Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 10.318-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución AD LAPL N° 303/17 (AD LAPL) dictada el 30/05/17 en las actuaciones SIGEA N° 12646-25-2011 (SC33-250-2012/2) contra la firma Adventure Cycles S.R.L. y su despachante de aduana Sr. Jorge Luis Guerra, por la que se las condenó al pago de multas por la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1 inc. a) del CA.
2Dejar sin efecto la liquidación tributaria suplementaria confirmada y reclamada a la firma Adventure Cycles S.R.L. según art. 3° de la Resolución N° 303/17 (AD LAPL).
3Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-62774475-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 10 de Junio de 2025 General de Aduanas s/ apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “ADVENTURE CYCLES S.R.L. Y OTRO c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° 38171-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 14-22 se presenta el representante legal de la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación, en los términos del art. 1132 del Código Aduanero (CA), contra la Resolución N° 303/17, dictada el 30/05/17 por la Aduana de La Plata (AD LAPL), en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12646-25- 2011 (sumario infraccional SC33-250-2012/2), mediante la cual se la condenó conjuntamente con el despachante de aduana, Sr. Jorge Luis Guerra, al pago de multas por la comisión de la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1 inc. a) del Código Aduanero (CA) y en forma exclusiva al pago de los tributos adeudados según la determinación suplementaria efectuada por el servicio aduanero en virtud del ajusta de valor dispuesto en relación a la mercadería importada mediante la destinación 08033ZFE1012399Z. Realiza un resumen de los hechos acontecidos. Opone excepción de nulidad del acto administrativo de condena infraccional por carecer de causa conforme lo establecido por el art. 14, inc. b) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). Afirma que los antecedentes tenidos en cuenta por el servicio aduanero no justifican el apartamiento del método de valoración establecido por el art. 1 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Cuestiona el informe en que se basa la Aduana para justificar las inconsistencias en el valor declarado detectadas en base a valores informados por representantes oficiales de las marcas de la mercadería importada. Sostiene que la infracción imputada es inexistente dado que no se configuran los elementos del tipo. Alega que la existencia de elementos que justifiquen un ajuste de valor no implica necesariamente la comisión de la infracción imputada. Solicita la aplicación del art. 902, ap. 1 del CA. Invoca la opinión consultiva 2.1 del Comité Técnico de Valoración Aduanera. Sostiene que se ha violado su derecho de defensa por no haber podido acceder a los datos de los antecedentes tenidos en cuenta por la Aduana para proceder a realizar el ajuste de valor. Invoca los arts. 2 y 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del art. VII del GATT. Subsidiariamente impugna la liquidación suplementaria de tributos en moneda dólares estadounidenses. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva de caso federal. Solicita se absuelva a la actora de la infracción y cargo de tributario dispuestos.
Asimismo a fs. 21 vta. y 22 de autos el despachante de aduana, sr. Jorge Luis Guerra adhiere a los argumentos expuestos por la firma importadora en su escrito de apelación. Invoca lo establecido en el art. 908 del CA.
II. A fs. 29-31 vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Niega genéricamente los hechos y derechos invocados por la actora, no reconocidos expresamente. Realiza consideraciones en relación a la comisión de la infracción imputada y la falta de prueba aportada por la actora que desvirtúe las conclusiones arribadas por la Aduana en tal sentido. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas. Formula reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 34 la demandada acompañó las actuaciones administrativas nros. 12646-25-2011, 12560-96- 2012, 13289-6617-2016, 13289-12985-2017, 13289-23869-20112 en formato papel, en un cuerpo de 111 fojas. A fs. 35 se abrió la causa a prueba. A fs. 174 se clausuró el período probatorio y se elevaron las actuaciones al conocimiento e intervención de la Sala “F”. A fs. 177 se pusieron los autos para alegar. A fs. 187-190 la actora presentó su alegato y a fs. 185 lo hizo la demandada.
A fs. 192 quedaron los autos en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que, a fs. 1-3 mediante Informe Técnico N° 377/11, la Sección Fiscalización y Valoración de Importación (SE FVIM) de la Dirección Regional Aduanera La Plata efectuó un estudio de valor en relación a la mercadería importada, mediante destinación 080033ZFE1012399Z, por la firma Adventure Cycles S.R.L. con la intervención del despachante de aduana sr. Jorge Luis Guerra. Dicho informe concluyó que, del resultado del análisis comparativo de antecedentes de mercadería idéntica, se detectaron las siguientes inconsistencias:
• Ítem 1, subítems 2 y 3: una diferencia en la declaración de la potencia y valor FOB de 2 motoskí, marca Kawasaki, modelo ULTRA250X, de 1498 cm3 de cilindrada, origen Estados Unidos. La importadora, actora en autos, declaró 90 kw de potencia y valor FOB unitario u$s 5.215. Ahora bien, según el antecedente consultado, destinación de importación a consumo (DI) 08001IC04049124P y lo informado por la firma allí importadora la potencia correcta para ese modelo de motor es 184 kw y su valor FOB declarado de u$s 6.510.
• Ítem 1, subítems 4 y 5: una diferencia en la declaración de la potencia, origen y valor FOB de 2 motoskí, marca Sea Doo, modelo RXP X255, de 1494 cm3 de cilindrada. La importadora, actora en autos, declaró 92 kw de potencia, origen Estados Unidos y valor FOB unitario u$s 5.850. Ahora bien, según el antecedente consultado, DI 08033ZFE1011804G y lo informado por la firma allí importadora la potencia correcta para ese modelo de motor es 188 kw, originario de Canadá y su valor FOB declarado de u$s 8.195,70.
• Ítem 1, subitem 6: una diferencia en la declaración de la potencia, origen y valor FOB de 1 motoskí, marca Sea Doo, modelo RXT X255, de 1494 cm3 de cilindrada. La importadora, actora en autos, declaró 92 kw de potencia, origen Estados Unidos y valor FOB unitario u$s 5.900. Ahora bien, según el antecedente consultado por, DI 08001IC04169587X y lo informado por la firma allí importadora, la potencia correcta para ese modelo de motor sería de 188 kw, originario de Canadá y su valor FOB de u$s 8.596,41.
• Item 2: una diferencia en la declaración de la potencia, origen y valor FOB de 1 cuatriciclo marca KTM, modelo 525XC ATV, de 510 cm3 de cilindrada. La actora declaró 19 kw de potencia, origen Estados Unidos y valor FOB u$s 3.305. Ahora bien, según el antecedente consultado, DI 08033ZFE1001598P y lo informado por la firma allí importadora, la potencia correcta para ese modelo sería 42 kw. Su origen Austria y su valor FOB u$s 4.172.
En base a este análisis, el informe en comentario, concluyó que la conducta de la actora encuadraría en el tipo infraccional establecido en el art. 954, ap. 1, inc. a) y el monto del perjuicio sería de u$s 6.313,71, conforme la liquidación suplementaria practicada a fs. 4.
Para llegar a esta conclusión el servicio aduanero realizó búsquedas en los sistemas informáticos Nosis y María, cuyas constancias fueron agregadas a fs. 20-43 de las actuaciones y tomó como antecedentes tres DI Nros. 08001IC04049124P, 08033ZFE1011804G y 08001IC04169587X de mercadería con similares características a las de autos.
Como consecuencia de las conclusiones arribadas en el informe referido, a fs. 47-48, el 21/06/21 se instruyó el sumario infraccional contra la firma Adventure Cycles S.R.L. y el despachante de aduana sr. Jorge Luis Guerra y se corrió vista, notificada el 10/8/12 (fs. 49) y contestada por ambas partes el 24/08/12, según constancias de fs. 53-58 vta. Asimismo a fs. 83-84 de las actuaciones, la firma importadora puso en conocimiento del servicio aduanero la existencia de otros antecedentes de operaciones de importación a consumo de mercadería idéntica realizadas en fechas aproximadas a la de autos y en las cuales se declararon valores similares a los de la destinación en trato. Para ello acompañó una panilla de detalle con la información suministrada por la empresa KHT-Comex (FHT Consulting S.R.L.) y expresó que las firmas importadoras en aquellas operaciones declararon valores, incluso menores a los declarados en la DI de autos, siendo que se encontraban incrementados por los cánones y derechos de licencia respecto de los cuales la actora se encuentra exenta. En consecuencia solicitó la aplicación de los arts. 2 y 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del GATT.
Sin embargo, a fs. 95-96 vta. se emitió el Dictamen Jurídico N° 220/17 y a fs. 97-99, el 30/05/17, se dictó la resolución apelada en autos.
V. Sentado ello y en relación al planteo de nulidad opuesto por la actora considero que los argumentos expresados en su escrito recursivo trascienden cuestiones meramente formales para adentrarse en lo relativo a la apreciación de las pruebas y el estudio de valor efectuado por el servicio aduanero.
Por ello a fin de dar una respuesta jurisdiccional con praxis hermenéutica, estimo conveniente adentrarme directamente al análisis técnico-jurídico de la cuestión de fondo debatida en autos.
VI. Corresponde, entonces, determinar si se ajusta a derecho la resolución recurrida.
A tal fin será necesario analizar la procedencia de la investigación de valor realizada por la Aduana y en caso afirmativo determinar si las inexactitudes detectadas respecto de la declaración efectuada por la actora y su despachante de aduana, efectivamente configuraron el tipo infraccional imputado. En primer lugar y en relación al estudio de valor dispuesto por el servicio aduanero cabe destacar que la cuestión encuentra su base regulatoria en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 del que nuestro país es parte, conforme lo establece la Ley 24.425 (B.O. 05/01/95), que aprobó el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay, entre los cuales se encuentra, el citado Acuerdo, relativo a la materia debatida en autos.
Con sujeción a lo dispuesto en la normativa apuntada, vigente al tiempo de la importación de que se trata, resulta que la primera base para la determinación del valor en aduana de las mercaderías importadas a los efectos de percepción de derechos de aduana ad valorem, es el valor de transacción, ello es, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ello considerado en conjunción con lo previsto en el artículo 8º —ajustes del precio pagado o por pagar— (arts. 1, 8 y 15 del Acuerdo y sus notas interpretativas, contenidas en el Anexo I). El sistema de valoración allí aprobado se basa en un criterio principal, contenido en el art. 1º ya reseñado, cuatro criterios subsidiarios, que en principio deben aplicarse sucesivamente en el mismo orden en que se los enumera, previstos en los arts. 2º, 3º, 5º y 6º —con la posibilidad de invertir el orden de aplicación prevista con relación a los arts. 5º y 6º— y el criterio de razonabilidad previsto en el art. 7º, cuya aplicación será viable como último recurso a fin de determinar el valor en aduana.
Siendo así, recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1º, se podrá recurrir a las otras bases de valoración previstas, en forma sucesiva y excluyente, en los artículos siguientes.
Ahora bien, de las constancias de los antecedentes administrativos se advierte que el rechazo del valor de transacción contemplado en el criterio principal, no se debió a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 1º, párrafo primero, como impedimento para su aplicación, a saber: a) que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercaderías por el comprador; b) que la venta o el precio no dependan de condiciones o prestaciones, cuyo valor no pueda determinarse; c) que ninguna parte del producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior de la mercadería por el comprador revierta directa o indirectamente al vendedor y d) que no exista vinculación entre comprador y vendedor o que, aun existiendo, no haya ejercido ninguna influencia sobre el precio.
Tampoco se observa la existencia de alguno de los elementos enunciados en el art. 8, susceptibles de producir un ajuste del precio realmente pagado o por pagar.
Lo que sí surge de los términos del Informe Técnico N° 377/11, reseñado en el considerando anterior, es que el descarte del primer método de valoración, a saber, el rechazo del precio que surge de la factura comercial que respalda la declaración comprometida (fs. 10 de las actuaciones) —cuya autenticidad no fue cuestionada por el servicio aduanero— se ha fundado exclusivamente en que el valor declarado por la importadora resultaba inferior a los precios de mercaderías que la Aduana consideró de similares características, invocando operaciones de importación a consumo realizadas por otras firmas importadoras, quienes a su vez aportaron información sobre las características de la mercadería como la de autos, mediante correos electrónicos cuyas constancias obran a fs. 24-25 y fs. 30-35 de las actuaciones administrativas. En base a todo ello procedió a valorar la mercadería importada haciendo aplicación de los métodos previstos en el art. 3 del Acuerdo.
En este orden de ideas, el Comité Técnico de Valoración en Aduana, a través de la opinión consultiva 2.1, sostuvo que el criterio de que “el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios corrientes de mercado de productos idénticos, no es razón suficiente para rechazarlo, a efectos del artículo 1, sin perjuicio, desde luego, de lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo” (facultad de la Aduana para investigar la veracidad o exactitud de cualquier información, documento o declaración, presentados a efectos de la valoración en aduana).
Asimismo, conforme surge de la “Decisión relativa a los casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado”, adoptada también en el Acta final de la Ronda Uruguay del GATT de 1994, para poder rechazarse el precio por “otros motivos” distintos a las circunstancias enunciadas en el párrafo 1 del art. 1º, es necesario que la Aduana determine la falta de veracidad o exactitud de las informaciones, documentos o declaraciones que se hayan presentado y recién en este supuesto se legitima la utilización de un método distinto de valoración, lo que permite concluir que el precio, aún en tales casos y, en principio, será aceptable como valor de transacción, aunque sea inferior a los precios corrientes de mercado para artículos idénticos.
La mencionada Decisión permite a la Aduana, por razones fundadas que induzcan claramente a sospechar de la veracidad de los precios facturados y declarados, a proceder a su rechazo e incluso determina la posibilidad de desestimarlos como base de valoración.
En atención a lo mencionado hasta aquí y teniendo en consideración lo establecido en las normas referidas, corresponde determinar si el análisis de valor efectuado por el servicio aduanero en base al método aplicado, justifica acabadamente la recomposición del valor declarado por la importadora en la operación denunciada.
En este sentido, surge de las constancias de las actuaciones administrativas que el principal argumento o fundamento del servicio aduanero para realizar el ajuste cuestionado en esta instancia, radicó en los antecedentes que tenía respecto de similar mercadería a la declarada por la importadora.
En efecto realizó una enunciación de operaciones de importación documentadas mediante las destinaciones cuyos números cita en el Informe Técnico N° 377/11, aunque sin agregar copia alguna de la documentación relativa a ellas. Según constancias de fs. 20-29 de las actuaciones, el servicio aduanero incorporó información proveída por diferentes sistemas digitales (Nosis y AFIP) de la cual surgen los datos de dichas destinaciones.
Recién en esta instancia la demandada acompañó los sobres contenedores de la documentación original de las destinaciones mencionadas, conforme las constancias de fs. 43, 44 y 50 de autos.
Lo cierto es que, de la compulsa de la información referida precedentemente, se colige que estamos frente a un ajuste de valor realizado en base a antecedentes insuficientes. Ello, no sólo porque se ha tomado como referencia un único antecedente relativo a cada uno de los modelos que conforman la mercadería similar a la de autos, descartándose el resto, sino que además de la lectura de los datos de los antecedentes descartados resulta que los valores adoptados como válidos por la Aduana no son unánimes ni contundentes.
De las mismas planillas agregadas por la Aduana en las actuaciones administrativas surgen datos de múltiples operaciones de importación de mercadería idéntica o similar a la de autos, realizadas por diferentes firmas importadores en el mismo año de la DI de autos, pero los valores declarados en cada una de ellas no resultan ser en todos los casos superiores a los declarados por la actora.
Entiéndase, el servicio aduanero desestimó el precio documentado —y respaldado— como base de valoración de la mercadería importada, sustituyéndolo por otros superiores emergentes de sus propios registros informáticos, de los cuales surge también que en otras operaciones idénticas a la de autos se declararon valores FOB inferiores a los documentados por la actora. Ello siempre teniendo en cuenta las características de la mercadería en consideración, el régimen bajo el cual ingresó, su origen y procedencia, condiciones de importación, etc., en fin, una serie de condiciones y datos indispensables para realizar un ajuste de valor en los términos de la normativa analizada precedentemente.
Tampoco se observa un comportamiento tendiente a fundamentar la cuestión de valor a fin de dar un marco de legalidad al ajuste practicado, siendo que ni siquiera se ha tenido en cuenta lo establecido por los arts. 2 y 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del GATT los cuales establecen que cuando la Aduana disponga de más de un valor declarado respecto de idéntica mercadería según los antecedentes consultados para realizar la comparación, deberá ajustar el valor de conformidad al antecedente de valor más bajo.
El suscripto considera que, si bien la consulta a registros informáticos realizada por la Aduana pudo ser empleada como parámetro de excitación de la investigación de estilo, recabando información para determinar la dubitada verosimilitud de los precios declarados, ello debió justificarse posteriormente en una investigación complementaria de valor mediante la cual se acreditara que los utilizados por la actora resultaron manifiestamente arbitrarios o inferiores. Por el contrario ello no surge de manera certera e inequívoca de la documentación, información y antecedentes utilizados por el servicio aduanero para llegar a la conclusión arribada.
Esto no implica que deba aceptarse sin más, como base de valoración, al precio facturado y/o declarado valor de transacción cuando éste se presenta inicial y razonablemente vil o irrisorio, o al menos sospechoso en su veracidad, por cuanto la aceptación de dicho precio como base de valor en aduana para las mercaderías importadas puede resultar contradictorio o incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo.
No obstante, lo que acontece en el presente caso es que el servicio aduanero no probó de manera contundente la supuesta duda inicial ni realizó una investigación complementaria que denote que el valor documentado resultó considerablemente inferior a precios o a valores de “antecedentes”, o a los precios corrientes o bien a la cotización internacional de la mercadería.
Tal forma de proceder, sin recabar de manera acabada antecedentes idóneos y comprobables a los efectos de justificar la determinación del valor, es la circunstancia que permite concluir que no existen, en el caso, referentes suficientes para descartar el valor de la mercadería declarada, apareciendo el valor atribuido por el servicio aduanero como caprichoso e incierto, dado que, como ya se expresó, no se evidenció de los registros consultados, unanimidad en el valor FOB de la mercadería en análisis que permita aseverar que el declarado por la actora resulta inexacto o totalmente alejado de los valores correspondientes.
En definitiva, el proceder de la Aduana se expone como abiertamente contradictorio e incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia (conf. Sala “F” in re: “KREVISKY IMPORT S.R.L.”, expediente nº 10.318-A, sentencia de fecha XX/05/01, entre otros).
En este orden de razonamiento, cabe destacar que la carga de probar y justificar el valor documentado puede desplazarse por aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba sobre la importadora, pero ello así, una vez que el servicio aduanero pone en marcha el procedimiento de investigación de valor, lo que no implica que la determinación del valor quede sujeta a la discrecionalidad de la D.G.A. Entiéndase, la Aduana duda, investiga y traslada su fundada y acreditada sospecha a la importadora para que esta rebata –o no- lo que el Fisco colige como elemento de cargo para descartar el valor documentado. En el caso en cuestión, ni siquiera se cumplieron los procedimientos legales previstos a los efectos de la determinación del valor de transacción.
En síntesis, no constatándose con las circunstancias que podrían justificar la inicial duda sobre la verosimilitud del precio declarado y resultando insuficientes los antecedentes utilizados por el servicio aduanero para descartar el precio declarado por la importadora, no puede considerarse como correcta la aplicación del método alternativo de valoración, quedando, en consecuencia, sin sustento el ajuste de tal forma practicado.
No puedo soslayar que lo ventilado en estos obrados y las particularidades reseñadas no conforman un hito aislado en el universo de la casuística en cuestiones de valoración y ello motivó la IG-2019-2-E-AFIP- DGADUA mediante la cual, el entonces Director General de Aduanas, fijó pautas objetivas a verificar en procesos como el aquí ventilado, puntualmente se exigió verificar que “Conste la justificación del motivo por el cual se descartó el valor de transacción, como método de valoración y se indique el método por el cual se efectúa la nueva valoración de la mercadería involucrada, habiéndose respetado el orden de prelación correspondiente….b) Se encuentren invocados y adjuntos los antecedentes que dan sustento al cargo o la denuncia…c) En caso de haberse utilizado el método de valoración correspondiente a mercadería idéntica o similar a la documentada, los antecedentes invocados sean comparables en especie, calidad, cantidad, marcas, modelos, nivel comercial, origen, precio unitario, prestigio comercial, contando además con los datos necesarios para efectuar una comparación válida y debiendo ser asimismo, contemporáneos a la operación de que se trate….”, dando cuenta que lo descripto no obedece a un error aislado en lo que hace al procedimiento a seguir para arribar a una recomposición de valor ajustada a derecho, error que se verifica en estos obrados.
Por lo tanto, resulta improcedente el ajuste de valor efectuado por el servicio aduanero sobre la destinación de importación aquí involucrada, ello por no encontrarse acreditados los requisitos necesarios e indispensables a tales fines.
VII. Sentado lo anterior, corresponde determinar si la Resolución N° 303/17 de la Aduana de La Plata, por la que se le imputa a la recurrente y al despachante de aduana, sr. Jorge Luis Guerra la comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA, se ajusta a derecho.
El art. 954 del C.A. dispone que: “...1 el que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio"
Surge de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, que las mismas se originaron en virtud de la diferencia entre el valor FOB declarado por la actora en la destinación de importación en cuestión y el que habría sido constatado por el servicio aduanero en virtud del ajuste de valor efectuado, hecho que motivó la instrucción del sumario que culminó con el dictado de la resolución objeto de autos. Tal como se señaló en el presente caso, la Aduana consideró que se había consignado un monto FOB menor al que correspondía y que ello ocasionó un perjuicio fiscal por el pago de un importe menor al correspondiente en concepto de tributos, al ser la base imponible declarada presuntamente menor que la real.
Ahora bien, conforme lo expuesto en el considerando precedente la inexactitud en relación al valor FOB en cuestión no puede ser siquiera evaluada para su eventual reproche, por cuanto resultó improcedente el ajuste efectuado.
En consecuencia, corresponde declarar que no se encuentra configurada la infracción imputada, motivo por el cual la resolución apelada debe ser también revocada.
VIII. En virtud de la forma en que se resuelve la presente causa resulta inoficioso tratar los demás agravios de la apelante.
IX. Respecto de las costas del proceso, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas a la demandada vencida.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución AD LAPL N° 303/17 (AD LAPL) dictada el 30/05/17 en las actuaciones SIGEA N° 12646-25-2011 (SC33-250-2012/2) contra la firma Adventure Cycles S.R.L. y su despachante de aduana sr. Jorge Luis Guerra, por la que se las condenó al pago de multas por la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1 inc. a) del CA.
2. Dejar sin efecto la liquidación tributaria suplementaria confirmada y reclamada a la firma Adventure Cycles S.R.L. según art. 3° de la Resolución N° 303/17 (AD LAPL).
3. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución AD LAPL N° 303/17 (AD LAPL) dictada el 30/05/17 en las actuaciones SIGEA N° 12646-25-2011 (SC33-250-2012/2) contra la firma Adventure Cycles S.R.L. y su despachante de aduana Sr. Jorge Luis Guerra, por la que se las condenó al pago de multas por la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1 inc. a) del CA.
2. Dejar sin efecto la liquidación tributaria suplementaria confirmada y reclamada a la firma Adventure Cycles S.R.L. según art. 3° de la Resolución N° 303/17 (AD LAPL).
3. Costas a la demandada vencida.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino en los términos del art. 1162 del CA.
Date: 2025.06.10 14:05:45 ART Date: 2025.06.10 16:39:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.10 16:40:13 -03:00
Fin de la sentencia