Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro · Causa R-78-6 (J. 11)
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada de fs. 475, con costas de segunda instancia al apelante A. C.
"C. A. S/ Pedido De Quiebra"
Expte.: R-78-6 (J. 11)
Registro Nº 328 En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique Ribera y Hugo O.H. Llobera, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “C. A. S/ Pedido De Quiebra” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Ribera y Llobera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la resolución apelada?
A la cuestión planteada el señor juez doctor Ribera, dijo:
I. La providencia de fs. 475 denegó el pedido de levantamiento de la inhibición general de bienes que fuera decretada en los autos "AFIP-DGI contra C. A. Ejecución fiscal", en trámite por ante el Juzgado Federal Nº 4; y "R., A. P. contra C. A. Ejecución fiscal" que tramita en el Tribunal de Trabajo Nº 4 departamental. En el presente proceso de quiebra que se encuentra concluido, el juez se declaró incompetente por entender que el levantamiento de las medidas, debía ser decidido en las ejecuciones individuales mencionadas donde fueron ordenadas.
Esta resolución fue apelada por el ex fallido por vía subsidiaria de la revocatoria denegada a fs. 478, fundando su recurso en el escrito de interposición (fs. 476/477).
Cabe agregar que el 16-9-2014. se dispuso en autos la conclusión de la quiebra por avenimiento (fs. 442).
II. Los agravios En los agravios C. argumenta que la jueza como directora del proceso y en virtud del fuero de atracción es quien tiene la facultad para ordenar el levantamiento de las medidas. Al responder la queja en forma electrónica (constancia de fs. 485) la AFIP señala que, el proceso en el que se decretó la inhibición tiene origen en una deuda de la sociedad de hecho que integraba el fallido y no en una deuda personal que fue la que se verificó en el presente. Adelantando el criterio a adoptar las críticas a la resolución en crisis no merecen ser recibidas.
III. Situación del acreedor no concurrente una vez concluida la quiebra por avenimiento El tema relativo a cuál es la situación de los acreedores no concurrentes una vez finalizada la quiebra por avenimiento ha preocupado a la doctrina concursalista. Algún autor ha interpretado que los créditos de los acreedores concursales se extinguen por no verificar sus créditos en la quiebra (Ernesto E. Martorell, Breves estudios sobre concursos y quiebras ¿El crédito no verificado se exingue o no extingue?, L.L. 1993-D, 733 Online LL AR/DOc/15357/2001). Esta opinión se encuentra en minoría, pues los autores y la jurisprudencia reconocen al acreedor que omitió verificar, el derecho a reclamar su crédito con posterioridad al avenimiento ante el juez natural, salvo que se haya extinguido por prescripción o caducidad del derecho (Antonio Tonón, La falta de verificación en un concurso que terminó con cumplimiento de acuerdo especial, E.D., 18-9-1981, aut. cit., El derecho del acreedor una vez finalizada la quiebra, ED 92-923, 1981; Eduardo Daniel Truffat, Dos cuestiones complejas y un tema menor, E.D., 3-7-1999; aut. cit., Quiebra sin acreedores: efectos sobre la ejecución promovida por el acreedor concursal no concurrente, E.D., 130-487; Silvana Mabel García, La extinción de las obligaciones en la quiebra, public. de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2012, vol. LVI, Córdoba; CNCom., LL 1979-B-380).
Respecto a los acreedores concurrentes en el avenimiento el art. 227 de la Ley 24.522 dispone que “La falta de cumplimiento de los acuerdos que el deudor haya realizado para obtener las conformidades, no autoriza la reapertura del concurso, sin perjuicio de que el interesado pueda requerir la formación de uno nuevo”. Por ello respecto de éstos, los créditos quedarán o no extinguidos según el convenio suscripto con el ex fallido. Lo cierto que en uno u otro caso, de ningún modo la quiebra se reabre.
Respecto de los acreedores concurrentes inadmisibles, si éste no fue revisado se produce el efecto de la cosa juzgada (art. 37 de la ley 24.522, LCQ), por lo cual no debe reconocerse la posibilidad de que pueda ejercer ningún reclamo posterior en ninguno de los casos de conclusión de la quiebra, ni del concurso preventivo. En cuanto a los acreedores concurrentes pendientes de resolución: teniendo en cuenta la mayor o menor verosimilitud del derecho, el juez podrá sustituir el depósito que prevé el art. 226 de la LCQ por alguna otra garantía que considere suficiente, incluso del tipo personal. Dicho depósito o garantía, en el caso de acreedores pendientes de resolución, se mantendrá hasta que el crédito quede resuelto, si se admite la acreencia cobrará y si no, se liberará la garantía (Darío J. Graziabile, Régimen Concursal", Abeledo Perrot, 2014, Tº IV, pág. 295; en igual sentido Rivera, Julio César y colaboradores; Derecho Concursal; Ed. La Ley Buenos Aires 2010, Tº III, págs. 668). En el caso del acreedor verificado remiso la doctrina interpreta que corresponde el depósito íntegro de su crédito (Julio C. Rivera, Instituciones de Derecho Concursal, Ed. Rubinzal Culzoni, T. II, 2003, pág. 293). Señala Rivera en relación a los acreedores que no participaron de la quiebra, afirma que recobran el ejercicio de sus acciones individuales (CNCiv., Sala I, 14-12-1995, LL 1996-C, 282), y sus créditos no sufren la suspensión del curso de los intereses (CNCom., Sala E, 19-6-1986, LL 1986-D, 525). Ello no afecta el principio de igualdad de los acreedores en la quiebra, puesto que este deviene inaplicable una vez que por efecto del avenimiento ha desparecido justamente el estado de falencia (CNCom., Sala E, 15-11-1990, ED 148-717). Es claro que el límite de las acciones individuales de los acreedores no concurrentes queda fijado por el término de la prescripción liberatoria según sea el caso, cuyo tránsito temporal no queda perjudicado por la quiebra (aut. cit., Derecho…, págs. 678/679).
Compartiendo el mismo criterio Graziabile destaca que en lo que hace a los acreedores no concurrentes, siempre y cuando sus créditos se mantengan exigibles, podrán reclamar al ex fallido el objeto de la prestación debida, en la medida de la extensión que originalmente poseían puesto que la recuperación por el fallido de la administración y gestión de su patrimonio implica la plena responsabilidad respecto de las deudas verificadas y de las no insinuadas igualmente. De allí que si la obligación debida se mantiene vigente el acreedor podrá reclamar al deudor, pues ninguna norma prevé la extinción con motivo de la conclusión de la quiebra (CNCom., Sala D, 16-2-1987, "Fernández v. Anijovich). Señala este autor, citando a Saúl Argeri, que tratándose de un supuesto de conclusión falencial no liquidativa, aquellos acreedores que no se han insinuado en el proceso concursal pueden ejercer sus acciones individuales, siempre con el límite de la prescripción liberatoria (Darío J. Graziabile, Régimen Concursal", Abeledo Perrot, 2014, Tº IV, págs. 313/314; SCBA, “Freire (h), Juan C. y otra contra Banco de la Provincia de Buenos Aires”, LLBA, 2005-febrero, 83). Por lo expuesto, atento que la no participación del acreedor concursal en la quiebra finalizada por avenimiento no produce la extinción de su crédito, cabe analizar quien es el juez competente para decidir el pedido de levantamiento de la inhibición general de bienes ordenadas en las ejecuciones individuales mencionadas.
Por ello interpreto que resulta ajustada a derecho la providencia en crisis por la que la juez se declaró incompetente para entender en el levantamiento de las medidas cautelares, defiriendo la decisión para los magistrados que las decretaron (CNCom., sala E, “Paz e Hijos S.A. Quiebra s/ incid. de verificación por Dirección General de La Renta Prov. de Chubut”, ED, 148-717).
En consecuencia, si la quiebra finalizó por avenimiento ya no hay fuero de atracción, por ello la cuestión aquí planteada no puede ser resuelta por el juez del juicio universal concluido. Motivo por el cual quien debe resolver el planteo del apelante debe ser el juez de la ejecución individual.
Por lo tanto propongo al Acuerdo confirmar lo decidido.
V. Costas de segunda instancia Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas de segunda instancia se imponen al ex deudor vencido (arts. 68 y 69 del CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor juez doctor LLobera por los mismos fundamentos votó por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma la resolución apelada de fs. 475, con costas de segunda instancia al apelante A. C.
Regístrese y devuélvase.
Carlos Enrique Ribera Hugo O. H. Llobera Juez Juez Santiago Juan Lucero Saá Secretario
Fin de la sentencia