Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 37326-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas. Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
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CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2024.- PDP Y VISTOS;
I. Por sentencia de fs. 513/521 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación –en lo sucesivo, “TFN”– revocó la resolución 176/12 (DV NRR1), con costas a cargo del fisco nacional.
Para así decidir, indicó que la materia en debate giró en torno a los ajustes practicados por el organismo fiscal a la firma Adidas Argentina SA –en adelante, “Adidas”–, en el impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2005 y 2006. Precisó que en el primero de dichos períodos se disminuyó el saldo a favor de la empresa, y en el segundo se impuso la obligación de ingresar $ 1.130.156,67 en concepto de impuesto, más $ 1.799.209,42 en el de intereses resarcitorios.
Describió las expresiones de las partes contendientes, extraídas de sus respectivas presentaciones; expuso que en la causa se produjo prueba pericial técnica –y que la actora desistió oportunamente de la producción de la pericial contable–, y que en autos obra copia de la sentencia penal recaída en la causa FSM 33000543/13, caratulada “Maurath, Karl Heinz; Beltrami, José Mariano; Di Cio, Alberto Andrés; Ovalle Edwards, Manuel José - ADIDAS ARGENTINA SA s/ evasión agravada tributaria”, tramitada por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 1, por la cual se sobreseyera totalmente a todos los imputados, destacando que la parte actora acreditó que el pronunciamiento adquirió firmeza.
Especificó que el asunto a dilucidar consistió en la procedencia de la recalificación efectuada por el fisco nacional, en el sentido de que los préstamos obtenidos por Adidas reportarían, en realidad, la naturaleza de aportes irrevocables del capital. Destacó que en la instancia administrativa se expidieron dos ordenes de intervención –OI 112830 y OI 453210–, en las que se arribó a conclusiones diametralmente opuestas.
Afirmó que el 7/12/05 se generó la OI 12.830, librándose sendos requerimientos que permitieron llevar a cabo un pormenorizado análisis de las hipótesis de investigación planteadas – con epicentro en el estudio de los pasivos declarados en los períodos fiscales 2001 y 2002–, y que el 30/3/07 se confeccionó un Informe final de inspección en el cual se dispuso que la situación de Adidas no revestía interés fiscal.
Seguidamente declaró que hasta 1995 no había presencia directa de Adidas en la República Argentina, constituyéndose la filial local, inscribiéndose en la Inspección General de Justicia –“IGJ”– el 14/7/95.
Compulsando las actuaciones administrativas, expresó que de las constancias de autos surgió que el 24/7/96 la casa matriz con sede en Alemania –“Adidas AG”– le hizo saber a la filial local que se encontraba aprobado un préstamo “inter-company” de u$s 2.500.000. Destacó que se trataba de un préstamo de corto plazo –tres meses de duración–, convirtiéndose automáticamente en uno de plazo de un año hasta, con una tasa de interés fijo del 6,45% anual, pagadera al comienzo del plazo contractual. Transcurrido el plazo de un año, volvería a mutar su naturaleza por uno de corto plazo, renovable automáticamente cada treinta días.
En su versión de corto plazo, el préstamo comportaba una tasa de interés variable con cargo directo a la cuenta “intercompany” a una tasa que en aquél entonces se la denominó tasa de interés “adidas - inter-company” en dólares, fijada mensualmente por la tesorería central de la casa matriz el primer día laborable de cada mes. Destacó que el 25/7/96 se efectuó la transferencia de los valores. La finalidad del préstamo –expuso– radicaba en permitir a la filial local, recientemente constituida, la posibilidad de hacer frente a sus necesidades de capital de trabajo.
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CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Afirmó que de la OI 453210 surge que la recurrente recibió –el 10/6/97, de su casa matriz–, un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital de u$s 2.500.000, que fue capitalizado por decisión de la asamblea de la compañía el 29/5/98.
Puso de resalto que el capital del préstamo obtenido en el año 1996 no había sido totalmente cancelado en el año 2006, lo que llevó al juez administrativo a sostener que se trataría de un aporte de capital.
Declaró que la actora acompañó el detalle de los intereses devengados y abonados a la mutuante y las retenciones efectuadas por el sistema Sicore.
Prosiguiendo con el relato de los hechos que identifican al caso, expuso que el 16/3/07 la recurrente informó a la fiscalización que se había refinanciado el préstamo descripto, mediante la celebración de un nuevo contrato, cuya copia fiel en idioma inglés original acompañó –debidamente apostillada y certificada–, junto con su correspondiente traducción pública. Agregó que también se informaron los intereses devengados.
Describió que el contrato de préstamo refinanciado tuvo vigencia a partir del 1/1/07, y aseveró que ello permitiría colegir que la casa matriz jamás cesó en el mantenimiento del equilibrio contractual derivado del pago de sus acreencias. En este mismo sentido, puso de relieve que la cláusula segunda del contrato estableció que previo a todo debía abonarse la totalidad de los intereses debidos a esa fecha; que la tasa de interés sería la mensual Libor con más 50 puntos básicos, calculada sobre el capital restante debido, en caso que la prestataria optara por efectuar alguna cancelación parcial, mientras que la demora en el pago en término de los intereses generaba la aplicación de una tasa mensual Libor con más 250 puntos básicos –cláusula quinta–, y que el capital debía cancelarse en cinco años, en un único pago con vencimiento el 31/1/12 –cláusula cuarta–.
Recalcó que, de acuerdo con la cláusula primera del contrato, la mutuaria reconoció expresamente la deuda originaria, lo cual –puntualizó–, otorgó a la mutuante un tituló ejecutivo válido (cfr. CPCCN, art. 523 inc. 2°), lo que implicó la novación de la deuda originaria –cláusula decimocuarta– y el mantenimiento de la garantía ejecutiva.
Adujo que la OI 112830 tuvo por válidas las explicaciones esgrimidas por la recurrente, fundamentalmente en orden al préstamo efectivizado en 1996, y transcribió un segmento del Informe final de inspección del 30/3/07, en los siguientes términos: “...posicionándonos al 31-12-2002 se observa que el origen de la variación negativa en los resultados impositivos del Impuesto a las Ganancias durante el ejercicio fiscal 2002 provienen de la revaluación anual de saldos impagos sobre pasivos en moneda extranjera, contraídos durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, y según los actuantes dicha operatoria la consideran procedente”.
Afirmó que el contrato de préstamo refinanciado también formó parte de la fiscalización llevada a cabo en la OI 453210, en la cual –apuntó– se llevó a cabo un análisis de los precios de transferencia del ejercicio 2006.
Prosiguiendo con la secuencia de los acontecimientos, manifestó que la asamblea de Adidas resolvió –el 18/12/08– desafectar parcialmente la reserva facultativa de $ 96.303.794 y tomar $ 78.000.000 para aplicarlos al pago de dividendos en efectivo a los accionistas Adidas International BV y Adidas Beteiligungsgesellschaft mbH, por transferencia directa de fondos líquidos de libre disponibilidad depositados en el exterior. Frente a este suceso – describió–, la inspección –OI 453210– estimó que bien podría haber cancelado el pasivo que pesaba sobre la compañía, a lo cual el TFN consideró que el préstamo refinanciado había comenzado a regir el 31/1/07 y vencía el 31/1/12, tratándose de un pasivo no corriente a más de tres años de vencer.
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CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En otro orden –y siguiendo con la compulsa de los antecedentes de la causa–, señaló que el 31/1/12 la casa matriz de la actora, con sede en la localidad de Eerzogenaurach, Alemania, emitió una carta oferta por medio de la cual se refinanciaría por segunda vez el préstamo en trato. Precisó que el documento en idioma original inglés, debidamente apostillado, certificado y traducido públicamente, forma parte de los antecedentes, cuerpo principal, fs. 150/172. Explicó que de la carta oferta surge que la filial local cumplió en tiempo y forma –hasta agosto de 2011– con el pago de los intereses devengados hasta junio de ese año, pero que, a raíz de nuevas restricciones impuestas en la República Argentina para la compra y transferencia de moneda al exterior, la filial local cesó en sus pagos, desde el mes de julio de 2011 en adelante.
Señaló que, mediante aquella carta oferta, la casa matriz se garantizó el reconocimiento expreso de la deuda originada en 1996 y reconocida en 2007, requiriendo el pago anticipado de los intereses devengados entre el 1/7/11 y el 31/1/12, como condición sine qua non para acceder a la nueva refinanciación del capital debido. La tasa de interés sería la Libor a un año con más un swap de incumplimiento país con más 35 puntos básicos anuales, que en aquel entonces representaba una tasa del 9,18% para el primer año, y un plazo único de repago íntegro del capital a cinco años, con vencimiento el 31/1/17. En el Considerando VIII de su sentencia, el tribunal a quo expuso información extraída de los estados contables de Adidas, poniendo de resalto que había iniciado el ejercicio comercial 2001 con un único préstamo financiero tomado en 1996 y que, al cierre – 31/12/01– había disminuido el pasivo corriente de $ 2.500.213 a 0, mientras que los préstamos del pasivo no corriente con sociedades del vinculadas se había incrementado de 0 a $ 9.500.000, manteniendo siempre la paridad cambiaría u$s1 = $1; es decir: “1 a 1”. Luego de citar las medidas restrictivas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2001, aseveró que correspondía examinar la razón por la cual el préstamo originario –de 1996, por u$s 2.500.000–, se había re-expresado como integrante del pasivo no corriente con sociedades vinculadas, por valor de $ 9.500.000, a pesar de mantenerse la paridad cambiarla “1 a 1”. Además –sostuvo– debía analizarse la deuda financiera con esas mismas sociedades, por la diferencia de $ 7.000.000, bajo idéntica paridad.
Para ello –ilustró–, debía dilucidarse qué sucedió entre el 31/12/00 y el 31/12/01.
Bajo dicha premisa, transcribió segmentos de la Memoria del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/01, aludiendo principalmente a la situación económica, financiera y cambiaria que aquejaba al país, destacando el contenido y alcance del denominado “corralito financiero”, y resaltando que la firma mantenía considerables deudas en moneda extranjera, viéndose imposibilitada de girar pagos al exterior, finalizando el ejercicio con fondos en moneda local inmovilizados.
En este escenario, la Memoria dio cuenta de un aporte irrevocable de la matriz extranjera de u$s 2.500.000; de un incremento del préstamo con dicha compañía de u$s 2.500.000 a u$s 9.500.000, y de la disminución de cuentas por pagar del exterior.
Destacó que, en el documento en cuestión, también se lee que el aumento de los préstamos del exterior y la disminución de cuentas por pagar del exterior, se debió a un acuerdo concertado con la casa matriz, en el sentido de convertir la deuda comercial en préstamo a largo plazo.
Luego refirió a “diversos flujos de dinero” que se observaron en el curso del año 2001, según información obtenida del “Estado de Evolución del Patrimonio Neto” y del “Estado de Origen y Aplicación de Fondos”.
Destacó que en estos últimos dos libros surgió que la empresa controlante “Adidas Salomon AG” –anteriormente Adidas AG”–, comunicó a la recurrente que el crédito que poseía de u$s CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 2.500.000, se destinara a aporte irrevocable para futuros aumentos de capital. Aceptado el mismo, por asamblea de accionistas del 22/4/02 se resolvió aumentar el capital social por la suma de $ 2.500.000 (citó los antecedentes administrativos, Cuerpo Ganancias N° 1 OI 112830, fs. 185/186 y fs. 189/194).
A modo de resumen, afirmó que la controlante del exterior convirtió –el 14/12/01– parte de su crédito comercial de u$s 2.500.000, en un aporte irrevocable de $ 2.500.000, capitalizado el 22/04/02. Juzgó que ello no era objetable.
Además –continuó–, el 13/12/01 se celebraron dos contratos de préstamos entre Adidas Salomón AG –mutuante– y Adidas –mutuaria–, de iguales características, aunque uno por valor de u$s 4.200.000 y otro por el de u$s 2.800.000, con la finalidad de refinanciar la deuda acumulada en cabeza de la filial local en la cuenta financiera “inter-company” (cláusula tercera), haciéndose efectivo mediante la acreditación del importe en esa misma cuenta financiera: “inter-company” –cláusula segunda–.
Adujo que la tasa de interés pactada fue la inter-bancaria Libor en dólares estadounidenses para un período mensual, calculada el primer día de cada mes, con más un margen máximo de 100 puntos básicos, distribuida por la controlante durante la primera semana de cada mes y aplicable únicamente al mes en que fije efectivamente distribuida –cláusula primera–.
Describió los pormenores de los dos préstamos del 13/12/01, informando que previeron un plazo de gracia de tres años para el pago del capital, al cabo del cual surgió la obligación de devolverlo en pagos semestrales en el orden de los u$s 700.000, difiriendo entre un contrato y otro la duración total del mismo: para el de u$s 4.200.000, seis años –tres de gracia y tres con seis pagos semestrales–, el de u$s, cinco años –tres de gracia y dos con cuatro pagos semestrales–.
Ponderó que la casa matriz alemana estaba concediendo a su filial local un rescate financiero conveniente para una deuda comercial de vencimiento inminente, en un escenario de imposibilidad de transferencias al exterior normativamente establecido. De esta manera, el plazo de gracia de tres años para comenzar con la devolución del capital le permitía a la tomadora del crédito convertir su pasivo corriente en deuda comercial en pasivo no corriente financiero de largo plazo, con tres años de margen para observar como evolucionaría un escenario que en ese preciso momento se vislumbraba por demás incierto.
En esta tónica, aseveró que los contratos en cuestión no resultan cuestionables, y que la deuda adquirida fue genuina, invocando asimismo la certificación contable acompañada, que también fue analizada por los peritos contadores intervinientes en el marco de la causa FSM 33000543/13, “Maurath, Karl Heinz;
Beltrami, José Mariano; Di Cio, Alberto Andiés; Ovalle Edwards, Manuel José - ADIDAS ARGENTINA S.A. si evasión agravada tributaria”.
Destacó que, a pesar de en el Informe final de inspección de la OI 112830 la inspección había concluido que, al 31/12/02, el origen de la variación anual de saldos impagos sobre pasivos en moneda extranjera, durante la vigencia de la ley de convertibilidad, habrían provenido de la revaluación anual de saldos impagos, posteriormente, en la OI 453210, la inspección desconoció un aspecto fundamental de la reestructuración de la deuda entre la matriz y la filial, esto es, que en 2001 la actora tenía una deuda comercial con sus vinculadas que ascendía a algo más que u$s 14.000.000; que la matriz adoptó una serie de medidas a partir de diciembre de aquél año para paliar la situación de la filial local, entre ellas la de convertir u$s 2.500.000 de crédito comercial en aportes irrevocables capitalizados el 22/4/02 y la transformación de la deuda comercial en pasivos no corrientes, por valor u$s 7.000.000.
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Sostuvo que el juez administrativo tomó de manera descontextualizada las operaciones societarias de la recurrente, centralmente en torno a los contratos de préstamo por valor total de u$s 7.000.000.
Aseveró que no resulta cuestionable el cómputo de las diferencias de cambio –mayormente negativas– ni la deducción de los intereses efectuadas por la firma, aduciendo que nada encontró ese tribunal en la génesis, desarrollo y, eventualmente, en la cancelación de los contratos de préstamo que permita colegir de forma razonable que se está en presencia de aporte de capital, tal como lo sostiene el organismo recaudador.
II. Contra dicha sentencia se alza la parte demandada, interponiendo recurso de apelación a fs. 527 –concedido a fs. 528– y expresando sus agravios a fs. 531/549, los que fueron contestados por la actora a fs. 557/582 vta. Como primera mención, la representación fiscal expresa que la cuestión involucra el análisis del principio de realidad económica contenido en el artículo 2° de la ley 11.683 y en la ley del IG, durante la crisis económica del año 2001.
Sostiene que la sentencia apelada es arbitraria, dado que interpretó indebidamente los hechos, el derecho común –normas societarias–, y la prueba.
Con relación al préstamos de u$s 2.500.000 –que califica de “supuesto”–, acusa que no fue tenido en cuenta que Adidas fue inscripta en la IGJ el 14/7/95, con un capital social de $ 12.000, omitiéndose examinar la normativa vigente, al igual que la doctrina y la jurisprudencia aplicables.
Expresa que la infra-capitalización –también conocida como subcapitalización o capitalización exigua– se define como la situación en la cual una empresa, aparentemente financiada mediante acceso al crédito, en realidad lo es por medio del capital social, más allá de los instrumentos elaborados por las partes involucradas. Asevera que este elemento no fue tenido en cuenta por el tribunal a quo.
Destaca que un año después de la constitución de la sociedad comercial, se cursó una transferencia bancaria internacional por valor de u$s 2.500.000 de la casa matriz con sede en Alemania –el 25/7/95–, a pesar de que la instrumentación del contrato fue posterior –el 29/7/95–, y no fue protocolizado.
Invoca las Resoluciones General (IGJ) 6/80 y 7/15 y cita doctrina y jurisprudencia perteneciente al ámbito del derecho societario y se pregunta: “¿Cómo puede ser posible cumplir con el objeto social si con un capital mínimo y un patrimonio neto de $ 381.567, se ´endeuda´ por la suma de u$s 2.500.000?”.
En orden a ello, califica de aparentes el mutuo y el aporte del 10/6/97, manifestando que le causa agravio la omisión y la fundamentación aparente que, según aduce, brindaron los vocales del TFN en su sentencia.
Declara que la realidad económica es un medio legítimo para contrarrestar el abuso de derecho, de hacer primar la verdad material sobre la forma, de apuntalar, bajo la inspiración del principio de justicia tributaria, la capacidad contributiva real y efectiva inherente al presupuesto renta.
Bajo el título denominado “Vocación de permanencia”, destaca que es arbitrario sostener que se trató de un único préstamo financiero entre la casa matriz y la contribuyente.
Sostiene que el contrato celebrado en 1996 era “renovable automáticamente sin solución de continuidad”, siendo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO refinanciado tres veces y nunca tuvo una cancelación del capital, pese a tener suficiente liquidez para saldarlo. Por caso, refiere a la distribución de dividendos por $ 78.000.000 aprobada por la asamblea de accionistas.
Señala que la finalidad de contrato habría sido realizar un aporte de capital.
Acusa que en el caso existió capitalización exigua, vocación de permanencia y riesgo asumido por el mutuante, todas características –ilustra– propias de un aporte de capital. Desconoce que en el caso hubiere operado una novación de la deuda –como afirmó el TFN–, poniendo de resalto que existieron sucesivas refinanciaciones sin pago de capital.
Insistiendo en la “vocación de permanencia”, afirma que el a quo no tuvo en cuenta que la firma prestamista en ningún momento asumió un obrar en miras a cobrar el capital.
Señala que el contrato de 1996 no poseía avales, negando que el incremento de las ventas resultara suficiente para garantizar la operación.
