Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 120.665
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr Cristian Diego Pena.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto en favor de Diego Javier Adamo, sin costas, disponer la nulidad de todo lo actuado a partir del procedimiento cumplido desde la indebida integración como Tribunal técnico unipersonal y disponer el reenvío para que, por medio de un Juez hábil, se reediten los actos necesarios para tener un juicio válido, sin costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada (art. 14 ley 48).
Rigen los arts. 18, 24, 75 inciso 12 y 118 de la CN; 5, 12, 19, 29 inc.3º, 40, 41, 42, 44, 45 y 79 en función del art 80 inc. 1 y 11, y 149 bis primer párrafo, primera parte del Código Penal; 3, 22, 26, 201, 207, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531 c.c. y s.s. del CPP.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 120665 caratulada “ADAMO, DIEGO JAVIER S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA . CARRAL
El 20 de septiembre del año 2022, el Dr. Alejandro Juan Antonio Moramarco Terrarossa, Juez del Tribunal en lo Criminal nro. nº 1 del departamento judicial de San Martín, en integración unipersonal, condenó a Diego Javier Adamo a la pena de quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable, de los delitos de amenazas y homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, este último en grado de tentativa, en concurso material entre sí, hechos cometidos el 10 y el 18 de octubre del año 2020, en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín (arts. 5, 12, 19, 29 inc.3º, 40, 41, 42, 44, 45 y 79 en función del art 80 inc. 1 y 11, y 149 bis primer párrafo, primera parte del Código Penal, 210, 373, 375 y 531 del Código Procesal Penal). Contra dicha resolución, el Defensor Oficial, Dr. Cristian Diego Penna, interpuso recurso de casación.
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimado, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente (arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 14, nº 5, PIDCP; 8, nº 2, h, CADH; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, 454, inc. 1, CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Señala el impugnante que se afectaron las garantías de juicio previo, juez natural y juicio por jurados y del principio republicano (arts.1,18 y 24 CN, 8.1 CADH,14.1 PIDCP y 1 CPP), por falta de cumplimiento de las reglas de competencia en razón de la materia. Que fue juzgado y condenado por un órgano carente de jurisdicción legal. Que conforme la calificación legal correspondiente a los hechos, a la luz de las reglas de competencia en razón de la materia, correspondía la integración de un Tribunal de Jurados (arts.1,22 bis y 26 CP). Que al finalizar la etapa de investigación, la Fiscalía efectuó el requerimiento de elevación a juicio y especificó que, en virtud del hecho atribuido (homicidio agravado en función de los incisos 1 y 11 del art. 80 CP, en grado de tentativa), debería ser juzgado por Tribunal con Jurados.
Que ni la Defensa ni el acusado renunciaron al juicio por jurados, conforme art. 22 bis segundo párrafo CPP, lo que llevó al Juez de Garantías a disponer la elevación a presidencia para que sortee el Tribunal en lo Criminal, que tratándose de un delito que supera los quince años de prisión y que la Defensa Oficial y el imputado no habían renunciado, debía ser integrado por jurados. La causa se radicó en el Tribunal en lo Criminal No 1, órgano que, sorpresiva y arbitrariamente, dispuso su integración como Tribunal técnico unipersonal. Ante la advertencia de lo expuesto por la Defensa, con el argumento que la pena en abstracto de los delitos endilgados a su asistido Adamo, permiten la integración unipersonal, el Juez no hizo lugar.
El debate se realizó el 16 de septiembre del año 2022, como cuestión preliminar volvió a efectuar el planteo, que nuevamente fue rechazado con el argumento de preclusión y la cita del art. 22 bis del CPP. Finalmente se encontró culpable a Adamo de los delitos imputados y fue condenado el día 20 de septiembre a la pena de 15 años de prisión, con accesorias legales y costas. Reclama que se vulneró el derecho de Diego Javier Adamo a ser juzgado por un juicio por jurados previsto en los arts. 24 y 118 de la Constitución Nacional y, con ello, a la garantía del juicio previo del art. 18 de la Constitución Nacional que es, de acuerdo a los artículos 24 CN, 22 bis y 26 del CPP, el juicio por jurados y a la del Juez Natural, en tanto el juez natural del art. 18 CN es (conforme los mismos artículos del ordenamiento procesal), el jurado.
Señala desconocimiento de las reglas de competencia en razón de la materia (arts. 22 bis, 26 CPP), afectación de la forma republicana de gobierno (art. 1 CN). Invoca el fallo “Canales” de la CSJN, “Mazzón” y “Rupell” de la sala 1 y “Díaz Villalba” de la Sala IV del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Concluye con el reclamo de la nulidad de lo actuado a partir de la citación a juicio, por lo que, con invocación del fallo “Mattei” de la CSJN, al tratarse de un vicio no atribuible al acusado, afirma que no corresponde que el proceso sea retrotraído a etapas procesales ya precluídas, y solicita la absolución. Para el caso de no compartir la solución, pide el reenvío para la reedición de todos los actos viciados, bajo las limitaciones de la reformatio in peius (art.435 segundo párrafo CPP).
Hace reserva del caso federal por violación a garantías constitucionales (art.14 ,ley 48).
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Galán, propicia que se rechace la pretensión, que la interpretación que la defensa pretende, trasgrede la claridad del texto de las normas que establecen la competencia. Señala que no se aplica el art. 26 CPP, porque el juego de los artículos 22 y 22 bis del CPP no supone la determinación de la competencia, sino simplemente una distribución interna y procedimental, dentro del ámbito de la competencia criminal, que el art. 22 bis del CPP dispone, como una de las reglas de distribución de los casos según los procedimientos disponibles para el proceso criminal, que “El Tribunal de jurados conocerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, alguno de ellos supere dicho monto”. Que ninguno de los delitos excede la pena de quince años de prisión por lo que no procede el juzgamiento por jurados. Que si el defensor procuraba una excepción a la disposición legal, debió solicitar la inconstitucionalidad del art. 22 bis del CPP, en la porción que establece el límite temporal para determinar a qué tipos de casos y delitos puede aplicarse el procedimiento de juicio por jurados.
El juicio por jurados está previsto en tres artículos de la Constitución Nacional: el 24, 75 inciso 12 y el 118. El 24 dispone: “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”, encontrándose en la parte titulada “Declaraciones, derechos y garantías".
El art. 75 inc. 12: “Corresponde al Congreso… 12. Dictar …leyes generales…. que requiera el establecimiento del juicio por jurados”.
Finalmente, el art. 118: “Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”.
No sólo por la reiterada referencia, sino especialmente por la ubicación sistemática del artículo 24 de la Constitución Nacional, es posible identificar al juicio por jurados como una garantía constitucional.
La Constitución Nacional lo estableció en el capítulo primero de la primera parte, que trata de las “Declaraciones, derechos y garantías”.
El juicio de aprobación o desaprobación de nuestros conciudadanos presidiría el fallo penal, esto es, abriría o cerraría las puertas para la aplicación del derecho penal, para el ejercicio, conforme a Derecho, del poder penal estatal. (“Juicio por jurados como garantía de la Constitución”. Edmundo Samuel Hendler).
A ello debe adunarse que, también prevé la obligación del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo y las normas que requieran el establecimiento del Juicio por jurados, con lo que puede observarse que la regulación del procedimiento del juicio por jurados para los casos de competencia federal es una delegación expresa de las provincias a la Nación y evidencia la triple designación expresa por nuestra Constitución Nacional: como garantía para el justiciable, como derecho y obligación del pueblo a participar en la administración de justicia y como forma obligatoria de organización y gobierno del Poder Judicial federal y de las provincias.
Es una forma política de organización estatal pues, además de implicar el compromiso de la sociedad reunida en comunidad para que pueda participar del proceso en la toma de decisiones judiciales, representa un derecho del acusado a ser juzgado por sus conciudadanos.
Representa un medio específico de distribución del poder u organización judicial.
El juicio por jurados comporta una clara decisión política acerca de la participación de los ciudadanos en las decisiones estatales.
Constituye una regla de garantía que las organizaciones judiciales de las provincias deben respetarla pues, en caso contrario, no garantizarían la correcta administración de justicia penal, en el sentido constitucional (art. 5 CN) (“Derecho Procesal Penal” Maier pág. 792). Las garantías son seguridades concedidas, a modo de facultades, para impedir que el goce efectivo de los derechos fundamentales, sean conculcados por el Estado, mediante la limitación de ese poder o los remedios específicos para repelerlos (art. 18 CN) que, a diferencia de los derechos que se dirigen a ser ejercidos frente a todos, están destinados a actuar frente al estado, como prerrogativas que se ejercen frente a él para asegurar el goce de los derechos subjetivos. La reglamentación hecha de la garantía en el código de procedimiento, permite establecer que se prevé su realización para las causas que en abstracto excedan los quince años de prisión o reclusión (art. 22 bis del Código Penal).
En el caso, teniendo en cuenta los delitos imputados a Diego Javier Adamo y por los que fuera elevado a juicio: amenazas y homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, este último en grado de tentativa, en concurso material entre sí (arts. 42, 44, 45 y 79 en función del art 80 inc. 1 y 11, y 149 bis primer párrafo, primera parte del Código Penal), es posible observar que la pena en abstracto es superior al límite previsto. En efecto, los artículos 80 incisos 1 y 11 del Código Penal prevén la pena alternativa de reclusión o prisión perpetua y, aún en el supuesto en que se pretenda una interpretación restrictiva, en el artículo 44 “2do. párrafo.” del Código Penal se establece que, en el caso que la pena sea de reclusión perpetua, la pena de tentativa será de reclusión de quince a veinte años.
Sin perjuicio de ello, la regla que determina la competencia por razón de la materia, del artículo 26 del CPP, dispone que se debe tener en cuenta la pena establecida para el delito consumado, norma que debe ser atendida para elucidar la cuestión, pues se ajusta al principio que surge del artículo 3 del mismo cuerpo.
Lo contrario sería una interpretación que limita el ejercicio de un derecho establecido: a ser juzgado por un jurado popular.
Por todo ello, corresponde hacer lugar al recurso y declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del procedimiento cumplido desde la indebida integración como Tribunal técnico unipersonal (arts. 3, 22 bis, 26, 201, 207 c.c. y s.s. del C.P.P., 42, 44, 45 y 79 en función del art 80 inc. 1 y 11, y 149 bis primer párrafo, primera parte del Código Penal).
Con relación al reclamo de absolución por los motivos que indica, no habrá de prosperar.
La pretensión es incompatible con el motivo de agravio, si por un lado invoca la garantía de tener un juicio por jurados y, por el otro, que no corresponde que el proceso sea retrotraído, el objeto del pedido se excluye con la solicitud que seguidamente efectúa. Sin perjuicio de ello, tampoco encuentro un desarrollo escrito de las razones que, en el caso, sustenten el reclamo.
Por todo ello propongo hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto en favor de Diego Javier Adamo, sin costas, disponer la nulidad de todo lo actuado a partir del procedimiento cumplido desde la indebida integración como Tribunal técnico unipersonal y disponer el reenvío para que, por medio de un Juez hábil, se reediten los actos necesarios (arts. 18, 24, 75 inciso 12 y 118 de la CN; 5, 12, 19, 29 inc.3º, 40, 41, 42, 44, 45 y 79 en función del art 80 inc. 1 y 11, y 149 bis primer párrafo, primera parte del Código Penal; 3, 22, 26, 201, 207, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531 c.c. y s.s. del CPP).
Asimismo, deberá tenerse presente la reserva del caso federal formulada (art. 14 ley 48).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr Cristian Diego Pena.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto en favor de Diego Javier Adamo, sin costas, disponer la nulidad de todo lo actuado a partir del procedimiento cumplido desde la indebida integración como Tribunal técnico unipersonal y disponer el reenvío para que, por medio de un Juez hábil, se reediten los actos necesarios para tener un juicio válido, sin costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada (art. 14 ley 48).
Rigen los arts. 18, 24, 75 inciso 12 y 118 de la CN; 5, 12, 19, 29 inc.3º, 40, 41, 42, 44, 45 y 79 en función del art 80 inc. 1 y 11, y 149 bis primer párrafo, primera parte del Código Penal; 3, 22, 26, 201, 207, 448, 450, 451, 454 inc. 1, 530, 531 c.c. y s.s. del CPP. Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia