Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Anular la sentencia dictada con fecha 20/9/2023 en atención a las consideraciones expuestas, normas, jurisprudencia y doctrina citadas en la primera cuestión. (conf. 8, 25 CADH, 3 y cc de la C.D.N. , 18, 75 inc. 22 de la C.N. 15 de la Constitución Provincial, art. 1, 2, 3 del C.C.C., 253 del C.P.C.C. 1 II) Ordenar en la continuidad del presente proceso, que por la instancia de grado, en resguardo de los derechos de A. y a fin de evitar nulidades como las que aquí se declaran, se dispongan medidas dirigidas a: 1) Brindarle una información completa, clara, accesible y comprensible a fin de garantizar su derecho al consentimiento informado, teniendo en consideración sus temores en lo concerniente al vinculo con sus hermanas y hermano y sus deseos de mantener su apellido, lo que también deberá abordarse con su guardadora;
2Proveer todos los recursos y medios necesarios para poner a disposición de A. los apoyos, ajustes procedimentales y salvaguardias que sean necesarios para acompañarla en el proceso de toma de una decisión en la que se encuentra comprometido su derecho a la identidad y a crecer y desarrollarse en un ambiente familiar, recibiendo los cuidados y la atención que su desarrollo evolutivo y salud requiere;
3Evaluar la intervención del equipo técnico a los fines de determinarse los aspectos que deban continuar trabajándose con su guardadora en el proceso de crianza, abordándose las particulares necesidades de A. y sus temores, de conformidad con las …
En la ciudad de Necochea, a los 4 días del mes de abril de 2024 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "A. A. M. S/ Adopcion. Acciones Vinculadas" Expte. 13803, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin, Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 20/9/2023?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I. El 20/9/2023 la Jueza de Familia dictó sentencia por la que resolvió rechazar la demanda de adopción interpuesta por la Sra. M. F. V., respecto de A. M. A. y ordenó se libre oficio al Servicio Local para la reubicación de la joven en un lugar donde pueda ser contenida conforme lo requerido.
Impuso las costas a la peticionante y reguló honorarios profesionales. Para así decidir, luego de considerar reunidos los requisitos formales exigidos por la ley para iniciar el proceso de adopción y el cumplimiento del procedimiento, valora la importancia del vínculo entre adoptante y adoptado. Bajo esa premisa, con sustento en la audiencia celebrada con la adolescente y los informes acompañados argumentó que “se puede advertir que A. no se encuentra integrada satisfactoriamente al grupo familiar, ya que en reiteradas oportunidades la misma ha expresado su deseo de no permanecer con la Sra. V. y de poder vivir nuevamente en el Hogar de niños en la ciudad de Mar del Plata que residía con anterioridad a la guarda con fines de adopción otorgada por el Juzgado de Familia Nro. 4 de Mar del Plata.”
Reitera que “de las constancias de autos (informe socio ambiental e informe de la Psicóloga de A.); se desprende con claridad que la misma desea no permanecer bajo el cuidado de la Sra. V..”.
Menciona que “El juez debe oír personalmente al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión según su edad y grado de madurez” y cita un antecedente del Superior Tribunal Provincial sobre la particularidad de la determinación del superior interés del niño en procesos de adopción.
II. Contra esta resolución, el 27/9/2023 la peticionante interpuso recurso de apelación, el que fue concedido el 2/10/2023, presentándose el memorial el 11/10/2023.
La apelante construye la crítica de la sentencia en base a cuatro agravios.
En primer lugar cuestiona que el fallo se funda exclusivamente en las manifestaciones de la joven, sin contemplar su discapacidad, señalando que padece “psicosis de origen no orgánico no especificado y retraso mental leve” indicando el tratamiento farmacológico.
Previo discurrir sobre las afecciones que en la salud provoca el padecimiento referido, indica que en ningún momento de la sentencia se ha valorado la implicancia que ello tiene en las manifestaciones de la joven. Específicamente sostiene que “no surge referencia alguna al respecto, simplemente la magistrada ha sostenido para su fundamento que ha cumplido con el deber de escuchar a la niña sin que se haya contextualizado su enfermedad, la situación o las circunstancias en las que A. se desarrolla y se expresa.”
Luego de referirse al principio del superior interés y el derecho a ser oído y que su opinión sea considerada, y con cita del informe realizado por la Lic. Miró afirma que la adolescente ha idealizado su alojamiento en el Hogar junto con sus compañeros y hermanos.
En este marco reitera que la sentencia omite considerar el contexto en que se desarrolla la joven, sin considerar “la capacidad de discernimiento”, ni su grado de madurez.
Aduce que “no solo debió ponderarse las manifestaciones vertidas por ella sino también su calidad de vida, presente y futura, debiendo haber sido considerado al momento del dictado de la sentencia las necesidades médicas, educacionales, terapéuticas, de ella tales como medicación psiquiátrica, tratamientos psicológicos y psiquiátricos, acompañantes terapéuticos escolar, todo lo que es proporcionado por mí, que le otorgan a la menor un contexto de vida familiar contenido en todas sus facetas tanto afectivas, económicas y de salud.”
En su segundo agravio postula la falta de perspectiva del futuro de A. en la decisión impugnada. Así refiere que “tiene 16 años de edad, es decir que en el término de dos años operara el cese de su estado de adoptabilidad, perdiendo toda posibilidad de integración en una nueva familia y condenándola a la institucionalización hasta que alcance la mayoría de edad y con posterioridad a ello, abandonándola a su suerte, sin prever la existencia de apoyo ni contención alguna, tornándola más vulnerable aun en consideración con las enfermedades antes descriptas y su posibilidad de subsistencia y desarrollo por si misma.”
Cuestiona que no se ha cumplido con el último párrafo del artículo 25 de la ley 14528 el que transcribe. Indica que “no solo se ha oído parcialmente los deseos de la menor, sino que no se ha cumplido la manda judicial antes referida que expresamente indica que se debe procurar evitar su institucionalización.”
En su tercer agravio aduce que sólo se ha tenido en consideración el derecho a ser oído y no otros derechos destacados como relevantes por el Comité de los Derechos del Niño, refiriéndose al derecho a la no discriminación, a la vida y al desarrollo.
Indica nuevamente que no fue considerado el estado de salud de A., que realiza su actividad educativa con acompañante terapéutico y no se ha tenido en cuenta la protección especial que requiere una niña con discapacidad. Luego menciona las actividades que realiza la joven. Refiere que ha accedido recientemente a la jubilación como docente y posee disponibilidad completa para ocuparse de A. y sus necesidades, señalando luego el conjunto de derechos que deben ser tenidos en consideración según lo establece la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su cuarto agravio señala que la sentencia carece de perspectiva de género en tanto la peticionante es mujer, docente y jubilada. Este cuestionamiento no se encuentra fundado. En efecto, en el agravio se mencionan las características de la presentante, se citan normas que imponen el juzgamiento con perspectiva de género y alguna conceptualización de ese enfoque, pero no se concreta el agravio. Las afirmaciones son meramente genéricas, no se advierte algún razonamiento lógico que permita interpretar su atinencia al supuesto que se somete a valoración de este Tribunal, a la par que evidencia una incomprensión de la perspectiva de género.
De allí que, no surgiendo un solo argumento dirigido a demostrar la correspondencia de la afirmación que postula con este caso, y que tampoco surge de lo actuado, ni de las circunstancias fácticas y jurídicas del presente, el agravio no será atendido en orden a su deserción. (art. 260, 261 del C.P.C.C.)
En base a estos fundamentos solicita la revocación de la sentencia y el otorgamiento de la adopción.
III. Disponiéndose la vista del memorial, la Sra. Asesora interviniente presenta dictamen el 23/10/2023, solicitando la ejecución de lo decidido en la sentencia, lo que es proveído el 25/10/2023, librándose el oficio al Servicio Local.
Radicadas las actuaciones en esta Alzada, se celebra audiencia con la adolescente y con su guardadora con participación de la Asesora de Incapaces interviniente (v. actas del 29/11/2023 y 21/12/2023). Asimismo, la citada funcionaria el 5/12/2023 contesta la vista que se le confiriera. Adjunta, para valoración del Tribunal, informes del Servicio Local, de la terapeuta y de la denuncia sobre la investigación de un hecho delictivo del que habría resultado víctima A., por hechos cometidos contra su integridad sexual y no vinculados al ámbito familiar.
En esa presentación, luego de referirse a los principios de la adopción, realizar consideraciones sobre el afecto en las relaciones familiares, y citando extractos del informe de la perito trabajadora social y de la terapeuta de A. -que adjunta-, afirma que en la sentencia se rechaza la adopción por “carencia afectiva”.
Finalmente, con mención que en esta instancia la joven se ha referido a F. como su mamá, señala que “Los informes dan cuenta de que el afecto es un aspecto que debe "trabajarse" en esta relación adulta/adolescente, madre/hija, F./A., pues, al decir de quien suscribe, y en base a los antecedentes que invoco, el afecto es constitutivo del vínculo que no se satisface únicamente con el resto de los aspectos ya citados”.
Requeridas por este Tribunal las actuaciones que tramitaran respecto de A. y sus hermanas y hermano en el Juzgado de Familia N° 4 de Mar del Plata y remitidas por el citado organismo -en formato papel y digital- se dispuso el pase al acuerdo (v. res. del 7/12/2023 informe de fecha 21/12/2023, res. del 27/12/2023).
IV. Ingresando al tratamiento del recurso, adelanto que propiciaré la anulación del la sentencia en virtud de las consideraciones que se realizarán.
El dictado de la sentencia impugnada y el consecuente rechazo de la adopción fue prematuro y las omisiones que se advierten de lo actuado en la instancia anterior, comprometen la garantía de A. a un acceso igualitario a la justicia (conf. arts. 3 de la C.D.N., 7 inc. 3, 13 de la CDPD, “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”, ONU, 2020, -principios 3, 4 y 5-; Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad -actualización 2018- Cap.I, 3 item 8, Cap. II, Secc 1 item 26; Secc. 4, Cap. III Secc 1 item 51, Secc. 2 y 3; “Guia de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad”, res. SC 214/2024 S.C.B.A.). La conclusión que adelanto surge de varias circunstancias que serán materia de justificación y motivación desde los requerimientos que impone la interseccionalidad presente en el caso, y que determina, en tanto método de análisis, el abordaje de la cuestión desde la perspectiva de los derechos humanos y en especial, desde el enfoque de niñez y adolescencia y de discapacidad. Ello, dando cumplimiento al deber impuesto a la magistratura de resolver los asuntos que se someten a su jurisdicción mediante una resolución razonablemente fundada (arts. 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, arts. 75 inc. 22 y 23 de la C.N., Convención de los Derechos del Niño, Convención sobre el derecho de las personas con discapacidad). Las circunstancias a las que hice mención, surgen de lo actuado con anterioridad y con posterioridad al dictado de la sentencia sometida a revisión.
Por un lado, con anterioridad al dictado de la sentencia, se omitió considerar la historia vital de A. que surge de las actuaciones antecedentes al presente proceso y que fueran requeridas por este Tribunal al Juzgado de Familia N° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Si bien se dispuso por la magistrada interviniente el libramiento de oficio a los fines de su remisión (v. res. del 17/4/2023), ello no fue cumplido.
Es decir, se resolvió el presente de la vida de A. y su proyección futura en este proceso, en el que se encuentran comprometidos sus derechos personalísimos, sin tener a la vista los antecedentes del caso. La relevancia e incidencia de esta omisión será tratada a lo largo de la presente.
También se omitió considerar su discapacidad, de la que no obra más registro que la mención que surge de la pericia ambiental por haber accedido la perito al certificado único de discapacidad, sin más datos sobre ello. Ninguna atención mereció en la instancia anterior, lo dictaminado por la Lic. Gabriela Miró, perito trabajadora social, cuya intervención fue dispuesta por el órgano actuante. Esta profesional sugirió la intervención de las peritos psicólogas, indicando que la manifestación de la joven de querer regresar al Hogar y no ser adoptada debe ser evaluada de un modo más amplio; del mismo modo que lo atinente al vínculo con su guardadora (v. res. del 17/4/2023, e informe de fecha 14/7/2023).
Por el otro lado, con posterioridad al dictado de la sentencia, la intervención del Servicio Local -dependencia a la que se ordenó la reubicación de la joven-, evidencia los abordajes que se encuentran realizando, en un sentido disímil al decidido y en función de las distintas entrevistas que realizaron con la joven y su guardadora mientras tramitaba la apelación (v. informes Serv. Local del 10 y 28 de noviembre de 2023).
V. 1. Una reseña de las actuaciones e intervenciones que se consideran relevantes y su análisis a la luz de los agravios, enmarcará la propuesta al acuerdo.
1.1. Iniciado el proceso vincular entre la peticionante y A. en el mes de noviembre de 2019 con intervención del Juzgado de Familia nro. 4 del Departamento Judicial Mar del Plata, se otorga -a principios del mes de marzo de 2020- su guarda simple y se produce el cambio de residencia a esta ciudad (v. res. de f. 170, res. de fecha 9/3/2020 causa nro. 20677/19 de trámite ante el citado juzgado).
Asimismo, se dispuso la guarda simple de una de sus hermanas y hermano a otra familia; procediéndose del mismo modo respecto de las otras dos hermanas. Todos estos grupos familiares residen en diferentes ciudades, siendo A., actualmente de 16 años de edad, la mayor.
Luego de ello, con fecha 16/7/2021 en el marco del expte. 19732 tramitado ante el Juzgado de Familia N° 4 de Mar del Plata, se dispuso la guarda judicial con fines de adopción de A. y del resto de sus hermanas y hermano con sus familias guardadoras.
El proceso vincular fue evaluado en el marco de esas actuaciones según surge de los informes presentados por el perito Psicólogo Laborde, la intervención de la Asesoría interviniente. También las medidas que fueron disponiéndose respecto de idéntica cuestión a la planteada en el presente, esto es las manifestaciones de A. de retornar al Hogar en el que se encontraba alojada junto a sus hermanas y hermano y no querer permanecer con su guardadora.
1.2. Así con fecha 30/4/2020 -un año antes de otorgarse la guarda con fines de adopción- el perito psicólogo Laborde informó que con motivo del aislamiento social preventivo y obligatorio comenzaron los conflictos vinculares, la adolescente peticionaba volver con su familia biológica, la guardadora se encontraba asistiendo a su terapia, buscó ayuda especializada profesional con una psicóloga infantil y se encontraba en contacto con una ONG Adoptar, asistiendo al grupo en esa institución. Dio cuenta de una carta escrita por la joven donde le transmitía a la guardadora su cariño y la llamaba mamá. En sus conclusiones el citado profesional expuso “la presencia de fuertes conflictos internos en la niña A., que redundan en una posición dicotómica respecto de su guardadora” y que pese a las dificultades que presenta el vínculo, la carta remitida posee un valor simbólico inaugural del vínculo entre ambas. Luego de referirse a las dificultades y temores propios del proceso adoptivo que necesitan ser elaboradas paulatinamente, informó que se continuará con el seguimiento pertinente. Señaló en un posterior informe las actividades que realiza la joven y las comunicaciones mantenidas con la guardadora (inf. del 20/10/2020).
1.3. Luego de disponerse en el mes de julio de 2021 la guarda con fines de adopción, la Asesoría interviniente realizó una presentación el 1/9/2021. Allí puso en conocimiento del organismo de una conversación telefónica que mantuvo con la guardadora por la que se informaba inconvenientes en la convivencia y que la joven manifestaba que se quiere ir a un hogar. En función de ello mantuvo entrevista, adjuntando el acta respectiva en la que se consignó que A. quiere regresar con su familia de origen y que no le gusta estar con F. porque se enoja y la reta cuando no hace las tareas. Señaló que la joven expresó que mantiene comunicación con sus hermanas y hermano -su guardadora facilita los encuentros y los llamados- y le preguntó al citado funcionario las razones por las cuales los hermanos fueron separados. Agregó que A. expuso que “F. no es mala, que ella no es el problema, pero que quiere vivir con su tía C. y sino prefiere ir a un hogar”. En este marco la Asesoría solicitó la intervención del perito psicólogo para entrevistar a la joven y/o a su terapeuta a fin de que se evalúe “este deseo de volver a un hogar y estar sola, el contacto que mantiene con su tía C. y toda otra cuestión que se considere relevante.” (v. presentación en expte. 20677/2019).
En merito a ello la magistrada dispuso la intervención del perito a fin de que se mantenga comunicación con la terapeuta Lic. Z.en los términos que fueron peticionados y fijó audiencia con la joven (v. res. del 15/9/2021). El 27/9/2021 el perito presentó informe del que surge que la profesional le informó que en ese momento la joven presentaba mucha impulsividad, rigidez conductual y se encontraba en un momento de desorganización, que se encontraba asistida por un psiquiatra y tomaba medicación. Agregó que de las interpretaciones de esa profesional el “momento de crisis puede deberse a la inminencia de formalizar el vínculo adoptivo, lo que le generaría contradicciones.” Refiere que dicha profesional indicó que “la joven no estaría preparada para que tal situación sea consumada, que necesitaría mayor tiempo de elaboración.” (v. inf. del 27/9/2021).
También el perito realizó entrevistas. En el informe presentado expuso que la joven se refiere a su guardadora como su mamá, indicando que se encuentra bien, que está tomando la medicación y que le expresó “de modo dubitativo, que quiere volver a un hogar, sin lograr explicitar los motivos.” Concluyó que es fundamental la continuidad y consolidación de los tratamientos iniciados, debiendo considerarse la salud de A. como prioritaria, evitando situaciones que pudieran resultar disvaliosas. (v. inf. del 30/9/2021). El 1/11/2021 se informan entrevistas de seguimiento, con intervención de la Asesoría, informe que es proveído el 9/11/2021, designándose nueva audiencia. El 26/11/2021 el Asesor puso en conocimiento las comunicaciones de la joven con una tía y a quien le requiere información sobre su familia biológica, que se angustia con la información que recibe y ello la desestabiliza. En este marco solicitó se impida la comunicación por resultar perjudicial, a la vez que informó que mantuvo comunicación con la tía y quien le refirió que es A. quien la llama y que constantemente le pregunta por su familia y no sabe cómo manejar la situación, además de expresarle que entiende que no es lo mejor que su sobrina regrese con su familia.
Adjuntó en esa oportunidad informe de la Lic. Z.del 2/12/2021, y de la acompañante terapéutica de la joven.
1.4 En el citado informe la terapeuta reseñó que el tratamiento fue iniciado en julio de 2021 -es decir de modo contemporáneo al otorgamiento de la guarda con fines de adopción- y que la joven fue derivada por su medica psiquiatra luego de haber atravesado crisis alucinatorias, visuales y auditivas.
Indicó como diagnostico presuntivo según DSMV “317 (F.70), 295.40 (F 20.81) 716”. Observó “limitaciones en el funcionamiento intelectual y deficiencias en el comportamiento adaptativo, con predominio de una modalidad de pensamiento concreto y dificultades en la flexibilidad”. Luego de mencionar que a lo largo de su vida atravesó carencias afectivas y materiales que impactaron en su desarrollo psicofísico y que ha podido verbalizar -aunque tiende a normalizarlas-, señaló que durante el tratamiento presentó fluctuaciones en el dominio de sus impulsos, con baja tolerancia a la frustración, irritabilidad y conductas disruptivas, con inadecuadas estrategias para afrontar el estrés.
Señaló que en el vínculo con su guardadora la joven ha demostrado dificultades para relacionarse apropiadamente “comportándose de forma ambivalente hacia ella, fluctuando entre el rechazo y la dependencia”. Y en relación al vínculo con sus hermanos “los contactos han funcionado en varias oportunidades como desencadenantes de disfunciones conductuales, impulsividad y malestar significativo”. Del mismo modo describió que con motivo de los contactos telefónicos con la familia de origen “se han observado mayores dificultades en el vínculo con su tutora, poniendo en riesgo la continuidad del proceso de adopción”.
Concluyó que la continuidad de todos los abordajes terapéuticos que se vienen realizando resultan una condición fundamental para el sostén emocional de la joven y que le permitirán seguir trabajando sobre su autorregulación emocional, fortaleciendo su organización conductual y flexibilidad. Asimismo, que la guardadora deberá continuar trabajando cuestiones relativas a las particularidades de la crianza de A.. El 9/12/2021 el perito -luego de la entrevista mantenida con la joven, su guardadora y con intervención de la Asesoría- señaló que la Sra. V. manifestó cercenamiento del vínculo por las comunicaciones con la familia biológica y que el hecho de saber la joven que su madre tuvo otro hijo -que tiene un año- la puso muy mal. Luego informó que A. nuevamente manifestó que quiere regresar a un hogar, acordándose una nueva entrevista para el mes de febrero de 2022 y evaluar si persistía esta voluntad.
El 21/2/2022 es agregado otro informe por el perito psicólogo que dio cuenta de las entrevistas mantenidas con la joven, con su guardadora en presencia de la Asesoría y de las entrevistas telefónicas mantenidas con la Lic. Z.y con el Dr. C. -nuevo médico psiquiatra-. El perito luego de describir lo acontecido en la entrevista informó que la joven manifestó que tomó una decisión respecto a su situación “afirmando que su deseo es “quedarse con F.” y que refiere “no querer cambiarse su apellido (A.) como lo hicieron sus hermanos”.
Asimismo, expuso que la Lic. Z. le informó que se han podido trabajar algunos aspectos y que es importante que la joven pueda manifestar su deseo de conservar el apellido, ya que eso le generaba conflictos. En cuanto al vínculo con su guardadora “considera que aún queda mucho por trabajar, pero que F. siempre se ha mostrado receptiva a cualquier indicación o sugerencia”. De la conversación mantenida con el psiquiatra informó que este profesional señaló que con la modificación del plan farmacológico la joven ha tenido un pequeño avance respecto de su estabilización. En sus consideraciones finales el perito concluyó “que el hecho de poder conservar su apellido la preserva en cierta medida de contradicciones internas, permitiéndole continuar el proceso de vinculación del mejor modo. En tal sentido, la causante ha afirmado querer quedarse con F..” Y que el vínculo con la guardadora “debe continuar abordándose terapéuticamente por los profesionales intervinientes”.
Luego de ello, se inicia el proceso adoptivo en este departamento judicial en el mes de marzo de 2023.
1.5 Es pertinente señalar además, que de las actuaciones de trámite ante el Juzgado de Familia nro. 4 de Mar del Plata iniciadas el 5/7/2019 -expte. nro. 20677/2019-, surgen las dificultades en la selección de aspirantes a guardas con fines de adopción.
Ello se observa de las distintas solicitudes al Registro Unico de Aspirantes a Guardas con fines de adopción, los listados remitidos y su resultado (v. fs. 35/36, 38/43, 80/81, 82/84, 90/95, 96/98, 1007101, 102, 103/104, 106, 115, 1197120, 121, 125/130, 131, 132, 147/152 expte. 20677/19).
Finalmente, la Sra, F. V. -aquí peticionante- quien se encontraba inscripta como aspirante a guardas con fines de adopción, fue evaluada por sugerencia de la trabajadora social del equipo técnico del juzgado (v. f. 131 y res. f. 132), en tanto no había sido remitida para su selección por el citado registro; lo que motivó la intervención del Secretario de Servicios Jurisdiccionales del Superior Tribunal Provincial, en términos de autorización para ello (v. res. del 8/11/2019 de fs. 162/163; resolución de fs. 170/171 - y res. de guarda simple del 9/3/2020 -fs. 194/198- expte. 20677/2019, en relación al expte nro. 197321/2019 de tramite para la declaración de adoptabilidad)
La posibilidad de inserción de A. en un grupo familiar, quien se encontraba bajo medida de abrigo desde el 23/10/2018, demoró aproximadamente ocho meses según surge de los antecedentes ya referidos. (conf. expte. 20677/2019 y medida de abrigo expte. 38425/2018) De ello también puede advertirse la complejidad de su situación, que no ha sido asumida tampoco en la sentencia, en función de la orden dada para procederse a su institucionalización.
2. La consideración y análisis de toda esa información sobre la situación de A. y del abordaje que antecede a este proceso, era tan necesario como imprescindible, máxime cuando tampoco se dispuso en este proceso la intervención de las peritos psicólogas, de acuerdo a la sugerencia realizada por la perito trabajadora social.
La ponderación de la totalidad de las cuestiones implicadas en este caso, derivadas de algunos aspectos de la historia vital de A., el modo en que fue desarrollándose el vínculo con su guardadora, los padecimientos en su salud que surgieron durante ese tiempo, sus temores, sus ambivalencias y contradicciones, con especial referencia a su familia biológica, el vínculo con sus hermanas y hermano y lo atinente a su apellido, (v. apartado 1.4), hace al respeto de su singularidad como persona.
Ello en observancia de sus específicas necesidades, que merecen un tratamiento particularizado y una tutela reforzada por parte del Estado en función de las vulnerabilidades presentes en el caso (conf. CIDH Caso Furlan y Familiares vs. Argentina, sentencia del 31 de agosto de 2012, Serie C N° 246, párr. 136 y normas convencionales ya citadas).
La Corte Interamericana sostuvo reiteradamente “que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad” (conf. CIDH Caso Furlan y Familiares vs. Argentina, sentencia del 31 de agosto de 2012, Serie C N° 246, párr. 134 y antecedentes allí citados).
Esta obligación reforzada deriva de la especial protección que el orden normativo convencional y constitucional reconoce y prevé a favor de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a fin de garantizar su pleno y armónico desarrollo en condiciones de igualdad (arts. 75 inc. 22 y 23 C.N, 3, 6, 20, 21, 23, 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 5, 7, 12, 13, y cc de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus observaciones generales; Ley 26.601 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Observación General 9/2006, 12/2009, 14/2013 Comité de los Derechos del Niño; OC 17/02).
La prescindencia de todos estos aspectos fácticos y normativos durante el procedimiento y en la decisión traída a revisión, se interpreta como conculcatoria de los derechos fundamentales de A. y de las garantías de debido proceso y tutela judicial efectiva que le son debidas, tornando arbitraria la sentencia impugnada y descalificándola como acto jurisdiccional válido, lo que en el caso y conforme se verá, no puede ser subsanado por vía del recurso de apelación. (conf. arts. 1, 2 y 3 del C.C.C.; 253 del C.P.C.C.)
2.1. Las concretas circunstancias referidas, que fueran inicialmente abordadas por el órgano previniente -Juzgado de Familia Nro. 4 de Mar del Plata-, permite sostener que lo aquí manifestado por la adolescente -querer regresar al hogar y no querer vivir más con su guardadora- no es nuevo. Y se encuentra particularmente relacionado con la idea de pérdida del vínculo con sus hermanas y hermano y el cambio de apellido, sin perjuicio de ciertas cuestiones presentadas en la relación entre ambas y que los profesionales indican que deben continuar trabajándose en los espacios terapéuticos. Claramente el perito L. del Juzgado de Familia de Mar del Plata y la Lic. Z. -anterior terapeuta de la joven- indicaron que el abordaje de estas dos cuestiones era trascendental para la viabilidad del proceso adoptivo, porque lo condicionaban.
En la instancia no fue advertido, no sólo por no haberse analizado los antecedentes, sino también porque se omitió evaluar la sugerencia realizada por la perito Trabajadora Social del propio juzgado en el marco de este proceso.
En efecto, la necesidad de una evaluación de las manifestaciones de la joven y del vínculo con su guardadora, fue destacado, por la perito trabajadora social G. M.. La profesional concluyó que “A. se encuentra realizando los tratamientos indicados, concurriendo a clases, integrada en grupo de pares y realizando actividades deportivas. F. sostiene su espacio terapéutico y realiza un seguimiento profesional del proceso de vinculación con A.. Si bien se observan indicadores socio-afectivos, culturales, ambientales y materiales existentes en la relación entre ambas, se advierte la negativa manifiesta por parte de la adolescente de continuar al cuidado de su guardadora, lo cual requeriría de una evaluación más amplia. Finalmente, teniendo en cuenta que el proceso de vinculación entre A. y F. se llevó a cabo en un contexto poco favorable para la elaboración y construcción del vínculo entre ambas; el diagnóstico y tratamientos de la adolescente; la etapa de desarrollo en que se encuentra; y la búsqueda de herramientas por parte de la Sra V. que favorezcan dicho proceso, esta Perito sugiere la posibilidad de dar intervención a las Peritos Psicólogas de este Juzgado, con el fin de profundizar en la evaluación del vínculo entre A. y F..” (v. informe del 14/7/2023)
También la perito señaló, además de los aspectos habitacionales y los recursos económicos del grupo familiar, que la joven concurre a establecimiento educativo (2do año al tiempo del informe), es asistida por una acompañante terapéutica en el ámbito escolar, concurre a la psicopedagoga, posee una acompañante domiciliaria tres veces por semana quien la acompaña a su espacio terapéutico y al gimnasio. También informó que cuentan con la obra social IOMA señalando que es tratada por una pediatra con plan de vacunación completo. Asimismo, informó que la Sra. V. concurre a terapia. Indicó que tuvo acceso al certificado único de discapacidad de la joven cuyo diagnóstico es “psicosis de origen no orgánico, no especificado. Retraso mental leve”.
Al referirse a la entrevista que mantuvo con A. señaló su actitud tranquila y aniñada, que le manifestó sus deseos de retomar clases de tela, le refirió que no quiere estar allí porque no es divertido y afirmó que quiere irse a un hogar porque tenía muchos compañeros y realizaban deportes. Informó la perito que al plantearle la posibilidad que no pudiera volver al mismo hogar, como así también que no tendría los mismos compañeros, “la joven reacciona con una actitud seria, sin responder”.
Es desde allí, aún sin haberse tenido en consideración los antecedentes que tramitaron ante el Juzgado de Familia de Mar del Plata, que la citada profesional concluye que las manifestaciones de A. requieren una evaluación más amplia con intervención de las peritos psicólogas. Esta indicación o sugerencia desde el conocimiento disciplinar de la perito, no fue proveído en la instancia, rechazándose la adopción -según surge de los términos de la sentencia- en atención a lo manifestado por la joven en la audiencia ante la magistrada, y por lo peticionado por la Asesora con sustento en un informe que -en su dictamen- atribuye a la terapeuta de la joven -Lic. V.- en tanto no se encuentra firmado por la profesional y en el que no se abordan los aspectos referidos (v. presentación del 5/7/2023, y pdf allí adjuntado, petición que se reitera el 8/9/2023.).
2.2. Luego de dictada la sentencia apelada, el Servicio Local – órgano al que se ordenó la reubicación de A.- informa entre otros aspectos, que la joven manifiesta no querer ser adoptada por nadie, que no tiene que ver con una cuestión personal con su guardadora, sino “con lo que implica la adopción en la vida de A.. La joven sabe que estar en un hogar es una instancia “intermedia”, algo de su historia, de su origen permanece, también la fantasía con volver”. Su idea de adopción la hace reflexionar sobre que desde esa medida “no hay vuelta atrás” y “teme perder el vínculo con sus hermanos”. También se informa que de las entrevistas mantenidas surge “que la joven cuenta con todo lo necesario para que su cuidado integral y sus derechos estén garantizados”, informando que establecerán un espacio de acompañamiento. (v. informe del 5/11/2023 respecto de la intervención iniciada en el mes de octubre de 2023).
En una posterior presentación, el Servicio Local informa que se le han explicitado a la guardadora los alcances de lo que fue informado y los sentimientos de A. respecto de la figura de la adopción. Informan en referencia a la entrevista con la joven que ella “comenta que estuvo pensando y que no quiere ir a un hogar” señalando que le fue explicado que existen figuras intermedias y que no debe sentir el peso de tener que decidirlo en ese momento. En el informe se señala que la joven se refiere a su guardadora como “mamá”. Ante el planteo de su guardadora -en cuanto entiende que debe finalizarse el trámite de la adopción- el equipo interviniente sugiere que las alternativas deben ser trabajadas “en profundidad ya que pareciera que no se le habrían planteado opciones y brindado la información.” (v. informe del 28/11/2023, adjuntado por la Asesoría)
También se adjunta, durante el trámite en esta instancia, un informe de la terapeuta de la joven - que se encuentra suscripto por la profesionalen el que se señala que en diferentes oportunidades ha manifestado que se siente sola, destacando el cuidado y la atención de su guardadora, aunque indica que ello no se encontraría atravesado por una dimensión afectiva sino más bien normativa. Señala al mismo tiempo la angustia de la aquí recurrente cuando la adopción fue rechazada. Concluye que más allá de las rispideces y diferencias en el vínculo, trabajadas en el espacio terapéutico y que obturaban la posibilidad de vivir con su guardadora, la joven, al tiempo del informe mostraba otra postura que no era ya de rechazo. Desde allí sugiere trabajar con la guardadora, para abordar algunas cuestiones para que “su mirada sea desde el amor, afecto y contención hacia A.”. (v. informe Lic. V. del 4/12/2023)
3. He realizado una extensa descripción de la totalidad de los informes obrantes en las actuaciones vinculadas y en el presente proceso, en tanto demuestran la multiplicidad, complejidad y trascendencia de las cuestiones implicadas en la decisión que se requiere de A. en términos del consentimiento que impone el artículo 617 inc. d del Código Civil y Comercial (conf. art. 595 inc. f y 634 inc. i del C.C.C.).
Y además patentizan el modo lineal con el que se han interpretado en la instancia anterior sus manifestaciones y que no se compadece con el deber que impone su derecho a ser escuchada en los términos y con los alcances que surgen de los arts. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 7.3 de la Convención sobre el derecho de las personas con discapacidad; lo que será analizado en el considerando VI de la presente. Es pertinente reiterar que la singularidad de la situación de A., sus vínculos fraternos y sus circunstancias de vida -pasadas, presentes y en la proyección de su futuro- evidencian que se encuentra atravesada por sus temores respecto de la figura de la adopción y se relaciona con su percepción de pérdida del vínculo con sus hermanos y en el cambio de su apellido (v. informes reseñados en el apartado 1.4. y 2.2 por el Servicio Local con posterioridad a la sentencia).
Ello más allá de aquellas cuestiones que puedan ser abordadas desde lo personal y vincular con su guardadora en los espacios terapéuticos, y que de ningún modo autorizan a adjetivar el afecto en términos de carencia. Tal postulación adolece de respaldo probatorio y no se condice con lo constatado por este Tribunal al momento de llevarse a cabo las audiencias, en las que pudo advertirse un vínculo en proceso de construcción, que exige un tiempo propio y adecuado a las dificultades que presentan escenarios vinculares complejos, como el de este caso. En la audiencia que mantuvimos con A., quien al referirse a su guardadora la individualizaba como "mamá", nuevamente expresó sus ambivalencias en relación al proceso adoptivo y su retorno al Hogar y pudo manifestar sus temores respecto a la pérdida del vínculo con sus hermanos, y sus deseos de no cambiar el apellido.
Este aspecto no aparecía como algo que le hubiese sido informado en términos de posibilidad o bien trabajado y elaborado con ella y su guardadora, lo que también surgió de la entrevista mantenida con esta. Ello era imprescindible en adecuada observancia del derecho a la identidad de A. y además por ser condicionantes del proceso adoptivo de acuerdo a lo que surge de los informes ya referidos. (conf. arts. 3, 7, 8 de la C.D.N., art. 11 ley 26061, v. Herrera Marisa, "El derecho a la identidad en la adopción", -marco introductorio y noción de concepto multifacético y transdisciplinario-, pag. 50 y ss., Edit. Universidad año 2008). Máxime teniendo en consideración que la adopción se promueve fundándose la petición en las normas que regulan la adopción plena (v. apartado derecho en demanda, con cita de los artículos 624, 625 y 626 del C.C.C. y petitorio item c, de la presentación del 1/3/2023).
VI. En este marco, no obstante advertirse claramente evidenciado en este proceso y sus vinculados, el cuidado y atención de A. por parte de su guardadora desde marzo de 2020, lo pretendido en la apelación, esto es, que se haga lugar a la adopción más allá de las manifestaciones de la joven -en función de los argumentos que expone en el recurso-, implicaría un modo de sustitución de la voluntad de A., lo que se encuentra vedado por el ordenamiento jurídico.
1. En efecto, ello no es admisible por imperio del principio del superior interés y del reconocimiento de su personalidad jurídica en los términos que surgen de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su interrelación con los demás derechos. (art. 3 de la C.D.N, 12 de la C.D.P.D, observación general 1/2014 del Comité sobre derechos de las Personas con discapacidad, Ob.General 14/2013 CDN, OC. 17/02).
Es pertinente recordar que “el modelo de discapacidad basado en enfoque de derechos humanos implica pasar del paradigma de la adopción de decisiones sustitutiva a otro que se base en el apoyo para tomarlas”. (conf. Observ. general 1 /2024, art. 12, introducción -apartado I.3-, v. Guía de buenas prácticas para el acceso a la Justicia de personas con discapacidad, res. SC 215/2024 SCBA- cap. I.I. y cc).
En esa misma línea, este Tribunal sostuvo que el modelo social de discapacidad “parte de la autonomía, la dignidad e igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad (conf. arts. 1, 3 inc. "a", 4 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).” (conf. expte. 13960, reg. elec. 11 (RS) sent. del 22/2/2024).
Especialmente el artículo 7 inc. 3 de la citada Convención establece que “Los Estados Partes garantizaran que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer este derecho.”
La observancia de los principios que informan, sustentan y estructuran el ordenamiento tuitivo, requiere la consideración de dos aspectos que se estiman fundamentales en lo que aquí se encuentra en revisión y en función de los motivos por los cuales se rechazó la adopción.
Por un lado, el cumplimiento del deber de escucha -que debe ser activa- y por el otro, brindar a la joven información accesible procurando una comprensión efectiva, en aras a la materialización de su derecho al consentimiento informado -información clara, completa y comprensible.-. (v. “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”, ONU, 2020 -principio 4 y sus directrices-, Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad -actualización 2018- Cap. I punto 3, Cap. II Sec.1; Cap. III Sec. 1, apartado I itmes 52, 53, 54, 55; Sec. 3 apartado 56; Guía de buenas prácticas para el acceso a la Justicia de personas con discapacidad, res. SC 215/2024 SCBA, -cap. III, apartados III.III, III.IV-; conf. Herrera Marisa, “La voz del niño en su proceso de adopción” J.A. cita TR LALEY 0003/013609, "Guía para escuchar niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. Practicas aconsejables", Res.SC 819/2022 SCBA).
La escucha activa "implica llegar de manera progresiva e introspectiva a profundizar en la personalidad de quien se está escuchando", e "ir más allá de la sonoridad de las palabras y de la visualización de gestos". Si el niño, la niña o adolescente tiene alguna discapacidad el respeto de sus voluntades y preferencias demandará "la colaboración de especialistas que provengan del mismo equipo técnico de la dependencia judicial o de otras instituciones (psicólogos, trabajadores sociales, maestros en educación especial y discapacidad, etc.)" (SCBA, "Guía para escuchar niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial" pp. 14 y 11).
En tal sentido, a partir de la intervención de quienes asistieron interdisciplinariamente a la joven durante lo actuado con intervención del Juzgado de Familia Nro. 4 de Mar del Plata -en actuaciones que no se tuvieron a la vista en la instancia anterior-, se sostuvo que la joven durante el proceso de vinculación con su guardadora y previo haber manifestado querer regresar al hogar, expuso su deseo de “quedarse con F.” y que refiere “no querer cambiarse su apellido (A.) como lo hicieron sus hermanos”. (v. informe del perito L. mencionado en la reseña efectuada en el apartado 1.4 del considerando anterior).
Idéntica cuestión surge reeditada a partir de la intervención del equipo del Servicio Local con posterioridad a la sentencia (v. informes apartado 2.2. del considerando anterior).
De allí que puede afirmarse que de lo actuado durante este proceso surge que la escucha activa y las medidas dirigidas a garantizar el derecho al consentimiento informado no fueron cumplidas en la instancia de grado. Sobre el particular ha de señalarse que la opinión del niño debe ser escuchada y valorada según su edad y grado de madurez "pero a dicho fin previamente deberá garantizarse que el niño, niña y/o adolescente con discapacidad haya podido contar, cuando sea necesario, con un sistema de apoyo que facilite la comprensión, comunicación y -como resultado de dicho proceso- toma de decisión u opinión. Esto sin duda forma parte del principio del interés superior". (conf. Palacios Agustina, "Acceso a la Justicia de niños, niñas y adolescentes con discapacidad", en Fernandez Silvia "Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, T. III, Abeledo Perrot, pag.2955). Al respecto, de la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño en correspondencia con las pautas establecidas en la CDPD, surge que "para garantizar de manera efectiva que niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan participar en el proceso, será necesario, según el caso individual, la adopción de ajustes razonables y la prestación de medidas de apoyo para el proceso de toma de decisiones. Ambos derechos consagrados en los artículos 2 y 12 de la CDPD." (Palacios Agustina, ob. cit, pag. 2951).
Así la citada observación establece que "El interés superior de un niño en una situación concreta de vulnerabilidad no será el mismo que el de todos los niños en la misma situación de vulnerabilidad. Las autoridades y los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad de cada niño, ya que cada niño es único y cada situación debe evaluarse de acuerdo con su condición única.". En este sentido la observación indica que debe realizarse una evaluación individualizada con intervención de equipo multidisciplinario, debiendo disponerse ajustes razonables que se consideren durante el proceso de su desarrollo (conf. parrafo 76 Ob. General 14/2013 Com.D.N.).
2. Es en este marco, y en consideración a la totalidad de las cuestiones implicadas en el caso, que debe recabarse el consentimiento que imponen los artículos 595 inc. f y 617 inc. d del C.C.C. (conf. art. 634 inc.i del C.C.C.), lo que -como se adelantó- no ha sido adecuadamente cumplido. (ver. en especial los informes del Servicio Local -apartado 2.2.- en relación a los antecedentes citados en el apartado 1.4. del considerando V.) Sobre el particular se ha sostenido que “El consentimiento implica una declaración de voluntad meditada, y por eso debe ser visto como un proceso integrado por diversas etapas y distintas acciones -alternativas, complementarias o excluyentes-, que en lo que nos atañe comprendería: la escucha de las razones de la persona menor de edad, el apoyo y contención frente a la angustia, la orientación y provisión de recursos profesionales adecuados. La adopción deberá ser una construcción conjunta del niño y sus pretensos adoptantes”. (conf. Kemelmajer de Carlucci Aida, Herrera Marisa, Lloveras Nora, “Tratado de Derecho de Familia”, T. III Edit. Rubinzal Culzoni Editores, año 2014, pag. 499; Herrera Marisa, "El derecho a la Identidad en la Adopción". T. I cap. III consentimiento informado y T. II Cap. V, Edit. Universidad, año 2008).
De allí que supone brindar a la persona una información previa suficiente para que después pueda emitir “una declaración de voluntad de manera consciente, con conocimiento de las consecuencias que derivan de su expresión, y en el marco de la mayor libertad posible”. (conf. Herrera Marisa “La voz del niño en su proceso de adopción” J.A. cita TR LALEY 0003/013609).
Ello no implica que se requiera de A., en atención a la obligatoriedad de su consentimiento que imponen las normas de los artículos 595 inc. f y 617 inc. d del C.C.C; “la toma de buenas decisiones, sino de elecciones suficiente informadas y libres (con suficiente expresión de su voluntad) que incluyen el derecho a equivocarse” (conf. Guía de buenas prácticas para el acceso a la Justicia de personas con discapacidad, res. SC 215/2024 SCBA pag. 60, v. Observación General 1 y 5 del Comité DPD).
La debida información a A. de sus derechos, las alternativas que surgen de las normas en materia de adopción (modalidad de adopción y ajustes posibles, mantenimiento de vínculos y apellido) y la disposición de recursos para su comprensión, como así también de los alcances de sus manifestaciones, elecciones y decisiones, son condiciones necesarias que deben serle garantizadas y forman parte de la accesibilidad a la justicia. (conf. art. 13 de la C.D.P.D; “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”, ONU, 2020 -principio 3 y directrices- Guía de buenas prácticas para el acceso a la Justicia de personas con discapacidad, res. SC 215/2024 SCBA -pags. 27/29).
Esa accesibilidad a la que es acreedora, requiere “un enfoque diferenciado, preferencial, singular y especializado para la tutela efectiva y oportuna de sus derechos fundamentales”. (Guía de buenas prácticas para el acceso a la Justicia de personas con discapacidad, res. SC 215/2024 SCBA -pag. 29).
De allí que le es debida la implementación de todos aquellos mecanismos dirigidos a acompañarla en el proceso, en respeto a sus emociones, sentimientos, necesidades y tiempos, para que pueda prestar su consentimiento a la adopción o finalmente elija no hacerlo (Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”, ONU, 2020 -principio 3, 5 y sus directrices-, Ob. Gral 1/2014 del C.P.D, Guía de buenas prácticas para el acceso a la Justicia de personas con discapacidad, res. SC 215/2024 SCBA -I.V-, III.VI; III.VII ). Si bien los plazos que la norma prevé en el proceso de adopción están orientados, entre otros aspectos, a dar certeza a la determinación de la situación jurídica de un niño, niña o adolescente y su inserción en un ámbito familiar, ello no implica que la celeridad pueda ir en contra de la protección que se procura garantizar de modo integral para el efectivo goce de sus derechos. (arts. 75 inc. 22 y 23 de la C.N., 2, 25 de la C.A.D.H. y 4 de la C.D.N., 15 de la C.Pcial).
En el caso, es adecuado y razonable respetar el tiempo de elaboración que A. requiere, brindándole la información y acompañamiento necesario, para la toma de una decisión sumamente trascendente para su vida en el marco de sus derechos personalísimos y que debe ser atendida, considerada y garantizada como un proceso. (conf. Herrera Marisa "El derecho a la Identidad en la Adopción", ya citado, pag. 359 y ss) Por las consideraciones expuestas propongo al acuerdo anular la sentencia dictada, ordenándose en la continuidad del presente proceso, que por la instancia de grado, en resguardo de los derechos de A. y a fin de evitar nulidades como las que aquí se advierten, se dispongan medidas dirigidas a: 1) Brindarle una información completa, clara, accesible y comprensible a fin de garantizar su derecho al consentimiento informado, teniendo en consideración sus temores en lo concerniente al vinculo con sus hermanas y hermano y sus deseos de mantener su apellido, lo que también deberá abordarse con su guardadora; 2) Proveer todos los recursos y medios necesarios para poner a disposición de A. los apoyos, ajustes procedimentales y salvaguardias que sean necesarios para acompañarla en el proceso de toma de una decisión en la que se encuentra comprometido su derecho a la identidad y a crecer y desarrollarse en un ambiente familiar, recibiendo los cuidados y la atención que su desarrollo evolutivo y salud requiere; 3) Evaluar la intervención del equipo técnico a los fines de determinarse los aspectos que deban continuar trabajándose con su guardadora en el proceso de crianza, abordándose las particulares necesidades de A. y sus temores, de conformidad con las consideraciones realizadas. 4) Diseñar las estrategias orientadas al cumplimiento de lo ordenado, con debida articulación de los profesionales y órganos intervinientes, equipo técnico, Ministerio Público, y eventualmente la designación de Abogado del Niño, y a quienes deberá ponerse en conocimiento de las valoraciones realizadas en la presente. Todo ello de conformidad con las consideraciones que anteceden, normas, jurisprudencia y doctrina citadas.
En mérito a que la magistrada interviniente se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, corresponde su apartamiento de la causa, debiendo el presente continuar tramitándose con intervención de la titular del Juzgado de Familia N° 1, a fin de que previo cumplimiento de lo ordenado dicte un nuevo pronunciamiento.
Voto por la NEGATIVA El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Bulesevich votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ANA CLARA ISSIN DIJO:
En atención al resultado de la votación de la cuestión anterior corresponde: I) Anular la sentencia dictada con fecha 20/9/2023 en atención a las consideraciones expuestas, normas, jurisprudencia y doctrina citadas en la primera cuestión. (conf. 8, 25 CADH, 3 y cc de la C.D.N. , 18, 75 inc. 22 de la C.N. 15 de la Constitución Provincial, art. 1, 2, 3 del C.C.C., 253 del C.P.C.C. 1 II) Ordenar en la continuidad del presente proceso, que por la instancia de grado, en resguardo de los derechos de A. y a fin de evitar nulidades como las que aquí se declaran, se dispongan medidas dirigidas a: 1) Brindarle una información completa, clara, accesible y comprensible a fin de garantizar su derecho al consentimiento informado, teniendo en consideración sus temores en lo concerniente al vinculo con sus hermanas y hermano y sus deseos de mantener su apellido, lo que también deberá abordarse con su guardadora; 2) Proveer todos los recursos y medios necesarios para poner a disposición de A. los apoyos, ajustes procedimentales y salvaguardias que sean necesarios para acompañarla en el proceso de toma de una decisión en la que se encuentra comprometido su derecho a la identidad y a crecer y desarrollarse en un ambiente familiar, recibiendo los cuidados y la atención que su desarrollo evolutivo y salud requiere; 3) Evaluar la intervención del equipo técnico a los fines de determinarse los aspectos que deban continuar trabajándose con su guardadora en el proceso de crianza, abordándose las particulares necesidades de A. y sus temores, de conformidad con las consideraciones realizadas. 4) Diseñar las estrategias orientadas al cumplimiento de lo ordenado, con debida articulación de los profesionales y órganos intervinientes, equipo técnico, Ministerio Público, y eventualmente la designación de Abogado del Niño, y a quienes deberá ponerse en conocimiento de las valoraciones realizadas en la presente.
Todo ello de conformidad con las consideraciones, normas, jurisprudencia y doctrina citadas en la primera cuestión. III) En mérito a que la magistrada interviniente se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, corresponde su apartamiento de la causa, debiendo el presente continuar tramitándose con intervención de la titular del Juzgado de Familia N° 1, quien previo cumplimiento de lo ordenado deberá dictar un nuevo pronunciamiento. IV) En función que la presente sentencia no reviste carácter definitivo (art. 278 del C.P.C.C.), remitir de modo urgente las presentes actuaciones a la instancia, en atención a la premura y diligencia que el caso requiere, debiendo remitirse junto con el presente las actuaciones que tramitaron en el Juzgado de Familia N° 4 de Mar del Plata, a sus efectos, poniendo dicha circunstancia en conocimiento del citado organismo.
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la Señora Jueza Doctora Bulesevich votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 4 de abril de 2024 VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve: I) Anular la sentencia dictada con fecha 20/9/2023 en atención a las consideraciones expuestas, normas, jurisprudencia y doctrina citadas en la primera cuestión. (conf. 8, 25 CADH, 3 y cc de la C.D.N. , 18, 75 inc. 22 de la C.N. 15 de la Constitución Provincial, art. 1, 2, 3 del C.C.C., 253 del C.P.C.C. 1 II) Ordenar en la continuidad del presente proceso, que por la instancia de grado, en resguardo de los derechos de A. y a fin de evitar nulidades como las que aquí se declaran, se dispongan medidas dirigidas a: 1) Brindarle una información completa, clara, accesible y comprensible a fin de garantizar su derecho al consentimiento informado, teniendo en consideración sus temores en lo concerniente al vinculo con sus hermanas y hermano y sus deseos de mantener su apellido, lo que también deberá abordarse con su guardadora;
2. Proveer todos los recursos y medios necesarios para poner a disposición de A. los apoyos, ajustes procedimentales y salvaguardias que sean necesarios para acompañarla en el proceso de toma de una decisión en la que se encuentra comprometido su derecho a la identidad y a crecer y desarrollarse en un ambiente familiar, recibiendo los cuidados y la atención que su desarrollo evolutivo y salud requiere; 3) Evaluar la intervención del equipo técnico a los fines de determinarse los aspectos que deban continuar trabajándose con su guardadora en el proceso de crianza, abordándose las particulares necesidades de A. y sus temores, de conformidad con las consideraciones realizadas. 4) Diseñar las estrategias orientadas al cumplimiento de lo ordenado, con debida articulación de los profesionales y órganos intervinientes, equipo técnico, Ministerio Público, y eventualmente la designación de Abogado del Niño, y a quienes deberá ponerse en conocimiento de las valoraciones realizadas en la presente. Todo ello de conformidad con las consideraciones, normas, jurisprudencia y doctrina citadas en la primera cuestión. III) En mérito a que la magistrada interviniente se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, corresponde su apartamiento de la causa, debiendo el presente continuar tramitándose con intervención de la titular del Juzgado de Familia N° 1, quien previo cumplimiento de lo ordenado deberá dictar un nuevo pronunciamiento. IV) En función que la presente sentencia no reviste carácter definitivo (art. 278 del C.P.C.C.), remitir de modo urgente las presentes actuaciones a la instancia, en atención a la premura y diligencia que el caso requiere, debiendo remitirse junto con el presente las actuaciones que tramitaron en el Juzgado de Familia N° 4 de Mar del Plata, a sus efectos, poniendo dicha circunstancia en conocimiento del citado organismo. Devuélvase al Juzgado de Familia nro. 2 a los fines pertinentes, debiendo su titular materializar la intervención de la titular del Juzgado de Familia n° 1 de conformidad con lo ordenado en los puntos III y IV.
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes y al Ministerio Público (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Sra. M. F. V. (Pat. Dr. Juan Manuel Arias)
Dra. Coraní Tambussi (Asesora de Incapaces)
Fin de la sentencia