Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0700 78861 15
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts. 421, 439 y 442, CPP);
II. Revocar la decisión de fs. 1280/1282 y vta. por los argumentos vertidos, debiendo el a quo dictar un fallo nuevo conforme los lineamientos expresados (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 y 173 inc. 7, Cód. Penal; 323 a contrario sensu y 447, CPP).
REGISTRADO BAJO N °696/18
CN °: 0700-78861-15. -
///mas de Zamora, 8 de junio de 2018.-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el particular damnificado a fs. 1290/1301 y vta., contra la decisión de fs. 1280/1282 y vta. dictada por el Juzgado de Garantías N° 4 deptal., y;
El señor Juez doctor Rojas dijo:
La parte recurrió el sobreseimiento decretado en favor de Enrique Francisco Cattorini por el delito de administración fraudulenta por el que venía siendo requerido.
En lo que aquí interesa destacar, el particular damnificado se agravió acerca de la falta de rendición de cuentas del encartado, quien resultaba administrador del acervo hereditario de los bienes de quien en vida fuera su padre, lo que imposibilitaba tener por fenecida la acción penal como se la tuvo (fs. 1290/301 y vta.).
En la resolución en crisis, el magistrado de grado señaló lo hasta aquí acontecido procesalmente como así también refirió los distintos elementos típicos de la figura en crisis, concluyendo que conforme al objeto procesal descripto por el señor agente fiscal (en donde se indicó que el hecho endilgado habría acontecido entre el 25 de abril de 2008 y el 18 de diciembre del mismo año), transcurrió a la fecha el monto máximo de la pena -seis años conforme el art. 173 inc. 7, Cod. Penal- sin que se advierta alguna causa de interrupción legal (art. 67, cod. cit.), razón por la cual correspondía declarar la prescripción de la acción que nacía del injusto (fs. 1280/82 y vta.).
Previo a analizar la cuestión a tratar, resulta conveniente efectuar algunas consideraciones previas. En tren de ello, la corte federal tiene dicho que:
"todo mandato supone necesariamente una rendición de cuentas a su término, sea que se cumpla en definitiva y de manera total el cometido, o sea que se interrumpa al revocárselo. El mandatario debe rendir cuentas, y esta obligación no se limita a la rendición económico-númerica sino que debe probarle al mandante haber cumplido bien el cometido, proporcionando el detalle de la actividad desarrollada...Que dicha rendición debe ser integral, es decir 'comprensiva de todo el curso de actividades cumplidas en el desempeño del mandato' (Alsina, Hugo, 'Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial', Edit. Ediar, 1965, Tomo VII, página 168); y no cabe confundirla con el deber de informar, ya que la obligación de rendirlas involucra la justificación de partidas, de la inversión de los fondos y una eventual responsabilidad residual por como ellos fueron aplicados" (Instituto Provincial de Seguros de Salta c. Provincia de Neuquén, sentencia 4-8-2009).
Repárese que sobre el tema la doctrina señaló lo siguiente:
"la rendición de cuentas es la obligación que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión por cuenta o en interés de un tercero, en cuya virtud debe a éste un detalle circunstanciado y documentado acerca de las operaciones realizadas y eventual saldo deudor o acreedor resultante" (Giavarino, Magdalena; "El cumplimiento de la obligación de rendir cuentas" ; LL2009-F, 586).
Desde ese mirador, otro autor ha señalado que:
"A los fines del delito de administración infiel lo que se evalúa es el resultado final de la administración llevada por el autor, más no el de los actos individuales que integraron ese "todo" y que constituyen el resultado final de la administración en sí. Cada uno de esos actos constituyen un hecho único de administración fraudulenta, pues la gestión es un hecho jurídico indivisible -sin perjuicio de su divisibilidad en hechos, tiempo, espacio, cantidades, sumas, etcétera- que presenta un único designio y una sola rendición de cuentas final" (Formaro, Juan; "Juicio por rendición de cuentas" , Ed. Hammurabi, 2010, pag. 259).
La casación bonaerense, por boca de su sala primera, refirió que:
"La administración fraudulenta requiere de un elemento subjetivo para la configuración del tipo, siendo el mismo el propósito de lucro o daño del sujeto activo, ya que la violación de deberes e irregulares procederes, bastan para calificar como desfavorable a la administración de la sociedad comercial" (S. I., cn° 30.681, rta: 19-8-2011).
Romero Villanueva expresó, citando la jurisprudencia de la CSJN en Fallos 322:1146 y 321:151, que:
"cuando el acto perjudicial del deber constitutivo del delito de administración fraudulenta consiste en la rendición de una cuenta falsa para provocar el error del administrado, y consumar con ello el perjuicio patrimonial, será relevante para determinar la competencia el lugar donde aquella debía rendirse" (Romero Villanueva, Horacio; "Código Penal de la Nación" , Ed. Abeledo Perrot, 2013, pág. 796), lo que abona la postura que vengo reseñando en cuanto a la importancia de la rendición de cuentas en el delito de administración fraudulenta.
Entrando ya en el temario propuesto, a los efectos de dilucidar el inicio del plazo prescriptivo nuestra casación indicó que:
"En efecto, el núcleo de la discusión pasa por examinar cuál es el punto de partida del plazo de prescripción de la acción penal, y en razón de ello resulta ineludible hacer mención a ciertas características del delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inciso 7 del CP), en el que la fiscalía encuadró los hechos infraccionarios atribuidos a los encausados. En esa dirección, cabe recordar que en el fallo 'Pompas' de la CSJN, referido al tipo penal mencionado, se sostuvo que 'las distintas acciones de infidelidad o abuso realizadas bajo un mismo mandato constituyen un hecho único y global de administración fraudulenta...pues la administración es un concepto jurídico indivisible –sin perjuicio de su divisibilidad material, espacial o temporal- que presenta un único designio y una sola rendición de cuentas final' (dictamen del procurador al que se remitió el Máximo Tribunal, rta. 3/12/2002, publicado en La Ley 2003 D, 60)" (S. I., cn° 71.545, rta: 12-4-2016).
Por su parte, la sala segunda de dicho cuerpo expresó lo siguiente:
"Que teniendo en cuenta la calificación de los hechos en la figura de defraudación por administración fraudulenta, y dada la naturaleza compleja del tipo, tratándose de un gestión única e inescindible que absorbe los distintos fraudes que pueden haberse cometido en el marco de la administración, a los efectos de comenzar a correr el plazo prescriptivo habrá de estarse al último acto que resulte apto para causar o mantener el perjuicio patrimonial del damnificado. Por ello, fehacientemente intimado el acusado a rendir cuentas con fecha 12/03/03 éste resulta el hito a partir del cual deberá contarse al plazo prescriptivo" (cn° 38.759, rta: 15-12-2011).
De este modo, conjugadas las opiniones antes vertidas, entiendo que la decisión del magistrado de grado se advierte apresurada por cuanto no se ha constatado, en forma previa, si se ha efectuado la rendición de cuentas final en el expediente que tramita ante el juzgado civil n° 13 de este departamento judicial respecto a la sucesión de quien en vida fuera Enrique Pedro Cattorini (fs. 471/5), lo que resulta un valladar insoslayable para emitir un juicio al respecto en la oportunidad, sin perjuicio de que "Las cuentas pueden rendirse extrajudicialmente, o en juicio civil de cuentas, especial o no. Sólo si la imputación de que en su rendición el administrador ha cometido alguno de los hechos mencionados en el art. 173 inc. 7°, autoriza el ejercicio de la acción penal por este delito" (cámara del crimen, Sala I, "Gufanti, Hugo Carlos" , rta: 24-5-2004), cuestión que habilita adentrar la investigación al respecto a los fines de su dilucidación.
Por los argumentos ventilados, propongo revocar la decisión que viene apelada, debiendo el a quo realizar un nuevo fallo con base a los lineamientos arriba esgrimidos (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 y 173 inc. 7, Cód. Penal; 323 y 447, CPP).
El señor Juez doctor Little dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, por ser ella mi razonada y sincera convicción.
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, RESUELVE:
I-HACER LUGAR al recurso de apelación en tratamiento (arts. 421, 439 y 442, CPP);
II-REVOCAR la decisión de fs. 1280/1282 y vta. por los argumentos vertidos, debiendo el a quo dictar un fallo nuevo conforme los lineamientos expresados (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 y 173 inc. 7, Cód. Penal; 323 a contrario sensu y 447, CPP).
Regístrese, notifíquese al señor Fiscal de Cámaras y devuélvase al tribunal de origen, sede donde se practicarán las comunicaciones pendientes y demás efectos. Sirva la presente de atenta nota de remisión.
Fin de la sentencia