Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el ajuste fiscal, con más sus intereses resarcitorios, con costas.
2Revocar la sanción impuesta, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-30632147-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 26 de Marzo de 2026 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), para resolver el expte. 48.772-I, caratulado: “ADISA S.R.L. s/ recurso de apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. Que, a fs. 42/55vta. se interpuso recurso de apelación contra la Res. 71/2018 que determinó de oficio el impuesto al valor agregado (en adelante IVA) de los períodos fiscales 1 a 9/2016, intimó su pago con más intereses resarcitorios y aplicó una multa equivalente a 2 veces el tributo defraudado (cfrme. arts. 46 y 47, inc. "b", ley 11.683).
La actora planteó la nulidad del acto apelado por carecer de causa válida y por la falta de invocación del derecho aplicable. Aseveró que el juez administrativo no estableció el nexo lógico entre la investigación efectuada al Sr. Julio César La Cruz y la improcedencia del crédito fiscal que computó Adisa S.R.L., lo cual, afirmó, afecta al ejercicio de su derecho de defensa. Agregó que sólo se menciona las irregularidades presentadas por su proveedor sin invocar norma alguna que justifique el ajuste.
Relató que el Sr. La Cruz fue incluido en la base Apoc. el 17/10/2016, fecha posterior a las operaciones cuestionadas y que en los períodos bajo examen no se encontraba invalidado el código de autorización electrónico (en adelante CAE) de las facturas emitidas. Entendió que el fisco actuó en forma negligente al no haber controlado debidamente al Sr. La Cruz por cuanto que debió incluirlo a su debido tiempo en la base de facturas apócrifas e invalidado el CAE de sus comprobantes.
Afirmó que se pretende realizar un ajuste sobre hechos y fundamentos inciertos con el fin de endilgarle responsabilidades y deberes que le son ajenos e inoponibles.
Resaltó que el organismo recaudador no cuestiona la existencia de las operaciones de compras de envases de hojalata que realizó, sino, simplemente, al proveedor, en base a investigaciones dudosas sustentadas en interrogatorios y sin documentación respaldatoria.
Consideró llamativo que el fisco otorgue relevancia a los dichos del Sr. La Cruz, quien sostuvo que no habría realizado las operaciones impugnadas, por cuanto consideró que sería muy fácil para un contribuyente incumplidor no ingresar los tributos correspondientes y excusarse de tal maniobra evasiva negando la realización de las operaciones que deban dar lugar a su pago. Sostuvo que se ve perjudicada, pues adicionó el IVA correspondiente a cada una de las facturas como lo permite la ley del gravamen. Sostuvo que cumplió con todas las formalidades exigibles en el marco de las operaciones comerciales que realizó: a) recibió facturas por cada uno de los conceptos que abonó, lo cual registró debidamente en su contabilidad; b) constató que el CAE correspondiente a cada una de las facturas estuviera vigente; c) verificó que el proveedor no estuviera incluido en la base Apoc.; y d) le practicó las retenciones impositivas correspondientes. Además, el proveedor emitió los remitos que permiten constatar que la cantidad de productos que comercializó guarda relación con las compras al Sr. La Cruz.
Relató que sobre la base de inconsistencias imputables al Sr. La Cruz, el fisco impugnó sus operaciones aún luego de reconocer que este proveedor se encontraba debidamente inscripto y habiéndolo incluido en la base e-Apoc recién el 17/10/2016, es decir, en fecha posterior a los períodos observados en autos. Destacó que todos los pagos los efectuó con cheques de terceros y con pagos en efectivo para cubrir el monto total de cada factura y que el hecho de que los cheques no fueran depositados en las cuentas del proveedor constituye una circunstancia posterior a su libramiento que no puede serle imputada por exceder a su control.
Hizo hincapié en que las transacciones se encuentran debidamente registradas en su contabilidad y que los bienes adquiridos son necesarios para su actividad. A su vez, que el circuito de pagos se encuentra acreditado y que, al momento de realizarse las transacciones, el proveedor no se encontraba incluido en la base e-Apoc.
Se agravió de los intereses resarcitorios que pretende aplicar el fisco por entender que no existe mora culpable. Resaltó que no se comprueba una subjetividad en su actuar que le sea imputable, por lo que alegó que no puede pretenderse que la mora se traduzca en la aplicación de intereses en su contra. Con relación a la sanción impuesta, argumentó que no se verifica la materialización del aspecto objetivo ni del subjetivo. Afirmó que cumplió con sus obligaciones tributarias sin omitir el pago del IVA, que actuó sin voluntad dolosa y que se la sancionó por los defectos en los que incurrió su proveedor. Planteó la existencia de error excusable en su conducta, pues el fisco creó una situación engañosa al no fiscalizar debidamente a los contribuyentes.
Finalmente, citó jurisprudencia y doctrina, ofreció prueba y solicitó se deje sin efecto la resolución apelada.
II. Que a fs. 81/101vta. el fisco contestó el traslado conferido. Acompañó los antecedentes administrativos de la causa (en adelante aa), y solicitó que, oportunamente, se rechace la nulidad opuesta y se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 132 se hizo lugar a la oposición del fisco con respecto a las pruebas ofrecidas por la actora. A fs. 162 se elevaron los autos a conocimiento de la Sala "C" y a fs. 168 se pusieron para dictar sentencia.
IV. Que primeramente corresponde señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfrme. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros); ni a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
V. Que previo a resolver el fondo del asunto, corresponde tratar el planteo de nulidad formulado por la actora, por considerarla carente de causa (cfrme. art 7, inc. "b", de la ley 19.549).
En este sentido, corresponde precisar que la apelante basó su defensa en que el fisco no estableció un nexo lógico entre la inspección al Sr. La Cruz y el acto determinativo apelado. Entendió que la impugnación resulta carente de todo fundamento jurídico y sus conclusiones se encuentran desprovistas de elementos suficientes que permitan arribar a la verdad material de los hechos.
En este sentido, cabe tener presente lo afirmado por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual, deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
Debe precisarse que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que llevaron al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican su dictado. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen su emisión.
Del análisis del acto apelado, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador no se observa que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada, ni que haya existido agravio alguno al derecho de defensa de la apelante, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez del acto. Ello así, corresponde desestimar la defensa de nulidad articulada por la actora.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener la revocación del mismo, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas.
VI. Que respecto del fondo del asunto surge del informe final de inspección –en adelante IFI- (v. fs. 221/227, Cpo. Ppal., IVA, N° 2, aa) y de la resolución apelada, que la actora se encuentra inscripta bajo la actividad "Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos obtenidos de sustancias minerales y vegetales". El origen del cargo provino de un cruce centralizado de la base "consulta de clientes – Citi Compras" superiores a $100.000 en el 2016 donde se observó que la recurrente efectuó operaciones con el Sr. Julio César La Cruz, incluido en la base e-Apoc.
A requerimiento de la inspección, la actora aportó documentación de la cual se verificaron la totalidad de los comprobantes informados y sus correspondientes registros en los subdiarios de IVA compras, los remitos de entrega de los bienes adquiridos y recibos de pago. De estos últimos se observó que las cancelaciones fueron casi en su totalidad con cheques de terceros y una pequeña parte en efectivo, sin cheques propios.
Respecto del Sr. La Cruz, el socio gerente de Adisa S.R.L., Claus Gerardo Decker manifestó que: a) no lo conoce personalmente; b) el producto adquirido eran envases de hojalata, en algunos casos con litografía; c) los pedidos eran efectuados a través del sector compras en forma telefónica al sector ventas de la fábrica, comunicándose con una persona llamada “Santiago”; d) con respecto a los pagos, cuando los tenía listos se comunicaban con la empresa proveedora que enviaba a una persona a retirarlos y que éstos podían ser parciales (por entrega) o totales (por pedido); e) desconoce si el sector compras efectuaba algún control interno de los comprobantes aportados, pues trabajó varios años con la fábrica y siempre respondieron comercialmente en forma correcta a pesar de haber cambiado de nombre comercial a lo largo de los años, viendo el trato como una continuidad a través del tiempo (v.
Cpo. Ppal. IVA N° 1, fs. 112, aa). En el IFI se transcribió el acta que se le labró el 21/9/2016 en la agencia Luján, de la cual surge que el Sr. La Cruz: a) comenzó a trabajar en la fábrica de envases de hojalata a partir de 8/2011 contactado por el Sr. Usbaldo Vera y que su trabajo era el armado de envases; b) el Sr. Santiago Kilian le abonaba un sueldo mensual de $15.000 en efectivo en las oficinas de la fábrica, quien daba las órdenes de trabajo y efectuaba el pago a todos los empleados; c) el inmueble donde trabaja y las maquinarias son propiedad de la firma Fana Química S.A. —principal clienta de La Cruz—; d) tiene conocimiento que entre los principales clientes, además de Fana Química S.A., se encuentran Industrias Químicas Cuber S.R.L. y Adisa S.R.L., debido a que él realiza el armado de envases y que algunos hacían impresos con esos nombres, pero, no obstante, desconoce la operatoria comercial realizada con estas firmas; f) no tiene conocimiento sobre quiénes son los proveedores de las compras realizadas, ya que todo el manejo de compra y venta se encarga el Sr.
Santiago Kilian; g) habitualmente el Sr. Santiago Kilian le entrega cheques en blanco para firmar, sin conocer su destino; h) cumple un horario de ingreso y egreso de trabajo de 7 a 16hs de lunes a viernes, recibiendo las órdenes de trabajo del Sr. Santiago Kilian y del Sr. Cristian Paz; i) en caso de inasistencia al trabajo da aviso al Sr. Santiago Kilian; j) los elementos de trabajo, de indumentaria y seguridad le son provistos por el Sr. Santiago Kilian; k) el Sr. Santiago Kilian se encuentra como encargado desde hace aproximadamente 2 años y que anteriormente se encontraba como encargada la Sra. Ayelén Ferrer; l) no es titular de ningún bien registrable y/o financiero; m) tiene conocimiento que el transporte de los productos es realizado por los mismos clientes; n) oportunamente se inscribió en AFIP siendo acompañado por la Sra.
Ayelén Ferrer. (v. Cpo. Ppal., IVA N° 1, fs. 107/108, aa).
Además, del IFI efectuado al Sr. La Cruz (v. Cpo. Ppal. IVA N° 1, fs. 99/111, aa) se puede extraer que: a) la "Fábrica de envases de hojalata de Julio César La Cruz" consiste en un galpón tipo taller donde se producen envases metálicos (los inspectores constataron máquinas y personal trabajando); b) todas las preguntas que se le realizaron al Sr. La Cruz inherentes al funcionamiento de la fábrica fueron contestadas por la Sra. Ayelén Ferrer —empleada de la fábrica—; c) el domicilio real del Sr. La Cruz es una vivienda precaria (se tomó registro fotográfico) ubicada en un barrio de bajos recursos; d) el Sr. La Cruz ingresó a la fábrica en 2011 habiendo sido contratado por el Sr. Ubaldo Vera; cuya esposa, Sra. Blanca Cristina Arias, manifestó a los inspectores que conoce al Sr. La Cruz "del barrio" y que "su esposo lo hizo entrar al galpón" luego de que "salió de la cárcel"; y e) la logística del transporte se realiza a través de vehículos alquilados a Qilmak S.A A raíz de esta información, la inspección concluyó que el Sr. La Cruz es un "prestanombre", insolvente, sin capacidad económica y ajeno al giro comercial de la empresa; y, a su vez, se dejó asentado que el Sr. Santiago Kilian reconoció que el Sr. La Cruz fue utilizado para desarrollar la actividad siendo él el verdadero responsable de la firma (v. Cpo. Ppal, IVA N° 2, fs. 225, aa), ergo, el verdadero sujeto que realiza la actividad es Fana Química S.A., principal beneficiaria de la maniobra congeniada juntamente con Qilmak S.A., empresas todas relacionadas con la familia Kilian.
En referencia al impuesto a las ganancias (en adelante IG), el fisco reconoció las compras realizadas, por tratarse de insumos inherentes al giro comercial que efectivamente ingresaron a la empresa.
VII. Que la cuestión a resolver radica en establecer si se ajusta a derecho la impugnación del crédito fiscal computado por la actora por sus operaciones con el Sr. La Cruz.
Debo recordar que el último párrafo del art. 12 de la ley del IVA, establece que: "…en todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Al respecto, la CSJN tiene dicho que: “Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto –en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquel les adjudicó” (Fallos 338:169, considerando 9°). Debo señalar que no se encuentra controvertida la veracidad de las compras de envases de hojalata declaradas por la actora. En efecto, el fisco convalidó las operaciones por tratarse de mercadería/insumos inherentes al giro comercial de la recurrente y por constatar que "efectivamente ingresaron" a la planta de Adisa S.R.L. (v. Cpo. Ppal. IVA, fs. 225, aa). Además, el Sr. La Cruz declaró el 21/9/2016 ante el organismo recaudador que la fábrica en la que trabaja posee entre sus principales clientes a la apelante –Adisa SRL- y que él realizó el armado de los envases de hojalata donde pudo observar su razón social impresa mediante litografía (v. Cpo. Ppal. IVA N° 1, fs. 107, aa).
Así, la impugnación del crédito fiscal se sustentó sólo en el carácter de testaferro o prestanombre del Sr. La Cruz, quien, como empleado de Fana Química S.A., solamente realizaba el armado de los envases; con ausencia de la capacidad económica que le permitiera llevar a cabo las actividades en las que se encuentra inscripto ante el fisco ("Fabricación de envases metálicos" y "Servicio de transporte automotor de cargas N.C.P."). En tal inteligencia, resulta irrelevante la producción de cualquier prueba por parte de la actora, atento que, ya durante la etapa de inspección, el fisco tomó conocimiento de que el Sr. Santiago Kilian utilizó al Sr. La Cruz para desarrollar su actividad, siendo aquél el verdadero responsable (fs. 225, Cpo. N° 2, aa) y sabiendo, además, que La Cruz fue inscripto al solo efecto de facturar operaciones a su nombre, pero a favor de terceros, siendo el verdadero sujeto realizador de las operaciones de venta Fana Química S.A., que resulta la verdadera beneficiaria de la maniobra congeniada, supuestamente, junto con la firma Qilmak S.A., ambas relacionadas con la familia Kilian (v. fs. 108, Cpo. N° 1, aa).
De las constancias comprobadas de la causa, tengo para mí que el Sr. Santiago Kilian fue quien articuló la maniobra tendiente a disminuir el débito fiscal nacido de las ventas efectuadas por la firma Fana Química S.A. -de quien es propietario-, mediante la intervención de una interpósita persona –Sr. Julio César La Cruz- quien era, a su vez, empleado de la citada empresa. De esta manera, entiendo que las ventas fueron realmente realizadas por la nombrada Fana Química S.A., pero, instrumentadas documentalmente con facturas del impugnado Sr. La Cruz, circunstancias que pudieron válidamente ser desconocidas por la actora en estos autos.
Sin embargo, ello no impide la inevitable conclusión de que no se encuentra cumplido el requisito exigido por el art. 12 de la LIVA –en el caso, que haya sido el Sr. La Cruz el realizador del hecho imponible- para el cómputo del crédito fiscal por parte de Adisa SRL, como claramente lo señaló la Corte en el precedente citado supra.
Si bien encuentro que en el caso particular de autos la conclusión a la que arribo puede resultar injusta para la actora, no puedo olvidar que resulta ajeno al control judicial y de este Tribunal el examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o error del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos 347:1137 entre otros) y además, principalmente, que la separación de poderes no consiente a los juzgadores el poder prescindir de lo dispuesto por la ley, so color de su posible injusticia o desacierto (Fallos: 342:1376 considerando 10, último párrafo, entre muchos otros).
Por lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste fiscal, con costas.
VIII. Que respecto de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al fisco como resarcimiento por la mora en que incurrió el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Al respecto, la CSJN al revisar la doctrina de Fallos 304:203, expuso que: “…si bien en el precedente de Fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Código Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario…que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (Fallos: 308:283, 316:42 y 321:2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. (…)…se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (Fallos 323:1315). Dicho ello, y encontrándose liquidados conforme lo dispuesto por la ley 11.683, corresponde confirmar la liquidación de intereses, con costas.
IX. Que en relación a la multa por defraudación impuesta, cabe destacar que el art. 46 de la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) en su parte pertinente disponía que: “…el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
La figura se construye con un “elemento objetivo”, consistente en la falta de ingreso total o parcial del impuesto debido y un “elemento subjetivo“, consistente en “…una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco…” (Fallos 323:2172 considerando 4).
Como se desprende del considerando VII, debe tenerse por acreditado el elemento objetivo o material de la sanción impuesta, es decir, el ingreso en demérito del impuesto debido.
Ello así, corresponde analizar el elemento subjetivo teniendo en cuenta la figura legal dolosa imputada por el ente fiscal.
Por lo dicho a lo largo del presente pronunciamiento, encuentro que la presunción que utilizó el ente fiscal como sustento de la infracción no resulta aplicable, por no encontrarse acreditado el supuesto que establece el inciso “b” del art. 47 de la ley 11.683. En efecto, no advierto que en el acto apelado el juez administrativo haya acreditado y explicitado fehacientemente el hecho base de la presunción de dolo que aplicó, ya que la única razón en la que se sustentó la calificación de la conducta es supuestamente haber contratado con un “proveedor testaferro” –Sr. La Cruz- del real proveedor –Fana Química S.A.-, del cual la actora no tuvo por qué conocer y, además, que la propia inspección identificó en sus tareas de fiscalización y que incluyó tardíamente en la base e-Apoc, pero que al momento de los hechos no se encontraba en dicha base y, además, poseía CAE vigente.
En efecto, mal puede imputársele un actuar doloso a la actora, si la inclusión en la base Apoc fue realizada recién el 17/10/2016 (vide fs. 235/236 aa), es decir, con posterioridad a los períodos fiscales determinados de oficio y, además, el CAE se encontraba vigente al momento de realizarse todas las operaciones (vide fs. 12/38 y 138/162 aa). Es que, la actora tomó los recaudos necesarios para evitar la recepción de facturación apócrifa efectuando las constataciones a las que estaba obligada (cfrme. artículo agregado a continuación del art. 33, ley 11.683). Obsérvese que se encuentra probado que las compras fueron concertadas vía telefónica en comunicación con el Sr. Kilian, sin que surja inequívoco que la actora supiese realmente que el citado era el dueño de Fana Química S.A. y ésta su verdadero proveedor.
Si bien el hecho concreto de una inclusión en la base apoc posterior a los períodos que se discuten no es a priori suficiente para revocar un ajuste fiscal, lo cierto es que, en el particular caso de autos, dicha circunstancia adquiere mayor relevancia, porque se suma a otras excepcionales propias de estas actuaciones. Así, no es ocioso recordar que, ya en las tareas de fiscalización, el organismo recaudador pudo establecer la existencia de una maniobra ajena a la actora tendiente a disminuir el débito fiscal de “Fana Química S.A.” –real proveedor- mediante la intervención interpósita del Sr. La Cruz y conocer, con alto grado de certeza, al o los autores de tal maniobra; lo que debió llevar al fisco a ajustarle el débito fiscal a la citada empresa bajo el principio de realidad económica, en los términos del art. 2 de la ley 11.683, en ese momento. Sin embargo, a pesar de ello, no surge de las actuaciones administrativas cuál fue la suerte de la supuesta orden de intervención dirigida a “Fana Química S.A.” en fecha 5/10/2016 para fiscalizar y eventualmente realizar el ajuste fiscal correspondiente sobre la base de las operaciones de venta realizadas, pero no declaradas, e instrumentadas mediante facturación a nombre del citado La Cruz. (v. fs. 111 in fine, Cpo. N° 1, aa).
Estas razones son las que impiden asignarle en forma categórica la imputación fiscal efectuada por el fisco y endilgarle a la apelante una conducta dolosa.
Con relación a la defensa del error excusable articulado por la recurrente, le asiste razón en cuanto afirma que “…la supuesta omisión no me puede ser atribuida a título de culpa o dolo, siendo aplicable al caso la causal exculpatoria del error excusable, por cuanto el fisco creó una situación engañosa al no fiscalizar debidamente a los contribuyentes”, hecho que fue advertido por el suscripto y que resulta suficiente para revocar la sanción impuesta, con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE
1. Confirmar el ajuste fiscal, con más sus intereses resarcitorios, con costas.
2. Revocar la sanción impuesta, con costas.
Se deja constancia de que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2026.03.18 08:42:09 -03:00 Date: 2026.03.26 14:37:32 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.26 14:37:32 -03:00
Fin de la sentencia