento de la declaración en sede penal el accionante podría desconocer la existencia de testigos presenciales, ello no obstaba a la posterior investigación y recolección de datos de personas que hayan podido presenciar dicho accidente. No escapa a este Juzgador que la denuncia penal fue realizada el día 24/08/2004, es decir un día después del hecho y que el testigo reconoció que Acuña lo fue a buscar días después.
Así también, advierto que Correa Pelayes, ha logrado dar detalles precisos del suceso corroborando lo expuesto por el actor, pues ha precisado que el accidente ocurrió entre las calles Don Bosco y Burgos, aclarando que la calle Ambato (arteria declarada por la víctima como lugar de los hechos en su escrito de demanda) resulta ser la calle de enfrente, pues debe tenerse en consideración que Don Bosco divide el partido de la Matanza con el partido de Morón y las calles que cruzan Don Bosco al ingresar al otro partido, cambian de nombre, siendo este un hecho notorio y evidente y por todos conocidos y que no necesita ser probado en autos, es decir, solo hay una diferencia de veredas; habiendo referido en forma precisa y sin contradicciones que el conductor de la camioneta lo embiste desde atrás. En consecuencia, no encuentro motivos para apartarme, toda vez que éste ha dado suficiente razón de sus dichos. Nuestro Tribunal Superior Provincial, ha resuelto en casos similares al presente que: “El sistema de apreciación regido por la sana crítica -esquema de persuasión racional- (arts. 384 y 456, C.P.C.), no le impide al juez fundar su pronunciamiento en un testigo único. SCBA LP C 105241 S 03/08/2011 Juez PETTIGIANI Deparci, Juan y otro c/ Negri, Nora Lina y otro s/Escrituración. B24470); “No carece de fuerza probatoria la declaración de un testigo único por esa sola circunstancia, siempre que dicho testimonio resulte suficiente para causar convicción en el ánimo del juzgador que explica sus razones, y las conclusiones a que se arribe en las sentencias sean el fruto racional de las pruebas, con el único pero infranqueable límite del respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, es decir las leyes de la lógica” (SCBA LP P 128697 S 24/04/2019 B5061257).
Por otra parte, en cuando a las actuaciones penales, considero que las mismas tienen también entidad suficiente a los fines de acreditar el hecho denunciado por el actor. Tal como he expuesto “ut supra” el archivo de una causa penal no constituye óbice para evaluar la responsabilidad, el archivo de la IPP en tanto con los mismos elementos de prueba, se puede absolver al demandado por no haberse probado su responsabilidad penal en un accidente de tránsito y adoptarse una decisión inversa en orden a la responsabilidad civil del mismo, ya que la responsabilidad penal y la civil no se confunden. Asimismo, además de las declaraciones de la víctima y precario médico, se ha citado y notificado al demandado Guillen Rafael en los términos del art. 60 del CPP, a los fines de informarle su carácter de imputado por el delito de lesiones culposas contra la victima Acuña Rubén y el derecho que le asistía a contar con un defensor o abogado de lo represente; como así también vislumbre que se le ha efectuado en su domicilio un socioambiental. A mayor abundamiento, cuando la víctima efectuó la denuncia de lo acontecido en sede penal, dio datos precisos del accionado, vale decir denunció que este se llamaba Guillen Rafael Alcides, DNI 24.197.599 y que contaba con la aseguradora “Liderar”. Por lo cual, observo que existen indicios que por su número, precisión, gravedad y concordancia (arg. art. 163 inc. 5 del CPCC), producen convicción en el juzgador, que según la naturaleza del presente juicio y de conformidad con las reglas de la sana crítica, se presuma “pro-homine” la existencia del hecho denunciado por el accionante, todo ello interpretado bajo la lupa de la “sana crítica” (art. 384 del Cód. Proc.), la libre convicción del juez, las reglas de la lógica y del buen entendimiento humano, la experiencia de la vida diaria o el conocimiento de la vida y de los hombres y las máximas de experiencia del juez, sin descartar la aplicación de la “prueba compuesta”, denominada también como “apreciación global”.
En consecuencia, de la atenta lectura de las pruebas aportadas al proceso considero que ha quedado acreditado que el día 23/08/2004 el actor Acuña Rubén en momentos que circulaba a bordo de su bicicleta por la calle Don Bosco y a la altura del cruce con la calle Ambato (o calle Burgos, referida por el testigo, dado que cambian de nombre según vereda) resultó embestido en su parte trasera por la camioneta Ford F100 conducida por Rafael Alcides Guillen, provocándole fractura de cúpula radial de brazo izquierdo. Dicho lo cual, como puede observarse sin hesitación, llego a la convicción judicial de que ha quedado demostrada en autos la existencia del accidente y la falta imputable, objetable y observable de la conducta antijurídica de la parte demandada, conforme quedara acreditado por los diversos medios probatorios analizados en autos y por apreciación de la prueba compuesta. Con lo cual se acredita la existencia del hecho y el nexo de causalidad adecuada existente entre el hecho de la cosa riesgosa o peligrosa (camioneta del demandado) y la consecuencia disvaliosa producida en el cuerpo del actor, como resultado dañoso, según el curso natural y ordinario de las cosas (arts. 901 y 906 del CC), y de conformidad con la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez, toda vez que constituye el presente extremo legal un juicio, cuyos caracteres jurídicos son los siguientes: a) empírico, b) expost-facto, c) inabstracto y d) probabilístico. Con lo cual, resulta que la responsabilidad civil objetiva se le atribuye al dueño o guardián del automotor colisionante (art. 1113 del CC).
Así las cosas, ha quedado demostrado con la plataforma de los hechos acreditados debidamente con los medios probatorios antes considerados, la responsabilidad total y absoluta del demandado, puesto que –reitero –se halla acreditado el hecho y no se ha logrado probar –a ver de este Sentenciante- la culpa o hecho de la víctima, ni el hecho o culpa de un tercero por el cual no deban responder, el caso fortuito o fuerza mayor, como una causa ajena para eximirse de responsabilidad (art. 1113 del C.C. y art. 375 del CPCC). En suma, atento a la forma en que se resuelve, corresponde ahora dar tratamiento al resto de las cuestiones ventiladas en autos, a saber:
IV. De la excepción de la falta de legitimación pasiva de la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA”
La ley de Seguros 17418 dispone en su artículo 1 que: “Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”. El fin perseguido con el seguro es la traslación de un riesgo a un tercero, para que sus eventuales consecuencias graviten sobre éste, que lo asume mediante el pago de una prima o cotización. (Halperin Isaac, Nicolás H. Barbato. “Seguros. Exposición crítica de las leyes 17418, 20091 y 22400. Ed. Lexis Nexis. Depalma, pág. 51).
Por otra parte, no debe perderse de vista la relación de consumo que uniría al asegurado –en la especie Guillen Rafael Alcides-, beneficiario de la póliza y la empresa de seguros –Liderar Compañía General de Seguros SA-, es decir además de las normas propias de la ley 17418, debe sumarse la ley 24.240 y sus modificatorias. No hay dudas que –en la actualidad dentro de un contexto histórico, social, político, económico, y cultural- las acciones de daños y perjuicios vinculadas con un contrato de seguro, resulta de aplicación la ley 24.240 y sus leyes modificatorias, integradas y armonizadas –en el presente caso bajo revisión- con la ley de Seguros Nro. 17418, teniendo en cuenta los derechos subjetivos de los consumidores y usuarios, dado que resultan ser los sujetos más vulnerables, a los que el art. 42 de la C. N. decidió tutelar y proteger.
Va de suyo entonces que modernamente se aplica la idea o el concepto de diálogo de fuentes del derecho, integrando el macro sistema (en nuestro caso dicha Ley de Seguros 17.418, incorporada al Código de Comercio) con el micro sistema jurídico impuesto por la de Defensa del Consumidor Nro. 24.240, con sus modificaciones, interpretando armónicamente y de modo concordante dichos ordenamientos jurídicos, que se complementan entre sí.
La Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 y sus leyes modificatorias, define como consumidor o usuario a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1) quedando incluido -a mi juicio- en su régimen de protección a los consumidores de los contratos celebrados con las compañías de seguros, quienes son las responsables de mantener indemne el patrimonio del asegurado de conformidad con los términos del contrato que se haya suscripto. Por su parte, el art. 2 dice que el proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional actividades (…) de comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. El art. 42 de la C. N. y 38 de la Const. de la Pcia. de Bs.As., establecen que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el texto del art. 7 regula pertinentemente que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Además, agrega que en las relaciones de consumo se aplican las normas más favorables al consumidor y deben ser aplicadas e interpretadas conforme con los principios de protección del consumidor, y en los supuestos de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. (art. 1094 del C. C. y C. N.). El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor (art. 1095 del C. C. y C. N.).
Por su parte La Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 y sus modificatorias, también establecen armónica y concordantemente que en caso de duda se aplica la norma más favorable para el consumidor o usuario. Igualmente, en cuanto a la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor.
Sentada la doctrina y normativa que entiendo aplicable al presente caso bajo juzgamiento, comenzaré por dar tratamiento a los agravios de la parte actora, quien considera que en la especie debe rechazarse la falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora. En efecto, el actor Acuña Rubén a través de su letrado apoderado, refirió que de las constancias de autos surge –contrariamente a lo sostenido por la sentenciante de grado- que las primas del seguro contratado por el accionado, se encontraban pagas a la fecha del siniestro -23/08/2004-, por lo cual la cobertura no se encontraba suspendida. Ahora bien, de la lectura de la sentencia apelada, observo que S.S. ha hecho lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros Generales SA” en virtud de lo informado por las peritos contadoras intervinientes y designadas oportunamente en autos, Dra. Laura Elvira Orona (quien si bien presentó su experticia a fs. 138/141-cuaderno de prueba de la actora- y fs. 381/391 – cuaderno de prueba de la citada en garantía-, fue removida por no contestar los pedidos de explicaciones del actor) y Dra. Ana María Torres, perito nombrada posteriormente.
Adelanto, que el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, dispone respecto a la prueba pericial que: “El dictamen se presentará por escrito, con copias para las partes. Contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que los peritos funden su opinión...” (art. 472). Su artículo siguiente dispone que: “Del dictamen pericial se dará traslado a las partes que se notificará por cédula; y a instancia de cualquiera de ellas, o de oficio, el Juez podrá ordenar que los Peritos den las explicaciones que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso…” (art. 473), y finalmente el artículo 474 dispone: “Fuerza probatoria del dictamen pericial. La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca”.
Asimismo, dispone el art. 468 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Prov. de Bs. As., que será removido el perito que después de aceptado el cargo rehusare a dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. La negligencia de uno de los peritos no excusa a los otros, quienes deberán realizar las diligencias y presentar el dictamen dentro del plazo (conc. con el art. 470 del Cód. Proco. Civ. y Com. Nac.).
En consecuencia, de la transcripción de dichos artículos, entiendo que los expertos asesores de los jueces tienen el deber imperativo de cumplir con los cometidos que se le han encargado judicialmente, con el objeto de evitar en todo lo posible el fracaso de la prueba pericial o las injustificadas demoras en su producción. El Código ha sido particularmente severo con el perito que después de aceptar el cargo pretende desvincularse del cumplimiento de su cometido y obliga a designar otro en su reemplazo. La sanción es su remoción por parte del Director del proceso, que es el juez natural de la causa. En efecto, a propósito de la pericia que presentara la Sra. contadora Laura Orona quien en su oportunidad, acepto el cargo del cual fuera designada en fs. 133 y que ulteriormente S.S., conforme resolución de fs. 412 –y a pedido de la parte actora a fs. 411-, la removió del cargo con fundamento en que: “no habiendo la perito contadora Laura Elvira Orona contestado el pedido de explicaciones requerido, pese a estar debidamente notificada según surge de fs. 42, hágase efectivo el apercibimiento previsto a fs. 40”. En consecuencia, désele por perdido parcialmente el derecho a percibir honorarios (art. 473 del CPCC). Procédase a la remoción de la misma del listado pertinente por el periodo vigente y el siguiente. Notifíquesela por cédula a librarse por Secretaria y una vez firme, comuníquese al órgano de contralor mediante el libramiento de la planilla respectiva” –remoción firme y consentida según fs. 418-; considero que no puede ser valorada (dicha experticia), contrariamente a lo efectuado por la Sra. Juez de la instancia de grado.
Resulta evidente, que habiendo sido removida del cargo y encontrándose consentida y ejecutoriada dicha resolución judicial; no debe considerarse ese dictamen, por cuanto la experta fue separada de su cargo, situación que motivara el nombramiento de una nueva profesional, a los fines de que cumpla con la tarea encomendada.
Sentado ello, y adentrándome al análisis de la segunda experticia presentada en autos, vislumbro que a fs. 428 acepta el cargo la contadora Torres Ana María y a fs. 460/462 presentó su experticia refiriendo que: “el demandado asegurado no gozaba de cobertura al 23/08/2004, dado que la cuota abonada el 11/08/2004 es la N° 4, siendo que para estar cubierto debería haber abonado la cuota N°5 con vto. 16/08/2004 y la misma fue abonada el 15/09/2004”. –Póliza 1593785-. “vigencia desde las 12 hs. del 16/04/2004 hasta las 12 hs. del 16/04/2005. Efectúo detalle que consta en los cupones de pago de PAGO FACIL, respecto al número de cuota monto (1). Luego efectúo detalle que consta en los libros de registro de cobranzas presentados por la aseguradora (2): (1) cuota nro: 1 vto: 16/04/04 monto $84,00 abonada 10/05/04; cuota nro. 2 vto: 16/05/04 monto $86.70, abonada 08/06/04, cuota nro.3 vto. 16/06/04 monto 84,00, abonada 08/07/04, cuota nro. 4 vto. 16/07/04 monto 86,70 abonada 11/08/04, cuota nro. 5 vto. 16/08/04 monto 86,70 abonada 15/09/04 (…) (2) registro de cobranzas: (…) Tomo 17/56 periodo AG,´04 libro 128, folio 1°150 folio 2401 ult. Folio 2550, día: 11/08/2004, monto 86.69” (…) si se encuentra emitida póliza N°1593785, contratada con el Sr. Rafael Alcides Guillen sobre el vehículo Marca Ford F100 c/ GNC, modelo 1980 y patente UMG050. Forma de pago: 12 cuotas mensuales y consecutivas”.
Dicha pericia, recibió pedido de explicaciones por la parte actora. Es así que a fs.464/465 vta., realizó su primer pedido, habiendo contestado la experta a fs. 470/471: “no presentaron recibos ni de cupones de pago fácil (solo libros). La aseguradora emitió “copia” completa de la póliza. (…) no presentaron constancias de certificado o instrumento provisorio de cobertura o cualquier otro tipo de recibos, solo presentaron libros (…) de los libros presentados no surge que se haya efectuado pago del periodo de abril de 2004. Según los libros de cobranza presentados todos los pagos fueron efectuados fuera de término”. Por lo cual, a fs. 473/474 presenta nuevo pedido de explicaciones el actor, habiendo contestado la experta a fs. 478/478 vta., ratificando lo dicho anteriormente. Ante dicha respuesta, a fs. 484/486 el accionante solicitó nuevamente explicaciones, habiendo la contadora contestado a fs. 492/492 vta., que: “relacionado con los pagos efectuados en Pago Fácil, las empresas aseguradoras no tienen el comprobante de pago, la empresa pago fácil solo les acredita los pagos abonados. La empresa citada en garantía presentó los libros pertinentes”, ratificando sus dichos a fs. 504 y 507. Por otra parte, a fs. 448/459 bis, conjuntamente con la pericia contable, la perito adjunto la póliza 1593785 celebrada entre Guillen Rafael Alcides DNI 24197599 y “Liderar Compañía General de Seguros SA” con respecto al vehículo Marca FORD F100 c/GNC patente UMG050, cuya fecha de emisión resultó el día 22/04/2004 con vigencia desde el día 16/04/2004 al día 16/04/2005. Del mismo modo, en la cláusula 25 “Pago de la prima”, el contrato especifica: “la prima es debida desde la celebración del contrato pero no es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura…”.
Asimismo, en la condición particular 33 titulada “Clausula de cobranza del premio” surge: artículo 1: de acuerdo con la resolución 21600 de la superintendencia de Seguros de la Nación, el comienzo de vigencia de la cobertura del riesgo del presente seguro, queda supeditado al pago total del premio al contado. Se entiende por premio la prima más los impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo adicional de la misma. En caso que el premio se pague en cuotas el pago de la primera de ellas dará lugar al comienzo de la cobertura. Artículo 2: vencido cualquiera de los plazos de pago del premio exigible sin que este se haya producido, la cobertura quedará automáticamente suspendida desde la hora 24 del día del vencimiento impago, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna ni constitución en mora, la que se producirá por el solo vencimiento de ese plazo. Sin embargo, el premio correspondiente al periodo de cobertura suspendido quedará a favor del asegurador como penalidad. Toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora cero del día siguiente a aquel en que la aseguradora reciba el pago del importe vencido. Sin perjuicio de ello, el asegurador podrá rescindir el contrato por falta de pago. Si así lo hiciere quedará a su favor, como penalidad, el importe de premio correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la cobertura hasta el momento de rescisión”.
Así las cosas, habiendo destacado las constancias de autos que entiendo relevantes para la solución de este agravio, adelanto que el agravio debe prosperar.
En efecto, es sabido que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo verosímilmente con lo que las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión…” (art. 1198 del Cód. Civ.). Del mismo modo, conforme he expuesto al principio del capítulo, no escapa a este juzgador, que en la especie el demandado Guillen Rafael Alcides, es quien reviste el carácter de consumidor, al igual que reviste ese carácter de consumidor, el beneficiario del contrato de seguro, en nuestro caso un tercero que es precisamente el actor, pues estamos frente a una estipulación o contrato a favor de un tercero (art. 504 del CC). Por lo cual, en los casos que se evidencie una relación de consumo, debe aplicarse sin más dicha normativa, como así también, que en caso de duda se aplica la norma más favorable para el consumidor o usuario e igualmente, en cuanto a la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Este será el norte del sentenciante a la hora de resolver.
Ahora bien, conforme el detalle de la pericia contable glosada en autos objeto de estudio, observo que de ella, y con aplicación del principio de la prueba compuesta que más abajo me referiré sobre la base de indicios, han logrado dar luz a la cuestión aquí debatida.
Resulta llamativo para este Juzgador que la póliza de referencia tiene como fecha de emisión el día 22/04/2004, cuya vigencia operaria en forma retroactiva al día 16/04/2004 desde las 12 hs. hasta el día 16/04/2005, habiéndose consignado como fecha del primer vencimiento también el día 16/04/2004. Es decir, tal información llama mi atención pues entiendo que ello se contrapone a lo estipulado por el contrato de póliza en su cláusula 25 “pago de la prima”, toda vez que se ha informado que la “prima es debida desde la celebración del contrato”, por lo cual habiéndose emitido la misma el día 22/04/2004 mal podría tener un vencimiento anterior a la celebración de dicha póliza (16/04/2004).
Tal como expuse, la cláusula 25 regula además de que la prima es debida desde la celebración del contrato, que “no es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura”. Sobre este punto, observo 2 cuestiones, por un lado, mal podría haberse entregado dicha póliza a la fecha 16/04/2004 –fecha de entrada en vigencia y vencimiento.- cuando todavía no había sido emitida y si quisiéramos hablar de un certificado o instrumento provisorio de cobertura, lo cierto es que la experta contestó a fs. 470/471 que: “no presentaron constancias de certificado o instrumento provisorio de cobertura o cualquier otro tipo de recibos, solo presentaron libros”. Con lo cual, no habiendo realizado ningún pedido de explicaciones la aseguradora, consintió lo informado por la perito contadora y encontrándose la citada en garantía en mejores condiciones de probar, presumo que dicha documental -certificado o instrumento provisorio - no fue expedido.
Al analizar las propias cláusulas del contrato –ley para las partes- y la fecha de su emisión (22/04/2004) con la fecha de vencimiento de la primera cuota (16/04/2004), hasta tanto no se haya emitido dicha póliza la misma no podría vencer, máxime cuando no se ha acreditado la emisión de una constancia de certificado provisorio. No debe olvidarse que la aseguradora es una empresa profesional de seguros, organizada y que cuenta con una base estadística para observar su equilibrio contractual congruente con su razonable afán de lucro y que en la otra vereda se encuentra un consumidor que tiene derecho a un trato digno, equitativo y no discriminatorio. (Doct. Arts. 8 bis Ley 24.240– Texto Ley 26.361 -1097 y 1098 Código Civil y Comercial de La Nación). Además, debe observarse con mucho cuidado para proteger una relación jurídica donde es fundamental la función social del contrato. La función social del contrato constituye una arista del derecho que se bifurca desde todas las necesidades que la persona tiene para ser incluido socialmente. En los fundamentos del Código Civil y Comercial de La Nación, con relación a la función social del contrato, se explica que “En suma, seguramente se interpretará que la exigencia de que el contrato sea celebrado en razón de su función social, y dentro de sus límites, no implica que ciertos intereses estrictamente individuales carezcan de tutela legal; pero sin embargo será necesario que el contrato tenga una función económica apreciable socialmente, por ser razonable, digna, seria, equilibrada y oportuna para el negocio del caso. (Esta Sala Primera en los autos caratulados: “Ortiz Sergio Benito C/ Liderar Compañía General De Seguros S.A S/ Daños Y Perjuicios”, Causa n° 4788/1 R.S. D. Nro.: 172 /17, 19/09/2017).
Finalmente, y no menos importante, cobra especial relevancia la actitud asumida por la citada en garantía durante todo el lapso peritado. Vale decir, aun suponiendo que las cuotas fueron pagadas con plazo vencido, es evidente que la aseguradora lo ha consentido. Según la condición particular 33, artículo 2 de la póliza “…el asegurador podrá rescindir el contrato por falta de pago. Si así lo hiciere quedará a su favor, como penalidad, el importe de premio correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la cobertura hasta el momento de rescisión”. Por lo cual, si tomáramos como cierto lo informado por la perito en cuanto a que el demandado desde el inicio del contrato ha pagado fuera de términos todas las cuotas –desde abril 2004 a octubre 2004- y que la aseguradora durante todo este tiempo ha cobrado una póliza a sabiendas de que ante un infortunio no respondería a favor de su asegurado, claramente no ha actuado con buena fe (art. 1198 del Cód. Civ) ni muchos menos ha cumplido con las normas tuitivas de la ley de defensa de consumidor. Es decir, que bajo esta interpretación la citada en garantía ha cobrado durante siete meses cuotas, las cuales todas han representado una penalidad a favor de la empresa y sin hacer uso de la rescisión del contrato. Veamos, según la pericia contable en fs. 460 vta., el demandando abonó la cantidad de siete cuotas, cuyo detalle se transcribe a continuación: “….cuota nro: 1 vto: 16/04/04 monto $84,00 abonada 10/05/04; cuota nro. 2 vto: 16/05/04 monto $86.70, abonada 08/06/04, cuota nro.3 vto. 16/06/04 monto 84,00, abonada 08/07/04, cuota nro. 4 vto. 16/07/04 monto 86,70 abonada 11/08/04, cuota nro. 5 vto. 16/08/04 monto 86,70 abonada 15/09/04, cuota nro. 6 vto. 16/09/04 monto 84,00 abonada 12/10/04, cuota nro. 7 vto. 16/10/04 monto 86.70 abonada 10/11/04”.
En cambio, la citada en garantía en oportunidad de contestar la demanda a fs. 40/41 plantea como defensa, la suspensión de la cobertura y textualmente dijo: “Suspensión de cobertura- falta de cobertura financiera” se expondrá a continuación los argumentos enderezados a basamentar en forma indubitada, lo atinente a la inexistencia de obligación alguna para Liderar Compañía General de Seguros SA, habida cuenta que a la fecha de acaecimiento del suceso siniestral que determina la base fáctica de estos actuados, la cobertura de la póliza que la vinculaba con el prenombrado se hallaba suspendida por falta de pago. Que si bien es cierto que el demandado Rafael Alcides Guillen, tenía contratada con mi representada una póliza de seguros 1593785, que confería cobertura asegurativa al vehículo Ford F100, dominio UMG 050, con respecto a la responsabilidad civil frente a terceros generadas por el vehículo preindicado, no lo es menos que a la fecha de acaecimiento del evento que determina la base fáctica de estos actuados -23/08/04-, la cobertura se hallaba suspendida por falta de pago del premio en función a lo dispuesto por la cláusula particular 33, cláusula de cobranza de premio, art. 2 contenida en las condiciones generales y particulares de póliza (…) reitero el siniestro ocurrió el día 23 de agosto del 2004, según los asientos contables de mi instituyente, reitero a esa fecha, la cuota estaba impaga, operándose entonces suspensión de la cobertura por falta de pago de la prima”.
De la lectura de este párrafo transcripto interpreto gramáticamente (art. 2 del Cód. Civ. y Com. aplicable analógicamente y art. 3º del mismo Código) que dicha parte afirma que la cuota correspondiente al mes de agosto del año 2.004 se encontraba impaga y habiéndose producido el siniestro el 23 de agosto de 2.004, se operó la suspensión de la cobertura precisamente por falta de pago de la prima o del premio.
Sin embargo, de la pericia contable objeto de estudio “ut supra”, la experta concluye que el demandado abonó la cantidad de siete cuotas en concepto del pago de premios (prima más impuestos), en su consecuencia mal puede la aseguradora afirmar que la cuota del mes de agosto de 2.004 se encontraba impaga (art. 384 del Cód. Proc.) y hacer valer de modo improcedente, una supuesta suspensión de la cobertura por su no pago. La buena fe, es un elemento importante de los contratos al igual que la buena fe procesal, y el juez puede valorar la conducta de las partes durante la sustanciación del litigio, ya que puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. Se considera que tal conducta es un indicio, esto es, un hecho a partir del cual puede presumirse la existencia de otro u otros. No hay que olvidar que las partes tienen el deber de colaboración en el litigio y lo que se pretende es llegar a conclusiones basadas en argumentos lógicos.
Está claro, que resulta de aplicación –como doctrina- el art. 163 inc 5º último párrafo del Cód. Proc. Nacional, al establecer que la conducta observada por las partes dentro del proceso, podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones.
En síntesis, todo ello demuestra que la cuota del mes de agosto de 2.004 no se encontraba impaga a la fecha de siniestro de autos.
Surge a todas luces –y sin hesitación- que la citada en garantía acreedora de los premios (primas, más impuestos) adeudados en cuotas parciales por su deudor, también accionado en autos, consintió tácitamente (manifestación de su voluntad tácita (arts. 914, 915 y 918 Cód. Civ.) que el deudor le abonara dichas cuotas después de su vencimiento pactado, sin formular objeción alguna a su respecto, tolerando y aceptando tácitamente esa modalidad y parcialidad de pago. Y lo cierto es que los pagos fueron efectuados.
De lo expuesto me lleva a razonar y reflexionar: que si la aseguradora consintió tácitamente durante un periodo de tiempo, dentro del cual, el deudor del premio cumple con su obligación, abonando supuestamente las cuotas fuera del plazo de vencimiento, dando conformidad a ello tácitamente la citada en garantía, mal puede articular ahora, como defensa, que el contrato de póliza de seguro se encontraba suspendido, por haber abonado la cuota después de su vencimiento, y por haberse producido el siniestro (o el hecho ilícito) encontrándose suspendido el seguro o la cobertura.
De este modo, cobra relevancia, -reitero- el principio de la buena fe, que - a mi juicio- es uno de los elementos de los contratos, es decir que la citada en garantía viola con su conducta o comportamiento dicho principio general del derecho privado, pues en el acto jurídico del pago de las cuotas, recibiendo el importe de las mismas, consiente tácitamente que su deudor las abone con plazo vencido y ahora en esta etapa judicial argumenta que la cobertura estaba suspendida por el no pago en término. Aparte de asumir una conducta de mala fe, incurre en la violación de sus propios actos, pues extrajudicialmente –en la etapa de ejecución del contrato- consiente y acepta tácitamente el pago de las cuotas después de su vencimiento, conducta que se repite mes a mes y de ejecución continuada y de tracto sucesivo. Por lo cual, resulta improcedente en esta instancia judicial contrariar su propio acto anterior, planteando como defensa la suspensión de la cobertura (art. 1.198 del Cód. Civ), violando de ese modo la doctrina de los actos propios.
En efecto, he tenido oportunidad de sentenciar reiteradamente que la doctrina de los actos propios, que en latín es conocida bajo la fórmula del principio: “venire contra factum proprium non valet”, proclama el principio general de derecho que norma, la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos. Constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo, de una facultad, o de una potestad, como consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente.
Nos encontramos frente a la contradicción de un acto previo con otro posterior, con base en la autonomía moral de todo individuo, que como persona tiene la libertad de expresar voluntariamente sus actos jurídicos. El individuo es un agente racional y planifica su futuro basándose en ciertas razones, que son hechos, creencias o deseos. Es decir, que el agente con sus conductas, bajo ciertas condiciones de contexto jurídico, puede abrir o crear ciertas expectativas a terceras personas, justificadas en razones legítimas. Esta figura implica que alguien alegue o niegue un hecho que contradiga sus propios hechos o actos o declaraciones anteriores o previas.
Respecto a los requisitos o supuestos operativos de su aplicación, se requiere que: a) Los actos propios sean inequívocos, en orden a que intersubjetivamente pueda determinarse el sentido jurídico de los actos del agente b) Que, entre la conducta previa o anterior y la pretensión actual, exista una incompatibilidad o una inconsecuencia, porque los efectos que producen cada uno de ellos son diversos, según el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta jurídica anterior. c) Que el agente o requerido actuó con plena conciencia expresando su voluntad d) Que la expectativa primigenia, es razonable de generar sus efectos jurídicos a favor del actor, considerando todas las razones disponibles. e) Que tal expectativa es legítima, al guardar conformidad con los principios del ordenamiento jurídico. f) Que con la conducta cambiante de ser admitida se provoca un daño a tercero, que el derecho no debe tolerar.
Ha dicho Diez Picazo, que técnicamente la consecuencia básica es procesal: la prohibición para el agente inconsecuente, de poder alegar judicialmente el cambio de su conducta como hecho operativo o fundante de algún derecho o potestad propia, frente a ese tercero confiado (exclusivamente). Es decir, afecta la legitimación procesal activa del agente o la legitimación pasiva procesal respecto de la alegación de un derecho o excepción, calificando de inadmisible la pretensión o la defensa, sin que necesariamente afecte, en general, la existencia de tal derecho o potestad (Luis Díez Picazo y Ponce de León (1963), La doctrina de los propios actos, Ed. Bosch.- Marcelo J. López Meza, De nuevo sobre el principio general de la buena fe y la doctrina de los actos propios).
Asimismo, con la conducta o comportamiento desplegado por la aseguradora, la misma, por su posición dominante, también incurre en un ejercicio abusivo de sus derechos, pues pretende argumentar sin causa, la suspensión de la cobertura.
Los derechos subjetivos deben ser ejercidos de buena fe, por todas las partes involucradas en el presente proceso (art. 9 del CCyN). El ejercicio regular del derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, se considerara tal el que contrarié los fines del ordenamiento jurídico o el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 10 del CCyCN). Lo dispuesto en los artículos 9 y 10 se aplican cuando se abuse de una posición dominante en el mercado sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. (art. 11 del CCYCN).
Por otra parte, cabe también la siguiente reflexión: Si la aseguradora consintió tácitamente –mediante su comportamiento o conducta sucesiva y reiterada, durante la ejecución del contrato de seguro, que el demandado abonara supuestamente las cuotas en periodos vencidos, sin objeción alguna por parte de ella, y el dinero por ese concepto ingresó a su patrimonio, sin hacer uso de la cláusula de rescisión del contrato de seguros, de ninguna manera puede en esta instancia judicial hacer valer la suspensión de la cobertura, pues ello produce –a mi juicio- un enriquecimiento sin causa (art. 1794 del Cód. Civ. y Com.), toda vez que el accionado cumplió con su obligación y su aseguradora pretende escudarse en una supuesta suspensión de la cobertura, sin dar cumplimiento al fin social del contrato de seguros, que es mantener indemne el patrimonio del asegurado o como en este caso mantener incólume el patrimonio del tercero beneficiario de la póliza de seguro, indemnizando o resarciendo al mismo, de todos los daños y perjuicios causados por el demandado asegurado. En suma, por todas estas consideraciones legales, pruebas analizas y condiciones particulares del caso bajo examen, considero que la excepción de falta de legitimación pasiva (“ad causam”) opuesta por la citada en garantía, no debe prosperar y que debe interpretarse que el seguro se encontraba vigente – en cuanto a que el periodo agosto 2004 fue pago-, ello conforme de la información que surge de la documental glosada –póliza de seguros, cuya fecha de emisión resultó el día 22/04/2004 y pericia contable-. Por lo expuesto, es mi sincera convicción judicial que a la fecha del siniestro 23 de agosto de 2004 el asegurado y demandado de autos, Guillen Rafael Alcides contaba con cobertura.
Considero que esta solución responde a razones de justicia, equidad, y es la que impone el régimen protectorio del consumidor –en el caso a favor del demandado y del tercero (beneficiario del contrato de póliza de seguro de responsabilidad civil), siendo el accionado quien ha contratado un seguro a los fines de mantener indemne su patrimonio y de reparar los daños que le pueda causar: “el demandado al actor” (el tercero)-, el cual también resulta de rango constitucional, cuya directriz es que el contrato de seguro en análisis debe ser interpretado en el sentido más favorable al consumidor (artículo 42 de la C. N. y artículo 38 de la Constitución Provincial y artículos 1, 2 y 37 de la ley 24240, vigente a la fecha del siniestro), máxime el fin social del mismo. Como corolario de lo expuesto, juzgo que no se probó la suspensión del seguro por falta de pago, defensa que merece ser desestimada (art. 375 del CPCC).
Por lo expuesto, corresponde hacer extensiva la condenada dictada en autos a la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA” en los términos del contrato de seguro, con las salvedades que expondré a continuación. (arts. 699, 700, 701 y 702 CC y art. 118 de la ley de seguros 17418).
IV.1. Adecuación del límite de la cobertura Habiendo dado tratamiento y resolución a los agravios que giraban en torno a la falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía, corresponde ahora dar análisis al límite de la cobertura fijado en la póliza de seguro que se encuentra glosada a fs. 448/459 bis vta. Que a los efectos de la adecuación o de la actualización del límite de la cobertura o del contrato de seguro, en los supuestos de responsabilidad civil hacia terceros, resultan de aplicación los siguientes principios fundamentales, que hacen a la Constitucionalización del Derecho Privado. De este modo: “Los Principios de Justicia (Preámbulo: “afianzar la justicia”), y “La Equidad”: “Los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo”, a “La seguridad e intereses económicos”, al trato “Equitativo y Digno” y a una “Información adecuada y veraz” (Art. 42 de la Constitución Nacional).
La Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Nacional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vinculan con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o limites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequitativo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente “sub-judice” de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vulnerables.
En cuanto a la Dignidad: se violaría el principio de Dignidad de los más débiles: consumidores, o terceros beneficiarios, si no se reajustan los topes resarcitorios en los contratos de seguros. La dignidad de la persona humana constituye el eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional y el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se afirma que: “Toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Va de suyo, que la actualización monetaria no viola la dignidad de la persona humana, dado que interpretar lo contrario y sin fundamento lógico ni racional, se beneficiaría a las Empresas o Compañías de Seguros, al obtener un lucro a costa de los asegurados.
Repárese que en el presente caso, la póliza de seguros, fue emitida hace 16 (dieciséis) años y el asegurado abonó un premio (primas más impuestos) proporcional al monto asegurado y a los topes resarcitorios vigentes a esa época o esa fecha, aprobados o autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Los Derechos de los Consumidores forman parte de los Derechos Humanos. Los Tratados Internacionales, con categoría supralegal, de conformidad al art. 75, Inciso 22, verifican el respecto al principio de la dignidad de las personas (entre ellos: los consumidores), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establecen: Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, de libertad, justicia y paz, tienen como base, el reconocimiento de la dignidad, inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.
Lo contrario importaría un beneficio a las Aseguradoras por la transferencia sin causa e impropia de beneficios financieros y económicos a dichas Compañías de Seguros, al no reajustar durante 16 años las sumas aseguradas y/o los topes resarcitorios. El sentido común y el sentido económico-financiero-jurídico afirman lo contrario. Ello me lleva a reflexionar con prudencia y razonabilidad que se produciría un verdadero enriquecimiento sin causa (art. 1.794 del C. C. y C.) de las empresas aseguradoras, toda vez que al percibir las primas proporcionales a las sumas aseguradas, abonarían importes indemnizatorios a valores históricos. Y a su vez, incurrirían en un abuso de derecho por la posición dominante que ejercen en el mercado consumidor, en desmedro de los intereses subjetivos del beneficiario tercero de la póliza de seguros (arts. 9, 10 y 11 del C.
C. y C.). La actualización monetaria de las sumas aseguradas, es una herramienta jurídica que los Jueces aplican para logar un equilibrio entre las contraprestaciones asumidas por las partes en el contrato, con aplicación del principio: “conmutativo” al determinar que el monto de la cobertura se actualiza a la fecha del pronunciamiento judicial de conformidad a los topes y/o tablas que aplica y autoriza la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a las pautas inflacionarias de nuestro país, por que las primas actuales son proporcionales a los montos asegurados, teniendo en cuenta los costos, costes y beneficios económicos-financieros, bajo la óptica de la interpretación económica del los contratos.
Se respeta así el principio receptado en nuestro Código Civil y Comercial de la “reparación plena” o integral como lo anunciaba el Código de Vélez Sarsfield. Según el Código Civil y Comercial de la Nación existe un Bloque Legal de Derecho de Consumo, conforme los arts. 963 y 1094 del C. C. y C.), bajo el título de "Prelación Normativa" al ordenar que las normas deben ser aplicadas conforme con el principio de protección al consumidor o usuarios.
De modo tal que siendo el asegurado un consumidor (en los términos del art. 1.092 del C. C. y C.) según sostiene la doctrina y la jurisprudencia, incluyéndose a la víctima del siniestro también, como un consumidor, no hay duda que la actualización por depreciación monetaria de la suma asegurada, va en sintonía con los derechos de los consumidores, amparados por el Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley de Defensa del Consumidor, por el art. 25 de la Ley 20.091 -que ordena que las cláusulas de los contratos de seguros sean “equitativas”-, arts. 42 y 17 de la Constitución Nacional y el art. 75, inciso 22 de la Carta Magna y los Tratados de Derechos Humanos.
El tope de la suma de dinero, por el cual responde la aseguradora, frente a los daños a terceros beneficiarios del seguro, no está determinada 'in obligatione' sino "in solutione", esto último como una respuesta eficaz a una cuestión económica-jurídica, como un fin o resultado positivo de un proceso o acción. De allí que las sumas aseguradas se deben pagar al momento de siniestro, al monto real que corresponda tomar en cuenta para la liquidación de la deuda, es decir – reitero- al momento del pago del siniestro. En el seguro de responsabilidad civil, la suma asegurada es la "indemnización a la víctima" (art. 68 de la Ley 24.449) y la "indemnidad del asegurado", como protección a su patrimonio (art. 109 de la Ley de Seguros) y con mayor razón tratándose de un “seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros”.
Sentado ello, a fs. 448 observo que la póliza celebrada entre el codemandado Guillen Rafael Alcides y la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA”, establece respecto a los riesgos cubiertos que: “riesgos cubiertos: RC con límite hasta 3.000.000,00. B1-R.C, Inc. y Robo y/o hurto TOTAL”. Del mismo modo, a fs. 454 vta. “capitulo A: Responsabilidad civil hacia terceros transportados y no transportados” Clausula 2. Riesgo Cubierto. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro (en adelante el conductor) , por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados a ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias (…) el asegurador asume esta obligación únicamente en favor del asegurado y del conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento, establecida en las condiciones particulares por daños corporales a personas, sean éstas transportadas o no transportadas y por daños materiales, hasta el monto máximo allí establecido para cada acontecimiento sin que los mismos puedan ser excedidos por el conjunto de indemnizaciones que provengan de un mismo hecho generador”. A fs. 458 en la condición particular 42 “Seguro obligatorio hacia terceros”: “Se deja constancia que dentro de la presente póliza, se incluye la cobertura obligatoria establecida por el artículo 68 de la ley de tránsito y seguridad vial nro. 24449…” y finalmente, a fs. 458 vta. “Responsabilidad civil hacia terceros riesgo cubierto” en la Cláusula 2 se estipula que: “El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro (en adelante el conductor), por cuanto deban a un tercero, solo por los conceptos e importes previstos en la cláusula siguiente…”, “Limite de responsabilidad: Clausula 3: ….1) muerte o incapacidad total y permanente por persona $90.000”.
Ahora bien, memoro que reiteradamente nuestro Tribunal Superior Provincial, ha tenido oportunidad de expedirse respecto a los límites del contrato de seguro. Es así que en tales circunstancias ha resuelto que: “En este sentido esta Corte ha decidido que al tercero damnificado le son oponibles todas las cláusulas, aun aquéllas que restrinjan o eliminen la garantía de indemnidad, sin distinguir en la naturaleza que éstas pudieran tener. Ello es así porque esa prescripción quiere significar que el tercero está subordinado, le son oponibles, lo afectan o se encuentra enmarcado por determinadas estipulaciones contractuales, aun cuando haya sido ajeno a la celebración del pacto (conf. Ac. 65.395, sent. del 24-III-1998; Ac. 83.726, sent. del 5-V-2004; C. 94.988, sent. del 23-IV-2008 cit.). C. 102.992, "Díaz, Alicia Susana contra Moreno, Carlos. Daños y perjuicios. 17/08/2011).
No obstante ello, en un fallo de esta Sala Primera con voto de mi Colega Dr. Posca in re: “Turellas Daniel Alejandro C/ Benitez Mario Pedro Y Otros S/ Daños Y Perjuicios (Causa Nº 5203/ 1 R.S.D. Nº: 170 /18 Folio Nº: 1146 29/06/2018), se ha sentenciado sobre la cuestión siguiendo los nuevos argumentos brindados por nuestro Máximo Tribunal Provincial.
En consecuencia, en dicha causa referenciada se resolvió que: “Es así la SCBA ha establecido –por mayoría- en la C. 119.088, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios". (sentencia del 21/02/2018) que: “…considero que los reproches afincados en la pretendida inoponibilidad de dicho límite literal de la cobertura tanto al asegurado como a la víctima del siniestro, por su violación al deber de reparación integral y a las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (v. fs. 402/403), resultan atendibles.” (…) “En el presente caso, el demandado tomador del seguro tenía contratada a la fecha del siniestro solamente la cobertura base o garantía mínima obligatoria, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000), tal como se expuso en la sentencia aclaratoria del Tribunal de Alzada (v. fs. 384 vta. y sigs.) con referencia a los dictámenes contables obrantes en la causa (v. fs. 180/181, 194, 220).”
Pues bien, a la luz de las circunstancias narradas considero que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód.
Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430).” (…). Asimismo, en aquella oportunidad también se destacó que: “Tal evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6, 2do. párr., CPCC). El transcurso del tiempo, el diferimiento del cumplimiento de la obligación de garantía a cargo de la aseguradora y la valuación judicial actual del daño ocasionado han provocado la desnaturalización del vínculo contractual por la sobreviniente disminución de la incidencia de la cobertura contratada en la cuantía de la indemnización finalmente resultante.” (…)
“En efecto, si bien el límite de cobertura constituye una cuestión esencial y subordinante de los demás elementos del seguro, también es cierto que al tiempo en que la compañía debe honrar sus compromisos asumidos el interés oportunamente asegurado luce sensiblemente reducido. Y en el marco de la cobertura básica del seguro de responsabilidad civil, ello implica que la prestación a cargo de la aseguradora sea finalmente por un monto muy inferior al de la garantía mínima vigente en tal momento, desvaneciéndose la tutela del damnificado para la efectiva percepción de su indemnización.”
“Así, si la suma asegurada constituye de ordinario el límite de la obligación de la aseguradora, en la póliza básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil está determina la cobertura mínima que el sistema ha instituido como umbral para afrontar el daño real y cierto que el siniestro haya causado a la víctima. Por lo que el sobreviniente carácter irrisorio de su cuantía finalmente resultante implica en los hechos que se constate un infraseguro, al evidenciar un monto tan exiguo en relación con la valuación actual del daño que la gran parte de éste queda fuera de la garantía, a cargo exclusivo del asegurado, como si no hubiese mediado seguro alguno (conf. arts. 499, 953, 1.071 y concs., Cód. Civ.).”
“Si bien la magnitud de los daños provenientes de la responsabilidad civil automotor (en los términos del art. 68, ley 24.449) no puede ser lógicamente apreciada de antemano, el valor mínimo de la cobertura asegurada -que sí lo es- debe de algún modo mantener su relación con los mecanismos de valuación de los perjuicios derivados del siniestro (estimados al tiempo de la sentencia), pues la pérdida de dicha proporción o ratio -tal como sucede en autos- lleva a la destrucción del interés asegurado y a la ausencia de equivalencia en las prestaciones resultantes (ratio premio/riesgo).”
“II.3.b. A la vez patentiza un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora, reflejando una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.).” (…)
“De modo que el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos casos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que ha de implicar -por lo que se viene diciendo- incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva (conf. arts. 953, 1.037, 1.071, 1.137, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; arts. 61, 109, 118 y concs., LS).” (…)
“II.3.d. Para más, una aplicación literal de la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza resultaría asimismo sobrevinientemente frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio (contrariando la indemnidad del patrimonio del asegurado, dejándolo desprotegido por una cobertura proporcionalmente muy inferior en relación con la magnitud del daño finalmente estimado, debiendo asumir la financiación de su descontextualización temporal) y destructora de su función preventiva (al desvirtuar la razón que diera nacimiento a la obligación del tomador de prevenir las consecuencias derivadas de su daño eventual, conf. art. 68, ley 24.449).” (…)
“II.3.e. Situación que adicionalmente repercutiría en la víctima,(…) frente a quien se respondería en muy inferior proporción, frustrando el carácter obligatorio del seguro y su naturaleza indemnizatoria, con agravamiento del principio de efectiva reparación integral del daño padecido por aquélla, en perjuicio de su integridad, dignidad y propiedad, derechos amparados por garantías constitucionales (arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1, 10, 11, 31 y concs., Const. prov.; 1.068, 1.069, 1.109, 1.077, 1.079 y concs., Cód. Civ.).”
“Es que el art. 68 de la ley 24.449, al imponer el requisito del seguro obligatorio, no pretende otra cosa que proteger -con carácter de orden públicoa las víctimas de accidentes de tránsito y asegurar su reparación, poseyendo un verdadero fundamento tuitivo, de seguridad social.” (…)
“II.4. De esta forma, en autos, siendo (i) que al momento del siniestro las resoluciones generales SSN 21.999/92 y 22.058/93 establecían para la póliza básica del seguro de responsabilidad civil obligatorio, la cobertura hacia terceros por muerte o incapacidad total y permanente en treinta mil pesos ($30.000; conf. art. 1); (ii) que el tomador del seguro tenía contratada dicha garantía mínima, con el agregado de una cobertura por daños a cosas de terceros por la suma de cien mil pesos ($100.000, v. fs. 180/181, 194, 220, 384 vta. y sigs.); y (iii) que al momento de la sentencia definitiva del Tribunal de Alzada la mentada garantía básica del seguro obligatorio de responsabilidad civil había sido elevada por la autoridad administrativa a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) por muerte o incapacidad total y permanente (conf. resolución general SSN 36.100/11); (iv) considero entonces -por las razones expuestas- que la revisión equitativa del contrato originario debe extender el seguro contratado incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico, llevando en el caso la garantía a la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000) por lesiones o muerte, y manteniéndola en la suma de cien mil pesos ($100.000) por daños materiales.” (conf. vot. Cit).
Por otra parte, la Cámara Nacional Sala J en los autos caratulados: “RISSER PATRICIA ELIZABETH c/ MALDONADO RAUL AMERICO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/ LES. O MUERTE) 39821/2011.
04/05/2018), también ha resuelto sobre la necesidad de actualizar los límites de cobertura. En efecto, dicha Sala, expuso que: “Quizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás (…) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta claramente violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido.
No podemos entonces considerar que lo que fue válido en su origen resulta luego nulo por efecto del transcurso del tiempo. Pero sí podemos afirmar que resulta violatorio de los más elementales derechos constitucionales admitir su vigencia actual, cuando en forma notoria consagra una injusticia. (…) Cuando a partir del año 1993 se estableció un límite de treinta mil pesos ($ 30.000), esa suma equivalía a la misma cifra expresada en dólares estadounidenses (Resolución SSN Nº 22.058 del 22/01/1993), y no obstante haberse abandonado la convertibilidad recién en el año 2009 se elevó ese monto por muerte o incapacidad total y permanente a noventa mil pesos $90.000 (Resolución SSN Nº 34225/2009). En el tercer considerando de la Resolución Nº39.927/2016, la propia Superintendencia de Seguros de la Nación indica textualmente “Que habiéndose analizado las Sumas Aseguradas previstas en las citadas condiciones se ha observado que resulta imperioso proceder a su actualización, tanto del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil (SORC), del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros, así como las sumas definidas en la cobertura para los Gastos Sanatoriales como para Gastos de Sepelio” (la transcripción completa no se encuentra en www.infoleg.gov.ar, sino que está consignada en la página www.ssn.gov.ar, debiendo efectuarse la búsqueda a través de http://kronos.ssn.gob.ar/sce/public/publicNavigate.faces?_cid=2c1)”.
“En función de ello eleva todos los montos de los límites de responsabilidad. Para seguir con el mismo ejemplo, en caso de muerte o incapacidad alcanza la cifra de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.). Es evidente que la propia autoridad de aplicación, aún antes de la reforma introducida en el año 2016, tenía clara conciencia de la insuficiencia de los límites vigentes antes de su dictado. En efecto, mediante Resolución SSN N°35.863/2011 (10/06/2011) se habían establecido nuevos límites para la cobertura de la Responsabilidad Civil, que fueran ampliados mediante Resolución SSN N°38.065/2013 (27/12/2013), en cuyos considerandos se consigna: “Que una de las políticas a desarrollarse dentro del Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020 (PlaNeS) que lleva adelante esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, es la ampliación del seguro existente: mayor cobertura, mayor prestación y mejor recaudación para los Seguros de Vehículos Automotores y/o Remolcados.
Que en el marco de dicho Plan…resulta necesario establecer nuevos límites máximos de cobertura para los riesgos que tengan por objeto mantener indemne al asegurado frente a Terceros por la Responsabilidad Civil en que incurra por el uso de un vehículo automotor.”
Por lo cual, el fallo citado, reconoce que “la actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos. Y este es un punto de partida válido”. (conf. Fallo citado Cam. Civ. Nac. Sala J). Así las cosas, entiendo que en función de todos los argumentos expuestos, doctrina y jurisprudencia citada, corresponde en la especie, tener por actualizado el límite de cobertura fijada en la póliza de seguros glosada en autos, de conformidad con las reglamentaciones dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En consecuencia, toda vez que en la Resolución 1162/2018 se actualizaron los límites de cobertura de los seguros de responsabilidad civil obligatorios y voluntarios para los vehículos automotores, además de los montos en concepto de gastos sanatoriales y de sepelio por persona (muerte e incapacidad total por persona de ARS 400.000 a ARS 1.000.000; los gastos sanatoriales aumentaron de ARS 30.000 a ARS 45.000 y los gastos de sepelio de ARS 16.000 a ARS 24.000. En los casos de los contratos de seguro de responsabilidad civil voluntario, la SSN elevó los montos máximos autorizados de cobertura por acontecimiento de ARS 6.000.000 a ARS 10.000.000 para automóviles), considero que al establecer que la aseguradora deberá responder con los alcances del art.118 de la Ley de Seguros (nº17.418) deberá interpretarse que los límites de cobertura serán los establecidos por la Resolución SSN Nº 1162/2018.
V. Incapacidad física de Acuña Rubén Alejandro Vengo reiterando en mis votos, en otros casos similares al presente, que el daño a la persona incide, en cualquier aspecto del ser humano, designándoselo como daño a la integridad psicosomática, con lo cual se cubre lo que de naturaleza posee y tiene el hombre. Se entiende por salud, según la definición formulada por la Organización Mundial de la Salud, “...un estado de completo bienestar físico, mental y social”.
Todo daño a la persona repercute en la salud del sujeto al alterar, en alguna dimensión, su estado de bienestar integral y general. En la especie, estamos frente a un daño a la salud, mientras compromete el entero modo de ser de la persona y representa un déficit en lo que atañe al bienestar integral de la persona humana.
Que el art. 12 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As. As., determina que todas las personas en la Provincia tienen derecho a la vida, a la “integridad física, psíquica y moral “. Por ello la afectación de dicha integridad configura un daño indemnizable. No se trata de reparar una incapacidad, sino todo daño real ocasionado a una persona humana, en cuanto ésta tiene derecho a conservar frente a lo demás aquella integridad, a que su cuerpo no se vea dañado o alterado (art. 1.068, 1.069, 1.083 del Cód. Civ.).
Dentro del concepto de incapacidad sobreviniente corresponde que se incluya a toda disminución física, que deje una secuela permanente para el trabajo o la vida de relación al sujeto que lo sufre, considerando el juzgador de tal forma a la salud en su cabal integridad. Las secuelas, aunque parciales, habrán de acompañar siempre a la víctima del accidente, produciéndole una minusvalía que la indemnización pecuniaria tratará de remediar en una suerte de equivalencia, sobrellevando de tal manera el menoscabo de su plenitud física, que la víctima solía gozar con total plenitud y con la debida amplitud y libertad. En suma, se trata de resarcir a la persona humana por la totalidad de los menoscabos que la hayan afectado en la integridad material y espiritual que constituye (art. 5-1 Convención Americana de Derechos Humanos).
Transita la vigencia de la “tesis de la inviolabilidad de la persona humana “, y el que daña a un tercero debe resarcir el mal causado, sobre la base del apotegma romanista “no dañar al prójimo”, -con fundamento cristiano- que cobra lozanía con raíz constitucional en el art. 19 de la C. N. En el Congreso Internacional de Derechos de Daños (junio de 1991) la Comisión n° 1, al tratar el Daño a la persona, aprobó las siguientes conclusiones: 1°) La inviolabilidad de la persona humana, como fin en sí misma, supone su primacía jurídica como valor absoluto. 2°) La persona debe ser protegida no sólo por lo que tiene y puede obtener, sino por lo que es y en la integrad de su proyección...” “...3°) El daño a la persona configura un ámbito lesivo de honda significación y trascendencia en el que pueden generarse perjuicios morales y patrimoniales...“.
El Juzgador no puede estar ajeno al principio de progresividad que enuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), recordando que la dignidad de la persona humana constituye el centro o eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional, haciendo presente el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Es por ello que, en la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, no está ausente la evaluación del daño como frustración del desarrollo de la plena vida.
El art. 1.086 del Cód. Civ., no menciona a la incapacidad permanente, sin embargo el art. 89 del Cód. Penal se configura el delito de lesiones, al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño; disponiendo el art. 90 del mismo cuerpo legal que si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, o se hubiese puesto en peligro la vida del ofendido, lo hubiere inutilizado para el trabajo se le impondrá reclusión o presión de 1 a 6 años; pero es éste, el renglón principal del resarcimiento y se configura cuando el delito o cuasi-delito deja en la victima una secuela irreversible, que se traduce en la invalidez permanente del lesionado para el desempeño de cualquier trabajo sea la incapacidad total o parcial.
Cuando la incapacidad es parcial y permanente – caso de autos- debe en primer lugar establecerse el déficit de capacidad en que quedó afectada la víctima en comparación con la aptitud completa del sujeto para el trabajo, lo que se mide en términos de porcentaje y a partir de pericas médicas. Sobre dicha base el juez efectúa la estimación del monto indemnizatorio teniendo presente la actividad desplegada normalmente y los ingresos que la misma significa, es decir lo que produciría un sujeto en un 100 % de su capacidad.
La doctrina judicial ha elaborado en este tema las siguientes pautas: el cómputo de la incapacidad se hace atendiendo a las posibilidades genéricas de la vida y no sólo al déficit para determinado trabajo; a tal fin se computarán las cualidades personales de la víctima, edad, sexo, salud, etc., la lesión de carácter permanente debe ser indemnizada ocasione o no un daño económico actual, pues su reparación no comprende solamente el aspecto laborativo sino el valor del que la víctima se ve privada en el futuro, sobre todas las consecuencias que afecten su personalidad.
Dice Kemelmajer de Carlucci que en nuestros días tiende a prevalecer el criterio de que todo menoscabo o detrimento que se sufra en áreas como las relaciones sociales, deportivas, artísticas, sexuales, etc., debe también computarse como incapacidad materialmente indemnizable. Una fervorosa defensa de esta posición puede consultarse en Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, II-B, nº 234, b, p. 208. CNCiv. Sala D, 5/6/79, ED, 87-643; CNCiv. y Com. Fed. Sala III, 11/11/81, LL, 1982-C-182, cit. por Kemelmajer de Carlucci A., en la obra colectiva de Belluscio-Zannoni, Cód. Civ. Comentado, Ed. Astrea, año 1990, p. 220).
La incapacidad física permanente sea para las actividades laborales o de otra índole, deber ser indemnizada aunque la víctima no haya dejado de ganar, pues la integridad física o corporal, tiene en sí misma un valor indemnizable. Se entiende por incapacidad cualquier disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, que afecten la capacidad productiva o que se traduzca en un menoscabo de su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades, ya sean productivas o no productivas que el lesionado solía realizar con la debida plenitud, amplitud y libertad. En suma, por el bien afectado, estas incapacidades físicas pueden afectar la capacidad laboral o la vida de relación social, familiar, de esparcimiento o entretenimiento, etc., en todas sus gamas. En definitiva, lo que se resarce o indemniza –reponiendo las cosas al estado anterior (art. 1.083 del Cód. Civ.)- y en forma subsidiaria mediante una compensación dineraria, es precisamente ese daño a la integridad corporal, o ese ataque a la vida de relación social.
Es innegable que el daño a la vida de relación de un sujeto que puede haber sufrido, debe ser contemplado al momento de fijar el resarcimiento integral por el daño patrimonial, toda vez que la denominada “vida de relación familiar y social o de esparcimiento o de recreación y de disfrute”, debe ser merituada al momento de fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, y está destinada a poner de relieve una comprensión integral de la proyección existencial humana, pues refiere un conjunto de actos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, y actividades íntimas como lo son vivir en pareja, tener sexo libremente, procrear y cultivar el contacto con terceros, sin ser objeto de prevención o discriminación. El daño que las facetas extralaborativas del individuo sufran, constituye también un daño indemnizable. También es indemnizable la incapacidad de quien sólo se dedicaba a tareas del hogar, ya que las mismas han sido tenidas en cuenta por la sociedad, que otorga beneficios previsionales a las amas de casa, pudiendo computarse por analogía el monto de un salario mínimo. Es que el derecho civil a diferencia del derecho laboral que toma en cuenta la capacidad funcional o productiva, atiende la tutela de la integridad psicofísica de la víctima en cualquiera de sus manifestaciones, por consiguiente la reparación por la incapacidad sobreviniente comprende no sólo el aspecto laborativo sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada (Trigo Represas- López Mesa, Tratado de la responsabilidad civil, Cuantificación del daño, Ed. La Ley, Bs. As., año 2.006, págs. 238/9). En este sentido, en las Jornadas sobre temas de responsabilidad civil en caso de muerte o lesión de personas (Rosario, 1979), se recomendó: “Para la fijación del resarcimiento debe tenerse en cuenta la persona humana en su integridad, con su multiforme actividad. Debe computarse y repararse económicamente toda lesión sufrida, sea en sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, religiosas, sexuales”.
Por lo tanto, la incapacidad que corresponde indemnizar en sede civil no es solo la laborativa, debiendo considerarse la disminución de la aptitud genérica del sujeto afectado en su vida de relación familiar, social, etc. Así las cosas, adentrándonos al tratamiento de la cuestión de fondo se observa que a fs. 348//351 surge la pericia médica efectuada por el Dr. Ricardo Américo Hermida, quien determinó que: “Examen físico de codo derecho: palpación presenta puntos dolorosos a nivel de la articulación del codo. La piel se encuentra configurada con una elasticidad, temperatura y humedad normal. Se detecta hipotrofias en región de deltoidea. Movilidad activa y pasiva flexión hasta 110°, extensión con déficit de los últimos 5°. Pronosupinación normal. Al tratar de forzar los movimientos en forma activa, el actor refiere dolor en dicha articulación. Muñeca y dedos de la mano con movilidad en rangos normales. (…) Rx de codo derecho: secuela de fractura de cúpula radial (…)
consideraciones médico legales: de todos los elementos obrantes en autos, del examen anátomo, clínico funcional y de los exámenes complementarios llevados a cabo en la persona del actor, se demostró que actualmente presenta como secuelas de fractura de cúpula radial de codo derecho. (…) el mecanismo de producción casi siempre es el mismo: caída al suelo apoyando la mano extendida con el codo rígido (…) al actor se le realizó una inmovilización enyesada por 20 días y luego no realizó tratamiento de rehabilitación alguno. Dicha afección guarda relación de causalidad con el accidente de autos, siempre y cuando se pruebe el mismo… el actor presenta una incapacidad parcial, y permanente del 12% de la T.O”. Dicha pericia, recibió un pedido de explicaciones por la citada en garantía a fs. 354/354 vta., habiendo contestado el experto a fs. 357 que: “dicho porcentual fue extraído de un baremo habitual para este tipo de Litis. El Baremo nacional es un baremo para la esfera laboral y previsional y este no es el caso. En el de Fernández Blanco no se encuentra el ítem. El del Dr. Bonnet estipula la misma incapacidad que este perito. El de AACS 2012 es un baremo exclusivo de las aseguradoras y no corresponde aplicar en este caso, dado que son parte en el litigio”.
Ahora bien, es doctrina legal reiterada de esta Sala I, que integro con mis distinguidos colegas los Dres. Posca y Pérez Catella, que los porcentajes de incapacidad dictaminados por los expertos, constituyen una mera orientación para el magistrado que debe sentenciar y que ello no implica aferrarse técnicamente a esos porcentajes: En su consecuencia, probado el daño resarcible (sus cualidades, su calificación, su clasificación, su magnitud y alcance, sus caracteres jurídicos, etc.), seguidamente viene la etapa de cuantificación económica del mismo.
En efecto, esta Sala ha resuelto que: "Los porcentajes de incapacidad, o baremos de aplicación a otros fueros, no son sino uno y no el único elemento a ponderar para la justa indemnización pretendida". (CNCivil, Sala G, 24/9/99, "Miranda de Barca, Ana M. c/ Echeverría Antonio C. y otros s/ daños y perjuicios", cit. por H. Daray, op.cit,, pág. 39, nro. 40). Además no debe perderse de vista que: "En la incapacidad sobreviniente lo importante es la descripción y valoración de las lesiones y sus consecuencias, más que la exactitud de la disminución representada por un porcentual".(CNCivil,Sala F, 13/8/99, "Díaz, Norberto C. c/ Juárez, Luis D. s/ daños y perjuicios", cit. por H.Daray, op. cit. pág. 37, nro. 30).
Cabe recordar que los porcentajes de incapacidad determinados por los peritos constituyen una calificación genérica y abstracta cuya valoración corresponde a los jueces que han de considerar la trascendencia en el caso particular, es decir sus repercusiones en la faz productiva y de relación del damnificado. De allí que a diferencia del derecho laboral donde los módulos tienen otra trascendencia, en el ámbito de la responsabilidad civil inciden todas las facetas del individuo, especialmente la llamada vida de relación que comprende las distintas actividades, (laborales, deportivas, recreativa, sociales). En todas esas áreas es factible la pérdida de chances. Es decir, se califica con criterio amplio el daño vital y la integridad psicofísica.
(Esta Sala Primera In re: “DOMÍNGUEZ, Delmiro c/ EDENOR S.A., Emp.Distrib..y Comer. Norte S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 707/1, rsd n17/07 sentencia del 22/03/07). En suma, estimo que la pericia realizada por el perito médico Traumatólogo y Legista, como sus explicaciones se ajustan a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, entre ellas: la causa penal, la cual se encuentra digitalizada en el sistema Augusta con fecha 01/02/2019 en la cual además de la denuncia efectuada por la víctima del accidente, se ha llevado a cabo un reconocimiento médico con fecha 25/08/2004 del cual se desprende: “examen físico: al examen físico actual se observa yeso en miembro superior izquierdo, dicha persona refiere accidente en la vía pública con fecha 23 de agosto del corriente año.
Siendo asistido en el hospital Prof. Dr. Luis Güemes de la localidad de Haedo. Hago lectura de precario médico el cual expresa que el antes mencionado sufrió fractura de cúpula radial. Consideraciones médico legales: dicha lesión tiene un mecanismo de producción compatible con golpe o choque con o contra elemento contundente con una evolución aprox. a las 48 hs., conclusiones medico legales: dicha lesión inutiliza laboralmente por un lapso de tiempo superior al mes, revistiendo el carácter de grave salvo complicaciones”, a fs. 174/176 se glosó la copia del libro de guardia del Hospital de Morón del día 23 de agosto “Rubén Alejandro Acuña 26 años, diagnostico: Traumatismo con 8 horas de evolución”.
Asimismo, a fs. 284/285 y fs. 287/288 se adjunta copia del libro de guardia del Hospital Prof. Güemes del día 23/08/2004, del cual surge “Acuña Rubén FX cúpula Radial”, finalmente el testigo presencial del hecho quien refirió que el actor se encontraba golpeado, a raíz del impacto con la camioneta – véase fs. 258-261-, como así también la declaración de rebeldía del accionado a fs. 90.
Así las cosas, de la atenta lectura del dictamen pericial objeto de estudio, y sus explicaciones, estimo que –como ya se dijo- el mismo en su conjunto, se ajusta a las prescripciones legales enunciadas precedentemente. Por lo tanto, le otorgo pleno valor y fuerza probatoria, el cual ha detectado una incapacidad física parcial y permanente.
Por lo cual, ha quedado debidamente acreditado (no solo por la pericia sino por las demás pruebas referenciadas oportunamente) que el actor ha sufrido como consecuencia del hecho de autos un daño a su salud física, que ha sido graduado en el porcentaje del 12% parcial y permanente, disminución que llevará toda su vida y sin perjuicio de las actividades que realizaba o pueda seguir realizando, puesto que la incapacidad puede afectar la capacidad productiva o traducirse en un menoscabo de su plenitud, por ello este daño es totalmente resarcible, (art. 1083 del CC)..
Del mismo modo, en la pericia referenciada del Dr. Hermida, el experto señala que la víctima padece dolor. Cabe recordar que en relación al mismo ya se ha expedido esta sala Primera con voto de mi distinguido Colega Dr. Ramón Domingo Posca resolviendo que: “No se mide en su justa dimensión al dolor con simples tablas, que por cierto los estudiosos han elaborado. El dolor tiene su propio peso y se carga sin intervalos. Cada vez que se pretende desarrollar una potencia del cuerpo y en este aspecto el hombro es una base para el ejercicio de múltiples esfuerzos, por encima de cualquier secuela o porcentaje de incapacidad, más aún cuando tal como explica la ciencia médica, el miembro afectado es susceptible de experimentar recidivas.” “El dolor -si bien se proyecta en el daño moral al agrietar la tranquilidad de la actora – produce también una natural retracción en los movimientos de la persona, lo que equivale a un perjuicio en cada faceta de relación.” “Rubinstein refiere sobre el dolor como secuela de incapacidad laboral, concepto que a mi criterio, debe extenderse a toda la vida de relación”. (RUBINSTEIN, Santiago J. “Las incapacidades laborativas”, Depalma, Buenos Aires 1996, págs. 41/47); (RUBINSTEIN, Santiago: “Código de Tablas de Incapacidades Laborativas”, Lexis Nexis, Buenos Aires 2005, págs. 313 y ss).” (Campos, Fabián Néstor C/ Magnani, Julio Ángel Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” Causa Nº 1521/1 RSD Nº 94/08). En su consecuencia, considerando que el actor tenía a la fecha del accidente 26 años de edad, que su grupo familiar está compuesto por su esposa e hijos con quien convive, quien trabaja en una maderera, su estado de salud previo a la ocurrencia del accidente, el grado de incapacidad del 12% física, parcial y permanente, guardando dichas lesiones relación causal con el hecho de autos (arts. 472 y 474 del Cód. Proc.), estimo que corresponde hacer lugar al rubro de incapacidad física sobreviniente en la suma de pesos CUATROCIENTOS MIL ($400.000) (art. 1.068, 1.069, 1.083, y 1.086 del Cód. Civ., y 165, 375, 384, 456, 472 y 474 del Cód. Proc.).
V.a. Tratamiento Kinésico:
Con respecto a este rubro, si bien observo que el accionante lo ha reclamado en los puntos de pericia ofrecidos en su escrito de demanda –véase fs. 10 vta. pto. 3, puntos periciales 11 “si debe realizar controles médicos” y 12 “si debe realizar en su recuperación ejercicios kinesiológicos y en su caso evalúe tiempo de realización y costo de los mismos”- y siendo que el experto Dr. Hermida ha contestado en los puntos de pericia –véase fs. 351 vta. ptos. 11 y 12- “no amerita” y “actualmente secuelas definitivas”, y no existiendo en autos otros elementos idóneos que hagan presumir la necesidad del mismo, corresponde rechazar dicho rubro por insuficiencia probatoria ( art. 375 del CPCC).
VI. Daño psicológico y su tratamiento De la atenta lectura del escrito de demanda, se observa que el actor reclamó el rubro daño psicológico, toda vez que destacó que el desgraciado suceso también ha dejado secuelas en su psiquis, reclamando por ello un importe que indemnice la supuesta incapacidad padecida y respectivo tratamiento.
Ahora bien, siendo que de las constancias de autos surge que se ha declarado la negligencia de la prueba psicológica, la cual por excelencia podría haber determinado la incapacidad que padeciera el accionante –véase fs. 333/334- y no existiendo en autos otras pruebas idóneas capaces de acreditarlo debidamente – véase fs. 311 vta. pto. 13 pericia médica “deberá ser contestado por perito psicológico”-, corresponde rechazar el presente rubro por insuficiencia probatorio (art. 375 del CPCC).
VII. Daño Moral Surge del artículo 1.078 del C. Civ. con claridad suficiente que el bien perjudicado puede ser la persona humana y se requiere una traducción o estimación pecuniaria, directa o indirecta. De donde no habría daño a la persona por un mal a ella causado, si no fuera posible una cuantificación dineraria. El llamado daño moral no es, entonces, un daño extraeconómico o extraordinario; aunque puede calificárselo, como extrapatrimonial porque recae sobre la persona y no sobre el patrimonio (Mosset Iturraspe, J. Responsabilidad por daños, t. V, El daño moral, Rubinzal Culzoni, Santa fe, 1999, p. 9 y ss. Pizarro R. D., Daño moral, Hammurabi, Bs. As., 1996, p. 35 y ss. Zabala de González, M. Resarcimiento de daños, Hammurabi Bs. As., 1999, p. 178 y ss.). En cuanto al monto de la indemnización, en el estado actual del Derecho Argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva, librado al criterio del juzgador. Ello es así, evidentemente, por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero, además, debido a que falta todo criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial.
Sin perjuicio, considero oportuno fijar pautas a efectos de contar con ciertos parámetros orientadores en la materia, a saber: edad de la víctima, sexo, sus circunstancias personales, aspectos que hacen a la vida de relación, condición socio-económica, posibilidades de reinserción en el mercado laboral, gravedad del daño, repercusión de las secuelas en la vida de relación, como también la índole del hecho generador del daño, las circunstancias vividas y protagonizadas en el momento del accidente, las angustias, etc.. Como se observa todas estas pautas giran en torno a la víctima y no alrededor del victimario pues la tendencia generalizada de la jurisprudencia apunta a la teoría resarcitoria que le da fundamento jurídico.
Se ha sentenciado que la fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre lesión a las afecciones intimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, es decir, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador (C. N. C. Civ. sala F, 18-08-92 LL, 1994-B-277). Atento a las pautas vertidas, las circunstancias personales de la víctima– mencionadas “ut supra” al tratar el resarcimiento de la incapacidad física, realizando un análisis de los elementos de prueba producidos en autos: causa penal, precario médico, copias del libro de guardia de fs. 174/176, fs. 287/288, testimonial de fs. 258/261, pericia médica, entre otras valoradas oportunamente y considerando los padecimientos vividos, estimo que corresponde hacer lugar al rubro daño moral en la suma de pesos DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), la cual considero justa y equitativa. (art. 1078 del CC).
VIII. Gastos de farmacia, asistencia médica y traslado Sabido es que para la procedencia de estos reclamos no se requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su existencia en virtud de la índole de las afecciones sufridas. Siendo ello así, la determinación de su monto ha de quedar librada al prudente arbitrio judicial por aplicación de lo dispuesto en el art. 165 del Código Procesal.
En otro orden de ideas, deben admitirse tales gastos, aun cuando la asistencia se hubiere brindado por intermedio de obras sociales, hospitales públicos, o bien por un sistema privado de medicina pre-pago, porque de ordinario los pacientes deben hacerse cargo de ciertas prestaciones no amparadas en tales servicios y de una parte del precio de los medicamentos. El monto a liquidar por el juez debe guardar relación con la prueba documental agregada en autos y con la pericia médica producida.
En función de tales consideraciones, atento las constancias de la causa (IPP, pericia médica, copias del libro de guardia, etc) las afecciones que sufriera el actor (fractura de cúpula radial), y que de acuerdo a la naturaleza de lo que aquí se reclama, propongo fijar la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000,00) por dichos conceptos, la cual considero justa y equitativa. (arts. 1.069 y 1.083 del Cód. Civ.).
IX. Reserva de caso Federal. Tasa de Justicia La citada en garantía, al contestar la demanda, a fs. 50 vta. expuso que: “ante el hipotético supuesto que la demanda no prosperase por el monto pretendido por los demandantes, será este quien deba hacerse cargo del excedente que se deba oblar en concepto de tasa de justicia, reitero ello ante la probabilidad, que la pretensión prosperase por un monto menor al reclamado y que el codemandado sea condenado, ya que es muy fácil iniciar una demanda por el monto de la que nos ocupa y paralelamente el beneficio de litigar sin gastos. Ello determina la expresa reserva de Caso Federal en los términos del art. 14 y 15 de la ley 48, para el supuesto que mi representada sea la encargada de oblar la tasa de justicia aludida”.
Ahora bien, toda vez que la pretensión del actor ha prosperado en una suma mayor a la solicitada en el escrito de inicio, ello atendiendo a que ha condicionado su reclamo a lo que “más o en menos resulte de la prueba a producirse”, poco trecho queda recorrer para advertir que corresponde declarar abstracto e inoficioso lo planteado por la aseguradora en su escrito de contestación de demanda.
X. Los Intereses moratorios La reparación integral o plena devenida por un daño causado en la persona humana resulta ser una deuda y un crédito que se origina en un hecho ilícito, que debe ser valorado el daño y luego fijado, liquidado y cuantificado económica o matemáticamente de conformidad con todas las pruebas rendidas en autos, a saber: a) documentales, b) testimoniales, c) periciales, d) instrumentos públicos entre ellos expedientes penales, etc. También merece especial consideración que el actor acompaño en su escrito de inicio una liquidación provisoria, detallando los rubros y conceptos reclamados, asignándose a cada uno de ellos, un monto cuantificado en una suma de dinero, y en el objeto de la demanda fijó el monto provisorio total reclamado de $118.000,00 con lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más sus intereses y costas (ver fs. 9 vta. y la fecha de presentación de la demanda: 27/09/2004.)
Ello me lleva a realizar el siguiente razonamiento. Si al actor se le hubiera resarcido el daño causado en la suma de $80.000,00 mediante una transacción, con ese importe compraba la cantidad de Dólares EE. UU. US$26.666,66, cotización a razón de $3 por US$1,00. Hoy a la fecha la suma de US$26.666,66 representaría la cifra de $1.946.666,18 cotización Dólar Oficial a $73,00. Sin embargo el Dólar Bolsa cotiza a la suma de $121,53 y hoy representarían el monto de $3.240.799.18.
Atento al criterio jurídico esbozado precedentemente con respecto a los intereses moratorios, es facultad del juzgador a la hora de sentenciar, valorar los daños causados en cuanto a su magnitud, extensión y como, asimismo – cuando corresponda- determinar su grado y porcentaje de minusvalía en los supuestos de daños a la salud y su correspondiente clasificación en materiales e inmateriales y si es un daño emergente y/o un lucro cesante. Además para que el daño sea resarcible, debe reunir las siguientes características, a saber: a) personal, b) cierto, c) presente o futuro, y d) subsistente. De este modo y comprobada –con todos los medios probatorios rendidos- la existencia del mismo, el Juez pasa a la segunda etapa liquidando y cuantificando económica y matemáticamente el monto o la suma dineraria para resarcir el perjuicio causado, a la fecha en que dicta su pronunciamiento judicial reponiendo las cosas a su estado anterior, atendiendo a las circunstancias de los sujetos, de la causa-fuente del daño, del lugar de su producción, etc. (arts. 1083 del Cód. Civ. y 165 CPCC).
El artículo 1740 del CCyCN, dispone –en lo medular- que la reparación del daño debe ser plena. Consistiendo en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, por el pago –en este caso- de una suma de dinero.
Del mismo modo, siendo que los intereses de la indemnización por un hecho ilícito se deben a partir del mismo, resulta irrelevante que el perjudicado haya o no desembolsado el dinero necesario para restañar algún perjuicio o para compensar alguna pérdida o deterioro, o bien que la taxatio de algún desmedro se sitúe con referencia a una fecha posterior a la del hecho que lo generó, pues como la indemnización será percibida tardíamente por el acreedor, éste debe ser resarcido por la indisponibilidad de ese capital desde la causación del daño; por ende, teniendo en mira la función retributiva que esos accesorios cumplen como contraprestación por el uso de un capital ajeno -pues su finalidad es mantener o restablecer un equilibrio patrimonial, con independencia del estado de mora del deudor-, su procedencia desde el instante mismo del siniestro es incuestionable, más allá de la iliquidez de la deuda. (CC0101 LP 248626 RSD-152-7 S 30/08/2007. Sansone, Viviana M. c/Tejeda, Laura M. s/Daños y Perjuicios. B101967).
Los intereses moratorios, si bien son un accesorio del capital adeudado, en los juicios de daños y perjuicios –como el presente- cumplen una doble función; por un lado son compensatorios del capital adeudado por cuando el acreedor se ve privado de su uso y a la vez son sancionatorios por cuanto el incumplidor merece ser sancionado por no cumplir debida y oportunamente una obligación que estaba a su cargo, consiste en reparar los daños causados en la salud de la víctima.
Por otra parte, el indócil tema de los intereses ha promovido en la jurisprudencia soluciones a veces antagónicas. Este Tribunal en fallos recientes ha aplicado las soluciones brindadas por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires en los casos “Vera” y “Nidera” (sentencias dictadas con fecha 18/04/2018 y 3/05/2018) por interpretar que dichos precedentes constituían doctrina legal.
Una actual compulsa realizada por este Tribunal con relación a la jurisprudencia de la SCBA permite advertir que en fallos posteriores a los mencionados, el Superior Tribunal Provincial ha aplicado la solución dada en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (ambas sentencias del 15- VI-2016), estableciendo que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cod. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). (ver JUBA B5034897).
La SCBA al sostener, reitero, luego de “Vera” y “Nidera” este criterio, también ha hecho referencia a que se trata de una doctrina legal consolidada (ver SCBA LP L. 120039 S 13/02/2019 Aguilar, Héctor Enea contra Torres Americanas S.A.. Accidente de trabajo - Acción especial; SCBA LP L. 120059 S 13/02/2019 Fernández, Cristian Ramón contra Campo Nuevo S.A. Accidente de trabajo - acción especial; SCBA LP L. 118442 S 26/12/2018 Lama, Olga Beatriz contra Estado de la Pcia. de Bs. As. y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial, entre otros ver JUBA B5034897). En ningún caso, en esta jurisprudencia actual y posterior a las causas “Vera” y “Nidera” se hace alusión al criterio plasmado en las mismas, debiéndose interpretar que las soluciones brindadas en esos precedentes han obedecido a un contexto muy particular, de modo que cabe inferir que no se ha modificado desde las soluciones brindadas por mayoría, en las causas “Cabrera” y “Trofe”, el criterio general en materia de doctrina legal sobre intereses.
Dicha interpretación ha comenzado a receptarse en otros Tribunales de la Pcia. de Buenos Aires (ver Cámara Civil y Comercial del Dpto. judicial de Lomas de Zamora, “Ripani Enio Eugenio s/ sucesión c/ Nortur SRL y otro/a s/ Daños y Perjuicios” (Expte. LZ-12972-2012) RSD 209, Folio 1490 sentencia del 30/10/18; Cámara Civil y Comercial del Dpto. judicial de Morón, Sala Segunda, “Muñoz Campos Cecilia del Carmen c/ Lucchetta Damian Luis, Thintchinian Alicia y Seguros Sura SA s/ Daños y Perjuicios” Causa MO-31377-2013 sentencia del 7/02/2019) de modo que los jueces, al dar una solución razonablemente fundada, aplican la consolidada doctrina de la SCBA en materia de intereses.
A mayor abundamiento, con fecha 4/09/19 la SCBA ha establecido:
"Habiéndose consolidado la doctrina legal de este Tribunal debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (L. 118.587 "Trofe", y C. 119.176 "Cabrera", ambas con sentencias del 15-VI-2016), y a tenor de lo prescripto en el artículo 31 bis de la ley 5827 y sus modificaciones, es postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.)." (SCBA LP C 121239 S 04/09/2019 Arnau, Perla Liliana contra Volkswagen Argentina S.A. y otro. Resolución de contrato y daños y perjuicios JUBA B4202653).
Asimismo, en los autos caratulados “Viegas Sanchez, Celia Noemí c/ Dirección General de Cultura y Educacion y otro s/ Enfermedad profesional” con fecha 14 de agosto de 2019, la Suprema Corte de La Provincia de Buenos Aires resolvió, entre otras cuestiones, confirmar la tasa de interés dispuesta en la sentencia apelada (tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días a través del sistema internet provincia).
En dichas actuaciones, la parte demandada había interpuesto recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, quien respecto al tema que nos interesa, consideró que la tasa de interés aplicada por el sentenciante sobre el capital de condena transgrede la doctrina legal emanada del precedente “Ginossi”. Dicho planteo fue resuelto por nuestro Tribunal superior, manifestando expresamente que: “En cambio, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que el tribunal de grado aplicó al capital de condena. Para así decidir, y en tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite, habré de reproducir la parte pertinente del voto que emitiera la doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), al que presté mi adhesión, por resultar sus consideraciones concordantes con las que expuse al sufragar en primer término en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI- 2016).
En el pronunciamiento atacado se dispuso la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia", esto es, la tasa pasiva en la variante denominada "digital" (v. sent., fs. 317/318). En la citada causa L. 118.587, esta Suprema Corte por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód.
Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. y 7 y 10, ley 23.928 y modif.) (…)”. “En ese contexto no encuentro que tal transgresión se haya configurado en la especie habida cuenta que el tribunal de origen aplicó la tasa pasiva en una de sus variantes posibles, esto es, la que paga el banco provincial en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia”. Similar criterio resolvió en los autos caratulados “Mateo, Roberto Ricasrdo c/ Prevención ART SA accidente in itinere” (SCBA L. 120.571, 26/12/2019).
Por otra parte, recientemente esta Sala Primera con voto del Dr. Posca, ha resuelto respecto al carácter alimentario de la indemnización y los intereses. En efecto se resolvió en los autos caratulados: “ALAIMO, ÁNGELA C/ UNIÓN TRANSPORTISTAS DE EMPRESA S. A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
(causa nro. 6093/1, sent. de fecha 13 de febrero de 2020) que: "La incapacidad psicofísica y los gastos necesarios para la rehabilitación de la víctima se indemnizan siguiendo el principio de la reparación integral y por resultar su carácter alimentario no deben admitirse dilaciones en la respuesta del deudor. El incumplimiento no puede perjudicar al damnificado, quien durante el tiempo de ejecución de su crédito ha debido afrontar diversas necesidades cuando su capacidad menguada le dificultaba su inserción laboral y sus plenitudes en toda la vida de relación”.
“El carácter alimentario de la indemnización ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. (SCBA LP Rc 101994 I 30/09/2014: Pasi, Silvina A. contra Provincia de Bs. As. Daños y perjuicios B4200521 JUBA)”.
“El carácter alimentario de la obligación pendiente autoriza a aplicar, por analogía, criterios expuestos en materia de alimentos. En este aspecto el Código Civil y Comercial de La Nación tiene una puntual referencia que ha sido aplicada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El carácter alimentario de la indemnización justifica la aplicación analógica de la tasa pasiva más alta desde el hecho controvertido y hasta el efectivo pago, considerándose que es el criterio que se aplica respecto a los intereses establecidos para los créditos alimentarios, con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial”.
“En este aspecto al resolver sobre intereses en los alimentos, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado: “Los intereses devengados por los períodos desde la mora hasta la entrada en vigencia del nuevo Código habrán de regirse por la ley derogada y la doctrina de esta Suprema Corte establecida al respecto, según la cual deben calcularse a la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa. Los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, habrán de ser calculados a la tasa activa más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, conforme lo establece en su artículo 552.” (SCBA LP C 121747 S 04/07/2018 P. ,F. I. c/ G. ,M. E. s/ Alimentos B4204185 JUBA)”.
“La perentoriedad de un crédito alimentario revela que el beneficiario de una cuota de alimentos no puede postergar sus necesidades. La víctima de un hecho ilícito está en la misma situación”.
“Hay que atender a la situación de la víctima que viene adecuando su vida a esas múltiples desventajas que provoca la incapacidad sobreviniente causada por un hecho ilícito y más cuando se estuvo esperando años la indemnización. Por ejemplo, un albañil que no tenía dificultades para realizar sus trabajos y sufre un daño a los treinta años cuyas consecuencias le impide posicionarse de cuclillas para revocar una pared, seguramente acudirá a un auxiliar que lo pueda hacer o directamente se verá impedido de afrontar algunos trabajos. ¿Acaso la tasa pura del 6% anual le compensa estas fatigas? Años después, si bien recibirá la indemnización, suma que deriva de la aplicación de tablas o reglas maceradas por la aplicación del artículo 165 del CPCC, tendrá tal vez 40 años (se suma el tiempo del litigio) y por esa cuestión biológica menos posibilidades de inserción laboral. Por otra parte, cuando sufrió el daño también tenía derecho a ser indemnizado, de modo que el retardo en el pago de la indemnización agrava su situación, considerándose el carácter alimentario de su reclamo”.
La urgente necesidad de la víctima de contar con la indemnización inmediatamente al daño y su carácter alimentario obliga a pensar que se trata de una obligación desprovista de connotaciones que tienen otro tipo de deudas. “Ello exige un criterio flexible en materia de intereses, a partir del hecho controvertido”.
"La tasa de interés propuesta también consulta el concepto de “costo medio del dinero”(Art. 771 CCCN, aplicable a mi entender como fuente de doctrina con anterioridad a su entrada en vigencia), al estar privada la víctima de un capital que debió estar disponible inmediatamente al hecho controvertido y que seguramente la ha expuesto a vicisitudes, afrontando obligaciones sin recursos y que si se tuviera que modular esa necesidad hubiera acudido a préstamos cuyos intereses seguramente superarían holgadamente la tasa pura del 6% anual."
En consecuencia, propongo continuar con el criterio sostenido por este Tribunal hasta el presente y aplicar la consolidada doctrina legal de la SCBA en la causa “Cabrera”.
En éste orden de ideas, no cabe más que señalar que los intereses se computaran desde el día del hecho ilícito 23/08/2004, (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado, quedando los accionados constituidos en mora “ex re” (automática y de pleno derecho) conforme se desprende de los arts. 495, 496, 497, 499 y 509 del Código Civil), a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho, hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, C.C. de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", C.C. y C.N.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). (SCBA, Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén s/ Daños y Perjuicios, Causa 119.176, 15/06/2016).
XI. Las costas de Primera y Segunda instancia Atento al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, estimo que las costas generadas en ambas Instancias deben ser impuestas al demandado vencido Guillen Rafael Alcides y a la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA” en la medida de la contratación. Ello, por estricta aplicación del principio objetivo de la derrota. (art. 68 del C.P.C.C.). Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR HECTOR PEREZ
CATELLA, dijo:
Si bien comparto lo decidido por mi Colega de Sala respecto a la responsabilidad, rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva de la aseguradora, actualización del límite de cobertura del seguro, valoración y cuantificación de los rubros indemnizatorios, lo planteado por la citada en garantía respecto a la tasa de justicia e imposición de costas, que fuera motivo de resolución en esta instancia, he de disentir con lo propuesto por el colega respecto del capítulo tasa de interés. Si bien fue un criterio al que adherí en su momento al voto del doctor Posca, a mi modo de ver y repasando los precedentes citados en la causa “Barrios, Norma Margarita C/ Nuevo Ideal S.A. y otros s/ daños” Causa 5645, sentencia del 4/07/19, interpreto, con la relectura de los antecedentes citados, no significan un cambio de criterio en la doctrina legal de la Suprema Corte sentada en los casos conocidos como “Vera” y “Nidera”, en tanto lo allí resuelto no fue materia de recurso.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha decidido en los autos caratulados “Vera, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios” (Causa nro.: 120.536. la Plata, 18 de abril de 2018, expediente que tramitara ante esta Sala Primera), que: “cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, tal cual se ha decidido por la Cámara en la especie, en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, y establecer que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio en cuestión desde que se hayan producido los perjuicios considerados conforme el dies a quo en la sentencia, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016), en tanto resulta la doctrina legal vigente.
A mayor abundamiento, recientemente con fecha 17 de diciembre de 2019, la Cámara Segunda Civil y Comercial de La Plata, Sala Segunda, integrada por el Dr. Francisco Agustín Hankovits (art. 36 AC. 5827) y el Dr. Leandro Adrián Banegas, en la causa N°126.361 caratulada “FERRO ALEJANDRO DARIO C/ EL TRIGO SA Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
resolvió, con criterio que comparto: “que, del análisis de la doctrina legal de nuestro Máximo Tribunal provincial, se desprende un avance jurisprudencial que deriva en la efectiva aplicación de la tasa pura desarrollada en los antecedentes “Vera” y “Nidera”. Es que, tratándose de valores actuales al dictado de la sentencia, los que excluyen per se la posibilidad de pérdida del valor del dinero entre la fecha del evento dañoso y de la sentencia, corresponde fijar la tasa de interés en el 6% anual. No cabe pues, desestimar la doctrina legal bajo el amparo de los argumentos esgrimidos en causas donde el demandado fue el Estado Provincial, toda vez que la tasa a aplicarse no debe variar en función a la calidad del demandado –organismo público o privado, persona física o jurídica– sino que se fija en virtud a las características de la obligación y a su establecimiento en valores históricos o actuales.
En el mismo orden, no asiste razón al apelante en cuanto a que la doctrina legal aludida no se encuentra consolidada, toda vez que ésta es la que emana de los fallos de la Suprema Corte provincial, no siendo correcto en modo alguno entender que la misma nazca como producto de la reiteración de fallos, ni derive de un fallo dictado sin disidencias. Colijo en virtud al análisis desarrollado que los antecedentes denunciados por el apelante como contradictorios a la doctrina de “Vera” y “Nidera” (causa C. 119.370 “Hernández, Alejandro y otro c/ Municipalidad de Tres Arroyos y Otros s/ daños y perjuicios, sent del 09/5/2018), no conmueven la vigencia de los mismos, siempre que nuestro Máximo Tribunal provincial ha sido incuestionablemente claro al determinar que a indemnizaciones fijadas a valores actuales corresponde aplicar la alícuota del 6% anual”.
(Del voto del doctor Leandro Adrián Banegas). A la misma cuestión el doctor Hankovits que adhirió al voto, señaló: “no hay una derogación implícita de lo resuelto en “Vera” y “Nidera” por los fallos posteriores dictados por Suprema Corte, ni incompatibilidad de criterios entre sí que se autoexcluyan, o que quepa interpretar que éstos precedentes sólo se aplican cuando son procesos contra el Estado. Ello así pues parto de la base de la coherencia en la doctrina legal emanada de nuestro órgano de Casación local, máxime en el caso que ambos criterios judiciales formulados son complementarios y compatibles entré sí, y que no cabe además hacer distinciones, según los legitimados pasivos de los procesos, dónde la misma Corte no las realiza.
En la especie, reitero, ambas doctrinas legales de “Cabrera” y “Trofe” por un lado y de “Vera” y “Nidera” por el otro, son complementarias y compatibles. Esto es, si se actualizan los montos en la sentencia se aplica la doctrina legal de los primeros fallos citados con el alcance fijado por los segundos pronunciamientos aludidos; en cambio, si se fijan los montos a valores históricos se aplica derechamente la tasa de interés moratoria fijada por la doctrina legal de “Cabrera” y “Trofe”. De igual modo, entiendo que no hay doctrina legal más o menos consolidada dado que, o hay doctrina legal o no la hay en razón que, como ha sido puesto de relieve, un solo fallo y aún emitido por mayoría vale para configurar la misma.
En definitiva, una hermenéutica integradora y sistemática debe prevalecer”.
En éste orden de ideas, no cabe más que señalar que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 23/08/2004 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado conforme los arts. 495, 496, 497, 499 y 509 del Código de Vélez Sarsfieldl), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (docta y argumento artículo 772 del C.C.), a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf. Doctrina legal S.C.B.A “Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018). Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos al Dr. Taraborrelli, el Doctor Posca adhiere y VOTA TAMBIEN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que por mayoría: 1º) SE REVOQUE LA SENTENCIA APELADA EN TODAS SUS PARTES y en su consecuencia: SE HAGA LUGAR parcialmente a la demanda instaurada por Acuña Rubén Alejandro contra Rafael Alcides Guillen y la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA” –dentro de los límites del contrato de seguro y con los alcances de lo dispuesto en el considerando IV.1-, debiendo abonar éstos últimos a favor del actor, primero de los nombrados, la suma de pesos SEISCIENTOS OCHO MIL ($608.000,00)
dentro de los diez días de quedar firme la presente con más sus intereses, los cuales se computaran desde el día del hecho ilícito 23/08/2004, (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado) a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho, hasta el día de su efectivo pago;
2. SE RECHACE la excepción de falta de legitimación pasiva –suspensión de la cobertura- opuesta por la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA”. 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas instancias al demandado vencido y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogos fundamentos, el Dr. Pérez Catella y Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A.
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE por mayoría: 1º)
REVOCAR LA SENTENCIA APELADA EN TODAS SUS PARTES y en su consecuencia: HACER LUGAR parcialmente a la demanda instaurada por Acuña Rubén Alejandro contra Rafael Alcides Guillen y la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA” –dentro de los límites del contrato de seguro y con los alcances de lo dispuesto en el considerando IV.1-, debiendo abonar éstos últimos a favor del actor, primero de los nombrados, la suma de pesos SEISCIENTOS OCHO MIL ($608.000,00) dentro de los diez días de quedar firme la presente con más sus intereses, los cuales se computaran desde el día del hecho ilícito 23/08/2004, (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado) a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho, hasta el día de su efectivo pago; 2°) RECHAZAR la excepción de falta de legitimación pasiva –suspensión de la cobertura- opuesta por la citada en garantía “Liderar Compañía General de Seguros SA”. 3°) IMPONER las costas generadas en ambas instancias al demandado vencido y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia