Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata Sala II
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso interpuesto a fs. 260 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs.239/245; III No imponer las costas, dada la ausencia de controversia (art 68 del CPC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art 31 del dec-ley8904)
REGISTRO N° 43-S FOLIO N° 215/22
EXPEDIENTE N° 162802 JUZGADO de Familia N°4 En la ciudad de Mar del Plata, a los 7 días del mes de Marzo de 2017, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "L N A S/ADOPCION. ACCIONES VINCULADAS", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 239/245?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
I. Viene en revisión la sentencia dictada a fs. 239/245, mediante la cual el Sr. Juez de Famillia se declaró incompetente para entender en esta causa en la que se persigue el otorgamiento de la guarda con fines de adopción de una menor de edad y ordenó su remisión al Juzgado Civil, Comercial y Laboral Distrito nº13, Primera Nominación de la Ciudad de Vera, Provincia de Santa Fe.
Asimismo, ordenó al Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y al Servicio Local de la Municipalidad de Santa Clara (Partido de Mar Chiquita) que evalúen en forma inmediata la disposición de una medida especial de protección de derechos a los fines de evitar la continuidad de la vulneración de los derechos de la niña. Para así decidir consideró que de las constancias de autos surge que: i) existe una guarda de hecho de la niña; ii) no se ha declarado a su respecto la situación de adoptabilidad ni dictado ninguna medida de protección de sus derechos en sede administrativa ni judicial; iii) es necesario garantizar la tutela judicial efectiva a la progenitora de la niña que, ante la denunciada situación de carencia económica, vería dificultado el ejercicio de su derecho de defensa si el trámite continuase en esta jurisdicción; iv) se ha planteado una irregularidad de la situación de hecho lo que impide considerar que el centro de vida de la niña se encuentre consolidado, no resultando de aplicación el art 716 del CCyC.
El Sr. Juez también destacó que de las copias adjuntadas del trámite por ante el Juzgado de Vera, no surge de modo alguno la efectiva determinación de la situación de adoptabilidad ni que haya existido la debida representación de la progenitora y de la niña.
La decisión fue adoptada siguiendo lo dictaminado por la Asesora de Incapaces a fs. 227/228 y el Ministerio Público Fiscal a fs.231/232.
II. Apelaron los peticionantes de la guarda a fs. 260, presentando el memorial que quedó agregado a fs.272/283.
Piden la revocación de la sentencia admitiendo la competencia del Juzgado de Familia de este departamento judicial y que se dé inicio al proceso. Los argumentos que exponen con tal fin pueden sintetizarse del siguiente modo:
1. Es errada la interpretación que se hace de las actuaciones llevadas adelante en el Juzgado Vera, Santa Fe. Explican que esa presentación judicial fue aconsejada por profesionales del lugar con la intención de demostrar el consentimiento de la madre de la niña a su entrega, mas por estar de paso, el trámite de la adopción sería planteado en esta ciudad, que es lugar de su residencia.
Sostienen que trataron de inscribirse en el registro de Adoptantes para luego iniciar la demanda, pero no les fue permitido por no cumplir el Sr. H D con el requisito de tener 5 años al menos de residencia en el país, dada su condición de extranjero. Reconocen que pudo haber una irregularidad pero que hubo de su parte buena fe.
Afirman que el juez ha resuelto la cuestión con rigorismo formal y que, sin desconocer el sistema protectorio del Estado, no puede negarse el derecho del progenitor a determinar con quien crecerá y se desarrollará su hijo. A su entender, el mecanismo legal establecido en el nuevo Código Civil y Comercial no deja lado totalmente la autonomía personal de la progenitora que, en el ámbito del procedimiento de adoptabilidad, tendrá ocasión de constituirse en parte y de entrevistarse con el juez, exponiendo los motivos de su decisión. Asimilan esta situación a la facultad que tienen los padres de elegir al guardador de sus hijos. Señalan que no admitir la existencia de las guardas de hecho es negarse a la realidad, y que hay múltiples y variados motivos para que una madre no quiera dar intervención a un Juzgado de Menores para efectuar la entrega de su hijo.
Concluyen este primer agravio, destacando que la niña no podía ser oída al presentarse la demanda en la ciudad de Vera toda vez que a ese momento contaba con 8 meses de edad.
2. Se quejan en segundo lugar de que el Juez haya omitido el contenido de la escritura pública acompañada en la cual consta la manifestación inequívoca de la voluntad de la progenitora y que allí expresamente los autorizó incluso a salir del país junto a la niña.
3. Cuestionan también que en aras al principio de inmediación con la progenitora y para poder escucharla, se haya considerado su dificultad para trasladarse a esta ciudad.
Recuerdan que han ofrecido pagar el viaje (fs.100)
4. Se quejan en cuarto lugar de que el juez les haya rechazado el pedido de autorización especial para llevar a la niña a ver a su madre biológica y haya mantenido la interdicción de salida de la ciudad, difiriéndola para el momento procesal oportuno (fs.114 y 148)
5. Por su parte, les causa agravio que en los fundamentos de la sentencia, el juez no haya merituado los informes obrantes en el expediente, en su totalidad favorables a la situación en la que se encuentra en la actualidad la niña (fs.218 y 229)
Como contracara, señalan el informe social del grupo biológico expedido por la Asistente Social (fs 21) y que, en comparación con aquellos, el "interés superior" de la niña debe analizarse a la luz de cómo se encontraba antes y cómo está ahora.
En este punto, critican que se haya ordenado a los servicios de protección de los Derechos del Niño a que evalúen en forma inmediata la disposición de una medida especial de protección de derechos a los fines de evitar la continuidad de la vulneración de los derechos, pues a su entender, es evidente que la niña está recibiendo educación, se encuentra en un mejor círculo social, recibe la atención de una familia de buen nivel económico que la trata e integra como una hija.
Cuestionan que el juez haya asumido la existencia de una actividad ilícita que no es tal.
Afirman que la cuestión debe ser analizada conforme a los principios de "interés superior del niño", de "autonomía progresiva" y de "progresividad y no retrogradación de los derechos" contenidos en los instrumentos internacionales contenidos en el art 75 inc 22 de la CN, para evitar que la niña termine en un internado, viviendo una experiencia traumática y disvaliosa, ya que ahora es feliz, como también lo son la progenitora y ellos, en su calidad de pretensos adoptantes.
6. Se agravian de lo sucedido en lo que califican como "atípica audiencia" del día 26 de agosto de 2016. Afirman que les explicaron que se observaban irregularidades en cuanto al trámite y que podían estar incursos en un delito penal, aunque estaban ideológicamente de acuerdo con su postura. Sostienen que tal proceder importa prejuzgamiento.
7. Cuestionan el punto II de la sentencia en la que ordenan distintas medidas de salvaguarda de los derechos de la niña. Manifiestan que el único perjuicio real que sufriría N sería la separación de su actual familia, pues convive con ellos desde que tenía 8 meses de edad. El tiempo ha sido gravitante y sostienen que no puede atribuirse a ellos la demora en iniciar el proceso, pues no podían inscribirse en el Registro de Aspirantes, dado que el Sr. D no contaba con el plazo legalmente exigido de residencia mínima en el país, dada su condición de extranjero.
Afirman que solo puede imputárseles el desconocimiento de la complejidad de un procedimiento.
8.Finalmente, plantean agravio sobre los fundamentos dados por el a quo para apoyar la declaración de incompetencia y sostienen que en esta ciudad se encuentra el "centro de vida " de la niña. Explican que el art 3 inc f de la ley 26.061 no menciona dentro del concepto de "centro de vida" a la "residencia habitual" que menciona el juez, por como debe considerarse el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.
Entienden que el juez en este punto omitió aplicar el Interés Superior del niño que se encuentra en el encabezado de esa norma, que debió haber prevalecido en su decisión.
Afirman que la interpretación armónica del concepto de "residencia habitual" nada agrega pues los Tratados Internacionales de rango Constitucional que se refieren a ella, lo hacen en el marco de traslados o retenciones ilegales de menores inter países.
A su vez, consideran que en los términos del art 612 del CCyC que es el juez local el competente, pues incluso fue lo que le permitió disponer medidas de protección de la niña (tal como la interdicción de salida de la ciudad). El juzgado de Vera, Santa Fe, no ha dictado medida alguna, no tuvo contacto con ellos ni con Natasha, por lo que es incompetente. Por lo demás, sostienen que el juez no debió permitir que la causa avanzara, declarando su incompetencia en la oportunidad del art 4 del CPC al recibir la demanda, pidiendo explicaciones al actor o rechazándola in límine.
III. A mi entender, la resolución se encuentra ajustada a Derecho y debe rechazarse, por ende, el recurso interpuesto.
Antes de explicar los motivos de mi decisión, debo aclarar que no serán atendidos la totalidad de los agravios planteados, sino sólo aquellos que resulten esenciales y decisivos para dictar el veredicto (CSJN Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250;243:563 entre otros), por cuanto los jueces deben resolver las cuestiones traídas a su conocimiento bajo el prisma del principio “iura curia novit”, esto es, encuadrando de un modo autónomo la realidad que se evidencia en el proceso subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos enunciados por las partes (CSJN “Hernández, Elba del Carmen c/Empresa El Rápido”, 8/3/1994; “Medilewski, Jacobo Rubén c/ Szarfman, Isaac” del 4/8/1987; Fallos 310:1535 entre otros)
1. La regla general de competencia la establece el art 716 del Código Civil y Comercial (ley 26.994) que la fija ante el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. Se trata de una norma procesal, de aplicación inmediata con su entrada en vigencia del referido código (art 7 del mismo cuerpo, ley 27.077)
En el marco del concepto del superior interés del menor se debe respetar su centro de vida, esto es, “el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia”, directiva ésta que, a criterio de nuestro Máximo Tribunal Provincial, prevalece no solamente en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia: es la residencia del niño el eje a tener en cuenta para determinar el juez competente (art. 3 inc f de la ley 26.061; conf. SCBA, C. 117.874 del 11/6/2014; en igual sentido, esta Cám. y Sala en causa N° 155.750 RSI-4-14 del 6/2/2014 entre otros).
Las normas sobre competencia requieren ser interpretadas actualmente con una perspectiva diferente al régimen anterior a la reforma constitucional de 1994. La Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto destaca la idea de sujeto de derechos y en su condición de persona, requiere una individualización autónoma e independiente de sus representantes legales, sin perjuicio de su condición de incapaz y, como tal, sujeto a la representación legal. Se desplaza el centro de imputación: es el niño quien debe indicar el eje a tener en cuenta para determinar su domicilio legal, sin perjuicio del que tienen sus representantes legales. El punto de conexión debe ser su “centro de vida”, el lugar de su residencia habitual (conf. Solari Néstor E., comentario a fallo en LL-2007-B, 623; SCBA C. 117.874 del 11/6/2014).
A su vez, como bien explica el a quo, el concepto de "centro de vida" debe armonizarse con el de "residencia habitual" previsto en los tratados internacionales cuyo ámbito de aplicación no se limita a los supuestos de traslados o retenciones ilegales de menores inter países como afirman los recurrentes.
Tal interpretación no es antojadiza, sino que está impuesta legalmente por el art 3 del Anexo I del decreto 415/06 que reglamenta la ley 26.061, cuya eficacia constitucional no ha sido cuestionada.
La norma claramente dispone que: "El concepto de “centro de vida” a que refiere el inciso f) del artículo 3º se interpretará de manera armónica con la definición de “residencia habitual” de la niña, niño o adolescente contenida en los tratados internacionales ratificados por la REPUBLICA ARGENTINA en materia de sustracción y restitución internacional de personas menores de edad".
El texto no deja margen de duda alguna sobre cómo de interpretarse el concepto de "centro de vida", por lo que no asiste razón a los recurrentes cuando se agravian sobre este punto y pretenden acotar su alcance.
Es regla de interpretación de las leyes aquella que dispone que los jueces deben atenerse al texto de las mismas cuando es claro y no da lugar a dudas (C.S.J.N., Fallos 326:1778; 328:1652, voto del doctor Maqueda). Ello es así por cuanto la primera fuente de interpretación es su letra, de la que no cabe apartarse cuando ella es clara, pues de otro modo se podría llegar a una inteligencia que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto (C.S.J.N., Fallos 328:1774, del dictamen de la Procuración General al que se remitió la Corte Suprema; véase también doct. Fallos 327:5614 y 258:75), tal como reiteradamente lo recuerda la SCBA en sus sentencias (70.023; 73939, 71395, 116.714 entre muchos otros)
2. Es en ese marco normativo y el modo con que cabe interpretarlo, concuerdo con la sentencia apelada. No se presenta un "centro de vida" que permita desplazar la competencia desde la localidad de Tartagal, Santa Fe.
Aunque es cierto que la mayor parte de la vida de la niña ha transcurrido en esta ciudad, no lo es menos que ello tuvo en génesis en procederes que se presentan, al menos en esta instancia, como irregulares. Así, no parece prudente por ahora calificar de "legítimas"
las condiciones de la residencia actual de la niña, en atención a las circunstancias atípicas que rodean la guarda de hecho que fueron denunciadas por los propios peticionantes (fs.54/55) y que surgen de las copias certificadas anexadas a fs.197/204.
A ello se suma la formación de la causa caratulada "Cuello, Concepción s. pta. inf. arts. 139, 146, 282 y 293 del CP-Denunciante: L, A", nº037/16 , de trámite por ante la Fiscalía Federal de Reconquista, Provincia de Santa Fe, cuya copia certificada tengo a la vista, en la que la madre ha presentado una versión completamente diferente a la aquí expuesta, lo cual es objeto de investigación por ante las autoridades correspondientes.
3. Tanto el a quo (fs. 242 vta) como la Sra. Asesora (fs.227 vta) han seguido el criterio fijado por la Corte de la Nación en un caso similar al de estos autos, receptando la totalidad de los argumentos expuestos por el Sr. Procurador Fiscal Dr. Víctor Abramovich en la causa "RML y otro s. guarda preadoptiva" (CSJ 4088/2015/CSI, sentencia del 2/03/2016). En esa oportunidad, el Sr. Procurador destacó que en aras de dar una solución acorde con el interés superior del Niño y los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, debe favorecerse la estricta supervisión judicial de la separación de los niños y niñas de sus familias biológicas, teniendo una particular relevancia la inmediación del juez y la familia de origen, a fin de favorecer su intervención y determinar la situación del niño.
Tal es la situación que observa en estos actuados.
Los propios recurrentes han señalado la carencia de recursos de la madre la N, la Sra. A L (fs.55), que reside en la localidad de Tartagal, Provincia de Santa Fe, lo cual limita fuertemente su acceso a la justicia si tuviera que intervenir en un proceso que se encuentra a mucha distancia de su domicilio real, cuando su calidad de parte en el proceso de declaración de adoptabilidad está dada por el art .609 inc b del CCyC. Este aspecto no queda debidamente asegurado con el compromiso de los recurrentes de costear los traslados de la madre a esta ciudad, que ha sido efectuado en un marco de un aparente trato cordial que mantendrían con ella (fs.55, 197 vta). Se trata de una afirmación que hoy está fuertemente controvertida por lo manifestado por la Sra. L en oportunidad de presentar la denuncia que motivó la formación de la causa penal ya mencionada (fs.5/6; 36/39 de la copia certificada)
Más allá de cual sea la decisión final de las distintas actuaciones que se encuentran pendientes, no cabe inferir que hoy la situación de la niña se encuentra exenta de controversia entre los recurrentes y su madre biológica, lo cual confirma la necesidad de asegurar a ésta el acceso a la justicia.
Los recurrentes han afirmado en distintas oportunidades encontrarse en buenas condiciones económicas, de modo que la decisión que remite la causa a tramitar ante el Juzgado en la ciudad de Vera no va afectar su derecho de defensa en juicio.
Nos encontramos ante una situación de vulnerabilidad de la familia biológica que podría dificultar su participación en el proceso, si se desarrolla en una jurisdicción lejana a su lugar de residencia (conf. dictamen del Sr. Procurador en la causa ya mencionada) y considerando el origen irregular de la guarda, las circunstancias denunciadas en la causal penal y el principio de prevención, entiendo que la decisión del juez ha sido acertada (argto art.611, 612, 706 y 716 del CCyC)
4. La Corte Federal ha reiterado su temperamento recientemente en un caso similar que también tramitó en este departamento Judicial.
En efecto, con fecha 21 de febrero del corriente año 2017, en la causa "M.,J. C. y otro s. Guarda con fines de adopción"
(CSJ1847/2016/CSI) y tomando lo dictaminado por la Sra. Procuradora Fiscal Subrogante, entendió que resultaba competente el juzgado correspondiente de la ciudad de Tucumán, lugar de residencia de la familia biológica, lo que ratifica el criterio de la sentencia apelada.
5. A la par, no se pasa por alto que el Juzgado de Vera ha prevenido en la situación de N (fs.200) y que no hay consumo o preclusión que prohíba al juez declarar su incompetencia como se sostiene en el recurso. Las medidas adoptadas desde el inicio del expediente revisten el carácter de cautelar, que como tales pueden ser dictadas aún por jueces incompetentes (arg art.196 2do párrafo del CPC) sin que ello importe la aceptación de la radicación de la causa.
La actuación llevada a cabo en el expediente fue adoptada únicamente en cumplimiento al deber de juez de asegurar los derechos de la niña, ante la irregularidad denunciada por los propios peticionantes a tenor de lo dispuesto por el art 611 del CCyC, pues debe tenerse en cuenta que el objeto primordial de este tipo de procesos es el bienestar de los niños involucrados.
Esta es la razón que justifica incluso la orden impartida a los servicios de protección de la niñez a fin de que evalúen la situación de N a la luz de la guarda de hecho existente y de la resolución de incompetencia.
6. En atención a los fundamentos expuestos, considero que no asiste razón a los recurrentes y corresponde confirmar la sentencia apelada, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Ricardo Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto Loustaunau dijo:
De acuerdo al resultado de la votación precedente, corresponde rechazar el recurso interpuesto a fs. 260 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs.239/245, sin costas, dada la ausencia de controversia (art 68 del CPC).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso interpuesto a fs. 260 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs.239/245; III No imponer las costas, dada la ausencia de controversia (art 68 del CPC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art 31 del dec-ley8904) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVUÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone Secretario
Fin de la sentencia