Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $34.740.571 (pesos treinta y cuatro millones setecientos cuarenta mil quinientos setenta y uno) equivalente a 1.010,43 (un mil diez con 43/100) UMA -Unidad de Medida Arancelariay por el patrocinio letrado, la suma de $86.851.427 (pesos ochenta y seis millones ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintisiete) equivalente a 2.526,07 (dos mil quinientos veintiséis con 07/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°12/2024 (12/02/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular los honorarios del contador Gustavo Alberto Yañez por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $35.650.518 (pesos treinta y cinco millones seiscientos cincuenta mil quinientos dieciocho) equivalente a 1.036,89 (un mil treinta y seis con 89/100) UMA la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Resolución SGA N°12/2024 (12/02/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-16230936-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 15 de Febrero de 2024 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EXPTE. N°48.906-I, caratulado “ADM AGRO SRL s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 410/488 vta. ADM AGRO S.R.L. (en adelante “ADM AGRO”) interpone recurso de apelación contra la Resolución dictada el 29 de mayo de 2018 por la División Determinaciones de Oficios “B” del Departamento Técnico de Grandes Contribuyentes Nacionales de AFIP- DGI, por la que se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias períodos regular e irregular 2010, estableciendo tributo a ingresar por el período cerrado el 30/11/2010 (regular) y un quebranto para el irregular, concluido al 31/12/2010. Asimismo, se liquidan intereses resarcitorios y se difiere la aplicación de sanciones, en virtud de lo previsto por el art. 20 de la ley 24.769 (fs. 10 vta./32).
La recurrente explica que la cuestión debatida gira en torno a determinar si el precio de las operaciones de exportación de commodities llevadas a cabo durante el período 2010 y el período irregular 2010 entre ADM AGRO y su vinculada Alfred Toepfer International G.m.b.H. (en adelante “ACTI GMBH”) se ajusta al principio arm´s length, esto es si las exportaciones fueron efectuadas en condiciones de mercado, de conformidad con la normativa aplicable en materia de precios de transferencia.
En tal sentido, señala que no resulta controvertido que el Fisco dio por acreditado el cumplimiento del inc. a) del 8vo. Párrafo del artículo 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, es decir que se dio por comprobado que ACTI GMBH tiene real presencia en Alemania, contando con un establecimiento comercial donde sus negocios son administrados y cumple con los requisitos legales de constitución, inscripción y presentación de estados contables. A su vez, expresa que tampoco se discute que ACTI GMBH no tiene como actividad principal la generación de renta pasiva.
Cabe señalar que la actora introduce como agravio la nulidad del acto apelado. Ello así trae a colación que en la resolución se le enrostra no haber aportado a la inspección toda la documentación solicitada, negando tal extremo y señalando que ello afecta la causa y la motivación del acto. Asimismo, expresa que existe una desconexión entre los hechos acaecidos y la aplicación de normas que hace el organismo. Aduce que tal obrar del Fisco vulnera también los principios de legalidad y razonabilidad.
Ello así, expone los puntos que a su juicio se discuten, esto es, por un lado, el cumplimiento del extremo exigido por el inciso b.2) del 8vo párrafo del art. 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, siendo que el Fisco entendería que no se acreditó que ACTI GMBH, a los fines de ser considerado intermediario calificado, no tenga como actividad principal la intermediación en la comercialización de bienes desde o hacia Argentina. Ante ello, la recurrente pone de relieve que el requisito exigido, quedó ampliamente demostrado a través de los Estados Contables de ACTI GMBH del año 2013 con la apertura de la información período 2010 y período irregular 2010, transcribiendo sendas planillas que arrojan que para el primer período el total del compras y ventas desde y hacia Argentina representan el 3,2% del total de compras y ventas totales de ACTI GMBH, mientras que para el período irregular eran del 0,6%. A partir de estos guarismos, concluye que el intermediario internacional ACTI GMBH no tiene como actividad principal la comercialización de bienes desde o hacia Argentina, cumpliéndose con el extremo exigido por la normativa analizada.
Por otro lado, trae a colación que el Fisco considera que no se acreditó suficientemente lo ordenado por el inciso b.3) del 8vo párrafo del art. 15, esto es que ACTI GMBH para ser encuadrado como “intermediario calificado” no debía tener como actividad principal la intermediación en la comercialización de bienes con otros miembros del grupo económicamente vinculado. Así las cosas y remitiéndose a la información de los Estados Contables, expone que ello implica el 24,2% de los ingresos obtenidos durante el período 2010 y el 20,9% para el período irregular 2010. Por su parte en cuanto al supuesto incumplimiento del inciso c) del 8vo párrafo, esto es que las operaciones de comercio internacional con otros integrantes del grupo económico no superen el 30% del total de los operaciones comerciales, la recurrente remarca que para el período 2010 fue del 23,6% y para el período irregular del 19,82 %, con lo cual también se habría cumplido con lo dispuesto por la citada norma. Resalta el valor probatorio de los Estados Contables del año 2013, con la apertura de información del período 2010 y el irregular 2010, los que –en palabras de la apelante- acreditan por sí solos y de manera fehaciente el cumplimiento de los ratios establecidos por los incisos b) y c) del octavo párrafo del art. 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Por otro lado, señala que tiene justificado con el estudio de precios de transferencia presentado que todas las operaciones de exportaciones realizadas a ACTI GMBH durante el período 2010 y el período irregular 2010 fueron pactadas con el precio de mercado conforme el método de precio comparable no controlado. Asimismo, subraya que cuenta con un Informe Especial para esos períodos emitido por un tercero independiente (la empresa auditora E&Y) que cumple en demostrar de modo fehaciente que el intermediario ACTI GMBH cumple con los tres requisitos contemplados en el octavo párrafo del artículo 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En tal sentido, puntualiza que si el Fisco sostiene que ACTI GMBH no cumplió con los requisitos de sustancia debió probar que no los cumple a través del método de intercambio de información previsto en el Convenio de Doble Imposición con Alemania y no con el mero desconocimiento de los informes de E&Y.
Concluye que el Sexto Método no aplica si se acredita el cumplimiento conjunto de los requisitos previstos en el octavo párrafo del artículo 15 de la Ley del Impuesto a las Ganancias; explicando que esto es así pues a través del cumplimiento de dichos parámetros se demuestra que el intermediario internacional no destinatario de la mercadería tiene presencia comercial real y no es una sociedad conducto del exportador argentino.
Plantea subsidiariamente, en caso de que se sostenga que no se cumplió con el requisito de sustancia, que la aplicación del denominado Sexto Método tampoco podría prosperar toda vez que el Fisco no comprobó que los destinatarios finales de la mercadería sean partes vinculadas a la recurrente; a su vez, invoca la aplicación del Convenio de Doble Imposición suscripto con la República Federal de Alemania, que el mentado método colisiona con lo dispuesto por el artículo 9 de aquél.
En cuanto al primero de los agravios, la apelante señala que la resolución determinativa no estableció el tercer sujeto del supuesto subjetivamente triangular que legalmente sirve de presupuesto para aplicar el Sexto Método, esto es no verificó que el destinatario se vincule al exportador argentino. En efecto, subraya que no se encontró una sola referencia o indicación sobre el carácter de vinculados o independientes de ADM AGRO de los sujetos a los que ACTI GMBH destinó la mercadería que compró a la aquí recurrente, siendo ineludible la exigencia legal de identificar a tal destinario, a los fines de configurar el presupuesto para la aplicación del Sexto Método, conforme el art. 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias. Expone que siendo que el Fisco es el interesado en aplicar ese método, es su carga probar el hecho cierto que desencadena la aplicación de la presunción de precios, esto es siempre el mayor entre el pactado y el oficial de la fecha de embarque, descartando que sea la propia firma recurrente quien tuviera la carga de dar esa información.
Con relación a la pretendida inaplicabilidad del Sexto Método por ser contrario al Convenio de Doble Imposición con la República Federal de Alemania, la actora expone que tal tratado –de jerarquía normativa superior a la Ley del Impuesto a las Ganancias- no prevé la aplicación de métodos de precios de transferencia que prescindan de aquellos concertados en transacciones comparables entre partes independientes. En esta línea, pone de relieve que la naturaleza presuntiva del Sexto Método impide en una interpretación razonable de la norma convencional, su subsunción dentro de los términos del art. 9° del Convenio, no pudiendo ser reputado mecanismo idóneo para comparar operaciones celebradas entre vinculadas con aquellas entre partes independientes, a los efectos de la validación de los precios concertados.
Se agravia de la liquidación de intereses resarcitorios considerando que deviene improcedentes al no verificarse la existencia del elemento subjetivo. Ello así, invoca la teoría de mora inculpable y señala haber cumplido con todos los requisitos que le eran exigibles, no habiendo un obrar negligente de su parte. Acompaña prueba documental y ofrece pericial contable, hace reserva del caso federal y pide que se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 503/530 contesta traslado el Fisco Nacional. En primer lugar rechaza la nulidad planteada, ya que considera que el acto administrativo fue dictado con fundamento en circunstancias de hecho y derecho, es decir, que no sólo se han cumplido con los requisitos extrínsecos de validez sino que se ha existido una efectiva valoración de cuestiones fácticas y jurídicas, cumpliendo con los elementos causa y motivación que exige la Ley de Procedimientos Administrativos.
Plantea que existen inconsistencias entre los informes emitidos por la empresa auditora (especial y aclaratorio) y la nota aclaratoria a los Estados Contables, las que derivan en que no existe certidumbre respectos de los guarismos que la actora cita para sostener el cumplimiento de los requisitos de los incisos b) y c) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del Impuesto a las Ganancias. En tal sentido, resalta que al no haber sido exhibida la documentación que la auditora tuvo a disposición para emitir su certificación, ni tampoco los papeles de trabajo empleados, los cuales fueran requeridos durante la etapa fiscalizadora, el Juez administrativo no pudo precisar que la revisión efectuada haya contemplado íntegramente la operatoria internacional desplegada por ACTI GMBH con todos sus entes relacionados, tal como lo exigen las normas analizadas.
Por su parte, la representación fiscal expone que la solicitud de información realizada, no constituye una violación a secretos comerciales ni requiere la presentación de información confidencial, sino que se encuentra estipulada en la normativa legal como requisito para aplicar la excepción al denominado método del Sexto Párrafo. En este línea, pone de relieve que la existencia de mecanismos de cooperación instaurados por el Convenio de Doble Imposición suscripto entre nuestro país y la República Federal de Alemania, no se opone a que las autoridades fiscales de cada país exijan a los contribuyentes sujetos a su jurisdicción las pruebas que considere necesarias para evaluar un encuadramiento fiscal específico.
En cuanto a la supuesta violación al Art. 9 del citado Convenio de Doble Imposición, el Fisco expresa que la propia norma prevé que cada estado contratante podrá determinar los beneficios que la empresa radicada en él hubiera omitido considerar en virtud de haber existido vinculación económica y, por ende, someterlos a su imposición (art. 9 in fine). Asimismo, trae a colación que la recurrente no demostró el carácter ni identificó a los compradores finales, siendo la actuación del intermediario internacional cuestionada, a partir de la cual el desarrollo de la operatoria quedó opacado, no reuniendo los requisitos legales necesarios para demostrar en forma fehaciente la realización de aquella bajo los parámetros “arm´s length”, debiéndose rechazar lo expuesto en el recurso de apelación.
Concluye que la resolución apelada no hizo más que aplicar la normativa que contempla la operatoria en trato, la que es clara y precisa al establecer que si el contribuyente no acredita en forma fehaciente lo establecido en el octavo párrafo del artículo 15 de la Ley del impuesto a las ganancias, rige lo establecido en el sexto párrafo del mismo, siendo válido el método utilizado para practicar el ajuste cuestionado.
En cuanto a la liquidación de los intereses, sostiene que los accesorios resultan procedentes en virtud de que la actora no dio cumplimiento a las obligaciones fiscales a su cargo, siendo también ajustado a derecho el cálculo efectuado en los términos del art. 37 de la ley de rito fiscal.
Se opone a la producción de prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el acto apelado, con costas.
III. Que a fs. 559/vta luce el acta de audiencia preliminar en los términos del art. 173 de la ley de rito, por la que se resolvió hacer lugar parcialmente a los puntos propuestos para que se realice la pericial contable y se reconduce la informativa ofrecida disponiéndose a fs. 560 la apertura a prueba y a tenor de lo allí decidido se ordena la pericia contable y la informativa la que debía tramitarse “vía exhorto diplomático”.
A fs.721 (PV-2021-9919692-APN-VOCX#TFN) se clausura el período probatorio y se eleva la causa a conocimiento de la Sala “D” y a fs.725 se pone a alegar, haciendo uso de tal derecho ambas partes mediante presentaciones que lucen agregadas a fs.765/774 y fs. 775/789vta.
Finalmente, por IF-2024-14159031-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que por una cuestión de lógica precedencia, previo a toda otra consideración, estimo pertinente pronunciarse sobre la nulidad opuesta por la recurrente con fundamento en que el acto carece de causa y motivación.
Que los agravios de la actora sólo traducen sus discrepancias con relación a cuestiones de hecho y prueba y revelan una apreciación diferente sobre el criterio de selección y evaluación de los extremos aportados a la causa, sin demostrar apartamiento de las reglas aplicables, falta de fundamentación en los hechos conducentes del sub lite, o irrazonabilidad de las conclusiones allí arribadas (arg. Fallos: 303:509; en igual sentido, se expidió la Procuradora Fiscal en el dictamen al que se remitió la CSJN en Fallos: 330:2639)
Que la resolución apelada contiene los elementos jurídicos formales para declarar su validez, invoca la normativa legal tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, sin que ello implique prejuzgar sobre la procedencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y poder elaborar su defensa. Por ello, corresponde desestimar la nulidad impetrada haciendo notar que no procede la imposición de costas autónoma toda vez que en oportunidad de efectuar dicho planteo ni la actora ni este Tribunal le otorgaron el carácter de previo y especial pronunciamiento, por lo que no puede ser considerada como una cuestión incidental.
V. Que a partir de la verificación de operaciones de exportación de commodities agrícolas llevadas a cabo por la recurrente durante los ejercicios regular e irregular 2010 con una firma vinculada que se encuentra radicada en Alemania -Alfred C.Toepfer International (ACTI GMBH)-, el Fisco entendió que correspondía la aplicación del “sexto método” por no estar demostrado que el sujeto intermediario del exterior reúne los requisitos fijados en los incisos a), b) y c) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del impuesto a las ganancias. Por su parte, la actora asegura que la prueba acompañada en el descargo es suficiente para acreditar que ACTI GMBH tiene sustancia operativa y una organización suficiente para manejar el negocio de intermediación de compra y venta de granos y sus derivados, como así también que el negocio es administrado en Alemania y por lo tanto sostiene que cumplió con los requisitos de intermediación calificado exigido por la normativa local para que no se aplique el sexto método del art. 15 ley del impuesto a las ganancias. Destaca, que en el Estudio de Precios de transferencia emitido por el Estudio Diez SH, luego de una evaluación teórica realizada para analizar la operación de venta de productos terminados a compañias relacionadas del exterior, seleccionó el método del Precio Comparable No Controlado dado que el mismo es un precio fijado internacionalmente en dólares estadounidenses.
Sobre el citado Estudio el Fisco argumenta que no tiene basamento técnico o fáctico, precisando que no se hizo mención del informe Especial desarrollado por Ernst & Yong de fecha 14/5/14 o de sus consideraciones, poniendo de resalto que en él se expone que no puede relacionarse las compras con empresas vinculadas dentro o fuera de Alemania, haciendo mención a inconsistencias detectadas entre los valores de “actividad comercial total” apuntados en la nota aclaratoria a los Estados Contables de ACTI GMBH (en Euros), sin entender el tratamiento desigual en el rubro “Otros elementos de costos y variación en existencias”. Dice que no le fueron exhibidos al auditor externo todos los papeles de trabajo que fueran requeridos también por los fiscalizadores, por lo que no puede precisar que la revisión contemplara integramente la operatoria internacional desplegada por ACTI GMBH con todos sus entes relacionados, sin distinguir el lugar de asiento de ellos en estricta concordancia con la normativa en vigor. Así concluye que la firma recurrente no operó con su vinculada ACTI GMBH adoptando valores de cotización de los bienes en el mercado transparente de acuerdo con la ley del impuesto a las ganancias, ni respetó el principio arm's length al verificarse que los precios facturados en sus operaciones de exportación fueron inferiores a los parámetros de mercado vigentes al día de la carga de la mercadería, practicando por ende el ajuste que motivó el dictado del acto apelado.
VI – Cabe señalar, de manera preliminar, que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que las disposiciones de los precios de transferencia se basan en el principio “arm's length” o principio de plena competencia, conforme lo establecido en los arts 8, 14 y 15 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y modif).
Que el art. 15 de la ley del gravamen, según el texto vigente para los ejercicios en cuestión, establecía en su sexto párrafo que “... cuando se trate de exportaciones realizadas a sujetos vinculados, que tengan por objeto cereales, oleaginosas, demás productos de la tierra, hidrocarburos y sus derivados, y, en general bienes con cotización conocida en mercados transparentes, en las que intervenga un intermediario internacional que no sea el destinatario efectivo de la mercadería, se considerará como mejor método a fin de determinar la renta de fuente argentina de la exportación, el valor de la cotización del bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería -cualquiera sea el medio de transporte- sin considerar el precio al que hubiera sido pactado con el intermediario internacional” , mientras que en su octavo párrafo precisaba que “El método dispuesto en el sexto párrafo del presente artículo no será de aplicación cuando el contribuyente demuestre fehacientemente que el sujeto intermediario del exterior reúne, conjuntamente, los siguientes requisitos: a) Tener real presencia en el territorio de residencia, contar allí con un establecimiento comercial donde sus negocios sean administrados y cumplir con los requisitos legales de constitución e inscripción y de presentación de estados contables. Los activos, riesgos y funciones asumidos por el intermediario internacional deben resultar acordes a los volúmenes de operaciones negociados; b) Su actividad principal no debe consistir en la obtención de rentas pasivas, ni la intermediación en la comercialización de bienes desde o hacia la República Argentina o con otros miembros del grupo económicamente vinculado, y c) Sus operaciones de comercio internacional con otros integrantes del mismo grupo económico no podrán superar el treinta por ciento (30%) del total anual de las operaciones concertadas por la intermediaria extranjera”.
Así los artículos sin número agregados a continuación del 21 del decreto reglamentario, incorporados como 21.8 a 21.11 establecen que, a los fines de la aplicación del método previsto en el sexto párrafo del art. 15 de la ley, todas las operaciones de exportación en las que intervenga un intermediario internacional que no cumpla con los requisitos previstos en el octavo párrafo de dicha norma, se considerarán que no se encuentran celebradas como entre partes independientes en condiciones normales de mercado al que alude el tercer párrafo del art. 14 de la ley, y que la información a considerar en lo que hace a los incisos a), b), c) del art. 15 de la ley es la del año fiscal que se liquida correspondiente al exportador. Además, se entenderá por valor de cotización del bien en el mercado transparente correspondiente al día de la carga de la mercadería, el vigente al día en que finaliza dicha carga. Por otro lado, dispone que la probanza de la acreditación de los requisitos previstos en los incisos antes referidos deberá fundarse en comprobantes fehacientes y concretos, careciendo de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter general o basadas en hechos generales, precisando que para establecer si la actividad principal del intermediario consiste en la comercialización de bienes desde y hacia la República Argentina, deberán relacionarse las compras y ventas realizadas con la misma con la totalidad de las realizadas por dicho intermediario. Así también, prevé que para el cálculo porcentual que se indica en el inciso c) tendrán que asociarse los ingresos y egresos totales por operaciones con los restantes integrantes del mismo grupo económico, con los ingresos y egresos totales del intermediario deducidos los ingresos y egresos por operaciones con el operador local integrante del grupo económico que se trate.
Según expone la firma apelante en su escrito de inicio, al momento de concertar la venta verificó que el precio pactado con ACTI GMBH sea de mercado y tenga como referencia el precio de venta FOB oficial publicado por la ex Secretaría de Agricultura y Ganadería, Pesca y Alimento, esto es el método de precio comparable entre partes independientes.
Que esta regla admite la excepción contemplada en el sexto párrafo del art. 15 de la ley del impuesto a las ganancias -conocido como “sexto método”- cuando la exportación de comodities cuyo destinatario final sea un sujeto vinculado, interviene un intermediario internacional que no cumple con los requisitos de los incisos a) b) y c) del art. 15 octavo párrafo, encontrándose así el Fisco habilitado para determinar la renta de fuente argentina derivada de dicha exportación en base al valor de cotización del bien en el mercado transparente del día de la concertación de la operación o carga de la mercadería -el que fuera mayor-, sin considerar el precio al que se hubiera pactado con el intermediario internacional. Para ADM AGRO, ACTI GMBH cumplía con los parámetros del octavo párrafo del art. 15 y lo consideró como intermediario calificado y a fin de sustentar tal afirmación es que ofrece prueba tanto en sede administrativa como ante esta instancia jurisdiccional.
Según surge de las constancias de autos la firma depende principalmente de Alfred C. Toepfeer International Netherlands B.V. (Holanda) cuyo porcentaje sobre el capital es mayor al 95%, siendo la recurrente una filial de Archer Daniels Midland (ADM) -socio de la sociedad antes citada- con sede en EEUU y tiene como actividad la comercialización local e internacional de productos agrarios, de la agroindustria y actividades conexas, sin desarrollar actividades de industrialización y su principal cliente en los períodos analizados es ACTI GMBH, sociedad vinculada en el exterior (vide Estudio de Precios de Transferencia, legajo act. Adm.) El Fisco considera que ACTI GMBH no resultó ser la destinataria efectiva de los commodities (cereales y oleaginosas) exportados, y por lo tanto, reviste el carácter de intermediaria internacional vinculada.
Que a fin de que demostrar el cumplimiento conjunto de los requisitos indicados en los incisos a), b) y c) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del tributo, la actora manifestó que ni el inciso c) referido ni el art. 21.11 del decreto reglamentario requiere esa documentación, indicando que por tal motivo no fue adjuntada al informe Especial emitido por Ernst & Young Hamburgo, el que constituye -según expone- en sí mismo prueba suficiente de los datos que se le exigen. Asimismo, señala que tampoco las normas antes mencionadas estatuyen que deba acompañarse un detalle individualizando a las operaciones del intermediario, indicando que a los efectos de determinar el porcentual que establece el inciso c) se debe considerar el volumen consolidado de operaciones realizadas por el intermediario con otros sujetos del grupo económico, excluidas las concertadas con el exportador argentino, poniendo de resalto que la empresa se encuentra impedida de brindar tal información en función del derecho aplicable a la jurisdicción donde se encuentra radicada, siendo esta también la razón por la cual dice que no puede acompañar los elementos documentales que fueran valorados por la consultora Ernst & Young AG para confeccionar el informe aludido.
Precisa también que, conforme la copia de los Estatutos sociales y certificado de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la República Federal de Alemania, no tiene como actividad principal la obtención de rentas pasivas y que en el ejercicio económico comprendido entre el 1/12/2009 al 30/11/2010 las operaciones de comercio internacional de ACTI GMBH con otros miembros del grupo Topfer o del grupo ADM, excluidas aquellas actividades con la aquí recurrente no superan el 30% de sus actividades comerciales totales, que (vide fs. 24/31 y anexos; fs . 95/99 y anexos ; fs. 268279 y anexosy 542/549 y anexos cpo ppal 1, 2 y 3 ant.).
Al respecto, el Fisco sostiene que no fue debidamente indicado cómo se conforma el grupo ADM a fin de encuadrar el carácter de vinculado o no y así desagregar sus transacciones bajo tal denominación, ni los entes que conforman solo el subgrupo Toepfer, en tanto no hay un informe pormenorizado sino que acompañó un esquema simplificado e ilustrativo (ant. fs.253 cpo ppal 2), además de señalar que existe una discordancia entre los montos de ventas y compras emergentes de los Estados Contables de la firma ACTI GMBH según se evidencia en el informe final emitido por Ernst & Young, punto este sobre el que la actora señala que las operaciones concertadas entre ACTI GMBH y la firma argentina fueron excluidas del citado informe por así exigirlo el art. 21.11 del Decreto Reglamentario de la ley del tributo.
Que al presentar el descargo la recurrente aportó ante el ente recaudador copia del informe emitido por KPMG a fin de brindar información sobre los Estados Contables de ACTI GMBH para cumplir con lo requerido por los incisos a), b) y c) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del impuesto, respecto de los períodos en examen, surgiendo de él que todas las respuestas son brindadas “según los Estados Contables y el Informe Combinado de Gerencia correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013” (sic, vide traducciones de fs. 1163/1208 y 1365/1398 cpo ppal 6 y 7 ant.)
Con relación al requisito dispuesto en el inciso a) del octavo párrafo del art. 15 ya referido, conforme surge de la resolución apelada (fs. 17 de autos), el juez administrativo expresó que del juego armónico de la documental allí referenciada “no habría elementos para afirmar que la sociedad alemana ACTI GmbH no hubiese cumplido las exigencias contempladas” en la norma antes aludida, no obstante señalar que sobre los otros dos incisos, que no obstante que la documental aportada cumple con las formalidades propias por haberse emitido en el extranjero, considera que no constituye una probanza irrefutable, fehaciente y concreta del acatamiento conjunto de lo establecido por el legislador en la normativa aludida.
Que en dicho acto se hace hincapié que la información pedida por el Organismo fiscal no constituye una violación a secretos comerciales, ni datos confidenciales, sino lo requerido por la normativa legal analizada, motivo por el cual considera que la manifestación que hace la actora de que no puede proveer la totalidad de los datos solicitados carece de fundamentación (vide ant., fs. 413/414 y 1044/1044vta cpo ppal 6 y fs. 22/23 de autos) y por tal motivo es que se destaca que no fue aportada por la apelante la documentación que avale los informes presentados.
Además, el firmante de la resolución pone de relevancia que no hay elementos que permitieran identificar a los sujetos -independientes o vinculados- con los que ACTI GMBH habría operado durante los períodos bajo análisis, montos y tipo de transacciones, ni los documentos que tuvo en cuenta la consultora para su informe. Al respecto destaca que en los informes de Ernst & Young al referirse al requisito fijado en el inciso b) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del gravamen se dijo que la ganancia pasiva, ventas y compras de mercaderías desde Argentina y con otros miembros del grupo Toepfer o ADM “no constituyen la principal actividad comercial de ACTI GmbH” (fs. 73 y 629vta cpo ppal 1y 4 ant.).
En tal sentido, dice que teniendo en cuenta lo previsto en el art 21.11 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias, no obra en las actuaciones detalle de la participación o importancia relativa que, respecto de la operatoria total, cada particular actividad económica llevada a cabo por la firma alemana, esto es comercialización de granos, alimentos y oleaginosas, comercialización de aceite comestible y fertilizantes, en su modalidad “por cuenta propia o a comisión”, prestación de servicios de transporte, de depósito de productos primarios agrícolas y generación de rentas pasivas, con sujetos independientes o con entes económicamente vinculados pertenecientes al Grupo Toepfer o ADM e Intade.
Pone de relevancia que la actividad principal desarrollada por ACTI GMBH durante los períodos regular e irregular 2010 en la comercialización de bienes desde y hacia la República Argentina, según se expone en el informe mencionado representa sólo el 3,2% para el período regular 2010 y del 0,6% para el período 2010 irregular (vide fs. 1025 vta cpo ppal 6 ant.y fs. 23/23vta de autos). Dice que tampoco discriminó las ventas y compras alegando las normas que rigen en Alemania no requieren la apertura de los rubros del Estado de Resultados de los Estados Contables como lo exige la normativa argentina, sin aportar la información solicitada, en reemplazo de ello en los informes especiales se hizo una exposición de operaciones de “cobertura de protección” pero no da precisiones sobre los registros correspondientes a los períodos en examen, haciendo hincapié en que con ello no se cumple con los requisitos requeridos por el art. 21.11 del decreto aludido, en tanto debe fundarse en comprobantes fehacientes y concretos careciendo de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter general o basadas en hechos generales.
Sobre el inciso c) del octavo párrafo del art. 15 de la ley del tributo, objeta lo expresado por la recurrente respecto de la evaluación volcada en los informes y notas a los Estados Contables de ACTI GMBH, en tanto el volumen comercializado con otros miembros del grupo Toepfer o ADM, excepto aquellas actividades comerciales con ACTIAR SRL no supera el 30%, en tanto los porcentuales indicados no se calcularon en base a la utilización uniforme de los datos, en lo que a transacciones con vinculadas e independientes se refiere, por lo que el ente fiscal considera que ello carece de valor probatorio y sustento fáctico a los fines del análisis del cumplimiento de los parámetros previstos en los incisos b) y c) del artículo antes citado. Concluye así que en cuanto al origen, determinación y composición de los importes de los ingresos y egresos totales por operaciones comerciales celebradas entre los integrantes del mismo grupo económico y con sujetos independientes no ha sido debidamente demostrada, limitándose a una mera exposición de conceptos y valores genéricos que no pudieron ser comparados con la información provista en los Estados Contables de ACTI GMBH. Al respecto y tal como se expone en el acto recurrido, en el informe de Ernst & Young se expone que los datos allí brindados pueden corresponderse con los Estados Contables de ACTI GMBH sin que muestre precisión indubitable e incontrovertible (ver fs. 392 vta y 505 ant. cpo ppal 2 y 3), a lo que agrega que el informe adicional emitido por KPMG SA -como ya se dijera- los datos analizados provienen de los Estados Contables y el Informe Combinado de Gerencia para el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013 que contiene información suplementaria para las transacciones de Comercio Internacional relacionadas con el ejercicio 2010 (fs. 1163 y sgtes. ant. cpo ppal 6).
VII -Que a partir de la prueba documental ofrecida ante esta instancia jurisdiccional, la actora reitera que la firma radicada en Alemania no puede brindar la totalidad de la información requerida por el ente recaudador, sugiriendo la consultada -ADM Germany GmbH, a través de el Gerente General del Departamento de Ejecución y el Asesor Jurídico Principal- que esos datos sean requeridos por el Fisco a las autoridades alemanas; además sobre los cuestionamiento que hace el ente fiscal sobre las cifras de futuros y de contratos despacho de fletes incluidas en ventas y compras totales, en base a la falta de un desglose de los importes correspondientes en los Estados Contables, refiere que la declaración de los informes adicionales afirmando que “no pudo ser validada por la AFIP, ya que información relevante no se incluye en los estados contables ni en sus notas” (sic), remitiéndose al derecho comercial alemán, no obstante ello a fin de calcular los ratios que establece el art. 15 octavo párrafo de la ley del gravamen, toma las ventas y compras separadas de acuerdo con lo precisado en el decreto reglamentario de dicha normativa, efectuando el detalle que estima corresponde (vide documental, fs. 152/153vta).
En otro de los informes que se acompañan -también realizado por la empresa radicada en Alemania-, además de exponer que el mismo “está dirigido exclusivamente a Ustedes para uso interno solamente” se dice que se basa en una carta de contratación de fecha 7 de junio de 2018. Debe señalarse que para efectuar el informe se detalla que ADM Germany GmbH les proporcionó, entre otros elementos, los Estados Contables del ejercicio fiscal abreviado al 31/12/2010 y el correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31/12/2013 “con modificaciones efectuadas al agregar al informe combinado de gerencia explicaciones de los riesgos con las actividades de comercio internacional e información suplementaria sobre el volumen comercializado con Alfred C. Toepfer International SRL, Buenos Aires, Argentina, entre 2004 y 2013, expresado tanto en términos absolutos como relativos en cuanto al volumen total comercializado con empresas vinculadas”, dando las cifras correspondientes sobre futuros y de contratos despacho de fletes incluidas en ventas y compras totales del período fiscal abreviado 2010 (fs. 228/234 y fs. 351/357).En tal sentido cabe tener presente que la propia normativa aclara que carece de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter general o basadas en hechos generales. De acuerdo con los puntos de pericia admitidos (fs.623/638), los peritos dicen que el precio de venta pactado por ADM AGRO en las operaciones de exportación es similar o superior al precio FOB oficial de referencia publiado por la SAGPyA al momento de concertación de cada operación en el 100% de los casos (punto iii); y en base a la prueba documental agregada, esto es informes producidos por Ernst & Young Hamburgo y por KPMG AG y cartas emitidas por ACTI GMBH y dirigidas a ADM Agro en 2018, los peritos corroboran los datos allí indicados (punto vi), pero lo cierto es que con dicha prueba no se logra desvirtuar las observaciones que formula el ente fiscal como fundamento de su determinación de oficio, en tanto no pueden corroborarse los datos consignados por los Consultores referidos con los registros de la firma radicada en Alemania, esto es si la desagregación que se realiza es la acertada en tanto -como se dijera- muchos de los rubros objetados son registrados de manera global por dicha firma en sus Estados Contables.
Que la representante fiscal impugna el punto vi) del cuestionario con fundamento en que los peritos no verificaron los libros de la empresa domiciliada en el exterior y en tal sentido las conclusiones arribadas por los expertos fueron realizadas en base a documentos que el Fisco cnsideró insuficientes para demostrar lo requerido en el octavo párrafo del art. 15 de la ley del gravamen. Además, de manera subsidiaria, señala que la respuesta dada por el perito de la actora (punto vii) por considerarla alegatoria y en tal sentido que excede lo solicitado en la pericia.
Que en virtud de lo expuesto al analizar el informe pericial, cabe concluir que le asiste razón a la apoderada fiscal y por lo tanto se admite la impugnación formulada, tanto en lo que hace al punto vi) como a las manifestaciones que hace el perito designado a propuesta de la actora en tanto excede la labor encomendada. Que con relación al exhorto librado cabe señalar que la Dirección de Justicia de Hamburgo expone que los asuntos de derecho impositivo no recaen en el ámbito de aplicación del Convenio sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o comerciales, y por lo tanto no puede tratar dicho exhorto.
Que frente a la falta de respuesta por parte de ACTI GMBH al exhorto ordenado, cabe concluir que la prueba producida en esta instancia no aporta mayores datos ni elementos adicionales que sirvan para demostrar de manera fehaciente y concreta que el intermediario internacional cumplía con los requisitos del octavo parrafo del art. 15 de la ley del impuesto a las ganancias, careciendo de virtualidad toda apreción o fundamentación de carácter general o basadas en hechos generales, como establece la reglamentación.
VIII. En subsidio, la actora plantea que no estaría acreditado que el destinatario final sea parte vinculada de ADM AGRO y por lo tanto dice que el sexto método no es aplicable (fs. 1040 vta cpo ppal), se remite a la sentencia emitida por la Sala B de este Tribunal al resolver la causa Volskwagen con fecha 11/12/2009; mientras que para el Fisco el precedente citado no es correcto por tratarse de otra cuestión a la debatida en autos y considera que es aplicable lo decidido por la Cámara en el fallo Acindar del 5/4/2018.
Al respecto y como corolario de todo lo expuesto, “no debe obviarse que son las empresas las únicas que cuentan con la mejor información para signarle a las operaciones con sus vinculadas los precios que mejor se adecuen al ´principio del operador independiente´. En efecto, no son sino ellas quienes conocen todas y cada una de las operaciones que realizan con terceros independientes, así como los pormenores del entero proceso productivo y comercial de sus actividades, con los consiguientes datos sobre la estructura de costos y utilidades en que aquéllas se asientan. El organismo fiscal, por el contrario, en el procedimiento que lleva adelante en la búsqueda de un precio que se ajuste al ´principio del operador independiente opera, obviamente, desde una posición diferente. Esto es, no conoce el efectivo funcionamiento de las empresas y la totalidad de las operaciones que éstas realizan; cuestión que, por tratarse en este tema de empresas multinacionales, mayor complejidad añade a la tarea de verificación por la cantidad y calidad de información a colectar y examinar” (conf. Doctrina CNACAF, Sala I, in re “Nobleza Piccardo”, SACI y F (TF 27608-I c/ DGI”, sent. del 5/08/16).
Es por ello que si el Fisco tiene indicios serios de que los precios declarados por las empresas no respetan el principio de operador independiente y procede a determinarlos en función de datos y comparables distintos a los empleados por las empresas, a ellas les corresponde dar los argumentos y ofrecer pruebas suficientes para demostrar la improcedencia del criterio fiscal, dado que son las propias empresas con que cuentan con la totalidad de la información necesaria a tales fines y porque se encuentran involucradas las mismas reglas que rigen en todo proceso determinativo que concluye con el dictado de un acto administrativo dotado de presunción de legitimidad (conf. fallo “Nobleza Piccardo SACI y F”, ya citado)
Que los datos e información arrimada por la recurrente a la causa no fue suficiente para sustentar su posición en tanto no identificó al destinatario final, ni se precisó de manera fehaciente la verdadera vinculación con la firma. De todas formas el argumento normativo central que esgrime con relación a los destinatarios finales no se encuentra dentro de los presupuestos legales que exige para su aplicación el sexto párrafo del artículo 15 de la Ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y modificaciones).
Por lo expuesto ut supra que cabe desestimar dicho planteo.
IX -Que también la actora se queja -en forma subsidiria-que el ajuste propuesto transgrede los arts. 9, 23 y concordantes del Convenio para Evitar la doble imposición celebrado con la República Federal de Alemania, argumentando que dicho tratado no prevé la aplicación de métodos de precios de transferencia que prescindan de los concertados en transacciones comparables entre partes independientes.
Que el Convenio referido, aprobado por ley 22.025, si bien fomenta intercambio de información fiscal lo cierto es que no se opone a que las autoridades fiscales de los Estados miembros exijan a los contribuyentes sujetos a su jurisdicción las pruebas que consideren necesaria para apreciar si procede o no conceder o admitir un encuadramiento fiscal específico o ventaja.
De acuerdo con el análisis realizado a lo largo del presente decisorio y que tal como lo expone la representación fiscal el artìculo 9 de tal convenio se refiere a empresas asociadas donde las autoridades fiscales de cada Estado contratante podrán calcular las bases imponibles y rectificar la contabilidad si por las relaciones especiales existentes entre las mismas sus libros no reflejaran los beneficios imponibles reales obtenidos en ese Estado. Que como se indicara, ADM AGRO no operó con su vinculada ACTI GMBH adoptando valores de cotización de los bienes en el mercado transparente de acuerdo con la ley de ganancias, ni respetó el principio “arm's length” definido en el aludido Convenio al verificarse que los precios facturados en sus operaciones de exportación fueron inferiores a los parámetros de mercado vigentes al día de la carga de la mercadería, lo que habilita al ajuste plasmado en el acto apelado.
X -Que sobre los agravios relativos a los intereses resarcitorios cabe recordar que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio". Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses . Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005)
Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
XI-Por todo lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas. La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $34.740.571 (pesos treinta y cuatro millones setecientos cuarenta mil quinientos setenta y uno) equivalente a 1.010,43 (un mil diez con 43/100) UMA -Unidad de Medida Arancelariay por el patrocinio letrado, la suma de $86.851.427 (pesos ochenta y seis millones ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintisiete) equivalente a 2.526,07 (dos mil quinientos veintiséis con 07/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°12/2024 (12/02/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular los honorarios del contador Gustavo Alberto Yañez por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $35.650.518 (pesos treinta y cinco millones seiscientos cincuenta mil quinientos dieciocho) equivalente a 1.036,89 (un mil treinta y seis con 89/100) UMA la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Resolución SGA N°12/2024 (12/02/2024) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse al Fisco Nacional los antecedentes administrativos que fueran acompañados en formato papel y archívese.
Date: 2024.02.14 09:53:41 -03:00 Date: 2024.02.15 15:27:13 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.15 15:27:36 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.15 15:27:37 -03:00
Fin de la sentencia