Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.491-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 294/2017 (AD CORD), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17508-6- 2016, por la que se condenó a la actora al pago de una multa por la comisión de la infracción al artículo 954, apartado 1, inciso b) del Código Aduanero.
2Imponer las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-132191069-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Noviembre de 2025 Aduanas s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “ADAMO LEONARDO MARTÍN c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 38.491-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 10/12 se presenta, por apoderado, la persona del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 294/2017, dictada el 28/03/2017 por la Aduana de Córdoba (AD CORD), en las actuaciones administrativas N° 017- SC-221-2016/0, luego SIGEA N° 17508-6-2016, por la que resultó condenada al pago de una multa por la comisión de la infracción al artículo 954, ap. 1, inciso b) del Código Aduanero (C.A.), todo ello en relación a la mercadería ingresada mediante la Destinación de Importación N° 16 017 IC04 001579 A. Sostiene que no existe la infracción endilgada, dado que no se configura el tipo penal. Afirma que la mercadería ha sido correctamente clasificada y que ha sido asesorada por su despachante de aduanas. En subsidio, de comprobarse la incorrecta clasificación arancelaria, niega haber tenido intención de desobedecer normativa alguna y subraya la inexistencia de culpabilidad. Solicita la aplicación al caso de los principios de presunción de inocencia y personalidad de la pena. Ofrece como prueba las constancias de las actuaciones administrativas y la producción de prueba informativa y testimonial. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas. Subsidiariamente pide la atenuación de la multa dispuesta en el mínimo legal.
II. A fs. 34/40 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los hechos expuestos en la apelación no reconocidos expresamente. Realiza consideraciones acerca de los principios de veracidad y exactitud en los que descansa el sistema aduanero, como así también acerca de las facultades de control del servicio aduanero. Afirma que la importadora incumplió la obligación de presentar el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS) exigido por la normativa aplicable. Refiere a las prohibiciones no económicas y sostiene la configuración de la infracción imputada. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas relacionadas. Formula reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Según constancia de fs. 41, la demandada acompañó las actuaciones administrativas SIGEA N° 17508-6-2016 en formato papel, las que se agregaron por cuerda, declarándose la causa como de puro derecho.
A fs. 44 se elevaron las actuaciones al conocimiento e intervención de la Sala “F” y quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas se iniciaron con el acta de denuncia obrante a fs. 1/2, motivada en lo informado mediante Nota N° 72/2016 (SIS) de la Aduana de Córdoba, en la cual se dejó constancia que del control físico y documental efectuado sobre la mercadería declarada mediante la destinación de autos surgieron las siguientes novedades: “(…) De la declaración detallada obra en el Ítem 1, declaración de NCM 8714.94.90.990B ‘las demás Partes, Los demás – Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes – Los demás: PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.11 A 87.13’.
Considerando que tanto de la Factura Comercial 40794, como de la verificación física de la mercadería resultan ser bandas de frenos montados, de los tipos para ser utilizados en MOTOCICLETAS.
En virtud de la observación, la comparación y las prestaciones, capacidades y funcionalidades de la mercadería en cuestión, esta instancia considera, por aplicación de la regla General 1 y 6, correspondería posicionar los productos arriba mencionados en la NCM: 8714.10.00.992G – ‘PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS 87.11 A 87.13. – De motocicletas (incluidos los ciclomotores), Las demás partes, Las demás, Guarniciones de fricción para frenos, montadas (…)”.
Como consecuencia, allí se determinó que, en función de la clasificación arancelaria que correspondería asignar a la mercadería, la misma debía contar al momento de su presentación a despacho con el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS).
En consecuencia se procedió a bloquear el libramiento de la mercadería y se formuló la denuncia por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso b) del C.A.
A fs. 4 luce el acta N° 22/2016, mediante la cual se deja constancia de la medida de interdicción adoptada en relación a la mercadería (artículo 1085 del C.A.) en Depósito Fiscal General Tortone y a disposición del Sr. Administrador de la División Aduana de Córdoba.
A fs. 16 se agregó el sobre contenedor de la documentación original de la destinación en trato.
