Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 37.718
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada debe revocarse. POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES:
I: Revócase la sentencia apelada, haciendo lugar al incidente de revisión de crédito incoado por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
II: Declárase verificado el crédito insinuado por AFIP en la presente incidencia por la suma de $776.170,46 con carácter quirografario, monto que deberá adicionarse al ya verificado con el mismo carácter en la quiebra de C.A.D. por la suma de $294.321,80.
III: Impónense las costas de ambas instancias a la concursada vencida (art.68 del C.P.C.C).
IV: Difiérase la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad.
AFIP C/ C.A.D. S/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO
Jz AVELLANEDA-LANÚS 1 SG En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20 y 3975/20), reunidos en Acuerdo ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa XXX, caratulada: "AFIP C/ C.A.D. S/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO"; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
—C U E S T I O N E S—
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada?
2º.- ¿Qué corresponde decidir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, última parte, Código Procesal), arrojó el siguiente orden de votación: doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi.
—V O T A C I O N—
A la primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
I. El Magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús dictó sentencia en estos obrados el 10/12/2024, rechazando el incidente de revisión promovido por la Administración Federal de Ingresos Públicos [AFIP] respecto de la porción de intereses liquidados por el concepto de autónomos y que asciende a la suma de $776.170,46 con carácter quirografario, confirmando de este modo lo decidido en la Resolución art. 36 LCQ dictada en la quiebra de C.A.D. que hizo lugar a la liquidación practicada por la Sindicatura aplicando una tasa de interés del 6% anual a las deudas de capital expresadas en valores actuales.
En fecha 19/12/2024 apela la incidentista, concediéndosele en relación su recurso el 23/12/2024.
En fecha 08/01/2025 fundó su recurso mereciendo la réplica de la contraria el 17/02/2025.
En fecha 21/05/2025 se llamaron los autos para dictar sentencia por resolución que se encuentra firme y consentida.
II. De los agravios.
Se agravia la apelante de lo decidido por el a quo sosteniendo que, en la especie, no se produce anatocismo alguno ya que, por disposición legal, los aportes deben actualizarse según el valor de la categoría vigente al momento de la presentación en concurso.
Sostiene, por su parte, que las tasas reclamadas se encuentran respaldadas por la legislación tributaria vigente y que la morigeración prevista por el art. 771 C.C.C.N. aplica para casos de intereses convencionales pero no para los de origen legal, como resulta ser el caso de autos.
Agrega que para apartarse de las normas tributarias sería preciso realizar un control de constitucionalidad de las mismas, circunstancia que requiere un examen del régimen tributario mucho más profundo y que no fue realizado en autos.
Indica que, aún de considerarse aplicable el art. 771 C.C.C.N., en el caso no se ha acreditado desproporción alguna y que, de sostenerse lo decidido, se estaría premiando al contribuyente incumplidor, incentivando al no pago de impuestos y afectando el principio de equidad tributaria. En virtud de lo expuesto, peticiona se revoque lo decidido en la instancia de grado y se declare verificada la totalidad del crédito objeto del presente incidente.
III. Consideración de las quejas.
Sabido es que la revisión concursal constituye una singular herramienta recursiva, otorgada para revertir el resultado de ciertas decisiones dictadas en el trámite de verificación tempestiva de créditos (confr. Adolfo A. N. Rouillon, Código de Comercio Comentado y Anotado, Tº IV - A, págs. 466/67).
Tiene naturaleza recursiva, pues del mismo juez concursal de primera instancia se busca un pronunciamiento que revoque la decisión dictada anteriormente por él en sentencias de admisibilidad, inadmisibilidad y no verificación. Al recurso de revisión empero, se le asigna el trámite de incidente lo cual no es sino la remisión a una matriz ritual apropiada para todas las cuestiones concursales carentes de procedimiento específico, pero que en nada cambia la aludida naturaleza recursiva (Conf. ob. Citada, art. 280 y sigtes. LCQ).
Ahora bien, en la etapa de verificación de créditos la propia ley ubica al síndico como auxiliar técnico de la magistratura, en un rol más parecido a un perito que al ministerio fiscal (confr. Rouillón, Ob. Citada, comentario al art. 37 de la LCQ).
Es por ello que su opinión, sin perjuicio del peso y la consideración que aquella merece, no resulta vinculante para el Juzgador, quien, mediando fundadas razones, podrá consecuentemente apartarse de la misma. Analizando los agravios traídos a consideración respecto de los intereses que se pretenden verificar con carácter quirografario; advierto que asiste razón al recurrente en cuanto a que los mismos derivan de la norma legal que regula la obligación principal y, con relación a ello, tiene dicho la Suprema Corte de Justicia Provincial que la valiosa función del impuesto justifica que las leyes contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa al interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; y con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas, lo que, por otra parte, no favorece a personas determinadas sino a la sociedad toda (SCBA LP C 104407 S 11/03/2013; Provincia de Buenos Aires (Rentas) c/A., M. D. s/Apremio).
Y, asimismo, que no procede la morigeración de intereses que deja de lado aquellos accesorios que establecen las normas fiscales vigentes, prescindiendo del texto legal cuando no ha mediado debate ni declaración de inconstitucionalidad; motivo por el cual, no hallándose debatida la constitucionalidad de los accesorios fijados legalmente, corresponde en consecuencia atenerse al derecho positivo aplicable (SCBA LP C 106647 S 13/11/2012; Fisco Nacional (A.F.I.P.-D.G.I.) c/Encina S.A.C.I.F.A. s/Incidente de revisión).
Que, por lo demás, no se verifica en el concreto caso de autos una desproporción injustificada que justifique apartarse de los preceptos legales vigentes en materia tributaria, ni morigerar las tasas normativamente fijadas. Sentado lo expuesto, corresponde admitir la crítica esbozada y, en consecuencia, declarar verificado el crédito insinuado por AFIP por la suma de $776.170,46 con carácter quirografario, correspondiente a la porción declarada inadmisible de intereses liquidados por el concepto de autónomos en la quiebra de C.A.D.
Por lo expuesto propongo al acuerdo revocar el decisorio recurrido con el alcance indicado (arts. 32, 37 y cctes. de la ley 24.522, sus modificatorias y complementarias).
En base a estas consideraciones, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por consideraciones análogas, TAMBIEN VOTA POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede, corresponde revocar la resolución apelada en el sentido expuesto en las consideraciones de las quejas. Imponer las costas de ambas instancias a la concursada vencida (art. 68 C.P.C.C.). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por compartir fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente -S E N T E N C I A- En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada debe revocarse. POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES:
I: Revócase la sentencia apelada, haciendo lugar al incidente de revisión de crédito incoado por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
II: Declárase verificado el crédito insinuado por AFIP en la presente incidencia por la suma de $776.170,46 con carácter quirografario, monto que deberá adicionarse al ya verificado con el mismo carácter en la quiebra de C.A.D. por la suma de $294.321,80.
III: Impónense las costas de ambas instancias a la concursada vencida (art.68 del C.P.C.C).
IV: Difiérase la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia