Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-62731123-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución de PRLA N° 8218/18 recaída en el expediente SIGEA N.º 12197-6815-2009, declarando que los tributos adeudados ascienden a VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON OCHO CENTAVOS (U$S 24.052,08), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A., calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando XIII del presente voto hasta la fecha del efectivo pago. Declarar que el monto que se le puede exigir a la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la Póliza N.º 47103 que es de SESENTA MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 60.500);
O en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON OCHO CENTAVOS (U$S 24.052,08), convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A., calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando XIII del presente voto, desde el 03/09/2018 hasta la fecha del efectivo pago. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-129271152-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 30 de Noviembre de 2022 (Sentencia)
En Buenos Aires, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, EX- 2020-62731123-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante el RE-2020-62730815-APN-SGASAD#TFN la firma AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
interpone recurso de apelación contra la Resolución de PRLA N° 8218/18 dictada en la Actuación N.º 12197-6815-2009, en cuanto la íntima, en su calidad de garante de la firma importadora “ROYAL GROUP TECHNOLOGIES S.A.”, al pago de la suma de U$S 60.322,08 con más intereses, en concepto de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A. con relación al D.I.T. 07 001 IT114 006049 X. En primer lugar, plantea la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos, debido el transcurso de trece años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio. En la inteligencia señalada, expresa que se le ha impedido ejercer una adecuada defensa, la cual resulta incompatible con el principio del debido proceso adjetivo (amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En las condiciones subrayadas, advierte que se vulnero su derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable (cita la doctrina del precedente “Losicer”). Por otro lado, refiere desde su perspectiva, la naturaleza jurídica del seguro de caución, la falta de configuración del siniestro y que no es liso, llano y principal pagador de los tributos en virtud de que su obligación es solidaria y subsidiaria al pago de la deuda a cargo del importador. Agrega que la determinación tributaria es ilegítima debido a que contiene conceptos no asegurados (IVA adicional, percepción de Impuesto a las Ganancias y derecho adicional), al respecto reseña la doctrina sentada por la CSJN en las causas “Frisher” y “Cladd”. Por último manifiesta que, en caso de que le corresponda abonar la obligación tributaria, requiere que el reclamo se limite al monto máximo garantizado. En subsidio plantea la confiscatoriedad, inconstitucionalidad e ilegitimidad de la tasa de interés aplicable sobre los tributos exigidos. Ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
II. Que en el IF-2020-80023358-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido. En prieta síntesis, señala que el planteo de prescripción debe ser desestimado debido a que el procedimiento se ha realizado dentro del plazo quinquenal previsto por el Código Aduanero. En cuanto al plazo razonable y el precedente ¨Losicer¨, indica que la protección establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos es una garantía acordada para las personas físicas y no para las personas jurídicas (como lo es la actora), tal como surge del art. 1.2, de su Preámbulo y del Informe N.º 10/1991 elaborada por la CIDH. En las condiciones subrayadas, advierte que no pudiendo la importadora o su responsable solidaria acreditar en forma fehaciente (con la documentación aduanera pertinente) que ha cumplido total y acabadamente la reexportación de la mercadería involucrada en el plazo legal otorgado, ha quedado configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Hace hincapié en que, no habiendo el importador cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, en su condición de garante, la aseguradora se comprometió a pagar a lo que resultara obligada la firma importadora, quedando constituida en mora de pleno derecho por el vencimiento del plazo. En síntesis, arguye que el garante debe responder con los mismos alcances y en la misma medida en cuanto a la obligación tributaria del tomador del seguro. En dicho contexto, concluye que el siniestro se produjo y que la aseguradora debe afrontar el pago de los tributos de la operación que garantizó dentro del marco legal vigente para la misma. Por último, sostiene la procedencia de la aplicación de la tasa de interés en virtud de lo estipulado por las normas de carácter federal (ley 23.905 y 22.415). Cita normativa y jurisprudencia que considera aplicable. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Actuación N.º 12197-6815-2009 (agregada mediante el IF-2020-78133928-APN-DTD#JGM): se inicia con la denuncia efectuada por el servicio aduanero por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del C.A. con relación al D.I.T. 07 001 IT114 006049 X cuyo vencimiento acaeció el 16/08/2008. A fs. 8 se practica liquidación de tributos y multa. A fs. 11/vta, el 07/11/2013, se instruye sumario y se corre vista de lo actuado (notificada, a la aseguradora a fs. 14 -el 16/08/2018- y a la importadora a fs. 16/vta -el 23/08/2018-). A fs. 17/21 la aseguradora contesta vista. A fs. 24 se glosa el print de pantalla de consulta de garantía. El 23/10/2018 se declara la rebeldía de ROYAL GROUP TECHNOLOGIES S.A. Con fecha 02/11/2018, se dicta la Resolución de PRLA N° 8218/18 apelada en autos.
IV. Se abre la causa a prueba, la que obra agregada en el IF-2021-27741122-APN-SGASAD#TFN. Mediante IF-2022-110653205-APN- TFN#MEC se ponen los autos para alegar. Agregados los alegatos presentados por las partes, pasan los autos a sentencia (v. IF-2022-123563685-
APN-TFN#MEC).
Primera Cuestión V.- Que, ante todo, corresponde examinar si, como plantea la recurrente, la acción del fisco para el cobro de los tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, cabe señalar que del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-6815-2009 surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2009 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 07/11/2013 (fs. 11/vta) y que se notificó de todo lo actuado el 16/08/2018 -a la aseguradora a fs. 14- y el 23/08/2018 -a la importadora a fs. 16/vta-. En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera “eficacia”, sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VI. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 07/11/2013 (ver fs. 11/vta del expediente administrativo), advirtiéndose que la notificación al interesado fue enviada 5 años después de su dictado.
Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores, y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del C.A.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2009, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2013 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 02/11/2018. A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expediente administrativo correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización 21/08/2007 DIT 07 001 IT114 006049 X Vencimiento DIT 16/08/2008 Instrucción de sumario y corrida de vista 07/11/2013 (fs. 11/vta)
Aseguradora 16/08/2018 Notificación (fs. 14)
de la instrucción de sumario y corrida de Importadora vista 23/08/2018 (fs. 16/vta)
Resolución apelada 02/11/2018 En las act. adm. acompañadas Notificación de la Resolución digitalmente, no obra agregada constancia alguna de notificación.
01/01/2009 Plazo de prescripción 31/12/2013 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, si bien la instrucción de sumario se dictó dentro del plazo de prescripción, la notificación de la misma fue enviada a la recurrente aproximadamente 5 años más tarde desde su dictado, sin que se advierta en el expediente administrativo razones que justifiquen la excesiva demora del servicio aduanero en notificar en tiempo oportuno.
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, hacer lugar a la prescripción opuesta por la actora y, consecuentemente, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al D.I.T. 07 001 IT114 006049 X.
Segunda Cuestión VII. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar el fondo de la causa. En las condiciones consignadas resulta elocuente que no se encuentra controvertido en ningún aspecto el incumplimiento del régimen de importación temporaria, debido a que la apelante en oportunidad de presentarse en sede aduanera y ante esta instancia, no ha aportado prueba que acredite la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el DIT N.º 07 001 IT114 006049 X, al vencimiento del plazo de permanencia que operó el 16/08/2008. Al respecto, cabe mencionar que es reiterada y pacifica la jurisprudencia de los tribunales, que manifiesta que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador o de su garante en su caso, de manera fehaciente mediante la documentación aduanera adecuada, reglada, idónea y requerida reglamentariamente por el decreto 1439/96 (Res. 72/92), por lo expuesto, no existen dudas de la configuración de la infracción al art. 970 del C.A.
Tampoco se encuentra discutido que, mediante la Póliza N.º 47103, la actora aseguró a la A.F.I.P.-D.G.A. el pago en efectivo de hasta la suma de SESENTA MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 60.500), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A. a que resulte obligada la firma importadora ROYAL GROUP TECHNOLOGIES S.A., como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el DIT N.º 07 001 IT114 006049 X.
En ese entendimiento del asunto, habiendo quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente.
VIII. Sentado lo precedente, corresponde expedirse sobre los agravios respecto a la determinación de la deuda tributaria reclamada, en relación a los rubros derecho adicional, IVA adicional y ganancias.
En ese estado de cosas, corresponde señalar que, por la resolución apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada mediante el DIT N.º 07 001 IT114 006049 X que incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional -Decreto N.º 1439/96-, I.V.A. Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias (ver liquidación de fs. 8 de las act. adm.). Al respecto, debe recordarse que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del C.A. indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria.
IX. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF LATINOAMERICANA S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “FISHER S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME N.º 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto N.º 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
X. En relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos IX y X, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
DIT N. º 07 001 IT114 006049 X – TRIBUTOS BASE IMPONIBLE U$S 62.400 D. IMPORTACIÓN 14% U$S 8.736 TASA DE ESTADISTICA 0,50% U$S 312 BASE IVA U$S 71.448 IVA 21% U$S 15.004,08 TOTAL U$S 24.052,08
Así las cosas, conforme surge de la reliquidación que antecede los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON OCHO CENTAVOS (U$S 24.052,08), en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A., todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos del art. 794 del C.A.
XII. En relación a la extensión de la responsabilidad tributaria de la aseguradora, cabe señalar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Sobre la base de lo expuesto y en esa comprensión del asunto, el importe que podrá exigirse a la aseguradora es el monto máximo garantizado mediante la Póliza N.º 47103 (embebida en el IF-2021-27741122-APN-SGASAD#TFN); que es de U$S 60.500 o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de U$S 24.052,08, convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior. Ello, con más los intereses del art. 794 del C.A.
XIII. Con respecto a la posibilidad de morigerar la tasa de interés aplicable, advierto que podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional.
Como dije al fallar en la causa: “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA c/ DGA s/recurso de apelación”, EX-2020-15395348-APN- SGASAD#TFN (sentencia del 18/02/21), este tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma ley asimilándose a los jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. No obstante ello, también advertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna.
En ese orden de ideas, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables. Añadiendo que solamente ante los casos de ausencia de complejidad sustancial, en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar.
En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada. Así fue que, recientemente, el pasado 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C.J.C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, ED-CMXIX-139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud. Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto. A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto.
En ese marco interpretativo, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso. En atención a la luz del estándar interpretativo comentado, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y, en consecuencia, reducir la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA, aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución ME N.º 21/91 -a título referencial-, que era del uno por ciento (1%) mensual y hasta el 1/08/19, fecha en la que por imperio de la Resolución N.º 598/19 (B.O. 18/07/19), que derogó la Resolución N.º 314/04, y sus modificatorias, entre las que se encuentra la Res. 50/19 del ex Ministerio de Economía y Producción, comenzó a regir la nueva tasa para intereses resarcitorios del 0,83% nominal mensual en aquellas obligaciones nominadas en dólares estadounidenses.
Por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, declarando que los tributos adeudados, ascienden a VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON OCHO CENTAVOS (U$S 24.052,08), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., -importe que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio vendedor correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago-, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A., que deberán ser devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista (notificada a la aseguradora el 16/08/2018 -v. fs. 14 de las act. adm.-). En consecuencia, los intereses deberán computarse desde el 03/09/2018 hasta la fecha de su efectivo pago, calculados de conformidad con lo explicado.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución de PRLA N° 8218/18 recaída en el expediente SIGEA N.º 12197-6815-2009, declarando que los tributos adeudados ascienden a VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON OCHO CENTAVOS (U$S 24.052,08), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A., calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando XIII del presente voto hasta la fecha del efectivo pago. Declarar que el monto que se le puede exigir a la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la Póliza N.º 47103 que es de SESENTA MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 60.500);
o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON OCHO CENTAVOS (U$S 24.052,08), convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A., calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando XIII del presente voto, desde el 03/09/2018 hasta la fecha del efectivo pago.
2. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que en cuanto a los hechos, me remito al relato del Vocal instructor. Adhiero en lo sustancial solo en lo que se refiere a la Segunda Cuestión, en los razonamientos desplegados sobre el fondo del tema a decidir y, en consecuencia, a la parte resolutiva propuesta por el Dr. Licht. Así lo voto. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial.
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución de PRLA N° 8218/18 recaída en el expediente SIGEA N.º 12197-6815-2009, declarando que los tributos adeudados ascienden a VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON OCHO CENTAVOS (U$S 24.052,08), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., que deberá convertirse utilizando el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses previstos en el art. 794 del C.A., calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando XIII del presente voto hasta la fecha del efectivo pago. Declarar que el monto que se le puede exigir a la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la Póliza N.º 47103 que es de SESENTA MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 60.500);
o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y DOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON OCHO CENTAVOS (U$S 24.052,08), convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A., calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando XIII del presente voto, desde el 03/09/2018 hasta la fecha del efectivo pago.
2. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.11.28 17:01:35 ART Date: 2022.11.30 12:27:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.30 12:39:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.30 12:40:13 -03:00
Fin de la sentencia