Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 82450145-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente los agravios ofrecidos por la firma actora;
2Revocar el pronunciamiento apelado y declarar inexigible el cargo tributario formulado por la parte demandada; y 3. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n°36.221/2025 "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA (TF 82450145-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, 26 de marzo de 2026.- MT Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la resolución n°209/2019 (AD LAPL) en cuanto rechazó la impugnación deducida contra el cargo nº28/09, declarando que la firma aseguradora adeuda los tributos derivados del incumplimiento del tránsito de exportación instrumentado por la destinación n°06033ZFTR000795N, hasta el límite de la póliza n°18.585, con sus respectivos intereses. Impuso las costas "conforme los respectivos vencimientos, que se estiman en un 76 % a cargo de la actora y en un 24 % a cargo del Fisco". Para así decidir (páginas 146/52), expuso las siguientes consideraciones:
i. "[...] corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito de exportación, así como tampoco que ello fue consecuencia del robo del camión, siniestro que fueran denunciado ante la autoridad competente".
ii. "[...] el cargo N° 28/09 se formuló en virtud de no haberse verificado el arribo a la aduana de salida del tránsito de exportación N° 08033ZFTR000795N, documentado por la firma ALLCONT S.A., con intervención del A.T.A. Carlos Rossatti".
iii. "[...] el C.A. [en sus artículos 310 a 312] consagra un sistema de responsabilidad principal en cabeza del transportista o su agente e instaura como responsables subsidiarios a los cargadores, a los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen".
iv. "[...] de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12597-24-2006/2 puede advertirse que [...] se determinó respecto a [la firma ALCONT S.A. y A.T.A. Carlos Rossati] la existencia de una presunción de incobrabilidad".
v. "Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, [...] corresponde considerar a la mentada aseguradora como un 'fiador' (garante) [...] [que] puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor [...]. Queda claro, por lo tanto, que la mentada 'responsabilidad' de la actora (fiadora -aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido".
vi. "[...] la DGA no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador [...], basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor".
vii. "Corresponde analizar en autos si el art. 315 del Código Aduanero exime de responsabilidad tributaria cuando la mercadería fuere robada, o si, por el contrario, corresponde confirmar el reclamo tributario formulado a la actora".
viii. "[...] el art. 315 exime de responsabilidad tributaria en caso de incumplimiento del tránsito, cuando las mercaderías se pierden irremediablemente, (no habiendo entrado al circuito económico) y habiéndose efectuado la comunicación inmediata al servicio aduanero conforme lo establece el art. 308 del C.A.".
ix. "[...] el robo de la mercadería acaeció con fecha 17/08/2006 (cfr. certificado de denuncia [...]. Sin perjuicio de ello, no se encuentran CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n°36.221/2025 "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA (TF 82450145-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
agregados a los antecedentes de la causa ni fueron aportados en la etapa probatoria ante este Tribunal elementos suficientes a los fines de analizar los elementos para llegar a determinar un temperamento eximente de responsabilidad en el sentido del fallo [de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en] 'Tevelam'".
x. "[...] las únicas constancias que obran en las actuaciones son el certificado de denuncia [...] y la nota suscripta por el A.T.A dando cuenta del siniestro [...] mediante comunicación dirigida a la Aduana de La Plata, recepcionada el 23/08/2006".
xi. "[...] resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias. En virtud de lo expuesto, corresponde modificar los rubros tributarios del cargo N° 28/09".
xii. "Los intereses relativos a la obligación tributaria corren desde el 27/08/2009, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.".
II. Que la firma actora apeló y expresó agravios que fueron contestados (páginas 158/9, 164/76 y 183/5).
Las críticas de la recurrente pueden ser sintetizadas de la siguiente forma:
i."[...] FALTA DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA.
BENEFICIO DE EXCUSIÓN SEGÚN ART. 312 DEL C.A. [...] siendo que no surge de las actuaciones que se haya intentado - en primer término y sin éxito - el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias por parte de los deudores principales (transportista y agente de transporte aduanero intervinientes de manera directa en el tránsito terrestre de exportación en cuestión), corresponde a mi mandante, en su carácter de aseguradora de la firma beneficiaria del régimen, invocar el beneficio de excusión respecto del deudor principal, a quien se deberá reclamar primeramente lo que corresponda".
ii. "[...] esta parte entiende que no se encuentra debidamente acreditado en las actuaciones administrativas que el Servicio Aduanero haya ejecutado los bienes del transportista y de su agente (ambos deudores principales) antes de haber intimado al pago de los tributos a los deudores subsidiaros, ALLCONT S.A. y su garante (AFIANZADORA)".
iii. "[...] IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO TRIBUTARIO. APLICACIÓN FALLO '[Tevelam]' [...]. Que tal como surge de los antecedentes y de la propia resolución aduanera, el deudor principal manifestó haber cumplido con todas los deberes inherentes al régimen de tránsito. En efecto, [...] no se encuentra controvertido que el robo en cuestión se trató de un caso de 'fuerza mayor' y por tanto de un hecho absolutamente imprevisible. Asimismo, no existe discusión alguna en que el hecho fue comunicado a las autoridades (tanto a la aduana como a la policía) en tiempo y forma. Es por todo lo expuesto que [...] resulta de aplicación, sin lugar a duda, la doctrina surgida de la Corte Suprema, en el fallo '[Tevelam]'".
iv. "[...] PLANTEA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO ADJETIVO. VULNERACIÓN DEL DERECHO A OBTENER UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE [...]. [Cabe] advertir la vulneración del derecho de defensa de esta parte, producto de la excesiva duración del proceso, habiendo transcurrido a la fecha 19 años desde la emisión de la garantía y el siniestro, lo cual coloca al administrado en una situación de indefensión al tener que rastrear documentos de antigua data [...] nótese que, en el caso bajo análisis, recién 19 años después de la emisión de la garantía se dictó la sentencia de un órgano imparcial".
v. "[...] resulta plenamente aplicable al caso de autos la doctrina del fallo de Corte 'LOSICER'".
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vi. "[...] MONTO GARANTIZADO. LÍMITE ECONÓMICO DE LA PÓLIZA. Debe señalarse a todo evento que en el supuesto de que corresponda a mi mandante abonar la obligación tributaria reclamada en autos, deberá afrontar el pago de tributos con la limitación monetaria que el contrato establecería, esto es la suma máxima $755.000 conforme póliza Nro. 18585 [...] esta parte entiende que en ninguna situación y bajo ningún punto de vista puede ser reclamado a mi representada importe alguno que supere dicha suma".
III. Que es conveniente examinar, en primer lugar, si se halla configurada una vulneración a la garantía convencional y constitucional de obtener una decisión en un plazo razonable que pueda tener encuadramiento en la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente "Losicer" (Fallos: 335:1126).
IV. Que al examinar planteos referentes a la vulneración de esa garantía el Máximo Tribunal:
i. Recordó que “[l]a garantía de todo imputado de ser juzgado dentro de un plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional —derivado del ‘speedy trial’ de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de América—), sino que se encuentra también previsto expresamente en tratados internacionales con jerarquía constitucional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a la justicia (artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)” (Fallos: 342:584 y 2344; 344:378).
ii. Precisó que “la prosecución de un pleito indebidamente prolongado conculcaría el derecho de defensa de los acusados en tanto ‘debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener —luego de un juicio tramitado en legal forma— un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre […] que comporta el enjuiciamiento penal” (Fallos: 327:327; 342:584; 344:378 y 1930).
iii. Expresó que “este derecho de raíz constitucional […] asiste a la persona acusada de un delito durante la totalidad de la sustanciación de la acusación penal formulada contra ella, lo que abarca tanto la etapa de investigación, la etapa de juicio y la etapa recursiva, hasta el dictado de una sentencia firme” (Fallos: 344:1930).
iv. Puso de relieve que “el carácter administrativo del procedimiento sumarial [no es] un óbice para la aplicación de los principios […] pues en el Estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el artículo 8 de la […] Convención no se encuentra limitada al Poder Judicial —en el ejercicio eminente de tal función— sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales” (Fallos: 335:1126 y 345:1519).
V. Que para determinar, pues, si se halla configurada una violación a la garantía del plazo razonable, la Corte Suprema precisó que debe evaluarse “como pautas indicativas: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) el análisis global del procedimiento” (Fallos: 336:2184) dado que “[n]o puede establecerse de antemano con precisión matemática cuál es el plazo razonable de duración de un proceso” (Fallos: 346:697).
VI. Que esta sala aplicó esas pautas jurisprudenciales en casos que presentaban una analogía sustancial (causas “De Guzmán Guillermo José c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Maersk Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Alba Compañía CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n°36.221/2025 "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA (TF 82450145-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Argentina de Seguros SA y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Artes Gráficas Rioplatenses SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Rheem SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Hiperbaires SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Molinos Cañuelas SACIFIA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Race Logistic SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 12 de marzo de 2015, del 26 de abril, 31 de mayo, 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2016, del 23 de febrero de 2017, del 4 de abril de 2018, del 3 de octubre de 2023, del 1 de octubre de 2024 y del 15 de abril de 2025, respectivamente).
VII. Que recientemente, esta sala aplicó aquellas pautas jurisprudenciales elaboradas por la Corte Suprema desde el precedente “ Losicer” en causas en las que se hallaba en juego la potestad de la parte demandada para perseguir el cobro de los tributos (“Cosena Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ dirección general de aduanas ”, pronunciamientos del 23 de septiembre y del 23 de octubre de 2025).
VIII. Que sobre esas bases jurisprudenciales, para dar una adecuada respuesta al planteo formulado por la firma actora, es imprescindible retener diversos datos que surgen del trámite de la causa en sede administrativa y en el Tribunal Fiscal de la Nación.
El trámite en sede administrativa:
—El 14 de agosto de 2006 se oficializó la destinación suspensiva de tránsito de importación n°06 033 ZFTR 000795 N, la cual fue verificada en la aduana zona franca La Plata el 17 de agosto de 2006, con autorización para circular en el territorio argentino —conforme la hoja de ruta declarada— por un plazo de cuatro días (fs. 13).
—El 23 de agosto de 2006 el agente de transporte A.T.A.
Carlos Alberto Rossatti comunicó a la aduana que el vehículo con autorización para circular en el territorio argentino fue robado el 17 de agosto de 2006 a las 18 horas (fs. 10/1).
—El 24 de agosto de 2006 la aduana formuló denuncia por falta de confirmación de arribo y cancelación de la destinación (fs. 2). —El 15 de septiembre de 2006 la aduana concluyó que la factura n°130316/2006, involucrada en la operación, sería apócrifa (fs. 37/43).
—El 22 de septiembre de 2006 la aduana dictó la disposición n°593/06 (AD LAPL), por la cual resolvió instruir sumario de prevención en los términos del artículo 1118 del Código Aduanero, "a los fines de determinar si de los hechos ocurridos se desprenden elementos que permitan tener por configurada prima facie alguna de las conductas tipificadas en [los] artículos 863 y siguientes del citado cuerpo legal así como individualizar a los presuntos culpables y reunir el plazo probatorio necesario para formular una eventual denuncia penal ante juez competente" (fs. 29/30).
—El 24 de julio de 2009 se confeccionó el cargo tributario n°028/09 contra el agente de transporte aduanero Rossatti y la firma Allcont S.A., en los términos del artículo 312 del Código Aduanero (fs. 70). —El cargo n°028/09 fue notificado al agente de transporte con fecha 10 de agosto de 2009 (fs. 53), a la firma aseguradora con fecha 7 de agosto de 2009 (fs. 54) y a la firma Allcont S.A. con fecha 21 de noviembre de 2013 (fs. 71).
—El 24 de agosto de 2009 la aduana recibió la impugnación formulada por la firma aseguradora contra el cargo n°028/2009 (fs. 1/4). —El 11 de noviembre de 2009 la aduana puso de relieve que atento la falta de arribo de tránsito y la presentación de documentación apócrifa radicó denuncia penal por la presunta comisión del delito previsto CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n°36.221/2025 "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA (TF 82450145-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
y penado por los arts. 864 inc. d) y 865 inc. f) del C.A. respecto de las destinaciones 06 033 ZFTR 000694 L y 795 N.
En función de ello, resolvió instruir sumario contencioso en los términos de los artículos 1121 inciso b) y 1090 inciso c) del Código Aduanero contra la firma Allcont S.A. y el despachante de aduana Talamo Domingo Benito, por la presunta comisión del delito previsto y penado por los artículos 864 inciso d) y 865 inciso f) (fs. 13).
—El 2 de noviembre de 2012 y el 13 de enero de 2014 la aduana procedió a suspender a la firma A.T.A. Rossatti y a la firma Allcont S.A. del sistema registral, respectivamente (fs. 64 y 72).
—El 29 de marzo de 2016 la aduana agregó la póliza de caución n°18585 (fs. 12).
—El 5 de julio de 2019 la aduana dispuso "la no emisión de boleta de deuda, por presunción de incobrabilidad, por los tributos adeudados (con más sus accesorios), resultante del Cargo N°28/2009 (AD LAPL), respecto de los deudores ROSSATTI CARLOS ALBERTO [...], atento su acreditada insolvencia, y ALLCONT S.A. [...], en orden a lo normado en el Apartado 1.7 de la I.G. 3/2008 (DI PLCJ)" (fs. 95). —El 16 de julio de 2019 la aduana recibió una comunicación por la cual se informó que en la causa FLP n°31009934 el imputado se encontraba rebelde con orden de captura desde el año 2013 (fs. 17). —El 12 de agosto de 2019 la aduana dictó la resolución n°209/19 que resolvió rechazar la impugnación formulada por la firma aseguradora (fs. 23/6).
—El 22 de agosto de 2019 se notificó a la firma aseguradora la resolución n°209/19 (fs. 27).
El trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación:
—El 12 de septiembre de 2019 se incorporó el recurso de apelación (páginas 1/33).
—El 7 de octubre de 2019 se ordenó correr vista a la administración fiscal (página 50).
—El 22 de noviembre de 2019 la parte demandada contestó el recurso (páginas 94/104).
—El 27 de diciembre de 2019 se dispuso que la prueba ofrecida por la firma aseguradora se encontraba agregada en las actuaciones administrativas acompañadas por la parte demandada (página 115). —El 1 de abril de 2020 la firma aseguradora acompañó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (páginas 119/29 ).
—El 11 de febrero de 2025 el Tribunal Fiscal de la Nación elevó las actuaciones a la sala "G" (página 131) y al día siguiente se llamaron los autos para dictar sentencia (página 132).
—El 26 de febrero de 2025 se dictó sentencia (páginas 146/52).
—El 14 de agosto de 2025 el Tribunal Fiscal de la Nación elevó las actuaciones a está cámara (página 188).
IX. Que con apoyo en las pautas jurisprudenciales elaboradas por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126), en el contexto fáctico que exhibe esta causa se halla configurada, nítidamente, una vulneración a la garantía que tiene la firma actora de ser juzgada en un plazo razonable.
En efecto:
—Desde el hecho que originó el cargo tributario (agosto de 2006) hasta el dictado de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación (febrero de 2025) transcurrió un lapso aproximado de 18 años y seis meses. —No se advierte que los hechos ni el derecho debatido presenten una especial complejidad, ni que la firma aseguradora haya desplegado conductas orientadas a obstaculizar el trámite del proceso, ni CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n°36.221/2025 "AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA (TF 82450145-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
que en la causa hayan intervenido múltiples sujetos procesales que pudieran justificar la extensión temporal verificada.
X. Que, por consiguiente, corresponde admitir el planteo formulado por la firma actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la inexigibilidad del cargo tributario formulado por la parte demandada.
XI. Que dada la forma en que se decide, es insustancial examinar los agravios ofrecidos por la firma actora.
XII. Que las costas de ambas instancias deben ser distribuidas en el orden causado en atención a las particularidades que presenta esta causa (artículos 68, segundo párrafo y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE:
1. Admitir parcialmente los agravios ofrecidos por la firma actora; 2. Revocar el pronunciamiento apelado y declarar inexigible el cargo tributario formulado por la parte demandada; y 3. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia