Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-12313385-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución 192/2021 (AD LAPL) y su aclaratoria, resolución 199/2021 (AD LAPL) –SIGEA 17229-26-2017- en cuanto condena a la firma INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA SA al pago de una multa, en los términos del art. 970, y formula cargo, conjuntamente con la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA por diferencia de tributos, en relación al DIT 11033IT11000044R.
2Imponer las costas al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-52650668-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Mayo de 2024 03250402- -APN-SGASAD#TFN) y su acum. “INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA SA(EX- 2022-12313385- -APN-SGASAD#TFN)
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14ava. Nominación se encuentra vacante), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN" (EX-2022-03250402- - APN-SGASAD#TFN) y su acum. “INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA SA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN” (EX-2022-12313385- -APN-SGASAD#TFN), El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2022-03249987-APN-SGASAD#TFN se presenta AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA, e interpone recurso de apelación contra la resolución 192/21 (AD LAPL) y su aclaratoria la resolución 199/21 (AD LAPL), dictadas en el expediente SIGEA 17229- 26-2017 por el Administrador de la Aduana de La Plata en cuanto intima a su representada, en su carácter garante de la operación, al pago de tributos por infracción al art. 970 del CA, respecto a la DIT 11033IT000044R. Hace una breve reseña de los antecedentes aduaneros. Alega, en primer lugar, que resulta fácil advertir la vulneración del derecho de defensa y la garantía del debido proceso, producto de la excesiva duración del proceso, habiendo transcurrido once años desde la emisión de la póliza, lo que coloca al administrado en una situación de indefensión al tener que rastrear documentos de antigua data.
A tal fin, cita jurisprudencia que avala sus argumentos. Continúa argumentando respecto a la naturaleza jurídica del seguro de caución y el alcance de responsabilidad de la aseguradora. Manifiesta que se trata de una obligación de derecho privado con causa fuente en el contrato de seguro de caución cuya exigibilidad depende del acaecimiento del siniestro. Siendo así, expresa que la aseguradora no es deudor ni responsable de la obligación tributaria conforme los arts. 722 a 786 del CA. Realizadas algunas distinciones del seguro de caución, culmina diciendo que teniendo en cuenta lo normado en el art. 480 del Código Civil, su representada garantiza en forma solidaria y subsidiaria el pago de la deuda a cargo del tomador-importador moroso y siempre hasta el monto (capital e intereses imputables al deudor) de la misma.
Asimismo, aclara que la fianza es una obligación accesoria, por lo que la solidaridad no convierte al garante en deudor directo de la obligación. Argumenta que debe quedar acreditado el incumplimiento imputable al deudor para que recién surja la responsabilidad solidaria pero, subsidiaria del garante. Afirma que su mandante solo debe responder en forma subsidiaria, en el supuesto caso que el importador temporal resulte responsable de la infracción imputada, con cargo firme como título ejecutivo, y siempre y cuando éste no haga presente a la obligación tributaria. Agrega que conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema en la causa CLADD ITA SA, y receptada por AFIP mediante la Instrucción General 13/2021, no corresponde el reclamo del IVA adicional y ganancias.
Señala que tampoco resultaría ajustada a derecho la pretensión aduanera que incluya derechos adicionales en el reclamo. Señala que en el caso de que su garante deba afrontar la obligación tributaria reclamada en autos, deberá hacerlo con la limitación monetaria que el contrato establecía, esto es hasta la suma máxima de $112.746 conforme póliza 322684. En subsidio, plantea la confiscatoriedad de la tasa aplicable sobre tributos aduaneros. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se dicte sentencia dejando sin efecto la resolución apelada respecto a su representada, con expresa imposición de costas a la contraria.
II. Que mediante IF-2022-38142878-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto en autos. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la recurrente y desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en el expediente administrativo. Realiza una breve síntesis de lo acontecido en sede administrativa. Seguidamente, contesta el traslado y en primer lugar, se refiere a la falta de configuración del siniestro. Manifiesta que la resolución recaída en el sumario contencioso resulta ajustada a derecho, toda vez que la mercadería ingresada mediante la DIT no ha sido reexportada en legal plazo, por lo que se configuró la infracción prevista en el art. 970 del CA.
Hace mención del art. 274 del CA y argumenta con antecedentes jurisprudenciales que resolvieron al respecto. En segundo lugar se refiere a la nulidad y prescripción planteada por la actora, para lo que se remite a un párrafo textual del recurso de apelación y cita normativa vigente que justifica sus dichos. En tercer lugar, se refiere a la responsabilidad de la aseguradora, para lo que destaca que la finalidad del seguro de caución no es otra que la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal. Sostiene que el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del tomador. Por lo que, basta el mero vencimiento de la deuda, salvo que se haya pactado beneficio de exclusión.
Aclara que no se desconoce que la aseguradora no debe responder por la pena prevista para la comisión de la infracción del art. 970 del CA, sino lo que se pretende es que la Compañía responda por la obligación tributaria que contractualmente contrajo. Concluye que tanto el tomador como el asegurador se encuentran obligados solidariamente, pudiendo su representada dirigir acciones contra ambas o contra cualquiera de las dos indistintamente. En cuanto al límite económico de la póliza, señala que la actora garantizó las obligaciones tributarias emergentes de la DIT en cuestión, y para garantizar dichas obligaciones se aseguró un valor que –en su momento- resultó equivalente a la suma en dólares requerida para asegurar los derechos aduaneros ante un eventual incumplimiento del régimen por parte de la importadora.
Sin embargo, deja asentado que en casos especiales, la prestación del contrato de seguro (léase suma asegurada) puede ser superior a la que figurara en el contrato de seguro. Hace alusión a que a la pretensión de la elusión del pago de los tributos que corresponden por parte de la aseguradora debe oponerse el art. 12 del CCyC, puesto que resulta abuso del derecho vinculado al orden público oponer el limite pretendido en casos como el de autos. Por último, contesta el argumento planteado por la actora en cuento al plazo razonable. Amparada por la jurisprudencia que menciona, argumenta que el accionar del servicio aduanero se ajustó a los plazos establecidos por el CA, resultando la actividad desplegada conforme a derecho y encontrándose aún vigente la acción de su mandante para reclamar el cobro de tributos.
Ofrece prueba, plantea el caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas a la actora.
III. Que mediante IF-2022-120961153-APN-VOCXIII#TFN de fecha 09.11.22 se ordena la acumulación del expte. EX- 2022-12313385- -APN-SGASAD#TFN caratulado “INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación” al presente.
IV. Que mediante IF-2022-12313327-APN-DTD#JGM se presenta por apoderado la firma INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA SA (“IMPSA”) e interpone recurso de apelación contra la resolución 192/2021 (AD LAPL), dictada en el expediente SIGEA 17229-26-2017 por el Administrador de la Aduana de La Plata en cuanto intima a su representada al pago de una multa equivalente a dos veces su mínimo legal cuyo monto asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($303.205,36) y formula un cargo por la suma de DOLARES ESTADOUNINDENSES SEIS MIL QUINIENTOS ONCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (u$s 6.511,94.-) en concepto de tributos y de PESOS CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHO ($106.508,00.-) en concepto de IVA adicional y Ganancias con más los intereses del art. 794 del C.A., por la infracción del artículo previsto y penado en el art. 970, respecto a la DIT 11033IT11000044R.
Relata que a través de la Aduana de La Plata, importó mercadería mediante la destinación en trato para ser aplicada al Régimen de Perfeccionamiento Industrial previsto por el decreto 1330/2004. Sostiene que ha celebrado una serie de contratos internacionales de larga ejecución que tiene por objeto la construcción y ensamblaje de turbinas hidroeléctricas para distintas centrales energéticas del mundo. Manifiesta que en lo que atañe a la destinación en trato la empresa celebró con Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, (CORPOLEC) un contrato con el objeto de diseñar, fabricar, transportar, montar y probar turbinas KAPLAN y sus generadores, generadores de corriente alterna, transformadores de potencia, grúas puente principal, grúas puentes auxiliares y conjuntos teleférico.
Alega que el tipo de producción al que son sometidos estos equipos demanda mucho tiempo entre el ingreso del insumo y el egreso del bien terminado. Manifiesta que en razón de que el plazo genérico otorgado a IMPSA para la importación temporal no se adecuaba a la realidad de su compromiso contractual la empresa solicitó, ante la Secretaría Comercio la Nación (Autoridad de aplicación conf. art. 33 dto. 1330), la ampliación del plazo de permanencia de la mercadería de conformidad a lo previsto en el art. 8 del Dto. 1330/04, solicitando la incorporación de la destinación en trato. Alega que luego de oficializada la destinación 11033IT11000044R acontecieron razones de fuerza mayor que tuvieron como consecuencia la paralización de las obras en Venezuela; en consecuencia IMPSA solicitó la suspensión de todos los plazos de las destinaciones temporales afectadas correspondientes al Proyecto.
Manifiesta que la autoridad del régimen dictó la Resolución 2019-55-APN-SCE- MPYT ampliando el plazo de vencimiento de la temporal en tarto al 30.06.20, posteriormente considerando la permanencia de las causas de fuerza mayor, extendió ese plazo por 360 (trescientos sesenta) días más conforme Nota 2019-64820254-APN-DE#MPYT SIGEA 19144-6466-2019. Señala la profunda crisis sufrida por la República Bolivariana de Venezuela, agravada por la pandemia del Covid-19 y el embargo decretado a Venezuela. Sostiene que antes del acaecimiento del plazo previsto para el referido 6 de marzo de 2021, IMPSA, volvió a solicitar a la Autoridad de Aplicación que suspenda el plazo de permanencia de todas las destinaciones asociadas a los proyectos mantenidos con Venezuela.
Señala que el 5 de marzo de 2021 mediante EX-2021- 19831296- -APN-DE#MDP peticionó la suspensión del curso de los plazos o subsidiariamente el otorgamiento del plazo máximo de 25 años previsto en la norma. Alega la inexistencia de la infracción, atento a que el plazo de permanencia de la destinación no ha vencido. Nombra el art. 250 del CA y sostiene que la piedra angular sobre la cual reposa la denuncia consiste en considerar perfeccionado el hecho imponible de la importación a consumo irregular, como consecuencia del supuesto vencimiento del plazo de permanencia de la destinación en trato fijado, originariamente para el 24.12.16. Manifiesta que los hechos expuestos evidencian que se encuentra pendiente el pronunciamiento de la petición por parte de la Autoridad de Aplicación.
Invoca el efecto suspensivo del art. 266 del CA. Esgrime que el servicio aduanero inició la instrucción del sumario con antelación al vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería. Subraya que esa omisión colisiona con el principio de legalidad que debe primar en materia penal y tributaria y viola el derecho de defensa en juicio por no valorarse la prueba que acredita su cumplimiento. Subsidiariamente impugna la liquidación de tributos. Alega que es injusta e irrazonable la aplicación del tipo de moneda intimada. Manifiesta que resulta irrazonable que además de exigir el pago en dólares estadounidenses, el importe intimado devengue también un interés mensual del 3%, toda vez que se le estaría aplicando a la deuda un doble sistema de actualización que resulta a todas luces inconstitucional.
Alega la improcedencia del IVA adicional y anticipo de impuesto a las ganancias, ofrece prueba y solicita que se dicte sentencia revocándose la resolución apelada, con costas.
V. Que mediante IF-2022-57425463-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto en autos. En primer lugar, realiza una breve síntesis de lo acontecido en sede administrativa. Seguidamente, efectúa una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la recurrente y desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en el expediente administrativo. Alega que en ningún momento el CA sostiene posibilidades que contemplen salvaguardar la economía de quien solicitó una importación temporal. Resalta que la compañía se encuentra en posibilidades de llevar a cabo la exportación a consumo de la mercadería contenida en la DIT a la República Bolivariana de Venezuela pero elige no hacerlo debido a que teme no ser retribuida económicamente.
Manifiesta que la IMPSA destaca que debido al decreto de emergencia económica y sanitaria originada por el COVID-19, la AFIP dejó en suspenso con carácter general y efecto retroactivo (RG AFIP 4726/2020) el curso de los plazos para las destinaciones suspensivas de importación a partir del 20.03.20 y hasta el 30.11.20, permitiéndole aseverar que la destinación en trato hubiera vencido el 06.03.21 y no el 16.01.17 indicado en el auto de corrida de vista. Alega que de la simple lectura del art. 6 la RG 4726 se desprende que dicha suspensión alcanza exclusivamente a aquellos plazos cuya autoridad de aplicación y/o fiscalización resulta ser la AFIP-DGA, no el Ministerio de Producción y Trabajo de quien depende la Subsecretaría de Comercio Exterior ni la Dirección Nacional de Exportaciones quienes fueron quienes otorgaron las prórrogas del DIT de manera exclusiva, sin ningún tipo de intervención del servicio aduanero.
Sostiene que llegada la fecha de vencimiento del plazo otorgado para la DIT (24.06.20) no ha existido presentación alguna que acredite la solicitud por parte de IMPSA de una nueva extensión de plazos. Sostiene que la empresa acepta que recién el 05.03.21, 254 días luego del vencimiento, solicita una nueva prórroga, todo ello en flagrante violación al C.A. Cita jurisprudencia. Indica que la importación temporaria es un beneficio y que no se han cumplido con los requisitos que hacen al régimen. Sostiene que la actora no acredita la reexportación de la mercadería en tiempo, es decir, anterior al 30.06.19. Señala que la posición de la contraria por la que pretende desligarse de responsabilidad carece de todo sustento.
Se refiere al agravio de la liquidación tributaria en dólares y la tasa de interés aplicable, así como al IVA Adicional y el anticipo de ganancias. Cita doctrina. Respecto a los intereses cita los arts. 794, 795 y 796 del CA, la resolución 314/2004, modificatorias y complementarias, resoluciones 492/06 y 891/10 del MEyP y manifiesta que los intereses que deben aplicarse en el caso de autos son los del CA. Cita jurisprudencia. Sostiene que frente a la inconstitucionalidad, la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación está prohibida. Cita jurisprudencia. Plantea el caso federal. Ofrece prueba y solicita que se dicte sentencia rechazando la apelación, con costas.
VI. Que con fecha 22.11.23 (IF-2023-138866322-APN-DTD#JGM) la actora acredita con la RESOL-2023- 2040-APN-SC#MEC la ampliación del plazo especial en los términos del art. 8 del decreto 1330/04 al 08.05.24. El 16.04.24 se elevan los autos a esta Sala E y luego se pasan los autos a sentencia.
VII. Que las actuaciones administrativas 17229-26-2017 se inician con los prints de pantalla de la declaración detallada (fs. 1/2), sobre contenedor (fs. 3/5), liquidación de tributos (fs. 6) y acta de denuncia (fs. 7). A fs. 9 obra la nota 30/17 (Sec. Inspección Ex-Ante) del 16.01.17, por la que se informa que respecto de la DIT 11033IT11000044R (oficialización del 24.01.11 y vencimiento más prórroga -2160 días- operada el 24.12.16) se encontraría configurada la infracción del art. 970 del CA; se ordena su giro a la Sec. Sumario. Obra agregado, previo a ello (fs. 10) la póliza de caución que garantizó la operación aduanera. A fs. 11 se instruye sumario y se corre vista (nota 165/17 -SEC S- del 03.02.17), lo que se notifica a IMPSA el 22.05.17 (fs. 12) y a la aseguradora -Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA- el 23.05.17 (fs. 13).
Se agrega el alcance 17229-26- 2017/2. A fs. 14/17ref. la aseguradora contesta vista. Se agrega el alcance 17229-26-2017/1. A fs. 20/22ref. la firma IMPSA contesta vista. Se agrega el alcance 17229-26-2017/3. A fs. 48, mediante nota 1507/17 (SEC SUMARIOS) del 04.09.17, se tiene por presentada a la aseguradora y no se le hace lugar a la prueba informativa. Asimismo, se tiene por presentada a IMPSA, por agregada la documental y se la intima a que acompañe la respuesta del Ministerio de Producción a la solicitud de otorgamiento de plazo especial del decreto 1330/04. Se agrega el alcance 17229-26-2017/4. A fs. 52ref. IMPSA contesta la intimación cursada y manifiesta que el Ministerio de Producción se encuentra abocado al análisis de la petición Expte.
S01:0554147/16 y acompaña documentación. Se agrega el alcance 17229-26-2017/5. A fs. 70/71 ref., en subsidio, IMPSA amplía la contestación de vista e impugna la liquidación de tributos. Se agrega el alcance 17229-26-2017/6. A fs. 72ref. IMPSA realiza una nueva presentación en la que pone en conocimiento la ampliación del plazo de permanencia de la destinación objeto de la litis y solicita el dictado de la resolución definitiva ordenando el sobreseimiento de la infracción endilgada. Se agregan los alcances 17229-26-2017/7 y 17229-26-2017/8. A fs. 82/83ref. se agrega NO-2019-50012118-APN-DE#MPYT del 28.05.19 enviada por la División Exportaciones –Ministerio de Producción y Trabajo-, dirigida a la DGA en la se la pone en conocimiento del dictado de RESOL-2019-55-APN- SCE#MPYT del 23.05.19.
En consecuencia, el 26.07.19 mediante nota 200/2019 (Sec. Insp. Ex Ante) se solicita la intervención del Sección Sumarios a los fines proceder al levantamiento de las denuncias efectuadas y a la afectación de los refuerzos de garantías. A fs. 103 mediante la nota 024/21 Sec. Inspec. Ex-ante del 14.04.21 se ratifica la denuncia efectuada y se practica una nueva liquidación de tributos (fs. 105). A fs. 108 se agrega copia de la respuesta de un correo electrónico del 29.11.21, en el que la Sección Inspección Ex ante informa a la Sección Sumarios que no existen constancias de solicitudes de nuevas prorrogas otorgadas a la firma IMPSA. A fs. 109/110 obra el dictamen 149/21 y a fs. 111/13 la resolución 192/21 (AD LAPL), resolución aquí apelada.
Con fecha 27.12.21 se dicta la resolución 199/21 (AD LAPL), aclaratoria de la resolución 192/21 (AD LAPL).
VIII. Decisión del caso: Que corresponde resolver si la resolución 192/21 (AD LAPL) por la que se imputa a la recurrente la comisión de la infracción del art. 970 del CA, en relación al DIT 11033IT000044R y le formula cargo por tributos, se ajusta a derecho.
Que, por medio del DIT mencionado previamente IMPSA oficializó, el día 24.01.11, la importación temporaria de mercadería consistente en “los demás INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL AUTÓMATICOS”, en los términos del decreto 1330/04, cuyo vencimiento más la prórroga otorgada (2160 días) operaba el 24.12.16.
Que, si bien el art. 6 del decreto 1330/04, al amparo del cual se oficializó la operación, señala que la mercadería importada bajo el régimen allí previsto debe ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial dentro de los 360 días computados desde la fecha de su libramiento, el art. 8 de la norma prevé la situación en la que la mercadería deba ser exportada en cumplimiento de un “(...) programa de entregas y/o de larga ejecución, cuya operatoria responda a características particulares en función de las exigencias contractuales (...)”, señalando que, en dicha circunstancia “(...) la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION podrá otorgar, en los términos y condiciones que ésta determine, un plazo especial para el cumplimiento de la obligación de exportar”.
Que, de acuerdo el art. 33 del mismo decreto, la ex Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio de Economía y Producción, constituía la autoridad de aplicación del régimen de importación temporaria de mercaderías para ser sometidas a perfeccionamiento industrial.
Que, el art. 1º de la Resolución Conjunta 238/10 del ex Ministerio de Industria y Turismo y 397/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, del 28.06.10 -que sustituyó al art. 3 de la Resolución 384/06 del ex Ministerio de Economía y Producción- prevé la posibilidad de que la aludida autoridad autorice, en el caso particular y por resolución fundada, un plazo de carácter especial, cuya duración debe ser coincidente con las cláusulas contractuales respectivas, pero que no puede exceder de un máximo de 2.160 días contados desde la fecha de libramiento de la mercadería importada temporariamente. Debe destacarse que el art. 3 de la norma aludida, estableció que el plazo especial resulta aplicable a los proyectos en curso de ejecución, autorizados bajo el art. 8 del decreto 1330/04.
Que, la mercadería en trato está vinculada a un contrato de larga ejecución con el objeto de diseñar, fabricar, transportar, montar y probar turbinas Kaplan y sus generadores, generadores de corriente alterna, trasformadores de potencia, grúas puente principal, grúas puentes auxiliares y conjuntos teleféricos para la puesta en marcha de Centrales Hidroeléctricas en la República Bolivariana de Venezuela. (cfme. arts. 8, 33 del dto. 1330/04 y art. 1 de las resoluciones conjuntas mencionadas).
Que, ello así, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Secretaría de Comercio Subsecretaria de Comercio Exterior, con fecha 09.03.15, resolvió, por medio de la Resolución 7/2015 autorizar el otorgamiento del plazo especial de 2.160 días para, según el art. 2 de la parte resolutiva de dicha resolución, las destinaciones suspensivas de importación temporaria enumeradas en su Anexo, (“deberán contar con el plazo máximo de 2.160 días para concretar su exportación, a contar desde el día 23 de abril de 2007”). Entre dichas operaciones, se encuentra la involucrada en autos.
Que, la actora pone en conocimiento de la ampliación del plazo de permanencia por autoridad de aplicación mediante el dictado de la RESOL-2019-55-APN-SCE#MPYT del 23.05.19.
Que, por otra parte, señala la recurrente que manifestó su imposibilidad de cumplir con la reexportación antes del vencimiento del nuevo plazo, en razón de que las obras fueron suspendidas por falta de financiamiento. Ello así, en los términos del art. 11 del decreto 1330/04, solicitó la suspensión del plazo de permanencia de las destinaciones de importación temporaria en curso por contratos vigentes y en ejecución. A esos efectos, inició el SIGEA 13289-13156-2015 ante la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y el SIGEA 13289-13157-2015 ante la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, expedientes que fueron remitidos a la Secretaría de Industria y Comercio. Como consecuencia de dichas gestiones, el Ministerio de Producción dictó la Resolución 687/16 -vigente desde el 16.11.16-, por la que se dispuso que la autoridad de aplicación podrá autorizar un plazo especial, cuya duración sea coincidente con el de las cláusulas respectivas, no pudiendo exceder de diez años y, excepcionalmente, el plazo podrá autorizarse por un período de quince años. Que, en vista a la aplicación de dicha norma, es que la aquí recurrente solicitó ante la Secretaría de Industria y Comercio la adecuación al plazo de permanencia a 15 años para todas las destinaciones asociadas a contratos de larga ejecución.
Que, si bien a la fecha de interposición del recurso dicha solicitud no había obtenido respuesta alguna, mediante IF-2023-138866322-APN-DTD#JGM, la firma importadora acompañó en autos la RESOL-2023-2040-APN- SC#MEC, dictada el día 10.11.23, mediante la cual la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación concedió la prórroga del plazo de la destinación de autos hasta el día 08.05.24. Sobre ello, dispone “ARTICULO 1°.- Otorgase a la firma IMPSA SA (C.U.I.T. N° 30-50146646-4), una plazo especial en los términos del Artículo 8° del Decreto N° 1330 de fecha 30 de septiembre de 2004 y sus modificatorias, contado desde la fecha de libramiento de las mercaderías importadas temporariamente hasta el día 8 de mayo de 2024, inclusive, de acuerdo al vencimiento de las respectivas cláusulas contractuales, para las Destinaciones Suspensivas de Importación Temporaria detalladas en el Anexo que como IF-2023-122966199-A PN-DEX#MEC, forma parte integrante de la presente medida. ARTICULO 2'.- Comuníquese a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS... ", acompañando asimismo el IF-2023-122966199-APN-DEX#MEC en el que luce consignada la destinación 11033IT11000044R. Ello así, queda convalidado que el plazo de permanencia de la mercadería cuestionada en la causa, a la fecha en que se instruyó sumario, se corrió vista y se dictó la resolución apelada, no se encontraba vencido.
Que, de acuerdo al art. 970 del CA, “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa (...)”. Ello así, no habiendo vencido el plazo para reexportar al tiempo en que se instruyó sumario y se corrió vista e, incluso, se dictó la resolución aduanera, no se configuró la infracción que pretende endilgarse en autos.
Que, por los motivos expuestos, corresponde revocar la resolución apelada por la que se le imputa a la recurrente la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA y exige el pago de multa y de tributos. Que, como se señaló previamente, como consecuencia de la imputación relativa al art. 970 del CA con respecto a la firma importadora y la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA, se formuló cargo en concepto de tributos, en los términos del art. 274 del CA., en cuanto dispone "La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo, aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar (…)". Seguidamente, el ap. 2º de dicho artículo dispone que "(…) quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere". Sin embargo, al no haber vencido aún el plazo para reexportar la mercadería, por todo lo expuesto precedentemente, no se ha producido el hecho gravado y, en consecuencia, no corresponde el reclamo de tributos formulado a la actora y la aseguradora.
IX. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás agravios planteados por las recurrentes.
X. Que en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la demandada (art. 1163 del CA).
XI. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la resolución 192/2021 (AD LAPL) y su aclaratoria, resolución 199/2021 (AD LAPL) –SIGEA 17229-26-2017- en cuanto condena a la firma INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA SA al pago de una multa, en los términos del art. 970, y formula cargo, conjuntamente con la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA por diferencia de tributos, en relación al DIT 11033IT11000044R.
2. Imponer las costas al fisco.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto precedente.
En virtud de la votación precedente, por unanimidad, SE
1. Revocar la resolución 192/2021 (AD LAPL) y su aclaratoria, resolución 199/2021 (AD LAPL) –SIGEA 17229-26-2017- en cuanto condena a la firma INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA SA al pago de una multa, en los términos del art. 970, y formula cargo, conjuntamente con la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA por diferencia de tributos, en relación al DIT 11033IT11000044R.
2. Imponer las costas al fisco.
3. Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Regístrese, notifíquese y archívese Date: 2024.05.21 12:47:37 -03:00 Date: 2024.05.21 13:23:21 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.21 13:23:22 -03:00
Fin de la sentencia