Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 33.647-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad interpuesta por la actora. Sin costas.
2Revocar la Resolución N° 354/2013 (AD LAPL), de fecha 21/05/13, recaída en el expediente SIGEA N° 12586-551-2008 en cuanto condena al Sr. Adam, Pablo Martín al pago de una multa de $45.864 y tributos u$s 2.766,16 por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 947 del CA, con costas a la DGA.
3Confirmar la Resolución N° 354/2013 (AD LAPL) en cuanto impone la sanción de comiso del vehículo, con costas a la recurrente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-144260777-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Diciembre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en el expediente Nº 33.647-A, caratulado “ADAM PABLO MARTÍN c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 2/12vta. por apoderado se presenta el Sr. Pablo Martín Adam e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 354/2013 (AD LAPL), de fecha 21/05/13, recaída en el expediente SIGEA N° 12586-551-2008 en cuanto lo condena el pago de una multa de $45.864, por tributos u$s 2.766,16 y al comiso de la mercadería secuestrada, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 947 del CA. Relata que el 11/04/18 el Sr. Pablo Martín Adam solicitó en préstamo el vehículo patente B 527.533 de Punta del Este a un amigo llamado Federico Nery (desconociendo las circunstancias de ingreso al país) a fin de trasladarse a la ciudad de Berisso a entregar mercadería. Manifiesta que mientras se encontraba circulando por dicha localidad, se cruza con un motociclista produciéndose un accidente del que da cuenta la causa penal con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata. Manifiesta que a raíz de dicho accidente la Comisaría N° 1 de Berisso procede al secuestro del automotor y comunica lo sucedido a la Aduana. Señala que aportó documentación de la que surge el titular de dominio y su domicilio, hace hincapié en que el Sr. Adam sólo era el conductor de vehículo. Interpone excepción de nulidad del acto administrativo debido a la existencia de vicios graves y violación de las formas procesales por omisión de la autoridad aduanera. Agrega que como conductor del vehículo no puede ser imputado de conducta ilícita alguna, ya que desconocía si dicho vehículo había ingresado al país en infracción o no, es por ello que, al no ser poseedor ni su titular, carece de la documentación solicitada. Señala la falta de valoración de las pruebas aportadas, y la falta de motivación del acto administrativo. Subsidiariamente, solicita la disminución de las penas. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 21/27 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora, que no fueren objeto de su especial reconocimiento. Efectúa una breve reseña de los antecedentes de la causa, la que se inicia como consecuencia de la Nota de fs. 1 mediante la cual la Comisaría de Berisso adjunta acta labrada con motivo de un accidente de tránsito en el que participó el automotor marca Chevrolet, modelo corsa GL RURAL, 5 puertas dominio extranjero B527.533 Punta del Este Uruguay, conducido por el Sr. Adam Pablo sin documentación aduanera que acredite su legal ingreso y permanencia en el país. Respecto de la falta de motivación del acto administrativo señala que se desprende a simple vista que el acto en cuestión contiene dichos requisitos, lo que implica su validez. Manifiesta que la realidad jurídica indica que el vehículo es de origen extranjero, que se encontraba en poder del recurrente y que dicho rodado no está nacionalizado y que el Sr. Adam no se presentó ante el servicio aduanero para realizar ningún tipo de trámite relativo a la unidad en cuestión. Respecto a la graduación de la multa, señala que queda a criterio del juzgador la graduación de la misma, debiendo tener en cuenta para ello en cada caso las circunstancias, la naturaleza, la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor. Finalmente, concluye que los hechos analizados configuran la infracción prevista y penada por el art. 947 del CA. Acompaña los antecedentes administrativos, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a 28 se abre la causa a prueba, la cual obra agregada a fs. 38/48. A fs. 55 se certifica la prueba y a fs. 56 se cierra el período probatorio. A fs. 60 se ponen para alegar, derecho del que hizo uso el Fisco Nacional a fs. 63/vta. A fs. 66 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que de la compulsa de la actuación administrativa SIGEA N° 12586-551-2008, resulta que a fs. 1/3 el teniente Rodrigo Javier Ayala remite el acta de procedimiento al Sr. Director de la Dirección Regional Aduanera La Plata – Ensenada, en que se informa la detención de un vehículo de procedencia uruguaya matrícula B527533 (Punta del Este), conducido por el Sr. Pablo Martín Adam de nacionalidad argentina que protagonizara un incidente de tránsito en la vía pública, donde se solicita se informe si existen constancias de su ingreso al país del vehículo y si el mismo posee permiso para circular en el país. A fs. 4 el Jefe de la Sección “G” eleva las actuaciones al Sr. Administrador. A fs. 6/8 obra el acta en la que se deja constancia que se habría configurado un hecho ilícito en materia aduanera. A fs. 9 obra la orden de procedimiento. A fs. 10 obra el Acta Lote N° 17/08 en la que se da ingreso a depósito aduanero de la mercadería secuestrada. A fs. 12 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA y se corre vista de lo actuado –notificado con fecha 03/07/09-. A fs. 15 se declara la rebeldía del Sr. Pablo Martín Adam. A fs. 18 pasan las actuaciones a la sección “V” a fin de que informe el valor en plaza de la mercadería en infracción y el importe de los tributos correspondientes. A fs. 20 se informa el valor en plaza de la mercadería y los tributos correspondientes. A fs. 22 pasan las actuaciones para dictamen jurídico. A fs. 26/26vta. luce el Dictamen N° 242/13 en el que se propicia que correspondería concluir con una condena al imputado. A fs. 27/28 se dicta la Resolución N° 354/13 (AD LAPL) apelada en autos.
V. Que corresponde resolver en la causa si la Resolución N° 354/2013 (AD LAPL), en cuanto imputa al Sr. Pablo Martín Adam la comisión de la infracción tipificada en el art. 947 del CA, se ajusta a derecho. Que la resolución que se cuestiona se originó como consecuencia de la Nota de fs. 1 de las actuaciones administrativas mediante la cual la Comisaría de Berisso adjunta acta labrada con fecha 11/07/08 con motivo de un accidente de tránsito en el que participó el automotor marca Chevrolet, modelo corsa GL RURAL, 5 puertas dominio extranjero B527.533 Punta del Este Uruguay, conducido por el Sr. Pablo Martín Adam sin documentación aduanera que acredite su legal ingreso y permanencia en el país.
Que, el Sr. Adam manifiesta que solicitó en préstamo el vehículo a un amigo llamado Federico Nery, para trasladar mercadería vendida en su comercio a un cliente.
VI. Que, en primer lugar, corresponde tratar el planteo de nulidad del acto administrativo formulado por la actora, en el cual sostiene que el mismo cuenta con vicios graves y violación de las formas procesales por omisión de la autoridad aduanera.
Que, debe analizarse si el acto posee los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo a saber: competencia, causa, objeto, motivación y finalidad. Respecto de la motivación, el acto debe estar debidamente fundamentado explicando las razones y fundamentos que llevaron a la autoridad a tomar la decisión.
Que, de las actuaciones administrativas resulta que el acto administrativo cuestionado contiene dichos requisitos, lo que implica su validez. Respecto de este punto, si bien la motivación debe contener las razones de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto, no es necesario una relación analítica o circunstancia, basta una relación sucinta que sea ilustrativa, incluso cuando una norma legal aplicable es suficientemente comprensiva, su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la simple cita de la disposición legal valdría como tal.
Que, a efectos de la procedencia de una nulidad, no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar.
Que, por otra parte, “En virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art. 12 de la ley 19.549) se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente.” CSJN Fallos 319:1476 del 20/08/96 in re “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c/ Banco de la Nación Argentina s/ juicios de conocimiento.”
Que en cuanto al criterio de la CSJN de restricción de la defensa en juicio referente a que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la C.N. no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos 205:549), en esta instancia.
Que, conforme lo expuesto, el procedimiento administrativo llevado a cabo por el servicio aduanero se ajusta a las normas y regulaciones aplicables, por lo cual corresponde rechazar el planteo de nulidad efectuado por la actora y tener por válido el acto administrativo. Sin costas, por haberse tratado junto con el fondo.
VII. Que, en cuanto a la infracción imputada en la causa, el art. 947 del CA prevé: “En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de pesos quinientos mil ($500.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de dos (2) a diez (10) veces el valor en plaza de la mercadería y el comiso de ésta.
Cuando se trate de tabaco o sus derivados el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de pesos ciento sesenta mil ($160.000). Cuando se trate de las mercaderías enunciadas en el párrafo anterior, el servicio aduanero procederá a su decomiso y destrucción. (Artículo sustituido por art. 250 de la Ley N° 27.430 B.O. 29/12/2017. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)”.
Cabe señalar que para que se configure un contrabando menor es necesario que se encuadre la conducta en cuestión en alguno de los supuestos previstos en los arts. 863, 864, 865, inc. g), 871 y 873, del Código Aduanero. Es decir, el art. 947 no reprime conducta alguna, sino que resulta necesario encuadrar la conducta o el "hecho" que se pretende reprimir en alguno de los supuestos legales descriptos.
Que Juan Patricio Cotter enseña que "La estructura del tipo de contrabando menor queda conformada a partir de su asimilación a los tipos penales del contrabando en sus formas simple y tentada, como también la agravada, limitado en este supuesto a los casos previstos en el art. 865, inc. g). En todos los casos, el tope monetario determinado divide el plano infraccional del delictual. Consecuentemente, corresponde realizar una aproximación a los tipos de contrabando a los cuales la figura infraccional remite" (Las infracciones aduaneras, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 169).
Que, por su parte, Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo X., Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., señalan que "...el tope monetario que fija la norma permite otorgarles, a ciertas hipótesis de contrabando, un tratamiento más benigno" (Código Aduanero Comentado, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, obra completada y actualizada por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L., y Vidal Albarracín, Guillermo (h), t. III, pág. 356). Que resulta claro, entonces, que el art. 947 del CA no tipifica infracción singular alguna, sino que, en razón del monto que se halla en juego, dispensa un tratamiento más benigno a determinados supuestos tipificados en los artículos que individualiza.
Que para que se configure el tipo penal de contrabando menor endilgado hace falta que el sujeto activo haya actuado con dolo para hacer incurrir en error a la autoridad aduanera y así burlar su control.
Que la CSJN en la causa Safrar Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores, Comercial, Industrial y Financiera c/ A.N.A. s/ nulidad de resolución" del 27-12-88 (Fallos 311:2779) dijo que son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible le pueda ser atributiva tanto objetiva como subjetivamente. (Fallos 290:202 consid. 5).
Que, en ese orden de ideas cabe concluir que, el sólo hecho de conducir el automotor marca Chevrolet, modelo corsa GL RURAL, 5 puertas dominio extranjero B527.533 Punta del Este Uruguay, no basta para encuadrar la conducta del Sr. Adam, aquí apelante, en la figura del art. 947 del CA, toda vez que no se ha probado que el recurrente haya sido el que efectuó la conducta que configura la infracción que se le imputa.
Que, en virtud de lo que antecede, voto por:
1. Revocar la Resolución N° 354/2013 (AD LAPL), de fecha 21/05/13, recaída en el expediente SIGEA N° 12586-551-2008 en cuanto condena al Sr. Adam el pago de una multa de $45.864 y tributos usd 2.766,16 y al comiso de la mercadería secuestrada, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 947 del CA.
2. Costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que, en honor a la brevedad, me remito a lo expuesto por la Dra. Claudia B. Sarquis en los Considerandos I a VII de su voto.
II. Que, en definitiva, lo que en el caso se trata de resolver es si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 354/2013 (AD LAPL), dictada en la Actuación SIGEA N° 12586-551-2008, mediante la cual se resuelve condenar al Sr. Pablo Martin Adam al pago de una multa y al comiso de la mercadería secuestrada, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 947 del CA.
III. Que propongo en el presente una solución distinta en cuanto al análisis de la vocal preopinante. No se encuentra controvertido que el automotor de matrícula uruguaya se hallaba dentro del territorio nacional sin que mediara documentación alguna que acreditara su legal introducción ni intervención del servicio aduanero. Dicha omisión coloca al poseedor del bien en una situación contraria al ordenamiento jurídico, por cuanto el régimen aduanero exige la acreditación fehaciente del ingreso autorizado de toda mercadería, en resguardo del control estatal sobre las importaciones y exportaciones.
IV. La defensa ensayada por la apelante se sustenta en la mera invocación de haber recibido el vehículo en préstamo y el alegado desconocimiento de las circunstancias de su ingreso al territorio aduanero, no resulta suficiente para enervar la imputación efectuada en su contra y, de esta manera, excluir la responsabilidad que emerge de la infracción dispuesta por el Código Aduanero.
V. A la luz de lo expuesto, no puede pretenderse amparo en la ignorancia de la ley. El principio de inexcusabilidad del desconocimiento normativo —ignorantia legis non excusat— rige con particular énfasis en materia aduanera, donde el deber de diligencia en la tenencia de bienes de origen extranjero impone al poseedor la carga de verificar su situación legal. La ausencia absoluta de documentación que acredite el ingreso a plaza del automotor, por parte del apelante, impide admitir la tesis de una tenencia inocente.
VI. En tales condiciones, la conducta atribuida al recurrente se subsume en la figura prevista en el artículo 864 inciso a) del Código Aduanero, toda vez que el vehículo se encontraba sustraído del control que le corresponde ejercer al servicio aduanero. A los fines de la aplicación del artículo 947, corresponde reputar el hecho como infracción aduanera de contrabando menor, en tanto el valor en plaza de la mercadería (ver fs. 20 de las Act. Adm.) no supera el umbral establecido por la norma.
VII. El dolo requerido por la figura, se infiere de la propia conducta de quien mantiene en su poder un bien registrable extranjero sin respaldo documental ni intervención aduanera, aceptando con ello estar infringiendo el régimen legal. La presunción natural y lógica que se desprende de los hechos conduce a afirmar que fue el propio poseedor el responsable del ingreso irregular del rodado, configurando el supuesto punible bajo la figura de contrabando.
VIII. Que, con fundamento en lo expuesto, y atento que la recurrente no acreditó en la causa eximente alguno de responsabilidad, y toda vez que con su accionar impidió el adecuado control aduanero vulnerando de este modo el bien jurídico tutelado por el contrabando, corresponde considerarlo responsable de la infracción prevista y penada por el artículo 947 del Código Aduanero, en función de lo dispuesto por el artículo 864 inciso a) del mismo cuerpo legal.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 354/2013 (AD LAPL), dictada por la Administradora de la Aduana de la Plata en la Actuación SIGEA N° 12586-551-2008.
2. Costas a cargo de la actora.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Adhiero parcialmente al criterio sustentado en el voto de la Dra. Claudia Sarquis, coincidiendo con la conclusión en cuanto a la improcedencia de la sanción de multa aplicada por el art. 947 del Código Aduanero y los tributos determinados, aunque entiendo que corresponde confirmar el comiso dispuesto sobre el vehículo objeto de autos.
II. En efecto, el art. 947 del C.A. no contiene una figura infraccional autónoma, sino que remite a los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873, lo que impone la necesidad de que el hecho reprochado reúna los elementos típicos del delito de contrabando.
En el caso, la imputación se sustenta en el inciso a) del art. 864, que reprime al que importare o exportare mercadería del territorio aduanero eludiendo la intervención del servicio aduanero. Tal exigencia requiere que se acredite, en forma cierta y concreta, la realización de un acto material de introducción elusiva, elemento que no se encuentra demostrado respecto del recurrente. En el caso no hay indicio alguno que una persona por estar conduciendo un auto que en apariencia ingresó sin controles sea la que efectivamente eludió los controles aduaneros.
Asimismo, cabe resaltar que, eludir el control aduanero supone un comportamiento positivo que impide o dificulta el ejercicio de las funciones de control, es decir, la mera tenencia posterior de un vehículo de matrícula extranjera sin documentación justificante no configura, por sí, dicho acto de elusión. La conducción del rodado en territorio nacional sin respaldo documental puede reflejar una situación irregular, pero no autoriza, en ausencia de prueba sobre el ingreso material del bien, a subsumir la conducta en el artículo 864 inciso a) ni en el artículo 947 del Código Aduanero. El contrabando -incluso en su modalidad infraccional de contrabando menor- exige la comprobación de un acto de introducción elusiva y un mínimo de culpabilidad, conforme los principios que rigen en materia penal.
En materia sancionatoria, el aparato punitivo del Estado no puede ejercerse sobre la base de conjeturas ni de simples sospechas. La punición requiere un grado de certeza que exceda la mera posibilidad y se acerque a la convicción razonable, lo que en términos del derecho penal se traduce en el estándar de prueba “más allá de toda duda razonable”. Castigar sin que el hecho imputado se encuentre acreditado con ese nivel de certeza implica no solo desnaturalizar el principio de legalidad y diluir la exigencia de tipicidad estricta, sino también invertir la presunción de inocencia y convertir el ius puniendi en un instrumento arbitrario. Ello vulnera el principio de proporcionalidad y vacía de contenido la noción de ultima ratio que justifica al derecho penal y, por extensión, al derecho penal aduanero. El derecho penal —y por extensión el infraccional aduanero— se rige por el principio de mínima intervención, conforme al cual el ejercicio de la potestad sancionatoria solo puede activarse cuando se verifique una verdadera afectación de los bienes jurídicos tutelados y no frente a conductas meramente sospechosas o preparatorias. De lo contrario, el derecho punitivo se transformaría en un mecanismo de control preventivo, incompatible con el Estado de Derecho.
En este mismo sentido, el principio de culpabilidad proyecta consecuencias insoslayables que limitan el poder sancionador del Estado: solo puede castigarse al individuo por hechos verificables y voluntarios. No hay acción sin voluntad, y ningún hecho humano puede ser valorado jurídicamente como acción si no es fruto de una decisión libre y consciente. Lo contrario -esto es, sancionar al sujeto por el mero resultado o por la mera sospecha de participación- equivaldría a instaurar una forma de responsabilidad objetiva expresamente proscripta por el artículo 902 del Código Aduanero y por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
En las presentes actuaciones no se ha demostrado que el Sr. Adam Pablo Martín haya intervenido en el acto de ingreso del vehículo al territorio aduanero, ni que su conducta haya tenido por objeto eludir el control del servicio aduanero, razón por la cual corresponde revocar la multa aplicada.
Cabe destacar que, en la lógica del sistema aduanero, el contrabando constituye un ilícito de acción mientras que la tenencia injustificada de mercadería extranjera describe una situación posterior al ingreso. Confundir ambas figuras importaría desdibujar el principio de tipicidad estricta y convertir en ilícito aduanero lo que apenas podría constituir una irregularidad administrativa. El verbo típico “eludir” presupone un acto positivo de sustraer la mercadería al control en el momento y lugar donde dicho control debe ejercerse, esto es, en la zona primaria o en ocasión del ingreso o egreso. La mera posesión o circulación ulterior de un bien extranjero sin documentación no satisface ese verbo típico.
III. En cuanto a los tributos determinados, corresponde igualmente revocarlos. Ello así, por cuanto el hecho imponible previsto en el artículo 638 del Código Aduanero -la introducción de mercadería al territorio aduanerono se ha demostrado en modo alguno respecto del recurrente. La sola constatación de que el vehículo de matrícula extranjera se hallaba en el país, sin acreditarse la forma, tiempo y modo de su ingreso, no permite tener por configurada una importación de hecho ni atribuir responsabilidad tributaria alguna. En consecuencia, corresponde revocar también la determinación de tributos contenida en la resolución apelada.
IV. No obstante ello, el carácter ilícito del ingreso del vehículo -verificado objetivamente por la falta de toda documentación que ampare su legal introducción- justifica el mantenimiento del comiso.
Por las razones expuestas, adhiero a la solución propuesta por el voto preopinante, en cuanto revoca la multa impuesta en los términos del artículo 947 del Código Aduanero y la determinación tributaria, diferenciándome en cuanto considero que corresponde confirmar el comiso del vehículo, en atención a la naturaleza ilícita de su ingreso.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar totalmente la Resolución Nº 354/2013 (AD LAPL), de fecha 21/05/13, dictada en las actuaciones SIGEA Nº 12586-551-2008, en cuanto condena al Sr. Pablo Martín Adam al pago de la multa prevista en el artículo 947 del Código Aduanero y a los tributos allí determinados, confirmando únicamente el comiso del vehículo.
2. Costas conforme los respectivos vencimientos.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de nulidad interpuesta por la actora. Sin costas.
2. Revocar la Resolución N° 354/2013 (AD LAPL), de fecha 21/05/13, recaída en el expediente SIGEA N° 12586-551-2008 en cuanto condena al Sr. Adam, Pablo Martín al pago de una multa de $45.864 y tributos u$s 2.766,16 por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 947 del CA, con costas a la DGA.
3. Confirmar la Resolución N° 354/2013 (AD LAPL) en cuanto impone la sanción de comiso del vehículo, con costas a la recurrente.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2025.12.29 12:51:50 ART Date: 2025.12.30 13:21:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.30 15:50:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.30 15:50:52 -03:00
Fin de la sentencia