Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la parte actora, sin costas.
2Revocar la Resolución 475/2017 de la Aduana de Bahía de Blanca dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 14517-123-2009.
3Mediante Secretaría General de Asuntos Aduaneros, deberán remitir testimonios de la presente causa para dar intervención a la justicia en lo Criminal y Correccional Federal de Bahía Blanca, para que desinsacule al juez federal que deberá intervenir, en atención a la probable comisión de un delito de acción pública.
4Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-57066018-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 31 de Mayo de 2024 apelación”, expediente N° 39082-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “ADM AGRO S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° 39082-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 12-22 vta. se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación en los términos del art. 1132, ap. 1 del Código Aduanero (CA) contra la Resolución N° 475/2017 de la Aduana de Bahía Blanca dictada el 29/11/17 en el expediente administrativo SIGEA 14517-123-2009, mediante la cual se condenó a Alfred C. Toepfer Internacional Argentina S.R.L. —actualmente ADM Agro S.R.L.— al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1 inc. c) del CA en relación a las operaciones de exportación para consumo Nros. 07003EC01003735H y 07003EC01003736X vinculadas a las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) Nros.
06001DJVE003435T y 06001DJVE003437V, respectivamente. Ello conforme el régimen especial establecido por la Ley 21.453. Plantea la nulidad de la resolución apelada por carecer de motivación y causa conforme lo establece el art. 14 inc. b) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y la prescripción de la acción del fisco para imponer multas. Sostiene que la Aduana resulta incompetente para entender en relación a la reducción de la base para la aplicación del impuesto a las ganancias que motivó el cuestionamiento del valor declarado en los permisos de embarque (PE) mediante los cuales se oficializaron las operaciones de exportación en cuestión, siendo ello ajeno a la ilicitud contemplada en el art. 954, ap. 1 inc. c) del CA. Alega la inexistencia de perjuicio fiscal y afirma que se ha cumplido con lo dispuesto por la ley 21.453 para las operaciones de exportación de productos de origen agrícola. Sostiene que la firma compradora, si bien se encuentra vinculada con la actora, ambas son independientes dentro del grupo económico. Alega que la Aduana confunde a la empresa revendedora (trader) con una sucursal de la actora, sin lograr demostrar tal afirmación. Sostiene que carece de sustento lo aludido por la demandada en cuanto a la metodología de comercialización de la actora mediante la cual habría subfacturado las operaciones de exportación en trato para reducir la base de tributación que habría causado el menor ingreso de divisas. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se declare la nulidad de la resolución apelada y la extinción del proceso por prescripción. Subsidiariamente solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 37-47 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado ordenado. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos en la demanda no reconocidos expresamente. Realiza un racconto de los hechos. Contesta sobre la prescripción opuesta por la actora. Afirma que la recurente intenta eludir la vinculación existente entre la firma compradora en Uruguay y las destinatarias finales de la mercadería, tres firmas importadoras de origen brasileño. Cuestiona la calidad de intermediaria de la firma uruguaya. Expresa que la actora omite negar la vinculación entre empresas. Afirma que el precio de venta validado por la autoridad de control al aprobar la DJVE es solo a los efectos tributarios, no respecto del ingreso de divisas. Realiza consideraciones en torno a que la actora debió probar la inexistencia de vinculación entre empresas o que la misma no afectó al precio de venta declarado, como así también el sentido de la intervención de una firma intermediaria en una compraventa internacional entre dos empresas ya vinculadas. Sostiene que ha quedado demostrada la maniobra de triangulación con finalidad fraudulenta de transgredir el régimen de control de cambios. Considera que el art. 735 del CA no resulta aplicable al caso de autos puesto que no se discuten aquí derechos de exportación. No se encuentra cuestionado el valor imponible. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas SIGEA N° 14517-123-2009, las cuales acompaña en formato papel, en un total de 263 fojas. Cita jurisprudencia. Formula reserva del caso federal. Solicita se rechace el recurso de apelación, con costas.
III. A fs. 63 se declara la causa de puro derecho. A fs. 79 se elevan las actuaciones a la Sala “F”. A fs. 85 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que las mismas se originan con el informe técnico N° 57/09 de la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Aduana de Bahía Blanca obrante a fs. 1-12, mediante el cual, luego de un análisis de las operaciones en cuestión, se concluyó que la diferencia del importe percibido entre las dos ventas en las que intervienen las tres sociedades no consideradas independientes entre sí: Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. —actualmente ADM Agro S.R.L.—, Alfred C. Toepfer International GMBH y Alfred C. Toepfer International Uruguay S.R.L., han utilizado la metodología de la triangulación en infracción según lo dispuesto en el art. 954, ap.1 inc. c) del CA atento a que el importe de divisas ingresado desde el exterior resultó diferente —en menos— del declarado. La Aduana considera que: “…la matriz en Argentina tiene por objeto la utilización de la sucursal para poder reflejar el verdadero precio pactado por la operación, y como consecuencia directa de esto dejar la ganancia obtenida de fuente argentina en el exterior…” A fs. 82 obra el acta de denuncia y a fs. 83-84 se agregan los sobres contenedores de la documentación original de las operaciones de exportación en cuestión. A fs. 88-90, el 28/12/2012 se instruyó sumario y a fs. 92-93, se corrió vista a la firma exportadora, quien se notificó el 28/09/2016 según constancias de fs. 95. A fs. 102-112 la actora contestó la vista conferida. A fs. 250-252 obra en Dictamen jurídico N° 174/2017 de la Aduana de Bahía Blanca y a fs. 253-256, el 29/11/17 se dictó la resolución apelada en autos.
V. Previo a adentrarme en la cuestión de fondo, corresponde resolver sobre los planteos de prescripción y nulidad opuestos por la recurrente.
La actora plantea en su escrito recursivo que la resolución apelada no fundamenta la condena y no pondera las defensas articuladas. Sostiene que los argumentos de la defensa fueron ignorados y ello resulta violatorio de lo dispuesto en el art. 1, inc. f) de la LPA. Afirma que la resolución tiene su fundamento en que las firmas involucradas en las operaciones en cuestión habrían realizado maniobras tendientes a reducir la base de tributación dejando ganancia de fuente argentina en el exterior e ingresando al país una cifra menor de divisas. Ello sin analizar los requisitos específicos del art. 954 ap. 1, inc. c) del CA. Asimismo, la firma recurrente plantea la prescripción de la acción del fisco para imponer multas por cuanto existió un exceso de plazo razonable en la instrucción del sumario contencioso. Expresa que las operaciones aquí cuestionadas fueron realizadas en el 2007. La Aduana instruyó el sumario en 2012 y recién en 2016, es decir 9 años después, corrió vista a la imputada. Sostiene que la instrucción tuvo como finalidad interrumpir el plazo de prescripción de la acción penal, dado que los actos procesales que tuvieron lugar a lo largo de los casi 10 años son mínimos. Cita el antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los autos: “Losicer” sentencia del 26/02/2012. Así también invoca el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual detenta jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22).
Respecto a lo esgrimido, cabe señalar que la nulidad es un modo excepcional de extinción de las obligaciones. Como tal debe ser analizada con suma prudencia y evaluarse con rigurosidad la consecución de cada uno de los extremos esbozados por la recurrente en su planteo a fin de determinar si los mismos son suficientes para convencer a este juzgador y declarar la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos llevados a cabo por la Administración.
En esta inteligencia la actora hace alusión al art. 1, inc. f) de la LPA el cual se refiere a los requisitos relativos al debido proceso a los que debe ajustarse el procedimiento administrativo y comprenden: el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a obtener decisión fundada.
Ahora bien, surge de las constancias de las actuaciones administrativas, que la importadora ha tenido oportunidad de ser oída al contestar en tiempo y forma la corrida de vista dispuesta. Así también interpuso el recurso de apelación de autos contra la resolución dictada, instancia que permite su revisión, como así también el ofrecimiento de las pruebas que considere hacen a su defensa.
Por otra parte, la resolución cuestionada ha sido consecuencia de un procedimiento en el cual han intervenido las áreas correspondientes y competentes y se sustenta en hechos que le sirven de causa y en la normativa aplicable al caso. En este sentido, obran en las actuaciones administrativas un informe técnico elaborado por la Aduana de Bahía Blanca y dictamen jurídico previo que sirven de fundamento y motivación de la resolución apelada. No puede desconocerse que, independientemente de ser compartidos o no los argumentos, excluyen la posibilidad de declaración de nulidad de la resolución en cuestión por las razones expuestas por la actora, dado que de la misma resultan los motivos por los cuales se condenó a la recurrente.
En tal sentido y siendo la decisión fundada, no se requiere la expresa mención de todos los argumentos o pruebas invocados por las partes, debiendo tratarse sólo aquellos que razonablemente se estimen conducentes a la decisión del caso (entre otros, CSJN, fallos: 251-39).
No obstante y atento a la posibilidad de la actora, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que, entiende el juzgador, son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa. En esta instancia resulta posible meritar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente. No se evidencia, entonces, la alegada violación del debido proceso, ya que los presuntos vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Por lo expuesto no se infiere una violación al debido proceso adjetivo. Por el contrario la actora ha ejercido sus derechos en debido tiempo y forma, a través de los mecanismos previstos en las normas aplicables.
Corresponde, entonces, rechazar la nulidad opuesta la recurrente, sin costas.
De otro lado, en cuanto a la excepción de prescripción opuesta, la recurrente basa su planteo en la desmedida extensión de los plazos del procedimiento. Alega que los casi 10 años transcurridos desde la fecha de realización de las operaciones de exportación en cuestión y la notificación de la corrida de vista le produjeron una lesión en su derecho de defensa. Sostiene que en materia infraccional es aplicable supletoriamente el Código Procesal Penal (art. 1017, ap. 2 del CA) y ello sería suficiente para considerar que la falta de notificación del auto de apertura sumarial afecta derechos subjetivos y el debido proceso. En tal sentido, considero que la violación a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable no surge de la confrontación automática con un plazo determinado, sino del examen particularizado de las circunstancias de cada caso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades.
Del relevamiento efectuado se advierte que ante la evidente complejidad de la cuestión no existió por parte de la Administración un actuar que pudiera traducirse en una extensión irrazonable del proceso. No obstante lo expresado hasta aquí es necesario destacar que según lo establecido por los arts. 934 y 935 del CA —normativa específica que regula la cuestión analizada— la prescripción de la acción del fisco para imponer multas opera a los cinco (5) años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción es decir, en el caso de autos, a partir del 1 de enero de 2008. Asimismo el art. 937 inc. a) del CA establece que dicho plazo de prescripción se interrumpe con el dictado del acto de apertura sumarial, sin precisar la necesidad de su notificación al imputado. En el caso de autos la apertura sumarial se produjo el 28/12/2012, es decir antes del vencimiento del plazo de prescripción, el cual comenzó a computarse nuevamente a partir del día siguiente al de apertura del sumario, dado su carácter interruptivo. Por lo tanto el nuevo plazo de prescripción vencía el 29/12/2017 y la resolución que puso fin al sumario fue dictada el 29/11/17, es decir antes de dicho vencimiento. Independientemente de considerar razonables o no los plazos establecidos en las normas citadas, cuestión sobre la cual no me corresponde emitir opinión, lo cierto es que no se encuentra operada la prescripción alegada por la actora, por lo que la excepción opuesta debe ser rechazada, sin costas.
VI. En cuanto a la cuestión de fondo, corresponde determinar si resulta ajustada a derecho la resolución apelada.
La actora se agravia por cuanto sostiene que la Aduana cuestionó que mediante el valor declarado en los PE objeto de autos se habría reducido la base para la aplicación del Impuesto a las Ganancias, respecto de la cual la Aduana resulta incompetente y es ajena a la ilicitud contemplada en el art 954, ap. 1, inc. c) del CA.
Asimismo afirma que el servicio aduanero omitió analizar la configuración de los requisitos del tipo infraccional imputado y sólo se limitó a expresar que la actora dejó ganancia de fuente argentina en el exterior y habría ingresado al país una suma menor de divisas.
En cuanto a la imputación infraccional la actora sostiene que resulta improcedente dado que el precio declarado y pactado con el comprador, sometido a comprobación, fue el efectivamente cobrado y resultó superior al precio oficial declarado en los DVJE informado por el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca —actualmente Secretaría de Bioeconomía— al 25/08/06 (fecha de cierre de cada venta) para embarques hasta julio de 2007. El precio desciende a medida que el plazo de embarque es mayor. Todo ello según lo establecido por la Ley 21.453. Bajo el régimen de la ley mencionada, conforme lo establecido en sus arts. 6 y 7, el valor de la base imponible es el precio oficial vigente al momento del cierre de la operación de venta y a partir del cual las partes pueden pactar la contraprestación de la transacción, independientemente de la fecha del ingreso de divisas. Cabe destacar que el precio al que se refiere la ley comentada no es el correspondiente al momento de la oficialización de los PE en análisis con destino a Brasil, sino el pactado entre las partes al momento del cierre de la operación de venta, en oportunidad de la presentación de las DJVE.
En efecto, la venta realizada por la actora fue cerrada con la compradora alemana el 25/08/06 con lo cual, a la fecha de embarque en 2007, los precios habían aumentado, pero los mismos no eran aplicables a la primera venta porque la transacción comercial estaba cerrada según cotización vigente en agosto de 2006, fecha del acuerdo comercial entre partes, conforme Ley 21.453.
La firma a la cual vendió la actora en 2006 resultó ser intermediaria. Según el sistema de consulta INDIRA utilizado por la Aduana, otra entidad del grupo, Alfred Toepfer International Uruguay SRL (domiciliada en Uruguay) había revendido a las firmas destinatarias finales en Brasil: Mohino Paulista Limitada, ADM Do Brasil Limitada y Richard Saigh Industria Ecomercio S.A.
Expresa la actora que la relación con la firma compradora de la primera venta, en cuanto a volumen comercializado, representa el 2,17 % del total, lo cual acredita mediante un informe respecto de los requerimientos establecidos en el art. 15, párr. 2, incs. a) y c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, obrante a fs. 121-141 de las actuaciones administrativas y cuya traducción se acompaña a fs. 142-160 de dichas actuaciones. Asimismo afirma que al momento de la operación en cuestión el accionista mayoritario de la actora no era la firma compradora. En efecto hace referencia a un informe de auditoría que acompaña a fs. 67-70 de autos, del cual se corrió traslado a la demandada, que explica la mecánica de la actividad comercial de las firmas vendedora y compradora, cada una con patrimonio, personalidad e intereses propios, con funciones específicas e independientes dentro del grupo económico. Asimismo, dicho informe da cuenta de que la firma compradora en Alemania, en su calidad de intermediaria, realiza una actividad genuina, por cuanto su actividad comercial con otros integrantes del mismo grupo económico representa menos del 30% del total anual de sus operaciones. Ello conforme lo establece la Ley 25.784 de Impuesto a las Ganancias.
Así también a fs. 161-233 de las actuaciones la actora acompañó estudios de precio de transferencia utilizados en los períodos 2006 y 2007, cuyas conclusiones obran a fs. 182 vta.-183 y fs. 220 respectivamente. Ello no obstante encontrarse fuera de discusión y/o cuestionamiento los valores declarados en las operaciones de marras, en cuyo caso habría correspondido al servicio aduanero dar inicio al procedimiento de investigación de valor conforme art. 748 del CA.
Por último la actora expresa que, la presunta metodología de triangulación para reducir la base de tributación que habría causado el menor valor de divisas ingresado, según lo aludido por la Aduana, parte de considerar que el único y verdadero precio sería el facturado a la firma importadora brasileña. Concluye, entonces, en que el precio facturado por la recurrente estaría sub-facturado. Sin embargo, la diferencia de valores declarados entre la Aduana de Argentina y la Aduana de Brasil no es suficiente per se para concluir en forma inequívoca que la actora incurrió en declaración inexacta conforme lo establece el art. 954, ap. 1 inc. c) del CA.
VII. Sentado ello, corresponde analizar si mediante la operaciones descriptas se ha configurado la infracción establecida en el art. 954 ap. 1, inc. c) del CA, imputada a la actora.
En primer lugar, cabe destacar que la triangulación en sí misma no se encuentra prohibida por la legislación vigente. Se presenta en el comercio internacional de determinados commodities y resulta una práctica habitual de intervención de empresas intermediarias entre oferta y demanda, denominadas traders, que si bien no le añaden valor a las mercaderías negociadas, brindan servicios reales y efectivos, como así también asumen riesgos. Todo ello justifica una retribución que, en caso de no facturarse como un servicio individualizado a alguna de las partes, puede deducirse del precio de compra o bien adicionarse al precio de venta. Pero también es cierto que en el tráfico internacional (no sólo de bienes, sino también de servicios y capitales) se acude a triangulaciones no genuinas que pueden resultar nocivas desde el punto de vista aduanero, tributario, cambiario, societario o de lavado de dinero, incluso en varias de estas materias a la vez.
Ahora bien, en el caso de autos, compulsadas las actuaciones administrativas se observa que, en el sobre contenedor obrante a fs. 83, se declaró un valor FOB de u$s 423.120, en relación al PE 07003E01003736X, por la cantidad de 2.460 toneladas de trigo a granel, conforme precio oficial a la fecha del cierre de la venta (25/08/06) de u$s 167 por tonelada y se declaró precio de venta u$s 172 por tonelada. Asimismo en el sobre contenedor obrante a fs. 84 se declaró un valor FOB de u$s 4.232.970,40, en relación al PE 07003EC01003735H, por la cantidad de 25.000 toneladas de trigo a granel, conforme precio oficial a la fecha del cierre de venta (25/08/06) de u$s 167 por tonelada, de las cuales la cantidad de 8.242,60 toneladas (item 1 del PE) se declaró precio de venta u$s 172 por tonelada y la cantidad de 16.757,40 toneladas (item 2 del PE) se declaró precio de venta u$s 168 por tonelada. Todo ello en relación a la factura comercial n° 0002-00004342 del 6/7/07, emitida por la firma Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. —actualmente ADM AGRO S.R.L.— a la firma Alfred C. Toepfer International GMBH (Alemania) por un total de 27.460 toneladas de la mercadería descripta y precio total de venta u$s 4.656.090,40.
Cabe destacar que las operaciones descriptas precedentemente se realizaron conforme el régimen establecido por la Ley 21.453.
La mercadería exportada mediante los PE mencionados precedentemente fue embarcada desde Argentina con destino final a Brasil, dado que la firma compradora en Argentina, es decir Alfred C. Toepfer International GMBH (Alemania), en su calidad de trader, la revendió a tres firmas importadoras, radicadas en aquel país y las facturas de reventa las emitió la firma Alfred C. Toepfer International Uruguay SRL, radicada en Uruguay. Por ello concluyó en la existencia de una subfacturación por parte de la recurrente que tuvo como objetivo el ingreso de menor cantidad de divisa de la que correspondía.
Consultado el sistema INDIRA, según constancias obrantes a fs. 15-71 de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero detectó que el precio declarado en la aduana de Brasil por las firmas importadoras al momento de oficializar la importación de la mercadería en cuestión, era superior al declarado en la aduana de Argentina en los PE en análisis. Asimismo, surge de dichas constancias que las operaciones de reventa a Brasil fueron efectuadas y facturadas por la firma Alfredo C. Toepfer International Uruguay SRL. Cabe destacar que el precio declarado en la Aduana de Argentina mediante los PE en cuestión fue el concertado entre las partes al momento del cierre de la operación de la primera venta con la firma compradora en Alemania y resulta coincidente con el monto facturado por la firma vendedora en Argentina, actora en autos. Como ya se expresó, en oportunidad de oficializar los PE referidos se declaró el valor informado por el organismo competente —dado que se trataba de mercadería sujeta a precio oficial— y el precio de venta acordado entre las partes. Ambos valores fueron fijados al momento del cierre de la operación, conforme Ley 21.453.
Lo advertido se constituyó como indicio que llevaría, al servicio aduanero, a presumir que la operatoria descripta se trató de una manipulación de precios mediante la subfacturación en origen de las mercaderías exportadas para lograr un menor ingreso de divisas en un contexto de control de cambios y tuvo por afectado, en lo que nos ocupa, el principio de veracidad y exactitud de la declaración. Consideró configurada la inexactitud de las declaraciones aduaneras en virtud de la premisa de la existencia de una operación triangulada con un cliente respecto del cual la firma exportadora tenía lazos estrechos. Aparece, entonces, una presunta re facturación de la mercadería que, de origen, llega a destino sin pasar por el país intermediario.
Es necesario destacar que el servicio aduanero no aportó elemento alguno que permitiera inferir una vinculación entre las firmas que asegurase que las mismas no han podido establecer, en forma independiente, los precios de las operaciones en cuestión. Por su parte la actora acompañó informes en los cuales surge su vinculación, pero sin que de ello pudiera inferirse que se trataba de empresas dependientes unas de otras.
Por último resulta imperioso mencionar que en el caso de autos y de las constancias de la documentación analizada, no se advierte diferencia entre la declaración comprometida y el resultado de la comprobación, por cuanto no se encuentra cuestionado el valor de la mercadería exportada declarado por la actora, el cual como ya se expresó, resulta coincidente con el monto expresado en la factura de exportación emitida por la actora a la firma compradora en Alemania. Inexorablemente debe concluirse que no se haya configurada la inexactitud alegada por la demandada dado que sobre circunstancias no comprobadas, sino inciertas, con la finalidad de que la recurrente demuestre la genuinidad de la operación que justifique la diferencia entre los precios documentados en las aduanas intervinientes, no comprueba ni aporta elementos de convicción suficientes que permitan demostrar que el valor de transacción declarado por la exportadora en Argentina y el pago efectuado desde el exterior, conforme la factura emitida, no eran coincidentes con lo comprobado. En relación a la genuinidad de la operación de reventa realizada por la intermediaria entre la firma uruguaya y las destinatarias finales de la mercadería en Brasil, en todo caso, la investigación del servicio aduanero debió orientarse de otra manera.
En el caso de autos, la Aduana se limita a determinar la configuración de la infracción de marras sobre la base de la modalidad del tipo de operación de venta de la mercadería al exterior (triangulación), centrando el análisis sobre la firma revendedora, sin comprobar de manera cierta que la documentación aportada por la recurrente en las actuaciones administrativas difiera entre lo declarado y constatado, para que dicha circunstancia sea pasible de ocasionar un ingreso o egreso de divisas distinto —en menos— del que correspondía.
En este sentido, la CSJN se ha expedido recientemente en autos: “Pioneer Argentina SRL (TF 38718-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 29/02/2024 en la cual afirmó: “…en el tipo infraccional del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, el hecho de que la última de las ventas sucesivas entre las partes vinculadas hubiese venido precedida por una venta a un precio menor, o incluso sustancialmente menor, no alcanza para desplazar la carga de la prueba hacia el importador a fin de que éste demuestre que se trató del precio que efectivamente corresponde a las mercadería importadas.” Si bien el fallo citado trató de un caso de ventas sucesivas en importación, los criterios allí establecidos en cuanto a los aspectos del tipo infraccional en análisis resultan aplicables al caso de marras. Asimismo, de la Exposición de Motivos del CA como así también de lo expresado por la CSJN en reiterados casos, el bien jurídico tutelado mediante el art. 954 del CA es el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, declaración que en autos, no se comprobó que resultara ni falsa ni inexacta.
El art. 954, inc. c), del CA tiene en miras al control de cambios y opera, fundamentalmente, como herramienta para combatir el flagelo de la sub y sobrefacturación al que se enfrenta el servicio aduanero. Sin embargo cabe advertir que la aplicación del tipo infraccional, teniendo en miras al control sobre el tráfico internacional de mercaderías en una interpretación amplia de las funciones que integran ese concepto, podría derivar en la tutela del control aduanero por el control mismo, por lo que el análisis de este tipo infraccional complejo requiere extrema prudencia.
En ese sentido, a los efectos de analizar la idoneidad de la diferencia constatada para producir o haber podido producir los efectos del inc. c) del artículo objeto de estudio, el servicio aduanero debió contar con un plexo probatorio suficiente para sustentar la imputación en los términos delineados. Debe tenerse presente que el ámbito sancionatorio requiere extremar el análisis de los recaudos propios de cada una de las faltas que se imputan a los involucrados, de conformidad con el carácter penal que subyace, con mayor o menor intensidad, detrás de las sanciones aduaneras, y particularmente de la infracción examinada (Cfr. CCAF, Sala III, caso “Pioneer Argentina”, sentencia confirmada por la CSJN, op. cit.)
Lo cierto es que el precio declarado resultó idéntico al precio efectivamente facturado y registrado, no habiéndose coligado elementos que permitan sostener la imputación efectuada en los términos del art. 954, ap. 1, inc c) del C.A.
En definitiva, de la compulsa de las actuaciones administrativas se advierte no sólo una orfandad argumentativa sin asidero probatorio, sino que, además, se observa un procedimiento investigativo mal construido, en el que la administración parte de la sospecha de una relación jurídica simulada entre firmas vinculadas.
Resulta, por lo tanto, un desvío en la calificación jurídica imputada, atento a que mediante una calificación jurídica infraccional el servicio aduanero corrige hechos de calificación jurídica delictual. En este sentido, el principio de congruencia exige que medie identidad entre la calificación jurídica del hecho y el sustrato fáctico sobre el cual se sustenta la imputación. Las calificaciones jurídicas infraccionales representan situaciones fácticas reales, donde el juicio de reproche y la posterior condena permiten colegir la atribución jurídica del tipo infraccional correspondiente, a los fines de resguardar el derecho de defensa en juicio, que deriva como pauta lógica del referido principio.
El art. 954, ap. 1, inc c) del CA encuentra su límite en los hechos juzgados, pues el servicio aduanero construye una imputación infraccional sobre la premisa de una venta triangulada nociva que, como conducta delictual, evita indagar.
Por lo expuesto, considero que los hechos por los que se atribuye la calificación jurídica del art. 954, ap. 1, inc c) del C.A. en el presente caso no puede estimarse constituyente del tipo infraccional atribuido, dado que los fundamentos de la condena se construyen sobre la base de la existencia de una triangulación simulada o fraudulenta.
Corresponde entonces, revocar la resolución apelada.
VIII. No obstante lo expresado en el considerando anterior, es necesario señalar que a fs. 236 y vta. de las actuaciones obra el informe del Sr. Luis Alberto Massafra, liquidador de la firma Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. Sucursal Uruguay — firma emisora de las facturas de venta a las destinatarias finales en Brasil, conforme las constancias del sistema INDIRA obrantes a fs. 15-71 de las actuaciones—. En dicho informe el Sr. Massafra expresa: “2°) De los libros contables de ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA SRL SUCURSAL URUGUAY no surge que ésta hubiera registrado venta alguna ni actividad de exportación durante el año 2007. 3°) De los libros contables de ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA SRL SUCURSAL URUGUAY no surge que se hubieran registrado operaciones de exportación a las empresas MOINHO PAULISTA LTDA ni RICHARD SAIEGH IND. E COMERCIO S.A.”
Pareciera ser que el informe transcripto precedentemente evidenciaría que, en la triangulación detectada por el fisco y que configuró la “presunción” de una conducta posible de reproche infraccional, se habría acreditado que uno de los entes jurídicos —o partes— del negocio no tendría actividad alguna que amerite su intervención.
Por ello, lo aquí decidido habrá de transpolar sus fronteras y mediante Secretaría General de Asuntos Aduaneros, deberán remitirse testimonios de la presente causa para dar intervención a la justicia en lo Criminal y Correccional Federal de Bahía Blanca, para que desinsacule al juez federal que deberá intervenir, en atención a la probable comisión de un delito de acción pública.
IX. Respecto de las costas del proceso, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas a la demandada perdidosa (art. 1163 del C.A.).
Por todo le expuesto VOTO POR:
1. Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la parte actora, sin costas.
2. Revocar la Resolución 475/2017 de la Aduana de Bahía de Blanca dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 14517-123-2009.
3. Mediante Secretaría General de Asuntos Aduaneros, remitir testimonios de la presente causa para dar intervención a la justicia en lo Criminal y Correccional Federal d Bahía Blanca, para que desinsacule al juez federal que deberá intervenir, en atención a la probable comisión de un delito de acción pública.
4. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al Voto que antecede, en relación a lo que decide, por plena aplicación de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Pioneer Argentina S.R.L. (TF 38.718-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 29 de febrero de 2024, cuyo seguimiento deviene inexcusable.
II. Que, no obstante, corresponde efectuar algunas precisiones en relación al agravio prescriptivo, articulado en el pto. V del escrito recursivo.
En tal sentido, cabe destacar que la firma recurrente plantea la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, solicitando la aplicación de la doctrina –de raíz convencional- del “plazo razonable de duración de los procesos aduaneros”, que fuera introducida por esta Sala “F” en el ámbito nacional tributario, a partir del año 2012.
No obstante, entiendo que no resulta procedente aplicar en la especie dicha doctrina, en tanto la parte recurrente es una compañía agroexportadora y no una persona física.
III. Que, en efecto, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”
Bajo tales premisas, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
IV. Que, asimismo, y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
V. Que, por lo demás, tampoco corresponde aplicar a la litis la doctrina sustentada por esta Sala “F” in re “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” (EX 2019-112544550- APN-SGASAD- TFN), de fecha 3/2/2022, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación, toda vez que la plataforma fáctica de aquél expediente, en el cual la DGA había demorado más de 9 (nueve) años en notificar la resolución definitiva –extremo que diera lugar, por su marcada excepcionalidad, a que este Tribunal aplicara la doctrina del “margen de apreciación nacional” para sortear el límite impuesto por la OC 22/16 de la CIDH y declarar la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación objeto de dicha causa- difiere sustancialmente de la presente litis, por lo que la referida solución resulta inaplicable para resolver el supuesto bajo examen.
VI. Que, por último, resulta conveniente recordar que el artículo 937, inc. a, del CÓDIGO Aduanero, establece que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por "el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario", sin determinar que dicho acto para tener virtualidad interruptivo requiera que sea puesto en conocimiento del sumariado.
Por el contrario, surge claramente de la letra de la norma que la interrupción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo.
VII. Que, por ello, si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (art. 1101 del C.A,) así lo habría indicado en el texto legal. Una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros).
VIII. Que, en efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente ha afirmado que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal (Fallos: 312:2078); y cuando aquella emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos: 200:176; 307:928, entre otros).
Por lo tanto, cuando la norma no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 311:1042; 324:2885)
IX. Que por lo demás, es sabido que no compete al Poder Judicial —ni tampoco a este Tribunal jurisdiccional con funciones sustancialmente judiciales— el revisar el acierto o el error, la conveniencia o inconveniencia de las medidas adoptadas por el legislador (Fallos: 246:340; 249:425, entre muchos otros), sino únicamente su adecuación a los principios y garantías legales y constitucionales.
Por ende, no corresponde sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (confr. Fallos: 300:700).
X. Que, por lo tanto, cabe señalar que la eficacia del acto que dispone la apertura del sumario a los fines de interrumpir la prescripción le está dada por la directa aplicación del ya citado artículo 937 del CÓDIGO Aduanero, de manera que no corresponde acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión planteada (en el mismo sentido, CSJN in re “Wonderland S.R.L.”, del 12 de mayo de 2009). ASÍ LO VOTO.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la parte actora, sin costas.
2. Revocar la Resolución 475/2017 de la Aduana de Bahía de Blanca dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 14517-123-2009.
3. Mediante Secretaría General de Asuntos Aduaneros, deberán remitir testimonios de la presente causa para dar intervención a la justicia en lo Criminal y Correccional Federal de Bahía Blanca, para que desinsacule al juez federal que deberá intervenir, en atención a la probable comisión de un delito de acción pública.
4. Costas a la demandada vencida.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, en los términos del art. 1162 del CA.
Date: 2024.05.30 23:56:00 -03:00 Date: 2024.05.31 10:48:56 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.31 10:48:57 -03:00
Fin de la sentencia