Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 38.645-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nro. 823/2017 (AD MEND), dictada con fecha 15 de junio de 2017 en el marco de las actuaciones SIGEA 16596-93-2014 y, por ende, dejar sin efecto los Cargos FL 10/2014 y Fl 11/2014, que fueran formulados en relación con las Destinaciones de Importación Nros. 13 038 IC04 010470 N y 13 038 IC04 010477 U. Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-100800298-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales de la Sala “F”, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “ADHE PEL S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expte. N° 38.645-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 63/70 se presenta la firma ADHE PEL S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo N° 823/2017 (AD MEND), de fecha 15/06/2017, dictada en el expediente SIGEA N° 16596-93-2014, por la cual se confirma la determinación tributaria contenida en los Cargos N° FI 10/2014 y 11/2014, por la suma total de U$S 5.337,57, en relación a las Destinaciones de Importación Nros. 13 038 IC04 010470 N y 13 038 IC04 010477 U. Manifiesta que mediante los referidos Permisos de Embarque solicitó la importación para consumo de papel autoadhesivo sin imprimir, originario y procedente de Chile, habiendo -al momento de documentar y previo a la liberación de las mercaderías- cancelado los tributos a la importación que alcanzaban a las mercaderías importadas, conforme el sistema informático y la legislación vigente.
Expresa que si bien en aquel entonces tramitaba una investigación por dumping ante la Secretaria de Industria, a la fecha de oficialización de las mencionadas destinaciones no había sido publicada la resolución que establecía la aplicación de medidas antidumping definitivas, por lo que reultaban de aplicación los tributos vigentes a esa fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 637 del CÓDIGO Aduanero. Continúa manifestando que no podía tener conocimiento de la aplicación de la medida definitiva, por cuanto no formaba parte de la investigación, como así tampoco se habían aplicado medidas provisionales durante la sustanciación de la misma. Sostiene la ilegalidad de aplicar medidas retroactivas en los términos del artículo 10 del Acuerdo de Dumping cuando, como en el caso, no se aplicaron medidas provisionales durante el transcurso de la investigación.
Analiza los fundamentos de la Resolución MeyFP Nro. 13/2013. Destaca que si bien resulta cierto que la autoridad de aplicación puede por excepción percibir derechos antidumping en forma retroactiva, dicha retroactividad sólo puede extenderse por el período en que se hayan aplicado medidas provisionales, conforme los términos de los artículos 10.2, 10.3 y 10.4 del referido Acuerdo. Señala que la mencionada retroactividad se fundamentó en que la citada Resolución comenzó a regir el día de su firma (4/12/2013), y no el de su publicación en el Boletin Oficial (27/12/2013). En tal sentido, afirma que el principio universal en materia jurídica indica que las normas rigen para el futuro (art. 2 del Código Civil), el cual es especificamente aplicable a las normas de orden aduanero (art.
X, párrafo 2°, del GATT). Asimismo, afirma que el pago efectuado por Carta Carbone S.A. de los tributos relativos a la mercadería ingresada por lo despachos de importación objeto del presente recurso, importó la adquisición de un derecho a extinguir la obligación tributaria, habiendo sido incorporado a su patrimonio. Destaca que la Resolución MeyFP Nro. 13/2013 fue publicada en el Boletín Oficial recién con fecha 27/12/2013, esto es, con posterioridad a que las destinaciones en trato fueran oficializadas e incluso liberadas las mercaderías. Por ello, concluye en que los derechos que la DGA le reclama no son exigibles, pues su importación no estaba alcanzada con derechos antidumping a la fecha de oficialización de cada una de las destinaciones objeto de autos y, por esa razón, que no le fueron exigidas por el sistema informático para el despacho a plaza.
Plantea la ilegalidad de la tasa de interés en dólares estadounidenses. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 77/81 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido y acompaña las actuaciones administrativas pretenecientes a la causa. En primer término, por imperativo procesal niega todos y cada uno de los hechos y del derecho invocados por la parte contraria, en cuanto no hayan sido expresamente reconocidos. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la empresa recurrente. Destaca que se le formularon dos Cargos como consecuencia de derechos antidumping adeudados con motivo de la importación efectuada de la República de Chile. Expresa que la Resolución n° 13/2013 estableció que las medidas antidumping para las posiciones arancelarias de la mercadería en cuestión comenzaría a regir a partir del 4/12/13, encontrándose alcanzadas las destinaciones de trato. Realiza consideraciones de la citada resolución. Refiere al Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. Expresa que una vez concluidas las investigaciones existe la posibilidad que puedan aplicarse medidas antidumping con carácter retroactivo. Explica que el fenómeno del dumping se configura cuando una mercadería es exportada a un precio inferior al que se comercializa en el mercado interno del país exportador. Añade que, con el fin de proteger los intereses de los productores nacionales, se establecen y aplican derechos antidumping. Rechaza el planteo de la actora por los intereses reclamados por la DGA. Cita jurisprudencia, formula reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que habiéndose elevado los autos a la Sala “F”, los mismos se encuentran en condiciones de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 16596-93-2014 se inician a fs. 1 con la liquidación del Cargo N° 10/2014. A fs. 2/15 obran agregadas copias de la Destinación de Importación N° 13 038 IC04 010470 n, de la Carta de Porte Internacional, del MIC/DTA, de la Factura Comercial, del Certificado de Origen (Chile) y de la Declaración Jurada de Embalajes de Madera, Maderas de Soporte y Acomodación (Resolución SENASA nro. 19/02). A fs. 16/30 sucede lo propio en relación al Cargo N° 11/2014 y a la Destinación de Importación N° 13 038 IC04 010477 U. A fs. 31/32 obran las liquidaciones manuales de los Cargos de referencia (Nota N° 152/14 (SE INAG) de fecha 14 de mayo de 2014. A fs. 33/36 se encuentra glosada la Resolución Nro. 13/2013 del ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. A fs. 37/43 obran liquidaciones de Cargos y Ajustes, con mención del Perjuicio Fiscal Total. A fs. 44 se encuentra agregada la Nota Nro. 884/14 (DV BINC) y a fs. 45 la Nota Nro. 778/2014 (DE GFIM). A fs. 49/57 la firma actora inicia procedimiento de impugnación. A fs. 97/99 mediante resolucion (AD MEND) Nro. 194/2015 se tiene por deducida la referida impugnación. A fs. 105 la actora interpone recurso de revocatoria y a fs. 112 ref. ratifica lo actuado y solicita pronto despacho. A fs. 113/114 el Dictamen Nro. 977/2016 sugiere rechazar el referido recurso de revocatoria. A fs. 115/115 vta. la DGA rechaza el recurso de revocatoria en cuestión, mediante Resolución (AD MEND) Nro. 906/2016, de fecha 30/12/2016. A fs. 120/120 vta. la impugnate solicita pronto despacho. A fs. 121/122 el Servicio Jurídico emite el Dictamen Nro. 147/2017. Finalmente, a fs. 123/125 obra glosada la Resolución (AD MEND) N° 823/2017 de fecha 15/6/2017, que es objeto de apelación en autos.
V. Que corresponde resolver si la Resolución (AD MEND) nº 823/2017, de fecha 15 de junio de 2017, por la que se rechaza la impugnación interpuesta por ADHE PEL S.A. y, en consecuencia, se confirman los Cargos FI nº 10/2014 y FI n° 11/2014, por la suma total de U$S 5.337,57, en relación a las Destinaciones de Importación Nros. 13 038 IC04 010470 N y 13 038 IC04 010477 U, se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso.
VI. Que, en tales condiciones, a los fines de esclarecer los hechos litigiosos no debe perderse de vista que el artículo 701 del CÓDIGO Aduanero que establece: “Los derechos antidumping y compensatorios se aplicarán en adición a todos los demás tributos que gravaren la importación de que se tratare”, lo que –a su vez- se encuentra en consonancia con lo dispuesto por el artículo II, párrafo 2 b), del GATT en el sentido de que “no se podrá impedir a una parte contratante la imposición en cualquier momento sobre la importación de cualquier producto, de un derecho antidumping de conformidad con las disposiciones del artículo VI”.
En tal sentido, se ha dicho que: “…Esta disposición concuerda con el art. II, párr. 2-b) del GATT, que permite la acumulación de un derecho antidumping o un derecho compensatorio a los derechos de importación u otros tributos que gravaren la importación en los casos normales, así como también a las tasas proporcionadas al costo de los servicios prestados. De ahí que estos derechos se consideren ‘adicionales’ o, también ‘especiales’” (Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo X., Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero Comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, obra completada y actualizada por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P. (h), Sumcheski, Ana L., y Vidal Albarracín, Guillermo (h), t. II, pág. 469).
Es decir, el derecho antidumping funciona como adicional al derecho de importación, justamente para contrarrestar o impedir el dumping. Por dicho motivo, “toda parte contratante podrá percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping que no exceda del margen de dumping relativo a dicho producto” (art. VI, párr. 2, del GATT).
En ese orden de ideas, corresponde puntualizar que existe consenso en orden a que los derechos antidumping (tanto en su modalidad de derechos específicos o ad valorem, fijos o variables, o en su combinación de ambos o a través de la fijación de valores mínimos de exportación) revisten naturaleza tributaria. Al respecto, es dable poner de manifiesto que, se hallan regulados dentro de la Sección IX del Código Aduanero, referida a los “Tributos regidos por la Legislación Aduanera”, y dentro de ella, en el Título I “Especies de Tributos”. Allí, el Código de la materia contempla, en el capítulo tercero, los “Derechos Antidumping” y en el capítulo cuarto los “Derechos Compensatorios” (cfr. Alsina, Mario A.- Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier- Cotter Moine, Juan Patricio, Vidal Albarracín, Héctor Guillermo. Código Aduanero Comentado. Volumen II, p. 449. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2011).
Asimismo, cabe señalar que “…el encuadramiento de los derechos antidumping como gravámenes sobre la importación y no como medidas punitivas, presenta importancia práctica en relación con los efectos jurídicos de los actos que den lugar a operaciones de dumping. Si tales derechos tuvieran carácter penal, podría decirse que el dumping es una conducta antijurídica, lo que acarrearía la nulidad de los actos que tuvieran por objeto la realización de tales conductas, conforme al artículo 953 del Código Civil. No es esta, sin embargo, la solución que cabe derivar de la naturaleza jurídica de los derechos antidumping, los que sólo darán lugar a la existencia de actos inválidos cuando estos resulten encuadrados igualmente por otras normas que tengan carácter sancionatorio, por ejemplo, las relativas a la defensa de la competencia” (cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Saravia, Bernardo “Dumping, Subsidios y Salvaguardias”, página 105. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2006).
VII.-Que, bajo tales premisas, la cuestión central a resolver radica en si la aplicación de los Cargos apelados por la firma actora por derechos antidumping resultan ser retroactivos y cuál es la fecha de vigencia que debe tomarse como válida de la Resolución (MeyFP) Nro. 13/2013: la de su artículo 7°, que señala la de la fecha en que fue dictada -4/12/2013- con vigencia por el término de 5 años; o la del artículo 8º -27/12/2013-, que menciona su publicación en el Boletín Oficial), teniendo en cuenta que las destinaciones en trato fueron oficializadas en fecha 23 de diciembre de 2013.
VIII. Que mediante el artículo 1° de la referida Resolución 13/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación (B.O. 27/12/2013) se procedió “al cierre de la investigación que se llevara a cabo mediante el expediente citado en el Visto - Expediente N° S01:0377496/2011 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA- para las operaciones de exportación hacia la REPUBLICA ARGENTINA de placas, láminas, hojas, cintas y tiras autoadhesivas de plástico, sin imprimir (excepto las cortadas en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles, de celulosa regenerada, de poliuretanos, o de polímeros fluorados y las de poli (cloruro de vinilo) en rollos de anchura superior o igual a 120 cm y de largo inferior o igual a 50 m, con un peso superior a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO (239 g/m2), incluso de polietileno con revestimiento anticorrosivo de anchura superior o igual a 5 cm pero inferior o igual a 120 cm, en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular y papeles autoadhesivos en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño, originarias de la REPUBLICA DE CHILE, mercadería que clasifica por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 3919.10.00, 3919.90.00, 4811.41.10 y 4811.41.90.”
Asimismo, a través del artículo 2° de la referida Resolución se fijo “a las operaciones de exportación de la firma exportadora RITRAMA S.A. hacia la REPUBLICA ARGENTINA de productos de placas, láminas, hojas, cintas y tiras autoadhesivas de plástico, sin imprimir, (excepto las cortadas en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles, de celulosa regenerada, de poliuretanos, o de polímeros fluorados y las de poli (cloruro de vinilo) en rollos de anchura superior o igual a CIENTO VEINTE CENTIMETROS (120 cm) y de largo inferior o igual a CINCUENTA METROS (50 m), con un peso superior a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO (239 g/m2), incluso de polietileno con revestimiento anticorrosivo de anchura superior o igual a CINCO CENTIMETROS (5 cm) pero inferior o igual a CIENTO VEINTE CENTIMETROS (120 cm), en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular y papeles autoadhesivos en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño, mercadería que clasifica por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 3919.10.00, 3919.90.00, 4811.41.10 y 4811.41.90, originarias de la REPUBLICA DE CHILE, un derecho antidumping AD VALOREM definitivo calculado sobre los valores FOB de exportación de SIETE COMA CERO SEIS POR CIENTO (7,06%).
Mientras que en su artículo 3° se fijaron “para las operaciones de exportación hacia la REPUBLICA ARGENTINA de placas, láminas, hojas, cintas y tiras autoadhesivas de plástico, sin imprimir, (excepto las cortadas en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles, de celulosa regenerada, de poliuretanos, o de polímeros fluorados y las de poli (cloruro de vinilo) en rollos de anchura superior o igual a CIENTO VEINTE CENTIMETROS (120 cm) y de largo inferior o igual a CINCUENTA METROS (50 m), con un peso superior a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE GRAMOS POR METRO CUADRADO (239 g/m2), incluso de polietileno con revestimiento anticorrosivo de anchura superior o igual a CINCO CENTIMETROS (5 cm) pero inferior o igual a CIENTO VEINTE CENTIMETROS (120 cm), en rollos o en hojas de forma cuadrada o rectangular y papeles autoadhesivos en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño, mercadería que clasifica por las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 3919.10.00, 3919.90.00, 4811.41.10 y 4811.41.90, originarias de la REPUBLICA DE CHILE, un derecho antidumping AD VALOREM definitivo calculado sobre los valores FOB de exportación de CUARENTA Y DOS POR CIENTO (42%)”.
IX. Que esta Sala “F”, por mayoría, ha tenido recientemente la oportunidad de pronunciarse sobre el alcance y vigencia temporal de la mencionada Resolución Nro. 309/2014 del Ministerior de Economía y Finanzas Públicas (B.O. 6/8/2014) en un caso que guarda sustancial analogía al presente, al sentenciar el Expediente Nro. 38.455-A caratulado “NUMA PATAGÓNICA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”
con fecha 30 de junio de 2025 (voto preopinante del Dr. González Palazzo, al que adhirió el Dr. Segura), en relación al alcance y vigencia temporal de una Resolución -se trataba de la Nro. 309/2014 (B.O. 6/8/2014)- del Ministerior de Economía y Finanzas Públicas.
En dicha causa, esta Judicatura ha sostenido, en lo que aquí interesa, que “...En principio, cabe señalar que el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (“Acuerdo Antidumping”), aprobado por la Ley n° 24.425 y el Decreto 1393/08 (hoy derogado), establecieron la vigencia temporal de los derechos antidumping los que sólo son de aplicación a los productos que se declaren a consumo “después de la fecha en que entre en vigor la decisión adoptada” (ver arts. 10.1 y 41 de la normas mencionadas).
Asimismo, al momento del registro de los despachos de importación se encontraba en vigencia el Código Civil (hoy Código Civil y Comercial de la Nación) que en sus arts. 2 y 3 instituían lo siguiente “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial.” (…) “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes…” Por otro lado, la citada Resolución n° 309/14 -al igual que la Resolución Nro. 13/2013 involucrada en la presente litis- dispuso su entrada en vigencia de la siguiente manera, “la presente resolución comenzará regir a partir del día de su firma y tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años” (art. 5 de la aludida resolución). De lo expuesto, la mayoría de esta Sala F infirió que la firma de la referida resolución se hizo en una fecha anterior -al igual que sucede en el presente caso- a la del registro de los despachos de importación involucrados en aquella litis, concluyendo en que no se estaba en presencia de la aplicación retroactiva de una norma, sino ante la aplicación de la vigencia de ésta.
En consecuencia, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 637 y 639 del C.A la mercadería cuestionada en autos se encontraba gravada por los derechos antidumping previstos en la mencionada norma”.
Por lo tanto, este Tribunal rechazó los agravios de la parte recurrente y confirmó el decisorio aduanero en recurso, validando la aplicación en dicho caso de derechos antidumping análogos a los que se analizan en el presente caso.
X. Que, no obstante, entiendo que la aplicación de dichos postulados no se ajustan fielmente a derecho y fuerzan interpretativamente las normas en crisis, dejando de lado la plena aplicación de un principio cardinal en materia tributaria, como lo es el de irretroactividad, que significa lisa y llanamente que leyes rigen para lo futuro, no pudiendo ellas volver sobre situaciones o relaciones jurídicas ya agotadas ni sobre los efectos ya producidos de situaciones o relaciones ya existentes (confr Benseñor, Norberto Rafael: “EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA”; comentario al fallo “Bernasconi S.A.I.A.G.F.C.I. e I.
contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa” (CNCiv. Sala D, 22/10/97). Es así que, por ende, el principio general de irretroactividad está estrechamente vinculado con la seguridad jurídica (Llambías, Tratado General de Derecho Civil, Tomo 1, número 153, pág. 132, Código Civil y Leyes Complementarias, Análisis Doctrinario y Jurisprudencial, Director: Bueres, Alberto J., Coordinación: Highton, Elena, Editorial Hammurabi, pág. 9), y resulta un componente esencial del principio de legalidad; por lo que la doctrina mayoritaria de esta Sala “F” supra referenciada no resulta susceptible de seguimiento jurisprudencial, a los fines de resolver la presente litis.
En efecto, reiterada y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha desestimado la aplicación retroactiva de la norma tributaria, por ser contraria de principios elementales de nuestra Constitución Nacional. El principio que rige la validez temporal de las normas surge de los artículos 2 y 3 del Código Civil (vigentes al momento de los hechos cuestionados), en los que dispone que las leyes se aplican a partir de su entrada en vigencia y podrán ser retroactivas (en supuestos excepcionales ajenos al caso de marras), pero que en ningún caso podrán afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Aunque se trata de un precepto del Código Civil y no la Constitución Nacional, ella adquiere la trascendencia de un principio constitucional cuando la aplicación de la ley nueva priva al habitante de la Nación a algún derecho incorporado a su patrimonio, pues entonces tal principio se confunde con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 137:294; 144:294 y 176:22).
Asimismo, dichos artículos vigentes al momento de los hechos establecían, además de la irretroactividad de las normas, la obligatoriedad de las mismas después de su publicación o desde el momento en que ellas lo establezcan.
En consecuencia, el principio de irretroactividad deja de ser un mero criterio interpretativo para convertirse en exigencia constitucional cuando la aplicación retroactiva de la ley redunda en menoscabo de la propiedad particular, por lo que, en el presente caso, cabe colegir que la Administración Pública carece de atribuciones constitucionales para desconocer los derechos garantizados por la Constitución Nacional y aplicar retroactivamente derechos antidumping en cabeza del importador.
A lo que, tratándose en el caso de autos, de un acto administrativo de alcance general, le resulta aplicable el artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en el que se establece que a fin de que el mismo adquiera eficacia debe ser objeto de publicación –más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742 (B.O. 8/7/2024), también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en la nueva redacción de su artículo 11 que “Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación en el Boletín Oficial”; y, en similar sentido, el artículo 103 del decreto que reglamentó la Ley Nº 19.549 dispone: “Los actos administrativos de alcance general producirán efectos a partir de su publicación oficial y desde el día que en ellos se determine…”.-
Por lo demás, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 establece, en cuanto aquí interesa, que “sólo se aplicarán medidas provisionales o derechos antidumping a los productos que se declaren a consumo después de la fecha en que entre en vigor la decisión adoptada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7 o el párrafo 1 del artículo 9, respectivamente, con las excepciones que se indican en el presente artículo. (10.1).
Los artículos 10.2 a 10.8, disponen cuáles son las circunstancias o casos en los que procedería la percepción retroactiva de derechos antidumping, las que, cabe aclarar, no se dan en el caso de autos.
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo antes expuesto, debe tomarse como fecha válida de vigencia de la Resolución 13/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación la de su publicación en el Boletín Oficial (27/12/2013), por lo que, al momento de oficializarse los Permisos de Embarque involucrados en la litis (23/12/2013), dicha norma no se encontraba vigente y resulta inaplicable en relación a las Destinaciones de Importación Nros. 13 038 IC04 010470 N y 13 038 IC04 010477 U (en el mismo sentido, vide mi voto in re “Van Der Kooy, Federico c/ DGA s/ recurso de apelación” -Expte. N° 38.184-A-).
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución Nro. 823/2017 (AD MEND), dictada con fecha 15 de junio de 2017 en el marco de las actuaciones SIGEA 16596-93-2014 y, por ende, dejar sin efecto los Cargos FL 10/2014 y Fl 11/2014, que fueran formulados en relación con las Destinaciones de Importación Nros. 13 038 IC04 010470 N y 13 038 IC04 010477 U. Costas a la demandada vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que los hechos han sido relatados en los puntos I al IV del voto del dr. Garbarino.
II. Que, en razón de la dispersión de su deposición, entiendo menester formular una serie de aclaraciones que permitan adunarle precisión a su propuesta, pues invita –asertivamente- a modificar al criterio imperante en esta Sala sobre el tópico. (véase al respecto Expte 36896 caratulado “Juan Mario Españón C/DGA S/ Apelación”, voto preopinante de la Dra Sarquís, secundada por el dr. Pablo Adrián Garbarino)
III. Sentado lo anterior, cabe señalar –y destacar- que no hay dudas en quien suscribe que la aplicación retroactiva de los derechos antidumping -que eriza el sentir jurígeno del vocal instructor- es –por regla- inválida y así lo establece el art. 10.1, del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. No obstante, debe aclararse que en circunstancias específicas (arts. 10.6 y 10.8), como pudiere ser la aplicación de derechos antidumping provisionales hasta noventa días precedentes a la fecha en que se hayan aplicado las medidas provisionales, se prevé la retroactividad, aunque tal circunstancia no se da en la presente causa, pues no hay ni hubo de haberse establecido en el marco de la investigación respectiva la aplicación de derechos provisionales que podrían motivar alguna discusión al respecto.
Ello es conteste, con pacífica jurisprudencia y doctrina contemporánea que descalifican la validez de las normas tributarias retroactivas con sustento en principios constitucionales (Fallos: 167:5; 152:268; 310:1961, entre muchos otros).
En el caso como el presente, es ajena a la discusión – y por ello no cabe desentrañar ni teorizar al respecto–la aplicación retroactiva de una ley o resolución que pudiere afectar los derechos del particular contribuyente. Lo que es propio de la cuestión y visceral para la decisión pretendida por la actora, radica en determinar si los derechos antidumping liquidados por la DGA son válidos y, para ello, es necesario saber o fijar como hito, desde cuándo lo serían: si desde la fecha que sindica la resolución que los impone o tras ser publicada en el B.O.R.A. Que independientemente de la postura que sostuve tiempo atrás (como lo señalé, siguiendo un yerro de la Sala), un nuevo examen de la cuestión me llevaba a precisar y readecuar el criterio al que debe ceñirse en lo sucesivo. Desde la plena convicción de que no hay mayor yerro que el de mantenerse en él tras advertirlo, es que, adelanto, he de adherirme a la propuesta del dr. Garbarino sentándome en los siguientes aspectos que constituyen la piedra basal de lo que entiendo justo para el caso sometido a debate.
Nótese que, en lo que respecta a la fecha de vigencia de la Resolución n° 13/2013, el abordaje de la investigación antidumping no estuvo circunscripto sobre una o varias firmas exportadoras determinadas, tampoco a destinaciones particulares, sino que, se articuló en base a determinadas posiciones arancelarias, entre las que figuran las que nos atañe (3919.10.00, 3919.90.00, 4811.41.10 y 4811.41.90), situación que me lleva repensar el alcance de la vigencia que establece el art. 7 de la mencionada resolución.
No puede perderse de vista que, las cuestiones vinculadas a la imposición de derechos antidumping, recaen sobre el sujeto pasivo, que no es otro que el importador, pues cabe recordar que tales derechos, en lo que concierne a su naturaleza jurídica, son derechos aduaneros, razón por la que –hace tiempo atrás- entendí conveniente, en el caso citado por el Vocal instructor (NUMA PATAGONICA S.A.), que correspondía aplicar la vigencia que la propia resolución establecía en el artículo precedentemente mencionado, en base a lo normado en los arts. 2 y 3 del Código Civil -vigente al momento de las operaciones involucradas-.
La indeterminación de los sujetos alcanzados por la investigación que precedió y plasmó la mentada Resolución 13/13 , me lleva a reinterpretar los efectos de la vigencia y publicación que establece la resolución en aquellos, habida cuenta de que la norma en cuestión contiene una proyección de alcance general, que produce efectos jurídicos generales, abarcando a todas aquellas empresas que hayan exportado y que vayan exportar mercadería dentro las posiciones arancelarías allí descriptas, provenientes de la República de Chile.
En tal sentido, no dejo de tener en cuenta los claros y las sombras que surgen de los arts. 7 y 8 de la Resolución, el primero, cuando indica que dicha resolución comienza a regir a partir del día de su firma, con una vigencia por 5 años; el segundo, al señalar que la publicación en el B.O. tendrá notificación suficiente. Por ende, en la exigencia de dar razonabilidad a lo allí manifestado, creo necesario reexaminar el alcance perseguido por la norma, habida cuenta de que el efecto producido construye una presunción iuris et de iure respecto sobre las importaciones de mercadería ubicada en las posiciones arancelarias descriptas, de procedencia chilena, que serán consideradas en condiciones de dumping a partir de la vigencia de la norma.
Es un claro síntoma de la necesaria aclaración sobre el tópico que siquiera la aduana tuvo en cuenta los alcances de la Resolución 13/13 (suscripta el 4/12/13) cuando liquidó –y percibió- los derechos en aduana de la mercadería oficializada los días 5/12/13 y 23/12/13 (doce y cuatro días antes de la publicación de la norma en el BORA - 27/12/13-, respectivamente).
Es decir, el planteamiento del problema me lleva a adoptar una solución que se compadezca con el alcance –general- pretendido por la norma, que siquiera sugiera una aplicación retroactiva de la misma, ya que como bien se dijo, resulta inaplicable al caso.
Que, al tratarse de un acto administrativo de alcance general, la mencionada resolución es fuente del derecho administrativo y ley en sentido material, que se incorpora a la normativa existente, con vocación de regir para hechos futuros.
Entonces, el quid de la cuestión se centrará en desentrañar desde cuándo son exigibles los derechos antidumping dispuestos en la Resolución 13/13 (suscripta el 4/12/13 y publicada en el BORA el 27/12/13) teniendo en cuenta la fecha de la oficialización de los despachos aquí en crisis (5/12/13 y 23/12/13), pues ello sellará la suerte que correrá la pretensión tributaria del Fisco.
Y la respuesta ya la ha dado la CSJN en “Municipalidad de Junín c/Akapol S.A. s/apremio”, sentencia del 22/10/2020 (CSJ 1150/2016/RH1), referenciándose en Fallos: 155:290; CSJN, Fallos 177:448 y 184:621 y remitiéndose a los argumentos esgrimidos por la Procuradora General de la Nación sentenció que “(…) la falta de publicación oficial válida de la ordenanza que establece el tributo aquí reclamado -que arraigan en los arts. 4 o, 17, 52, 75, incs. 10 y 2 o, de la Constitución Nacional, [p]lasman el principio de reserva de ley”. El máximo tribunal blindó así el derecho constitucional de propiedad del contribuyente (conf CASAS José O, “Principios jurídicos de la tributación” en GARCÍA BELSUNCE Horacio A. (Dir.) “Tratado de tributación”, Tomo I. Derecho de tributación) en cuyas espaldas –en definitiva- recae el peso de la pretensión recaudatoria del Fisco sentándose en el fortalecimiento del principio de publicidad de los actos de gobierno y la razonabilidad de toda decisión estatal (arts.28 y 33 de la CN) e interpretando el principio de publicidad de los actos de gobierno como un derecho constitucional de acceso a la información pública de conformidad con lo establecido en el art.13.1 de la CADDHH y de la Ley 27275.
Por ello, y compartiendo lo dicho por la CSJN, recién con la publicidad del acto administrativo aludido, esto es el 27/12/13, adquirió su eficacia y vigencia en los términos del art. 103, de la Ley de Procedimientos Administrativos -de aplicación supletoria del C.A.-, vigente al momento de los hechos (hoy modificada), dejando fuera de su margen de aplicación a las operaciones aquí en trato, oficializadas los días 5/12/13 y 23/12/13.
Por ello, y como lo adelanté, considero que corresponde reencauzar en derecho el criterio de esta Sala y, apartándome de lo dicho oportunamente, revocar los cargos aplicados en la resolución apelada en autos, con costas al Fisco.
Por ello, SE
Revocar la Resolución Nro. 823/2017 (AD MEND), dictada con fecha 15 de junio de 2017 en el marco de las actuaciones SIGEA 16596-93-2014 y, por ende, dejar sin efecto los Cargos FL 10/2014 y Fl 11/2014, que fueran formulados en relación con las Destinaciones de Importación Nros. 13 038 IC04 010470 N y 13 038 IC04 010477 U. Costas a la demandada vencida.
Regístrese. Notifíquese al Dr. Octavio Krause (20-36727208-3), Dr. Ignacio Martínez Tanoira (20-23967656-2) e Ignacio Andrés González (20-39167985-2). Oportunamente archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.09.10 16:04:26 ART Date: 2025.09.10 19:03:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.10 19:03:42 -03:00
Fin de la sentencia