A fs. 17 obra la multinota presentada por la despachante de aduanas Sonia Ortenzi, solicitando autorización para el traslado de la mercadería desde el Deposito Fiscal General Tortone al Depósito de Secuestros y Ventas de la División Aduana de Córdoba.
A fs. 30 se instruye sumario contencioso y se autoriza al imputado a trasladar, a su costo, la mercadería interdicta. Asimismo, se ordena el levantamiento de la medida de interdicción para, luego del traslado, disponer el secuestro de la mercadería.
A fs. 33 se ordena la corrida de vista de rigor y a fs. 35/37 la imputada contesta la vista conferida. A fs. 41 se tiene por presentado el descargo y se ponen los autos para alegar, obrando presentado el alegato a fs. 43/44. A fs. 45/48 vta. obra el dictamen jurídico y a fs. 49/54 se dicta la Resolución N° 294/2017 (AD CORD) apelada en autos.
V. Sentado lo que antecede, corresponde analizar si es ajustada a derecho la resolución recurrida, en cuanto condena al imputado al pago de una multa por la infracción prevista y penada en el artículo 954, apartado 1, inciso b), del C.A. Al respecto cabe destacar que el artículo 954 del C.A. sanciona al que, para cumplir una operación de importación o de exportación, efectuare ante el Servicio Aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o pudiere producir: “(…) b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación (…)”.
Las prohibiciones o restricciones a la importación y exportación previstas en el Código Aduanero, Sección VIII, constituyen disposiciones que impiden o limitan la introducción de la mercadería al territorio aduanero. Se trata de normas que expresamente prohíben en forma absoluta o relativa, con finalidad económica o no económica, la importación o exportación de cierta mercadería. Así también, dichas normas establecen el sometimiento de la mercadería a otras restricciones, tales como: normas de calidad, de acondicionamiento, presentación de autorizaciones, certificados, etc. que deben acreditarse o presentarse en la oportunidad indicada por ellas, ya sea al momento del registro del despacho o en un momento posterior.
En el caso de autos, de la comprobación realizada por el Servicio Aduanero, surge que la recurrente habría incurrido en una declaración inexacta al oficializar la Destinación de Importación N° 16 017 IC04 001579 A asignando a la mercadería la posición arancelaria NCM 8714.94.90.990B, cuya descripción reza: “Las demás Partes, Los demás – Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes – Los demás: PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.11 A 87.13”, cuando de la factura comercial y la verificación física de la mercadería realizada por el Servicio Aduanero resultó que correspondería la posición arancelaria NCM 8714.10.00.992G, que describe: “PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS DE LAS PARTIDAS 87.11 A 87.13. – De motocicletas (incluidos los ciclomotores), Las demás partes, Las demás, Guarniciones de fricción para frenos, montadas”.
Así, en virtud del yerro en la posición arancelaria declarada para la mercadería en cuestión, la Aduana resaltó que la importadora omitió la presentación del Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS) correspondiente.
Dicho certificado, al momento en que se oficializó la importación, era requerido por la Resolución de la Secretaría de Industria N° 91/2001 -y sus modificatorias-, que unificó la normativa existente sobre prescripciones vinculadas a la Certificación de Homologación del conjunto de Autopartes y/o elementos de Seguridad, en virtud de lo estipulado por el artículo 28 de la Ley 24.449, reglamentado por el Decreto N° 779/1995.
Asimismo, cabe resaltar que recientemente, mediante la Resolución N° 222/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, perteneciente al Ministerio de Economía, se efectuó la revisión de la normativa aplicable, en base a la necesidad de establecer un marco dinámico para la verificación de cumplimiento de las normas de seguridad de las autopartes y/o elementos de seguridad, reemplazando el sistema de verificación de los requisitos de seguridad por un mecanismo simplificado de trazabilidad, basado en la información que declaren las empresas en función a las características de las autopartes importadas de manera precisa y transparente.
Que la modificación normativa sobreviniente me conmina a reinterpretar la doctrina sentada por la CSJN en la sentencia del 12/6/2012, recaída en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A)”, por la cual, con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 04/10/2010, el más Alto Tribunal recordó que las prohibiciones de importación o exportación habrán de surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas las restricciones habituales o requisitos impuestos a dichas operaciones. Allí se señaló que el Código no establece prohibición específica alguna, sino que ellas deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate. Se destaca, asimismo, que las prohibiciones aduaneras han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia, como regla general merecedora de acatamiento, como así también la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas.
Asimismo el Tribunal cimero, en el fallo precitado, expresó: “toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas reglas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que -siempre desde esta perspectiva que considero errónea se trataría de una "excepción" a la regla de la prohibición”.
En el mismo sentido, la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que: “toda prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia está sujeta la importación” (v. sentencia de fecha 2/07/15, in re “UNILEVER ARGENTINA S.A. c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”).
En estos términos, cabe señalar que el artículo 6 de la Resolución N° 91/2001, derogada por la Resolución N° 166/2019 - hoy modificada por la Resolución N° 222/2025-, expresaba: “El Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) es el instrumento que habilita la comercialización, importación o transferencia por cualquier título en el Territorio de la REPUBLICA ARGENTINA de la autoparte y/o elemento de seguridad de que se trate para el mercado de reposición”.
De lo expuesto, se colige que el régimen de las normas mencionadas ha tenido por objeto un mecanismo de certificación/verificación previa al libramiento de la mercadería con la finalidad de garantizar a los consumidores las condiciones de seguridad de la mercadería, y no una prohibición a la importación, toda vez que por prohibición debe entenderse un impedimento para que la mercadería ingrese al país.
En este sentido, la mercadería que requiere una validación previa o un certificado para su importación o exportación, no resulta necesariamente una mercadería de importación o exportación prohibida, sino que se trata de mercadería permitida con trámites previos que deberán ser cumplidos para su importación o exportación.
Cabe recordar que, conforme surge de nuestra Carta Magna, la regla es la permisión y la excepción es la prohibición, destacando que, como se ha expresado ut supra, estas últimas deben emanar de manera expresa e inequívoca de la letra de la ley dictada por autoridad competente.
Conforme lo hasta aquí expuesto, resulta claro que, la conducta analizada no deviene punible en los términos del art. 954 ap. 1, inc. b) del C.A., por cuanto la normativa aplicable al momento de la importación no eleva a la categoría de prohibición a la mercadería en trato –así como tampoco lo hace la normativa vigente en la actualidad–. Entiéndase, el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad, no condiciona la permisión de importación, sino que el mismo, resulta un requisito previo de un régimen tan delicado como el aquí estudiado; lo contrario implicaría desvirtuar el sistema diseñado por la legislación en la materia, el cual establece que las prohibiciones deben estar explícitamente establecidas en la letra de la ley. Que el principio rector en materia penal determina que, ante la ausencia de uno de los elementos del tipo infraccional de declaración inexacta, no puede considerarse configurada la infracción, lo que, en consecuencia, determina que en autos no pueda confirmarse la condena impuesta, por no configurarse el supuesto previsto en el inciso b), apartado 1 del artículo 954 del C.A.
Por todo ello, a mi juicio no corresponde atribuir a la recurrente la infracción imputada.
VI. Atento la forma en que aquí se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios de la recurrente.
VII. Con respecto a la imposición de costas, atento la complejidad que reviste el procedimiento para la importación de la mercadería en trato y existiendo motivos por los cuales la Aduana se pudo considerar con derecho a litigar, considero que resulta justo imponerlas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Revocar la Resolución N° 294/2017 (AD CORD), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17508-6- 2016, por la que se condenó a la actora al pago de una multa por la comisión de la infracción al artículo 954, apartado 1, inciso b) del Código Aduanero.
2. Imponer las costas por su orden.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 294/2017 (AD CORD), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17508-6- 2016, por la que se condenó a la actora al pago de una multa por la comisión de la infracción al artículo 954, apartado 1, inciso b) del Código Aduanero.
2. Imponer las costas por su orden.
Regístrese y notifíquese. Suscriben a la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, en los términos del art. 1162 del C.A.
Date: 2025.11.26 15:50:41 ART Date: 2025.11.28 19:35:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.28 19:36:06 -03:00
Fin de la sentencia