Asevera que en la causa no se produjo prueba pericial contable, ya que fue desistida por la accionante, resultando insuficiente el informe de precios de transferencia para suplirlo, dado que representa un informe unilateral. Además –puntualiza–, abarcaron los períodos 2005/2006.
Con relación a los préstamos por valores de u$s 4.200.000 y u$s 2.800.000, destaca que nuevamente se dio un supuesto de infra-capitalización, riesgo empresarial y vocación de permanencia.
Explica que la normativa dictada en 2001 que restringía el giro dinero al exterior no abarcaba las operaciones de comercio exterior, el pago de gastos o retiros que se realizaran en el exterior a través de tarjetas de crédito o debido emitidas en el país, o a la cancelación de operaciones financieras o por otros conceptos, sujeto a que las autorizara el BCRA.
Nuevamente señala la ausencia de avales y garantías.
En cuanto a la certificación y/o apostillado de los tres contratos, dice que, si bien otorga valor formal, no lo hace desde el punto de vista material.
Señala que la distribución de dividendos –$ 78.000.000– aprobada en el año 2008, excedió la deuda contraída por la firma. En lo referido a la fiscalización correspondiente a la OI 112830, señala que es el juez administrativo a quien le compete determinar la deuda tributaria, pudiendo el personal de fiscalización la tarea de verificación. Destaca que en el caso fue el juez administrativo el que determinó de oficio el impuesto a la luz de los hechos y el derecho aplicable. Invoca los artículos 16 y 35 de la ley 11.683. En el punto III.3 de su memorial –titulado “principio de realidad económica y la legitimidad de los actos administrativos”–, efectúa una extensa explicación de dicho mecanismo de interpretación de la naturaleza del hecho imponible, con cita de jurisprudencia y de dictámenes de la administración tributaria, concluyendo que corresponde descalificar el fallo con invocación de la doctrina de la arbitrariedad por una errónea interpretación de los hechos, prueba y apartamiento de las normas y principios de derecho y federal bajo fundamentos aparentes.
Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
III. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios descriptos, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir al recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que se proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Golden Penaut Argentina c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72680/18, del 2/7/19, entre otros).
IV. Asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. CSJN, Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. CNACAF, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/12 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/14 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/16 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/16, del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/18, del 7/5/19, entre otros).
V. Previo a comenzar con el desarrollo que el caso amerita, como primera medida corresponde describir la categoría jurídica sobre la cual gira el estudio del caso.
Es que, de la lectura del memorial presentado por la demandada, se extrae que la cuestión involucra al denominado principio de la realidad económica, aspecto que fue objetado por la contraria (fs. 564), argumentando que el juez administrativo no había fundado la determinación de oficio en el artículo 2° de la ley 11.683. Al respecto, se considera aquí que efectivamente el estudio de la contienda de autos debe llevarse a cabo desde los cánones del mencionado principio del derecho tributario, toda vez que, más allá de cuáles fueron los preceptos que el juez administrativo citó al dictar la vista (antecedentes administrativos, OI 453210, Cpo. 5°, fs. 879/887) y la resolución determinativa de oficio (fs. 13/35), de la sustancia del ajuste se desprende claramente que el organismo activó aquél mecanismo para recalificar los negocios jurídicos que la firma actora efectuó con su casa matriz. Por lo demás, ha sido la propia demandada quien lo reconoció al apelar la sentencia en crisis.
VI. Sentado lo anterior, debe advertirse el carácter preponderantemente fáctico que identifica al caso en estudio, correspondiendo reconocer que la descripción del cúmulo y variedad de operaciones que componen el escenario, ha sido minuciosamente relatado por el tribunal de grado.
Ello, en honor a la brevedad, torna innecesario que aquí se reiteren los hechos con tan grado de detalle.
Sin menoscabo de lo apuntado, seguidamente se expondrán los tópicos que sí deben mencionarse, desde que conforman la sustancia del thema decidendum.
VII. De la compulsa de las actuaciones –lo que comprende las actuaciones administrativas, que se tienen a la vista–, interesa poner resaltar los siguientes ingredientes:
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CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (i) El 29/7/96 se celebró un contrato de mutuo entre Adidas y su casa matriz, con sede en Alemania, por valor de u$s 2.500.000.-
(ii) El 10/6/97 Adidas recibió un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital de u$s 2.500.000, proveniente de su casa matriz, que fue capitalizado, en un valor de $ 2.088.000, el 29/5/98. A partir de este aumento, el capital de la sociedad comercial pasó de $ 12.000 a $ 2.100.000 (antecedentes administrativos, OI 453210, Cpo 4, fs.723/728).
(iii) El 13/12/01 la casa matriz otorgó dos préstamos por valores de u$s 4.200.000 y u$s 2.800.000 –totalizando u$s 7.000.000– (fs. 194/215 vta).
(iv) El 14/12/01 la casa matriz convirtió una parte de su crédito con Adidas, en un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital, por u$s 2.500.000, que se capitalizó el 22/4/02. (v) El 26/4/02 la controlante extranjera comunicó a la subsidiaria local que disponía de un crédito por u$s 5.000.000, destinado a aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital, lo que efectivamente se realizó el 28/6/02.
(vi) El 31/1/07 Adidas y la casa matriz celebraron un contrato, con vencimiento el 31/1/12, cuyo objeto consistió en refinanciar el mutuo concertado el 29/7/96 (antecedentes administrativos, OI 112830 - Impuesto a las ganancias III, fs. 586/600).
En otro orden de consideraciones, también incumbe destacar lo siguiente:
(vii) En el Considerando VIII de la sentencia apelada se expuso que al cierre del ejercicio al 31/12/00, Adidas presentó –en su estado de situación patrimonial– un pasivo corriente –rubro préstamos– de $ 2.500.213 y un pasivo no corriente de 0. En cambio, al cierre del ejercicio siguiente –31/12/01– el pasivo corriente pasó a valer 0, mientras que el pasivo no corriente se elevó a $ 9.500.000. Se corrobora que ello surge explícitamente del cuerpo de antecedentes administrativos (OI 112830, Cpo impuesto a las ganancias 1, fs. 37). Hizo notar el a quo que al cierre del ejercicio 2001 aún regía la paridad cambiaria de u$s 1 por $ 1 –en lo sucesivo: “1 a 1”–. Explicó que la elevación cuantitativa del pasivo, de $ 2.500.213 a $ 9.500.000, se debió a la vigencia de los dos contratos celebrados por Adidas el 13/12/01, por un total de u$s 7.000.000 –v. punto (iii) de este considerando–.
Vale aclarar que los $ 213 que se sumaron a los $ 2.500.000 correspondieron a “adelantos en cuenta corriente” (OI 112830, Cpo impuesto a las ganancias 1, fs. 37).
Prosiguiendo, el tribunal de grado –remitiéndose a las memorias del directorio de Adidas–, indicó que la situación económico-financiera que asoló al país a partir de la implementación del denominado “corralito financiero”, derivó en que la empresa convirtiera su “deuda comercial” en “préstamo a largo plazo”. Se corrobora que ello surge de la memoria confeccionada por el directorio, al 31/12/01 (fs. 220/222).
En dicho documento el directorio también informó que la empresa había elevado la disponibilidad de fondos, debido a que no podía transferir dinero al exterior para cancelar deudas con sus proveedores, a causa de las medidas adoptadas por el Estado el 3/12/01 (fs. 222).
(viii) En el punto (v) de este segmento se indicó que el 28/6/02 Adidas había capitalizado un aporte irrevocable de u$s 5.000.000. Dicho valor, expresado al tipo de cambio “1 a 3,15” que entonces regía, derivó en un aumento del capital social de $ 15.750.000.
De lo hasta aquí descripto se colige que tres son los elementos que caracterizan al esquema:
Por un lado, la existencia de un mutuo concertado en 1996, por u$s 2.500.000, refinanciado en 2007. Además, el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO otorgamiento de otros dos préstamos, en 2001, por un total de u$s 7.000.000.-
Por otro lado, la capitalización de los aportes irrevocables efectuados por la holding extranjera, por importes de $ 2.088.000 en 1998; $ 2.500.000 –al tipo de cambio “1 a 1”– en abril de 2002 y $ 15.750.000 –correspondiente al aporte irrevocable de u$s 5.000.000, al tipo de cambio “1 a 3,15”–, en mayo de 2002. De tal modo, en el segmento analizado, el capital de la sociedad comercial se conformó inicialmente con $ 12.000 y culminó con $ 20.350.000. Por último, los cambios operados en los registros contables de la firma actora, fundamentalmente al decidir sustituir los pasivos corrientes por pasivos no corrientes, a causa –según expuso– de las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo a finales del año 2001. Asimismo, y en atención a la modificación de la paridad del tipo de cambio dispuesta en el año 2002, la registración de las partidas del patrimonio neto, en pesos, bajo la paridad “1 a 1”, en algunos casos, y a “1 a 3,15”, en otros.
VIII. Expuesto todo lo anterior, corresponde rememorar cuáles son los achaques que el fisco nacional le imputó a la firma actora.
En apretada síntesis, cuestionando la naturaleza jurídica de los mutuos registrados por Adidas, sostuvo que reportarían verdaderos aportes de capital, objetando así los intereses pagados y las diferencias de cambio negativas deducidas en el IG (v. resolución 176/12 DV NRR1, fs. 13/34 y el memorial de agravios referido en el Considerando II de esta sentencia).
Pues bien, complementando cuanto fuera dicho en el primer párrafo del Considerando VI –en donde se ponderó la completa y detallada descripción del escenario en el cual trasunta el debate de autos–, cabe aquí ponderar la correcta lectura jurídica de las operaciones concertadas por la firma contribuyente –tanto en lo referido a los mutuos, como a los aportes irrevocables–, fundamentalmente al considerar las circunstancias que pudieron animar a la compañía –y a su casa matriz– a adoptar las medidas empresariales reseñadas.
Por caso, eso se vislumbra al evaluar los motivos que conllevaron a convertir el pasivo corriente en pasivo no corriente. En definitiva, de la detenida lectura de las actuaciones de autos se desprende que el pronunciamiento apelado devela un estudio completo y razonable de las circunstancias acreditas, correspondiendo seguidamente evaluar si la resolución a la que arribó se ajusta a derecho.
IX. Es del caso señalar que esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en planteos que guardan similitud con el presente. En la Causa N° 58416/2019, in re “EMC Computer System Argentina SA (TF 32716-I) s/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo”, del 14/7/20 y en la Causa N° 35014/2022, in re “UABL SA (TF 48550-I) s/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo”, del 10/11/22, luego de afirmar que el estudio se identificaba con la legitimidad de la activación del principio de realidad económica (ley 11.683, t.v., art. 2°), esta Sala recordó que el precepto citado enuncia primeramente que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los “actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes”, para luego concretar que “Cuando estos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes…” (subrayado allí agregado), al tiempo que se destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con un importante repertorio de pronunciamientos en torno del principio referido.
Así pues, expuso que en la causa “Consorcio de Empresas Mendocinas Postrerillos SA (TF 24.929-I) s/Dirección CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO General Impositiva”, del 31/10/17, en referencia a la potestad con que cuenta el fisco nacional de desconocer las formas y estructuras asignadas por los contribuyentes, la Corte Suprema afirmó que “… dicha facultad solo puede ser válidamente ejercida por la administración tributaria cuando resulta manifiesta la discordancia entre la sustancia económica del acto o negocio y la forma o estructura que los contribuyentes le han asignado pues como principio, salvo que se presente esa ostensible discordancia, ´debe darse prioridad a las estructuras jurídicas utilizadas por los particulares´…” (Considerando 7°.
Los subrayados allí agregados). Y, más cercano en el tiempo, en un caso que guarda cierta semejanza con el presente, la mayoría del Alto Tribunal –la disidencia desestimó el recurso de queja en los términos del CPCCN, art. 280–, haciendo suya las expresiones de la Procuración General de la Nación, ponderó que “… esa calificación se asienta, fundamentalmente, en el hecho de la falta de pago oportuno del mutuo… Pero, según pienso, del mero incumplimiento de un acuerdo no se puede derivar sin más y sin considerar las circunstancias de cada caso, una mutación en la naturaleza jurídica de un instituto, ya que ello importaría, derechamente, dejar librada la sustancia jurídica de todo acto a lo que pudiera suceder a la postre, es decir supeditando toda conclusión a lo que los hechos ulteriores determinasen”.
En el desarrollo de dicho análisis, puso de resalto que el organismo fiscal había omitido tomar en cuenta las cancelaciones parciales de capital que la firma contribuyente fue realizando. Finalmente sostuvo lo siguiente: “… para la aplicación del instituto se requiere que existan motivos serios por los cuales quepa dejar de lado la configuración de un determinado negocio jurídico para reencuadrarlo en aquel otro que mejor se adecue a la sustancia económica del asunto o a la auténtica intención jurídica de las partes intervinientes, circunstancias que, por lo ya expuesto, considero que no se hallan en la presente especie” (CSJN – “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Transportadora de Energía SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, del 26/12/19).
En las dos causas mencionadas –“EMC Computer System Argentina SA” y “UABL SA”–, esta Sala ponderó especialmente el sustrato fáctico que se había presentado, de consuno con la máxima que se desprende del artículo 2° de la ley de procedimiento tributario y la línea jurisprudencial marcada por el Máximo Tribunal, concluyendo que no correspondía activar el principio de la realidad económica.
Es que, “… la tarea interpretativa, sustentada en el artículo 2° de la ley 11.683, no se limita, pues, a la lectura de las cláusulas de los contratos, y a los movimientos de los valores entre las partes, sino que abarca un contorno más amplio, alcanzando fundamentalmente a la situación económico financiera de la firma actora, a la composición del grupo económico al que pertenece y a otras operaciones realizadas en su seno” (“UABL SA”, Considerando VIII).
De regreso al sub lite, las características que presentan los contratos de mutuo celebrados por Adidas con su casa matriz del exterior, sumado al contexto general en el cual ellos tuvieron lugar, permiten comprender que efectivamente conformaron el pasivo de la compañía, alcanzándoles el tratamiento impositivo –IG– respecto de los intereses devengados y las diferencias de cambio computadas. Es que, la mentada “vocación de permanencia” que invoca la representación fiscal, se traduce en un argumento insuficiente frente al contexto general en que se desenvolvió la firma en el segmento de tiempo examinado. Dicho en otros términos, si bien el ajuste fiscal se ciñó a los periodos fiscales 2005 y 2006, no puede desatenderse los antecedentes que contextualizaron a los tres contratos de mutuo examinados.
Por lo demás, el estudio de la evolución del capital de la sociedad comercial –desde el momento mismo de su inscripción en la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO IGJ–, conlleva a desestimar el calificativo de “infra-capitalización” argüido por la demandada, desde que, como se pudo apreciar, la asamblea de accionistas ha resuelto en varias ocasiones aumentar su quantum en el período examinado.
Esto último –además–, desecha la necesidad de examinar la decisión empresaria de distribuir dividendos entre sus accionistas, conformando ello un asunto ajeno al interés de esta litis.
X. Además de lo señalado, no puede pasarse por alto otros factores que presenta esta causa.
Si bien es acertado que la empresa actora oportunamente ofreció prueba pericial contable, y que luego desistió de ella, alegando que el material necesario para su producción podría verse destruida en el siniestro que tuvo lugar el 5/2/14 en las instalaciones de la empresa Iron Mountain Argentina SA (a fs. 344/367 la actora acompañó el listado de las cajas depositadas en las instalaciones de Iron Mountain Argentina SA, emitido por el apoderado de ésta, con certificación notarial), no menos cierto es que en el expediente obra copia de la sentencia dictada por la Sra. Juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, en los autos caratulados “Maurath Karl Heinz; Beltrami José Mariano; Di Ció Alberto Andrés; Ovalle Edwards Manuel José – Adidas Argentina SA s/ evasión agravada tributaria”, N° FSM 33000544/13, del 20/12/16, en la cual se juzgó la conducta de los sujetos denunciados con fundamento en la presunta evasión en el IG-2006, motivada exactamente por las mismas razones que las analizadas en estos actuados.
Frente a ello, estos juzgadores entienden que, a título informativo, debe atenderse a las probanzas y expresiones que emanan de la sentencia penal, ya que reportan verdadera importancia en este estudio.
Entre los extractos de dicha pieza, encontramos lo siguiente: (a) se ordenó la traducción oficial de ciertos documentos concernientes a los contratos de préstamos cuestionados, y la apertura y visualización del contenido del disco compacto obtenido del allanamiento ordenado en dicho proceso (fs. 434); (b) se produjo prueba pericial contable, a cargo de un miembro del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nació (fs. 434 vta); (c) se examinó el contenido de los tres contratos descriptos en los puntos (i) y (iii) del Considerando VII de esta sentencia –que en la causa penal se los denominó “préstamo a”, “préstamo b” y “préstamo c”–, los registros contables de Adidas (fs. 435/437) y el flujo y movimiento del capital (fs. 439/vta).
Luego de ello, la magistrada interviniente direccionó su análisis a partir de los siguientes patrones: “¿Se trata de préstamos o aporte de capital?” (fs. 440/443); “aplicación de los arts. 14, 15 y concordantes de la ley 20.628” (fs. 443/vta); “corrección al ajuste reclamado por el fisco” (fs. 443 vta/444).
Finalmente, al no hallar sustento a la tesis sostenida por el fisco nacional, resolvió sobreseer a los sujetos denunciados; pronunciamiento que adquirió firmeza, conforme fuera informado por la aquí actora a fs. 467/vta.
XI. Retornando al interrogante que fuera planteado en el último párrafo del Considerando VIII –en el cual se expuso que correspondía evaluar si la resolución a la que arribó el a quo se ajustó a derecho–, esta Sala encuentra que la sentencia apelada se presenta como una correcta derivación del derecho aplicable al caso, lo cual equivale a decir que se debe confirmar en esta instancia de revisión. Al respecto, es sabido que este tribunal de Alzada puede apartarse del principio general que ordena tener por válidas las conclusiones a las que arribó el TFN, con relación a los hechos probados, aunque sólo en los casos en que surgiere que incurrió en algún de error en la labor jurisdiccional a su cargo.
Ello no ocurrió en la especie, pues, como se dijo, se llevó a cabo un pormenorizado análisis de la plataforma fáctica del caso, lo calificó jurídicamente de manera correcta y lo resolvió sin CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 29659/2023/CA1; ADIDAS ARGENTINA SA (TF 37326-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO errores apreciables (v. esta Sala, in re “Investor SRL (TF 35731-I) c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 49086/2015, del 21/3/17; “Pereira Yraola, Antonia Francisca (TF 31992-I) c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 71070/2016, del 26/9/17; “Gil Juanita (TF 27271-I) c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 23034/2015, del 5/10/17; “Nobleza Piccardo SAIC y F (TF 33113-I) c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 83620/2016, del 16/10/18 y “Kimberly Clark SA (TF 36115-I) c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 17550/2021, del 13/4/22, entre otros).
En virtud de todo lo expuesto, SE
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas. Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia