Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 119808673-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de la demandada;
2Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y declarar extinguidas extinguidas las potestades sancionatoria y tributaria del Fisco Nacional;
3Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, por aplicación del principio general de la derrota (arts. 1163 del CA 68, CPCCN).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE
SEGUROS SA (TF 119808673-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de diciembre de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani dijo:
I.-Que por decisorio del 7/9/23, el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de lo actuado respecto de la actora Afianzadora Latinoamericana CÍA de Seguros S.A, en el sumario que fue tramitado como expediente nro. 12197-7229-2011, a continuación de la liquidación de tributos y multa obrante a fs. 13, comprendiendo la Resolución DE PRLA nº 9268/17, allí apelada, con costas al Fisco Nacional. Asimismo, rechazó el planteo de prescripción articulado por la actora respecto de los tributos, sin costas.-
II.-Que el 26/10/23 apeló el Fisco Nacional y el 31/10/23 hizo lo propio la actora, quienes expresaron agravios el 26/10/23 y 21/11/23, respectivamente, los que fueron contestados los días 12/12/23 y 1/12/23. El 15/4/24 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 2/12/24 se llamaron autos a sentencia.-
III.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).-
IV.-Que para resolver como lo hizo, entendió la vocal Sra. Sarquis que: “Cabe señalar que la compulsa de las actuaciones SIGEA Nº 12197-7229-2011, surge que todo el procedimiento administrativo tuvo por finalidad investigar si se había cometido la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Ello en razón de considerar el servicio aduanero el incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del régimen Alta en sistema: 30/12/2024 temporario, en relación a la mercadería amparada por la destinación nº 0600 1IT15 000158D. Que el servicio aduanero al dictar la resolución apelada en autos ordenó el archivo de las actuaciones de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General 9/17 (DGA), reclamándole el pago de tributos con relación a la destinación nº 0600 1IT15 000158D…Que a su vez, el servicio aduanero omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción y de las obligaciones tributarias emergentes del DIT en cuestión, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción Gral. 9/17 y la formulación de cargo a la importadora y a la aquí recurrente por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT nº 0600 1IT15 000158D”.-
A lo que la vocal preopinante agregó: “Que conforme surge de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, luego del dictado de la instrucción de sumario de fs. 10 ninguna intervención se le otorgó ni a la firma importadora ni a la aseguradora garante, ya que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar, o en su caso solicitar, el agregado de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporal. Que a mayor abundamiento, la aquí actora toma conocimiento del sumario administrativo al notificarse del dictado de la Resolución DE PRLA 9268/2017, apelada en autos, sin que con anterioridad se la citara a tomar vista de los actuados a fin de poder esgrimir las defensas de que pudieran valerse, todo ello, en abierta violación de lo establecido en el art. 1101 del C.A”. Es por ello, que la Dra. Sarquis expresó; “…en consecuencia, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia del incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero”.-
V.-Que se agravia la demandada en cuanto a la nulidad de lo actuado respecto de la actora Afianzadora Latinoamericana Cía de Seguros S.A., en el sumario mencionado, a continuación de la liquidación de tributos y multa obrante a fs. 3.-
Alta en sistema: 30/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Como bien lo pone de relieve la actora al contestar los agravios de su contraria, manifestó: “Cabe destacar que fue el propio servicio aduanero quien dispuso en las actuaciones administrativas a fs. 10 la apertura de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. por presunta infracción al art. 970 del C.A., y luego no se ajustó al procedimiento estipulado en dicho Código para tal infracción….Que resulta necesario destacar, que previo a disponer el archivo de las multa, correspondía que el servicio aduanero determinara en forma fehaciente si se habría configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A., que se le imputa a la importadora, que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y de los tributos que ahora se pretenden exigir a la aseguradora, en su carácter de garante de la obligación tributaria”.
En consecuencia, el archivo de la multa en los términos de la Instrucción General 9/17, no equivale a un sobreseimiento ni absolución. En efecto, el archivo de las actuaciones por lo insignificante de la multa correspondiente, no puede significar que se tenga por acaecido el hecho contravencional sancionado, pues la actora debió ser notificada de aquello que se le imputa y al no haberse cumplido en sede administrativa con ese requisito que hace a su derecho de defensa en juicio, el procedimiento sumarial se encontraba viciado. Por ello, corresponde rechazar el agravio de la demandada y confirmar la nulidad decretada.- VI.-Que se agravia la actora del rechazo de la prescripción de la acción.-
Conforme surge de las constancias de la causa, el decisorio recurrido especificó que: “…no se encuentra controvertido en autos que el vencimiento del DIT operó el 02/02/2007. Que, conforme lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/1/2008. Que dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario de fecha 13/12/2012, conforme lo dispuesto en el art. 805 inc. a) del C.A., que establece que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura del sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.- En consecuencia, no ha tenido lugar en las presentes actuaciones la prescripción pretendida por la accionante, por lo que corresponde rechazar su agravio.-
Alta en sistema: 30/12/2024 VII.-Que no se encuentra controvertido en autos que la supuesta infracción endilgada a la actora por la DGA fue cometida en fecha 2/2/2007 y que el organismo aduanero demoró casi 4 años y 11 meses en notificar la resolución apelada en autos, la cual fue dictada en fecha 24/11/17 y notificada a la firma recurrente el 17/10/22 (conf. cedula de notificación obrante a fs. 18 de los antecedentes administrativos), lo que denota una demora irrazonable en la duración de todo procedimiento administrativo.-
En consecuencia, y en atención al tiempo transcurrido desde la supuesta configuración del incumplimiento que dio lugar al sumario en trato, resulta aplicable la doctrina sentada por la CSJN en el precedente “Losicer”, así como también la ley 27.742 en cuanto en su artículo 25, incorporó en el artículo 1º bis, inciso a), apartado (iv) de la Ley 19.549 -aplicable supletoriamente en la especie- el “Derecho a un plazo razonable”, por lo que corresponde declarar extinguidas las facultades sancionatorias y tributarias del Fisco Nacional en las presentes actuaciones.-
VIII.-Que, por lo antes expuesto corresponde:
1. Rechazar el recurso de la demandada; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y declarar extinguidas las facultades sancionatorias y tributarias del Fisco Nacional en las presentes actuaciones. 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo del Fisco Nacional por aplicación del principio general de la derrota (arts. 1163 del Código Aduanero y 68 del CPCCN). ASI VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I.-Que, con relación al recurso interpuesto por el Fisco, adhiero a la solución propiciada en el voto que antecede, en tanto dispuso su rechazo, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
II.-Que, en diferente orden de ideas, la parte actora carece de gravamen en cuanto afirma que debió haberse declarado prescripta la acción para exigir el pago de tributos. Ello, en la medida en que mediante el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal fue declarada la nulidad de la resolución DE PRLA Nº 9268/17, por medio de la cual había sido intimado su pago, aspecto que fue confirmado como consecuencia del rechazo del recurso del Fisco al que se hizo referencia en Alta en sistema: 30/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V el considerando precedente (cfr. mi voto en la causa n° 12954/2024, caratulada “Merisant Argentina (TF 48941884-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 29 de noviembre de 2024).-
De igual modo, también carece de sentido examinar el planteo relacionado con la duración irrazonable del proceso, en los términos del precedente “Losicer” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
En consecuencia, el recurso interpuesto por la parte actora debe ser rechazado, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). ASÍ VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:
I.-Que en cuanto al relato de los hechos del caso corresponde remitir a los votos que anteceden, a fin de evitar repeticiones innecesarias.-
II.-Que en punto al fondo de la controversia, esta Sala, confrontada a planteos similares con relación a la Instrucción General nº 9/17, declaró inválidos los actos del servicio aduanero que, sin valorar las defensas de los particulares imputados –en especial, en relación con el cumplimiento del régimen de destinación de importación temporaria-, tras disponer el archivo del sumario formulan mecánicamente cargos por los tributos que se adeudarían, teniendo por constatado el incumplimiento (v. causas nº 10.727/2020 “TPC Compañía de Seguros SA c/ EN - AFIP - DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 18/12/2024; nº 37.318/2022 “La Perseverancia Seguros SA (TF 53189519 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 25/08/2022; y n° 3.407/2020, caratulada “HTI Cono Sur S.A. c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19 de octubre de 2021).- Aquí, al igual que en aquellos casos, el servicio aduanero no corrió vista a la importadora y a la aseguradora de la imputación formulada, lo cual impidió que estas ofrecieran defensas y prueba.-
La decisión del servicio aduanero se apoyó exclusivamente en que el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la instrucción general DGA 9/17.-
Alta en sistema: 30/12/2024 Pues bien, resulta evidente que la exigencia del cumplimiento del procedimiento previsto (arts. 1080 a 1117 del Código Aduanero), propia de todo acto administrativo (art. 7, inc. b), LNPA), es el reverso del derecho de los administrados al debido proceso adjetivo (art.1, inc. e), LNPA), que comprende –como es lógico- no solamente el de exponer las razones de sus pretensiones y defensas (ap. 1) y producir la prueba conducente para acreditarlas (ap. 2), sino también de que la decisión haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas (ap. 3). De otro modo, se estaría consintiendo que el acto del artículo 1101 constituyera un inútil formalismo sacramental y no la verdadera consagración del derecho del administrado a ser oído (conf. Sala IV, causa nº 46.832/2022 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022; y sus citas; y esta Sala, causa “TPC” ya citada).-
De esta forma -tanto aquí como en los precedentes citados al inicio del considerando- la clausura de la investigación condujo a que se intimara una suma de tributos en los términos del artículo 274 del Código Aduanero, pero sin determinar fehacientemente si se había reexportado o no la mercadería ingresada al amparo de la importación temporal, al vencimiento del plazo acordado para su permanencia (v. en el mismo sentido arg. Sala I, causa nº 30.397/2023 “Geminelli SA (TF 74859875-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 26/10/2023; Sala II, causa “Aseguradora de Cauciones SA Compañía Argentina de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 12/11/2019; Sala III, causa nº 23.858/2023; “Carraro Argentina SA c/ EN-AFIP-DGA-SIGEA 12210-
4661- 2012 Resol 9384/18 s/ Dirección General de Aduanas”, del 25/04/2024; Sala IV, causas nº 46.832/2022 “Envases”, ya citada, y nº 47883/2022 “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 1/11/2022).-
En consecuencia, no corresponde convalidar el requerimiento fiscal derivado del acto cuestionado, dictado sin la sustanciación del sumario correspondiente.-
III.-Que pese a lo señalado anteriormente, no se advierten motivos para quitar virtualidad suspensiva al auto de apertura de sumario dictado el 13/12/2012, en la medida en que en ese momento se habían determinado los hechos reprochados, se había identificado y Alta en sistema: 30/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V clasificado la mercadería involucrada y se había practicado la liquidación correspondiente (v. art. 1094, CA).-
En este sentido, es dable recordar que el artículo 803 del Código Aduanero establece que se prescribe por el transcurso de cinco años la acción del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera. Dicho plazo comienza a correr el 1º de enero del año siguiente a la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado (conf. art. 804 del CA).-
Además, en lo que aquí interesa, el artículo 805 del CA dispone que el plazo de prescripción de la acción para percibir tributos se suspende desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigue la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.-
En consecuencia, dado que el vencimiento de la DIT operó el 2/2/2007 y el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/01/2008, pero fue suspendido desde el 13/12/2012 hasta que se dictara el acto que habilitara el ejercicio de la acción para percibir el tributo, corresponde desestimar este agravio de la actora.-
IV.-Que, empero, el tiempo transcurrido entre la supuesta configuración del incumplimiento que dio lugar a la formación del sumario revela una demora irrazonable en el procedimiento administrativo para los reclamos tributario y sancionatorio. Tal situación infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos).- En efecto, se observa que entre la configuración de los hechos que motivaron el inicio de las actuaciones administrativas y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación (que no resuelve en definitiva) transcurrieron más de 16 años, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora.-
Alta en sistema: 30/12/2024 Según puede advertirse, las demoras no se deben a la complejidad que pudiera presentar el asunto ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente, teniendo en cuenta la nula actividad verificada en determinados períodos en sede aduanera, que han alcanzado lapsos superiores a los cuatro años.-
A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico (esta Sala, in rebus nº 55.643/17 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA”, sentencia del 27/06/2017; nº 34.678/2023 “Ampacet South America SRL (TF 18960731-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 09/04/2024; nº 27.402/2023 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 32578-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo ”, del 2/07/2024; y nº 30.452/2018 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” Buenos Aires, del 2/05/2019; entre otras).
En consecuencia, corresponde declarar extinguidas las potestades sancionatoria y tributaria del Fisco Nacional.- V.-Que en atención a lo expuesto, corresponde:
1. Rechazar el recurso de la demandada; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y declarar extinguidas las potestades sancionatoria y tributaria del Fisco Nacional; 3) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, por aplicación del principio general de la derrota (arts. 1163 del CA y 68, CPCCN); ASÍ VOTO.-
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de la demandada; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de la actora y declarar extinguidas extinguidas las potestades sancionatoria y tributaria del Fisco Nacional; 3) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional, por aplicación del principio general de la derrota (arts. 1163 del CA 68, CPCCN).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Alta en sistema: 30/12/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Pablo Gallegos Fedriani Jorge Alemany (en disidencia parcial)
Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 30/12/2024
Fin de la sentencia