Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 24469-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 31/05/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
3676/2024 Aerofarma Laboratorios SAIC (TF 24469-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 24 de mayo de 2024.
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 31/05/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución DE PLA n° 3240/07, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 28/05/2007, y, consecuentemente, dejó sin efecto la multa y los tributos impuestos a AEROFARMA LABORATORIO S.A.l.C. Impuso las costas a la vencida Para así resolver, en primer lugar, señaló que, mediante la resolución DE PLA n° 3240/07, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1 inc. a) del C.A., se condenó a la actora al pago de un primer monto igual a $9.106,68, en concepto de multa, y un segundo monto igual a $9.106,68, en concepto de tributos adeudados.
Luego, indicó que, en el presente caso, correspondía dilucidar si la resolución DE PLA n° 3240/07 fue dictada de conformidad con el derecho vigente y, por consiguiente, si el apelante efectivamente incurrió en una declaración inexacta, según lo expresamente estipulado por el art, 954, ap. 1 inc. a), del C.A. No obstante, teniendo en cuenta los argumentos oportunamente presentados por la actora, se tornaba necesario analizar, las siguientes dos cuestiones preliminares: a) si las sanciones estipuladas por la resolución mencionada habían prescripto, de conformidad con lo establecido por el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras (Ley 24.522) y; b) si el comportamiento contradictorio oportunamente manifestado por el servicio aduanero, en lo que respecta a la clasificación arancelaria de la mercadería bajo estudio, generaba algún efecto jurídico sobre la sanción apelada.
En tales condiciones, precisó que, la actora oficializó, entre el 30 de mayo de 2000 y el 4 de septiembre de 2001, cuatro destinaciones de importación para consumo (01 001 IC05 008709 N -oficializada el 26/02/2001-; 00 001 IC05 046103 C -oficializada el 27/09/2000-; 01 001 IC05 039120 E -oficializada el 04/09/2001-; 00001IC04075584Z -oficializada el 30/05/2000-, con el objetivo de ingresar al territorio argentino, según la descripción detallada en cada una de las destinaciones mencionadas, una cantidad determinada (medida en kilogramos) de “...envases tubulares (depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares) de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles) para cualquier material (excepto gas comprimido o licuado) de capacidad inferior o igual a 300, sin dispositivo mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo”.
Puntualizó que, en las cuatro ocasiones, la mercadería en cuestión fue clasificada por la actora en la posición arancelaria 7612.10.00.100C. No obstante, el 4 de abril de 2002, la Section “M” - División Puertos y Aeropuertos de la Dirección General de Aduanas elaboró las Actas de Denuncia n° 34/02, 36/02, 26/02 y 28/02 (ver fs. 1, 17, 32 y 48 respectivamente de las actuaciones administrativas) debido a que, como resultado de los contrales oportunamente efectuados sobre los cuatro despachos de importación detallados con anterioridad, se habría detectado “...una diferencia de calidad, originando, por diferencia de tratamiento arancelario, un perjuicio fiscal...”.
Adujo que, en efecto, el servicio aduanero, entendió que, sobre la base de lo expresamente estipulado por el art. 7° de la Resolución General (AFIP) 906/00 del 10/10/2000 (ver fs. 9), los envases tubulares importados debieron haber sido clasificados en la posición arancelaria NCM 3923.30.00. De esa manera, el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros procedió, el 3/06/2002, a la apertura del sumario correspondiente “...en los términos del artículo 1090 inc. c) del Código Aduanero atento a que en los autos de la referencia se habría configurado la infracción prevista y reprimida en el art. 954, ap. 1° inc. a) del citado cuerpo legal, al constatarse una declaración inexacta en la supervisión de los Despachos de Importación [anteriormente mencionados]” (ver fs. 62). A su vez, se corrió vista de lo actuado tanto a la actora como al Despachante de Aduana Sr. Eduardo A. Mesuraco. Mediante sus descargos, ambas partes manifestaron que: a) la posición arancelaria elegida por la actora para la mercadería bajo análisis concordaba con aquella identificada por los exportadores provenientes de Chile y Brasil; b) se presentaron como elementos de prueba dos destinaciones de importación para consumo correspondientes al año 2001, a saber: 01001IC05018011A -oficializada el 20/04/2001- y 01001IC05 044471J -oficializada el 15/10/2001-, mediante los cuales la actora se encontraba importando el mismo tipo de mercadería, proveniente de idéntico proveedor y empleando la posición arancelaria impugnada (7612.10.00.100C). Sin embargo, y a pesar de haber sido sometidas al canal rojo de selectividad, las operaciones de importación no fueron objetadas por el servicio aduanero; c) dos de los cuatro despachos de importación examinados habían sido oficializados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución general (AFIP) 906/00 del 10/10/2000; instrumento, este último, empleado por el servicio aduanero como fundamento para justificar su decisión de considerar las cuatro destinaciones de importación para consumo mencionadas con anterioridad como declaraciones inexactas (ver fs. 64 a 68 y 70 a 80).
Refirió que, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, el 4/11/2002, adoptó una medida de mejor proveer consistente, principalmente, en dos pasos (ver fs. 81 vta.). En primer lugar, se solicitó remitir las actuaciones administrativas a la División Puertos y Aeropuertos - Sección M, con la finalidad de obtener • una muestra representativa de la mercadería en presunta infracción o, en caso de verse imposibilitada de adquirir dicho material, de adjuntar la documentación necesaria (material técnico, folletería, manuales, etc.), a los fines de acceder a una información completa de la mercadería en cuestión. En segundo lugar, una vez adquirido el material mencionado, se requirió remitir las actuaciones administrativas a la División Clasificación Arancelaria con la finalidad de que esta última se encuentre en condiciones de emitir el dictamen clasificatorio correspondiente.
Destacó que, en respuesta al primer requerimiento, el 19/11/2002, la División Puertos y Aeropuertos - Sección M afirmó que “... las muestras solicitas [habían sido] extraídas en oportunidad de la supervisión del D1 01 001 1C05 44471 J...” y adjuntadas a la correspondiente acta de denuncia (ver fs. 82). Asimismo, aclaró que “...en base a dicha supervisión, por entenderse que la mercadería [era] idéntica, de acuerdo [con] los datos que se [desprendían] de los Despachos de Importación y su documentación complementaria, se procedió a realizar las denuncias detalladas en el mismo documento”. Finalmente, se indicó que, sobre la base del art. 7° de la Resolución General AFIP N° 906/00, la mercadería de autos debería haberse ubicado en la PA NCM 3923.30.00. Con respecto al segundo requerimiento, la División Clasificación Arancelaria adoptó, el 15/01/2007, el Dictamen Técnico n° 06/07 (ver fs. 104 a 106). En dicho escrito, luego de detallarse los antecedentes del caso, se advirtió que el Dictamen se había efectuado si contar con una muestra representativa ni catalogo alguno y, por consiguiente, se encontraba basado únicamente en lo afirmado por los informes de denuncia adjuntos a las actuaciones administrativas. Finalmente, la División Clasificación Arancelaria opinó que “[la mercadería documentada en [...] los Despachos de Importación [bajo examen] debería conceptuarse como “[e]nvase tubular flexible de los tipos utilizados para dentífrico, tinturas capilares y demás productos cosméticos, constituido por una capa externa de plástico, una lámina intermedia de aluminio y una capa interna también de plástico, con un extremo sin cerrar y el otro provisto de rosca y su correspondiente tapa”, la cual clasificaría en la posición arancelaria N.C.M. 3923.30.00, p. SIM 3923.30.00.910 B, tributando para las destinaciones de importación N° 00 001 IC05 046103 C y 00 001 IC04 075584 Z un D.I.E. [del] 22%, según Dto. 998/95 y modificatorias, y para [las destinaciones de importación] N° 01 001 IC05 008709 N y 01 001 IC05 039120 E un D.I.E. [del] 20,5%, según Dto. 998/95 y modificatorias...”.
Paralelamente, la actora realizó la presentación de un escrito ante el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros con el objetivo de constituir nuevo domicilio, de denunciar la apertura del concurso preventivo correspondiente el 15/03/2002 y de efectuar, como consecuencia de esto último, un planteo de prescripción, sobre la base de lo estipulado por el art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras (ver fs. 86 a 98).
En virtud de lo dispuesto por el Dictamen Técnico n° 06/07 mencionado con anterioridad, de los escritos presentados por cada una de las partes involucradas y de la reliquidación del perjuicio fiscal oportunamente imputado (ver fs. 108 a 115), el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la Resolución DE PLA n° 3240/07 del 28/05/2002: a) absolvió al despachante de aduana Sr. Eduardo Alejandro Mesuraco y; b) condenó a la actora al pago de un primer monto igual a $ 9.106,68, en concepto de multa, y un segundo monto igual a $ 9.106,68, en concepto de tributos adeudados, sobre la base de lo estipulado por el art. 954, ap. 1 inc. a), del C.A. Con posterioridad a la adopción de la Resolución DE PLA n° 3240/07, y de conformidad con lo estipulado por el art. 1115 del C.A., tanto el Departamento Asesoramiento Aduanero como la Subdirección General Técnico Legal Aduanera manifestaron su acuerdo con relación a la absolución del despachante de aduana mencionado con anterioridad (ver fs. 121 a 123).
Sentado ello, precisó que, la primera cuestión preliminar a examinar era aquella vinculada con la prescripción de la acción del fisco para imponer penas, en los términos del art. 56 de la LCQ .
Al respecto, manifestó que, según Io dispuesto en el art. 56 de la ley 24.522, parr. 6° "[e]l pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido este por la acción individual que corresponda, dentro de los años de la presentación en concurso […]. Vencido ese plazo prescriben /acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores come del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor”. El presente precepto debía interpretarse en armonía con lo dispuesto por el art. 32 de la ley citada, según el cual: “todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos (…)”.
Entendió que, a la luz de tales consideraciones efectuadas, el ente fiscal, cuando se presentaba a reclamar el cobro de una deuda de causa anterior a la presentación en concurso, pero que fue determinada y adquiere carácter ejecutorio con posterioridad a la presentación en concurso resultaba sustraído de la regla en cuestión per la sencilla razón de que el plazo de prescripción de dos años establecido en el art. 56 de Ia Ley 24.522 solo debía ser aplicado en la medida que la acción del acreedor resulte expedita.
Recordó que la Corte Suprema de Justicia de Justicia de la Nación tenía sentado, bien que con relación al art. 22 de la Ley 19.551, que la ley concursal debía ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquel ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Fallos: 310:719). Sostuvo que, en esa línea de pensamiento, no correspondía discernir si los plazos de prescripción previstos en la ley específica tributaria debían ceder frente al abreviado establecido en el art. 56 de la ley concursal. A su criterio, la doctrina que planteaba la disyuntiva en esos términos partía del error de considerar concursal una deuda, a cuyo respecto el hecho imponible se configuraba en una fecha anterior a la presentación concursal pero que resultó determinada y exigible luego de ese momento. Era así que, en definitiva, por sobre el resto de la doctrina interesada, Navarrine acertaba cuando criticaba el fallo “Zanella”, al sostener que el crédito determinado después de la presentación en concurso resultaba una acreencia post concursal (Navarrine, S., “La prescripción de las obligaciones tributarias”, Impuestos LVII-B-2274 y sigs.). En ese sentido, la disidencia expresada no estaba ceñida a la interesada doctrina que pretendía aplicar, contra la buena fe, los plazos de prescripción de la ley concursal a los créditos fiscales que no resultaban exigibles con anterioridad a la presentación en concurso.
En tales condiciones, rechazó la primera cuestión preliminar invocada por la actora relativa a la prescripción de la acción del fisco para imponer penas.
Con respecto a la segunda cuestión, relacionada con el supuesto comportamiento contradictorio oportunamente manifestado por el servicio aduanero en lo que respecta a la clasificación arancelaria de la mercadería bajo estudio, ponderó que, según lo manifestado por la actora, “...si bien podrá argumentarse que mi mandante fue quien declare la clasificación arancelaria cuestionada, no es menos cierto que dicha declaración fue corroborada con el actuar posterior de la Aduana al haber verificado conforme distintos despachos de importación, habiendo efectuado la verificación física de su contenido (canal rojo)”. En este sentido, recordó que, en sus correspondientes escritos, tanto el Despachante de Aduana, Sr. Eduardo A. Mesuraco, como AEROFARMA, presentaron como elementos de prueba dos destinaciones de importación para consumo correspondientes al año 2001 (01001IC05018011A del 20/04/2001 y 01 001IC05044471J del 15/10/2001, mediante los cuales se acreditaba que la actora se encontraba importando el mismo tipo de mercadería, proveniente de idéntico proveedor y empleando la posición arancelaria impugnada (7612.10.00.100C). Precisó que, sin embargo, y a pesar de haber sido sometidas al canal rojo de selectividad, las operaciones de importación mencionadas no fueron objetadas por el servicio aduanero. Indicó que, dicha situación, a pesar de haberse desarrollado durante el mismo año en que se oficializaron dos de las destinaciones de importaciones objeto del presente procedimiento (01001IC05 008709N del 26/02/2001 y 01001IC05039120E del 04/09/2001) y bajo idéntico régimen jurídico manifestado a través de la Resolución General (AFIP) 906/00 del 10/10/2000, en lo últimos dos casos, el servicio aduanero adoptó un comportamiento diametralmente opuesto. A su vez, mencionó, dos de los cuatro despachos de importación objetados habían sido oficializados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución General antes mencionada, instrumento, empleado por el servicio aduanero como fundamento para justificar su decisión de considerar las cuatro destinaciones de importación para consumo bajo examen como declaraciones inexactas.
Argumentó que, las circunstancias descriptas se encontraban íntimamente ligadas al derecho que asistía a los administrados a la protección de su confianza legítima. Al respecto, señaló que, la formulación del principio de confianza legítima partía del caso de la “Viuda de Berlín”, en el que a la afectada se le exigía la devolución de las sumas de su pensión percibidas indebidamente, pero de buena fe, en razón de la información oficial equivocada que se le había proporcionado. Máxime, si los actos se expidieron sin grave error de derecho y generaron una situación de confianza que debía ser protegida por el ordenamiento jurídico (Fallos: 175:368; 285:195; 308:601; 310:1045; 327:5356, entre muchos otros). En definitiva, la postura adoptada no tutelaba el mantenimiento o protección de un beneficio conseguido al margen de las disposiciones vigentes, pues bien podría implicar un quebrantamiento de las reglas de la justicia distributiva y, en particular, de la regia constitucional que imponía la igualdad ante las cargas públicas. También se podría ver afectado el principio de legalidad, acentuado en el campo tributario por la vigencia del principio de reserva de ley, que impedía a la administración la creación de situaciones jurídicas que no fueron previstas por el legislador al tiempo de instituir la gabela. En rigor de verdad, se trataba de armonizar los principios en pugna.
Adujo que, resultaba evidente que, en el caso, se presentó una antinomia entre situaciones jurídicas protegidas por el derecho, ante la cual debía practicarse un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, con la finalidad de determinar si la legalidad, sin más, sacrificaba valores y principios constitucionales de mayor envergadura que los protegidos con el fin propuesto. En ese orden de ideas, recordó que era regla elemental de hermenéutica jurídica la que aconsejaba que, frente a distintos criterios de interpretación posibles, se privilegie aquel que permita armonizar la norma en cuestión con el orden jurídico restante y con las previsiones de la Constitución Nacional. De allí que no se debía poner en veredas opuestas la protección del principio de legalidad y la invocación de la seguridad jurídica.
Ponderó que, en el caso de marras, ambos tenían cabida, a poco de repararse que se trató, desde el inicio, de una situación que no daba lugar a una interpretación inequívoca de la norma aplicable. Por ello, a pesar de las limitaciones cognoscitivas que poseía ese órgano jurisdiccional, por su origen administrativo, con respecto a la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica (ver art. 1164 del C.A. y Acuerdo Plenario del 26 de abril de 2022, dictado por el TFN en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación” (expte. EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN)), entendió que, nada impide dejar de lado una norma cuando su aplicación conducía a un resultado opuesto a principios y valores constitucionales que debían ser ponderados en el caso concreto para llegar a una decisión virtuosa. Ya que, en definitiva, no debía olvidarse que todo ordenamiento jurídico era la expresión de una obra asociativa de la que participaban distintos estamentos que se relacionaban entre sí; y siempre de acuerdo con las exigencias de una idea rectora que identificaba al sistema.
Postuló que, el comportamiento seguido por la administración pública en el presente caso, tendiente a considerar las declaraciones de importación mencionadas como declaraciones inexactas, manifestaba una contradicción con la conducta previamente asumida y, por consiguiente, afectaba con toda claridad el principio de la confianza legítima.
En tales condiciones, entendió que, en el presente caso, se habían configurado los requisitos necesarios para la puesta en juego del principio de confianza legítima: 1) una actividad administrativa que provoca; 2) la confianza “digna de protección” del administrado (la conducta del servicio aduanero con relación a las destinaciones de importación 01 001 IC05 018011 A [20/04/2001]; 01 001 IC05 044471 J [15/10/2001]); 3) la desviación de la Administración de la expectativa del individuo (el posterior comportamiento tendiente a considerar a las destinaciones de importación 01 001 IC05 008709 N [26/02/2001]; 00 001 IC05 046103 C [27/09/20001; 01 001 IC05 039120 E [04/09/2001]; 00 001 IC04 075584 Z [30/05/2000] como declaraciones inexactas, según lo estipulado por el art. 954; ap. 1 inc. a), del C.A.).
En consecuencia, consideró que, correspondía revocar la Resolución DE PLA N° 3240/07 y, como resultado de ello, se presentaba innecesario tratar las demás cuestiones planteadas.
II. Que contra dicho pronunciamiento el 16/08/2023 interpuso recurso de apelación y expresó agravios la demandada, los que fueron replicados por la contraria el 5/02/2024.
Sostiene la recurrente que, el TFN ha incurrido en un grave error al momento de interpretar y aplicar, de manera arbitraria, la prueba producida por la actora sin tener en cuenta aquella producida por su parte.
Asevera que, el TFN omitió considerar el análisis clasificatorio llevado a cabo por especialistas en la materia en virtud de las atribuciones delegadas a través del Decreto 618/1997 (Boletín Oficial 14/07/1997) (el “Decreto 618”) y la Resolución General (AFIP) n° 1618/2003 (la “Resolución 1618”). En primer lugar, recuerda que, mediante el Decreto 618, modificatorias y complementarias, se determinó la organización y competencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), considerándose disueltas la Administración Nacional de Aduanas (“ANA”) y la Dirección General Impositiva (“DGI”) siendo reemplazadas estas por la AFIP quien fue designado como el ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación, aplicando las normas legales correspondientes para tal fin.
Sin perjuicio de ello, conforme surge del cuarto párrafo del art. 2, las Direcciones Generales que dependen de la AFIP se distinguen con las siglas DGA (Dirección General de Aduanas) y DGI (Dirección General Impositiva), respectivamente. Conforme surge del art. 3 del Decreto 618, la AFIP “(...) Tendrá las funciones y facultades de los organismos fusionados mencionados en el artículo 10 del presente -haciendo referencia a la ANA y la DGI- y en especial las detalladas en este artículo sin perjuicio de las conferidas por otras normas: (...) c) La clasificación arancelaria y valoración de las mercaderías” (el destacado y subrayado me pertenecen). Asimismo, mediante el inciso 4.1. de la Resolución 1618 se determinó que “4.7.
En toda actuación infraccional ya aperturada, en la cual los Administradores de las Aduanas de las distintas jurisdicciones o el Departamento Procedimiento Legales Aduaneros, deban comprobar la existencia de una clasificación arancelaria inexacta, será obligatorio el dictamen técnico clasificatorio de la División Clasificación Arancelaria. Dicho dictamen, que será aprobado por el Jefe del Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria, deberá comprender el análisis de la declaración comprometida de corresponder y la posición arancelaria de la mercadería resultante, elevándolo para su aprobación a la Dirección de Técnica dependiente de la Subdirección General de Legal y Técnica Aduanera”.
Expone que, así las cosas, el TFN no solo adoptó una posición unilateral al momento de analizar el tema en cuestión adoptando el principio de confianza legítima del caso “la viuda de Berlín”, sino que, utilizó dicha teoría por sobre la Ley 24.206 (Boletín Oficial 06/08/1993), la cual aprobó el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (el “Convenio”) suscripto en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, el cual modifica el art. 11 del CA la disponer que “(...) en las normas que se dictaren para regular el tráfico internacional de mercadería, este se individualizará y clasificará de acuerdo con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (…)”.
Apunta que, las Reglas Generales que considera aplicables para el caso de marras disponen lo siguiente: “1. Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes: (...) 3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse en dos o más partidas por aplicación de la regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se realizará como sigue: a) La partida más específica tendrá prioridad sobre las más genéricas. ” Conforme ello, el Servicio Aduanero en aplicación de la normativa vigente al momento de clasificar mercadería objeto del ser importada al país concluyó de manera contundente y conforme ley que “(...) [I]a mercadería documentada en [...] los Despachos de Importación [bajo examen] debería conceptuarse como “[envase tubular flexible de los tipos utilizados para dentífrico, tinturas capilares y demás productos cosméticos, constituido por una capa externa de plástico, una lámina intermedia de aluminio y una capa interna también de plástico, con un extremo sin cerrar y el otro provisto de rosca y su correspondiente tapa”, la cual clasificaría en la posición arancelaria N.C.M. 3923.30.00, p. SIM 3923.30.00.910 B, tributando para las destinaciones de importación N° 00 001 IC05 046103 C y 00 001 IC04 075584 Z un D.I.E. [del] 22%, según Dto. 998/95 y modificatorias, y para [las destinaciones de importación] N° 01 001 IC05 008709 N y 01 001 IC05 039120 E un D.I.E. [del] 20,5%, según Dto. 998/95 y modificatorias...”.
Precisa que, lo único que quiere demostrar es la parcialidad del TFN en su Sentencia ya que: (i) no toma en consideración el análisis clasificatorio llevado a cabo por su parte; y (ii) no aplica las Reglas Generales de aplicación obligatoria al momento de clasificar una mercadería susceptible de ser importada/ exportada, tomando únicamente como fuente de la verdad un oficio producido por la actora la cual hace una descripción somera y sucinta de la mercadería en trato; ello, a los efectos de convalidar una clasificación arancelaria y, por consiguiente, desligar de responsabilidad a la contraria del perjuicio fiscal que ocasiono su accionar Añade que, el TFN es libre en la elección de la norma aplicable al caso pero también lo obliga a aplicarla en su totalidad y no únicamente aquellos apartados que beneficiarían a una sola de las partes en detrimento de la realidad de los hechos.
Esa arbitrariedad manifiesta queda en evidencia cuando, de la simple lectura de la sentencia, se puede observar palmariamente que el TFN hizo todo lo posible para omitir aquellas pruebas, constancias, argumentos y hechos que asistían de razón al Servicio Aduanero; rescatando a la actora de su propio accionar intentando esconder dicha subjetividad en el principio de “economía procesal”, ya que en escasas dos carillas justifica una clasificación arancelaria que generó la producción de una Actuación Administrativa de más de 100 fs.. Postula que, la simple aplicación de la normativa reseñada la cual es obligatoria al momento de clasificar una mercadería susceptible de ser importada/ exportada genera una sola conclusión: la posición arancelaria elegida por la Compañía es incorrecta, generando así una declaración inexacta que generó un perjuicio fiscal, por lo que la decisión del Servicio Aduanero de imputarle a la aquí Actora la comisión de la infracción del art. 954 inc. a) resulta más que acertada en virtud a la inaplicabilidad del certificado de origen presentado por la contraria.
Recuerda que la comisión de la infracción tipificada en el inc. a), ap. 1 del art. 954 del CA penaliza a quien “(...) efectuase ante el servicio aduanero una declaración que difiera con el resultado de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiese podido producir (...) un perjuicio fiscal”, penando con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio. Es decir que, para que se configure la infracción imputada, deben necesariamente darse en forma conjunta los siguientes elementos constitutivos del tipo: (i) Una declaración que difiera con el resultado de la comprobación o “declaración inexacta”; y (ii) Un perjuicio fiscal, real o potencial. Indica que, en dicho contexto, el art. 332 del C.A. determina que “La solicitud de destinación de exportación para consumo debe formalizarse ante el servicio aduanero mediante una declaración efectuada: a) Por escrito, en soporte papel, con constancia de la firma del declarante y el carácter en que este lo hace; o b) Por escrito, a través del sistema informático establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en cuyo caso este, sin perjuicio del trámite del despacho exigirá la ratificación de la declaración bajo firma del declarante o de la persona a quien este representare, salvo que el sistema permitiera la prueba de la autoría de la declaración por otros medios fehacientes; o c) Verbalmente o mediante la simple presentación de los efectos cuando se tratare de regímenes especiales que tuvieren contemplada esta manera de declaración. 2.- La declaración a que se refiere el apartado 1 incisos a) y b) debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate (...)”.
Manifiesta que, en consecuencia, y tal como se exige de los auxiliares del Servicio Aduanero, estos deberán colaborar con aquel proporcionando los datos relativos a las operaciones en las que intervienen a efectos de posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones, cabe señalar que conforme a la normativa aduanera la declaración comprometida debe ser veraz en cuanto a todas las características de la operación aduanera. Consecuentemente, y en atención a la normativa aplicable ut supra transcripta, la conducta desarrollada por la Compañía configura el elemento “declaración que difiera con el resultado de la comprobación” exigido por el art. 954, atento deviene una transgresión al principio de veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones presentadas ante la Aduana, bien jurídico protegido por dicha norma. Señala que, el art. 956 del C.A. define el “perjuicio fiscal” como “(...) la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto o el pago por el Fisco de un importe que no correspondiere por estímulos a la exportación (...)” Elio así, la falta de presentación del Certificado de Calidad Orgánica de la mercadería bajo análisis generó el cumplimiento del segundo elemento necesario para la configuración del tipo infracciones receptado el art. 954 del CA.
Esgrime que, asimismo, también surge de la sola compulsa de las constancias de autos que también se encuentran reunidos los elementos subjetivos del tipo imputado. Se advierte, por otra parte, que el recurrente no cumple con la carga del “onus probandi”, que le compete a los efectos de lograr su exculpación, sino que por el contrario sus consideraciones son rebatidas con la prueba documental que aporta mi parte. Es por ello que los agravios de la actora resultan totalmente carentes de fundamento factico y legal, por lo que corresponde poner de manifiesto que su parte ha actuado respetando en un todo el procedimiento establecido en el Código Aduanero (arts. 1080 y ss.), y en ningún momento se ha vulnerado el derecho de defensa de la actora. Las constancias del expediente administrativo, hablan por sí solas de la falta de fundamento de las imputaciones que la actora efectúa a su parte mandante, por lo que a las constancias citadas se remite.
Por último, concluye que, lo ocurrido en este caso es que justamente la Aduana ejerció su facultad de control ex-post, constatando así la falta de acreditación de que la mercadería era orgánica, generándose una inexacta declaración por parte del recurrente, inexactitud que se encuadra en el art. 954 inc. a), lo que la Compañía pretende no deja de ser dos caras de una misma moneda, es decir, pretende que el deber de control por parte del Servicio Aduanero sea total, y en virtud de ello, se deje sin efecto una infracción tipificada en el C.A., cuando el génesis de dicha infracción es justamente un correcto control ex-post del Servicio Aduanero que dio a luz la infracción, siempre sobre la base del Principio del Despacho en Confianza. Si siguiéramos el criterio de la recurrente, los importadores o exportadores podrían declarar lo que les plazca, con el solo argumento de que en definitiva será obligación del Servicio Aduanero efectuar el control, y como ello es deber de la Aduana no implicaría infracción en caso de ser detectado como aquí ocurre, lo que no tiene sentido.
III. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
IV. Que en el sub examine, mientras el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar DE PLA n° 3240/07, se sustentó en que el comportamiento seguido por el servicio aduanero, tendiente a considerar las declaraciones de importación, objeto de autos, oficializadas entre el 30 de mayo de 2000 y el 4 de septiembre de 2001, como declaraciones inexactas, con sustento en lo previsto en la Resol. Gral. Afip n° 906/2000, manifestaba una contradicción con la conducta previamente asumida por dicho organismo en dos destinaciones de importación para consumo correspondientes al año 2001 (01001IC05018011A oficializada el 20/04/2001 y 01001IC05044471J, oficializada el 15/10/2001J), mediante los cuales la actora había importado el mismo tipo de mercadería, proveniente de idéntico proveedor y empleando la misma posición arancelaria (7612.10.00.100C), las cuales, sometidas al canal rojo de selectividad, no habían sido objetadas por el servicio aduanero, lo que afectaba el principio de la confianza legítima del administrado, máxime teniendo en consideración que dos de los cuatro despachos de importación, en examen, habían sido oficializados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución General (AFIP) n° 906/00; la recurrente se limita a manifestar su disconformidad con lo decidido sin controvertir el argumento central del pronunciamiento impugnado.
En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso intentado.
V. Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, contrariamente a lo alegado por la demandada, el TFN no sólo advirtió la incongruencia de la conducta asumida por la Aduana, al examinar las destinaciones de importación, efectuadas por la empresa actora, durante un mismo lapso de tiempo, referida a la misma mercadería, clasificada en el misma posición arancelaria, proveniente del mismo proveedor del exterior, respecto de lo cual la demandada guardó absoluto silencio, sino que además, ponderó, especialmente, el resultado de la medida de “mejor proveer” dispuesta por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, el 4/11/2002, consistente, en remitir las actuaciones administrativas a la División Puertos y Aeropuertos - Sección M, con la finalidad de obtener: (i) una muestra representativa de la mercadería en presunta infracción o, en caso de verse imposibilitada de adquirir dicho material, de adjuntar la documentación necesaria (material técnico, folletería, manuales, etc.) a los fines de acceder a una información completa de la mercadería en cuestión y (ii) una vez adquirido el material mencionado, remitir las actuaciones administrativas a la División Clasificación Arancelaria con la finalidad de que esta última se encuentre en condiciones de emitir el dictamen clasificatorio correspondiente.
Al respecto, destacó que, en respuesta al primer requerimiento, el 19/11/2002, la División Puertos y Aeropuertos - Sección M afirmó que “... las muestras solicitadas fueron extraídas en oportunidad de la supervisión del D1 01 001 1C05 44471 J...” y adjuntadas a la correspondiente acta de denuncia. Asimismo, aclaró que “...en base a dicha supervisión, por entenderse que la mercadería [era] idéntica, de acuerdo [con] los datos que se [desprendían] de los Despachos de Importación y su documentación complementaria, se procedió a realizar las denuncias detalladas en el mismo documento. Finalmente, recordó que, sobre la base del art. 7° de la Resolución General AFIP n° 906/00, la mercadería de autos debería haberse ubicado en la PA NCM 3923.30.00. Con respecto al segundo requerimiento, la División Clasificación Arancelaria adoptó, el 15/01/2007, el Dictamen Técnico n° 06/07, en el que se dejó constancia que el Dictamen se había efectuado si contar con una muestra representativa ni catálogo alguno y, por consiguiente, se encontraba basado únicamente en lo afirmado por los informes de denuncia adjuntos a las actuaciones administrativas.
De lo expuesto se desprende que la demandada solicita la revocación del fallo, alegando error y arbitrariedad por parte del TFN al evaluar la prueba obrante en el expediente administrativo, sin demostrar, en modo suficiente, el yerro del Tribunal a quo en la valoración de la misma.
Pues, la recurrente dedica gran parte de su escrito recursivo a recordar la organización y competencias de la AFIP-DGA y asimismo, las Reglas Generales de aplicación obligatoria para la clasificación de la mercadería, y luego se refiere a los presupuestos del tipo objetivo y subjetivo que configuran la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del C.A., sin rebatir apropiadamente los fundamentos de la sentencia, ni desacreditar las probanzas que la sostienen. A los expuesto, cabe añadir que en distintos párrafos de su escrito de apelación, el Fisco Nacional, parece referirse a otra causa, cuando textualmente refiere: 1) “…la decisión del Servicio Aduanero de imputarle a la aquí Actora la comisión de la infracción del art. 954 inc. a) resulta más que acertada en virtud a la inaplicabilidad del certificado de origen presentado por la contraria” (ver fs. 91 del expte. papel, destacado añadido) y 2) “… justamente la Aduana ejerció su facultad de control ex-post, constatando así la falta de acreditación de que la mercadería era orgánica” (ver fs. 95 vta. del expte. papel, destacado añadido). En definitiva, el Fisco Nacional en su apelación sólo plantea una mera discrepancia sobre la apreciación de los medios de prueba en los que se basó el decisorio, pero la misma no llega a conformar una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado, lo que determina su rechazo.
VI. Que las costas se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal
rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 31/05/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Se deja constancia que el Dr. Luis M. Márquez no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARIA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia