Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 73496062-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 13/8/24; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2Modificar la regulación de honorarios del 15/11/24 y fijar los correspondientes a la actuación ante la Alzada del modo en que surge del considerando 7°.
3En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificado al demandado el 28/5/25, sin que aquél cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 18073/2025 “AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS
SA (TF 73496062-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 15 de julio de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 13/8/24, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) admitió el planteo de la recurrente y declaró la nulidad del cargo 930/18, así como de todo lo actuado en su consecuencia en el marco de la actuación SIGEA 12757-13-2015/2, incluida la resolución AD CORD 425/19, apelada en la especie; (ii) condenó en costas al Fisco Nacional (v. pp. 253-259, de la versión digital del expte. TF 73496062-A, remitida con el oficio del 27/5/25).
Para resolver como lo hizo, recordó que Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA fue intimada a pagar el cargo 930/18, en carácter de garante de la destinación suspensiva de importación temporaria 14 017 IT14 238H.
Señaló que, con relación a esa destinación, se había instruido un sumario contencioso que tramitó como actuación SIGEA 1-254881-2015, en el marco del cual únicamente fue citada la importadora Automotores Cerro SA; quien resultó condenada a pagar una multa y tributos por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, mediante la resolución AD CORD 266/19, dictada el 5/4/19.
En ese marco, el tribunal entendió que se había vulnerado insanablemente el derecho de defensa de la aseguradora, por no habérsele corrido vista en el procedimiento para las infracciones.
Destacó que la resolución AD CORD 425/19 —objeto de esta apelación— tuvo en cuenta lo que había dispuesto la resolución AD CORD 266/19 con relación al incumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporaria.
Detalló que el cargo discutido en autos fue notificado a la aseguradora con posterioridad a la inclusión de la destinación 14 017 IT14 238H en la ampliación de la instrucción del sumario 1-g254881-2015.
Asimismo, hizo hincapié en que la parte recurrente en este caso nunca formó parte del procedimiento por infracciones, en el cual la resolución AD CORD 266/19 únicamente condenó a la importadora.
Remarcó que, en el marco de una importación temporaria —como en cualquier otro supuesto de garantía regulado por la Sección V del Código Aduanero—, cuando exista una cuestión tributaria respecto del deudor principal, el garante debe ser notificado de manera independiente. Esto se debe a que el garante, al igual que el deudor, tiene derecho a impugnar la pretensión aduanera.
1 Agregó que, si la exigencia se formula en el contexto de un procedimiento por infracciones, el garante también debe ser citado, a fin de ejercer las defensas que le correspondan —tanto propias como las del tomador del seguro—, mediante la vista prevista en dicho procedimiento.
Señaló que la forma en que la Aduana tramitó el sumario que dio origen a la exigencia tributaria se apartó de lo dispuesto en el artículo 1092 del Código Aduanero, que establece que deben ser consideradas partes en el sumario “las personas a cuyo nombre se encontrare la mercadería y los demás supuestos responsables de la infracción y del pago de los tributos correspondientes”. También se apartó de lo previsto en los incisos a y b del artículo 1112, que exigen que la resolución definitiva se pronuncie sobre los tributos adeudados por todos los responsables.
Además, citó un precedente propio para sostener que una resolución firme contra el tomador del seguro no excluye la intervención legítima del fiador-asegurador respecto de esa resolución. Dicha intervención solo podría quedar excluida mediante una renuncia expresa e inequívoca del asegurador a su derecho de cuestionar la exigencia aduanera por la vía reglada. En ese sentido, destacó que, conforme a lo previsto en el artículo 1122 del Código Aduanero y a lo estipulado en las condiciones particulares de la póliza, la Aduana solo puede ejecutar contra el asegurador lo que haya sido previamente declarado firme con respecto a aquél.
Por otra parte, argumentó que el sumario presentaba otras irregularidades que lo tornaban inválido. En particular, destacó que nunca se incorporó la carpeta correspondiente a la destinación 14 017 IT14 238H —ni siquiera una copia certificada—. Además, observó que los tributos relacionados con dicha destinación fueron liquidados por montos distintos y sin justificación alguna: en el procedimiento infraccional se determinaron las sumas de USD 38.638,27 y $299.175,11 (v. fs. 377, act. 1-254881-2015), mientras que el cargo 930/18 fue formulado y notificado por USD 70.163,57 (v. fs. 9, act. 12757-13-2015/2). En virtud de todo lo expuesto, concluyó que el cargo debía ser anulado conforme a los artículos 7 y 14 de la Ley 19.549, de aplicación supletoria en los procedimientos ante el servicio aduanero, por haberse vulnerado procedimientos esenciales y sustanciales previstos por el ordenamiento jurídico, y por carecer de causa y fundamentación al momento de su formulación y notificación.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso apelación el 25/9/24, que se concedió el 26/9/24, se fundó el 16/10/24 y fue replicada el 8/5/25 (v. pp. 265-266, 267, 270-275 y 310-322, expte. cit.).
Sostuvo que la existencia previa de una infracción aduanera no era un requisito indispensable para el nacimiento de la obligación tributaria y que, desde el inicio, se había planteado la distinción entre la responsabilidad infraccional —referida a la eventual aplicación de sanciones— y la responsabilidad tributaria, que da origen a la formulación de un cargo. Insistió en que la vista exigida por el Tribunal Fiscal de la Nación era innecesaria CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 18073/2025 “AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA (TF 73496062-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
y carecía de virtualidad para determinar la nulidad de un acto administrativo que se presume valido y en el cual únicamente se reclaman tributos a la aseguradora, con sustento en la configuración del hecho imponible previsto en el artículo 274 del Código Aduanero. Por último, advirtió que se omitió considerar el principio que impide declarar la nulidad del procedimiento por la nulidad misma, toda vez que la actora pudo probar la falta de configuración del hecho imponible al apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
3. Que, por otra parte, el 15/11/24 se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora; los que fueron apelados por bajos el 26/11/24 y por altos el 3/12/24. Los recursos se concedieron el 29/11/24 y el 9/12/24, respectivamente. Finalmente, el 8/12/24, el Fisco contestó el traslado conferido (v. pp. 283- 284, 290-292, 293, 299-302, 303-305 y 306, expte. cit.).
4. Que no se encuentra controvertido que el antecedente que motivó la emisión del cargo 930/18 —según surge de los considerandos de la resolución AD CORD 425/19— fue la verificación del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporaria, en el marco del procedimiento por infracciones tramitado como actuación SIGEA 1-254881-2015 (véase especialmente pág. 9 in fine del expediente citado). Asimismo, se reconoce que en dicho procedimiento no se confirió intervención a la compañía aseguradora.
En tales circunstancias, resultan aplicables las consideraciones formuladas por este Tribunal en la causa 29997/11, “Cosena Seguros (TF 24583-A) c/ DGA”, sentencia del 9/2/12.
En aquella oportunidad —con referencia a jurisprudencia de la Cámara— se sostuvo que el derecho de defensa en juicio, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, asegura a toda persona la posibilidad de ser oída, de ofrecer prueba y de que sus argumentos sean debidamente considerados por la autoridad competente.
Dicha garantía alcanza también a quienes, como la aseguradora interviniente, se encuentran legitimados para subrogarse en las defensas del importador y ofrecer pruebas en sede aduanera. Tal derecho fue vulnerado a raíz de una omisión en la sustanciación del procedimiento infraccional.
En definitiva, se concluyó que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no constituye un formalismo carente de contenido, sino una instancia sustancial destinada a materializar el derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin al sumario infraccional. En consecuencia, su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto definitivo fulminado de nulidad por haberse omitido los procedimientos pertinentes. 3 5°) Que, si bien lo expuesto es suficiente para confirmar la resolución apelada, corresponde señalar que el recurrente omitió responder otros agravios autónomos. En particular, no se ha pronunciado respecto de la falta de incorporación al expediente de la documentación original —o copias certificadas— de la destinación temporaria, lo que impide tener por acreditados los hechos que fundamentan el reclamo tributario. A criterio de este Tribunal, dicha omisión posee entidad suficiente para sustentar, por sí sola, la nulidad de la resolución AD CORD 425/19 (conf. esta Sala, causa 30377/23, “MMA Manufactura de Motores Argentinos SRL (TF 35604-A) c/ DGA”, sent. del 24/8/23).
6. Que, por todo lo expuesto, se resuelve rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 13/8/24; con costas al vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
7. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios del 15/11/24.
En atención a los planteos formulados por las partes, se remite al criterio expuesto por este Tribunal en cuanto a que, para establecer la base regulatoria de los honorarios en casos como el presente, en que se cuestionan liquidaciones de tributos aduaneros que se determinan en dólares estadounidenses (arg. art. 20, ley 23.905), resulta equitativo estar a la cotización de la moneda vigente a la fecha de interposición de la acción; que es la misma que se toma en cuenta para determinar el monto del litigio y abonar la tasa de actuación (cfr. causa 15539/19 “Wintershall Energía SA c/ DGA”, sent. del 17/2/20, entre muchas otras).
Esto, sin perjuicio de la facultad de los jueces de la causa de computar en la base regulatoria los intereses devengados durante la tramitación de la causa, a fin de actualizar el valor discutido a los fines arancelarios, para respetar el derecho de propiedad y la justa retribución que garantizan los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, asegurando así una razonable contraprestación por la labor profesional desarrollada; de un modo acorde con lo que establece el artículo 24 de la ley 27.423.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto calculado con arreglo a las pautas precedentes; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Hernán Cancellieri en el doble carácter de letrado apoderado de la actora, durante las tres etapas que tuvo el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR sus honorarios a la suma de $5.288.256,96 ⸻equivalentes a la cantidad de 72.24 UMA⸻ (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 1432/25). A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios del citado profesional por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios en las págs. 310-322 del expte. cit.) en la suma de $1.844.740,8 ⸻equivalentes a la cantidad de 25,2 UMA (res. CSJN SGA 1432/25) ⸻.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 18073/2025 “AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS
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Se deja constancia que la regulación que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo. Además, deberá cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 13/8/24; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2. Modificar la regulación de honorarios del 15/11/24 y fijar los correspondientes a la actuación ante la Alzada del modo en que surge del considerando 7°.
3. En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificado al demandado el 28/5/25, sin que aquél cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
Regístrese, notifíquese y cúmplase con la remisión ordenada en el punto 3.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia