Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PLA N° 3240/07, dictadas por el Señor Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 28 de mayo de 2007, y, consecuentemente, dejar sin efecto la multa y los tributos impuestos a AEROFARMA LABORATORIO S.A.I.C.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-62383521-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 31 de Mayo de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquís y Horacio Joaquín Segura, para resolver en autos caratulados “AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 24.469-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 9/17 la firma AEROFARMA LABORATORIO S.A.I.C. (en adelante “AEROFARMA” o “actora”) se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PLA N° 3240/07, dictadas por el Señor Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 28 de mayo de 2007, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1 inc. a), del Código Aduanero (en adelante “CA”), se resuelve condenar a la actora al pago de un primer monto igual a $ 9.106,68, en concepto de multa, y un segundo monto igual a $ 9.106,68, en concepto de tributos adeudados.
II. Así las cosas, es pertinente consignar que el recurrente comienza su intervención resaltando la arbitrariedad de la resolución apelada. Fundamenta su afirmación argumentando el no haberse tenido en cuenta ni los argumentos ni la prueba oportunamente presentada. Menciona que se llevó a cabo la solicitud del concurso preventivo correspondiente por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal el 27 de diciembre de 2001, y que su apertura fue finalmente decretada el 15 de marzo de 2002. Aclara que en las actuaciones administrativas se expuso la situación de la actora y, como resultado de ello, se solicitó se declare prescriptas las diferencias de tributos y las acciones tendientes al cobro de las infracciones. Agrega que, no obstante, la Aduana “… nada [dijo] al respecto en la resolución apelada: 1) [n]o se expidió como se solicitara; 2) [n]o [valoró] las pruebas acompañadas a ese respecto”. Luego de haber hecho un examen de las opiniones de los principales autores con relación a la naturaleza y a la procedencia del tributo bajo examen, alega que la obligación tributaria nace al configurarse el hecho imponible, independientemente de su determinación, y que, como resultado de ello, la diferencia de tributo tiene el carácter de concursal o preconcursal. De esta manera alega que, por aplicación de los preceptuado por el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, la infracción habría prescripto el 27 de diciembre de 2003. Cita doctrina y jurisprudencia pertinente. Critica, a su vez, el no haberse tratado en los dictámenes internos ni en la resolución recurrida la prueba documental oportunamente ofrecida con relación a dos despachos de importación de 2001. Con relación a estos últimos elementos de prueba, hace alusión a la doctrina de los actos propios. Cita jurisprudencia. Destaca, a su vez, que, para el hipotético caso de no compartir lo mencionado con anterioridad, se deba tener presente la inexistencia de conducta punible debido a la falta del elemento subjetivo necesario.
Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 24/28 la representación fiscal contesta el traslado y, luego de realizar una descripción sucinta de los hechos y de efectuar una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Con respecto al fondo de la cuestión debatida, afirma que, debido a que la actora considera aplicable al caso bajo examen la normativa concursal, estos no hallarían asidero legal al considerar que la normativa mencionada no es aplicable “… ya que la obligación tributaria que origina esta causa se rige por normas propias (legislación aduanera) que es la norma especial que prevalece”. En otro orden de ideas, agrega que resulta imprescindible que los despachantes de aduana, importadores, transportistas, agentes de transportes, viajeros, tripulantes, etc., suministren precisa y concretamente todos los elementos de juicio o informaciones necesarias que permitan al servicio aduanero ejercer sus facultades de control. Cita jurisprudencia. En este sentido, adiciona que las declaraciones aduaneras efectuadas para dar cumplimiento a las destinaciones u operaciones con mercaderías, introducidas o extraídas por las vías acuáticas, terrestres o aéreas, comprometen la responsabilidad de quienes las formulan, ya que las inexactitudes en que incurran en ellas son punibles. Recuerda, a su vez, que el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. penaliza la inexactitud en que se incurriere en una declaración aduanera cuando tuviere el efecto de causar o de poder causar un perjuicio fiscal, “…cuyo concepto suministrado por el art. 956, inc. b), [del mismo cuerpo legal] es “la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el Fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación””. De esta manera, concluye que toda declaración que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere producido un perjuicio fiscal es, por este motivo, punible. Cita jurisprudencia al respecto.
IV. A fs. 37 se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 46. A fs. 59 se cierra el período probatorio y a fs. 62 se elevan los autos a consideración de la Sala “G”. A fs. 63 se ponen los autos para alegar, obrando constancia a fs. 68 de que ninguna de las partes hizo uso del derecho conferido. A fs. 69 pasan los autos a sentencia.
V. Mediante el examen de las actuaciones descriptas con anterioridad, en el presente caso se observa la necesidad de dilucidar si la Resolución DE PLA N° 3240/07 fue dictada de conformidad con el derecho vigente y, por consiguiente, si el apelante efectivamente incurrió en una declaración inexacta, según lo expresamente estipulado por el art, 954, ap. 1 inc. a), del C.A. No obstante, teniendo en cuenta los argumentos oportunamente presentados por la actora, se torna necesario analizar, en primer lugar, las siguientes dos cuestiones preliminares: a) si las sanciones estipuladas por la Resolución mencionada finalmente prescribieron, sobre la base de lo establecido por el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras (Ley 24.522) y; b) si el comportamiento contradictorio oportunamente manifestado por el servicio aduanero, en lo que respecta a la clasificación arancelaria de la mercadería bajo estudio, genera algún efecto jurídico sobre la sanción apelada. Previo al examen de las cuestiones precedentemente mencionadas, se realizará una descripción sucinta de los hechos involucrados en la presenta causa.
VI. Gracias a los elementos de prueba oportunamente presentados, se constata que, como resultado de su operatoria habitual, la actora oficializó, entre el 30 de mayo de 2000 y el 4 de septiembre de 2001, cuatro destinaciones de importación para consumo (01 001 IC05 008709 N [26/02/2001]; 00 001 IC05 046103 C [27/09/2000]; 01 001 IC05 039120 E [04/09/2001]; 00 001 IC04 075584 Z [30/05/2000]) con el objetivo de ingresar al territorio argentino, según la descripción detallada en cada una de las destinaciones mencionadas, una cantidad determinada (medida en kilogramos) de “…envases tubulares (depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares) de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles) para cualquier material (excepto gas comprimido o licuado) de capacidad inferior o igual a 300, sin dispositivo mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo”. A continuación, se detalla un cuadro con los principales datos de cada una de las destinaciones bajo examen:
Fecha de la Derechos de Imp. en N° de la DI Cantidad en Kg. Origen de las Imp(s)
DI %
30/05/2000 00 001 IC04 075584 Z 489,97 Chile 5,7 27/09/2000 00 001 IC05 046103 C 1.520,04 Chile 5,7 26/02/2001 01 001 IC05 008709 N 1.236,39 Chile 4,07 04/09/2001 01 001 IC05 039120 E 561,96 Chile 4,07 En las cuatro ocasiones, la mercadería en cuestión fue clasificada por la actora en la posición arancelaria 7612.10.00.100C. No obstante, el 4 de abril de 2002, la Sección “M” – División Puertos y Aeropuertos de la Dirección General de Aduana elaboraría las Actas de Denuncia n° 34/02, 36/02, 26/02 y 28/02 (ver fs. 1, 17, 32 y 48 respectivamente de las actuaciones administrativas) debido a que, como resultado de los contrales oportunamente efectuados sobre los cuatro despachos de importación detallados con anterioridad, se había detectado “…una diferencia de calidad, originando, por diferencia de tratamiento arancelario, un perjuicio fiscal…” (ibid.). En efecto, sobre la base de lo expresamente estipulado por el art. 7° de la Resolución general (AFIP) 906/00 del 10 de octubre de 2000 (ver fs. 9 ibid.), los envases tubulares importados debieron haber sido clasificados en la posición arancelaria NCM 3923.30.00. De esta manera, el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros procedería, el 3 de junio de 2002, a la apertura del sumario correspondiente “…en los términos del artículo 1090 inc. c) del Código Aduanero atento a que en los autos de la referencia se habría configurado la infracción prevista y reprimida en el art. 954, ap. 1° inc. a) del citado cuerpo legal, al constatarse una declaración inexacta en la supervisión de los Despachos de Importación [anteriormente mencionados]” (ver fs. 62 ibid.). A su vez, se estipularía correr vista de lo actuado tanto a la actora como al Despachante de Aduana Sr. Eduardo A. Mesuraco (ibid.).
Mediante sus correspondientes presentaciones escritas, ambas partes afectadas coincidirían en los siguientes tres puntos (ver fs. 64 a 68 y 70 a 80 ibid.): a) en primer lugar, la posición arancelaria elegida por la actora para la mercadería bajo análisis concordaría con aquella identificada por los exportadores provenientes de Chile y Brasil; b) en segundo lugar, se presentarían como elementos de prueba dos destinaciones de importación para consumo correspondientes al año 2001 (01 001 IC05 018011 A [20/04/2001]; 01 001 IC05 044471 J [15/10/2001]), mediante los cuales la actora se encontraba importando el mismo tipo de mercadería, proveniente de idéntico proveedor y empleando la posición arancelaria impugnada (7612.10.00.100C). Sin embargo, y a pesar de haber sido sometidas al canal rojo de selectividad, las operaciones de importación no serían objetadas por el servicio aduanero; c) finalmente, se resaltaría que dos de los cuatro despachos de importación examinados habían sido oficializados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución general (AFIP) 906/00 del 10 de octubre de 2000; instrumento, este último, empleado por el servicio aduanero como fundamente para justificar su decisión de considerar las cuatro destinaciones de importación para consumo mencionadas con anterioridad como declaraciones inexactas.
Con posterioridad a haberse contestado las vistas en tiempo y forma, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros decidiría, el 4 de noviembre de 2002, adoptar una medida de mejor proveer consistente, principalmente, en dos pasos (ver fs. 81 vta. ibid.). En primer lugar, se solicitaría remitir las actuaciones administrativas a la División Puertos y Aeropuertos – Sección M, con la finalidad de obtener una muestra representativa de la mercadería en presunta infracción o, en caso de verse imposibilitada de adquirir dicho material, de adjuntar la documentación necesaria (material técnico, folletería, manuales, etc.) a los fines de acceder a una información completa de la mercadería en cuestión. En segundo lugar, una vez adquirido el material mencionado, se requería remitir las actuaciones administrativas a la División Clasificación Arancelaria con la finalidad de que esta última se encuentre en condiciones de emitir el dictamen clasificatorio correspondiente (ibid.). En respuesta al primer requerimiento, el 19 de noviembre de 2002, la División Puertos y Aeropuertos – Sección M afirmaría que “… las muestras solicitas [habían sido] extraídas en oportunidad de la supervisión del DI 01 001 IC05 44471 J…” y adjuntadas a la correspondiente acta de denuncia (ver fs. 82 ibid.). Asimismo, aclararía que “…en base a dicha supervisión, por entenderse que la mercadería [era] idéntica, de acuerdo [con] los datos que se [desprendían] de los Despachos de Importación y su documentación complementaria, se procedió a realizar las denuncias…” detalladas en el mismo documento (ibid.). Finalmente, recordaría que, sobre la base del art. 7° de la Resolución General AFIP N° 906/00, la mercadería de autos debería haberse ubicado en la PA NCM 3923.30.00 (ibid.).
Con respecto al segundo requerimiento, la División Clasificación Arancelaria adoptaría, el 15 de enero de 2007, el Dictamen Técnico n° 06/07 (ver fs. 104 a 106 ibid.). En dicho escrito, luego de detallarse los antecedentes del caso, se aclararía que el Dictamen se habría efectuado si contar con una muestra representativa ni catálogo alguno y, por consiguiente, se encontraba basado únicamente en lo afirmado por los informes de denuncia adjuntos a las actuaciones administrativas. Haría referencia, a su vez, a la copia adjunta del Criterio de Clasificación n° 107/00, documento del 11 de agosto de 2000 sobre el cual recaería la Resolución General AFIP n° 906/00 del 10 de octubre del mismo año, según lo expresamente manifestado en el 3° considerando del mencionado Dictamen (ibid.). Finalmente, la División Clasificación Arancelaria terminaría por opinar que “[l]a mercadería documentada en […] los Despachos de Importación [bajo examen] debería conceptuarse como “[e]nvase tubular flexible de los tipos utilizados para dentífrico, tinturas capilares y demás productos cosméticos, constituido por una capa externa de plástico, una lámina intermedia de aluminio y una capa interna también de plástico, con un extremo sin cerrar y el otro provisto de rosca y su correspondiente tapa”, la cual clasificaría en la posición arancelaria N.C.M. 3923.30.00, p. SIM 3923.30.00.910 B, tributando para las destinaciones de importación N° 00 001 IC05 046103 C y 00 001 IC04 075584 Z un D.I.E. [del] 22%, según Dto. 998/95 y modificatorias, y para [las destinaciones de importación] N° 01 001 IC05 008709 N y 01 001 IC05 039120 E un D.I.E. [del] 20,5%, según Dto. 998/95 y modificatorias…” (ibid.).
Paralelamente, la actora realizaría la presentación de un escrito ante el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros con el objetivo de constituir nuevo domicilio, de denunciar la apertura del concurso preventivo correspondiente el 15 de marzo de 2002 y de efectuar, como consecuencia de esto último, un planteo de prescripción, sobre la base de lo estipulado por el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras (ver fs. 86 a 98 ibid.).
En virtud de lo dispuesto por el Dictamen Técnico n° 06/07 mencionado con anterioridad, de los escritos presentados por cada una de las partes involucradas y de la reliquidación del perjuicio fiscal oportunamente imputado (ver fs. 108 a 115 ibid.), el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros terminaría resolviendo, mediante la Resolución DE PLA N° 3240/07 del 28 de mayo de 2002: a) absolver al despachante de aduana Sr. Eduardo Alejandro Mesuraco y; b) condenar a la actora al pago de un primer monto igual a $ 9.106,68, en concepto de multa, y un segundo monto igual a $ 9.106,68, en concepto de tributos adeudados, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1 inc. a), del C.A. Con posterioridad a la adopción de la Resolución DE PLA N° 3240/07, y de conformidad con lo estipulado por el art. 1115 del C.A., tanto el Departamento Asesoramiento Aduanero como la Subdirección General Técnico Legal Aduanera manifestarían su acuerdo con relación a la absolución del despachante de aduana mencionado con anterioridad (ver fs. 121 a 123 ibid.).
VII. Frente a los hechos descriptos, la primera cuestión preliminar a examinar es aquella vinculada con la prescripción de la acción del fisco para imponer penas. En efecto, según lo manifestado oportunamente por la actora, “[e]n el año 2002, la Aduana comienza con este sumario. En dicho momento bien habría podido el Fisco verificar en forma tardía la diferencia de tributos y hacer la previsión por la multa que ahora impone, tal como lo hiciera, por ejemplo, en el concurso de mi representada la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires por una multa que a la fecha de verificación no se encontraba firme y discutida ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, nada ha hecho o dicho en el expediente concursal. El plazo de prescripción del art. 56 de la LCQ se cumplió en diciembre de 2003, más de un año después de la detección de la presunta diferencia de clasificación arancelaria […]. En concreto, por aplicación de lo preceptuado en el [mencionado artículo], la infracción prescribió el 27 de diciembre de 2003”. Frente a dicho argumento, la representación fiscal manifestaría que “…atento a que la contraria basa sus agravios en la aplicación al caso de la normativa concursal, [este fundamento no hallaría asidero legal alguno], atento a que dicha normativa no es aplicable al caso en cuestión, ya que la obligación tributaria que origina esta causa se rige por normas propias (legislación aduanera) que es la norma específica que prevalece”.
VIII. Según lo dispuesto en el art. 56 de la ley 24.522, párr. 6º, “[e]l pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras se tramite el concurso o, concluido éste por la acción individual que corresponda, dentro de los dos años de la presentación en concurso […]. Vencido ese plazo prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor”. El presente precepto debe interpretarse en armonía con lo dispuesto por el art. 32 de la ley citada, según el cual: “[t]odos los acreedores por causa o título anterior a la presentación deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos […]”.
XIX. Ante todo, procede recordar que el ente recaudador está en condiciones de presentarse a verificar su acreencia si su pretensión se sustenta en una deuda líquida y exigible. En caso contrario, se ve obligado a continuar con el procedimiento administrativo determinativo que, por otra parte, resulta sustraído de la fuerza expansiva que ejerce el fuero de atracción. Asimismo, se debe recordar que, luego de agotada la instancia administrativa pertinente, el acto que la determina adquiere carácter exigible, mientras que, para el caso de las multas, adquieren ejecutoriedad cuando existe un pronunciamiento judicial que las confirme. En consecuencia, ante la situación descripta, es factible que al momento en que el organismo recaudador esté en condiciones de reclamar coactivamente el cobro de la deuda, hayan transcurrido los dos años que prevé el art. 56 de la ley citada.
XX. A la luz de tales consideraciones efectuadas, considero que el ente fiscal, cuando se presenta a reclamar el cobro de una deuda de causa anterior a la presentación en concurso, pero que fue determinada y adquiere carácter ejecutorio con posterioridad a la presentación en concurso, resulta sustraído de la regla en cuestión por la sencilla razón de que el plazo de prescripción de dos años establecido en el art. 56 de la Ley 24.522 solo debe ser aplicado en la medida que la acción del acreedor resulte expedita. En apoyo de mi posición, basta con señalar que el ordenamiento jurídico argentino no conoce la existencia de un plazo de prescripción que entre en vigencia si el demandante resulta imposibilitado de ejercitar la acción. En tal sentido, en la medida que el crédito fiscal resulte sustraído de la fuerza expansiva que ejerce el fuero de atracción, el plazo de prescripción no le será aplicable.
XXI. En este sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene sentado, bien que con relación al art. 22 de la Ley 19.551, que la ley concursal solo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Fallos: 310:719). A su vez, vale evocar lo manifestado por el Señor Juez de Cámara Dr. Bernardo Licht, a través de su voto separado en la causa Zanella. En dicha oportunidad, comenzaría por afirmar que “…cuando la determinación de oficio ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Fiscal, y toda vez que no se trata de un “juicio de contenido patrimonial contra el concursado”, rigen en plenitud las disposiciones específicas…”, para luego detallar que “[u]na interpretación que conduzca a que prevalezca la norma concursal sobre la tributaria llevaría a que los plazos de prescripción (caducidad) previstos en esta última para impugnar las declaraciones juradas y determinar la materia imponible podrían quedar subsumidos por la del art. 56 de aquél ordenamiento concursal; enervando de tal modo el ejercicio de las acciones y poderes fiscales que, para determinar los impuestos y para aplicar las multas, se estipulan en los arts. 59 y 61 de la ley de la materia tributaria. Desde otra perspectiva podría llegar a sostenerse que el cumplimiento del plazo de la prescripción abreviada del art. 56 de la ley concursal constituiría un impedimento definitivo para el ejercicio de las facultades del Fisco para determinar de oficio las obligaciones del concursado; no obstante el mayor plazo de prescripción contenido en la ley tributaria que, específicamente rige la materia; conclusión a la que solo podría arribarse por conducto de una interpretación inadecuada del marco normativo y que prescinda de la auténtica voluntad del legislador. En tal sentido constituye una pauta hermenéutica saludable aquella que consigna que las leyes deben ser interpretadas evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 308:1857, entre otros)” (CNACAF, Zanella San Luis SAIC (TF 14.756-I) c/DGI, Expte. N° 24.695/98, 7 de diciembre de 1999).
XXII. En esta línea de pensamiento, no corresponde discernir si los plazos de prescripción previstos en la ley específica tributaria deben ceder frente al abreviado establecido en el art. 56 de la ley concursal. A mi modo de ver, la doctrina que plantea la disyuntiva en estos términos parte del error de considerar concursal una deuda, a cuyo respecto el hecho imponible se configuró en una fecha anterior a la presentación concursal pero que resultó determinada y exigible luego de ese momento. Es así que, en definitiva, por sobre el resto de la doctrina interesada, Navarrine acierta cuando critica el fallo Zanella, al sostener que el crédito determinado después de la presentación en concurso resulta una acreencia posconcursal (Navarrine, S., “La prescripción de las obligaciones tributarias”, Impuestos LVII-B-2274 y sigs.). En ese sentido, la disidencia expresada no está ceñida a la interesada doctrina que pretende aplicar, contra la buena fe, los plazos de prescripción de la ley concursal a los créditos fiscales que no resultan exigibles con anterioridad a la presentación en concurso. De esta manera, como resultado de lo mencionado hasta aquí, se rechaza la primera cuestión preliminar invocada por la actora en lo que respecta a la prescripción de la acción del fisco para imponer penas.
XXIII. Resta analizar la segunda cuestión relacionada con el supuesto comportamiento contradictorio oportunamente manifestado por el servicio aduanero en lo que respecta a la clasificación arancelaria de la mercadería bajo estudio. En efecto, según lo manifestado por la actora, “…si bien podrá argumentarse que mi mandante fue quien declaró la clasificación arancelaria cuestionada, no es menos cierto que dicha declaración fue corroborada con el actuar posterior de la Aduana al haber verificado conforme distintos despachos de importación, habiendo efectuado la verificación física de su contenido (canal rojo)”. En este sentido, vale recordar que en sus correspondientes escritos, tanto el Despachante de Aduana, Sr. Eduardo A. Mesuraco como AEROFARMA, presentarían como elementos de prueba dos destinaciones de importación para consumo correspondientes al año 2001 (01 001 IC05 018011 A [20/04/2001]; 01 001 IC05 044471 J [15/10/2001]), mediante los cuales se acreditaba que la actora se encontraba importando el mismo tipo de mercadería, proveniente de idéntico proveedor y empleando la posición arancelaria impugnada (7612.10.00.100C). Sin embargo, y a pesar de haber sido sometidas al canal rojo de selectividad, las operaciones de importación mencionadas no serían objetadas por el servicio aduanero. Esta situación descripta, a pesar de haberse desarrollado durante el mismo año en que se oficializaron dos de las destinaciones de importaciones objeto del presente procedimiento (01 001 IC05 008709 N [26/02/2001]; 01 001 IC05 039120 E [04/09/2001]) y bajo idéntico régimen jurídico manifestado a través de la Resolución general (AFIP) 906/00 del 10 de octubre de 2000, en estos últimos dos casos, el servicio aduanero adoptaría, como bien surge de los hechos descriptos ut supra (considerando VI), un comportamiento diametralmente opuesto. A su vez, cabe mencionar, una vez más, que dos de los cuatro despachos de importación objetados habían sido oficializados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución general mencionada precedentemente; instrumento, este último, empleado por el servicio aduanero como fundamento para justificar su decisión de considerar las cuatro destinaciones de importación para consumo bajo examen como declaraciones inexactas.
XXIV. Como subyace, las circunstancias descriptas se encuentran íntimamente ligadas al derecho que asiste a los administrados a la protección de su confianza legítima, aspecto éste que ha preocupado inicialmente a la doctrina administrativista y que, por cierto, últimamente también ha sido objeto de tratamiento por autores especialistas en derecho tributario. La formulación del principio de confianza legítima parte del caso de la “viuda de Berlín”, en el que a la afectada se le exigía la devolución de las sumas de su pensión percibidas indebidamente, pero de buena fe, en razón de la información oficial equivocada que se le había proporcionado. Máxime, si los actos se expidieron sin grave error de derecho y generaron una situación de confianza que debe ser protegida por el ordenamiento jurídico (Fallos: 175:368; 285:195; 308:601; 310:1045; 327:5356, entre muchos otros).
En definitiva, la postura adoptada no tutela el mantenimiento o protección de un beneficio conseguido al margen de las disposiciones vigentes, pues bien podría implicar un quebrantamiento de las reglas de la justicia distributiva y, en particular, de la regla constitucional que impone la igualdad ante las cargas públicas. También se podría ver afectado el principio de legalidad, acentuado en el campo tributario por la vigencia del principio de reserva de ley, que impide a la administración la creación de situaciones jurídicas que no fueron previstas por el legislador al tiempo de instituir la gabela. En rigor de verdad, se trata de armonizar los principios en pugna. Resulta evidente que, en el caso, se presentó una antinomia entre situaciones jurídicas protegidas por el derecho, ante la cuál debe practicarse un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, con la finalidad de determinar si la legalidad, sin más, sacrifica valores y principios constitucionales de mayor envergadura que los protegidos con el fin propuesto.
En ese orden de ideas, debe recordarse que es regla elemental de hermenéutica jurídica la que aconseja que, frente a distintos criterios de interpretación posibles, se privilegie aquel que permita armonizar la norma en cuestión con el orden jurídico restante y con las previsiones de la Constitución Nacional. De allí que no se deba poner en veredas opuestas la protección del principio de legalidad y la invocación de la seguridad jurídica. En el caso de marras, ambos tienen cabida, a poco de repararse que se trató, desde el inicio, de una situación que no daba lugar a una interpretación inequívoca de la norma aplicable. Por ello, a pesar de las limitaciones cognoscitivas que posee este órgano jurisdiccional, por su origen administrativo, con respecto a la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica (Ver art. 1164 del C.A. y Acuerdo Plenario del 26 de abril de 2022, dictado por el TFN en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación” (expte.
EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN)), vuelvo a decir que nada impide dejar de lado una norma cuando su aplicación conduce a un resultado opuesto a principios y valores constitucionales que deben ser ponderados en el caso concreto para llegar a una decisión virtuosa. Ya que, en definitiva, no debe olvidarse que todo ordenamiento jurídico es la expresión de una obra asociativa de la que participan distintos estamentos que se relacionan entre sí; y siempre de acuerdo con las exigencias de una idea rectora que identifica al sistema.
XXV. A mi entender, el comportamiento seguido por la administración pública en el presente caso, tendiente a considerar las declaraciones de importación mencionadas como declaraciones inexactas, manifiesta una contradicción con la conducta previamente asumida y, por consiguiente, afecta con toda claridad el principio de la confianza legítima. Con respecto a este último, merecen ser traídas a colación las palabras pronunciadas oportunamente por el Tribunal Constitucional Federal alemán: “[l]a seguridad jurídica es uno de los elementos fundamentales del principio del Estado de Derecho. Los ciudadanos tienen que ser capaces de prever posibles injerencias de la parte del Estado que les pueden afectar y de comportarse de manera adecuada. Los individuos tienen que poder fiarse de que sus acciones que son lícitas bajo el derecho actual y de las que siguen determinadas consecuencias jurídicas también pueden ser consideradas lícitas en el futuro. […] Seguridad jurídica significa para el ciudadano en primer lugar la protección de la confianza legítima” (BVerfGE 13, 261, cit. por Johann-Christian Pielow, “El principio de la confianza legítima (vertrauensschutz) en el procedimiento y las relaciones jurídico-administrativas”, IV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativos, Allan Randolph Brewer-Carias, 9-12 de noviembre de 1998, Caracas, 1998, Ed. Funeda).
XXVI. En este sentido, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal afirmaría que “[e]n definitiva, sea que tomemos como punto de partida los principios del Estado de Derecho, la buena fe o la equidad, sea que hagamos referencia a la legitimate expectation, a la vertrauensschutz o a la confianza legítima […], frente a la comprobación de la existencia de un comportamiento jurídico relevante de la Administración y de la afectación de intereses legítimos de los ciudadanos en razón de una variación de dicho comportamiento, no resultaría razonable considerar a la situación como indigna de protección por parte del orden jurídico” (CNACAF, 11/05/2000, Itoiz Carlos Mario y otros contra UBA – Resolución 938/98, Causa n° 2569/99). Nuestro más Alto Tribunal, por su parte, recordaría que “la circunstancia de que la administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede aquí constituir un justificativo de su conducta arbitraria; puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia” (Fallos: 298:223). Más adelante, la CSJN recordaría que “[…] es dable exigir a las partes un comportamiento coherente ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que – merced a sus actos anteriores – se ha suscitado en el otro contratante” (Fallos: 311:971). En efecto, es una experiencia compartida por la comunidad jurídica que del principio de la buena fe se desprende el de confianza legítima; y que este último pretende que la Administración se abstenga de modificar situaciones jurídicas originadas en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas en los ciudadanos, con base en la seriedad que debe informar a las actuaciones de las autoridades públicas. Por ello, no resulta constitucionalmente admisible que la administración quebrante de manera intempestiva la confianza que había creado con su conducta en los ciudadanos, más aún, cuando con ello puede afectar derechos fundamentales.
XXVII. Sobre la base de lo afirmado hasta aquí, entiendo que, en el presente caso, se han configurado los requisitos necesarios para la puesta en juego del principio de confianza legítima: 1) una actividad administrativa que provoca; 2) la confianza “digna de protección” del administrado (la conducta del servicio aduanero con relación a las destinaciones de importación 01 001 IC05 018011 A [20/04/2001]; 01 001 IC05 044471 J [15/10/2001]); 3) así como la desviación de la Administración de la expectativa del individuo (el posterior comportamiento tendiente a considerar a las destinaciones de importación 01 001 IC05 008709 N [26/02/2001]; 00 001 IC05 046103 C [27/09/2000]; 01 001 IC05 039120 E [04/09/2001]; 00 001 IC04 075584 Z [30/05/2000] como declaraciones inexactas, según lo estipulado por el art. 954, ap. 1 inc. a), del C.A.).
De esta manera, como consecuencia de los argumentos desarrollados con anterioridad, corresponde revocar la Resolución DE PLA N° 3240/07 y, como resultado de ello, se presenta innecesario tratar las demás cuestiones planteadas.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución DE PLA N° 3240/07, dictadas por el Señor Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 28 de mayo de 2007, y, consecuentemente, dejar sin efecto la multa y los tributos impuestos a AEROFARMA LABORATORIO S.A.I.C.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución DE PLA N° 3240/07, dictadas por el Señor Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 28 de mayo de 2007, y, consecuentemente, dejar sin efecto la multa y los tributos impuestos a AEROFARMA LABORATORIO S.A.I.C.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.05.30 11:35:14 ART Date: 2023.05.30 12:58:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.31 22:15:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.31 22:15:22 -03:00
Fin de la sentencia