Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 9974568-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 10 de febrero de 2022, con el alcance establecido en el considerando VI, revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la presente acción de amparo, disponiendo que la A.F.I.P. – D.G.I. deba pronunciarse en el término de diez (10) días hábiles administrativos respecto de la petición formulada por la actora el 18 de noviembre de 2021 y
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
11165/2022 - ADBLICK GRANOS SA (TF 9974568-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 27 de mayo de 2022.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 10 de febrero de 2022, la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por mayoríarechazar la presente acción de amparo, con costas.
Para así decidir, los Vocales integrantes del voto mayoritario relataron los alcances de la pretensión actoral y recordaron que, para la procedencia de pretensiones como la que aquí se estudia, debería probarse existencia de una demora excesiva en la realización de un trámite o diligencia, a cargo de los empleados de los organismos recaudadores, que afectara o perturbara el ejercicio de una actividad o un derecho.
Además agregaron que, con el dictado de la ley 25.795, se había incorporado como requisitos esenciales la interposición previa de un pedido de “pronto despacho” ante la autoridad administrativa y el transcurso de un lapso mayor a quince días desde tal interposición, sin que se hubiera otorgado la respuesta pertinente.
En ese contexto, explicaron que el reintegro solicitado se encontraba contemplado en el marco legal de la Resolución 4310/2018, que regulaba el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” y citó los artículos 60 y 64 del referido texto. A su vez, señalaron que la propia amparista había realizado manifestaciones y arrimado elementos probatorios que permitían comprobar que todas las operaciones pendientes de devolución se encontraban en estado “LPG Acreditada” y, por ello, únicamente pendientes de pago.
Por otra parte, destacaron que el artículo 65 de la mentada Resolución no se extendía a la interpretación propuesta por la recurrente, sino que aludía al efectivo pago de las devoluciones ya convalidadas, para lo cual la norma tenía establecido un plazo expreso.
Sentado lo anterior, expresaron que la pretensión actoral excedía el marco que otorgaba la acción a través de la cual la había encauzado, toda vez que la vía del amparo prevista por el artículo 182 de la ley 11.683 no era idónea para provocar pagos.
Por último, citaron jurisprudencia que consideraron pertinente para sustentar la postura propuesta (páginas 196/200 del archivo en formato PDF acompañado en la causa).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 14 de febrero de 2022 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en ese mismo acto y cuyo traslado fue contestado el 12 de abril de 2022. Se agravió respecto del fondo de la cuestión decidida y de la imposición de las costas (páginas 203/218 del PDF acompañado en la causa y documento en formato PDF incorporado el 20 de abril de 2022 al expediente). Efectuó un relato de los antecedentes del caso, al tiempo en que esgrimió que el voto mayoritario había efectuado una errónea interpretación del procedimiento aplicable y de las pruebas aportadas. En ese orden, señaló que el Tribunal de grado había otorgado erróneos alcances al precedente “Cromatter SA” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, oportunidad en la cual -entendió- la Corte había dejado “[c]laro que a través del amparo por mora no se [podía] exigir que la Administración [resolviera] de un determinado modo, sino pura y exclusivamente, que [resolviera], que [culminara] todos los trámites pendientes y [diera] respuesta al administrado, ya sea favorable o contraria a sus intereses […]”.
Además, estimó inaplicable el pronunciamiento referido al caso, toda vez que el procedimiento establecido por la Resolución General 4310 creaba un régimen de reintegro sistémico, de carácter “cuasi-automático”, que se resolvía vía informática y sin el dictado de un acto administrativo formal previo. En ese orden, citó los artículos 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la referida Resolución y reiteró que las solicitudes de reintegro se resolvían por la acreditación de esos reintegros CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II en la cuenta del productor dentro del plazo establecido por el artículo 65 o, en su defecto, de conformidad con lo previsto por el artículo 68. A su vez, señaló que no se encontraba verificada en el caso la existencia de la circunstancia enunciada por el artículo 67 de la norma comentada, ya que no se habían denunciado inconsistencias u observaciones en el SISA ni se notificó a su parte la realización de una verificación previa.
Por otra parte, y contrariamente a lo sostenido por la sentencia apelada, adujo que no había norma alguna de las citadas que otorgara a la pantalla del SISA con la frase “LPG Acreditada” el carácter de acto administrativo que resolviera el trámite de solicitud de reintegro y que ello solo evidenciaba el cumplimiento y verificación por el Fisco del requisito contemplado en el artículo 62, inciso “b”, puntos 1 y 2. En ese orden, esgrimió que no era cierto que la frase referida era el único paso previo al reintegro, sino que ella constituía un acto “preparatorio o de instrucción” necesario para la conclusión del trámite. Así, señaló que “[e]l pedido de reintegro se ha mantenido en “stand by”, en suspenso, sin resolución ni explicación de ningún tipo al contribuyente. No se han impugnado las operaciones pero tampoco se han resuelto los pedidos de reintegro […]” (sic).
Igualmente, destacó que no se preveía un acto administrativo formal previo que declarara el derecho del contribuyente a cobrar los reintegros y que, no habiendo impugnaciones, el acto que debería resolver el trámite es la acreditación de los reintegros. Consideró afectado su derecho a la propiedad, citó jurisprudencia y solicitó que se, para el caso en el cual no se hiciera lugar a la pretensión, que se la eximiera de las costas, toda vez que su parte “[p]udo razonablemente creerse en condiciones y con suficiente derecho a litigar debido a la propia omisión del Fisco Nacional en resolver los reintegros dentro de los plazos expresamente establecidos en el art. 65 de la RG 4310, así como al mantenimiento de dicha omisión aun luego de interpuesto pronto despacho […]”.
Por lo expuesto, peticionó que se revocara lo decidido.
III. Que, en tales condiciones, cabe destacar que de la lectura de la documental adjuntada por la accionante al momento de dar inicio a este proceso (el 1 de febrero de 2022) surge, en lo sustancial, que:
a) De las páginas 33 a 37 del archivo en formato PDF acompañado en la causa surgen una serie de movimientos denominados “LPG Acreditada” vinculados a los reintegros previstos por la Resolución General 4310/2018, que ocurridos desde el 25 de agosto de 2021 hasta el 25 de septiembre de ese año. Además, se verifica de la captura de la pantalla “Devoluciones” del sistema de la Administración Federal de Ingresos Públicos (y referida al CUIT de la firma actora) una serie de movimientos ocurridos en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y de enero de 2022, bajo el rótulo de “F. Acto Adm.”.
b) Asimismo, de las páginas 126 a 131 del PDF referido se desprende la existencia de un pedido de “pronto despacho” articulado por la actora el 18 de noviembre de 2021 y que no fue contestado aún por la demandada.
IV. Que, no obstante resultar una prerrogativa de carácter opcional para el Tribunal Fiscal de la Nación en los términos del artículo 183 de la ley 11.683, corresponde dejar sentado que la Sala “B” del referido Tribunal administrativo ha decidido no requerir de la Administración Federal de Ingresos Públicos el informe al que la norma referida alude.
V. Que, ello sentado, señálese que para la procedencia del recurso de amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación deben verificarse concurrentemente los siguientes requisitos o condiciones: a) excesiva demora en la realización de un trámite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; y b) que la demora provoque un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho (artículo 182 de la ley 11.683).
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Su fundamento es brindar al administrado un remedio procesal eficaz, caracterizado por la celeridad de su trámite, que le asegure o restablezca el goce de derechos cuando se consideren lesionados por el organismo recaudador.
Sobre el instituto analizado, se ha sostenido que el mismo se limita exclusivamente a vencer la inactividad formal, quedando fuera de su ámbito la pretensión prestacional; es decir, que el amparista no puede exigir el cumplimiento de una obligación de hacer distinta al dictado de un acto ni urgir pagos (en igual sentido, esta Sala in rebus “Liag Argentina SA (TF 13684652-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 12332/2021, sentencia de octubre de 2021; “Goyaike SAACI Y F (TF 79377761-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo, expediente Nº 7816/2021, sentencia del 23 de junio de 2021 y “Patagonia Meat SA (TF 14205567-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 7190/2021, sentencia de junio de 2021; Sala IV in re “Appendino, Luis c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 52980/2017, sentencia del 26/12/17; “Kaplan, Luis Alfredo c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 67308/2017, sentencia del 26/10/17; “Equimac SACIFI e I c/EN - DNV (Exp 1012/08) s/amparo por mora”, sentencia del 15/07/14 y “Asociación de Cooperativas Argentinas Coop Ltda c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 05/03/15; Sala I in re “Mazzuchini, Gilberto Darío c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 09/06/15, y Sala III in re “MC Meat S.A. (TF 19.615-I) c/ DGI”, sentencia del 10/07/01).
VI. Que, ello sentado, debe adelantarse que el recurso intentado por la accionante contra la sentencia del 10 de febrero de 2022 habrá de prosperar bien que con los alcances que se explicitarán, habida cuenta de que el cobro efectivo de los reintegros objeto de autos excede el cauce formal que le otorga la acción intentada.
En efecto, se colige de la lectura del libelo inicial que lo pretendido por la recurrente resulta ser admisible únicamente en cuanto persigue que se inste judicialmente al Fisco Nacional a pronunciarse respecto de la demora que le fue reprochada expresamente en el pedido de “pronto despacho” del caso.
De esta manera, recuérdese que el amparo por mora persigue simplemente que la Administración cumpla con su deber de resolver, no está orientado a decidir judicialmente el fondo del asunto y se dirige a compeler a la expresión de la voluntad administrativa, ya sea que se trate de un trámite o de una diligencia que se encuentre a cargo de los dependientes del Fisco.
Es en este entendimiento que -tal y como fue advertido en el Considerando anterior- acciones como la aquí intentada no resultan idóneas para urgir un pago (en igual sentido, Sala I, in re “Promeco SA c/ AFIP (DGI) s/amparo por mora”, sentencia del 10/04/2001) ni para generar una obligación de hacer que sea sustancialmente diferente a la de decidir las peticiones que formulen los particulares.
Ahora bien, en el caso, se verifica que la accionante le ha reprochado al Fisco Nacional, por conducto del referido “pronto despacho”, el incumplimiento de los deberes a su cargo, haciéndole saber que la firma había cumplido con todos los requisitos establecidos por la normativa, que los plazos legales que ordenaban la actividad administrativa se encontraban vencidos, que no se habían formulado observaciones en la especie, que el retraso le ocasionaba a su parte un perjuicio económico y financiero y que se le requería expresamente una respuesta (ver, en particular, páginas 131/132 del PDF de la causa). En ese orden de ideas, destácase que tal situación se ha mantenido inalterada en el tiempo desde el mes de noviembre de 2021 hasta el presente, generándose de tal modo una irrazonable e injustificada demora por parte de la Administración en cumplir con el deber de respuesta que pesa sobre ella, todo lo cual es suficiente para la admisión del amparo por mora.
En tales condiciones, es preciso puntualizar que cuanto se decide en punto a la emisión de la orden de despacho en modo alguno implica ni puede ser entendido, como una condena al pago de suma CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II alguna de dinero, planteo que en su caso, deberá ser articulado por el interesado, por la vía que corresponda.
Los motivos precedentemente expuestos determinan la admisión sustancial de los argumentos esgrimidos por la firma actora y propician la revocación del pronunciamiento emitido respecto del fondo del asunto, bien que con los alcances que aquí se indican.
VII. Que, en razón del modo en que se decide, corresponde también modificar el régimen de costas (cfr. artículo 279 del C.P.C.C.N.), que habrán de ser impuestas en ambas instancias a la demandada, en tanto y cuanto con su injustificada demora ha dado lugar a la promoción del amparo y consiguiente emisión de la orden de despacho, resultando por lo mismo sustancialmente vencida (cfr. artículo 68 del C.P.C.C.N.). Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
1. admitir el recurso de la accionante contra el pronunciamiento del 10 de febrero de 2022, con el alcance establecido en el considerando VI, revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la presente acción de amparo, disponiendo que la A.F.I.P. – D.G.I. deba pronunciarse en el término de diez (10) días hábiles administrativos respecto de la petición formulada por la actora el 18 de noviembre de 2021 y 2º) imponer las costas de ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 68 y 279 del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia