Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-71768877-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1.-) rechazar la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional. Con costas.
2.-) declarar la nulidad de lo actuado respecto de la actora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en el sumario que ha tramitado como expediente SIGEA N° 12197-14940-2008 a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 10 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 9652/2017 aquí apelada. Con costas a la DGA 3.-) rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
4.-) devolver las actuaciones a la DGA a los fines mencionados en el considerando IX in fine de la presente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-61711089-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Mayo de 2023 LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en el Expediente EX-2022-71768877- -APN-SGASAD#TFN, caratulado: “AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso:
Determinar si la Resolución DE PRLA N° 9652/2017 dictada con fecha 5 de diciembre de 2017 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el marco del sumario Actuación SIGEA N° 12197-14940- 2008, resulta ajustada a derecho, en cuanto dispone “ARTICULO 1°: ARCHIVAR sin más trámite las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 (D.G.A).-” y “(…) ARTICULO 3°: FORMULAR CARGO a la firma CIDEC COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL CUERIO S.A. (CUIT N° 30-50053115-7) con relación a la 05 001 IT14 00862 H en concepto de TRIBUTOS ADEUDADOS, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL SETECIENTOS DOS CON 26/100 (u$s 11.702,26.-) y por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 69/100 ($ 22.958,69) en concepto de PERCEPCIÓN DE IVA ADICIONAL Y DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS e INTIMAR A SU PAGO a la imputada y a la firma AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (…)”
II. Fundamentos de la apelación:
Que en fecha 13/07/2022 se presenta la actora mediante apoderado e interpone recurso de apelación (RE-2022- 71768136-APN-SGASAD#TFN) contra la resolución arriba mencionada. Efectúa un relato de los hechos que dieron lugar a la presentación del recurso y plantea que se declare la nulidad de todo lo actuado, ya que se ha violado flagrantemente el derecho de defensa reconocido expresamente en su artículo 18 de la C.N.. Afirma que nunca se la ha notificado de la apertura de sumario por una posible infracción al art. 970 del CA respecto de la DIT N° 05 001 IT14 008624 H. Asimismo, agrega que no se efectuó la corrida de vista necesaria para que pueda ejercerse debidamente el derecho de defensa. Entiende que ha operado la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos por haber transcurrido ampliamente el plazo de cinco (5) años establecido en el art. 803 del C.A. y destaca que Resolución DE PRLA Nro. 9652/17 fue dictada en fecha 5/12/2017, apenas dos (2) días antes de que operara la prescripción, y notificada recién casi cinco (5) años después, en fecha 23/06/2022, es decir cuando ya había evidentemente operado el vencimiento del curso de la prescripción. Cita jurisprudencia y doctrina que considera aplicable al caso. Explica que no resultaría ajustada a derecho la pretensión aduanera que entienda que correspondería el reclamo de IVA adicional y ganancias conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN –DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”. Plantea la confiscatoriedad e ilegitimidad de la tasa de interés que el servicio aduanero aplica sobre los tributos que reclama. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se dicte sentencia dejando sin efecto la resolución apelada.
III. Contestación del traslado:
Que en fecha 31/10/2022 la representación fiscal contesta el traslado del recurso (IF-2022-116526117-APN- DTD#JGM), acompaña las actuaciones administrativas digitalizadas SIGEA N° 12197-14940-2008 y previo a efectuar la negativa genérica de rigor, opone excepción de incompetencia. En este aspecto, señala que la resolución dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros no es una resolución de condena si no una formulación de cargo contra la cual correspondería el procedimiento de impugnación del art. 1053 inc. a) del C.A. y una vez resuelto se habilitaría la vía del art. 1145 del C.A., por lo que solicita se declare incompetente para entender en el recurso interpuesto. Acto seguido, explica las implicancias legales de la Instrucción General N° 9/2017. Asimismo, niega que haya operado la prescripción de la acción para perseguir el cobro de los tributos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 805 y concordantes del C.A. En cuanto al fondo de la cuestión, aduce que se ha configurado la infracción a lo dispuesto en el art. 970 del C.A. y la Compañía aseguradora, en su calidad de garante, debe responder por ante el Servicio Aduanero respecto de las obligaciones de su tomador. En relación a la tasa de intéres aplicable y en lo que hace al planteo de confiscatoriedad efectuado por la actora, no procede apartarse de la aplicación ineludible de una norma federal (artículo 794 del C.A.) y sus normas reglamentarias. Establece que el deudor debe pagar un interés sobre el importe no ingresado en plazo y las tasas de interés aplicables a las deudas tributarias serán las que fijan las resoluciones del Ministerio de Economía, conforme lo prevé el Código Aduanero. Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso. Asimismo, se allana parcial y exclusivamente en relación a la inclusión de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias incluidos en la liquidación tributaria. Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas, póliza electrónica y constancia de conformidad por el allanamiento parcial, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que con fecha 6 de diciembre de 2022 mediante PV-2022-131970435-APN-VOCXXI#TFN, se dispuso correr traslado a la actora del allanamiento parcial y el planteo de excepción de incompetencia efectuado por el Fisco Nacional el cual fue contestado conforme RE-2022-137921118-APN-DTD#JGM en fecha 23 de diciembre de 2022. En relación al allanamiento, manifiesta que al momento de notificar la resolución aduanera, el Fisco ya tenía instrucción de no reclamar dichos rubros por lo que solicita se impongan las costas a la demandada en virtud de todo el desgaste innecesario jurisdiccional a causa del reclamo indebido de la DGA, reconocido en el allanamiento del propio Fisco. Por ello, solicita que se revoque el reclamo de IVA adicional y Ganancias, sin perjuicio de la improcedencia respecto de los otros rubros reclamados, con expresa imposición de costas a la contraria. En lo que respecta a la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional, expone que carece de todo sustento, por cuanto no tiene en consideración que el reclamo tributario se efectúa dentro de un sumario infraccional por la supuesta infracción al art. 970 del C.A. y por consiguiente, cabe desde ya dejar sentado que no se trata de un mero cargo tributario. Argumenta que se trata de un sumario infraccional y no, como erróneamente indica el Fisco, ante un mero reclamo tributario. Concluye su contestación, explicando de igual manera a lo oportunamente manifestado en el recurso de apelación, que jamás fue notificada de la corrida de vista y que recién toma conocimiento del sumario con la notificación de la Resolución Aduanera apelada en autos. Peticiona que se rechace el planteo de incompetencia, con expresa imposición de costas a la parte demandada.
V. Que en fecha 27/04/2023 (PV-2023-47733260-APN-VOCXXI#TFN) se dispone tratar como de previo y especial pronunciamiento la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal, la nulidad y excepción de prescripción planteadas por la actora y se elevan los autos a la Sala “G”. Finalmente, en fecha 16/5/2023 (IF-2023-55810802-APN-VOCXXI#TFN) pasan a sentencia.
VI. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-14940-2008 (archivo embebido en IF-2022- 116515768-APN-DTD#JGM) se inician a fs. 1/2 con el acta de denuncia N° 448/2008 en razón de la presunta infracción a los arts. 970 y 972 del C.A. por parte de la firma CIDEC COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL CUERO S.A., en relación al DIT N° 05 001 IT14 008624 H. A fs. 9 luce la liquidación de tributos correspondiente. A fs. 10 se dispuso la instrucción de sumario con fecha 07/12/2012. A fs. 11 se liquida determinación de base de tributos y multas. A fs. 12 se agrega impresión de pantalla de la garantía involucrada (05 001 048446 Y) de donde surge póliza N° 4257. A fs. 14/14vta. consta la resolución N° 9652 aquí apelada con las notificaciones a la importadora y aseguradora en fecha 28/06/2022 y 23/06/2022, respectivamente. (vide fs. 15/16). A fs. 19 la actora comunica la apelación ante este Tribunal y adjunta formulario F4 (fs. 17/17vta. y 18/18vta.).
VII. Que, en primer lugar, corresponde analizar y resolver la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal como previa. En cuanto a dicha excepción, el fisco sólo menciona que la resolución dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros no es una resolución de condena si no una formulación de cargo contra la cual correspondería el procedimiento de impugnación del art. 1053 inc. a) del C.A. y una vez resuelto se habilitaría la vía del art. 1145 del C.A.
Que el art. art. 1132, apartado 1, establece que, “Contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en los procedimientos de repetición y para las infracciones como así también en los supuestos de retardo por no dictarse resolución en estos dos procedimientos dentro de los plazos señalados al efecto se podrá interponer en forma optativa y excluyente: a) recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal; o b) demanda contenciosa ante el juez competente.” Asimismo, el apartado 2 determina que “...contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en el procedimiento de impugnación en los casos previstos en el art. 1053, incs. a), b), c), d) y e), como así también en los supuestos de retardo por no dictarse resolución en el procedimiento de impugnación dentro del plazo señalado al efecto sólo procederá el recurso ante el Tribunal Fiscal”. Por su parte, el art. 1133 del C.A. dispone que ....”salvo en los supuestos de retardo, la apelación o la demanda previstas en el artículo 1132 deberán interponerse dentro del plazo de QUINCE (15) días, contado desde la notificación de la resolución.”
Que la Resolución DE PRLA N° 9652/2017, conforme lo previsto en el art. 1132, ap. 1, del C.A., es apelable ante este Tribunal, toda vez que en el presente caso, se trata de un reclamo tributario que se efectúa dentro de un sumario infraccional por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. y por ello, no se trataría de un procedimiento de impugnación en los casos previstos en el art. 1053 inc. a) del C.A., como lo manifiesta el Fisco Nacional.
Que a mérito de lo expuesto en el párrafo precedente, cabe aclarar que el Código Aduanero en su Sección XIV, Capítulo Tercero, establece el procedimiento para las infracciones, el cual resulta aplicable al caso en cuestión. Que el archivo de las actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 9/17 -por resultar una multa mínima que no alcanzara la suma de pesos treinta mil ($ 30.000)-, y el incumplimiento en el procedimiento infraccional por parte de la Aduana, no da lugar al planteo efectuado por la representación fiscal. En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal y declarar que este Tribunal resulta competente para entender en la presente causa, con costas.
VIII. Que la resolución aduanera aquí apelada, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional por aplicación de la Instrucción General N° 9/17 (DGA), ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que, como se dijo en los considerandos VI y VII, las actuaciones administrativas se iniciaron con la denuncia por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., como consecuencia de considerar el organismo aduanero que al vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería, cuyo ingreso se documentó mediante la destinación suspensiva de importación temporaria N° 05 001 IT14 00862 H, no habría sido regularizada su situación, incurriendo así la importadora, a criterio del servicio aduanero, en un incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del régimen.
Que, en lo que al caso de autos concierne, por la Instrucción General referida se establecieron las pautas procedimentales para que las autoridades administrativas a cargo de las distintas áreas, dispongan el archivo de las actuaciones cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).
Que con dicho fundamento, el servicio aduanero dispuso en la resolución aquí apelada el archivo de la denuncia por presunta infracción, en virtud de que la liquidación practicada arrojó un monto de pesos veintinueve mil ochocientos tres con 61/100 ($ 29.803,61) en concepto de multa mínima y la firma no poseía antecedentes que la inhibieran de dicho tratamiento (fs. 11 de las act. adm.)
Que resulta indiscutible que dicha resolución resultó condenatoria para la importadora, si se tiene en cuenta que se ordenó formular cargo por los tributos que se consideraron adeudados e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A.
IX. Que, sentado lo expuesto, corresponde expedirse sobre el planteo que efectúa la recurrente sobre la nulidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución aduanera, en cuanto aduce que no se le ha corrido vista del sumario de marras, y que, en consecuencia, no pudo ejercer su derecho de defensa.
Que el art. 1101 del C.A. dispone que “(…) cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (…)”. Que, de la lectura de las actuaciones administrativas, surge que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 10, ninguna intervención se le dio ni al importador ni a la aseguradora garante ya que los actos procesales cumplidos posteriormente fueron realizados en su totalidad por el servicio aduanero. Es decir, no existió oportunidad alguna de acompañar -o en su caso, solicitar su agregado- de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Que, en efecto, las únicas notificaciones que se cursaron a la aseguradora y a la importadora se realizaron a efectos de hacerles saber el dictado de la Resolución DE PRLA N° 9652/17, sin que con anterioridad se notificara a las partes para tomar participación en los actuados a fin de esgrimir las defensas de que pudieran valerse. Ello, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A. ya citado.
Que, por su parte, el art. 1012 del C.A. establece que “sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites (...) c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados (…)”.
Que indudablemente la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), esto es, notificar la corrida de vista a la aseguradora a fin de que aporte la documentación que creyera idónea, siendo dicho procedimiento la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Que el proceder del servicio aduanero afecta no sólo el derecho de defensa frente a la imputación administrativa sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Por su parte, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establece en el art. 7°, inc. d) que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda de que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
Que en base a lo expuesto precedentemente, cabe concluir que la omisión de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A. en el sumario que dio origen a esta causa torna nulos todos los actos procesales posteriores, inclusive la Resolución DE PRLA N° 9652/17, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tiene por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario.
Que por lo demás, conviene aclarar que no resulta óbice a lo expuesto que en la resolución aduanera aquí apelada se ordenara el archivo de la denuncia en los términos de la Instrucción General N° 9/17 (DGA), pues tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción, correspondía que el servicio aduanero determinase en forma fehaciente la configuración de la infracción imputada a la importadora que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que ahora se pretenden exigir a la importadora y aseguradora en su carácter de garante de la obligación en trato. Que lo expuesto implica que el deber o facultad de disponer el archivo de la denuncia por parte de la Aduana recién nacería cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia, el monto de la sanción también determinado. Cabe señalar que no se trata únicamente de verificar el monto por el que procedería la multa, sino, además y fundamentalmente, de la necesidad de determinar mediante el procedimiento correspondiente, como ya se dijo, la existencia misma de la infracción que da lugar a la aplicación de una multa por la infracción endilgada. Que, en definitiva, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como Expte. N° 12197-14940-2008, en relación a la aseguradora recurrente a continuación del auto por el cual se declara la apertura del sumario (fs. 10), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia. La misma declaración de nulidad alcanza a la Resolución DE PRLA N° 9652/2017, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Por lo tanto, la D.G.A. deberá proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello con costas al fisco.
X. Que corresponde, a continuación, tratar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. No se encuentra discutido en autos que el vencimiento de la DIT operó el 1/12/2007. En consecuencia, y de conformidad lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/1/2008. Dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario (07/12/2012); ello, en virtud del art. 805 del C.A. que estipula que la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. Sin costas.
XI. Que, atento a la forma en la que se resuelve la presente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas por las partes.
Por ello, voto por:
1.-) RECHAZAR la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional. Con costas.
2.-) DECLARAR la nulidad de lo actuado respecto de la actora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en el sumario que ha tramitado como expediente SIGEA N° 12197-14940-
2008 a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 10 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 9652/2017 aquí apelada. Con costas a la DGA 3.-) RECHAZAR el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
4.-) DEVOLVER las actuaciones a la DGA a los fines mencionados en el considerando IX in fine de la presente. El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VI del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. Respecto a la excepción de incompetencia planteada por el Fisco nacional, comparto los fundamentos y análisis efectuado por el Vocal Instructor en los Considerandos VII y VIII.
III. Dicho lo que antecede, corresponde expedirse en relación a la excepción de prescripción opuesta por la recurrente.
A efectos de decidir sobre su procedencia, corresponde examinar si, como plantea la recurrente, la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada. En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
IV. En tales condiciones, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 07/12/2012 (ver fs. 10 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del CA. En el marco descripto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2008, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2012 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 05/12/2017 -fs. 14/14vta. de las act. adm.- y notificada a la aquí actora el 23/06/2022).
Que, en virtud de ello, corresponde, a mi juicio, hacer lugar a la excepción de prescripción y declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT Nº 05 001 IT14 008624 H.
Por ello, voto por:
1. Rechazar la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional. Con costas.
2. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y, en consecuencia, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en relación al sumario que tramitó mediante Actuación N° 12197-14940-2008 en referencia a la operación documentada mediante el DIT Nº 05 001 IT14 008624 H. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1.-) RECHAZAR la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional. Con costas.
2.-) DECLARAR la nulidad de lo actuado respecto de la actora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en el sumario que ha tramitado como expediente SIGEA N° 12197-14940-
2008 a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario (fs. 10 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 9652/2017 aquí apelada. Con costas a la DGA 3.-) RECHAZAR el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
4.-) DEVOLVER las actuaciones a la DGA a los fines mencionados en el considerando IX in fine de la presente. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.05.30 14:46:00 ART Date: 2023.05.30 15:18:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.30 18:58:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.30 18:58:50 -03:00
Fin de la sentencia