Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 38433-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución de fs. 220/226 y dejar sin efecto la resolución DE PRLA 6795/16, en todos sus términos.
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, sustancialmente vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
3Dado el modo en que se decide, dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 264/265 y declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones deducidas contra aquélla.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
2573/2025 “ADVANCE ORGANIC MATERIALS SA (TF 38433-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2025.
1. Que, a fs. 220/226, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría:
(i) Confirmó parcialmente la resolución DE PRLA 6795/16, recaída en la actuación 12197-2385-2011, en cuanto había condenado a la importadora Advance Organic Materials SA el pago de una multa por infracción al artículo 970 del Código Aduanero con relación a la destinación 09 001 IT15964L, y fijó su importe en una vez el de los tributos que gravaban la importación. Impuso las costas de este punto en un 64% a cargo de la actora y en un 36% a cargo del Fisco.
(ii) Confirmó parcialmente la citada resolución en cuanto había condenado a la importadora y a la garante Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA al pago de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y declaró que aquellas adeudaban por tales conceptos la suma total de USD 7.883,19 -importe que debía convertirse a pesos de acuerdo al tipo de cambio vendedor BNA del día hábil anterior al del pago-, más intereses desde el 2/12/16 hasta la fecha de total y efectivo pago (arg. art. 794, CA). Impuso las costas de este punto en un 64% a cargo de las coactoras y en un 36% a cargo del Fisco. (iii) Revocó la exigencia de las percepciones de tributos interiores.
(iv) Precisó que a la aseguradora solo se le podría exigir el monto máximo garantizado en la póliza 126190, en caso de resultar inferior al importe de tributos confirmado. Para resolver como lo hizo, previo a todo, desestimó el planteo de nulidad que había opuesto la aseguradora. Manifestó que, más allá de que no se encontraba agregada a los antecedentes la carpeta original de la destinación 09 001 IT15 964L, la importadora había proporcionado en sede aduanera y también en esa instancia jurisdiccional copias del despacho de importación temporaria, de los permisos de embarque y de las destinaciones de importación para consumo correspondientes a la operación en trato, por lo que no correspondía anular el procedimiento administrativo por tal motivo. A su vez, añadió que el auto de apertura del sumario, dispuesto el 19/12/11, resultó válido en tanto se fundamentó en el acta de denuncia de fs. 1 de los antecedentes, así como en la documentación respaldatoria obrante a fs. 2/7 y 16/37 de la misma actuación.
A continuación, desestimó el planteo de prescripción de la acción tributaria, que también había opuesto la aseguradora. Explicó que la destinación temporaria había vencido el 14/11/10, por lo que el plazo quinquenal comenzó a correr el 1/1/11 y hubiese vencido el 31/12/15, pero se suspendió con el dictado del auto de apertura del sumario del 19/12/11 (arg. arts. 803 y 805, inc. a, del CA; y doctr. CSJN, causa “Wonderland SRL”, del 12/5/09, y esta Cámara en pleno, causa “Hughes Tool SA “, del 21/9/03).
1 Con respecto a la cuestión de fondo, recordó que el artículo 970 del Código Aduanero sancionaba a quien no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria, y que, en concreto, la mercadería así documentada quedaba sometida desde el momento mismo de su libramiento a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia (arts. 250 y ss., CA), o bien, a convertirse su importación en definitiva, de manera regular, dentro de igual plazo.
Precisó que la actora había importado de manera temporaria 25.910 kilogramos de mercadería de la PA 3824.90.89.990W (preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición), con fines de perfeccionamiento industrial y al amparo del régimen del decreto 1330/04.
Destacó que, para acceder al beneficio de no pagar los tributos que gravan la importación para consumo, el mentado decreto exigía obtener un Certificado de Tipificación e Importación Temporaria (CTIT), que determinara la relación insumo-producto, detallando los insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto.
Añadió que, de acuerdo con un consolidado criterio jurisprudencial, quedaba a cargo de la importadora -o, en su caso, la aseguradora- acreditar fehacientemente la exportación o regularización en término de la mercadería, mediante la documentación que debía obran en su poder (originales o copias de los permisos de embarque, despachos de importación y CTIT). Señaló que, luego de efectuada la denuncia, la importadora se había presentado de manera espontánea, formulado descargo y acompañado documentación relativa al caso (seguimiento de destinaciones; copias del CTIT 01442/07; DIT 09 001 IT15 964L; PE 09 001 EC03 31300V, 09 001 EC03 28606N, 10 001 EC03 435S, y 10 073 EC03 70W; DI 10 001 IC82 781K y 10 001 IC84 1370H).
Examinada la documentación, concluyó que se podían considerar reexportados 6.214, 51 kilogramos de mercadería, de acuerdo con el siguiente detalle:
-ítem 1 del PE 09 001 EC03 31300V, cancelaba 1508,77 kg del ítem 1 del DIT;
-ítem 1 del PE 09 001 EC03 28606N, cancelaba 2.445,90 kg del ítem 1 del DIT;
-ítem 2 del PE 10 001 EC03 435S, cancelaba 1.309,84 kg del ítem 1 del DIT;
-ítem 1 del PE 10 073 EC03 70W, cancelaba 950 kg del ítem 1 del DIT.
Por otra parte, determinó que los despachos de importación para consumo acompañados no permitían corroborar la totalidad de los insumos descargados.
Finalmente, mediante el CTIT acompañado, calculó las mermas de los PE involucrados y determinó “un saldo de 1.427,28 kgs” (fs. 223).
A los efectos de reliquidar el importe de la multa, hizo el cálculo de lo adeudado en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Así arribó a la suma total de USD 7.883,19 que, convertidos a pesos de acuerdo con el tipo de cambio que había empleado la Aduana a fs. 43 de los antecedentes (USD1=$3,810), ascendían a $30.034,95.
En cuanto a la liquidación de los tributos, aclaró que la resolución aduanera no había intimado importe alguno en concepto de derecho adicional, por lo que resultaba inoficioso CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2573/2025 “ADVANCE ORGANIC MATERIALS SA (TF 38433-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
expedirse al respecto. Por el contrario, sí se pronunció en punto a las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias, y dejó sin efecto la intimación a su pago o con arreglo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Cladd ITA SA”, del 26/11/19.
Aclaró que era improcedente el cuestionamiento a la dolarización de la deuda tributaria, porque el artículo 20 de la ley 23.905 había modificado, en lo que aquí respecta, el artículo 639 del Código Aduanero.
Precisó que los intereses del artículo 794 del Código Aduanero debían computarse desde el 2/12/16, tomando en consideración la notificación de la corrida de vista a la importadora.
Finalmente, hizo la aclaración antes expuesta en torno al monto máximo garantizado por la aseguradora.
2. Que, disconforme con la decisión, a fs. 234 interpuso apelación la importadora, que se concedió a fs. 247, se fundó a fs. 254/262vta. y no fue replicada.
Planteó los siguientes agravios:
a) El Tribunal Fiscal de la Nación valoró arbitrariamente los hechos y las pruebas. En especial, omitió considerar el formulario AFIP Seguimiento Destinaciones Suspensivas – Detalle, conforme al cual no existía saldo de mercadería en infracción.
Cuestionó los cálculos efectuados a partir del CTIT y las declaraciones basadas en aquel certificado, así como el hecho de que no se hubiese tomado en consideración que el cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria podía por otros medios como el aludido formulario AFIP.
En subsidio, aquel medio de prueba debió conducir a una absolución por aplicación del principio in dubio pro reo (art. 898, CA).
b) No corresponde la liquidación de los tributos en dólares estadounidenses. El artículo 20 de la ley 23.905 establece un mecanismo indexatorio, que debe considerarse derogado tras la sanción de la ley 23.928.
3. Que, a fs. 246, interpuso apelación la aseguradora; la cual se concedió a fs. 247, se fundó a fs. 273/278vta. y fue replicada a fs. 297/304.
En sustancia insistió en su planteo de nulidad del auto de apertura del sumario y consecuente prescripción de la acción del Fisco tendiente al cobro de tributos. Hizo hincapié en que la carpeta del DIT nunca se agregó a las actuaciones y que esto permitía colegir que la instrucción sumarial constituyó un mero trámite tendiente a suspender el curso de la prescripción, sin que se encontrasen suficientemente determinados los hechos constitutivos de la infracción a la fecha de su dictado. Añadió que la liquidación de los tributos, que era otro elemento esencial para la tramitación del sumario, tampoco estuvo contenida en el auto de instrucción sumarial, ni llegó a practicarse dentro del plazo de prescripción de las acciones del 3 Fisco; lo cual fue en detrimento de su derecho de defensa en juicio, así como la garantía a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas.
Pidió que se declarase que el vencimiento de la destinación temporaria del caso había tenido lugar en 2009, por lo que el plazo de cinco años había comenzado a correr el 1/1/10 y venció el 31/12/14, al no haber mediado ningún acto válido con efectos suspensivos o interruptivos de la prescripción en curso. Además, señaló que la resolución aduanera apelada recién se dictó el 16/12/16 y fue notificada el 30/10/17, cuando habían transcurrido 8 años desde el hecho supuestamente infraccional.
Citó jurisprudencia en sustento de su posición.
4. Que, a fs. 242, interpuso apelación el Fisco Nacional, pero se la tuvo por desistida a fs. 280.
5. Que, en otro orden de cosas, a fs. 264/265 se regularon los honorarios de la representación letrada de la aseguradora, los que fueron apelados por bajos a fs. 286/287 y por altos a fs. 291/vta. Ambos recursos se concedieron a fs. 293.
6. Que, por razones de orden lógico y jurídico, corresponde abordar en primer término el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario y consiguiente prescripción de la acción del Fisco, tal como lo sostiene la aseguradora. Ello, en virtud de que, de prosperar dicho agravio, resultaría innecesario el análisis de los restantes puntos controvertidos.
Sin embargo, cabe adelantar que dicho planteo no puede ser acogido favorablemente. Tal como lo señaló la decisión apelada, el vencimiento del DIT se produjo el 14/11/10, por lo que el plazo de prescripción de la acción tributaria comenzó a correr el 1/1/11 y habría vencido el 31/12/15. No obstante, dicho plazo se suspendió con el dictado del auto de apertura del sumario, fechado el 19/12/11 (arg. art. 805, inc. a, del CA). En consecuencia, al momento de dictarse la resolución DE PRLA 6795, el 16/12/2016, la acción del Fisco aún no se encontraba prescripta (véanse fs. 38 y 60/63 del expediente administrativo, y doctrina de esta Sala en la causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sent. del 27/9/2022 y sus citas).
Con respecto a la validez y los efectos del referido auto de apertura del sumario, la recurrente no ha formulado agravios con la precisión que el caso requería, ni ha demostrado razones suficientes para apartarse de lo resuelto en la instancia anterior. Cabe destacar que no refutó las circunstancias que sustentaron la conclusión del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto a que no se verificó una afectación concreta al derecho de defensa de las coactoras. En efecto, la propia importadora se presentó en las actuaciones antes de que se instruyese el sumario y aportó copias de la documentación que obraba en su poder. Tampoco se pronunció sobre el hecho de que la liquidación de la multa y los tributos se practicó con anterioridad a la instrucción sumarial, el 14/11/10 (fs. 6 del expediente administrativo).
Asimismo, omitió considerar una circunstancia clave que permite descartar la existencia de una afectación concreta que justifique la nulidad del procedimiento. Desde el inicio de las actuaciones se informó que el original del DIT debía ser requerido al interesado, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 2573/2025 “ADVANCE ORGANIC MATERIALS SA (TF 38433-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
por encontrarse bajo el régimen de depositario fiel (véase especialmente fs. 5 del expediente administrativo). Esta información fue ratificada en la contestación del oficio dirigido a la Dirección General de Aduanas, obrante a fs. 175 de este expediente, donde se indicó: “de acuerdo a lo normado en la Resolución General 2573/2009 (art. 6) y Resolución General 2721/2009, la guarda documental queda bajo responsabilidad del declarante en carácter de ‘Depositario Fiel’, motivo por el cual la documentación original no se encuentra en esta dependencia”.
Por todo lo expuesto, no se advierten elementos que justifiquen apartarse de lo decidido en este punto.
7. Que, despejada la cuestión preliminar, corresponde analizar si se configuró la infracción prevista y sancionada por el artículo 970 del Código Aduanero, en relación con la mercadería importada mediante el DIT 09 001 IT15964L.
Debe tenerse presente que, en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación —como ocurrió en el caso—, la documentación necesaria para acreditar fehacientemente la exportación de los insumos consiste en los permisos de embarque y los certificados de tipificación, o sus respectivas copias cuando no sea posible acompañar los originales. Ello permite verificar la correspondencia entre los insumos importados y los productos exportados (cfr. esta Sala, causa 35392/10 “Orandi y Massera S.A.”, sent. del 15/3/11, y sus citas).
Asimismo, como lo señala la decisión apelada, el régimen contempla la posibilidad de regularizar la situación de la mercadería importada temporariamente antes del vencimiento del plazo de permanencia, mediante la correspondiente destinación de importación definitiva para consumo. Esta regularización también debe acreditarse mediante los originales o copias de los despachos de importación.
La jurisprudencia es pacífica en cuanto a que, tratándose de un régimen de excepción, la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas recae sobre el beneficiario del régimen, o en su caso, sobre el asegurador que se subrogue en su posición. Tal acreditación debe efectuarse mediante la documentación antes mencionada (doctr. de esta Sala, causas 13079/10 “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A.”, sent. del 8/7/10; 41282/17 “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, sent. del 12/2/15, entre otras).
Se trata, en definitiva, de una cuestión que exige la valoración de circunstancias fácticas y probatorias, las cuales, en principio, se encuentran fuera del alcance de esta Alzada, en virtud de las limitaciones impuestas por la ley al recurso interpuesto (art. 1180, ap. b, Código Aduanero). Solo corresponde apartarse de lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación si de las actuaciones surge un error de magnitud suficiente que justifique revisar su apreciación de los hechos (doctr. de esta Sala, causas 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. del 26/6/12; 7625/19 “Abbott Laboratories Argentina S.A.”, sent. del 29/8/19, entre otras). 5 8°) Que, en el caso concreto, el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que la prueba aportada por la importadora resultaba insuficiente para tener por acreditada la exportación o nacionalización de la totalidad de los insumos ingresados bajo el régimen de importación temporaria. Sin embargo, se adelanta que hay motivos para apartarse de dicha conclusión. En efecto, el tribunal de origen indicó que las copias de los permisos de embarque y del CTIT convalidaban las cantidades informadas como canceladas en sede aduanera (v. fs. 14/15, act. adm.), conforme lo que también surgía del formulario AFIP “Seguimiento Destinaciones Suspensivas - Detalle”. Sin embargo, respecto de los despachos de importación definitiva para consumo acompañados por la actora, afirmó —sin mayor fundamentación— que “no logran corroborar la totalidad de los insumos descargados” (fs. 223), sin explicar las razones que impedían efectuar dicho cotejo.
Ahora bien, de las copias obrantes en la actuación administrativa se desprende que, en las planillas anexas a los despachos de importación para consumo, se consignó expresamente la descarga de mercadería con idéntica posición arancelaria a la importada en forma temporaria, bajo el amparo del CTIT 01442/07 y con imputación específica a los ítems 1 y 2 del DIT en cuestión. Por lo tanto, la afirmación contenida en la decisión apelada aparece, prima facie, carente de sustento (v. esp. fs. 16, 33 y 37, expediente administrativo). Tampoco se advierte que el servicio aduanero haya formulado observaciones o impugnaciones respecto de dicha documentación. De los antecedentes surge que la denuncia se formuló por la totalidad de la mercadería importada temporariamente (v. fs. 5,act. adm.) y, pese a que la importadora incorporó la documentación en su poder, no se produjo informe alguno que valorara dichas pruebas. A fs. 41 se ratificó la denuncia sin más, fundándose en la falta de una declaración jurada, pero sin evaluar la documentación presentada ni señalar deficiencia alguna. Los términos de ese informe fueron finalmente asumidos por la resolución aduanera apelada.
En consecuencia, del mismo modo en que el Tribunal Fiscal tuvo por reexportados 6.214,51 kilogramos de mercadería de la posición arancelaria 3824.90.89.990W, con base en las copias de los permisos de embarque y el CTIT, debió considerar regularizados otros 19.695,49 kilogramos de insumos, conforme las copias de los despachos DI 10 001 IC82 781K y 10 001 IC84 1370H, que totalizan los 25.910 kilogramos de mercadería amparados por la destinación temporaria del caso.
Por todo lo expuesto, corresponde admitir el primer agravio formulado por la importadora y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución DE PRLA 6795/16, dictada en el marco de la actuación 12197-2385-2011, en todos sus términos. Ello implica la nulidad tanto de la imputación infraccional como del reclamo de los tributos que habrían gravado la importación para consumo irregular (arg. art. 274, CA); resultado que beneficia también a la responsable solidaria, en cuanto al pago de dichos tributos.
En virtud de ello, deviene insustancial el tratamiento de los restantes agravios de las partes.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
2573/2025 “ADVANCE ORGANIC MATERIALS SA (TF 38433-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Revocar la resolución de fs. 220/226 y dejar sin efecto la resolución DE PRLA 6795/16, en todos sus términos.
2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, sustancialmente vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
3. Dado el modo en que se decide, dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 264/265 y declarar inoficioso el tratamiento de las apelaciones deducidas contra aquélla. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia