Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 275.860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica el auto del 23-VI-2021, dejándose sentado que el beneficio de gratuidad que le asiste alcanza también a las costas del juicio (arts. cit.). Costas de Alzada en el orden causado, en atención a que la decisión implica un cambio del criterio hasta ahora imperante (art. 69 CPCC).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL (JIM) C. 275.860 "FINVERT S.R.L.
C/ MENDEZ RIVAMAR, NORMA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO"
(JUZ. 12)
La Plata, 4 de noviembre de 2021.
I. 1. En lo que interesa destacar de esta causa, la Sra. Jueza a quo dejó constancia que la ejecutada Norma Beatriz Mendez Rivamar goza del beneficio de gratuidad previsto en el último párrafo del art. 53 de la ley 24.240, indicándole que "es un instituto diferente al beneficio de litigar sin gastos, y en caso de solicitar el mismo hágase saber a la Unidad Funcional de la Defensa n° 11 que por imposición del art. 5 ap. 5-1 de la Acordada 2972 de la SCBA deberá iniciarse ante la Receptoría General de Expedientes" (v. auto del 23-VI-2021).
I. 2. Contra este pronunciamiento se alza la nombrada ejecutada, a través de la apelación deducida y fundada en las respectivas presentaciones electrónicas del 30-VI-2021 y 2-VII-2021, con réplica de la ejecutante Finvert S.R.L. del 12-VII-2021.
II. El recurso prospera.
Para comenzar, creemos necesario destacar que hasta el presente hemos decidido de modo sostenido que el beneficio de justicia gratuita se encontraba destinado a no trabar por razones patrimoniales el acceso pleno a la jurisdicción e implicaba -desde una perspectiva protectoria- la imposibilidad de gravar con imposiciones económicas -pago de tasas, sellados u otros cargos- el ejercicio de las acciones judiciales, pero que una vez franqueado el acceso a la jurisdicción merced el beneficio antes indicado, el litigante quedaba sometido a los avatares del proceso, incluidas las costas (causas 274.801 “Finanpro” sent. del 15-IV-2021, 275.977 “Finanpro” sent. del 6-IX-2021, 273.364 “Finanpro” sent. del 14-IX-2021, 276.307 “Finanpro” sent. del 18-X-2021).
Empero, el reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “ADDUC y otros c/ AySA S.A. y otro s/ proceso de conocimiento” (sent. del 14-X-2021), sumado a la particular situación de la parte aquí ejecutada, quien se encuentra asistida por la Sra. Defensora Oficial titular de la Unidad Funcional de Defensa n° 11 en razón de su condición patrimonial, nos persuade de la conveniencia de abandonar la senda trazada.
Desde ya aclaramos que estamos lejos de pregonar un seguimiento irreflexivo de las sentencias del Máximo Tribunal nacional, pero lo cierto es que este asunto registra tantas voces discordantes que alinearse detrás de la decisión en cuestión se presenta como un medio eficaz para alcanzar cierta uniformidad en la jurisprudencia, evitar que el punto se litigue una y otra vez, y lograr un mayor rendimiento del principio de economía procesal (art. 2 Cód. Civ. y Com.)
Pues bien, de vuelta en el pronunciamiento de mención, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo allí que una razonable interpretación armónica del artículo 53 de la ley 24.240 -texto según ley 26.361- permite aseverar que la norma no requiere “la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente” y que el hecho de otorgarse a la contraparte la posibilidad de probar la solvencia de la parte consumidora a fin de hacerle caer el beneficio, refuerza la tesis “que la eximición prevista incluye a las costas del proceso pues, de no ser así no se advierte cuál sería el interés que podría invocar[se] para perseguir la pérdida del beneficio de su contraparte” (v. esp. consid. 8°).
Para fundar esa inteligencia, el Tribunal también recurrió a los debates de la Convención Constituyente que culminó con la introducción en el año 1994, entre otros, del artículo 42 de la Constitución Nacional (consid. 6°); a las discusiones parlamentarias que precedieron a la sanción de la ley 26.361 que modificó la ley 24.240 (consid. 9°) y a algunos de sus propios precedentes (consid. 10°).
En definitiva, la respuesta dada por Corte Suprema de Justicia de la Nación a la cuestión bajo análisis fue tajante: el beneficio de justicia gratuita previsto en el artículo 53 de la ley 24.240 -texto según ley 26.361- alcanza a las costas del juicio.
Y aunque podrá discutirse si ella cierra o no el debate, consideramos que, en lo que a nosotros respecta y por las razones ya vertidas, marca el camino a seguir en la medida que no se presenten nuevos argumentos relevantes que permitan volver a discutir el tema.
A modo de cierre, subrayamos que no se nos escapa que en este caso, a diferencia del resuelto por el Máximo Tribunal Nacional, la consumidora reviste el carácter de parte demandada, mas dicha contingente posición en la causa resulta indiferente para alterar el razonamiento adelantado.
Ello por un doble orden de razones.
En primer lugar, porque es doctrina consolidada de esta Sala que la extensión del beneficio de justicia gratuita también a la parte consumidora accionada configura una interpretación plausible de los artículos 53 de la ley 24.240 -texto según ley 26.361- y 25 de la ley provincial 13.133, puesto que conjuga el significado de sus palabras con el propósito que las anima (art. 2 Cód. Civ. y Com.; causas ya cit. 274.801 “Finanpro” sent. del 15-IV-2021, 275.977 “Finanpro” sent. del 6-IX-2021, 273.364 “Finanpro” sent. del 14-IX-2021, 276.307 “Finanpro” sent. del 18-X-2021)
Pero además, porque la concesión del beneficio de justicia gratuita en los términos resueltos por la instancia de origen respecto de la ejecutada Mendez Rivamar, llega incuestionada a la Alzada por parte de la ejecutante Finvert S.R.L. (art. 266 CPCC).
POR ELLO: se admite el recurso de apelación deducido por la ejecutada Norma Beatriz Mendez Rivamar y, en consecuencia, se modifica el auto del 23-VI-2021, dejándose sentado que el beneficio de gratuidad que le asiste alcanza también a las costas del juicio (arts. cit.). Costas de Alzada en el orden causado, en atención a que la decisión implica un cambio del criterio hasta ahora imperante (art. 69 CPCC).
Regístrese, notifíquese electrónicamente (cf. consid. 22 y art. 3 de la Resolución 480/20 de la SCBA) y devuélvase a la instancia de origen.
Fin de la sentencia