Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.650-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la firma importadora, sin costas.
2Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) N° 2428, con excepción de la percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional, en tanto exige el pago de tributos a la firma aseguradora "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A." por la suma U$S 2.908,59.- en concepto de tasa de estadística e IVA, todo ello más intereses. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma $ 115.000.- monto al que deberá adicionársele los intereses del art. 794 del C.A desde el 10/05/18 hasta la fecha del efectivo pago.
3Las costas se imponen a la vencida, salvo con relación a la percepción del Impuesto a las Ganancias e IVA adicional, que se impone por su orden, atento el modo en que se decide el presente (cfr. art. 1163 del C.A.)
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-85649633-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Septiembre de 2021 Reunidos los Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino, Christian M. González Palazzo, y Héctor H. Juarez (Vocal Subrogante), a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. N° 39.650-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 7/13, se presenta, por apoderado, la firma denominada "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A." e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2428, de fecha 20/04/18, dictada por la Responsable (Int.) del Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires en el marco de la actuación SIGEA N° 12073-830-2009. Mediante dicha resolución se le exigen tributos por la suma de U$S 2.909, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más la suma de $ 10.505, en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, todo ello más intereses. Esa suma, se le atribuye en su condición de garante de la firma importadora “BIOCHEMICAL S.A.”, a la que se le endilgó la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. en virtud del presunto incumplimiento a la obligación asumida en la importación temporaria N° 08 001 IT14 003260 B.
En primer lugar, plantea la nulidad del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado por cuanto entiende que el auto de apertura del sumario que obra a fojas 72 de las actuaciones administrativas no se ajusta a lo prescripto por el artículo 1094 del Código Aduanero. En ese sentido, explica que no obra agregada, a las actuaciones administrativas, la carpeta correspondiente al despacho de importación temporaria involucrado en autos, ni copia certificada del mismo. Considera que la aduana tiene a su cargo la demostración de los elementos materiales de la infracción que atribuye. Advierte que como consecuencia de declarar la nulidad del auto de apertura del sumario prescribiría la acción del fisco para percibir tributos por haber transcurrido ampliamente el plazo de cinco años contados desde el vencimiento de la importación temporaria. Cita jurisprudencia de este Tribunal fiscal en la que se declaró la nulidad del auto de apertura de sumario por la falta de agregación de la carpeta original de la destinación de importación temporaria o copia certificada de la misma.
Explica que, su mandante, sólo garantiza en forma solidaria y subsidiaria el pago de la deuda a cargo del tomador (importador) moroso y, siempre hasta el monto (capital e intereses imputables al deudor) de la misma. Estima que debe responder, en forma subsidiaria, sólo en el supuesto caso que el importador temporario resulte responsable de la infracción imputada con cargo firme como título ejecutivo, y siempre y cuando éste no haga frente a la obligación tributaria.
Destaca que, en el supuesto de que corresponda a su mandante abonar la obligación tributaria reclamada, deberá afrontar el pago de los tributos con la limitación monetaria que el contrato establecería, esto es la suma máxima de $ 115.000 conforme la póliza Nro. 69049. Entiende que en ninguna situación y bajo ningún punto de vista puede reclamarse importe alguno que supere dicha suma.
Ofrece prueba, hacer reserva del caso federal y solicita que se revoque el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 23/28, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Realiza un breve racconto de las actuaciones administrativas. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la recurrente que no sean objeto de su expreso reconocimiento.
En lo que se refiere al planteo de nulidad, sostiene que carece de asidero que la instrucción de sumario tenga que reunir todos y cada uno de los elementos estipulados por el art. 1094 del C.A., por lo que no se debería automatizar su aplicación. Cita jurisprudencia de este Tribunal Fiscal que haría a su pretensión. Menciona que el Código Aduanero dispone específicamente, al hablar de la instrucción de sumario, la suspensión del cómputo del plazo cuando hablamos de tributos. Agrega que dicho rasgo distintivo no se constituye como una arbitrariedad legislativa, sino que haya su razón de ser en la naturaleza misma de los procedimientos administrativos aduaneros. Comenta que no puede alegarse la prescripción para percibir un tributo que, hasta la resolución aduanera, no fue determinado salvo que la aduana pueda reclamar el pago de un monto indeterminado con la sola denuncia de su personal.
Destaca que la recurrente no demuestra el cumplimiento de la DIT. Añade que fue la empresa “BIOCHEMICAL S.A.” quien voluntariamente se acogió al régimen preferencial de importación temporaria, circunstancia que conlleva la prueba de su cancelación en los términos de la Resolución ANA N° 479/95.
Sostiene, en relación con el límite de la póliza, que lo asegurado es un monto eventual que se transformará en cierto al momento de producirse la importación a consumo (hecho imponible-siniestro). Cita jurisprudencia de la Excma. Cámara para respaldar la postura de que una vez producido el hecho imponible (con el incumplimiento de la importación temporaria) quedan fijados los tributos y, por ende, la garantía prestada alcanza a éstos y no al monto teórico de una operación imposible de presentarse.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12073-830-2009 se inician a fs. 1 con la Orden de Comprobación de Destino N° 09621OC08001128D que faculta a los funcionarios aduaneros a realizar una constatación de las mercaderías ingresadas mediante las distintas destinaciones de importación temporaria oficializadas por la firma importadora “BIOCHEMICAL S.A.”. A fs. 6 obra el Acta labrada por el funcionario aduanero interviniente con los resultados de su constatación que se resumen en los Anexos I y II que lucen a fs. 7 y 8. A fs. 9/52 la firma importadora agrega documentación relevante que acreditaría el cumplimiento de las obligaciones inherentes a las destinaciones de importación temporaria que se le atribuyen, a saber: 07 001 IT14 008682 N; 08 001 IT14 003260 B; 09 001 IT14 000219 D y 09 001 IT14 003285 J. A fs. 53/56 el servicio aduanero agrega las impresiones de pantalla relativas al despacho de importación temporaria N° 001 IT14 003260 B y, acto seguido, a fs. 57 confecciona una liquidación tributaria de parte de la mercadería allí ingresada que se encontraría en presunta infracción. En fecha 16/09/09, el servicio aduanero labra el Acta de denuncia N° 456/09 en contra de la firma importadora “BIOCHEMICAL S.A.” por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. por el posible incumplimiento a las obligaciones inherentes a la destinación de importación temporaria N° 08 001 IT14 003260 B cuyo vencimiento habría operado el 23/04/09. A fs. 64ref./66ref se agregan las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-25298-2009 en las que se rechazó la solicitud de prórroga, presentada por la firma importadora, a los fines de cumplir con la reexportación de la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT N° 08 001 IT14 003260 B. A fs. 72 se dispone la apertura del sumario. A fs. 73 se informa la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería, practicándose a fs. 76 la liquidación de tributos y multa. En fecha 20/04/18 se dicta la Resolución (DE PRLA) N° 2428/18 que se recurre en la especie (v. fs. 80/81).
IV. Que corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho en lo que ha sido materia de recurso. Ante todo, es necesario aclarar que la recurrente no se agravia de la procedencia de la exigencia tributaria contenida en la resolución apelada, es decir, no niega su carácter de aseguradora de la firma importadora ni tampoco ser responsable del reclamo tributario (Nótese que la recurrente no discute el fondo del asunto, es decir, no alegó ni mucho menos intenta demostrar que la firma importadora reexportó la mercadería ingresada en forma temporaria), aunque no en los términos que se le exigen.
Que, en tales condiciones, la recurrente plantea la nulidad del auto de apertura de sumario y, como consecuencia de ello, la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos; se refiere a la naturaleza jurídica del seguro de caución y a la responsabilidad derivada de dicho contrato; y, por último, se agravia de los alcances de la cobertura brindada.
V. Que, en principio, corresponde entender en el planteo de prescripción impetrado por la recurrente por cuanto el servicio aduanero no habría dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1094 del Código Aduanero toda vez que no habría agregado la carpeta original de la destinación de importación temporaria N° 08 001 IT14 003260 B y su documentación complementaria.
Que, en efecto, y tal como lo he expresado en numerosos pronunciamientos (Sala “F”, Vocalía de la 16ª. Nominación in re “ARGENOVA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” expte. N° 33.378-A, sentencia del 21/04/2016 y “FERRERO ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” expte. N° 30.672-A, de fecha 10/10/18, entre otros) la resolución por la que se dispone la apertura del sumario es un acto administrativo de importancia significativa por medio del cual el administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera. Además, es el acto necesariamente previo a la resolución que dispone correr vista de lo actuado a los presuntos responsables a efectos de que presenten sus defensas Que el art. 1094 del Código Aduanero establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario y, en este sentido, dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción (el destacado me pertenece) y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados. Que, ante todo, corresponde aclarar que la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis, es decir, que si existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación de este.
Que si bien asiste razón a la recurrente cuando señala que el servicio aduanero no agregó, a las actuaciones administrativas, la carpeta original de la destinación de importación temporaria N° 08 001 IT14 003260 B lo que impediría determinar la presunta comisión de una infracción y los hechos constitutivos del hecho imponible -en lo que aquí interesa-, lo cierto es que de la compulsa de los antecedentes administrativos surge que la firma importadora (“BIOCHEMICAL S.A.”) acompañó copia de la mencionada destinación. Y no sólo ello, sino que, además, en el marco de su defensa en la comprobación de destino que se llevó a cabo en sede aduanera, declaró la fecha de oficialización de la destinación aduanera y su fecha de vencimiento lo que ocurrió el 25/04/08 y 23/04/09, respectivamente; la cantidad de mercadería allí ingresada en forma temporaria que suma un total de 20 toneladas con su clasificación arancelaria correspondiente 3105.30.90.000F y el saldo de mercadería remanente de 6.97 toneladas que quedó sin reexportar (ver a tal efecto la documentación que obra a fs. 6/20 y en especial los Anexos I y II de las act. adm. SIGEA N° 12073-830-2009).
Que lo dicho precedentemente resulta suficiente para deducir que los hechos y constancias de las actuaciones administrativas vinculadas a la causa difieren sustancialmente de aquellos tenidos en cuenta por el suscripto al sentenciar los expedientes, “ROMI S.R.L. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” expte. N° 31.980-A, de fecha 3/7/17 y FERRERO ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” expte. N° 30.672-A, de fecha 10/10/18, entre otros, donde se declaró la nulidad del auto de apertura de sumario por la falta de agregación de la carpeta original de la destinación de importación temporaria toda vez que ello impediría verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, ni determinar, tampoco, si por el mismo se ha concedido o no prórroga a los fines de la regularización del régimen.
Que la diferencia se advierte con claridad en el caso sub examine, puesto que si se contrasta la copia de la destinación de la importación temporaria acompañada por la firma importadora (v. fs. 13 y 14 de las act. adm.) con la declaración realizada, por la misma, en el marco de la comprobación de destino se observa una coincidencia total que permite tener por reunidos todos los elementos necesarios a los fines de constatar el hecho imponible, es decir, la importación a consumo de la mercadería que quedó sin reexportar. En otras palabras, en el presente caso la firma importadora aporta la información necesaria y suficiente que permite verificar la fecha de oficialización y vencimiento de la DIT, la cantidad y calidad de la mercadería ingresada en forma temporaria y la que ha quedado sin reexportar, como así también que no se ha concedido prórroga a los fines de la regularización del régimen. Nótese que la firma importadora pretendió prorrogar el plazo de la destinación de importación temporaria a los fines de cumplir con la reexportación de la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT N° 08 001 IT14 003260 B pero dicha solicitud fue rechazada por el servicio aduanero por extemporánea (v. fs. 64ref./66ref actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-25298-2009).
Que lo expuesto hasta aquí permite concluir que nulificar el auto de apertura de sumario por la falta de agregación, por parte del servicio aduanero, de la carpeta original de la destinación de importación temporaria N° 08 001 IT14 003260 B carece de finalidad práctica pues su declaración no haría más que convalidar la nulidad por la nulidad misma cuando es la propia importadora la que acompaña la destinación y corrobora los datos necesarios, mediante sus declaraciones, que fueron plasmadas en las actuaciones administrativas, a los efectos de verificar el hecho imponible. Por ello, entiendo que corresponde rechazar el agravio respecto de la invalidez del auto de apertura de sumario, sin costas por su tratamiento conjunto con el fondo.
VI. Que, en atención a la manera en que resuelve la nulidad invocada, se torna inoficioso el tratamiento accesorio de la prescripción de la acción del Fisco planteada.
VII. Que la recurrente entiende que sólo garantiza en forma solidaria y subsidiaria el pago de la deuda a cargo del importador moroso y que debe responder, en forma subsidiaria, sólo en el supuesto caso que el importador temporario resulte responsable de la infracción imputada con cargo firme como título ejecutivo. Que cabe recordar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26-981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO SRL y otro, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
Que corresponde señalar, además, que en el seguro de caución, los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Que, asimismo, surge de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom, Sala B, oct. 23-1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Que en ese orden de ideas, la Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro -importador- no se encuentra obligada a cumplir con otro requisito más que la determinación de dicho incumplimiento, y más aún si se tiene en cuenta que ni la firma importadora, ni la recurrente probaron el cumplimiento de la obligación de reexportar en tiempo y forma; razón por la cual, se tiene por indiscutible la producción del siniestro y la acción de la Aduana contra el asegurador.
Que, en definitiva, el servicio aduanero ha formulado un cargo, determinando los tributos adeudados como consecuencia de que al vencimiento del plazo de la destinación suspensiva de importación temporaria no se reexportó la mercadería, así como quienes son los obligados al pago. Ello así, no se advierte cuál es el agravio de la apelante, cuya responsabilidad por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte de este, tal como ha sido convenido expresamente a través de la garantía o seguro de caución otorgado.
VIII. Que corresponde referirse a la percepción del impuesto a las ganancias que fuera exigida por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada, pese a que no se advierte agravio alguno de la recurrente en ese sentido.
Que cabe señalar, como consideración preliminar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el art. 116 de la C.N., habiéndose calificado a sí misma como “intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia”, como lo son, v.gr., la ley 22.415 (Código Aduanero).
Que, en efecto, pese a que la Corte Suprema “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [...]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia...” (C.S., “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, del 4/7/85, “Fallos”, 307-1094 y sus citas).
Ello es así por cuanto, por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, “Fallos”, 212-51); extremo que corresponde extender a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantivas o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa. Que a lo expuesto se agrega que más recientemente la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, “pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional” (“García, Sixto E.”, del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de “La Ley”, del 27/9/99, p. 30).
Que, en consecuencia, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019 , donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
IX. Que es menester expedirse sobre el límite máximo garantizado por la recurrente.
Que tal como fuera señalado en el Considerando VIII del presente voto, no corresponde reclamar a la recurrente el importe de los tributos reclamados, en pesos, en concepto de percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional. Sin embargo, sí corresponde exigirle el importe de los tributos nominados en dólares estadounidenses en concepto de tasa de estadística e IVA toda vez que no se ha acreditado en autos la reexportación de la mercadería introducida al amparo de la destinación N° 08 001 IT14 003260 B.
Que la suma total de los tributos nominados en dólares estadounidenses asciende a la suma de U$S 2.908,59. Ahora bien la póliza en virtud de la cual la aduana funda su exigencia a la firma aseguradora está garantizada por la suma máxima de $ 115.000 (ver la póliza N° 69049, que obra agregada a fs. 40/41 de autos, que fue extendida por "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A." a favor de la aduana en su condición de garante de la importación temporaria N° 08 001 IT14 003260 B). Ello así el importe que el servicio aduanero tendría derecho a cobrar en virtud del incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria excede el importe máximo asegurado por la firma recurrente, por lo que dicho organismo fiscal sólo debe limitarse a reclamar dicho monto inferior y no más, pues en dicho caso operaría un enriquecimiento sin causa a favor del Fisco Nacional.
Que, por lo expuesto, la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el límite máximo asegurado en la póliza que totaliza la suma, en concepto de capital, la suma de ciento quince mil pesos $ 115.000, con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 10/05/18 hasta la fecha del efectivo pago.
Por ello voto por:
1. Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la firma importadora, sin costas.
2. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) N° 2428, con excepción de la percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional, en tanto exige el pago de tributos a la firma aseguradora "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A." por la suma U$S 2.908,59.- en concepto de tasa de estadística e IVA, todo ello más intereses. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma $ 115.000.- monto al que deberá adicionársele los intereses del art. 794 del C.A desde el 10/05/18 hasta la fecha del efectivo pago.
3. Las costas se imponen a la vencida, salvo con relación a la percepción del Impuesto a las Ganancias e IVA adicional, que se impone por su orden, atento el modo en que se decide el presente (cfr. art. 1163 del C.A.) El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere en lo sustancial a la forma en que decide el Dr. Garbarino.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la firma importadora, sin costas.
2. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) N° 2428, con excepción de la percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional, en tanto exige el pago de tributos a la firma aseguradora "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A." por la suma U$S 2.908,59.- en concepto de tasa de estadística e IVA, todo ello más intereses. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma $ 115.000.- monto al que deberá adicionársele los intereses del art. 794 del C.A desde el 10/05/18 hasta la fecha del efectivo pago.
3. Las costas se imponen a la vencida, salvo con relación a la percepción del Impuesto a las Ganancias e IVA adicional, que se impone por su orden, atento el modo en que se decide el presente (cfr. art. 1163 del C.A.) Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y González Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación.
Date: 2021.09.08 14:42:31 -03:00 Date: 2021.09.13 00:53:04 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.09.13 00:53:05 -03:00
Fin de la sentencia